jueves, 5 de octubre de 2017

MARGARITA ZAVALA RENUNCIARÁ AL PAN Y SERÁ CANDIDATA INDEPENDIENTE, ASEGURA PERIODISTA; NADIE LO CONFIRMA





Foto: Tomada de Internet / Google Imágenes

 “Margarita Zavala ha decidido que renunciará al PAN en las próximas 36 horas, @Mzavalagc tomó con su equipo la decisión de dejar el partido.”, escribió la mañana de este jueves, en su cuenta de la red social Twitter, el periodista Ciro Gómez Leyva, que aseguró que esto se lo confirmó el equipo de campaña de la ex primera dama.

Además, el periodista dijo en su programa de radio que la esposa del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa decidió renunciar al Partido Acción Nacional (PAN) para buscar la Presidencia de la República por la vía independiente.

Según Gómez Leyva la aspirante presidencial decidió no ofrecer entrevistas hasta que haga pública su renuncia, lo que podría ocurrir en el transcurso de este jueves o mañana viernes. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo es integrante de la Comisión Permanente del PAN, máximo órgano del partido, y tiene una militancia de más de 30 años.

En días pasados, la esposa del expresidente Felipe Calderón, así como el también panista Rafael Moreno Valle y el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, pidieron al Frente Ciudadano por México, una elección abierta a la ciudadanía para seleccionar a su candidato presidencial del 2018.

“La adopción de esta medida es necesaria para garantizar que nos sometamos al mandato ciudadanos y evitemos orientar a favor de intereses personales o de grupos el actuar del Frente Ciudadanos por México”, dijeron Moreno Valle, Aureoles y Zavala en una carta.

Sin embargo, Ricardo Anaya Cortés, Alejandra Barrales Magdaleno, y Dante Delgado Rannauro, líderes del Frente Ciudadano por México –conformado por el PAN, Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC)– respondieron que la etapa del método de designación aún no ha llegado.

El próximo domingo vence el plazo ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para el registro de aspirantes a la presidencia por la vía independiente y al no existir seguridad de quién encabezará al Frente en la contienda por la Presidencia, Zavala anunció su renuncia al PAN, según Gómez Leyva.

Hasta las 10:20 horas, ni Ricardo Anaya, ni Felipe Calderón, ni Margarita Zavala habían escrito nada en sus cuentas de Twitter respecto de lo dicho por el periodista en su espacio matutino en Radio Fórmula.

Zavala ha criticado de forma reiterada a Anaya, por el aprovechamiento de su cargo como líder nacional del PAN para tener privilegios, como el uso de spots en radio y televisión, por lo que le ha demandado que abandone la dirigencia panista y compita por la candidatura en igualdad de condiciones.


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  CARLOS ÁLVAREZ /JUEVES, 5 OCTUBRE, 2017 08:32 AM)

POLITIZAN INVASIONES DE LOS CABOS, BCS


Cabecillas del Partido del Trabajo (PT) en el el municipio de Los Cabos, Baja California Sur como José Antonio y Narciso Agúndez Montaño, lanzaron  convocatoria para realizar una marcha este lunes en las colonias de Cabo San Lucas, iniciativa en la que también asistirá Ernesto Ibarra Montoya, Diputado Federal por el Partido Acción Nacional (PAN).

La cita es a partir de las 07:30 horas en un centro comercial Bodega Aurrera, ubicado en colonia Caribe, un asentamiento confirmado por invasiones.

Lo  irónico del asunto, es que la convocatoria ha sido lanzada por los propios encargados de generar invasiones por años, desde 1999 hasta 2015, periodo en el que fueron gobiernos municipales emanados  por el PT y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), incluidas las siguientes administraciones:


Narciso Agúndez Montaño (1999). Luis Armando Díaz, (2005). Oscar René Núñez Cossío, (2008). José Antonio Agúndez Montaño, (2011).

Durante todo este periodo, los gobiernos encabezados por el Grupo Los Cabos utilizó a la población como capital político, estableciéndose en zonas de riesgo y alto riesgo, es decir, invasiones a cambio de promesas que fueron arrastradas apenas con el paso de la Tormenta Tropical “Lidia”, hace apenas unas semanas.

El dirigente Estatal del PAN, Rigoberto Mares Aguilar calificó como “modus operandi, la manera de trabajar de este grupo denominado ‘Grupo Los Cabos’, quienes movilizaron a ciudadanos con engaños a zonas de riesgo y exponiendo sus vidas”, señaló para ZETA.

Incluso el propio Diputado Federal del PAN, Ibarra Montoya se le ve en videos que han surgido en redes sociales antes del impacto de la Tormenta Tropical “Lidia”, donde menciona que “nadie los puede desalojar, nadie, nadie, ¿por que? porque ustedes tienen posesión de 10, 8, de 7 o 5 años, así que no se salgan, el Doctor Ibarra va a estar con ustedes”.

Sin embargo, una vez de los problemas, los fallecimientos de al menos 7 personas por el arrastre de los cauces de arroyo, así como el derrumbe de dos edificios, uno en la colonia Chulavista en Cabo San Lucas y otro en Puerto Nuevo en San José del Cabo.

Ha quedado claro que en el periodo de Oscar René Nuñez Cosio (2008-2011) fueron aprobadas las licencias de construcción, a lo que el mismo Diputado Federal reconoce en la grabación que “yo lo que voy a ver es un compromiso que yo hice como Delegado junto con el Presidente municipal que era René Núñez, en 2010 hicieron una expropiación”, desde 2010 a la fecha, pasaron 7 años y miles de casas dañadas que estaban ubicadas en zonas de riesgo para que el Servidor Público regresara a la zona.

Incluso durante ese video al inicio de la grabación se escucha “Gaby, ven”, presuntamente de los operadores en colonias y ex funcionarios que se ha convocado para reunir gente y manifestarse a partir de las 7:30 am de este lunes, los líderes convocados son: Toño Paisa, Marcos, Jordán, Gaby Montoya, Cano, Antonio Lluévanos, Domingo, Edilberto, José Ángel, Larumbe. La convocatoria obedece a la aportación monetaria de mil pesos por cabeza.

Para la manifestación ha considerado, utilizar un carril, sin bandera ni colores, solo ciudadanos para que no parezca que la convocatoria es política.


(SEMANARIO ZETA/DESTACADAS BCS / ANTONIO CERVANTE/ LUNES, 25 SEPTIEMBRE, 2017 07:11 AM)

LIMPIA DE NARCOS Y POLICÍAS


Mientras que la salida del comisario Mireles marca una ruptura entre la Marina y las policías, cifras de 2016 dan cuenta de 206 elementos municipales que reprobaron los Exámenes de Control y Confianza y que en el último año fueron dados de baja en todo el Estado. Autoridades también investigan en la última semana una purga de narcomenudistas de manos de sus propios cárteles

“La salida de González Mireles desde luego pone en claro que hace falta mayor determinación para librar de malos elementos y arrancar de raíz eso que está consumiendo a una corporación tan importante y necesaria para la ciudadanía; digamos que con una Policía Estatal funcional, la Policía Municipal tenía una competencia sana, es decir, ambas corporaciones se esforzaban por ser mejores una contra la otra y así entregaban más resultados a la población; hoy es un verdadero cochinero”, lamentó un efectivo de inteligencia de la Zona Militar.

