miércoles, 19 de diciembre de 2018

LA TREMENDA CORTE


Los enfrentamientos por influir en el rumbo de la Suprema Corte de Justicia, han elevado su nivel de confrontación. El PAN y el PRI quieren que el Senado resuelva en enero, no este miércoles, quién ocupará la vacante de José Ramón Cosío, porque según quien la llene, estiman con razón, votará por Arturo Zaldívar como presidente de la Corte a principio de enero. No es el único choque. Hacia el interior de Morena también hay conflicto, como se perfiló en este espacio el lunes pasado, donde han quedado patentes las fracturas dentro del partido en el poder.

En la columna “La pareja dispareja” se apuntó que Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, y Rafael Moreno Valle, coordinador del PAN en el Senado, tenían un acuerdo político para que lo ayudara a evitar que se anulara la elección en Puebla, con lo que su esposa Martha Erika Alonso asumiría, como sucedió, la gubernatura. A cambio, el poblano lo respaldaría para que Loretta Ortiz, resultara electa como ministra de la Corte. Varios senadores panistas confirmaron que Moreno Valle les había pedido que votaran por Ortiz, a petición expresa de funcionarios de la Presidencia.

“El intercambio entre los dos senadores no fue autorizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ni por el dirigente del PAN, Marko Cortés, según personas a las que se les preguntó sobre esa alianza táctica”, se agregó en este espacio. “Monreal está operando en contra de las instrucciones partidistas para respaldar a Ortiz, quien es esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, que fue secretario general de Gobierno cuando López Obrador gobernó la Ciudad de México”.

La columna provocó reacciones en Morena y expresiones públicas. Por ejemplo, el senador Monreal envió una carta a este espacio donde afirmó: “No hay acuerdos cupulares, ni en contra de Morena. La política y democracia actual que se vive en cada rincón del país, fundamentalmente en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es honesta y transparente, aunque con algunas diferencias lógicas en un ámbito plural y republicano.

“La elección de la ministra o ministro para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Juan Luis González Alcántara, Loretta Ortiz y Celia Maya), se hará como resultado de los debates y acuerdos que se construyan en el seno de la Comisión de Justicia y el pleno del Senado. Por más que algunas voces se empeñen en expresar lo contrario, no hay incongruencias en mi actuar político ni un alejamiento con el presidente de la República, ni con alguno de los integrantes del partido en el que milito, con quienes venimos trabajando para lograr una profunda transformación en el país.

“En Morena, diferencias no implican divisiones y aceptamos la crítica y las opiniones de unos con otros. Afirmo que la única agenda parlamentaria que tengo como senador de la República es la de la bancada de Morena, que coordino con responsabilidad, pluralidad y respeto, con el objetivo de contribuir al desarrollo de la nación”. A la réplica de Monreal se sumó la inesperada renuncia de Ortiz a Morena, quien en una carta dirigida a la líder nacional del partido, Yeidckol Polevnsky, subrayó la necesidad de la independencia de jueces y juezas. “Sin embargo –añadió-, en el ánimo de despejar cualquier duda sobre la posibilidad efectiva de mi participación independiente”, presentaba su renuncia.

Ortiz no hizo mención alguna sobre lo publicado en este espacio, como tampoco la magistrada Maya. La única reacción fue de Monreal, cuyas partes centrales de la réplica se presentaron líneas atrás, y que se dio en medio de la convulsión de morenistas en el Senado. Dos senadores del partido en el gobierno, enviaron mensajes a Polevsnky para comentarle, separado de lo publicado en esta columna, que habían tenido la confirmación de la existencia del pacto de su coordinador con Moreno Valle y la posibilidad de que se rechazara la terna enviada por el presidente López Obrador. Personas cercanas a Monreal sugirieron que la información de la columna había provenido de Polevnsky.

El conflicto entre la líder del partido y Monreal se arrastra desde el proceso para seleccionar a quien sería candidata de Morena para la gubernatura de la Ciudad de México, que al ganar Claudia Sheinbaum mediante una encuesta opaca, el hoy senador se inconformó públicamente y estuvo a punto de irse del partido. Monreal le adjudicó su derrota a una decisión de la “nomenklatura” de Morena, en donde estaba Polevnsky y Gabriel Hernández, actualmente el coordinador de los delegados de López Obrador en el país, con lo que su relación quedó fracturada. Otro de quienes contendieron por esa candidatura fue Martí Batres, con quien Monreal sostiene una lucha muy fuerte en el Senado por el liderazgo del partido.

La réplica de Monreal a esta columna es cuidadosa y no refleja la contradicción que se vive al interior de Morena. Cercanos a él sostienen que todas sus acciones, algunas de las cuales han generado tensión con los líderes de Morena, han sido acordadas con López Obrador. Pero ni la semántica o la retórica ayudaran a amainar el conflicto interno en el partido que se está profundizando.

Coincidió ahora con otra batalla política donde volvieron a aflorar las diferencias estratégicas y generó choques, que es la elección de una ministra o ministro a la Suprema Corte de Justicia, y buscar un equilibrio en el tribunal entre conservadores –que hoy la controlan- y liberales, que es lo que necesita López Obrador para apuntalar el cambio de régimen y su proyecto de nación, que llama la Cuarta Transformación. La votación abierta se espera este jueves, si es que no se atraviesan los partidos para descarrilarla.

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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 19 DE DICIEMBRE DE 2018)

EL SECRETARIO SÚPER PODEROSO


Sin aspavientos, con la cautela de un político florentino, Marcelo Ebrard ha ido avanzando y conquistando terreno en el traicionero laberinto donde se mueven los distintos equipos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Personaje para observar y seguir, Ebrard ha cuidado las formas con el presidente, sabedor de lo difícil que es contraponerse a sus ideas, y lo fácil que es que los mande a hibernar por largas temporadas porque cuestionan sus decisiones. Al mismo tiempo, ha ido acomodándose dentro de un equipo por años homogéneo y poco refractario a quienes no han sido parte del kitchen cabinet de López Obrador, y en donde algunos cercanos en la vieja izquierda social lo ven con suspicacia.

Ebrard ha trabajado para revertir las intrigas palaciegas del lópezobradorismo, a partir de la discreción, paciencia y resultados. Lo último fue el alto número de dignatarios que asistieron a la toma de posesión de López Obrador, y la forma como negoció con Estados Unidos y Venezuela para que evitar que pasaran por situaciones incómodas o de potencial confrontación. Con el presidente Nicolás Maduro la negociación fue directa. Era invitado oficial, como jefe de Estado de un gobierno con quien se tiene relaciones diplomáticas, pero lo encapsularon para garantizar su seguridad y limitar su exposición pública.

