lunes, 17 de marzo de 2014

LOS PRIMEROS 23, 640 MUERTOS DE ENRIQUE PEÑA NIETO

ejecutadasencobijadasrosarito2

En sus primeros 14 meses de administración, la violencia se concentra en cinco estados: Guerrero, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. Osorio Chong decretó una disminución de homicidios dolosos de entre el 60 y 67 por ciento; 2013, igual de sangriento que 2012. Acapulco sigue siendo la ciudad más violenta, y Monte Alejandro Rubido continúa registrando “averiguaciones previas”, no víctimas
A pesar de la narrativa triunfalista del Gobierno de la República y la impactante propaganda anunciando una supuesta “disminución” en homicidios dolosos relacionados con delitos federales, a la administración de Enrique Peña Nieto se le acumulan los muertos, por miles, en sus primeros 14 meses de gestión, tanto como en su momento se le apilaron a Felipe Calderón.

Apenas el 21 de febrero de 2014, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, presumió que en enero de este año, el Gobierno Federal registró 567 homicidios dolosos ligados al crimen organizado.
violenciaedomexico1

El funcionario sospechó una disminución en las ejecuciones, debido a que en meses anteriores sucedían “entre mil 400 y mil 700 fallecimientos que tenían que ver con la delincuencia organizada; el mes de enero se llegó a 567, mil menos. Graves los 567, pero mil menos, eso habla de por qué la disminución de la violencia”.

Lamentablemente, las suposiciones del secretario de Gobernación no estuvieron sustentadas en datos duros, ni reflejan la cruenta realidad que se vive en el país; al contrario, sus dichos evidencian el discurso triunfalista, y lo más grave, la manipulación de las estadísticas sobre homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado en México.

ZETA documentó, nada más en el mes de enero de 2014, la cantidad de mil 425 homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado, que incluye “Ejecuciones”, “Enfrentamientos”, “Homicidios-Agresiones”, y los que son producto de ajustes de cuentas entre narcomenudistas pertenecientes a diversos cárteles de la droga o células de estas estructuras criminales en todo el país.

Los porcentajes imaginarios

Enrique Peña Nieto inició su gobierno el 1 de diciembre de 2012, con la promesa de que “en un año” se empezarían a ver resultados de la estrategia contra el crimen organizado, tanto que se disminuiría la violencia e inseguridad.

Catorce meses después, como al inicio del gobierno peñista, el secretario de Gobernación volvió a presumir, el 21 de febrero de 2014, una imaginaria “disminución” de la violencia:

“El primer compromiso que hizo el Presidente, el primero de diciembre de 2012, era que la violencia tenía que disminuir. Y esa violencia ha disminuido a la mínima expresión”, pregonó a todo pulmón durante el encuentro “Gobernabilidad y Estado de Derecho como Estrategia de Desarrollo”, organizado por la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA).

Lo cierto es que en los primeros 14 meses de gobierno, lo que abunda en el discurso peñista es una disparidad en los porcentajes de la supuesta disminución en las ejecuciones que a diario ocurren en el país; obviamente, los porcentajes de “disminución” varían según la opinión del funcionario federal con micrófono en mano, cada quien sugiere promedios diferentes:

El 30 de octubre de 2013, Monte Alejandro Rubido García, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), presumió en entrevista con ZETA una conjeturada disminución en homicidios dolosos relacionados con delitos federales del 12%. También en 2013, el Presidente supuso un aparente descenso en los homicidios dolosos relacionados con delitos federales, del 18 y 20 por ciento.

La disparidad en los porcentajes que cada funcionario federal presume sin aportar datos duros, evidencia una manipulación en las estadísticas, o por lo menos, una descoordinación en el supuesto porcentaje de “disminución”.

Los estados más violentos

Como en los últimos sexenios federales y estales, ZETA documentó los homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado en los primeros 14 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto.

Como ya se ha informado, se recurrió como metodología a la confrontación de las estadísticas oficiales de las procuradurías estales, secretarías de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la información recopilada por asociaciones civiles, institutos de Ciencias Forenses, registros hemerográficos en las entidades federativas y funcionarios de gobierno.

En catorce meses de gobierno peñista, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de enero de 2014, el Estado de Guerrero (gobernado por Ángel Aguirre Rivero, priista que ganó la gubernatura en la alianza PAN-PRD), continúa en primer lugar, con 2 mil 457 ejecuciones.
El segundo sitio es para el Estado de México, con 2 mil 367 ejecuciones, por cierto, entidad natal de Enrique Peña Nieto, que éste gobernó entre 2005 y 2011, y que actualmente administra el también priista Eruviel Ávila.