La renuncia del Capitán de Navío, Arnulfo González Mireles al cargo de Comisario de la Policía Estatal Preventiva, deja más que clara la ruptura entre servidores públicos y efectivos de la Secretaría de Marina (Semar). El intento por liberar de la mala Policía a las calles de Baja California Sur ha tenido una pérdida más.

Cuando se ejerció una verdadera presión en contra de agentes señalados por malos manejos, colusión con el crimen organizado y hasta omisiones, autoridades civiles, entre ellos el propio subsecretario de Seguridad Publica, Ismael Sigala Páez y el  secretario general de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, dieron la espalda y limitaron la estrategia que planteaba el Capitán de Navío.

“La presión se hizo presente por elementos del Mando Mixto, es decir, elementos municipales y estatales que a final de cuentas estaban bajo el mando de González Mireles, los traía cortitos y eso fue incómodo, la mejor opción era dejarlo fuera de la jugada y lo cansaron. El problema que ahora se les viene y no midieron, es que solos se pusieron en una selecta mira de la Marina”, manifestó el agente del grupo.

La incomodidad que significaba un militar al frente de una institución daba mucho peso para que se pudieran quebrantar los estatutos, la cuestión es que todo marchaba con normalidad, hasta que el Capitán comenzó con el cambio de responsabilidades y la rotación de mandos.



La limpia que han emprendido células delictivas en La Paz y Los Cabos

Algunos de los removidos de su cargo han sido identificados como  Zeus Soto León, encargado de la Policía Cibernética; Daniel Ledezma Osuna, subcomisario de Operaciones de la Policía Estatal; Pavel Oliva Cota, subcomisario de Análisis Táctico; y Rodrigo Silva Lugo, Subcomisario de Investigaciones.

Los cuatro fueron rotados por el ex comisario, por lo que entre las recomendaciones que emitió a los altos mandos, destaca “dar seguimiento a los enroques que se establecieron para dar continuidad a la estrategia”.

De momento fue nombrado como encargado de despacho de la Comisaría, Edgar Jovanni Díaz Flores, emanado del Área de Operaciones, cuando aún operaba “El Cuervo 23” o “El Chava”, Comandante del Grupo de Operación Estratégica (Groe) Salvador Díaz Moreno, el cual fue privado de la vida por un comando armado el 5 de abril de 2017 a las afueras del Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Paz.

Para acabar con los altos índices de corrupción al interior de la corporación, el Capitán González Mireles tuvo que mirar antes el alto índice de reprobación en los Exámenes de Control y Confianza, de entrada y hasta agosto de 2016, se tiene registro de 237 elementos “no aprobados”, menos 13 dados de baja en diciembre de ese año, restando 224, de los cuales no se ha informado oportunamente sobre su destino.

“La justificación más cercana fue que no había recursos, cuando Álvaro dijo que iba a entregar policías confiables, situación que no pudo cuando estaba al mando en 2012, ahora con intereses políticos mucho menos. Lo que no sabe es que todo lo que pase de seguridad le repercute a él por declararse el perfil de seguridad de este gobernador, lo cual por sentido común ha sido responsabilidad del secretario general”, señaló un experto en criminología consultado por este Semanario.

Desde 2012, De la Peña Angulo fue señalado por los propios elementos de seguridad en un escrito enviado a la opinión pública y dirigido al entonces gobernador de Baja California Sur, Marcos Covarrubias Villaseñor, exhibiendo  al entonces secretario de Seguridad, al comisario y comandantes de recibir dinero de grupos criminales.

A la fecha, siguen pesando esos años que se dejó el flujo de policías reprobados, incluso fue tan evidente la operación criminal con las policías, ya que en algunas detenciones fueron asegurados radios Matra inventariados a nombre de policías estatales en activo y que siguen en las calles, asimismo, armas de fuego y mensajes de texto, además de llamadas.

La salida del Capitán González Mireles solo refleja una ruptura entre las fuerzas de la Marina y el Estado, aunque el secretario De la Peña justifica el suceso con reuniones con los altos mandos, o el supuesto trabajo “coordinado”.

LA INTERMINABLE DEPURACIÓN DE LAS POLICÍAS

De acuerdo con datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe 2017), las corporaciones que dan mayor confianza a la ciudadanía están compuestos por Marina, Ejército, Policía Federal; en los últimos lugares se sitúan Policía Preventiva, Municipal, ministerios públicos, procuraduría estatales y Policía de Tránsito.



En Comondú ciudadanos prefirieron tomar la justicia por propia mano

Lo que deja mal posicionadas a las corporaciones municipales, y que en el último año llegó a tener 206 elementos en activo reprobados en los Exámenes de Control y Confianza, hoy se tiene un avance importante en cuanto a la depuración policial. De entrada, es preciso adelantar que la depuración policial se da a través de un convenio con la Secretaría de Gobernación (Segob), la cual indicó que los Exámenes de Control y Confianza “constituyen un elemento fundamental para su permanencia en el cual preste sus servicios”, al no acreditar la evaluación, no son aptos para portar los uniformes e insignias.

Cifras obtenidas por ZETA hasta el mes de agosto de 2016 indican que en Los Cabos había 90 agentes reprobados, de los cuales se estima que al menos 80 fueron despedidos; La Paz reportó 46, sin embargo, la cifra aumentó a 60, en tanto el encargado de despacho Godofredo Contreras, sigue reprobado. Mulegé exhibe 16, Loreto 19, de los cuales 18 fueron despedidos recientemente; en Comondú había 33, ya fueron despedidos 29.

Según la Subsecretaría de Seguridad Pública y la propia Secretaría General de Gobierno, quienes tenían oportunidad de continuar en las líneas de las policías, son aquellos elementos que por cuestiones de salud no aprobaron. Sin embargo, “surgieron con vínculos con delincuencia organizada, adictos a alguna sustancia, tienen cercanos con vínculos fuertes o que se han visto involucrados en temas de seguridad graves, no pueden continuar”, afirmó el elemento del Grupo de Coordinación.

Loreto informó esta semana que “18 agentes policiacos fueron separados de sus puestos, al no aprobar sus Exámenes de Control de Confianza”, con ello “garantizan” mayor fluidez en cuanto a la seguridad de los ciudadanos; este municipio ya cuenta con Mando Mixto, por lo cual la Policía Estatal Preventiva estará brindando apoyo en los recorridos de vigilancia.

Pero la corrupción va más allá. A principios de 2017, fue ejecutado Nicolás Castañón “El Bogar” de 20 años de edad y presunto líder de plaza de Loreto, además de esposo de Arely Susarrey Arce, hija de Arely Arce Peralta, alcaldesa de ese municipio.

