lunes, 14 de mayo de 2018

ENCAPUCHADOS ADVIERTEN QUE USARÁN LAS ARMAS PARA RECUPERAR SUS TIERRAS EN CHIAPAS




TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Un grupo de hombres encapuchados irrumpió ayer en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán y advirtió que hará uso de las armas para recuperar las tierras de las que fueron despojados y que actualmente son ocupadas por presuntos “zapatistas”.

En un video mensaje enviado al gobierno estatal y a medios de comunicación, los hombres –armados con rifles y pistolas en mano–, todos ellos originarios de la comunidad Emiliano Zapata, dieron un plazo de 20 días para que las autoridades agrarias estatales y federales resuelvan el conflicto que mantienen con una localidad vecina por una disputa de tierras.

Indicaron que desde hace ocho meses fueron despojados por un grupo armado con fusiles “de alto calibre”, quienes se autodenominaron “zapatistas”.

Detallaron que “con lujo de violencia” éstos se apoderaron de sus tierras y sus cosechas, por lo que dejaron a 90 familias sin trabajo y comida.

Si en un plazo de 20 días el gobierno no interviene para recuperar las tierras, ellos lo harán como “autodefensa comunitaria”, advirtieron.

“Y las consecuencias y los muertos serán culpa de los diferentes niveles de gobierno, que no han hecho lo suficiente para garantizar la seguridad, la justicia y la paz en el municipio de Pueblo Nuevo”, destacaron los encapuchados, quienes se autodenominaron “Autodefensas y Guardias Comunitarias de Pueblo Nuevo”.

(PROCESO/ ISAÍN MANDUJANO/ 14 MAYO, 2018)

DECOMISAN HASTA ‘CUERNOS DE CHIVO’ BAÑADOS EN ORO A LOS AZTECAS DE JUÁREZ



La Policía Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua aseguró a la banda de Los Aztecas –brazo armado de La Línea– un arsenal de 42 armas largas, entre ellas un rifle Barret calibre 50, así como cuatro “cuernos de chivo” chapeados en oro.

Las autoridades de esa frontera informaron que durante un operativo se localizaron dos vehículos con las armas que iban a ser entregadas a un grupo de sicarios, de acuerdo a Apro.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal precisó que con este decomiso “se debilita la estructura criminal de Los Aztecas, ya que dichas armas eran de su propiedad, e iban a ser utilizadas para cometer homicidios en diferentes puntos de Ciudad Juárez”.

En total fueron decomisadas 42 armas largas, cuatro armas cortas, 77 cargadores de distintos calibres, 2 mil 749 cartuchos útiles de diversos calibres, así como equipo táctico en el interior de dos vehículos abandonados en la colonia Loma Linda.

“Se tuvo conocimiento que en dos vehículos compactos de modelo antiguo se transportaría una cantidad importante de armas de fuego, motivo por el cual se realizaron varios operativos encubiertos, logrando ubicar en el cruce de las calles Isla Barbados e Isla Tasmania, de la citada colonia, un auto de la marca Oldsmobile Alero, color gris, modelo 2003 y un Honda Accord, color verde, modelo 1994, este último con reporte de robo del 6 de mayo del 2018.

“Percatándose los agentes que en el interior de ambos vehículos se encontraban varias mochilas y bolsas, sobresaliendo de uno de ellos la punta de un arma larga conocida como Barrett, motivo por el cual procedieron a realizar una inspección en su interior, localizando un total de 42 armas largas y cuatro armas cortas, cargadores, cartuchos útiles y equipo táctico”, detalla el corporación en un comunicado.

Más de 30 unidades y cerca de 80 elementos policiacos participaron en el operativo para proteger el arsenal decomisado durante su traslado a las instalaciones de la PGR, se indicó.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal destacó que “este golpe a la delincuencia organizada fue el resultado de labores de investigación e inteligencia”.

ARMAMENTO ASEGURADO:

-Un rifle Barret calibre 50 BMG.

-18 armas largas calibre 7.62 x 39, dos de ellas denominadas “cuernos de chivo” bañadas totalmente en oro y dos más con detalles en oro.

-Diez armas largas calibre .223

-Cuatro armas largas calibre .308

-Dos escopetas calibre 12.

(RIODOCE/ REDACCION/ 14 MAYO, 2018)

TEMPORADA DE CAZA


La información cimbró a muchos la semana pasada. Más de mil aspirantes a cargo de elección popular a nivel federal, así como a presidencias municipales y diputaciones locales, decidieron desistir de su objetivo. El dato salió del Instituto Nacional Electoral. La mayoría, se reportó sin precisiones, era por la inseguridad y el temor a perder la vida. ¿En qué país se da un volumen tan alto de renuncias de candidatos a cargos de elección popular como la opción para mantenerse vivos? En ninguno, de acuerdo con los buscadores en Internet. “Este es el proceso más violento”, declaró a la agencia alemana de noticias DPA Rubén Salazar, director de la consultora de análisis de riesgo Etellekt, que difundió la semana pasada su Cuarto Informe de Violencia Política.

El informe que sirve de sustento a las afirmaciones de Salazar, señala que durante los primeros ocho meses del proceso electoral –que arrancó en septiembre pasado-, se han contabilizado 305 agresiones directas e indirectas contra actores políticos y sus familiares, de las cuales en 93 casos han sido asesinados -35 eran precandidatos y candidatos-, principalmente a nivel municipal. En seis de cada 10 casos, identificó un modus operandi utilizado por el crimen organizado, con la participación de grupos armados, violencia extrema, tortura y la utilización de armas de alto poder. La consultora lo había diagnosticado. En su tercer informe, que abarcó del 8 de septiembre al 8 de abril, registró un “notable” crecimiento de amenazas en contra de candidatos y estableció una correlación: la alta concurrencia de puestos de elección, con el aumento de violencia contra políticos y candidatos.

Parecía ser un tema cuantitativo, a mayor número de cargos en juego, los porcentajes de violencia necesariamente iban a multiplicarse. Es decir, con más de tres mil cargos de elección popular en disputa, las condiciones de inseguridad e inestabilidad en varias regiones del país arrojarían un número de asesinatos en porcentajes mayores. El análisis cuantitativo, sin embargo, no permite conocer con certeza cuáles fueron los motivos de los asesinatos con origen en el crimen organizado. Los asesinatos de este tipo suelen responder a dos variables: o se negaron a pactar con los criminales y empezaron a afectarles sus intereses, o negociaron con ellos y luego los traicionaron. En este caso, resulta extraño que el crimen organizado se diera a la tarea de asesinar preventivamente a decenas de candidatos o precandidatos.

Un seguimiento de los crímenes a políticos durante este proceso electoral que ha hecho ejecentral, muestra que los asesinatos se han concentrado en el centro del país, con incidencias mayores en Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Puebla. Los crímenes en estados con fuerte presencia y violencia del narcotráfico como Tamaulipas y Chihuahua, suman números bajos, y en Sinaloa, donde hay un fuerte choque de cárteles, no se ha registrado ninguno. Esto lleva a otra hipótesis, que se están aprovechando las condiciones de inestabilidad y tensión electoral, para viejos ajustes de cuentas. El caso que la ilustra es el de Abel Montúfar, candidato a diputado local del PRI y alcalde de Coyuca de Catalán, asesinado la semana pasada a manos, según Roberto Álvarez, vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, de la delincuencia organizada.

Pero Érit Montufar, hermano del malogrado político, afirmó en su funeral, según lo registró El Sur de Acapulco, que el crimen había sido perpetrado por sus adversarios políticos. La declaración le dio otro matiz a ese asesinato. Cuando Érit Montufar fue nombrado delegado de la Secretaría de Gobernación en febrero, resurgieron las acusaciones contra él y su familia de ser talamontes y tener nexos con el crimen organizado. Montúfar, fue señalado hace tiempo de estar detrás de varios asesinatos, entre ellos el de Juventina Villa, una líder ecologista, y su hijo, en 2012. Él siempre lo negó, pero reconoció que existe un viejo diferendo de su familia con los ecologistas y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), que degradó su lucha social y se volvió una narcoguerrilla. Uno de los asesinos de la activista, Tereso Díaz Núñez, dijo que la habían matado por la disputa por territorios para la siembra, cosecha y trasiego de droga, reveló en su momento el entonces fiscal estatal Iñaky Blanco.