El tercer puesto lo ocupa el Estado de Chihuahua, con 2 mil 005 ejecuciones, entidad gobernada por el también priista César Duarte
Y Jalisco, gobernado por Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, del partido tricolor, se ubica en cuarto escaño, con mil 766 ejecuciones.
Michoacán, en quinto lugar, con el gobierno del “panista” Fausto Vallejo, llegó a mil 738 ejecuciones; mientras tanto, Sinaloa, gobernado por Mario López Valdés, sumó mil 516 muertes relacionadas con el crimen organizado; y en Baja California, con el panista Francisco Vega de Lamadrid, la cantidad ascendió a 986 ejecuciones.

En total, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de enero de 2014, este Semanario registró, en la administración de Enrique Peña Nieto, 23 mil 640 ejecuciones, producto de la guerra contra el crimen organizado que mantiene el Gobierno Federal y los enfrentamientos entre cárteles de la droga en el país.

2013, igual de sangriento que 2012

El ritmo de ejecuciones en México no ha variado entre el último año de gobierno de Felipe Calderón en relación con el primero de Enrique Peña Nieto. En los últimos dos años, las ejecuciones se mantuvieron en el mismo nivel: 20 mil 571 ejecuciones registradas en 2012, por 20 mil 156 documentadas en 2013.

Cabe señalar que el Gobierno Federal reconoció 21 mil 728 averiguaciones previas por homicidio doloso en 2012, mientras que en ese mismo año, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) documentó 26 mil 037 defunciones por homicidio doloso.

Mientras tanto, el gobierno de Enrique Peña Nieto, solo reconoce 18 mil 147 averiguaciones previas por homicidio doloso en 2013; hay que recordar que el INEGI, en los próximos meses de 2014, dará a conocer la cantidad real de defunciones por homicidio doloso correspondiente a 2013, que se espera superior a los “expedientes” de homicidios dolosos difundidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Tijuana, la tercera ciudad más violenta

En el gobierno de Enrique Peña Nieto, el puerto de Acapulco sigue siendo la ciudad más violenta, con 883 averiguaciones previas por homicidio doloso registradas solo en 2013, según la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. Mientras tanto, el Distrito Federal ocupó el segundo lugar, con 753 “averiguaciones previas” por homicidio doloso, también en 2013.

Tijuana, la “ciudad modelo” en cuanto seguridad tanto del gobierno de Calderón como de Enrique Peña Nieto, ocupa el tercer lugar con 564 homicidios dolosos sucedidos en 2013; incluso, en todo el estado, ZETA documentó 865 ejecuciones en el mismo año.

Tijuana se perfila para superar la cantidad de ejecuciones de 2013, tomando en cuenta que en los primeros dos meses, este Semanario registró 105 ejecuciones en solo 64 días.

Culiacán ocupó el cuarto sitio con 479 “averiguaciones previas” por homicidio doloso en 2013, mientras que Ciudad Juárez se ubicó en el quinto escaño, con 453 en el mismo periodo.

Gobierno cuenta expedientes, no víctimas

El gobierno de Enrique Peña Nieto registra “averiguaciones previas” y no víctimas; la administración dio a conocer recientemente que en 2013 registró 18 mil 147 “averiguaciones previas” por homicidio doloso; por lo tanto, la cantidad real de víctimas está muy lejos del número de averiguaciones, pues un expediente puede tener más de una víctima.

En su oportunidad, en ZETA se preguntó a Monte Alejandro Rubido, del Sistema Nacional de Seguridad, cuándo se modificará el formato para registrar víctimas por homicidio y no el número de expedientes, y prometió: “Estamos platicándolo con cada una de las procuradurías, porque precisamente lo que necesitamos es que tengan una capacidad homogénea para responder; no nos podemos dar el lujo de que unas entidades puedan estar respondiendo en tiempo y forma, y otras no, porque entonces generamos distorsión en la base de datos que hay en el Secretariado”.

Hasta la segunda semana de marzo de 2014, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública continuaba registrando “averiguaciones previas” y no víctimas.


Ciudades más violentas en el sexenio de Enrique Peña Nieto en 2013

Mapa cifras mexico

 

LUGAR CIUDAD HOMICIDIOS
1 Acapulco, Guerrero 883
2 Distrito Federal 753
3 Tijuana, Baja California 564
4 Culiacán, Sinaloa 479
5 Ciudad Juárez, Chihuahua 453
6 Ecatepec, Estado de México 312
7 Guadalajara, Jalisco 297
8 Monterrey, Nuevo León 266
9 Zapopan, Jalisco 258
10 Chihuahua, Chihuahua 251


FUENTE: Procuradurías estatales
raul miranda ordaz, "el 300"

La muerte de “El 300”

“Purga” de narcomenudistas

Las primeras líneas de investigación ubican a los hermanos Roberto y Rafael Toscano Rodríguez,  identificados como “Los Cuates” y parte de una célula del Cártel Arellano Félix, como los presuntos responsables del homicidio de Rogelio Alonso Castillo González “El 300”, presunto controlador de la venta de droga al menudeo en la Zona Norte de Tijuana, para una fracción del Cártel de Sinaloa.