Por otro lado, en Comondú, Benigno Murillo Orantes dijo que la depuración forma “parte de las estrategias de la Ley Nacional de Seguridad Pública, así como La Ley Estatal de Seguridad Pública de Baja California Sur”.

En tierras comundeñas, 29 elementos fueron dados de baja definitiva, entre éstos, los de nombre Javier Alberto Amador Villarreal, Rubén Cruz Cañedo, Moisés Cervantes Reyes, Javier Flores Contreras, Yoshio Daniel Machado Chávez, Juan Luis Jiménez Ruiz, Jesús Adrián Meza Arce, Alfredo Pulido Álvarez, Nicolás Solís Miranda, Gerardo Torres Valdez, Rigoberto Veliz Amador, Rafael Acuña Hernández, Juan Ramón Amador García; José Francisco Amarillas Villegas, Zuleth Arce Castro, Alejandro Arce Vázquez, José Luis Armenta Medina, Juan Arreola Martínez, Martín César Beltrán Hernández, Margarito Cadena Gómez, Pazaran González Méndez, Javier Hernández Jiménez, Francisco Leonardo Higuera Navarro, José de Jesús Pulido Álvarez, Benjamín Mata Carrillo y Rubén Sandoval Navarrete.

LA PAZ, BAJO PRESIÓN DE REPROBADOS

“Se viene la destitución de los malos elementos, mucha falta le hace al Estado; el Municipio se encuentra dentro de una mancha que debe ser borrada, la Capital del Estado es sin duda uno de los puntos de mayor tráfico de drogas, pero también de corrupción y nadie se ha fijado en ello, solo ven los efectos de esto, pero es notorio el espacio que tienen comprado los delincuentes para operar”, refirió un elemento adscrito al Grupo de Coordinación.

En Comondú y Loreto ya fue ejecutada la orden de despedir a aquellos que están reprobados, y esa acción pronto será aplicada en La Paz; situación que ha llevado a ejercer presión en aquellos elementos que sienten pasos en la azotea.



“El Fer y “El Teoría” fueron privados de la vida en la azotea de una vivienda

Por ello, han tomado otras estrategias; para desviar la atención, solicitaron que Armando Martínez Vega, alcalde de la Capital, interceda por ellos ante la decisión de cortar cabezas de policías reprobados, pero para llamar la atención denunciaron el supuesto maltrato por parte de elementos de la Policía Estatal abusando del Mando Mixto.

“Consideran que ellos tienen el control, que por ser estatales son mando de nosotros, y simplemente es trabajar en equipo, pero la verdad estamos cansados de que se sientan como si fueran superiores a nosotros. Ellos no ven que nosotros tenemos mayor antigüedad, muchos años de experiencia, décadas algunos, ya ni por respeto nos respetan”, denunció uno de los agentes municipales de manera anónima.

A decir de los municipales, ambas corporaciones son capacitadas en el mismo sitio, incluso reciben los mismos cursos de adiestramiento.

“Es una reunión de carácter operativo con los mandos. Me llevo el documento para exponerlo en el Grupo de Coordinación de Seguridad, donde tenemos que hacer la coordinación principalmente siendo la dignidad y el trato uno de los principales puntos”, dijo Armando Martínez, aunque no muy seguro, ya que es instrucción nacional.

Incluso, los oficiales de la Capital afirman que ellos atienden más servicios, ya que son los de primera acción e intervención. Atendiendo y previniendo de primera instancia los robos a casa habitación, a negocio y realizan sobrevigilancia en las colonias, cosa que desde la implementación del Mando Mixto se ha descuidado en gran proporción.

Consciente de la situación de policías reprobados, desde el mes de febrero se tenía conocimiento de que había un gran número de policías reprobados, incluso el encargado de despacho, Godofredo Contreras, negó a ZETA conocer los resultados de las evaluaciones. Por su parte, el alcalde paceño aseguró que aunque el tema tiene meses en discusión y preparando el despido masivo, en próximos días tomará acciones concretas, pues en municipios del norte ya ocurrió.

“Estaremos en estos días también procediendo de la misma forma, de acuerdo a los estados que nos están pasando el centro de evaluación de Baja California Sur”, refirió.

Cuestionado respecto a si el licenciado Godofredo seguirá en su encargo, respondió:

“En tanto no tengamos resultados de la Dirección General del CISEN, seguirá de encargado”, remató Armando Martínez Vega.

A poco más de dos años de funciones, la actual administración del alcalde, la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz continúa acéfala, al menos han sido cinco candidatos los reprobados, uno de ellos el ahijado del presidente municipal, Álvaro Gerardo Cabanillas, quien tras reprobar y no ser apto para permanecer en las líneas de seguridad pública, hoy ocupa un puesto de confianza en la Secretaría Técnica Municipal.

El regidor por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Ayuntamiento de La Paz, César Juárez, reveló que los elementos municipales presentaron un pliego de demandas, en aras de evitar un despido masivo, pero también evidencian los graves problemas que ha presentado en el camino al denominado Mando Mixto.

“Hay muchas cosas que no están bien dentro de lo que es el Mando Mixto, dentro de lo que modificamos y que hay que reconocer tiene sus errores. El robo a casa habitación ha incrementado muchísimo, en un 150-200 por ciento en ese caso, entonces prácticamente se enfoca en los delitos de alto impacto pero en éstos no, que es lo que lastima más a la sociedad”, denunció Juárez.


LORETO DIO DE BAJA A 18 ELEMENTOS REPROBADOS

Entre los problemas evidenciados por policías, dado el Mando Mixto, está el que no se respetan los grados jerárquicos de los agentes municipales; a aquellos comandantes los tienen relegados, la mayoría haciendo servicios en delegaciones o donde no ocasionen problemas; comandantes no pueden tomar ninguna decisión respecto a los policías municipales de los sectores, 1,2 y 3 de la ciudad o delegación que están en Mando Mixto; cambian a los elementos o comandantes que quieren y a donde quieren, con el pretexto de que no funcionan, debido a no obedecer órdenes que contravienen al Bando de Policía, Reglamento de Tránsito, y muchas otras constituyen un delito.

Asimismo, están haciendo cambios de policías que viven en las delegaciones para que trabajen en los sectores de la ciudad; dan órdenes que contravienen el Bando de Policía, el Reglamento de Tránsito y el reglamento interior de esta corporación, argumentando que los son los que mandan “y nosotros debemos obedecer todas sus órdenes, sin hacer ningún reclamo u observación”.

También, no permiten que pasen la información de las detenciones y de cualquier hecho delictivo para el registro de la base de UDAI, unidad que “nos hace consultas de detenidos por órdenes del Mando Mixto”, aunado a que no refuerzan a policías estatales en operativos de alcoholimetría, carnaval, Semana Santa, fiesta en las delegaciones municipales, como lo hace la Municipal. Se retiran argumentando que no es su trabajo.

Por último, personal municipal le está cubriendo todos los servicios establecidos que son de ellos: cita, rampa, gobierno, Cereso Los Cabos y más.

Queda mucho a deber el alcalde Martínez, pues exige policías aprobados y ni su propio director puede acreditarse como cabeza de la municipal.

