Para Fernando Rosales, solo hay una
explicación a la decisión tomada por la Jueza Ruth Esperanza Álvarez: una
venganza política. Fierro fue acusado de homicidio calificado por ventaja en
grado de tentativa, pero lo único que la Fiscalía pudo acreditar son las
lesiones calificadas, que por sí solas no ameritan prisión preventiva, según
los abogados Herman López Frank y Marco Carrillo Maza, quienes acusaron a la
juzgadora de afectar al acusado, lo que sugiere evidentemente una orden
superior para mantenerlo preso
León Fierro Reséndiz pasó en
año y medio, de ser un profesor de robótica presumido por el Centro Estatal de
las Artes, a enemigo político número 1 del Poder Ejecutivo Estatal. Detenido y
apresado desde el jueves 3 de mayo, uno de los líderes del movimiento Mexicali
Resiste, es víctima de una persecución política, según lo expresado por el
abogado Fernando Rosales, minutos después de tomado el veredicto.
La noche del martes 8 de mayo
se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso, donde los señalamientos
por los que se acusaba de Homicidio Calificado por Ventaja en Grado de
Tentativa, fueron desacreditados por la Jueza Ruth Esperanza Álvarez, tras
escuchar los alegatos de la defensa, pero resultó irrelevante, pues la
procuraduría cumplió con el objetivo de mantenerlo preso, por lo menos hasta
concluido el proceso electoral.
El argumento para tenerlo
cautivo fue que es un individuo peligroso. Curiosamente, el pasado 14 de abril,
un criminal acusado de Homicidio en Grado de Tentativa recibió la
reclasificación del delito a lesiones y fue beneficiado por un Juez para llevar
su proceso en libertad. La víctima era un niño de 11 años, quien perdió la
pierna a causa de un atropellamiento y el juzgador concedió todos los
beneficios posibles al imputado -con un largo historial delictivo-, pese a que
escapaba de la policía a bordo de auto robado.
PGJE EXHIBIDA EN LA AUDIENCIA
Por querer alcanzar una
acusación severa en contra del acusado, el Ministerio Público quedó exhibido en
la maratónica audiencia de vinculación a proceso, celebrada el martes 8 de
febrero, donde declararon siete testigos, se presentaron más de 50 fotografías,
tres videos y se expusieron las pruebas de la Fiscalía.
El coordinador de la Unidad
Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad de las Personas, Daniel
González Guerra, encabezó al Ministerio Público, pero fue rebasado por la
preparación de los testigos, ya que no pudo arrinconarlos.
El primero de ellos fue el
abogado Daniel Solorio que debatió sobre la legalidad del ingreso a la
propiedad del Rancho Mena, donde se llevó a cabo la trifulca. A regañadientes
aceptó que existen excepciones para el ingreso a un inmueble sin orden de
cateo, pero remató con que nunca mostraron documentos que avalaran las labores
en el canal donde realizarían los trabajos, lo que mantenía el marcador parejo.
El único sobresalto fue con
la testigo Tania Mitzy Gallaga, quien al rendir su declaración, afirmó que los
agentes ingresaron de forma violenta y que León Fierro solo pretendía proteger
su vehículo, ya que arrojaron constantes piedras a la unidad Nissan Sentra,
color blanco, modelo 2000, con placas de circulación de Baja California,
propiedad del acusado.
Y es que el fiscal cuestionó,
por no aceptar que Fierro dio reversa a su vehículo y que regresó para empujar
a los uniformados; Gallaga trastabilló, pero se mantuvo en su postura, y pese a
que se le “refrescó la memoria con su primer declaración”, aseveró que los
tiempos fueron distintos y que su intención no era empujar a los oficiales,
sino alejarse de las rocas.
La misma versión respaldaron
los testigos que afirmaron, Fierro Reséndiz jamás intentó lesionar a los
agentes. Sus versiones se reforzaron con videos tomados del diario La Crónica y
de testigos del lugar, donde se observa cómo da reversa y cuando vuelve hacia
adelante gira ligeramente al lado contrario de donde se encontraban los
uniformados. De hecho, la defensa logró acreditar que los oficiales no evitaron
el golpe con “maniobras especiales”, sino que León no intentó atropellarlos.
En su turno para declarar, la
Fiscalía comentó que tenía las afirmaciones de cinco testigos, incluyendo al
oficial afectado, llamado Édgar Manuel Tapia Castro, quien presentaba una
lesión de dos centímetros en el antebrazo y otra de 10 en la pierna, realizadas
con la defensa del auto; sus heridas no requirieron atención médica, según
informó el médico que lo certificó.