El informe oficial indica que0 el mafioso estaba amenazado por otros criminales, y la madrugada de su muerte, le avisaron que iban por él al bar Las Pulgas, que por eso se fue al hotel hasta donde llegaron los homicidas a matarlo.

De acuerdo a la versión oficial en poder del Grupo Coordinación, recabada en declaraciones de testigos y familiares, el hombre asesinado a las 05:20 horas del lunes 10 de marzo, a las puertas de la habitación 14 del hotel Segovia, ubicado en el callejón Pío Pico en Tijuana, es el apodado “El 300”.

Hasta antes de esos dichos, las autoridades adjudicaron durante tres años ese apodo a otra cara, la de un hombre que ha sido detenido con el nombre de Raúl Miranda Ordaz, incluso en su ficha oficial de ingreso al sistema carcelario bajacaliforniano, está identificado como “El 300” o “El Rulas”. Ante el evidente error, las corporaciones lo ubican como criminal, como parte del Cártel de Sinaloa, pero desconocen su apodo.

Hoy las versiones dadas por la familia de Castillo González, son aceptadas por la autoridad: confirma que el muerto es el  hombre que controlaba la venta de droga en la zona de tolerancia de Tijuana, apodado “El 300”.

En cuanto a sus jefes criminales, el Consejo de Seguridad de Baja California lo posicionaba originalmente en una de las células de René Arzate, sin embargo, en las nuevas indagatorias lo transfieren a otro organigrama delictivo, bajo la sombra de los hermanos Beltrán Cabrera, cuyo jefe directo es José Soto Gastélum “El Tigre”, el sinaloense que proveyó de droga a los hermanos García Simental en su pugna contra Fernando Sánchez Arellano (2008-2010).

Los testimonios aseguran que gozó su mejor época como traficante en los años 2010 y 2011, en ese año, las fuerzas del orden  le atribuyen el intento de homicidio cometido en contra de Luis Manuel Toscano Rodríguez “El Mono”, líder del tráfico de drogas en la zona norte para el Cártel Arellano, que no había terminado por rendirse a los sinaloenses. Este hecho también es usado por la autoridad para identificar positivamente al criminal, ya que en declaraciones previas, otros delincuentes afirmaron que cuando “El 300”  creyó haber asesinado a “El Mono”, le puso los cuernos a la calavera que traía en el pecho, tatuaje que ostentaba el muerto del lunes 10 de marzo. Hasta ahí los elementos de prueba de identidad, según la autoridad.

Los presuntos responsables de la muerte de Alonso Castillo son precisamente hermanos de “El Mono”, y los antecedentes que los implican en el homicidio, radican en que los testigos los identificaron con el apodo de “Los Cuates”, que corresponden a la media filiación y descripciones dadas, además, ellos lo habían amenazado de muerte semanas antes, en presencia de testigos. Según personas cercanas al occiso, les comentó que ya habían intentado asesinarlo en fechas recientes, cuando escapó de una balacera previa en la calle Primera y H de la Zona Centro -13 de febrero de 2014-, donde quedó muerto otro narcomenudista identificado como Vicente Reyes.

Los testigos también aseguran que el traficante llevaba más de seis meses sin dinero y supuestamente bloqueado en sus actividades criminales, tiempo durante el cual había vivido en el hotel Segovia sin pagar.

De acuerdo con las autoridades, oficialmente el homicidio es parte de las actividades de Toscano como líder de célula de lo que queda del CAF e intentan recuperar zonas, sin embargo, algunos investigadores lo consideran un “ajuste de cuentas” del Cártel de Sinaloa con su empleado criminal.

Los presuntos homicidas estarían integrados a la célula delictiva de su hermano, Luis Manuel Toscano Rodríguez “El Mono” (32 años, originario de Manzanillo, Colima), quien tras recuperarse del atentado en 2011, regresó a Tijuana. En 2010, la Procuraduría General de Justicia del Estado solicitó una orden de captura en su contra  por el secuestro de una mujer estadounidense liberada el 21 de julio del mismo año, orden que evadió con un amparo. Fue arrestado en octubre de 2013 por “detonar un arma”, el hombre que lo acompañaba se echó la culpa, él salió libre y, como la Procuraduría General de la República no acreditó que hubiera estado en posesión del arma 9 milímetros con la que fue consignado, fue puesto en libertad.