¿Podría haber sido el asesinato del candidato a diputado local una secuela de las viejas rencillas en Tierra Caliente? De todos los Montúfar, de Abel no se hablaba como alguien que tuviera relaciones peligrosas o que se hubiera visto involucrado en episodios criminales oscuros como varios de sus familiares. Pero su eventual llegada al Congreso, en la dinámica de ese choque entre enemigos a muerte en Coyuca de Catalán, le ampliaba el poder político a la familia. ¿Cuántos casos similares existen, donde no está clara la línea entre un crimen para conquistar espacios territoriales y control sobre el mercado de las drogas, y donde las venganzas son el detonante de asesinatos?

Es difícil determinarlo con la información disponible hasta ahora. Pero abrir a más posibilidades la explicación de los asesinatos de candidatos a puestos de elección popular, no ayuda para a la respiración. Subraya, en cambio, la terrible debilidad institucional que priva en México donde los grupos de intereses violentos y armados pueden seguir cometiendo asesinatos sin que existan inhibidores para semejantes acciones. Lo que sí puede explicarse es que si la violencia es rampante en contra de personas tan prominentes, es porque existe la confianza de los asesinos que pueden cometer cualquier delito porque es más fácil que se salgan con la suya a que paguen por ellos. Es decir, una cara más de la impunidad, calamidad nacional.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 14/05/2018 | 04:04 AM)

MINERAS HACEN CON MÉXICO LO QUE EXPRESAMENTE LES PROHIBEN EN EU Y CANADÁ: INFORME TRINACIONAL



El informe “En balance: emisiones y transferencias de contaminantes en América del Norte”, realizado por la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), compila datos oficiales de cada una de las tres naciones que integran el TLCAN hasta el año 2013, y señala que México permite un número mucho más elevado de contaminantes por parte de la industria minera que Estados Unidos y Canadá.
El estudio se basó en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), para el territorio nacional; en el Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes (NPRI), en el caso de Canadá, y en el Inventario de Emisiones Tóxicas (TRI) para la revisión en Estados Unidos.

Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).– México omite el reporte de decenas de sustancias contaminantes producidas por la industria minera, a diferencia de Canadá y Estados Unidos. En 2013, por ejemplo, el sector minero informó a las autoridades mexicanas que únicamente emitió ocho tóxicos al medio ambiente, mientras tanto EU declaró 59 y Canadá un total de 63, reveló la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) en su informe “En balance: emisiones y transferencias de contaminantes en América del Norte”.

El reporte de 162 páginas, compila datos oficiales de cada una de las tres naciones hasta el 2013 y destaca que Estados Unidos y Canadá abarcan un número mucho más elevado de contaminantes que los registrados en México, debido a la permisividad o tolerancia excesiva de las autoridades del país con las compañías mineras, tanto las nacionales como las extranjeras, especialmente con las de origen canadiense.

El estudio se basó en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), para el territorio nacional; en el Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes (NPRI), en el caso de Canadá y en el Inventario de Emisiones Tóxicas (TRI) para Estados Unidos.

Las características de los registros de emisiones y transferencias de contaminantes de América del Norte varían de país a país.

–El RECT de México, que no es actualizado desde 2015, considera 104 contaminantes y toma en cuenta las minas de minerales metálicos (sólo beneficio); caleras y cementeras; todos los establecimientos que emiten contaminantes a aguas de jurisdicción federal; además de actividades con manejo de residuos peligrosos.

–El NPRI de Canadá estima tres veces más contaminantes que la República Mexicana, con lo que suma 346 en total, además considera la totalidad de las instalaciones y actividades mineras, salvo explotaciones de superficie y canteras con producción inferior a 500 mil toneladas.

–El TRI de Estados Unidos valora seis veces más que México, es decir, 675 contaminantes. Por si fuera poco, tiene en cuenta minas de carbón; minas de minerales metálicos (excepto las de mineral ferruginoso y de uranio); además de minas de minerales no metálicos (sólo beneficio).

En 2013, las minas inventariaron emisiones y transferencias de 79 sustancias y únicamente 15 de ellas coinciden en las plataformas de los tres países. Además, sólo siete de los 25 contaminantes con más registros del sector causantes de más de 99 por ciento de las emisiones y transferencias de las minas concordaron en América del Norte: plomo, arsénico, níquel, cromo, cadmio, cianuros y mercurio.

“En Canadá y Estados Unidos es obligatorio —no así en México— presentar registros de zinc, manganeso y cobre (y sus respectivos compuestos), todos ellos comúnmente emitidos o transferidos por minas de minerales metálicos. El fósforo total sólo se declara en Canadá, en tanto que el bario se declara sólo en Estados Unidos”, se lee.

Ante este panorama, el doctor Rodolfo García Zamora, académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), aseguró que el Gobierno de México es “totalmente omiso” a las graves consecuencias de contaminación de la tierra, el agua y el aire que provoca la minería.

“Hay ausencia, opacidad y complicidad de las dependencias federales. Por un lado hay liberalidad de la Secretaría de Economía para otorgar el territorio nacional destinado a exploración y explotación de la minería. Por el otro existe omisión y complicidad de la Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente] y la Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales], pues por los resultados parece que están totalmente subordinadas a las directrices de las grandes corporaciones mineras”, criticó.

NORMATIVIDADES MANIPULADAS

Las principales leyes federales que regulan la contaminación generada por el sector minero en Canadá, de acuerdo con el informe, son cinco: las leyes canadienses de Evaluación Ambiental y la de Protección Ambiental, la Ley de Pesca, la Ley del Transporte de Bienes Peligrosos y la Ley de Seguridad y Control Nuclear.

En Estados Unidos son siete las leyes federales que regulan la contaminación generada por el sector minero: las leyes Nacional sobre Política Ambiental, la de Aire Limpio, la de Agua Limpia, sobre Conservación y Recuperación de Recursos, de Control de Sustancias Tóxicas, Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambientales, y de Control de la Minería de Superficie y Recuperación.

En el caso de México, el análisis incluye cuatro principales leyes federales que regulan la contaminación generada por el sector minero: Ley Minera, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, además de la Ley de Aguas Nacionales. Asimismo, cuenta con seis Normas Oficiales Mexicanas (NOM) relativas a dicho sector.

En ese sentido, el doctor García Zamora consideró que en territorio nacional las normativas en términos ambientales “son buenas” sólo en la redacción pero , recriminó, “casi nunca se cumplen”o son “manipuladas” al servicio de las corporaciones.

El especialista recordó que durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en el Artículo Sexto de la Ley Minera, dicha actividad extractiva comenzó a ser considerada como preponderante sobre cualquier otra.

En el mismo tenor, el maestro Eduardo Torres Alonso, miembro del Seminario Universitario de Estudios sobre Sociedad, Instituciones y Recursos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expuso que la normatividad en México es más laxa que en el resto de América del Norte y eso lo convierte en un país “atractivo” para la inversión extranjera. Para muestra, dijo, un botón: De 290 mineras en México, 211 son de capital canadiense.

La falta de registro acarrea consecuencias importantes, afirmó. Entre ellas, no existen elementos para comparar al país con México y Estados Unidos. Además, se reducen las posibilidades de elaborar políticas con amplio espectro, que contemplen el medio ambiente y la salud pública, por ejemplo.

“Hay un visión economicista de la actividad, en donde no se considera el elemento humano vinculado a la calidad de vida de las poblaciones cercanas a las industrias mineras y a la calidad del medio ambiente “, dijo en entrevista para SinEmbargo.

Al respecto, el académico de la UAZ destacó: “Es mayor la impunidad con que operan las grandes mineras en México, a diferencia de cómo están operando en los otros países donde hay mayor grado de exigencia, de vigilancia y de cumplimiento por parte de las dependencias gubernamentales. Nuestro país es atractivo porque ha regalado el territorio. Hay impunidad total para destruir, depredar, llevarse la riqueza, sin ninguna sanción y ninguna exigencia”.

Las consecuencias, dijo, se notan en los más de 800 conflictos socioambientales, resultado del funcionamiento de la megaminería, especialmente la que es a cielo abierto. También en problemáticas serias de salud en las comunidades en donde se ejecuta la actividad.