La audiencia continuó
tranquila. Pocas intervenciones tuvieron la defensa y los fiscales contra la
confrontación de ideas, salvo una vez que el testigo Jorge Benítez acusó al
Gobernador de “corrupto”, por lo que el MP solicitó respeto.
El momento más emotivo de la
audiencia fue cuando el imputado pidió unos minutos para rendir declaración.
Por su propia cuenta -y bajo las advertencias de que todo podría ser usando en
su contra- despotricó en contra de los fiscales y el gobierno por enjuiciarlo.
Reclamó que pasó cinco días encerrado debido a falacias de las autoridades y
acusó de “pseudo servidores públicos” a los agentes que lo llevaron a juicio.
En medio de la tensión y
después de hablar un poco de su persona, Fierro Reséndiz quebró su voz y lloró,
para posteriormente decir que solo lucha por lo que todos los mexicanos
deberían tener, por sus derecho. Ante los señalamientos abogó por la humanidad
de la jueza, pidiéndole que lo dejara en libertad y que no sucumbiera ante
ninguna presión externa, poniendo por encima la justicia.
De manera repentina cambió su
semblante y afirmó que continuaría con la lucha por el agua y que si tendría
que seguir preso por defender sus ideales, estaría dispuesto a hacerlo,
mientras apretaba el puño e intentaba controlar sus emociones; sus colegas se
unieron al llanto.
La Jueza Ruth Esperanza
Álvarez solicitó un receso de hora y media que se prolongó a más de dos. Al
volver, desacreditó todas las pruebas de la Fiscalía. De hecho indicó que ni
siquiera se pudo acreditar que León Fierro era el que abordó el vehículo, ya
que el proceso de reconocimiento realizado por los agentes, tuvo
irregularidades, pero debido a que tanto testigos de la defensa como de la
fiscalía reconocieron al imputado, tuvo que darlo por hecho.
En realidad, lo único que el
Fiscal pudo comprobar es que la víctima fue lesionada, que los hechos
ocurrieron en el Rancho Mena, que el afectado es un policía estatal, y nada
más; la intencionalidad de la agresión no pudo sustentarse.
Eso se basaba en testimonios
de las víctimas que aseguraron escuchar a Fierro Reséndiz cuando gritó a los
oficiales: “Los voy a matar, pinches policías”. Sin embargo, la mediadora
consideró que debido a la distancia, era imposible que lo escucharan, además de
que en ninguno de los videos quedó registrada alguna palabra amenazante.
Después de escuchar a Ruth
Álvarez, los pocos integrantes de Mexicali Resiste que pudieron ingresar a la
sala, comenzaron a festejar la victoria, pues la reclasificación del delito
abría la posibilidad de llevar su proceso en libertad.
Sorpresivamente, la jueza
aceptó la solicitud de prisión preventiva en un delito no grave, por un lapso
de dos meses, aseverando que se trataba de una persona violenta que pondría en
riesgo a la víctima y a la sociedad.
Además de las protestas, tomó
como base la declaración del mismo acusado, cuando aseveró que continuará con
su lucha, lo que interpretó como un aviso de que volvería a cometer actos
vandálicos contra la empresa cervecera o el mismo gobierno. Fierro pidió
nuevamente la palabra y le reclamó que sacó sus palabras de contexto, pero solo
recibió una negativa.
INCONFORMES, DEFENSA Y FISCALÍA; AMAGAN CON APELAR
DECISIÓN
Tanto el abogado Fernando
Rosales como el subprocurador Fernando Ramírez Amador, se dijeron inconformes
con la decisión de Ruth Esperanza Álvarez.
El funcionario estatal
argumentó que en su carpeta existen suficientes pruebas para acreditar la
probable responsabilidad de Homicidio Calificado en Grado de Tentativa, por lo
que irán a una segunda instancia e incluso comentó que analizan la posibilidad
de interponer un amparo.
La justificación es que
pretenden ver por los intereses de la víctima, un agente estatal que sufrió
lesiones leves, pero que pudo perder la vida de ser impactado por el automóvil.
Ramírez Amador se dijo
satisfecho del actuar de la Fiscalía y negó que el caso se construyera con
mentiras, pues siempre mantuvieron la objetividad en el caso. Incluso aseveró
que respaldarían a la víctima si acepta un acuerdo reparatorio.
Por su parte, el abogado de
la víctima, Fernando Rosales, quien fue entrevistado la madrugada del miércoles
al salir de la maratónica audiencia de 14 horas, afirmó que la medida cautelar
impuesta a su representado es una aberración jurídica y que tiene un trasfondo
político.