Amenazan a corresponsal de Reporteros Sin Fronteras

La periodista Balbina Flores Martínez, corresponsal de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en México, y que comparte oficinas en las instalaciones de la revista Zócalo, expresó a través de ZETA que recibió una amenaza, vía telefónica, el miércoles 12 de marzo de 2014:

“Es una llamada de una persona que se identifica con el nombre que ahí se da (Omar Treviño), y obviamente pregunta directamente por mí, no duda en el nombre, es muy directo: ‘¿Es usted la licenciada Flores?’, yo le contesto ‘sí’. Dice, ‘yo la vengo investigando hace quince días, sé quién es usted, qué hace, a qué se dedica, y cómo trabaja’; en ese sentido, es una llamada muy directa.

“No quisiera imputar a alguien directamente, lo único que te puedo decir es que sigo varios casos de distintos estados de la República, he estado viajando últimamente de forma más seguida a Veracruz, Michoacán, Guerrero, la zona Centro, que es como más sensible ahora, sin descuidar la zona Norte; pero sí son los estados donde he estado recientemente, zonas muy conflictivas. Estuve regresando de Michoacán hace dos días”.

La periodista no minimiza la posibilidad de que la amenaza tenga que ver con el ejercicio periodístico que viene realizando en diversas zonas del país: “No lo descartaría en el sentido de que me muevo más sobre esa zona, la persona que llama, refiere venir de Michoacán; entonces, sin hacer una atribución directa, sabemos quién se mueve en Michoacán”.

Balbina Flores expresó que ya puso la denuncia ante la Fiscalía Especial de Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de  Expresión, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), y que recibe las medidas de protección de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

 (SEMANARIO ZETA/  marzo 17, 2014 12:01 PM )

INMOLARSE POR LA JUSTICIA EN TIJUANA

manifestante quemado mxli 3b  

El gobierno de Francisco Vega de Lamadrid ha registrado ya, dos casos de suicidios públicos, ante la denunciada indolencia del sistema mexicano. El primero, un deportado que se aventó de una torre de la Comisión Federal de Electricidad en Tijuana; el segundo, un hombre que el Poder Judicial determinó era inocente, tras pasar once años en prisión. La administración de Kiko no lo atendió correctamente, a pesar de la amenaza de suicidarse. En su desesperación, se prendió fuego en pleno Centro Cívico, en el corazón político de Mexicali. En el caso del que fue liberado, una madre pide justicia para sus dos hijos asesinados en 1997


otra de tijuana“Me voy a suicidar, y dicen que los muertos no echamos mentiras”,  dijo en abril de 2002, en su primera declaración judicial, José Guadalupe Macías Maldonado, tras ser detenido y encarcelado, acusado del asesinato -cinco años atrás- de los hermanos Bárbara y Carlos Morales Persson. Estuvo 11 años en la cárcel y, en enero de 2013, fue liberado tras la instrucción del Tribunal Colegiado del XV Circuito, el cual ordenó al Juzgado local, la reposición del atropellado proceso judicial que se le había seguido.

El mediodía del viernes 7 de marzo, Macías Maldonado se prendió fuego ante decenas de testigos en la principal plaza pública de Mexicali. En pleno Centro Cívico, en la plazuela que circundan el edificio del Gobierno del Estado, el del Congreso, el Poder Judicial y el Ayuntamiento.

Dos meses antes, Macías Maldonado interpuso un reclamo de indemnización por reparación patrimonial por 11 millones de pesos -un millón por cada año que pasó encarcelado- contra la Procuraduría de Justicia del Estado; y un día antes de auto inmolarse, se entrevistó con la procuradora Perla del Socorro Ibarra para presentarle su caso, advirtiéndole que se prendería fuego.

De hecho, ese mismo viernes, el hombre acudió a las oficinas gubernamentales para solicitar apoyo -estuvo en la oficina del gobernador, pero no fue atendido- y de ahí salió por un galón de gasolina, el cual derramó sobre su cuerpo y, pese a la intervención de agentes municipales, alcanzó a activar el fuego con un encendedor accionado por él mismo.

Horas después trascendió que, debido a las quemaduras que tenía en cerca del 90 por ciento de su cuerpo, José Guadalupe Macías Maldonado falleció en el Hospital General.

Su acción desparramó culpas para todos lados, evidenciando una serie de irregularidades en el proceso judicial, ya que en los cerca de 13 años de “investigación”  desaparecieron pruebas -cabellos, sangre, huellas del asesino de los hermanos victimados-, lo que propició su liberación. Aparte, quedó expuesta la desatención gubernamental para este tipo de “fallas” del sistema de procuración de justicia.

“¿Dónde está la justicia?”, se pregunta Virginia Persson de Morales -madre de los dos jóvenes asesinados-, quien asegura que el proceso se caracterizó por el desaseo, sobre todo por la serie de pruebas relacionadas con el caso y que no fueron resguardadas.