“No hay lugar donde se realice la actividad sin que existan graves problemas de salud comunitaria a lo largo y ancho del país. Eso es resultado de la impunidad con la que operan las grandes corporaciones”, agregó.

Por lo anterior, el académico Torres Alonso sugirió a las autoridades mexicanas ampliar el catálogo de elementos por reportar, de cien pasar a los más de 300 con que cuenta Canadá y después fijar metas más ambiciosas con miras a igualar a los 675 criterios que reporta Estados Unidos. Asimismo, planteó la urgencia de contar con este tipo de documentos en lapsos de tiempo menores, pues el informe recién presentado contiene datos de hace un lustro.

“Los datos que arroja este informe son de hace cinco años, así que esta administración ya no puede hacer nada. El próximo informe tampoco va a ser inmediato, lo que hace que la próxima administración se enfrente a lo mismo”, manifestó.

(SIN EMBARGO/ IVETTE LIRA/ 14 DE MAYO 2018)

POLICÍA Y EJÉRCITO RESGUARDAN VIVIENDA EN VILLAFONTANA, EN MEXICALI; BUSCAN A DESAPARECIDO


Mexicali.- En una de las comunidades más tradicionales y de clase media alta de Mexicali, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) cateó una vivienda en busca de un cuerpo enterrado que, según familiares, podría tratarse de Diego Hernández Leyva, agente de la Policía Ministerial.

ORDEN DE CATEO

Peritos y agentes ministeriales del área de desaparecidos se encuentran en la casa ubicada sobre la calle Inglaterra, esquina con Génova, donde mantienen resguardo, y aunque oficialmente la autoridad no ha emitido información al respecto, se confirmó que se trata de una diligencia derivada de una investigación que los llevó a dicho punto.

Hasta la última información se precisó que no se había localizado ningún cuerpo, pero al resguardo del inmueble se unió el Ejército Mexicano.

Policías detuvieron momentáneamente las diligencias debido a las altas temperaturas que se registran en la capital de Baja California.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS / EDUARDO VILLA LUGO/ MIÉRCOLES, 9 MAYO, 2018 01:58 PM)

VAN 70 DENUNCIAS POR DESAPARICIÓN EN SQ, 54 EN ENSENADA


El hallazgo de distintas fosas con cadáveres, es motivo de movilización para madres de familia que además solicitan apoyo a las autoridades para encontrar sus hijos, cuyos restos temen que se encuentren en la zona suburbana

El jueves 10 de mayo fue fatal para una veintena de madres en Ensenada, ya que sus hijos varones están desaparecidos desde 2017; para muchas de estas mujeres, será el primer Día de las Madres sin sus hijos.

La lista suma 210 personas en calidad de no encontrados. El aumento ha sido drástico, de 70 denuncias vigentes en San Quintín y 54 en Ensenada este año. En 2017 se registraron 56, 20 nuevos casos en la ciudad; 36 corresponden a San Quintín.

Según Fernando Ortigoza, representante de la Asociación por los Desaparecidos en Baja California, las fuerzas de búsqueda están concentradas en la zona rural del puerto.

A pesar que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid les hizo extensivo el apoyo para localizar a sus seres queridos, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) rechazó la posibilidad de disponer de elementos para la encomienda.

Pero tras la localización de cuatro cuerpos en una fosa de Valle de la Trinidad, seis más en un pozo de San Quintín y seis inhumaciones clandestinas rumbo a la carretera a Ojos Negros, solicitaron la intervención del Gobierno Federal.

Una comitiva de efectivos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Ejército Mexicano y Policía Federal, se sumará con la asociación junto con familiares, para hacer recorridos alrededor de valles y sierras en Ensenada, donde les han informado que podrían encontrar restos humanos.

A nivel nacional se calcula que hay 35 mil personas en calidad de desaparecidas, oficialmente reconocidas, de las cuales 8 mil 988 son mujeres y 6 mil 330, menores de edad.

SE FUE CON SU AMIGO “EL CABALLO”

Armando Aguilar es un joven que al momento que desapareció, el 2 de diciembre de 2017, tenía 19 años de edad, este mes cumplió 20. Salió de su casa cuando el chofer del microbús número 64, a quien le apodan “El Caballo”, le llamó desde la puerta.

“’No te preocupes mamá, es mi amigo’, salió, se subió al camión que dio vuelta en la esquina y ya no supe más de mi bebé, era mi bebé, el más chiquito de todos, el más cariñoso”, compartió en entrevista Verónica, la madre, llorando.

Sumida en la tristeza, el martes 1 de mayo salió a las calles de Ensenada con la imagen de su hijo impresa en una pancarta. Es madre de otros cuatro hijos, pero reconoce que Armando es el más inquieto.

“En ese momento no iba a la escuela, es que mi muchacho tenía poco tiempo que se me iba a la vagancia, pero lo habíamos platicado en familia y quedamos que iba a portarse mejor. No llegó a ese día que estábamos esperando a que se pusiera bien”, compartió.
Formar parte de una agrupación en la que hay más madres buscando a sus hijos la ayuda porque tiene derechos que desconocía, como recibir información oportuna por parte del Ministerio Público y exigir seguimiento a su caso.

“No es vida, yo no duermo tranquila, no soy completamente feliz. Él me decía ‘mamá, qué me vas a hacer hoy’. Era mi bebé, de cuatro hermanos, era el más pequeño. Era alegre, muy feliz, siempre contento”, reiteró Verónica.

Difícilmente puede sostener una conversación de un par de palabras cuando se refiere a su hijo, las lágrimas apenas la dejan hablar del problema que enfrenta.

Tiene el apoyo del resto de los hijos quienes extrañan al hermano, el más alegre.

La historia se repite con Rosa, madre de Raymundo Alonso Bautista, quien una mañana desapareció cuando junto con otro amigo, Cristian Jesús Marroquí,  se encontraba dentro de un vehículo en la calle Cortez el 8 de septiembre de 2017.

La búsqueda ha sido incansable, y junto con otras madres estará presente en las movilizaciones que se lleven a cabo en Ensenada para presionar a las autoridades hasta encontrar a sus hijos.

“NO HAY NADA QUE CELEBRAR, ESTE 10 MAYO TENEMOS QUE LUCHAR”

Para Adriana Moreno quien radica en Ensenada, han sido nueve años de agonía y el tiempo de búsqueda la ha llevado a convertirse en una madre activista que ayuda a otras a dar alivio y consuelo a través de la Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec).

El caso de ella es conocido en el Estado por su incansable lucha. Su hijo Víctor Adrián Rodríguez Moreno desapareció el 11 de mayo de 2009 junto a otras dos personas en Francisco I. Madero, en Coahuila.

Él estaba de viaje en esa región por cuestiones de trabajo, ya que dejarían un vehículo de la empresa y la última vez que se les vio con vida fue cerca de gasolinera a pie de carretera.

Cuando inició con las movilizaciones estaba prácticamente sola, pero con los años, más mujeres de Ensenada, y otras de Baja California, se han sumado.

En el marco del Día de las Madres en México, Moreno viajó a Ciudad de México, donde junto cientos de familiares formará parte de la VII Marcha por la Dignidad, “Madres Buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia”.

Desde Ciudad de México, ella abrazó a las madres de Ensenada.

“Si las tuviera enfrente les dijera que esta situación es tremenda, que entiendo el temor porque no sabemos a el monstruo con el que estamos luchando,  aunque hoy ya se le comienzan a ver manos, pies y un poco de cabeza”, contrastó.

Llamó a luchar en contra de la indiferencia, que nunca se dejen convencer con el discurso de que las desapariciones son “normales” en el país: “Unidas podemos lograr más y hacer una sola fuerza, porque las autoridades nos quieren por separado”.

Aclaró que las protestas dañan la imagen de los gobiernos, pero el dolor solo lo entienden quienes han enfrentado una situación similar.

“Somos una piedra en el zapato, y aunque seamos pequeñitas, lastimamos. No perdamos la fe y continuemos haciendo fuerza, así sean dos o tres  personas con el tiempo se van a unir más personas”, concluyó.