“En este prácticamente año y medio, que no tenemos nosotros director general de Policía Municipal, tenemos también un encargado de despacho, pero también creo que se mandó los papeles, hizo el examen, mas no nos han dado los resultados a nosotros, es un tema que la verdad nos está lacerando administrativamente hablando y ante la sociedad, porque no tenemos un verdadero responsable”, finalizó el regidor.

Las peticiones para mejorar son las siguientes:

* Que se respeten los grados policiales que marca el modelo terciario como lo establecen los artículos 80.81 y 82 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Artículo 58 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de BCS.

* Que los comandantes de la Policía Municipal regresen a ocupar el mando en los sectores de la ciudad y delegaciones.



47 policías municipales han sido despedidos

* Que los comandantes encargados de los sectores tomen decisiones propias y no impuestas por el mando estatal, respecto de su personal para realizar las funciones de seguridad pública.

* Que no sean decisión de la Policía Estatal los cambios de adscripción de los elementos municipales.

* Que el director operativo y comandante general sea de esta corporación policial.

* Que se respeten los derechos laborales de los policías (vacaciones, permisos).

* Que la Policía Estatal en su conjunto, en el contexto de los cuerpos policiales coordinados, trabaje sin distinción en los operativos de reforzar en igualdad de circunstancias que la corporación municipal.

* Que la información recabada por los elementos en cualquier hecho constitutivo de delito sea reportada a esta corporación policial mediante su parte informativo.

* Que las personas detenidas por los policías municipales sean consultadas por UDAI municipal.

* Que los servicios sean cubiertos por cada corporación en el ámbito de su competencia.

Dicho documento fue entregado al alcalde, sin embargo, es prudente precisar que la depuración policial debe darse por graves problemas de impunidad que siguen al descubierto.

DELINCUENTES OPERAN LIBREMENTE

El agobio ha llegado a los habitantes de Baja California Sur, la simulación desde los legisladores encargados de temas de seguridad, secretarios, subsecretarios, directores y procuradores, a todos les ha quedado muy grande el encargo que les otorgó Carlos Mendoza Davis, gobernador de la entidad.

“Estamos hartos de que denunciamos a las autoridades y nadie hace nada, a veces ni nos contestan, gran parte de las veces dejan sonar el teléfono y no atienden. Por eso a veces vamos a llamar de teléfonos públicos diferentes y ya cuando los conocen dejan de contestar”, denunció Marcela “N”, habitante de la colonia El Cardonal en La Paz.

Esta denuncia se suma a la de muchas personas  que confirman que por años ha habido flujo “extraño”, refiriéndose al movimiento de vehículos y personas en una vivienda cercana.

Se trata de una “tiendita” ubicada en dicha colonia, la descripción que con miedo ha dado a este medio denota una casa de color verde, rodeada de plantas conocidas como palo de arco, por  la tienda conocida como Tres Reyes, a tres cuadras hacia el cerro, por la calle Lomboy.

“Frente a esa casa hay unos tipos armados, los cuales están en una casa de color guinda, desde ahí están protegiendo a los distribuidores, y es que ahí ya les balacearon una vez, salió un hombre con lesiones por disparos de arma de fuego. La Policía ya sabe que hay ahí, ellos mismos saben lo que pasa y no hacen nada”, denunció.

El problema es que la persona que distribuye estupefacientes en la zona, es vista constantemente caminando por la zona, “se la pasa en un taller que está ahí cerca, se recuesta en un carro y ahí mismo vende sus cosas esas”. El llamado se ha hecho a través del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) en el momento en que es visto, e impunemente a la luz del día realiza sus actividades.

La descripción es de un hombre entre 30 y 38 años, de complexión media, entre 1.60 y 1.75 metros de estatura.

Según la Encuesta Envipe 2017, el 86.8% de los ciudadanos de Baja California Sur no denunció o no inició una averiguación previa debido a la desconfianza que hay hacia las instituciones de justicia.

La muestra nacional fue de 102 mil 51 viviendas, en edades de 18 años y más, el levantamiento se hizo del primero de marzo al 28 de marzo de este año. Los delitos o conductas antisociales más denunciadas en BCS fueron:

* Consumo de alcohol en la calle.

* Consumo de droga.

* Robos o asaltos frecuentes.

* Venta de droga.

Aun con esta serie de delitos denunciados, las autoridades han hecho oídos sordos y la preocupación se ha extendido ante la nula acción de los cuerpos de seguridad. Incluso hay muchas narcotienditas que han sido denunciadas a través de este medio, después de que se registren balaceras, heridos o muertos en estos sitios, pero anteriormente han sufrido amenazas por denunciar este tipo de conductas.

La señora Malena no quiso señalar una casa en particular, pero reconoció a los encargados de distribuir y generar caos entre la población de colonias como Navarro Rubio, Agustín Olachea y Ampliación.

“Vivimos con miedo, ya mataron a un joven, que lo reconozco, era adicto, pero no le hacía daño a nadie, no vendía droga ni nada, pero si se topó con esta gente y como no se dejaba y no dejaba que hicieran sus chingaderas en la calle, recuerdo una vez que se los encontró y se las hizo de pedo por no respetar a varias señoras que estábamos en la calle, les reclamó y se les fue a golpes, desde esa vez lo amenazaron, eran dos tipos”, dijo.

“Solo sabemos que les dicen ‘El Gortari’ y ‘El Caguamero’, estas personas son las que se han dedicado a la mala vida en la colonia y que han hecho mucho mal”, denunció.

Los vecinos han considerado como los presuntos responsables de privar de la vida a Abel Torre Estrada, originario de la comunidad de Emiliano Carranza en Durango. El joven fue encontrado sin vida en una cañada de la colonia Ampliación Agustín Olachea el sábado 23 de septiembre.

“Estaba muy golpeado y con disparos de arma de fuego. Los propios vecinos identificaron el cuerpo e informaron que era indigente, además que le ayudaba a la mayoría a barrer, limpiar, juntar basura, podar árboles y trabajitos así”, expresó un agente de la Policía Ministerial.



Queda claro que por la ciudadanía no ha quedado el denunciar a los infractores de la Ley, el problema es que impunemente siguen operando sin que la autoridad pueda hacer algo al respecto.

“La misma maña se ha encargado de ir eliminando a los delincuentes, mientras las autoridades tardan en actuar o tal vez su nula acción, inteligencia criminal si ha dado con los distribuidores contras, incluso propios delincuentes locales por robos y otros delitos, a los que han eliminado sin que las autoridades puedan hacer algo”, comentó un experto en criminología consultado por ZETA.

CRIMINALES LOS CAZAN

“La mayoría, si no es que todos, de los narcomenudistas, ladrones y adictos, que han sido privados de la vida recientemente, todos contaban con amenaza, la misma maña fue la que se encargó de sacarlos de circulación, muchos de ellos siguen escondidos, pero es obvio que todos con mucho temor, pues siguen en las andadas”, explicó un miembro del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública.