Maduro voló a la Ciudad de México aceptando que su avión tocaría tierra ya en marcha la ceremonia de toma de posesión, con lo cual se construía la explicación que había llegado tarde. Con la delegación estadounidense, con cuyo gobierno se están cultivando relaciones más intensas y dispuestas a todo, como no se veía hace mucho tiempo, la negociación fue que toda la comitiva de un centenar de personas, tendría espacio en el restringido lote de butacas dentro de San Lázaro, pero que el vicepresidente Mike Pence, los secretarios de Seguridad Interna, Kirjskten NIelsen, y Energía, Rick Perry, así como la hija del jefe de la Casa Blanca, Ivanka Trump, no irían a la comida que ofrecería el presidente a los dignatarios, sino que tomarían el avión de regreso a Washington, sin cruzarse con Maduro. Salió perfecto, y el costo político de la invitación a Maduro se minimizó.

López Obrador le ha dado manga ancha a Ebrard para mover la Secretaría de Relaciones Exteriores de acuerdo a los intereses estratégicos que concibe para la nueva administración, y él ha operado de forma inteligente. Por ejemplo, esperó hasta el último momento el acuerdo con el presidente electo para designar subsecretarios, y logró que López Obrador le mantuviera, como a ningún otro civil, toda la estructura de gobiernos previos sin imponerle a ninguno de los principales cuadros. Además, fue el único secretario que nombró a su equipo de administración, sin que el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, designara a alguien de su confianza, como hizo en las demás dependencias civiles.

Ebrard ha ido ganando terreno con López Obrador, acelerado al haber sido quien le tradujo lo que se estaba negociando en Washington con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, luego de tejer una buena relación profesional con su antecesor, Luis Videgaray, con quien tenía recelos porque creía que como secretario de Hacienda, había impulsado la investigación federal en su contra, que lo forzó a un auto exilio. Aunque un amigo en común le explicó a Ebrard que no había sido Videgaray sino otros funcionarios en el gabinete político del ex presidente Enrique Peña Nieto quienes querían llevarlo a la cárcel, la desconfianza del hoy canciller nunca desapareció. Sin embargo, su relación fluida ayudó enormemente en los momentos críticos de las negociaciones, al ser el puente con López Obrador y su emisario para que los mensajes del entonces presidente electo, llegaran a la mesa de los negociadores y se incorporaran en la redacción del acuerdo final.

La audacia política de designar a Jesús Seade subsecretario para América del Norte, luego de que había rechazado una subsecretaría en Economía, busca perfilarlo para llevar la relación directa cotidiana con la Casa Blanca y el Departamento de Estado, con lo cual pretende neutralizar a la única imposición, Martha Bárcena, diplomática de carrera ampliamente respetada en el Servicio Exterior, como embajadora en Washington, y a quien relegará para atender únicamente los asuntos consulares de protección a migrantes mexicanos. No tenerla de aliada puede ser el único error de Ebrard, al ser la experimentada embajadora tía política de Beatriz Gutiérrez Müller, la influyente esposa de López Obrador.

Ebrard ha tomado la experiencia de Videgaray en el gabinete de Enrique Peña Nieto, aprovechar su peso dentro del gabinete y experiencia política, para modificar políticas en otras áreas que pudieran afectar la relación bilateral con Estados Unidos. Sus entrevistas con el secretario de Estado, Mike Pompeo, donde se habló de que México mantuviera en su territorio a centroamericanos que esperan asilo político en Estados Unidos, que modifica las políticas de ambos países en beneficio de Washington –ni siquiera construyeron albergues para los centroamericanos en territorio estadounidense-, y la creciente relación con Nielsen en el mismo contexto, lo colocó por arriba de los secretarios de Gobernación y Seguridad, Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo, invadiendo sus áreas de competencia para alinear esas políticas a los intereses estratégicos de López Obrador.

Esos intereses están perfectamente claros. Sabedor el presidente López Obrador de que una mala relación con el presidente Donald Trump es lo único que puede generarle serios problemas para llevar adelante su proyecto de nación, no quiere que nada pueda provocarlos. Esa es la encomienda a Ebrard, que entre más la cumpla, mayor fuerza acumulará dentro del gabinete presidencial, como ha sido hasta ahora.

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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 18 DE DICIEMBRE DE 2018)


LA PAREJA DISPAREJA


En el imaginario político, la terna que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado para que se vote y la vacante de José Ramón Cossío en la Suprema Corte de Justicia, parecía estar decantada por Juan Luis González Alcántara. Las otras dos propuestas, Loretta Ortiz y Celia Maya, debían ser descartadas por su militancia en Morena, al ser las primeras nominadas al tribunal supremo con una abierta militancia desde la reforma al Poder Judicial en 1995. Sin embargo, la realidad es que es una terna de dos personas. González Alcántara, curricularmente el mejor para llegar a la Corte, está enfrentando una oposición insólita que busca el voto para Ortiz, encabezada por dos políticos que se pensaba enfrentados, Ricardo Monreal y Rafael Moreno Valle.

Monreal, coordinador de Morena en el Senado, y Moreno Valle, coordinador de la bancada del PAN, son una pareja dispareja que, en el momento actual, su alianza es tan incongruente en función de lo que persiguen sus partidos, como inverosímil. En los últimos días López Obrador ha manifestado su molestia con el Tribunal Electoral por haber desechado la demanda de anulación de las elecciones para gobernador en Puebla. Dijo que no iría a la toma de posesión de la gobernadora panista, Martha Erika Alonso, y envió una representación de segundo nivel al evento, la subsecretaria de Gobernación Diana Álvarez Maury, quien al final tampoco fue por que estuvo en un evento con el Instituto Nacional de Mujeres. Nadie fue a la asunción política de Alonso en representación del gobierno federal.

La ratificación de la victoria de Alonso se cruza con la selección de la silla vacante en la Suprema Corte de Justicia, cuyas comparecencias se realizarán este lunes en comisiones del Senado, con la expectativa de que se vote quién sustituye a Cossío este jueves. De acuerdo con personas que conocen lo que sucedió en el Tribunal Electoral, ese episodio se relaciona caprichosamente con lo que está sucediendo en el Senado, donde Monreal y Moreno Valle, agregaron, realizaron un intercambio de favores políticos.

La petición de Moreno Valle a Monreal fue que le ayudara a que se cancelara la posibilidad de anular la elección en Puebla, para que Alonso, esposa del senador panista, fuera ratificada. Para ello, explicaron, utilizaron a Armando Ambriz Hernández, secretario de Estudio y Cuenta en la oficina de la magistrada Janine Otálora, presidenta del Tribunal. Los secretarios de Estudio y Cuenta son los responsables de revisar los expedientes y redactar los dictámenes que revisan los jueces y magistrados.

Ambriz Hernández es un zacatecano que no esconde su cercanía con Monreal, de quien ha llegado a decir que es su jefe, y estuvo involucrado en otra decisión polémica en la elección para alcalde de Monterrey. La cual fue impugnada y al final al panista Felipe de Jesús Cantú no se le dio el cargo, fue cancelada y se repetirá el próximo 23 de diciembre. Se desconoce si en el caso fallado a favor de Alonso en Puebla, la magistrada Otálora tuvo conocimiento de lo que negociaron Monreal y Moreno Valle, pero su voto inclinó la balanza a favor de la hoy gobernadora.