PGJE SE APEGA A LA LEY

Cuestionada sobre la situación de los desaparecidos en Baja California, y el crecimiento de este fenómeno en Ensenada, donde las madres han decidido salir a las calles a pedir justicia, la procuradora general de Justicia del Estado, Perla del Socorro Ibarra Leyva, habló sobre la campaña que a nivel nacional está dirigiendo la Policía Federal, donde tienen muestras cuyos resultados se comparten en una base de datos.

“Se recolectaron muestras con el mismo tema para localización e identificación de personas, fue una campaña con difusión y hubo gente que fue a dejar sus muestras”, aunque no pudo dar la cifra exacta de familiares que acudieron a dejar la muestra.

Aclaró que en el trabajo que realiza la fiscalía en el tema de desaparecidos, hay casos en los que la persona pudo estar relacionada en delitos, “somos un auxilio administrativo, pero es importante resaltar que en los temas de desaparecidos, en la localización y ubicación de las personas, hay casos que han sido reportados, que no entran dentro de los parámetros porque son personas que salen voluntariamente”, advirtió.

Cuestionada sobre cuál es el mensaje que como procuradora hace llegar a las madres de desaparecidos en la entidad, Ibarra concluyó:

“Tenemos el área y unidad precisamente de Personas No Localizadas, estamos muy de lleno trabajando, muy de lleno en la nueva Ley que inició su vigencia a partir de enero de 2018, donde tenemos que adecuar nuestra legislación a la federal. Estamos obligados a trabajar en formar comisiones integradas por cualquier persona, sea o no familiar de las personas no localizadas, sino especialistas en la materia.

“Todo ese trabajo se viene desarrollando en la vigencia de esta Ley, con la Secretaría General de Gobierno, en las adecuaciones e integraciones, pero nuestra unidad trabaja al 100 por ciento en la investigación de las personas que son reportadas como no localizadas; la instrucción es esperar 24 horas, al momento que la familia considera que la persona no regresa al hogar, tiene que presentar la denuncia y no esperar ni una hora”.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / LORENA LAMAS/ LUNES, 14 MAYO, 2018 01:00 PM)

HASTA 3 AÑOS DE CÁRCEL A QUIEN GRABE O TOME FOTOS A MUJERES SIN SU CONSENTIMIENTO


La ALDF aprobó un nuevo tipo penal el cual castiga la conducta de tomar fotografías o grabaciones con índole sexual sin consentimiento, con uno a 3 años de cárcel.


Foto: Reuters.

En México, en promedio, tres mujeres al día acuden a la PGJDF para denunciar que les tomaron fotos o videos sin su consentimiento. Ante esos hechos, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó un nuevo tipo penal el cual castiga la conducta de tomar fotografías o grabaciones con índole sexual sin consentimiento de las personas que aparecen en dichas imágenes.

“Se establece que a quien realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que lesione su dignidad, se le impondrá de uno a tres años de prisión”, dice la ALDF.

Se consideran conductas de naturaleza sexual indeseable: solicitar favores sexuales para sí o para una tercera persona; fabrique, imprima, grabe, transporte, exhiba, venda, reproduzca o haga circular por cualquier medio, imágenes, libros, revistas, escritos, fotografías, carteles, videograbaciones con implicaciones sexuales.


Las penas señaladas se incrementarán en cualquiera de los siguientes casos: cuando además exista una relación jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas o de cualquier clase; o cuando la conducta del agresor se realice en la vía pública, instalaciones o vehículos destinados a prestar un servicio público.

De acuerdo con la ALDF se reformaron y adicionaron los artículos 177 Bis y 179 del Código Penal del Distrito Federal,  para mejorar la seguridad a las mujeres que viajan en transporte público.

La Ciudad de México ocupa el segundo lugar entre las urbes donde el transporte público es más peligroso para mujeres en el mundo, según un estudio elaborado por la Fundación Thomson Reuters, en colaboración con la encuestadora YouGov y difundido por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).

El sondeo consultó a más de 6,550 mujeres acerca de cuán seguras se sentían cuando viajaban en transporte público en 15 de las 20 más grandes capitales del mundo, además de Nueva York (la urbe más grande de Estados Unidos).

(FORBES MEXICO/ REUTERS/14 DE MAYO 2018)

1009 EJECUCIONES EN 130 DÍAS


John Brayan Velázquez, originario de Los Ángeles, California, se convirtió en el asesinado número mil en 2018 en Baja California. Es la primera vez que el Estado alcanza el millar de homicidios en el primer cuatrimestre del año. Esta semana la jornada sangrienta incluyó el homicidio de un empresario. “No hay forma de pensar que el gobernador, que el alcalde, que las policías están siendo competentes”, advierte Francisco Rivas, de Observatorio Nacional Ciudadano

Eran las once de la mañana del 9 de mayo cuando se reportó un cadáver maniatado en el interior de una camioneta Nissan Murano de reciente modelo, estacionada frente a un gimnasio en plena Zona del Río -la zona segura de Tijuana-. Se trataba del homicidio doloso número mil que se comete en Baja California en el presente año.

“¿A quién mataron?”, gritó desde el interior de una calafia un joven a peritos y policías que rodeaban la escena del crimen, cuando el transporte público logró atravesar el tráfico que se había formado en el entronque del acceso a la Vía Rápida Poniente y Bulevar Abelardo L. Rodríguez,  a la altura de la glorieta Simón Bolívar,  entre las doce y dos de la tarde de ese miércoles.

De acuerdo a un guardia, el auto estaba estacionado en la zona desde que empezó su turno a las cinco de la mañana, por ser un área de constante ascenso y descenso, le pareció extraño que a las once de la mañana no se hubiera movido; habló con el administrador del edificio, este se asomó al interior, alcanzó a ver el cuerpo y llamó a las autoridades. El proceso de asegurar y liberar la zona tardó tres horas.

Los investigadores corrieron las placas del auto, EFA2326, del Estado de California, el cual no registró reporte de robo, por lo que buscan registros de tiempo y cómo cruzó a México. En el interior de la cajuela estaba el cuerpo de un joven de 29 años de edad, vestido con camiseta negra, pantalón deportivo negro y calcetas cortas blancas,  atado de pies y manos, con las extremidades hacia atrás. La única seña de identidad fue un tatuaje con picos y figuras orientales -común en algunos residentes de la Zona Norte en Tijuana- que abarcaba desde el cuello hasta el brazo izquierdo.

Treinta horas después del homicidio, a través de la identificación de huellas, el Grupo Coordinación pudo saber que se trataba de John Brayan Velázquez, originario de Los Ángeles, California, quien en noviembre de 2013 fue detenido por la Policía Estatal Preventiva en el fraccionamiento El Mirador; llevaba consigo dos dosis de cristal.

La causa aparente de muerte fue asfixia, pero se apreciaban huellas de estrangulamiento, superficialmente no tenía más golpes, aunque había restos de cinta adhesiva gris en los ojos, parte de la nariz y mentón, lo que llevó a las autoridades presumir que lo mantuvieron privado de la libertad antes de asesinarlo.

La jornada sangrienta de ese miércoles 9 de mayo,  se convirtió en otra muestra de la violencia diaria en Baja California, al acumular diez asesinatos y ni siquiera fue uno de los días más violentos en lo que va del año.

OCHO EJECUCIONES AL DÍA EN BC

En los primeros 130 días del año, al 10 de mayo, en Baja California se cometieron mil 009 asesinatos violentos, lo que promedia 7.78 ejecuciones cada 24 horas, aunque ha habido días que han registrado hasta 14 homicidios solo en Tijuana.

La estadística oficial de la Secretaría de Seguridad Pública, que publica la incidencia delictiva del Estado, registra cifras públicas desde 2006, de acuerdo a estos números, pese a los altos niveles de violencia, las ejecuciones se mantuvieron por debajo del millar hasta 2016, cuando BC sumó mil 250 asesinatos, 919 de estos solo en Tijuana.

La situación no mejoró en 2017, con 2 mil 321 ejecutados en la entidad, de  los cuales mil 780 fueron privados de la vida violentamente en Tijuana.

Hoy, los números evidencian que 2018 presenta un panorama más sangriento, porque mientras en 2016 Baja California llegó a los mil homicidios hasta la primera semana de noviembre,  y en 2017 en la última semana de junio, en el presente año esa línea se superó siete semanas antes, el 9 de mayo.