En lo que ella misma considera la primera entrevista donde habla sobre el tema, la titular de la Notaría Pública Número responde a ZETA en cuanto a qué hacer, qué sigue en el procedimiento judicial en torno al crimen de sus dos hijos.

“Yo ya le dejé la justicia en manos de Dios…”, refiere la abogada en esta dramática historia que lleva 17 años de vaivenes judiciales, y que incluye a seis gobernadores y siete procuradores.

Cacería

manifestante quemado mxli 8b

Para detener a José Guadalupe Macías Maldonado -nacido el 12 de diciembre de 1957 en Encarnación de Díaz, Jalisco-, las autoridades bajacalifornianas encabezaron una verdadera cacería que abarcó estados como Sonora, Jalisco, Aguascalientes, Nayarit y, por supuesto, Baja California. La orden de aprehensión había salido el 9 de mayo de 2001 por la causa penal 226/2001, y para cumplimentarla, se detectó un larguísimo historial delictivo de Macías, quien también se hacía llamar Jaime Gómez Hernández, José Carlos González Hernández y/o Carlos Benítez.

En octubre de 1995, en Aguascalientes, su hijo José Ángel Macías Gómez, de cuatro años de edad, procreado con Lidia Gómez Romero, de oficio meretriz, falleció en extrañas circunstancias. En Jalisco se le acusó de fraude y robo, y en Tijuana, encontraron su ficha en el penal de la Mesa, pero a nombre de José Carlos González Hernández, señalado de falsificación de dólares -proceso 450/97-. Se le detuvo en noviembre de 1997, pero logró quedar libre el 3 de febrero del año siguiente. Cuando los agentes que lo buscaban llegaron al penal, Macías tenía tres días de liberado. En la búsqueda dentro de la penitenciaría, los agentes se toparon con una mujer, Laura Navarro Arreola, quien dijo haber sido violada por Macías en Mexicali -en 1982-, donde vivió un tiempo en un hotel del centro de la ciudad, convivía con una entretenedora de nombre Julieta y después de meses, desapareció del hotel sin pagar. Ahí lo buscó una persona, asegurando que Macías “le había ganado con el dinero de la venta de cerveza en la Plaza Calafia”. Quienes lo conocían, lo acusaban de mal carácter, agresivo, conflictivo.

Las dudas

La madrugada del sábado 14 de junio de 1997, cerca de las cuatro de la mañana, Bárbara Morales Persson llegó a su domicilio -en el número 1002 de la calle Valle del Fuerte- en Jardines del Valle, después de cerrar el bar de su propiedad, el Celebrity, ubicado por el Bulevar Benito Juárez, frente al hotel Araiza Inn. El bar se había convertido en el centro de reunión de un grupo de treintañeros de la clase pudiente mexicalense.

inmolado, en pleno centro civico

Al llegar a su domicilio a bordo de una camioneta Explorer modelo 1991, la mujer abrió la reja automática, metió el auto en la cochera y bajó de nuevo la reja. Un hombre la esperaba ya dentro del domicilio, y alertado por los gritos, su hermano salió corriendo -en calzoncillos- solo para atestiguar cómo su hermana mayor recibía un balazo en la cabeza. Al intervenir, el sicario volteó hacia Carlos Morales y le disparó en dos ocasiones, la primera en el tórax, la segunda, en la cabeza. Los cuerpos semicruzados quedaron en medio de un charco de sangre. El asesino trató de salir por la puerta, pero estaba cerrada, disparó contra el cerrojo metálico pero nunca se abrió, por lo que tuvo que brincar la barda.

En el lugar quedó una gorra -tenía restos de cabello-, además su sangre, pues al parecer una de las balas contra la puerta le hirió también encontraron sus huellas dactilares. Los vecinos que se despertaron por los tronidos, alcanzaron a escuchar unos quejidos, luego, un auto compacto gris que salió a toda velocidad.

Los jóvenes eran miembros de una connotada familia mexicalense, hijos del notario José Luis Morales Alessio y de Virginia Persson, titulares de la Notaría Pública Número Uno. En ese entonces, Héctor Terán Terán era el gobernador del Estado de Baja California, y José Luis Anaya, el procurador.

En las primeras investigaciones, se incluyó a un grupo de hombres que llegaron esa noche al bar, no consumieron y luego se retiraron, además de un pleito que había tenido Carlos con uno de sus amigos, o el marido de una mujer con la que salía. Todas las hipótesis se desvanecieron.

Poco se siguió en la investigación el caso de un hombre, José Alfredo Lucero Castro, quien frecuentaba el bar -le apodaban “El Gorrón” porque nunca pagaba-, quien apareció ejecutado un mes después en un baldío de la colonia Granjas Santa Cecilia.