El intercambio entre los dos senadores no fue autorizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ni por el dirigente del PAN, Marko Cortés, según personas a las que se les preguntó sobre esa alianza táctica. Lo que acordó Monreal, dijeron las personas consultadas, es que Moreno Valle pagara el fallo en el Tribunal con el voto a favor de Ortiz para ocupar la silla de Cosío en la Suprema Corte de Justicia, en contra incluso de la predisposición que hay en los altos mandos de Morena y del PAN, que quieren otro desenlace. En Morena hay una inclinación institucional por González Alcántara, mientras que en el PAN están preparando rechazar la terna enviada por López Obrador.

Monreal está operando en contra de las instrucciones partidistas para respaldar a Ortiz, quien es esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, que fue secretario general de Gobierno cuando López Obrador gobernó la Ciudad de México, pero no estuvo a la altura del reto que imponían las circunstancias en esos momentos y se fue desvaneciendo de los primeros círculos del actual presidente. Monreal está comprometido con Ortiz por un compromiso moral y político con Ortiz Pinchetti, con quien ha trabajado y hecho lucha política.

El senador morenista ha estado hablando con sus compañeros de partido en la cámara para sugerirles que López Obrador quiere que respalden a Pinchetti, lo que motivó que el jueves pasado, en una reunión programada con diputados morenistas para hablar sobre el presupuesto, invitó de última hora a los senadores con el único propósito, según fuentes del partido, de plantear que él nunca envía mensajes a través de terceras personas, y que cuando quiere decir algo, lo hace directamente, en lo que se interpretó como un mensaje dirigido a Monreal. Moreno Valle, por su parte, está haciendo lo mismo. Cinco senadores panistas dijeron que su coordinador les dijo haber recibido una llamada de la oficina del presidente, donde pedía su apoyo para Ortiz. Una fuente de la Presidencia dijo que eso era falso.

Los dos están trabajando para modificar la correlación de fuerzas en sus partidos a su favor. Moreno Valle necesitaba que su esposa ganara, porque la gubernatura fortalece sus aspiraciones presidencialistas en 2024. A Monreal le beneficia tener una pieza en la Suprema Corte y la alianza con Ortiz Pinchetti, ante el creciente aislamiento que sufre dentro de Morena y las fricciones que ha tenido con López Obrador. El problema, que es mayor, es que ambos juegan agendas personales, no de partido, lo que difícilmente se los permitirán.

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(EJE CENTRAL/ COLABORACIÓN/RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 7 DE DICIEMBRE DE 2018)

¿Y SI REVIVE TEXCOCO?


El 19 de noviembre pasado, Andrés Manuel López Obrador fue tajante ante la pregunta de Joaquín López Dóriga en el programa Tercer Grado. ¿Está muerto el aeropuerto en Texcoco?, inquirió el periodista. Sí, contestó sin cortapisas. Este jueves, a una pregunta sobre el status de la obra y las negociaciones con tenedores de bonos que financiaron parte de la construcción, el presidente dijo algo que nunca había señalado, que la Secretaría de Hacienda se maneja con autonomía para tomar decisiones que considere convenientes. Si se lee a López Obrador al pie de la letra, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, estaría en condiciones de tomar una decisión tan importante como, ¿continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco?

Políticamente la proposición luce descabellada. Si López Obrador empeñó su palabra durante la campaña para cancelar Texcoco y presentar la Base Aérea de Santa Lucía como proyecto alterno, y durante la transición inventó una consulta para justificar su decisión política, que fue reforzando con denuncias de corrupción en la construcción de la obra que no ha dejado de llamar “faraónica”, ¿en dónde habría espacio para que rectificara su decisión? Sólo si actúa como presidente y toma una decisión impopular con sus clientelas que, en el mediano y largo plazo, se verían beneficiadas de ese incumplimiento de promesa de campaña. Es un tema de números.

El costo que tendría la cancelación de la obra sin demandas de los tenedores de bonos o contratistas está estimado en el gobierno entre 10 mil y 12 mil millones de dólares –muy superior a lo que saldría terminarla-, por lo que la decisión tendría que ser basada en la relación costo-beneficio que, no hay que olvidar, jamás ha determinado sus acciones. Aunque el matiz sobre la autonomía de la Secretaría de Hacienda, sugiere que López Obrador se encuentra en un estadio de entendimiento en donde no caben los arrebatos o posiciones sin visión estratégica, su carácter nunca le ha permitido aceptar equivocaciones. Todo lo contrario. Cuando yerra, acelera y profundiza en la misma dirección del traspiés cometido. Como se ha salido con la suya, debe pensar que nunca le va a fallar.

Pero en el caso del aeropuerto en Texcoco, ese tipo de comportamiento provocó un quiebre fundamental en su proyecto de nación, al introducir presiones a su presupuesto por la elevación de las tasas de interés que afecta el servicio de la deuda y modificar los parámetros macro económicos, la pérdida nominal de 16 mil millones de pesos en las afores, congelamiento de inversiones y fuga de capitales, así como cuestiones subjetivas, como es la pérdida de confianza de inversionistas y la incertidumbre sobre el rumbo por el que llevará al país.

Los dos intentos del gobierno para recomprar una tercera parte de los bonos que sirvieron para financiar parte de la obra de Texcoco, han resultado fallidos. Los tenedores de los bonos no están de acuerdo con los términos planteados, aunque en la segunda oferta les prometieron pagar dólar por dólar de lo invertido. Los bonistas están acorralando al gobierno, y en la medida que avancen los días sin arreglo, se irá encareciendo la solución.

Argentina se peleó con los inversionistas que la ayudaron a para resolver su crisis económica, y la presidenta Cristina Fernández terminó pagando 15 dólares por cada uno de lo originalmente prestado. Ese escenario es lejano en México, pero probable. La obra en Texcoco, mientras tanto, tiene que seguir de acuerdo con lo programado, porque de no cumplirse el cronograma habrá incumplimiento de contrato y permitiría a los tenedores de bonos exigir el pago inmediato de lo que invirtieron.

El solo anuncio de la cancelación de la obra en Texcoco ya está costando más de lo que habría significado terminar la obra que, además, iba a ser financiada por la Tarifa de Uso de Aeropuerto. La segunda oferta del gobierno es que se use la TUA, no para finalizar Texcoco, sino para pagar el costo de su cancelación. Financieramente hablando, no parece la decisión más inteligente que tomó el presidente. El secretario Urzúa deslizó el miércoles la posibilidad de que una nueva terminal en Santa Lucía nunca sea construida, lo que refleja discusiones con López Obrador sobre las opciones que se tienen. En la segunda oferta a los tenedores de bonos se incluye también que el aeropuerto en Toluca no tendría más de cinco millones de pasajeros anuales, que es otro ajuste a la idea original del gobierno de adaptarlo para generar un volumen de ocho millones.