Los números de muertos al mes que antes se contaban por decenas, ahora suman centenas, de hecho en Tijuana, diciembre de 2016 fue el primer mes que alcanzó los tres dígitos en la suma de muertos, con 103 cadáveres, pero desde entonces no han bajado.

De hecho, en septiembre de 2017 con 213 asesinatos, y abril de 2018 con 207 homicidios, se han superado las dos centenas de muertes violentas durante un mes en las calles de Tijuana.

En este punto cabe agregar que en el periodo ocurrido entre 2008 y 2010, dado que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) no contabilizaba victimas de homicidios, sino expedientes, la cantidad era menor porque los asesinatos múltiples se contaban como un expediente en la estadística oficial.

ZETA llevaba un registro adicional con números facilitados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y el Servicio Médico Forense (Semefo), de manera que al final de 2008, uno de los años más violentos en la historia del Estado, se contabilizaron más del millar de cadáveres, en total mil 019 en todo BC, pero durante todo el año, y la SSPE solo contempla 853 expedientes.

GOBERNADOS Y ALCALDE INCOMPETENTES

“No hay forma de pensar que el gobernador, que el alcalde (de Tijuana), que las policías están siendo competente en materia de responsabilidad y atención de los delitos que llevan a que se cometan los homicidios, atender las conductas delictivas que terminan en homicidios, los ajustes de cuentas entre células rivales, el cobro de piso, la venta de droga, los acuerdos entre delincuentes y policías corruptos, generar el pánico, controlar por violencia”, ejemplificó Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.

“Tanto el gobernador como el alcalde han sido irresponsables,  he leído sus declaraciones en las que minimizan la violencia,  echan la culpa a otros órdenes y no admiten corresponsabilidad, de entrada el alcalde (Juan Manuel Gastélum), y después el gobernador (Francisco Vega de Lamadrid), quien tampoco parece estar tan presente por estar más ocupado en otro tipo de negocio individuales y particulares”, recalcó el analista nacional de origen bajacaliforniano.

“En la reuniones nacionales, cuando se analiza la situación del país, Baja California siempre sale a relucir por estar viviendo su peor crisis, pero no se ve al gobernador preocupado, como ha sucedido con otros mandatarios en otros momentos históricos, pidiendo ayuda a la Federación, exigiendo tomen corresponsabilidad. En lugar de eso minimizan y ridiculizan las críticas fundadas” advirtió.

De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional, por el número de asesinatos, BC ocupa el tercer lugar nacional, superado por México y Guerrero, que tienen el segundo y primer escaños, respectivamente. En cuanto a valores proporcionales,  con 58.6 muertos por cada 100 mil habitantes, Baja California está en cuarto lugar, por debajo de Colima, Baja California Sur y Guerrero.

“No hay un ejercicio de construcción de inteligencia entre Federación y Estado para combatir este fenómeno, porque si tienen el trabajo de inteligencia que les permite conocer de los grupos delictivos y sus enfrentamientos, y esto no va acompañado de acciones de combarte, entonces no es inteligencia, es simple información y no sirve” enfatizó Rivas.

“Aquí el Estado requiere gran ayuda de la Federación, pero repito,  no se ve al gobernador exigiendo, trabajando con Federación, mejorando capacidad de procuración de justicia, mejorado las policías” concluyó el analista.

ASESINATO DE EMPRESARIO

Del jueves 3 al jueves 10 de mayo, 42 personas fueron asesinadas violentamente en Tijuana, la suma es de 802 cadáveres en lo que va del primer cuatrimestre del año en la ciudad fronteriza; 75 de las víctimas han sido mujeres. Mil 009 homicidios hasta el Día de las Madres, en todo Baja California.

Entre las más de 40 ejecuciones en la semana que concluye, destacó el asesinato del ex policía federal  Gyula Haraszti Vera, un empresario de 50 años de edad, oriundo de Hidalgo, quien en febrero de 2008 registró en Tijuana la empresa Haraszti e Hijos, dedicada al arrastre, transporte, traslado y manejo de materiales, cuyas oficinas están ubicadas en la Zona Este de la ciudad, con dos socios: su esposa y un especialista del ramo identificado como Arturo Bravo. Al mismo tiempo, en Sonora registró otra empresa similar con el nombre de Grúas Harper de Sonora, allá los socios fueron Jonathan Pérez y Juan Bolaina. Durante los últimos diez años, el occiso trabajó sin problema diversos contratos con los gobiernos.

Vivía en el fraccionamiento Altabrisa  y la mañana del viernes 4 de mayo decidió comer en Cenaduría Concordia, localizada en Calzada Tecnológico, llegó en su camioneta blanca blindada, se estacionó frente al negocio y entró a comer; pasadas las nueve de la mañana, un hombre joven arribó en un auto sedán gris y se estacionó a un costado del negocio, caminó y entró al local, salió y vio a uno de los empleados que hacía labores de limpieza y le preguntó si el hombre que estaba en tal mesa, era el que había llegado en la camioneta; cuando obtuvo una respuesta afirmativa ingresó de nuevo al negocio, lo mismo que el empleado, pero por una puerta de servicio.

Después se escucharon los balazos, le disparó a la cabeza después de asegurarse que era la víctima que buscaba. Tras el crimen, el homicida salió calmado hasta la puerta y después se fue corriendo hacia el vehículo y huyó.

Al día siguiente, la presencia de un carro con las mismas características del asesino fue reportado frente a las oficinas de la empresa de grúas, lo denunciaron, pero la Policía no lo alcanzó.

Por este caso, las autoridades estatales recibieron decenas de llamadas de funcionarios de los otros órdenes de gobierno y de empresarios,  todos hablando a favor de la familia, pero sin aportar mayor información.

Dos días después, de manera extraoficial el Grupo Coordinación recibió la información de que “había sido amenazado” que “estaba siendo extorsionado”, pero sin aportar más datos,  mientras todos los miembros de la familia sostuvieron en la versión de que ellos no sabían nada.

“Seguimos revisando, pero no deja de ser extraño que un empresario con amistades en la Policía Federal y otras policías, relacionado con tantos funcionarios e inversionistas, de repente lo empiezan a extorsionar, amenazan su vida y no hace nada… por lo menos llamar a sus amigos de la Federal”, comentó un investigador.

El arma usada para asesinar de manera directa a Haraszti Vera ya se había empleado el 9 de abril en la colonia Hacienda del Colorado, para matar a Abel Cisneros, un hombre sin antecedentes delictivos cuya investigación de homicidio tampoco ha avanzado.

CRIMINALES SE OSTENTAN COMO DUEÑOS DE LAS COLONIAS

“Esta zona ya tiene dueño Zacbeth Nava Arreola estamos en todas partes de todo nos enteramos aquí se paga plaza te alineas o te damos en la madre a tu puta familia a tus 2 hijos y a tu esposa deja de usar la tienda como punto de distribución de droga deja de hacer negocios con el sobrino del 13 paga el adeudo pendiente por usar nuestra plaza ya eres punto rojo atte: CJNG”, fue el mensaje encontrado en una cartulina que dejaron en el piso, a la entrada del negocio de abarrotes del hombre amenazado, pasadas las seis de la mañana del jueves 10 de mayo en la delegación San Antonio de los Buenos.

La víctima reportó los hechos, pero se negó a comentar respecto al contenido con los policías que lo atendieron; tampoco refirió haber recibido amenazas previas o ser víctima de cobro de piso.

Hubo otros dos narcomensajes, uno sobre una cabeza humana que tiraron el 6 de mayo en el fraccionamiento Los Valles en la delegación Los Pinos, aseguraba que esa zona, esa delegación, era terreno, propiedad del CJNG.

En el análisis, las autoridades contemplan la delegación Los Pinos como la de mayor incidencia homicida entre las once que tiene Tijuana, en esa demarcación, esta semana, en un lapso de tres días fueron asesinados cuatro hombres, uno de ellos decapitado.

Desde 2017, por lo menos en tres ocasiones, residentes del fraccionamiento K-Casas han denunciado ante los medios y las autoridades el infierno que padecen sitiados por delincuentes que viven en casas invadidas y se dedican a vender drogas, asaltar y aterrorizarlos; los criminales se exhiben y se imponen sin importarles las autoridades.