Un caso muy evidente en la cruenta cacería que se ha desatado fue la ejecución de los narcomenudistas Noé Fernando Cota Mendoza “El Fer” y Arath Torres Díaz y/o Arath Muñoz Peralta “El Teoría”, los cuales fueron ultimados a tiros en el techo de un domicilio.

“Es claro que estaban escondidos de alguien, según informes contaban con amenaza por dedicarse a actividades ilícitas, incluso familiares de éstos también están en las mismas. Los dos fueron encontrados dormidos en el techo de una vivienda, dormían en colchonetas, “lejos” de quienes les querían hacer daño, pero ya los tenían bien estudiados”, informó un efectivo de inteligencia.

Ambos distribuidores de estupefacientes, también contaban con antecedentes por robo. Sus cuerpos fueron hallados en Municipio Libre, en La Paz.

Los dos jóvenes de 26 y 23 años, respectivamente, fueron sorprendidos dormidos por hombres armados que sabían santo y seña de donde se encontraban, “El Fer” no tuvo siquiera tiempo de despertar, mientras que “El Teoría” recibió la lluvia de plomo al intentar moverse.

“Hemos estado revisando el comportamiento de las redes sociales de estas dos personas, así como sus círculos cercanos, queda claro que incluso algunos amigos han confirmado que pronto se verán o hacen referencia a que se encuentran en el ‘negocio’, le rogamos a sus cercanos que están en esto, que acudan con las autoridades, ya saben con quiénes, solo allí los podemos cuidar y detener a los criminales que andan sueltos”, mencionó el efectivo.

La ciudadanía ha puesto en claro que estas personas mantenían relaciones y actividades de delincuencia organizada, no es un secreto para nadie la clase de operaciones que realizaban, por lago se encontraban en la azotea, “escondidos de alguien”, al menos el mayor tenía esposa e hijos, por lo que es raro que estuviera con otro hombre apartado de su familia.

“El problema es que va a ser muy difícil conocer quienes fueron sus plagiarios, pues si la familia o amigos, cómplices quizá, no quieren aportar datos, no podremos avanzar en la investigación”, reveló el agente de inteligencia.

“Incluso hay registros de estas personas que fueron detenidos para declarar, con porciones menores, pero suficientes para que puedan dar la ubicación de quien manejan los cargamentos grandes, lo único que salió de sus bocas es que estaban fuera del negocio. “Nunca fue así, siempre se tuvo registro de su operación, al menos aquí en la Ministerial y ocultaron a sus captores”, lamentó un agente de la Policía Ministerial que atendió el caso.

Toda la zona de la Cárdenas ha sido descrita con muchas narcotienditas, Rinconada, Márquez de León y Vista Hermosa, así como Villas de La Paz, en todas estas colonias han sido abatidos narcomenudistas y la lista sigue creciendo, tanto de fallecidos como del número de distribuidores, mueren dos y ya vienen tres en camino.

De acuerdo con datos brindados por agentes de seguridad, se tiene registro de sitios en los que han herido, asesinado y levantado distribuidores, pero son las mismas células delictivas las que depuran y purgan la organización criminal, y son los mismos puntos de distribución que están activos.

Esto ante la nula acción y atención de las denuncias, tanto anónimas como con nombre y apellidos. Estos sitios siguen siendo espacios de ilícitos:

* El Cardonal, por la calle Lomboy.

* Retorno Aguacate.

* Departamentos de la colonia Borrego Cimarrón.

* Departamentos Fraccionamiento Bellavista.

* Alrededores del Hotel Posada.

* “El Cabezón”, identificado por distribuir metanfetamina en Centros Nocturnos, junto con “El Chepe”.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADAS BCS  INVESTIGACIONES ZETA MARTES, 3 OCTUBRE, 2017 12:00 PM)


LOS CABOS AL MARGEN DE LA LEY


“Quién sigue, no sé, lo triste de todo es que no se sepa nada, en esta administración ya van cinco abogados asesinados cobarde, artera e impunemente”, dijo a ZETA el licenciado Arturo Rubio Ruiz, tras el homicidio de su colega Bruno Castro González, perpetrado por un comando armado el 12 de septiembre

“Nos da una enorme preocupación, me avergüenza el silencio de los compañeros. Si comparas con otros gremios ofendidos, martillados, los abogados que nos dedicamos a defender a otras personas, en estos casos no alzamos la voz”, reclama el licenciado en Derecho, Arturo Rubio Ruiz.

Y es que el 12 de septiembre de 2017 fue un martes rojo para los abogados de Baja California Sur. Bruno Castro González, de 51 años de edad y originario de Los Cabos, fue ejecutado por un comando armado que disparó en repetidas ocasiones.

“Fue terrible ver a la mujer, yo digo que su familiar, llorar incansablemente al lado de la persona muerta arriba de la (Jeep) Liberty, la señora le daba vuelta a la camioneta lamentándose, luego de unos minutos llegaron elementos de la Marina y una ambulancia de la Cruz Roja”, dijo uno de los vecinos que observó momentos después de escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

El homicidio ocurrió al filo de la 5:30 pm, en las calles Valerio González y Batalla de Puebla de la colonia Primero de Mayo, en San José del Cabo, municipio de Los Cabos. El abogado quedó recostado sobre el asiento del copiloto y con la puerta abierta. Vestía playera a rayas color gris y negro, y al parecer un pantalón deportivo color gris.

“Me siento expuesto, todos los que nos dedicamos al litigio estamos en un marco de impunidad, cualquiera nos puede matar, porque solo hay que parecer sicario para ser ejecutado y no pasa nada. Quién sigue, no sé, lo triste de todo es que no se sepa nada, en esta administración ya van cinco abogados asesinados cobarde, artera e impunemente”, lanzó Rubio Ruiz.


Demandan abogados de BCS y la misma ciudadanía que haya perfiles calificados y con capacidad en los diferentes puestos de Seguridad Pública, pues dicen se requiere mayor compromiso y no trabajo político.

El abogado Castro González era muy popular en Los Cabos, incluso estuvo al frente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en ese municipio, en procesos administrativos, territoriales; contaba con propiedades a su nombre que alquilaba, llevó fuertes procesos de propiedades de diferentes empresarios, incluso contra la administración pública.

En el Ayuntamiento cabeño trabajan dos de sus familiares, Isaac Castro González, hermano y director municipal de Asentamientos Humanos; además de Julio César Castro, primo y titular de Recursos Humanos en el municipio cabeño.

En su gran mayoría los casos de litigantes asesinados tienen tintes de participación de la delincuencia organizada, pero “no le quieren entrar para aclamar justicia, tienen miedo frente a un Estado de Derecho roto por delincuentes, si ellos que conocen la Ley no quieren denunciar y reclamar, ahora imagínate los ciudadanos comunes, necesitamos que haya denuncias para que nosotros como instituciones podamos entrar y atender la demanda ciudadana, si no hay queja, cómo activar nuestros protocolos”, lamentó por su parte un agente de investigación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Aunque el llamado de las fuerzas armadas es la denuncia a la sociedad, hay algo que los propios abogados han dejado claro: conocer la Ley no es materia suficiente para hacer que esta se cumpla.