Urzúa está hablando con sensatez financiera. No se sabe qué tipo de diálogo o mensajes ha recibido de los inversionistas. Entre ellos, cuando se pregunta qué podría hacerse para que el presidente López Obrador recuperara la credibilidad de los inversionistas y que se volviera a abrir el beneficio de la duda, sugieren en primer lugar continuar con la construcción del aeropuerto en Texcoco.

Políticamente parece un obstáculo insalvable, pero López Obrador podría hacerlo sin dejar de revisar la probable corrupción y bajar los gastos suntuosos. Puede haber un rediseño de la terminal, menos asiática como es en la actualidad y más sobria, sin perder sus certificaciones internacionales. También puede expropiar los terrenos en los alrededores del aeropuerto para atajar la especulación inmobiliaria, y revisar los contratos de los servicios no aeroportuarios. Hacer un aeropuerto kosher sin sueños de grandeza cosméticos es una opción al alcance del deseo de López Obrador, si piensa más en el largo plazo y no en la coyuntura electoral. Sus clientelas políticas, aunque no lo vean hoy, se lo agradecerán.

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(EJE CENTRAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/14 DE DICIEMBRE DE 2018)


CRÓNICA DE LOS TROPIEZOS


Qué ironía en la Cuarta Transformación. El absolutismo, propio de un viejo régimen no de uno nuevo, ha metido al presidente Andrés Manuel López Obrador en una secuencia de problemas que ya sabemos cuándo y cómo empezaron, pero no cuándo y cómo terminarán. Se planteó en este espacio desde principios de octubre que la novatez del gobierno entrante producía escalofríos, cometiendo errores que tendrían la oportunidad de corregir antes de que asumiera López Obrador el poder. Han pasado sólo 13 días que parecen un año, y siguen cometiendo los mismos errores pero con una diferencia: ahora ya cuestan, política y económicamente. Todos los días, literalmente, hay nuevos equívocos y molestias porque las cosas no salen como esperaban.

Lo más costoso ha sido la cancelación de la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, cuyo solo anuncio tuvo un impacto en las tasas de interés que incrementó en 50 mil millones de pesos la carga en el presupuesto para 2019, lo que introdujo mayores obstáculos para financiar los programas sociales de López Obrador. Adicionalmente se dio la pérdida de confianza en López Obrador, y provocó que empresas europeas comenzaron a desmontar sus operaciones comerciales en México, mientras otras empezaron a trasladarse a Brasil.

La suspensión de proyectos de inversión de empresas mexicanas fue casi total, sumándose a lo que ya había sucedido con firmas extranjeras. El dinero continuó saliendo de México al no encontrar los capitales tranquilidad en las declaraciones del presidente. López Obrador ha dicho que no será rehén de los mercados, pero la falta de conocimiento de los mercados de su equipo, no lo llevó a ser rehén, pero sí a modificar su proyecto de nación. La incertidumbre detuvo obras en el país y un dinamismo ominoso en el sector de bienes raíces.

El clima de inversión quedó profundamente dañado, así como la certidumbre del futuro mediato. El anuncio de que se cancelaría Texcoco obligó a la Secretaría de Hacienda a salir al mercado a recomprar bonos que financiaron parte de la construcción del aeropuerto. La primera oferta fue rechazada, y la segunda fue vista de mejor manera, pero no se sabe aún cómo finalmente reaccionarán los tenedores de los bonos. La segunda oferta incorpora una rectificación en la promesa de López Obrador de que aumentaría el volumen de pasaje en el aeropuerto en Toluca a ocho millones de pasajeros, y establece como máximo cinco millones, como originalmente se hizo el proyecto, a fin de que no lastimen la Tarifa de Uso de Aeropuerto que quiere incrementar el gobierno, para apalancar la recompra de los bonos. Paradójicamente, la TUA fue el instrumento para financiar Texcoco, y ahora, sin ese aeropuerto, servirá para evitar que los demanden en tribunales neoyorquinos. La decisión explícita del presidente, convirtió una caja registradora de ingresos, en un costo.

Las decisiones incomprensibles y la novatez del equipo, está siendo la marca de la administración de López Obrador en la primera quincena del sexenio. Pero lo que está ocurriendo no es por el infortunio que vino de fuera, sino obedece a un diseño, quizás a partir de un diagnóstico equivocado sobre el nivel de calidad de funcionarios que quiere en su gobierno, cuyo recorte salarial no sólo acható el conocimiento que rodea al presidente, sino que adicionalmente llevó a la nueva administración a sostener casi mil 500 litigios de amparo contra esa medida y un enfrentamiento con el Poder Judicial. En este espacio se publicaron en agosto las probables consecuencias de lo que se fraguaba.

“Si López Obrador no cambia el machete por el bisturí -se apuntó-, su promesa de campaña se convertirá en una medida que por las mejores razones tendrá las peores consecuencias para él, para su gobierno y para quienes hoy celebran en el ajuste de cuentas salarial que planea, porque serán quienes junto con el resto de los mexicanos paguen los efectos que tendrá probablemente la tabula rasa que pretende el próximo presidente de México, que llevará a una administración pública sin calidad de gestión y con pérdida de experiencia”.

Ni guardó el machete, ni corrigió el rumbo. El sector energético es un ejemplo. Cuando Rocío Nahle, la secretaria de Energía, acudió a su primer encuentro con el ex secretario Pedro Joaquín Coldwell durante la transición, le explicaron por más de tres horas las entrañas del sector y lo que se había hecho en términos de inversión e infraestructura. Al terminar, Nahle dijo que todos los datos que le habían presentado eran falsos, y sacó de la bolsa un recorte de La Jornada, como sustento de su impugnación.

Otro caso es Octavio Oropeza Romero, el director de Pemex, quien al tener su primer encuentro en la transición, dijo que querían abrir licitaciones para refinerías el 1 de diciembre y producir 600 mil barriles diarios más de petróleo. Imposible, le dijeron, si no sabía qué quería licitar, y tampoco podían producir ese volumen de petróleo por falta de inversión, porque se habían utilizado esos recursos en las finanzas públicas. Le advirtieron, eso sí, que tuviera mucho cuidado para que el presupuesto de Pemex no tuviera más gasto que ingreso, porque las calificadoras podrían bajar la deuda de la empresa. De eso, respondió, no entendía nada.

En la prensa política abundan las descripciones negativas sobre el equipo de López Obrador. Pero ya sabemos que el presidente no escuchará las críticas ni las observaciones. Lo que no sabemos es hasta dónde llegará y cuánto nos costará. La primera prueba será este sábado, cuando se presente el presupuesto para 2019. Ahí se podrá proyectar certidumbre financiera, o el principio de turbulencias financieras que terminarán en crisis.