Mucho menos se dio seguimiento al tema de los resultados positivos en uso de cocaína que dieron los cuerpos de los dos hermanos asesinados.

Luego trascendió un dato, referido a un hombre que en mayo de ese año deambuló por el fraccionamiento buscando la casa del ex alcalde y político Eduardo Martínez Palomera. Según esa persona -quien portaba una credencial del Partido Revolucionario Institucional, nombre de Jaime Gómez Hernández- había escuchado una conversación entre dos tipos que viajaban en autobús a Mexicali, quienes planeaban secuestrar al empresario mexicalense.

El hombre, que acudió varias veces a la casa del ex presidente municipal, fue detenido y acusado de intento de secuestro, pero se le liberó por falta de elementos. En octubre, después de perpetrado el crimen, las autoridades empezaron a recabar datos, elementos, dichos y declaraciones en torno a la posibilidad de que el individuo tuviera que ver con el crimen de los Morales Persson.

En mayo de 2001 se emitió la orden de aprehensión, cumplimentada el 25 de abril de 2002 en Jalisco. Una versión anota que fue la mujer con la que en ese tiempo convivía la que lo delató, aunque allá no había trascendido que en Baja California se ofrecía una recompensa por su captura.

Lo incriminaban por una serie de elementos, como el que estuviese herido en el tiempo que asesinaron a los Morales, que su sangre fuese tipo O positivo, igual que los restos localizados en el lugar del crimen, por su largo historial delictivo, por sus visitas a Jardines del Valle, por la gorra, por declaraciones de conocidos, familiares… todo un cerco en su contra.

Macías Maldonado siempre alegó su inocencia, a ZETA mandó varias cartas y, en abril de 2005, se publicó un amplio reportaje sobre las anomalías del caso. “Soy un chivo expiatorio con el que la PGJE tenía la necesidad de fabricar un culpable a como diera lugar para tener tranquila y satisfacer la demanda de justicia de la familia Morales Persson”, sostuvo en la misiva publicada por este Semanario en diciembre de 2004. En la primera condena recibió como pena 50 años de prisión, y luego de una apelación, la sentencia se redujo a 37 años y medio.

En septiembre de 2010, en la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se presentó una solicitud de amparo al Tribunal Colegiado del XV Circuito contra el Tribunal Superior de Justicia y el Juzgado V Penal, encabezado entonces por la ahora magistrada Sonia Mireya Beltrán. El  Tribunal Colegiado del XV Circuito analizó una serie de contradicciones en el procedimiento, como el caso de la sangre, las huellas dactilares -hubo al menos tres peritajes, diferentes entre sí- los careos y el cabello localizado. El Tribunal federal resolvió que el Juzgado V debía reponer el procedimiento, sobre todo en esos puntos.

El expediente regresó al Juzgado, pero 15 años después de suscitado el crimen, resultó que las evidencias se habían “desvanecido”, ya no había ni cabello, ni sangre, las huellas dactilares tenían peritajes disímbolos y los careos fueron infructuosos, por lo que el 17 de enero de 2013, José Guadalupe Macías Maldonado fue puesto en libertad.

De ahí, iniciaría un peregrinaje denunciando públicamente su caso, exigiendo que todos los funcionarios involucrados reconocieran su error. El 18 de enero de 2014, auxiliado por el abogado Leonardo Gutiérrez, interpuso un Reclamo de Indemnizaciones por Responsabilidad Patrimonial por cerca de 11 millones de pesos contra la Procuraduría General de Justicia del Estado. En su peregrinar tocó puertas, y todavía el jueves 6 de marzo se entrevistó -acompañado de un reportero del diario La Crónica- con la procuradora Perla del Socorro Ibarra, a quien le advirtió, se prendería fuego. Al día siguiente, Macías acudió de nuevo al edificio estatal, hizo guardia en la Oficina del Ejecutivo, nunca fue recibido y de ahí salió solo por el galón de gasolina, prendiéndose fuego públicamente, en plena plaza cívica.

Desaseo

Virginia Persson de Morales encabeza la Notaría Número 1 en Mexicali. Su esposo, José Luis Morales Alessio, falleció el 25 de noviembre de 2005. Uno de sus hijos, José Luis Morales Persson, aparece como titular dela Notaría 16 en Tijuana.

Seria, de carácter fuerte, la abogada recibe al reportero de ZETA. Pide no grabar y aclara que es la primera vez que hablara públicamente sobre el tema de sus hijos. Parece llevar en su memoria la síntesis del expediente judicial y estar segura de que Macías Maldonado tuvo que ver con el doble crimen de Bárbara y Carlos.