“Es la triste realidad, dime quién está al frente de la seguridad pública del Estado, qué experiencia tiene; es como poner a realizar una cirugía de hígado a alguien que se dedica a la carpintería o electricista, es lo que estamos haciendo: le estamos dando la responsabilidad de la seguridad pública a un administrador”, denunció otro asistente legal consultado por ZETA, el cual pidió anonimato.

Es de reconocerse que en Baja California Sur, las instituciones han quedado mucho a deber debido a la falta de preparación no solo de la fuerza pública, sino de quienes conducen la seguridad pública del Estado; hay un total descontrol de la “coordinación” que tanto han pregonado.

“No hay instrucciones precisas, nadie está operando la parte estatal, no hay instrucción de perseguir, detener y castigar a los sicarios o delincuentes, necesitamos que haya una cabeza congruente, quien esté al tanto de las acciones que estamos tomando y no solo de materia política y buscar un escaño más”, reveló un agente adscrito al Grupo de Coordinación de Seguridad Pública en el Estado.

Respecto a la muerte del abogado cabeño, hasta el cierre de esta edición, se determinaban modus operandi a través de terceras personas, ni siquiera con la capacidad de investigar o una abstención de investigación; solo no han retomado los detalles, únicamente se archivó.

El grave problema reside dentro de la tropa institucional, dicho por los propios elementos de investigación y seguridad pública, “no hay instrucción de detener, mucho menos investigar, solo se está llevando los casos como archivo, la raza así lo ha manifestado y prefieren otros caminos para apoyar en algo a la gente”, lamentó el agente consultado.

Es claro que la incompetencia de ciertos servidores es pública, lo peor de todo es que no les importa lo que les digan, menos aún saber que van en un camino equívoco.



Homicidios y cruces en gran parte de Los Cabos y La Paz, los municipios donde hay mayor concentración de ejecuciones en los últimos dos años

“Es la preocupación, indignados por la impunidad, preocupados por la sordera de las autoridades a nuestros reclamos, mientras sigan al frente las personas que no están capacitadas, esto va a seguir empeorando y este barco no se va a enderezar”, advierte el abogado Arturo Rubio.

EL RECUENTO DE ABOGADOS ASESINADOS

La muerte de Bruno Castro González es solo la muestra de la impunidad en las calles de la entidad, ni los encargados de la seguridad de los tres niveles, los de procuración, menos aún los de brindar protección a la ciudadanía, han podido frenar los asesinatos a narcomenudistas, ciudadanos comunes, policías, comunicadores y ahora abogados.

“Estamos permitiendo que alguien que no conoce de seguridad pública juegue al encargado de la seguridad pública, que alguien que no sabe procurar justicia se ponga a dar clases y vender libros cuando debiera estar haciendo una labor eficaz y contundente, y no se está haciendo. Basta de improvisación, siguen dando nombramientos al amigo, al conocido”, lamentó el abogado litigante.

Los hechos se han registrado en diferentes puntos, algunos en los propios despachos jurídicos, en sus hogares o en la vía pública, algunos caracterizados por defender a narcotraficantes, otros simplemente por dedicarse a lo que estudiaron.

AQUÍ CINCO CASOS:

MANUEL MARTÍNEZ MERCADO. Ejecutado el 10 de noviembre de 2015 en el interior de su domicilio en calle Coahuila, en el Ejido Chametla de La Paz. Fue despojado de algunas pertenencias.

SAMGAR SALVADOR GÓMEZ REYES. Asesinado el 29 de junio de 2016, muy cerca de su domicilio en las calles Airapí casi esquina con Puesta del Sol, Colonia Guaycura. Tenía 37 años de edad y se desempeñó como encargado de despacho de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE). Su nombre apareció en una narcomanta colgada el 23 de abril de ese año: “CDS Samgar y Viviano, tienen cinco días para entregar los 5 millones por limpiar la plaza, traidores hijos de su puta madre contesten los blackberrys ratas traidoras…CDS”). Fue además abogado litigante y defendió a policías estatales haciendo mal uso de sus armas de fuego.

FELIPE MORENO ACOSTA. Acribillado el 21 de febrero de 2017 a la puerta del despacho donde llevaba algunos casos, ubicado en la colonia Pueblo Nuevo de La Paz. Perdió la vida a los 33 años, tras llegar al hospital con múltiples heridas de bala. Llevaba algunos casos de riesgo.

CARLOS PALOS AROCHA. Ultimado a balazos el 23 de agosto de 2017 a las afueras de su despacho jurídico. En vida fungió como subprocurador de Investigaciones Especiales de la PGJE. Además fue abogado litigante y tomó el caso del ex líder de plaza por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación en Los Cabos, Abraham Cervantes Escareaga “El Babay”, detenido la madrugada del 19 de junio del año en curso, en su vivienda del lujoso fraccionamiento Pedregal de Cabo San Lucas.

BRUNO CASTRO GONZÁLEZ. Privado de la vida la tarde del martes 12 de septiembre en la colonia Primero de Mayo en San José del Cabo. Aún se siguen las líneas de investigación que motivaron su asesinato:

La posible trata y cobro de piso por parte del crimen organizado, misma que ha sido denunciada por algunos comercios, debido a que contaba con algunos locales en alquiler.

Vínculos con el crimen organizado, debido a que pudiera haber mantenido relación o casos de cuidado de propiedades de narcotraficantes establecidos en Los Cabos.

La línea de menor fuerza, pero que ha sido tomada dentro de las investigaciones, tiene que ver con asuntos políticos y de litigio de propiedades.

Aunado a estos cinco homicidios cometidos contra litigantes, algunos profesionistas han sido perturbados por atentados criminales que los han llevado a solicitar protección de las fuerzas del orden.



Diversas narcomantas han sido colgadas contra servidores públicos, abogados y miembros de la delincuencia organizada como amenazas.

ZETA REGISTRÓ AL MENOS TRES EVENTOS DE AMENAZA:

RAMÓN OCHOA. Ha sufrido dos atentados en su contra, el primero registrado en noviembre de 2014, cuando fu agredido en la calle Morelos, muy cerca del conocido en su momento como Gimnasio Auditorio;  resultó gravemente lesionado. Mientras que el segundo episodio tuvo lugar el 10 de diciembre dl 2016, en las calles Miguel Hidalgo entre Aquiles Serdán y Guillermo Prieto de la colonia Centro de La Paz, cuando resultó herido en una pierna.

DESPACHO JURÍDICO DUARTE GÓMEZ Y ASOCIADOS.  El 14 de agosto 2015, cuando se llevaba la defensa de Simón Guillermo Hernández Peña “El Simón” o “El Sepulturero”, la oficina que se ubica en las calles Allende y Altamirano de La Paz, fue atacada a tiros. Allí dejaron una cartulina en la cual se leía: “LIC ROBERTO DUARTE GÓMEZ LIC GETZABE MURILLO SANCHEZ DEJENDE DEFENDER ASESINOS SI LO SIGUEN HACIENDO USTEDES SEGUIRAN A LITIGAR AL PANTEON”.