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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/13 DE DICIEMBRE DE 2018)

LA REBELIÓN DE LAS TOGAS


El choque entre poderes del Estado mexicano que se está dando en este país, es más profundo de lo que se ve. Hay una mezcla de intereses que se están moviendo detrás, no sólo por la defensa de sus privilegios, como lo afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino por un desafío directo a su Presidencia por parte del sector conservador dentro del máximo tribunal que busca, si no le alcanza para boicotear, estorbar. La cabeza de la rebelión de las togas es el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, quien llegó a esa posición en enero de 2015, tras derrotar a Arturo Zaldívar en 32 votaciones, y que utilizó como instrumento de choque al ministro Alberto Pérez Dayán.

El ministro Pérez Dayán detonó el conflicto el viernes pasado al ordenar la suspensión de la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, tras un recurso de inconstitucionalidad presentado por senadores de oposición, quienes argumentaron que la ley violaba los artículos 75 y 127 constitucionales. La respuesta de López Obrador y de los coordinadores parlamentarios de Morena, provocaron que el desafío de los jueces contra el presidente se expresara con protestas en 30 estados este lunes, afirmando que la decisión de recortar salarios afectaba la autonomía del Poder Judicial y dañaba el equilibrio de poderes. La paradoja es que Pérez Dayán mismo, violó la ley que dice defender.

El artículo 64 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional que aborda los actos de constitucionalidad, establece: “Iniciado el procedimiento, conforme al artículo 24 (que habla de las libertades), si el escrito en que se ejercita la acción fuere obscuro o irregular, el ministro instructor prevendrá al demandante o a sus representantes comunes para que hagan las aclaraciones que correspondan dentro de un plazo de cinco días. Una vez transcurrido este plazo, dicho ministro dará vista a los órganos legislativos que hubieren emitido la norma y el órgano ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de quince días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción de inconstitucional”.

Esto quiere decir que Pérez Dayán no tenía la facultad para suspender la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos. “En acciones de inconstitucionalidad no procede la suspensión de la norma”, dijo un experto. “No importa el fondo de la controversia; no procede la suspensión, que está expresamente prohibido por los artículos 64 (de procedimiento) y 14 (de suspensión) de la Ley Reglamentaria”. Su acción incorrecta no alcanza para fincarle un juicio político, como dijo el abogado constitucionalista Gabriel Regino en una entrevista en W Radio con Enrique Hernández, al no considerarse un delito. Lo que sí procedería, en opinión de los expertos, es una sanción por responsabilidad administrativa, lo cual tendría que aplicar el órgano interno de la Suprema Corte de Justicia, lo que significaría una medida histórica.

Difícilmente podría entenderse como un error del ministro el haber suspendido la ley que recorta salarios. Para comprender la magnitud de lo que desató, hay que entender lo que está sucediendo dentro de la Corte en función de cómo iban a quedar los equilibrios dentro del tribunal, tras el final de la gestión del ministro José Ramón Cosío. Abogados que conocen los manejos internos de la Corte, dijeron que Aguilar buscó retrasar la comunicación al Ejecutivo y al Legislativo de la salida de Cosío con el propósito de que la votación para un nuevo presidente, prevista para el próximo 2 de enero, se diera únicamente entre los 10 ministros que hay en este momento, sin darle la oportunidad a López Obrador que colocara su primer ministro y eventualmente modificar el resultado de la elección.

El viernes pasado, en un texto sobre la Corte titulado “Conservadores contra Liberales”, se publicó en este espacio: “Si se diera la votación hoy, la probabilidad de que Gutiérrez Ortiz Mena ganara la presidencia es muy alta. Esto obedece, de acuerdo con observadores de la Corte, a que el bloque conservador es amplio, compuesto por Javier Laynez, Eduardo Medina Mora, Mario Pardo y Aguilar. En el lado liberal respaldan a Zaldívar Fernando Franco y Norma Lucía Piña, que perdieron un aliado al retirarse José Ramón Cosío. Dos ministros pueden inclinar hacia cualquier lado la balanza, pero no se sabe cómo van a comportarse. Una es Margarita Luna Ramos, y el otro es Alberto Pérez Dayán, con tinte conservador, pero que se han aproximado a posiciones liberales en el pasado. Dos factores adicionales juegan para colocarlos actualmente, ligeramente más hacia el lado de Zaldívar. La ministra Luna Ramos quiere mejorar su posición dentro de la Corte, mientras que Pérez Dayán le debe parte del apoyo que tuvo para ser ministro, al equipo de la ex ministra y actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero”.

De la correlación de fuerzas dentro de la Corte se puede argumentar que el ministro Aguilar buscaría impedir que Zaldívar fuera electo presidente, y garantizar a un conservador como su sucesor. También se puede apreciar un choque de posiciones dentro del equipo de López Obrador, entre Sánchez Cordero, que estaría por la opción conservadora, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, que respalda a Zaldívar.

El estruendoso ruido por el choque entre poderes está ocultando las intrigas dentro de la Suprema Corte y el intento del ala conservadora de cruzársele al Presidente, para impedir que comience a construir un tribunal acorde con su proyecto de nación. La confrontación no sólo es por la autonomía, sino ideológica y política, afrontando a López Obrador.

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(EJE CENTRAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ESTRICTAMENTE PERSONAL/12 DE DICIEMBRE DE 2018)


LA CORTE, DÓNDE SÍ, DÓNDE NO


Los arrebatos belicosos del presidente Andrés Manuel López Obrador al enfrentar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque suspendieron la ley para recortar salarios, no deben esconder el problema de fondo en el Poder Judicial. No es la institución per se lo que debe analizarse y eventualmente fustigarse, sino la integridad de los ministros, sus mecanismos de autorregulación y la calidad de sus decisiones, que deben ser pasados por una revisión crítica. La discusión sobre la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que suspendió la Corte para revisar si hay violaciones a la Constitución, tampoco debe quedarse en ese punto como si fuera lo único o lo más importante en términos de lo que beneficia e interesa más a la nación. Hay que ver más alto y más lejos, como dijo alguna vez José Ortega y Gasset, y examinar con mayor profundidad el papel de los ministros de la Corte.

El presidente López Obrador es quien estableció los términos del enfrentamiento con la Suprema Corte de Justicia con un argumento descalificador y reduccionista, pero persuasivo en la opinión pública, de que forma parte de una lucha contra los privilegios, al mencionar los “estratosféricos” salarios de los ministros, como si fuera sinónimo de corrupción. La Suprema Corte le respondió, a través de su cuenta de Twitter, tildándolo sibilinamente de mentiroso, al afirmar que “nadie gana, ni remotamente”, los 600 mil pesos mensuales que el presidente afirmó que era su salario.