“La limpia continúa esta va para todos los capulines k  kieran meter a Omex Kcasas puro CTNG más fuertes k nunca El 39”, anunciaban en noviembre de 2017.

Seis meses después, este fraccionamiento es uno de los focos rojos en la ciudad.

RESULTADOS: UN ARMA, 10 HOMICIDIOS

En lo que va del año,  en Tijuana se han solicitado y ejecutado 62 órdenes de aprehensión por homicidio: once en enero, 14 en febrero, 24 en marzo, 12 en abril y una hasta el 10 de mayo.

El 27 de abril mataron a Jesús Valdez González en la colonia Emperadores, como presuntos responsables y en flagrancia delictiva fueron detenidos por la Policía Municipal: Héctor Silva Luna, Fernando Joel López Ayala y Josué  Humberto Flores González,  quienes fueron vinculados a proceso el 4 de mayo. Todos son residentes de la delegación Sánchez Taboada y “se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad oficial. Art. 13 CNPP”.

Como parte del operativo de captura, les fueron incautadas tres armas relacionadas balísticamente con otros nueve homicidios cometidos en 2018:

* 5 de enero, cuando asesinaron a Martín Flores en Villas del Prado.

* 6 de enero, Carlos Ramos en Villas del Prado

*21 de enero, Brisa Cabrera en Sánchez Taboada

*25 de enero, Esteban Banda en Villas del Prado

* 9 de febrero, Luis Ulloa en Colonia Felipa Velázquez

* 15 de febrero, Yuridia Ruiz en Hacienda Acueducto

* 29 de marzo, un masculino desconocido en Sánchez Taboada

* 27 de abril, Jesús Valdez en Camino Verde

* 30 de abril, Eraclio Martínez en Sánchez Taboada.

Como la autoridad aún no tiene elementos para vincularlos a los otros asesinatos, solo se inició el proceso por el homicidio del 27 de abril.

“El 20% de los criminales están cometiendo el 80% de los delitos, los homicidios están relacionados con el narcomenudeo y narcotráfico, entre los que existe una línea muy delgada, más que escopetazos, se requieren tiros de precisión en contra de los grupos delictivos que controlan la venta de droga al mayoreo y al menudeo, en el momento en que los detengan- cabecillas y líderes de célula-es cuando van a poder incidir directamente en que se reduzcan los asesinatos”, expuso Juan Manuel Hernández, titular del Consejo Ciudadano de Seguridad.

“Dicen que están cambiando sinergias, intercambiando información, el delegado de la PGR – Victorino Porcayo- está sentado en la mesa de coordinación, y el General Enrique Martínez aseguró que él está encabezando”, concluyó el consejero.

Ahora, solo están esperando los resultados.

ASESINADOS Y PRIVADOS DE LA LIBERTAD EN ENSENADA

El número de homicidios en Ensenada alcanzó los 90 en lo que va de 2018, un 30 por ciento se registraron en la delegación de San Quintín.

Apenas el 9 de mayo, el hijo de Paulina Otero Álvarez, de 36 años de edad, identificó a la mujer asesinada dentro de su casa ubicada en Calle Paseo del Real, Colonia Villas del Campo.

El muchachito encontró el cuerpo tendido, en medio de un charco de sangre, aproximadamente a las 5:25 pm. Como huellas de violencia presentaba dos orificios en región cefálica por proyectil de arma de fuego. Los investigadores encontraron un casquillo percutido calibre .9 milímetros.

A la ola de violencia se sumó el delito de secuestro, el primero se registró en febrero, en el poblado de Francisco Zarco; familiares de la víctima pagaron la recompensa y el joven fue liberado con vida.

El fin de semana, de acuerdo a un reporte de la Policía Municipal, sobre la Carretera Transpeninsular del Ejido Díaz Ordaz, en el poblado de Punta Colonet, se recibió una llamada reportando que a las siete de la mañana, un hombre fue privado de la libertad afuera de la ferretería La Curva.

Agregaron sobre dos llamadas, en la primera pidiendo  5 millones de pesos y en la segunda  3 millones de pesos por el rescate de la víctima, de nombre Enrique Naranjo.

El miércoles 9 de mayo a la 1:53 am se informó que en las calles Allende y Bronce de la colonia Bronce, un ciudadano declaró que minutos antes vio a una persona amarrada a bordo de un taxi.

Posteriormente intervino a la unidad 381 de la línea Radio Taxis, logrando rescatar al de nombre Morales Ordoñez Daniel, de 25 años de edad. Lo privaron entre cuatro hombres.

Alrededor de las seis de la mañana del mismo miércoles 9 de mayo, a través de una llamada denunciaron que en la calle Violeta de la colonia Jardines del Valle, Delegación San Quintín, varios sujetos armados  se llevaron a dos hombres identificados como Emmanuel Rodríguez Morales, de 21 años, y Martín Francisco López, de 30 años.

Reportaron que los responsables eran siete hombres y una mujer en tres unidades, una Explorer color blanco, un pick-up de color crema y un Honda verde. Dos horas después, los cuerpos de los jóvenes asesinados a balazos fueron localizado en Playa San Ramón en el mismo poblado.

NO CESAN LAS EJECUCIONES EN TIJUANA: SUMAN 802 EN 2018

De acuerdo a estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en lo que va del 2018, 802 personas han sido privadas de la vida en Tijuana, la mayoría por arma de fuego.  De esta cifra, 75 fueron mujeres.

En los primeros nueve días de mayo se tuvo registro de 53 homicidios dolosos. Entre los hechos resientes figuran:

SÁBADO 5.  Un cuerpo estrangulado se localizó en la cuesta La Rumorosa–Tijuana. María Elena González Alvarado, de 42 años de edad, fue asesinada a tiros en Los Álamos.  Miguel Ortiz Mendoza, de 44 años, fue ultimado por disparos de arma de fuego  en Los Valles. En la misma colonia se encontró un cadáver con la cabeza cercenada y, en la misma zona, la cabeza de un masculino de entre 25 y 30 años. En una vivienda del Ejido Chilpancingo, fue asesinado Ernesto Nolasco Montenegro, de 41 años. Jairo Francisco Rodríguez Moncada, de 20 años, perdió la vida de forma violenta en Vistas del Valle. Mientras que Abdiel Banda García, de 34 años, fue ejecutado en Natura.

DOMINGO 6.  Por un disparo de arma de fuego, un sujeto murió en la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Celso Solís Jacobo, de 46 años, pereció de los tiros que le dieron en Cañón Centenario. Un hombre no identificado, de entre 35 y 40 años, fue privado de la vida a balazos en un edificio en obra negra en el fraccionamiento Palma Real. En la colonia Emperadores, Ángel Martín Ramírez García, de 48 años, también fue ultimado. Y una mujer no identificada, fue acribillada a tiros en la colonia Guadalajara.

LUNES 7. En la colonia Horóscopo  un masculino de entre 35 y 40 años murió a causa de un balazo. En la Carretera Escénica Tijuana-Ensenada, en la Sección Coronado de Playas, testigos informaron de un cuerpo sin vida con huellas de violencia; la víctima tenía entre 35 y 40 años. En el Hospital General, Óscar Gerardo Polanco Lizo, de 21 años, falleció debido a un tiroteo en su contra.  En el mismo nosocomio feneció un masculino de entre 30 y 35 años. En la 3 de Octubre fue privado de la vida Claudio Irineo Villasana Orduño. En la Clínica 1 del IMSS, producto de las balas que le descargaron, murió Efrén David Reyes García, de 29 años. En la Rojo Gómez, un disparo de arma de fuego acabó con la vida de un hombre no identificado. Un masculino sin vida y con huellas de violencia, de entre 17 y 20 años, fue localizado en el Ejido Francisco Villa.

MARTES 8. Un desconocido de entre 50 y 55 años, fue ultimado por arma de fuego en el fraccionamiento Fovissste 1.