El temor de abogados litigantes del Estado es justificado, cinco compañeros han muerto por desempeñar su labor, y otros más han sido amenazados por el crimen organizado, y no se han entregado cuentas de estos y muchos otros homicidios ocurridos en Baja California Sur.

El mismo detalle ha sido señalado una y otra vez, todos los expertos consultados han caído en el mismo dilema: “Revisa todas las corporaciones del Estado, no vas a encontrar a ningún profesional de carrera al frente de ninguna. Cómo vamos a esperar que se recupere la seguridad, cuando no hay profesionales al frente de las instituciones que deben estar encargadas de darnos la misma”.

INCAPACIDAD AL DESCUBIERTO

“Vemos patrullas circulando, pero no vemos eficacia y operatividad, vemos a demasiada uniformada pero muy poca gente haciendo la labor que es más importante en esos casos, que es la de inteligencia policial y coordinación. Es lamentable, pero no va a mejorar la situación si no tenemos profesionales y si no tenemos aquí en el Estado, hay que traerlos de otro lado, pero hay que poner las cosas en manos de profesionales”, denunció un experto en criminología.

Pero esto no ocurre solo en Baja California Sur. En redes sociales trascendió un video supuestamente grabado en Tamaulipas, donde un comando armado se paseó frente a un retén de gendarmes de la Policía Federal, e  impunemente, los presuntos criminales se retiraron del sitio sin ser molestados.

La historia fue similar en Los Cabos la tarde del miércoles 13 de septiembre, cuando un comando armado abrió fuego en las calles de Paseo Barlovento y Chinook de la colonia Rosarito en San José del Cabo, frente al Hotel Renata (antes Carolina II), en el que ya se habían presentado ejecuciones y balaceras, además, es el hotel donde se hospedan elementos de la Policía Federal División Gendarmería.



Las fuerzas armadas sin apoyo de las fuerzas estatales están deteniendo a sicarios y salen libres por la incompetencia en los asuntos del fuero común, debe existir acompañamiento de autoridades civiles y éstas han dejado de perseguir delitos.

“Es terrible el nivel de impunidad con que estamos viviendo en Los Cabos, para que el comando armado siga a una familia y dispare en repetidas ocasiones en contra de los ocupantes del carro justo enfrente de los elementos federales, esto no tiene nada que ver en si los ocupantes estaban vinculados o no al narco, se trata de que los delincuentes están atacando a sus víctimas en sus propias narices y es una burla”, expuso un elemento del Mando Mixto Policial adscrito a Los Cabos.

La camioneta Honda CRV de color blanco era perseguida varias cuadras atrás, incluso en su afán por huir de los agresores intentó escapar y entrar al hotel resguardado por gendarmes, pero quedó en el acceso, donde recibió una fuerte descarga de rifles automáticos. Después se conformó un fuerte dispositivo de seguridad en la búsqueda de los agresores, que hasta la noche mantenía en vigilia a las fuerzas federales, quienes establecieron operativos y retenes en varias colonias a la redonda.

El resultado, según el reporte obtenido, fue de cinco personas ocupante del vehículo, tres de ellos hombres -dos son jóvenes-, una mujer y un niño; de los ocupantes, tres resultaron lesionados por disparos de arma de fuego. Hasta el cierre de esta edición, no se dieron a conocer mayores detalles del atentado.

Anteriormente ese hotel fue escenario de una masacre y de recurrentes balaceras:

* Al mediodía del 16 de diciembre de 2016, un comando armado abrió fuego contra la habitación número 22, entre ocho y diez disparos de arma de fuego desde un pick-up dorado en circulación.

* A las diez de la noche del 6 de enero de 2017, una pareja armada ingresó al hotel y penetró la habitación marcada con el número 18, donde había cuatro personas (tres masculinos y una femenina); en el sitio quedaron tres hombres sin vida, mientras que la mujer pereció camino al Hospital General de San José del Cabo.

Se sabe que los dueños del hotel decidieron cambiar el nombre debido a la imagen que proyecta tras el hecho de sangre, sin embargo, cabe destacar que cada rincón ahora es escenario de balaceras, aún se encuentran elementos de seguridad de la Federación.

Los niveles de inseguridad han sido desbordados, incluso el 7 de septiembre de este año quedó evidenciada la mala coordinación y el mal trabajo que se ha realizado, esa tarde, pasadas las cuatro, se informó del cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino en el arroyo del Vado de Santa Rosa. Los presuntos sicarios viajaban a bordo de un pick-up de color blanco, la cual portaba material de construcción en la cajuela.

Tras una persecución, efectivos de la Secretaría de Marina lograron la detención de cuatro tripulantes, tres hombres y una mujer; sin embargo, fueron puestos en libertad y, 48 horas después, se cumplimentaron las órdenes de aprehensión.

“La cuestión es que nosotros como fuerzas federales no podemos realizar ese tipo de detenciones si no hay una autoridad civil para el apoyo, por eso en cuanto fueron detenidos sabíamos que no había mucho, pero las instituciones locales han dejado de lado su acción, y nosotros estamos atendiendo en la medida de lo posible la demanda ciudadana”, externó el efectivo militar.



Con total impunidad sicarios ingresan a viviendas, negocios o en las calles, ejecutan y se retiran sin ser vistos por las autoridades, las cuales se han hecho a un lado por miedo a equivocarse.

Pero lo que la Federación, en estos casos militares de la Sedena, Marina y Policía Federal desconocen, es una paralización de las fuerzas locales para atender la demanda de la ciudadanía, hay extrema precaución de las cabezas institucionales en otro tipo de procesos. Álvaro de la Peña Angulo, secretario general; Ismael Sigala Páez, subsecretario de Seguridad Pública estatal; y Erasmo Palemón Alamilla Villeda, procurador; incluso los encargados de las direcciones generales de Seguridad Pública de los municipios, están más preocupados por atender procesos de elección en puestos, que en  las tareas que actualmente deberían desempeñar.

Nadie quiere equivocarse y que le cueste un cargo, quieren crecer más en política que incentivar la credibilidad de la gente.

“Me ofende la pasividad de los diputados que están bien apurados sacándose fotos, repartiendo despensas, para congraciarse con la comunidad, haciéndose pasar como grandes benefactores de la humanidad, los escucho en sus informes llenos de generalidades, de vaguedades, de ambigüedades y no escucho a nadie hablar de lo que más nos preocupa a todos que es la seguridad, con bombo y platillos todo el fin de semana estuvieron cacaraqueando sus resultados, ninguno que trascienda como importante”, denunció el encargado de la Asociación de Atención a Víctimas del Delito, Arturo Rubio.

Pero en el lado de justicia, la queja de policías es clara, pues arriesgan su vida portando uniformes y no actuando.