La Corte tampoco está siendo apegada a la verdad. Si se ven los salarios nominales, que oscilan aproximadamente entre 130 mil y 270 mil pesos mensuales, sí están lejos de los 600 mil pesos que señaló el presidente, quien debió haber utilizado el dato de los salarios integrados, en donde están la prima vacacional, el pago de riesgo por 46 mil pesos mensuales, el aguinaldo, el pago a uno o dos personas en su servicio doméstico, automóvil que pueden incluso blindarlo y gastos de representación, con lo cual si no llega a la suma señalada por López Obrador, tampoco se aleja mucho de ella.

El tema de los salarios es relevante porque la suspensión de la Ley los atañe directamente, al ser los ministros de la Corte uno de los grupos que ha denunciado que la reducción de los salarios de manera transversal, es inconstitucional en órganos como el máximo tribunal, o los órganos autónomos. De tal forma, la discusión sobre un conflicto de interés no es ociosa. ¿Pueden los ministros actuar con apego a lo que establece la Constitución? O, ¿cómo interpretarán la propia ley? ¿Hay indicios de veracidad en la crítica que les hizo López Obrador? Según el ministro Arturo Zaldívar, uno de los candidatos más fuertes a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia el próximo año, sí.

En septiembre pasado, al dar la bienvenida a 10 nuevos jueces de Distrito, urgió a la autocrítica en la Corte e “imaginar un México diferente” que corresponda al mensaje de hartazgo y frustración mostrada en las urnas que le dieron la victoria a López Obrador que votó por un cambio de régimen, y aprovechar la coyuntura para reconquistar la confianza de los ciudadanos. Entre sus llamados, que reiteró posteriormente, es la austeridad que debía seguir la Corte. “La sociedad debe saber con toda transparencia cuánto gastamos, cómo gastamos y para qué gastamos, para así tener la certeza de que el dinero público sirve a fines públicos y no financia privilegios”, dijo Zaldívar.

La forma como planteó la discusión el presidente López Obrador, quedó plasmada como un repudio a las instituciones, sobre las cuales ha mostrado reiteradamente su inconformidad y disgusto por la forma como operan. Esto ha llevado durante esta semana a un plano unidimensional, en donde lo que sobresale es un choque entre poderes, y un avasallamiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo contra el Judicial, que ubica la confrontación en el contexto de la eliminación de pesos y contrapesos. Hay que salirse de esa discusión coyuntural y plantear un debate de largo aliento y alcance.

Abogados constitucionalistas sostienen que la Corte no es independiente ni apartidista. Efectivamente, las designaciones de los ministros se han dado por las cuotas de los partidos del viejo régimen, el PRI, PAN y PRD, donde algunas de sus decisiones han sido altamente controversiales. Por ejemplo, el PRI metió en diciembre de 2012 a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con cuyo voto se le otorgó la libertad inmediata a la ciudadana francesa Florence Cassez, sentenciada por secuestro y delincuencia organizada. Dos semanas después de su liberación, la misma Corte votó en sentido opuesto sobre el caso de dos indígenas acusadas de la privación de libertad de dos policías federales.

No se puede soslayar algo muy relevante, que es la ausencia de mecanismos de autorregulación, que han llevado a la Corte a situaciones indefendibles. El último caso fue el escándalo de los fraudes en el ascenso de jueces, conocido en febrero pasado, cuando un concurso interno fue anulado por el Consejo de la Judicatura Federal, debido a que se filtraron las respuestas a las preguntas del examen.

No hay que quedarse en la batalla por los salarios. Que se resuelva, pero que se profundice el análisis de la Corte, como una derivación positiva y saludable del conflicto actual. No como el principio para eliminar la institución, sino para revisar si los ministros actuales están o no a la altura de la nueva realidad mexicana o si, como otras instituciones, son ellos o ellas lo que hay que cambiar, sin afectar la institución que debe seguir siendo contrapeso de los otros poderes.

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(EJE CENTRAL/ COLABORACIÓN/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 11 DE DICIEMBRE DE 2018)

¡AL DIABLO (AHORA SÍ) LAS INSTITUCIONES!


La Cuarta Transformación arrancó llena de conflictos. Se trata de imponer el cambio de régimen por la vía de la fuerza y por encima de todo. El discurso es noble y correcto: acabar con los privilegios y la corrupción, pero los cómos, que están haciendo crujir las instituciones, son inquietantes. Si no se ajustan al modelo y la ruta que plantea el presidente, serán ajustadas o eliminadas. Si las leyes no se ajustan a su realidad, las mayorías en las cámaras modificarán leyes y realidad. La famosa frase de Andrés Manuel López Obrador de “¡al diablo las instituciones!”, cuando el Tribunal Electoral desestimó su impugnación presidencial y validó la victoria de Felipe Calderón en 2006, ha recuperado fuerza, con la diferencia que aquél candidato hoy es presidente de la República, y la retórica se convirtió en un recurso del poder.

La Suprema Corte de Justicia suspendió la ley que recorta los salarios hasta resolver si viola o no los artículos 75 y 127 constitucionales, y López Obrador declaró que como ganan salarios “estratosféricos” no entienden la realidad, escondiendo que la Corte sólo revisa si la ley aprobada por el legislativo, es legal. El choque avanza rápidamente. Los voceros del presidente en el Senado y el Congreso, Ricardo Monreal y Mario Delgado, afirman que no harán caso a la Corte, lo que llevará a un desacato. Si la Constitución estorba, al diablo la Constitución y quien la defienda.

Lo escribió el senador Félix Salgado Macedonio este domingo en Twitter: “Si los ministros no aceptan ajustarse a la austeridad y quieren seguir viviendo como Virreyes, habrá que plantear al presidente Andrés Manuel López Obrador los liquide y envíe al Senado las ternas de los nuevos ministros. Ernesto Zedillo también lo hizo. AMLO puede hacerlo”. El senador propone un golpe de Estado técnico a uno de los tres poderes del Estado Mexicano, con una falacia. Zedillo, que también propició un golpe de Estado técnico en 1995 y dejó sin Suprema Corte de Justicia al país durante 11 días, tuvo como objetivo una profunda reforma al Poder Judicial. Lo sugerido por el senador pretende desaparecerla porque desafió el deseo de su jefe político. Detrás de ello está la vieja idea en el equipo de López Obrador de crear un Tribunal Constitucional que sustituya a la Corte.

El viernes pasado, el presidente López Obrador criticó dos órganos de regulación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Este último está en fase de extinción, que vendrá con la abrogación de la Reforma Educativa, quizás la primera en ser desmantelada por el gobierno. Al INAI lo fustigó con varias mentiras, la mayor, haberlo acusado como explicación de su ineficiencia, de esconder todo lo relacionado con el Caso Odebrecht, cuando fue lo contrario. El INAI ordenó a la PGR que hiciera pública la información, que se negó a hacerla. Pero para efectos de su propósito, la postverdad pega bien, y el argumento que ganan mucho dinero para lo que hacen en un país de pobres que no se benefician de sus acciones, ayuda a sus propósitos.