“Lo reclasifica la juez, es
una pena menor a dos años, unos raspones que tiene un agente y se le aplica una
prisión preventiva, bajo que es un riesgo para la comunidad. Evidentemente es
para tenerlo en prisión preventiva, aunque te puedo por dos meses que está
pidiendo el plazo, es un tiempo excesivo, pero se buscará de una posibilidad
alterna al conflicto, siempre que haya disponibilidad del agente”.
Ante ello dijo que buscarían
el acuerdo con el ofendido, ya que una apelación o un amparo tardarían demasiado
y la prioridad es obtener la liberación de su representado.
LA AMENAZA Y LA REPRESALIA
En su última entrevista para
ZETA, publicada en la edición del 27 de abril, Fierro Reséndiz comentó que cada
vez que increpan a algún funcionario estatal, las denuncias se reactivaban de
forma inmediata.
El 18 de abril de este año,
el secretario Francisco Rueda Gómez salió a la explanada en Centro de Gobierno
para comer un coctel de frutas, cuando León Fierro y algunos compañeros lo
increparon por su actuar como funcionario, además de acusarlo de corrupto;
siete días después se giró la orden de aprehensión en su contra que se
cumplimentó la mañana del 3 de mayo.
“El Gobierno del Estado busca
cómo acallar las voces, reprimir utilizando la vía jurídica como su garrote”,
argumentó en aquella entrevista, donde además lanzó una amenaza de boicot
contra eventos de los candidatos del Partido Acción Nacional y de manera
específica contra Gina Cruz, aspirante al Senado y esposa de Rueda.
De manera paralela a la
detención de León Fierro, se reactivaron páginas de internet como El Informal
de Baja California, que mantuvo una campaña agresiva al grado de sugerir una
posible participación de León Fierro en el asesinato de su entonces esposa y el
frustrado atentado hacia la vivienda de Tania Gallaga, ya que ambos casos se
realizaron con una bomba molotov.
También las oficinas de
Movimiento Ciudadano -hoy en alianza con el PAN- y una estatua del Club
Rotario, aparecieron “grafiteados” supuestamente por integrantes de “La Resistencia”.
Tania Gallaga se deslindó y recordó que la última protesta que integrantes
realizaron en las oficinas de Poder Ejecutivo, se hizo con gis ecológico que se
borra con solo tallarlo.
NO PUEDE ENTENDERSE MÁS QUE COMO UN TEMA POLÍTICO:
ABOGADOS
Para los juristas Herman
López Frank y Marco Carrillo Maza, es un asunto que no puede entenderse más que
con tintes políticos, máxime cuando la acusación es un delito menor, por lo que
la prisión preventiva está desproporcionada.
La Jueza Ruth Esperanza Álvarez
argumentó que Fierro Reséndiz era una persona peligrosa, pues la manifestación
realizada en el ejido El Choropo, el pasado 16 de enero, había terminado en un
zafarrancho donde resultaron varios policías y activistas lesionados, motivo
por el cual, representaría un riesgo para las víctimas y la sociedad.
Herman López Frank aseveró
que una prisión preventiva debe darse cuando exista riesgo de una sustracción
de la acción de la justicia, o bien, que no tenga un domicilio comprobable en
la ciudad. Por ello consideró que no existe una motivación jurídica, lo que
hace pensar que el Ministerio Público es usado con otros fines.
Si bien consideró que la
decisión de reclasificar el delito fue la correcta, López Frank dudó de la
decisión final, argumentando que no tiene justificación y acusó a la Fiscalía
de no ser objetiva desde el principio, pues los señalamientos de Homicidio en
Grado de Tentativa estaban fuera de la realidad desde el primer momento.
“El argumento de la juez es
que es una persona violenta, pues debió prohibirle acercarse a determinado
lugar, a persona o determinado grupo de personas, si lo que pretendía la juez
era proteger a la víctima del delito”.
Carrillo Maza fue aún más
claro al decir que es un asunto meramente político, sobre todo en pleno proceso
electoral y que su posible liberación sería después de los comicios del próximo
mes de julio.
Comentó que existe una gran
presión por este tiempo al grado que en otros estados ha cobrado vidas.
Mencionó que de septiembre a la fecha, han asesinado a 88 políticos y solo esta
semana van cinco. Puntualizó que estos actos represores son necesarios para
entender la dinámica que se vive actualmente por este tema.
Abundó que cuando fue
Director de la Policía Municipal, era sumamente complicado lograr obtener una
prisión preventiva por un delito que no la otorgara de manera oficiosa, por lo
que le parece complicado que un Juez tome esta decisión para un delito como
lesiones calificadas.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA /EDUARDO VILLA LUGO/ LUNES, 14 MAYO, 2018
12:00 PM)
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