“¿Qué pasó? ¿Dónde está la justicia? A mis hijos nadie me los va a reponer, ahora él queda como una víctima”, refiere la abogada y notaria, insistiendo al reportero que debe investigarse todo el historial delictivo de Macías.

Reseña lo que fueron cinco años de pesquisas judiciales, del seguimiento. El tema de las huellas encontradas, de la sangre, de los cabellos, la gorra.

“¿Cómo es posible que no se hayan rescatado esas evidencias?”, se auto cuestiona la abogada. Refiere el tema de las declaraciones de la sobrina de Macías, del temor que le tenían sus familiares, del secuestro de un casacambista que reconoció al ahora inmolado entre sus captores. “Eso no lo sabe el público”, insiste la notaria, para después exponer elementos básicos, como la pericial dactiloscópica que tuvo variantes, según cada uno de los peritos. Todo eso obligó a que se tuviera que reponer el procedimiento, lo cual suscitó que se descubriera que las evidencias del caso no habían sido resguardadas, factor que a su vez, posibilitó la liberación de José Guadalupe Macías.

“Fue un completo desaseo”, acusa Persson en relación al trabajo en la Procuraduría.

Cadena de ineficiencias

Para Herman López Frank -presidente del Colegio de Abogados-, la acción de Macías Maldonado básicamente está cuestionando el sistema de procuración de justicia.

“La justicia sí se hizo, los órganos jurisdiccionales cumplieron su cometido para dejarlo en libertad. Es la Procuraduría la que metió de nueva cuenta a un inocente a la cárcel, no reunió los elementos necesarios para que la persona permaneciera en ella”, expresa el abogado, para después señalar prácticas como la investigación del Ministerio Público, de la fabricación de culpables para justificar su trabajo.

“Hay una doble deficiencia”, asevera López Frank en relación a la detención y encarcelamiento del auto inmolado, pero además, en el crimen de los Morales Persson, que nuevamente regresa a la impunidad, “la sociedad queda indefensa ante el hecho de que la Procuraduría de Justicia no persigue realmente a los probables responsables, y en este caso, después de once años, es cada día más difícil, seguramente la Procuraduría dio por terminada la investigación, hay desvanecimiento de datos, los indicios de quienes participaron en el homicidio, si no lo hicieron en el momento, ahora va a ser más difícil”.

Aun así, el especialista considera que lo principal, es el daño moral que se ocasionó a Macías Maldonado, y enumera la cadena de ineficiencias, en la condena, en el seguimiento después de su liberación y donde el Estado se lava las manos, ni siquiera pide disculpas, reconocen su inocencia, pero no hacen nada por resolver su problema de daño moral.

De acuerdo al presidente del Colegio de Abogados de Mexicali, el Estado aún tiene la responsabilidad de indemnizar a los familiares del ahora occiso.

El lunes 10 de marzo, el cuerpo de Macías fue sepultado, mientras que la mañana del día siguiente se presentaron sus familiares -Blanca Estela García Macías y una sobrina de ella-, quienes junto con los abogados, encabezaron una rueda de prensa donde expusieron largamente lo sucedido, mostraron la copia de la demanda interpuesta ante el Gobierno del Estado y enumeraron las fallas desde la esfera judicial.

En la sesión con la prensa también participaron integrantes de los diversos colegios de abogados, señalando que se formará una comisión entre éstos para dar seguimiento al caso.

En contraparte, aún retumban las palabras de la notaria Virginia Persson de Morales, madre de Bárbara y Carlos, la pareja de hermanos asesinados en Jardines del Valle:

”Si él (Macías) fue, él solo se castigó. Si no fue él, eso lo llevará en su conciencia la Procuraduría de Justicia del Estado. Todo el Poder Judicial está muy mal…”.

Palabras oficiales

Procuradora: “Hay que ver si ya operó la prescripción”
Gobernador: “Sí se le atendió”

“Es un procedimiento que se inició hace más de once años, y ahí hay un ejemplo de que el Nuevo Sistema trae otro tipo de procedimientos que llevan a la transparencia en cuanto al seguimiento y las resoluciones que se hagan al respecto. A mí no me toca calificar si fue bien llevado el proceso, hay una sentencia que es absolutoria y que vino en un término por los recursos, por los ofrecimientos de pruebas que vimos durante ese procedimiento, que llevaron a un término de once años. A mí no me tocaría decir si hubo o no errores, creo que en las instancias se revisaron, con el resultado que tuvieron”.

En el caso de los Morales Persson, “queda de alguna manera inconclusa la investigación que se realizó. Hay que ver si ya operó la prescripción, si no operó, y nosotros (poder) darle el seguimiento que se requiera por parte de Procuraduría”. ¿Tendrían que empezar de nuevo? Más que nada el continuar con un trabajo que, con este resultado, se queda pendiente”.- 

Perla del Socorro Ibarra, procuradora de Justicia de Baja California

“Es un hecho muy lamentable, son eventos que a uno lo conmocionan, quiero también resaltar la valentía del agente de la Policía Municipal, quien sin pensar más allá que hacer su trabajo, se acercó a tratar de sofocar a esta persona”.