El INAI va a desaparecer, o al menos es lo que desea López Obrador. En su gobierno ya circula el borrador para su liquidación y la creación de un zar contra la corrupción, que sería el instrumento del nuevo régimen para cumplir con esas funciones. De concretarse el plan, el INAI sería la primera institución de segunda generación democrática en desaparecer, dentro de este proceso de desmantelamiento acelerado del andamiaje construido por años como parte del desarrollo nacional. El zar dependería del Ejecutivo y no sería un contrapeso para el Ejecutivo. No respondería a las inquietudes de los ciudadanos, sino a los intereses del presidente. No sería transparente, sino opaco, ni tampoco buscaría que el gobierno rindiera cuentas, al ser el propio gobierno el que administraría qué cuentas hay que saldar.

Al presidente López Obrador no le gustan las instituciones que existen. Ha hablado contra el Instituto Nacional Electoral, y sugerido del manejo de las elecciones regrese a la Secretaría de Gobernación, como sucedía en el pasado. Se le atoran las comisiones de derechos humanos y como jefe de gobierno en la Ciudad de México hizo caso omiso a sus recomendaciones. No le gusta la prensa crítica, y sólo reconoce como honesta a quien ha estado incondicionalmente de su lado. Todo gobierno pasado, desde 1980 a la fecha, afirma, o fue corrupto o aquellos que no participaron de la corrupción en forma directa, fueron sus “personeros”. Desde que gobernaba la Ciudad de México ha tratado de darles la vuelta hasta derrotarlas. El momento llegó.

A López Obrador hay que leerlo al pie de la letra. El proceso del cambio de régimen, aunque a trompicones, avanza en medio del conflicto y la violencia política. Las consecuencias aún no se alcanzan de ver en todo su alcance y magnitud. El caso de los bonos del aeropuerto en Texcoco es un ejemplo, y viene en camino otro potencial conflicto con empresas y gobiernos extranjeros con la Reforma Energética al cancelar las próximas rondas de exploración y perforación, antesala de que si no la abroga, la congela. El estilo mostrado por López Obrador no abre las puertas que tienen las democracias, donde los equilibrios entre los poderes los obligan a interactuar y a negociar. La negociación con sus opositores está cancelada. No tiene tiempo para ello. Las cosas se harán como las quiere tan rápido como necesite, hasta que la cuerda, si se llega a ello, se rompa.

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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/10 DE DICIEMBRE DE 2018)

CONSERVADORES CONTRA LIBERALES

Atrás ya dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador la etiqueta de “la mafia del poder” para referirse a sus adversarios y a quienes discrepan de su proyecto de nación. Ahora los llama conservadores, al evocar la República Restaurada de Benito Juárez, que es en dónde él gusta ubicarse, y que acabó con el imperio de Maximiliano. El discurso juega en las antípodas y difícilmente existen áreas grises entre sus dos polos. No es fácil ubicar la confrontación cotidiana entre liberales y conservadores salvo en un solo lugar, en este momento, de alta relevancia para el equilibrio del poder y la definición de México en los próximos años, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde a principios de 2019, en la primera decisión de gran calado, los ministros elegirán a su presidente por los próximos cuatro años.

Los punteros son dos ministros que no tienen una carrera judicial, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar. El primero, respaldado por el actual presidente de la Corte, Luis María Aguilar, se encuentra en el bloque de los conservadores. El segundo, Arturo Zaldívar, tan cercano a López Obrador que ha tenido muestras de gran afecto en público hacia él, está en el lado de los liberales. Las definiciones vendrán en los próximos días, al cerrarse el 13 de diciembre el ciclo de Pardo, quien rendirá su último informe como presidente de la Corte y se irán de vacaciones. Sin embargo, la decisión sobre a quién elegirán en enero, terminará de cocinarse mientras oficialmente están fuera del trabajo.

Las diferencias entre conservadores y liberales en una institución como la Suprema Corte, en México o en otras democracias occidentales, son notables. Un ministro conservador siempre se apega al texto del estatuto, sin márgenes para determinar con una visión amplia y creativa, por ejemplo una inconstitucionalidad, bajo la premisa que quienes cambian las leyes son las legislaturas, no las cortes. Los liberales, en cambio, utilizan la historia y el propósito del estatuto como una herramienta para interpretar la ley, por lo cual tienden a darle a la gente una mayor libertad. Uno de los fallos donde más se aprecia esta división -que se replica en diversas cortes del mundo-, es sobre la despenalización del aborto, que así como parte a la sociedad, separa a los ministros de las cortes.

En estos momentos, si se diera la votación hoy, la probabilidad de que Gutiérrez Ortiz Mena ganara la presidencia es muy alta. Esto obedece, de acuerdo con observadores de la Corte, a que el bloque conservador es amplio, compuesto por Javier Laynez, Eduardo Medina Mora, Mario Pardo y Aguilar. En el lado liberal respaldan a Zaldívar Fernando Franco y Norma Lucía Piña, que perdieron un aliado al retirarse José Ramón Cosío. Dos ministros pueden inclinar hacia cualquier lado la balanza, pero no se sabe cómo van a comportarse. Una es Margarita Luna Ramos, y el otro es Alberto Pérez Dayán, con tinte conservador, pero que se han aproximado a posiciones liberales en el pasado. Dos factores adicionales juegan para colocarlos actualmente, ligeramente más hacia el lado de Zaldívar. La ministra Luna Ramos quiere mejorar su posición dentro de la Corte, mientras que Pérez Dayán le debe parte del apoyo que tuvo para ser ministro, al equipo de la ex ministra y actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Si ellos dos votaran por Zaldívar, habría un empate y tendrían que ir a rondas subsecuentes, como sucedió hace tres años, cuando Aguilar, quien en tres rondas derrotó finalmente a Zaldívar. Debido a este equilibrio en los bloques, el presidente López Obrador jugó sus cartas y anunció la terna que enviará al Senado para el reemplazo de Cosío, con lo cual podrían cambiar los números en apoyo a Zaldívar. López Obrador nominó a Loretta Ortiz, Celia Maya y Juan Luis González Alcántara, lo que parece ser un trío donde las dos abogadas podrían ser descartadas por su vinculación directa con Morena. Ortiz fue asesora en el equipo de transición en materia de seguridad y la organizadora de los foros sobre reconciliación y paz, mientras que Maya fue candidata del partido a la gubernatura en Querétaro y al Senado. González Alcántara, un liberal independiente, tiene además el mejor palmarés de la terna.

Con esta acción presidencial, el equilibrio en la Suprema Corte de Justicia se romperá, lo que de cualquier forma, de acuerdo con los observadores, no sería suficiente, y en la segunda quincena de diciembre tendría que darse un intenso cabildeo para conseguir el voto.La Corte, sin embargo, es una institución que mantiene dos posiciones. La externa es la que se expresa en los dictámenes y las votaciones, donde hay consensos y disensos, y la otra tiene que ver con la política interna, donde lo que se busca es unidad entre los ministros y compromiso con los principios constitucionales. Certidumbre en el actuar de los ministros, sin sorpresas, es lo que más aprecian a nivel interno. Por ser un ministro que generaba incertidumbres y no se sabía cómo iba a reaccionar, Cosío nunca pudo ser presidente de la Corte, pese a que técnicamente, su capacidad era impecable.