MIÉRCOLES 9. Una mujer de entre 45 y 50 años murió por estrangulamiento en Ampliación Guaycura.  De un disparo de arma de fuego, fue asesinado Rafael Noriega Peña alias “El Payo”, de 42 años. Un masculino no identificado, de entre 40 y 45 años, fue acribillado en Rancho Los Portezuelos. Por ahorcamiento, un masculino de entre 30 y 35 años fue abandonado con visibles huellas de violencia en la cajuela de una camioneta Nissan Murano en Zona Río. En Lomas de Matamoros, fue asesinado Luis Alberto Guerrero Andrade, de 24 años. Por el Parque Industrial El Florido fue hallado el cuerpo de un desconocido con señas de estrangulamiento. Carlos Vera Hernández, de 30 años, falleció en el Hospital General por lesiones por arma de fuego.

Hasta el miércoles 9 de mayo, se reportaron mil 009 ejecuciones en Baja California.

SIN ACCIÓN PENAL CONTRA DETENIDO EN RUTA DEL VINO POR NO HABER FLAGRANCIA

Un hombre con antecedentes criminales fue detenido la tarde del miércoles 9 de mayo, después de un operativo de persecución en fuga en el Valle de Ensenada, que concluyó con varios heridos en volcadura y un arma decomisada. Pero solamente recibirá una sanción  administrativa.

La persecución inició luego de recibir varios reportes ciudadanos sobre personas armadas en los poblados Francisco Zarco y El Porvenir, del Valle de Guadalupe en Ensenada, alrededor de las 6:33 pm.

Los oficiales de la unidad 1407 iniciaron la persecución sobre la carretera estatal hacia El Tigre, luego de recibir el reporte vía radio. En C4 el incidente quedó registrado con el número 295892, bajo el concepto “vehículo sospechoso/volcadura con heridos”.

En el Kilómetro 8 de la carretera estatal del Ejido El Porvenir, el agente que conducía la patrulla perdió el control del volante y se salió del camino hacia el costado izquierdo de la carretera, invadió carril y la unidad quedó entrampada entre matorrales. Hubo daños materiales a un cerco del rancho Paiema.

Uno de los dos policías sufrió una lesión en la pierna y cara, debido a que se activaron las bolsas de aire, fue trasladado a la Clínica 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por la velocidad, los sujetos armados que iban a bordo de un pick-up Silverado color negro, sin placas de circulación, se volcaron 50 metros adelante, a la altura del entronque con la vinícola El Cielo, cuando intentaron dar vuelta hacia el lado  izquierdo, en un camino vecinal que dirige al corazón de la Ruta del Vino.

En el interior de la camioneta viajaban cinco personas, las cuales corrieron; en el lugar las autoridades aseguraron un arma larga tipo rifle, mismo que fue embalado y puesto a disposición de la Procuraduría General de la República.

En ese momento se inició un fuerte operativo de seguridad que incluyó elementos del Ejército Mexicano y un helicóptero de la Secretaría de Marina-Armada de México, así como agentes de diversas corporaciones.

En el operativo encontraron a Marcos Adrián Guzmán Ramírez, de 43 años de edad, quien estaba escondido entre los matorrales con indicios de haber sufrido algún tipo de accidente y, al momento de ser descubierto, se comportó de manera agresiva con los uniformados, por lo que fue asegurado y presentado ante el juez calificador.

“Es importante precisar que el mencionado únicamente fue sancionado administrativamente, ya que con base en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, al momento de su aseguramiento no había flagrancia en referencia a la persecución”, difundió la Policía Municipal en una ficha informativa. Una vez cumplidas las horas de arresto, el hombre recuperaría su libertad.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó que Marcos Adrián no fue puesto a disposición del Ministerio Público.

La persona detenida por policías municipales cuenta con los siguientes registros en el Sistema Legionario: 17 de mayo de 2017, por el presunto delito de robo; y el 29 de diciembre del mismo año, por presuntos delitos de robo de vehículo con violencia y posesión de arma de fuego.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/  ROSARIO MOSSO CASTRO/ LUNES, 14 MAYO, 2018 01:00 PM)



100 MIL UNIVERSITARIOS BUSCAN EMPLEO EN BC

Falta de dominio del idioma inglés y conocimientos en software y certificaciones, aumentan el déficit educativo a nivel superior. Universidades locales buscan que más jóvenes hagan estancias en empresas; sector privado, a favor de que se impulsen carreras técnicas. En México, por cada empleo generado hay seis egresados de licenciaturas

Durante el primer trimestre de 2018, 99 mil 680 personas con estudios universitarios buscaron empleo en Baja California. A este número le siguieron 26 mil 700 personas con nivel bachillerato, según un estudio de OCCMundial. En tercer lugar se ubicaron las 24 mil 920 que cursaban estudios profesionales; en cuarto, las 16 mil 20 con algún posgrado, y en último lugar, las 10 mil 680 con preparación técnica.

El reporte, que analizó más 6 mil 935 vacantes publicadas en la plataforma web de OCCMundial, determinó que más del 62 por ciento de las ofertas de empleo fueron de 10 mil pesos o menos; 28%, de entre 11 mil y 20 mil pesos. Mientras que 6%, entre 21 mil y 30 mil pesos; y el resto por encima de los 31 mil pesos.

Ulises Araiza Sánchez, presidente de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana (Arithac), informó que en este segmento de la población la tasa de desocupación es de 2%; si bien es baja, no quiere decir que todos los jóvenes estén colocados para el puesto que estudiaron.

Dijo que el panorama laboral entre los universitarios se debe a que hay un déficit en la preparación que las universidades están brindando a los jóvenes. Ese desajuste entre el sistema educativo y el mundo laboral se refleja en múltiples factores, que van desde planes de estudios alejados de las necesidades de las empresas, hasta la falta de habilidades personales de liderazgo y trabajo en equipo.

Detalló que una de las principales carencias es la falta del dominio del idioma inglés. “Si salen de instituciones privadas este factor se reduce, puesto que hasta 80% de los jóvenes cuenta con un nivel de inglés óptimo; en contraste, 50% de los estudiantes de las universidades públicas tiene ese conocimiento”.

Otro aspecto importante es el uso de programas de cómputo que utilizan las empresas en sus actividades diarias; como ejemplo refirió los sistemas de contabilidad.

Algo en lo que coincidió un estudiante de cuarto semestre de la licenciatura de Administración y Contabilidad en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), quien señaló que hasta el momento no ha visto ningún software de contabilidad.

Expuso que la enseñanza de estos sistemas de cómputo se da en los últimos semestres de la carrera, sin embargo, consideró que esta área económico-administrativa requiere que el personal trabaje desde antes de que se concluyan los estudios.

“Para alguien que no está familiarizado con el software contable va a ser difícil entrar a un despacho o empresa, porque a la mitad de la carrera no tienes la mitad de los conocimientos. Tienes las bases para hacer un registro de contabilidad, pero no sabes cómo aplicarlo en la práctica, porque la práctica ya no es arrastrando el lápiz, ya todo es electrónico”, afirmó.

Recordó que el plan de estudios se elaboró en 2009, y pese a que el ámbito legal está actualizado, pues en las aulas se ven las últimas reformas a diversas leyes, hace falta también mayor disposición de algunos catedráticos.

A decir del presidente de Arithac, en el caso de los egresados de ingeniería, la industria los capacita en administración de proyectos, certificaciones internacionales como los ISO, y estándares específicos de cada área. Contenidos que la escuela no proporciona.

Araiza Sánchez comentó que la capacitación de los jóvenes puede durar hasta seis meses y requiere una inversión entre 2 mil y 5 mil dólares, adicional al pago del salario, con el fin de que el recién egresado se inserte a la empresa y su productividad sea la óptima.

Otro aspecto relevante es la experiencia en el campo laboral, por lo que, los jóvenes que trabajan mientras estudian tienen más posibilidades de crecer profesionalmente, y obtener un mejor salario y más responsabilidades, apuntó el especialista en administración.

La diferencia salarial entre uno y otro puede ser de hasta 30%, debido a que la productividad puede aumentar hasta 50% cuando el joven ya trabajó previamente. Estimó que un recién egresado sin experiencia laboral puede tardar hasta dos años en encontrar un puesto acorde con lo que estudió.

En ese sentido, planteó la necesidad de que las instituciones de nivel superior modifiquen sus planes de estudio para que permitan a los jóvenes integrarse al mercado laboral desde que estudian.