Del apoyo estatal, el gobernador respondió: “Estuvo buscando apoyo desde la familia, algunas instituciones de los gobiernos, tomó la decisión de cometer esa acción que a todos nos entristece. Los gobiernos atienden puntualmente las solicitudes, y hay un procedimiento para la entrega de los recursos, claro que se le atendió”.

¿No se tienen que revisar los procedimientos, parece que hubo indolencia?, se lanza la pregunta, y Kiko Vega contesta: “Se revisa absolutamente todo, todos los procedimientos tienen un camino, forma. La solicitud del señor se presentó como muchas otras, miles que se estaban manejando de esa manera. Lamento muchísimo el acontecimiento”.-

 Francisco Vega de Lamadrid, gobernador del Estado de Baja California

FESTEJO EN ROSARITO TERMINA EN BALACERA: 4 MUERTOS Y 11 HERIDOS



De acuerdo a un comunicado de prensa, la Dirección de Seguridad Pública Municipal del VI Ayuntamiento de Rosarito informó que la noche del domingo 16 de marzo, cuatro personas perdieron la vida y 11 más resultaron heridas con lesiones en diferentes partes del cuerpo producidas por armas de fuego.

El reporte en el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando C4 informó de los hechos se registraron en la delegación municipal de Primo Tapia alrededor de las 20:40 horas de ayer domingo.

“Al lugar de los hechos arribaron agentes de la policía municipal, los cuales se percataron que había varias personas lesionadas por proyectiles de armas de fuego, por lo que rápidamente pidieron apoyo a la Cruz Roja Mexicana”, menciona la tarjeta informativa.

Por último, señala que a decir de los testigos oculares comentaron que  los presentes se encontraban en un festejo cuando escucharon las detonaciones producidas por rifles de alto calibre.

“De inmediato, los agentes de la policía ministerial acudieron así como el agente del ministerio público se presentaron para dar curso a las  investigaciones correspondientes por los sucesos ocurridos y con el objetivo de dar con el paradero de los presuntos responsables”.

PGJE: 3 MUERTOS Y 7 HERIDOS

Mientras que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que en los hechos registrados en la zona conocida como Los Arenales en Ejido Primo Tapia, resultaron tres personas sin vida y siete heridos.

A través de un comunicado, señala que personal de la procuraduría, localizó en el lugar de los hechos,  los cuerpos sin vida de dos personas; uno de ellos,  un hombre identificado como Héctor Gerardo Tapia de 37 años de edad con un orificio producido por arma de fuego y Adrián Gómez Carballo de 11 años de edad, con orificio producido por arma de fuego en la cara.

Los agentes ministeriales, localizaron dos vehículos probablemente involucrados en los hechos, siendo estos un Mercedes Benz, color negro, placas de California y un vehículo marca Ford pick up F-250, placas de California.

Elementos de Servicios Periciales embalaron en la escena del crimen 15 casquillos percutidos calibre 7.62 x 39 y dos casquillos 9 mm.

“Posteriormente, la autoridad ministerial fue notificada del hallazgo de otra persona sin vida, relacionada con los mismos hechos relatados anteriormente, el cual fue localizado a bordo de un vehículo Jeep Rubicon, placas de California al exterior del hotel Don Luis, sobre el bulevar Benito Juárez.

“Se trata de un sujeto masculino de 30 años de edad, identificado como Tomás Llamas García, con una herida producida de arma de fuego en el abdomen.

(ZETA GENERAL/  Redacción / marzo 17, 2014 12:00 PM)



OTRA ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA YUAN YEE, EX ALCALDE DE LORETO, BCS




La Paz, B.C.S.- El domingo 16 de marzo, alrededor de las 20:45 pm,  al ex alcalde de Loreto, Yuan Yee Cunningham y a su ex tesorero, Óscar Aguiar Yee, les fue notificado en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz, una segunda orden de aprehensión en su contra por el presunto desvío de recursos federales.

La orden fue girada por el juez Primero de Distrito del ramo penal, según consta el recurso EXP 021/14

De acuerdo a información extraoficial, la segunda orden ejecutada en contra de los ex funcionarios municipales, tiene que ver con un recurso de más de 865 mil pesos, presupuesto etiquetado para la construcción de una cancha pública, y el cual supuestamente fue desviado.

Según la informes, ésta es la segunda orden de cinco que ejecutará la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del ex munícipe.

(ZETA in General/  Redacción/ marzo 17, 2014 1:00 PM)