Gutiérrez Ortiz Mena y Zaldívar no son vistos bajo la misma óptica dentro de la Corte, donde nadie tiene duda tampoco que la inclinación de López Obrador es por el segundo. En el lado de los conservadores, en caso de que fuera muy cerrada la lucha entre los dos punteros, existe un caballo negro que respalda el actual presidente, Mario Pardo, a quien no hay que descartar en este choque entre conservadores y liberales abierto en la Suprema Corte de Justicia.

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(EJE CENTRAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ 07 DE DICIEMBRE 2018)

EL ABANDONO A LOS ADULTOS MAYORES



Muchas personas de la tercera edad no cuentan con recursos para poder transitar la última etapa de su vida con las necesidades básicas. Pero existen algunas alternativas con las que pueden generar ingresos adicionales

 “Se pueden emprender algunas acciones para obtener dinero extra”

- Alejandro Saracho
Asesor en finanzas personales

El pelo plateado de Rosa es testimonio de los 76 años que ha vivido en este mundo. Su soledad no fue voluntaria, pero ha aprendido a vivir con ella, incluso, la llama ‘Juanita’ cuando la menciona en alguna charla con sus amigas.

‘Juanita’ llegó a su vida cuando Pedro Ramírez , su compañero de vida por casi 60 años, le dijo adiós en la cama de un hospital en 2015 a causa de una insuficiencia cardiaca.

Sus dos hijos se convirtieron en sombras cuando la dejaron de visitar luego de que ella se negara a darles el dinero de la pensión de su padre con el argumento de que no podría manejarlo, esto provocó que Rosita, como le gusta que la llamen, cayera en una profunda depresión de la que intenta salir.

“Cuando uno es joven piensa que las cosas serán diferentes en esta etapa de la vida, pero no es así, todos los días nos enfrentamos a una lucha contra nuestros propios demonios, pero siempre debemos mantenernos optimistas o ‘Juanita’ nos puede aventajar”, dice Rosa Guadarrama, quien forma parte del equipo de Empacadores Voluntarios del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) en una cadena de supermercados.

En México, 28 mil personas mayores laboran como ‘cerillitos’ en tiendas departamentales sin un sueldo ni derechos laborales.

El voluntariado le permite a Rosita activarse y asegura que estar en contacto con otras personas le ayuda a alejar a ‘Juanita’, a pesar de que todas las noches regresa puntual para su cita.

Aunque no contar con una fuente de ingresos más allá de los mil 200 pesos que recibe cada mes por la pensión de su esposo la obligó hace un año a comenzar a vender gorros, chalecos, guantes y ropa entre sus vecinos y conocidos.

La originaria de Acuitzio, Michoacán, es parte de los 14 millones de adultos de 60 años y más que habitan en el país, de acuerdo con datos del Inegi.

De los 4.7 millones que trabajan, un 96.2 por ciento carece de seguridad social debido a que labora en la informalidad, mientras que sólo un 3.8 por ciento pertenece al mercado formal

INGRESOS DESPUÉS DE LOS 60

Alejandro Saracho, asesor en finanzas personales, destaca la importancia de contar con un plan financiero que ayude a dar estabilidad una vez que inicie la etapa de la vejez.

“Si se está más cerca de entrar a la tercera edad y no se cuenta con una jubilación o es muy baja la cantidad que se obtendrá, se pueden emprender algunas acciones para obtener dinero extra”, precisa el también autor del libro Reconfiguración financiera.

1) Rentar activos

Los activos son todas las posesiones que una persona tiene y que no están generando dinero como autos, bienes raíces, joyas, entre otros.

Saracho recomienda rentabilizarlos y el primer paso para hacerlo es elaborar una lista en la que se considere cualquier objeto útil. Posteriormente se debe revisar su valor y buscar interesados en rentarlos; se pueden utilizar anuncios y la publicidad de boca en boca.

“Siempre hay personas que tienen demasiados objetos y que ocupan un sitio para ellos”, añade el especialista.

2) Aprovechar redes de contacto

El especialista aconseja agrupar a los contactos que se tengan de acuerdo a lo que consumen y acudan a una tienda a negociar para convertirse en un intermediario.


“Pueden ofrecer comprar por mayoreo o llevar clientes a cambio de una comisión, de esta manera todos ganan”, expone Saracho.

3) Hipotecar a la inversa

En Europa y Estados Unidos este método es muy famoso, el experto detalla que esto consiste en vender la casa cuando se está en la última etapa de la jubilación para que se liquide en un periodo de hasta 20 años, sin necesidad de dejar la propiedad.

“La casa se vuelve propiedad del banco, por lo cual, no se podrá heredar directamente, sólo si los hijos saldan la deuda que se tiene; es una opción de capitalizar todo el esfuerzo que generó al comprarla”.

MÉXICO ENVEJECE
A pesar de que los adultos mayores representan una parte muy baja de la población en contraste con los jóvenes, el fenómeno de envejecimiento avanza a pasos agigantados y es irreversible.

Se prevé que para 2050 las mujeres de 60 años y más representen 23.3 por ciento del total de la población femenina y los hombres constituyan 19.5 por ciento de la masculina, revela el estudio Situación de las personas adultas mayores en México elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres.

Esta situación generará un impacto en el Sistema de Salud y pondrá desafíos a la organización familiar, así como cargas adicionales de trabajo de cuidados, en especial para las mujeres, quienes realizan mayoritariamente este trabajo.

Javier Govi, presidente y fundador de la Asociación Mexicana de Asistencia en el Retiro (AMAR), reconoce la complejidad que existe alrededor de este panorama.

“Es triste hablar de esta situación porque hay una gran población de adultos mayores que no tiene la capacidad financiera para enfrentar el proceso de su envejecimiento. Es una situación crítica”

- Javier Govi
Presidente y fundador de AMAR

El presidente de AMAR menciona que una forma de mejorar las condiciones de los adultos mayores de 60 años es que el Gobierno federal implemente programas en algunos sectores en los que se les permita convertirse en tutores de las nuevas generaciones y con ello pongan en práctica los conocimientos de toda una vida.

Tras el abandono de sus hijos, Rosa Guadarrama fue alojada por unas amigas que vivieron condiciones similares. Desde entonces crearon una red de apoyo con la que buscan que la última etapa de su vida honre su pasado.

“Lo único que nos queda es la esperanza de transitar en paz y prepararnos para el difícil momento de la despedida. Nuestra edad no nos hace valer menos”.

(REPORTE INDIGO/NAYELI MEZA OROZCO/DIC 14, 2018)