Precisó que el sector manufacturero de Tijuana está orientándose hacia otras industrias como la médica, aeroespacial y de moldeo de plásticos. Con ello, se están generando empleos de otro tipo, especializados en sistemas para automatizar procesos, por lo que es importante que las escuelas formen los nuevos perfiles.

En México, por cada empleo generado hay seis egresados universitarios, quienes además de engrosar las filas del desempleo padecen precariedad laboral, ya que perciben salarios bajos y son contratados sin seguridad social, ni prestaciones de Ley como vacaciones y aguinaldo.

Datos del Informe 2018 del Observatorio de Salarios, de la Universidad Iberoamericana, señalan que más de la mitad (50.6%) de los jóvenes asalariados del país, cuya edad va de 15 a 29 años, no tiene prestaciones de Ley, a pesar de que la misma proporción labora más de ocho horas.

Además, 66% de los trabajadores tampoco cuenta con seguridad social. En cuanto al ingreso, el estudio presentado por el investigador Miguel Reyes Hernández, indica que poco menos de la mitad (49.1%) percibe de uno a tres salarios mínimos, es decir, un ingreso mensual de 7 mil 956 pesos como máximo, lo que significa que ocho de cada diez jóvenes no tiene un salario digno, y el ingreso de seis de cada diez está por debajo de la Línea de Bienestar del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Esta situación se recrudece en Tlaxcala, Chiapas, Morelos, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas y Michoacán, donde el salario promedio oscila entre los 2 mil 984.14 y 3 mil 547.63 pesos

En tanto, datos del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) refieren que actualmente hay 4.1 millones de estudiantes del nivel superior en el país, y que el salario promedio de alguien con esta instrucción es de 11 mil 327 pesos, 80% más que la percepción de quien solo cuenta con bachillerato.

UNIVERSIDADES  APUESTAN POR MÁS VINCULACIÓN CON EMPRESAS

Las universidades Iberoamericana y UABC están estrechando sus lazos con el sector productivo. En el primer caso, la Ibero Tijuana tiene proyectado iniciar en agosto la Ingeniería Transicional, para que los egresados sean capaces de resolver problemas complejos al adquirir competencias soft skills, indicó Guadalupe Hernández Díaz, coordinadora de Relaciones Externas de esa institución.

Detalló que dichas habilidades formarían profesionales bilingües, con liderazgo y capacidad de negociación, y de trabajo en equipos multidisciplinarios y con integrantes de diferentes edades.

Otras ventajas de este programa académico son las metodologías de enseñanza, como el aprendizaje situado, y el aula invertida, para que el alumno aprenda en el campo y solucione problemas reales de forma innovadora.

“Durante los primeros dos años de la carrera, la universidad les dará una base sólida teórica en el área cuantitativa, mientras que los dos años restantes estudiarán directamente en la empresa, bajo la supervisión de un tutor dentro de ésta, y la guía de la universidad”, resaltó Hernández Díaz.

Esta ingeniería tendrá cinco áreas de especialización: industrial, mecánica, eléctrica, de materiales (particularmente en polímeros) y diseño industrial. Además, involucra la creación de convenios con empresas de los sectores automotriz, electrónico, mecánico y médico, para que acepten a los jóvenes.

Abundó que los grupos escolares no excederán las 25 personas, pues los tutores darán atención personalizada y de acuerdo con el perfil de cada estudiante, se les ubicará en los proyectos que se desarrollarán de la mano de las compañías en tiempos y costos determinados.

Por otro lado, el personal docente que impartirá las asignaturas estará conformado por líderes de la industria, permitiendo que los estudiantes creen una red de contactos que les facilite colocarse en un puesto laboral, y que las compañías capten talento.
En el caso de la UABC, el lunes 7 de mayo, el rector Juan Manuel Ocegueda Hernández solicitó apoyo al sector empresarial para abrir espacios suficientes para que los estudiantes efectúen estancias.

En ese sentido, Jorge Robles Contreras, jefe de Formación Profesional y Vinculación Universitaria de la UABC en Tijuana, refirió que el Proyecto de Vinculación en Créditos pretende que en la segunda mitad de la carrera, el alumno haga estancias en empresas donde se le permita practicar lo que está aprendiendo en un entorno real, con la guía de un tutor.

“Desde 2004 se empezó a incentivar este programa, para que las unidades académicas ubiquen más estudiantes en los proyectos de éste, y menos en cursos regulares. De modo que los estudiantes ya no tienen que venir a la universidad, pues lo aprendido en las empresas se toma como créditos escolares”.

Lo anterior permite una inserción más rápida y eficiente en el mercado laboral, al inhibir la falta de experiencia de los recién egresados. Precisó que este programa cuenta con más estudiantes de ingenierías, seguidos de las carreras económico-administrativas.

Aproximadamente 80% de los egresados de la UABC obtienen un empleo relacionado con su carrera durante el primer año de haber salido de la escuela.

Por otro lado, destacó el trabajo que se está haciendo para que más jóvenes se conviertan en emprendedores, ya sea auto empleándose o creando una empresa, con un componente importante de innovación.

Lo anterior, dijo, requiere que los estudiantes desarrollen habilidades de liderazgo y visión. En los últimos tres años, la incubadora Cimarrones Emprendedores ha brindado asesoría para que se constituyan 387 empresas.

HACEN FALTA MÁS TÉCNICOS

De acuerdo con el Imco, siete de los diez puestos más difíciles de cubrir en el país, se ofertan a nivel técnico, y tres carreras de este tipo son mejor pagadas que las cuatro licenciaturas peor remuneradas. Por lo que el organismo propone fortalecer la educación técnica superior.

El panorama nacional en ese rubro es similar al que se vive en Tijuana. Datos de Arithac indican que por cada ingeniero contratado se requieren diez técnicos. La industria necesita entre 2 mil 500 y 5 mil técnicos al año. Sin embargo, los ingresos que perciben estos, son inferiores a los de un ingeniero.

Para Manuel Flores, presidente de la Comisión de Educación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Tijuana, lo anterior se debe a que en el país se menosprecia el ser técnico, mientras que en otros países como Alemania, tener estos estudios es digno.

“Un técnico alemán puede ganar más que un ingeniero”. Consideró que mientras ese panorama no cambie en México, los técnicos seguirán ganando menos, lo que desincentiva que más jóvenes se dediquen a ello.

En entrevista para ZETA, Gilberto Fimbres, presidente de Coparmex Tijuana y Manuel Flores, expusieron el Modelo Mexicano de Formación Dual, que desde 2014 vincula a las empresas y los estudiantes de bachillerato técnico de escuelas públicas como Conalep, CECyTE, DGTI y CBTIS.

Detallaron que el programa, instaurado en el país por la Cámara México-Alemana de Comercio e Industria (Camexa), permite que los estudiantes seleccionados con base en su buen desempeño escolar y con el apoyo de sus padres, se inserten en compañías desde el tercer semestre del bachillerato.

El modelo implica que el joven aprendiz tendrá una estancia por diferentes áreas de la empresa. Así, al término de su bachillerato técnico  adquirirá conocimientos teóricos y prácticos, a la medida de su empresa. “La idea es que estos jóvenes se queden a trabajar en los centros laborales”.

Precisaron que las empresas también son seleccionadas, ya que es indispensable que “conozcan a fondo de qué se trata el modelo, y sepan que no están recibiendo mano de obra barata”, ya que a los estudiantes se les da un seguimiento personal que se va actualizando en la plataforma de Camexa. Aunado a que las compañías reciben una certificación.

A cuatro años de iniciar el programa, han egresado alrededor de 90 jóvenes, y actualmente hay 42 aprendices en nueve empresas reconocidas en la región.

Para Coparmex, la educación en todos los niveles es muy importante: “Los organismos empresariales nacionales y locales creemos que tenemos que alinear la formación de la lógica matemática y de la comprensión lectora en la infancia”, con el fin de revertir los resultados de la Prueba Planea, que revela, siete de cada diez alumnos en Baja California tienen conocimientos insuficientes en esas áreas.

De ese modo, el joven tendrá más posibilidades para elegir a qué se dedicará, y no como ahora, que muchos descartan ciertas carreras, con mayor remuneración, porque carecen de conocimientos.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/  JULIETA ARAGÓN/ LUNES, 14 MAYO, 2018 12:00 PM)