“Estamos de manos atadas, la palomilla no puede operar la estrategia para detener puchas ni a nadie, no quien se encargue de ordenar las detenciones, por eso la palomilla se encuentra atendiendo en lo que puede”, señaló un agente de la Policía Ministerial.

Para abogados litigantes del Estado, los cuales ya realizan sus cálculos sobre la labor que desempeña Erasmo Palemón Alamilla Villeda, el resultado es que el servidor público ha quedado mucho a deber: “Se está generando una impunidad espantosa, 360 muertos, sobre la base de 360 y con base a las personas que han sido consignadas, el nivel de impunidad es del 99.3 por ciento, esto es increíble, es una tierra sin Ley, donde no pasa nada”, denuncian.

CERESOS SIN LEY

La mañana del 12 de septiembre, en el interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San José del Cabo, se registró una riña entre internos y, tras varios minutos de angustia, surgió la información de que una persona había perdido la vida “producto de un arma punzocortante, una ‘puntala’ o un cuchillo hechizo, realizado con herramienta de trabajo del taller”, apuntó la fuente de seguridad.

De acuerdo al informe médico, la víctima resultó con herida punzocortante en carótida, lo que le costó la vida y murió desangrado cuando era trasladado a la unidad médica; personal del Cereso denunció ante ZETA que “es imposible mantener un control en el penal, se tienen que ir algunos personajes que están causando muchos problemas y no hay quien les pare las actividades ilícitas, si ya saben quiénes son, quienes desde dentro solicitan quién debe morir, ojalá se les prenda el foco a los jefes”.

La única justificación que ha sido presentada, es que los elementos no tienen la capacitación requerida o los exámenes de Control y Confianza, pero como denunció el elemento del penal, se requieren las condiciones laborales para poder operar, y con toda franqueza se dirigió a este medio, informando que aparte de laborar como custodio, cuenta con negocio para poder solventar y sobrellevar los gastos en el hogar.

Álvaro de la Peña Angulo, Secretario General de Gobierno, asegura que se perseguirá los homicidios de abogados y todos los ciudadanos que han sido ultimados por la delincuencia organizada.

Ante dicha denuncia, Álvaro de la Peña Angulo, secretario general de Gobierno y vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública en Baja California Sur, respondió:

“Es importante que el personal de los reclusorios estén capacitados y con mejores salarios. Están instalados los equipos de video vigilancia al interior, y tenemos posibilidad de determinar responsabilidades cuando se dan situaciones al interior del Cereso, no nada más de una agresión de esta naturaleza, sino de cualquier ilícito que se presente”.

Pero cómo conseguir que los elementos que resguardan el penal puedan actuar en contra de las “irregularidades” que se viven dentro, si ni siquiera existe el apoyo necesario para atender las necesidades básicas.

“Los dejaron ahí parados durante un buen tiempo, después les dan una hora para comer, y el problema es que los mandan con sus propios recursos, así cómo quieren que haya un buen trabajo”, denunció uno de los efectivos de la Marina, quienes sí recibieron atención e insumos en la hora de comida que recibieron.

El joven fallecido en el penal llevaba por nombre Max Daniel Peralta Pacheco, de 25 años de edad y, de acuerdo a la información obtenida, se encontraba recluido desde finales de febrero de 2014. Policías ministeriales ejecutaron orden de aprehensión girada por el juez segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, el delito imputado fue lesiones dolosas que ponen en riesgo la vida.

Desde ese entonces se encontró recluido en el penal, su condición de problemático dentro del centro, terminó cuando fue acuchillado.

“Es muy complicado poderlo controlar, porque dentro del Cereso hay talleres en que los internos se mantienen ocupados, y en una riña entre ellos, sin embargo, no va a quedar impune, el interno señalado está ahí dentro del mismo reclusorio, se tendrá que llevar un procedimiento penal como cualquier hecho que acontece”, argumentó De la Peña Angulo.

Reconoció que es complicado establecer vigilancia y evitar que los reclusos se hagan daño, lo que deja entrever que están expuestos a la furia de otros internos, o bien, que la lucha entre diferentes grupos dentro del penal sigan en disputa por la venta y distribución de estupefacientes.

“Estamos haciendo una vigilancia con diferentes corporaciones del Grupo de Coordinación, Sedena, Marina, Policía Federal, la Estatal y la Policía Municipal están haciendo recorridos constantes en la periferia de los Ceresos, principalmente en Los Cabos, que es donde tenemos que observar mucho más”, finalizó el secretario general de Gobierno.

Ha sido muy obvio el descuido de las autoridades en los centros penitenciarios, pues es claro que algunos internos que han pasado su estadía, algunos larga, otros corta, han vivido sin carencias, incluso familiares han denunciado a ZETA en múltiples ocasiones que para estar tranquilos, sin que los molesten, deben cubrir una cuota semanal.

Quien pasó tranquilamente su estadía en el penal de La Paz, fue Raúl Castañeda “El Pay”, que por haber sido boxeador olímpico, dedicó gran parte de esa estancia a entrenar a distribuidores de droga, pero no solo eso: brindaba protección a otros, llevándolo a ganarse el respeto de muchos.

“Entró y al poco tiempo se hizo de amigos, mismos que lo fueron enrolando en el movimiento dentro del Cereso, al poco tiempo ya tenía a muchos entrenando, algunos gozaban de su protección, incluso con el intercambio de celulares que él les prestaba a cambio de favores”, expresó una fuente penitenciaria.

“No pueden dentro de cuatro paredes, cómo van a poder fuera en las calles”, reveló un litigante, “conozco cómo es el movimiento adentro, y quien no tiene amistades, difícilmente la pasa bien”, finalizó.

“El Pay” fue aprehendido el 5 de noviembre de 2012, por robo con violencia, ocurrido a las afueras del banco Banamex de las calles Isabel la Católica y Juárez de la colonia Centro, en La Paz; el hurto fue de más de 165 mil pesos, perpetrado entre él y dos compañeros más.

El miércoles 6 de septiembre de 2017, Castañeda fue ejecutado en las calles Márquez de León y Chiapas de La Paz; murió al llegar al hospital.

“Cada tanto tiempo cambiaba de carro, ya eran varios en menos de dos meses, lo que hace pensar que andaba en movimiento con la delincuencia organizada”, informó un agente del Mando Mixto de La Paz.

El caso de “El Pay” es solo una evidencia más de que la impunidad, dentro y fuera de los penales, sigue siendo el pan de cada día, autoridades hacen oídos sordos en algunos casos, otras actúan sin el apoyo real que dicen tener, por lo cual es necesario:

* Aprehender a líderes criminales que siguen operando en las calles y que las propias autoridades conocen.

* Que los mandos y directivos tengan la capacidad para actuar, que sean profesionales de carrera y con intenciones de atender la demanda de la población y no sus necesidades políticas.

* Trabajar de manera coordinada y no de discurso para adentro.

* Por último, y quizá lo más importante: que haya un verdadero trabajo de inteligencia e investigación.


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADAS BCS / INVESTIGACIONES ZETA/MARTES, 19 SEPTIEMBRE, 2017 12:00 PM)