Los arrebatos belicosos del
presidente Andrés Manuel López Obrador al enfrentar a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación porque suspendieron la ley para recortar salarios, no
deben esconder el problema de fondo en el Poder Judicial. No es la institución
per se lo que debe analizarse y eventualmente fustigarse, sino la integridad de
los ministros, sus mecanismos de autorregulación y la calidad de sus
decisiones, que deben ser pasados por una revisión crítica. La discusión sobre
la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que suspendió la Corte para
revisar si hay violaciones a la Constitución, tampoco debe quedarse en ese
punto como si fuera lo único o lo más importante en términos de lo que
beneficia e interesa más a la nación. Hay que ver más alto y más lejos, como
dijo alguna vez José Ortega y Gasset, y examinar con mayor profundidad el papel
de los ministros de la Corte.
El presidente López Obrador
es quien estableció los términos del enfrentamiento con la Suprema Corte de
Justicia con un argumento descalificador y reduccionista, pero persuasivo en la
opinión pública, de que forma parte de una lucha contra los privilegios, al
mencionar los “estratosféricos” salarios de los ministros, como si fuera
sinónimo de corrupción. La Suprema Corte le respondió, a través de su cuenta de
Twitter, tildándolo sibilinamente de mentiroso, al afirmar que “nadie gana, ni
remotamente”, los 600 mil pesos mensuales que el presidente afirmó que era su
salario.
La Corte tampoco está siendo
apegada a la verdad. Si se ven los salarios nominales, que oscilan aproximadamente
entre 130 mil y 270 mil pesos mensuales, sí están lejos de los 600 mil pesos
que señaló el presidente, quien debió haber utilizado el dato de los salarios
integrados, en donde están la prima vacacional, el pago de riesgo por 46 mil
pesos mensuales, el aguinaldo, el pago a uno o dos personas en su servicio
doméstico, automóvil que pueden incluso blindarlo y gastos de representación,
con lo cual si no llega a la suma señalada por López Obrador, tampoco se aleja
mucho de ella.
El tema de los salarios es
relevante porque la suspensión de la Ley los atañe directamente, al ser los
ministros de la Corte uno de los grupos que ha denunciado que la reducción de
los salarios de manera transversal, es inconstitucional en órganos como el
máximo tribunal, o los órganos autónomos. De tal forma, la discusión sobre un
conflicto de interés no es ociosa. ¿Pueden los ministros actuar con apego a lo
que establece la Constitución? O, ¿cómo interpretarán la propia ley? ¿Hay
indicios de veracidad en la crítica que les hizo López Obrador? Según el
ministro Arturo Zaldívar, uno de los candidatos más fuertes a ser presidente de
la Suprema Corte de Justicia el próximo año, sí.
En septiembre pasado, al dar
la bienvenida a 10 nuevos jueces de Distrito, urgió a la autocrítica en la
Corte e “imaginar un México diferente” que corresponda al mensaje de hartazgo y
frustración mostrada en las urnas que le dieron la victoria a López Obrador que
votó por un cambio de régimen, y aprovechar la coyuntura para reconquistar la
confianza de los ciudadanos. Entre sus llamados, que reiteró posteriormente, es
la austeridad que debía seguir la Corte. “La sociedad debe saber con toda
transparencia cuánto gastamos, cómo gastamos y para qué gastamos, para así
tener la certeza de que el dinero público sirve a fines públicos y no financia
privilegios”, dijo Zaldívar.
La forma como planteó la
discusión el presidente López Obrador, quedó plasmada como un repudio a las
instituciones, sobre las cuales ha mostrado reiteradamente su inconformidad y
disgusto por la forma como operan. Esto ha llevado durante esta semana a un
plano unidimensional, en donde lo que sobresale es un choque entre poderes, y
un avasallamiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo contra el Judicial,
que ubica la confrontación en el contexto de la eliminación de pesos y
contrapesos. Hay que salirse de esa discusión coyuntural y plantear un debate
de largo aliento y alcance.
Abogados constitucionalistas
sostienen que la Corte no es independiente ni apartidista. Efectivamente, las
designaciones de los ministros se han dado por las cuotas de los partidos del
viejo régimen, el PRI, PAN y PRD, donde algunas de sus decisiones han sido
altamente controversiales. Por ejemplo, el PRI metió en diciembre de 2012 a
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con cuyo voto se le otorgó la libertad inmediata
a la ciudadana francesa Florence Cassez, sentenciada por secuestro y
delincuencia organizada. Dos semanas después de su liberación, la misma Corte
votó en sentido opuesto sobre el caso de dos indígenas acusadas de la privación
de libertad de dos policías federales.
No se puede soslayar algo muy
relevante, que es la ausencia de mecanismos de autorregulación, que han llevado
a la Corte a situaciones indefendibles. El último caso fue el escándalo de los
fraudes en el ascenso de jueces, conocido en febrero pasado, cuando un concurso
interno fue anulado por el Consejo de la Judicatura Federal, debido a que se
filtraron las respuestas a las preguntas del examen.
No hay que quedarse en la
batalla por los salarios. Que se resuelva, pero que se profundice el análisis
de la Corte, como una derivación positiva y saludable del conflicto actual. No
como el principio para eliminar la institución, sino para revisar si los
ministros actuales están o no a la altura de la nueva realidad mexicana o si,
como otras instituciones, son ellos o ellas lo que hay que cambiar, sin afectar
la institución que debe seguir siendo contrapeso de los otros poderes.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ COLABORACIÓN/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 11
DE DICIEMBRE DE 2018)
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