lunes, 9 de mayo de 2016

“YO PENSÉ QUE IBA A IR A COMER HAMBURGUESAS”, DIJO “EL CHAPO” A SU ABOGADO, EN TONO DE BROMA


El defensor Andrés Granados relató a Univisión la conversación que sostuvo con su cliente, Guzmán Loera, tras ser trasladado al penal de Ciudad Juárez: “Me dijo que llegaron en la madrugada, y que le dijeron: ‘véngase para acá’. Lo sacaron de la celda, lo esposaron y se lo llevaron. Cuando iban saliendo escuchó los helicópteros y dijo: ‘Ya me van a extraditar’. Hasta que bajó aquí. Dijo que ubicó el aeropuerto de Ciudad Juárez y luego lo trasladaron al Penal Número 9”. SinEmbargo reproduce la siguiente entrevista con autorización expresa de Univisión.


Arriba, la nueva prisión del capo mexicano. Abajo, “El Chapo” en su última captura. Fotos: Cuartoscuro

Jésica Zermeño
Ciudad de México, 8 mayo (Univisión).– Cuando los custodios entraron a su celda, Joaquín “El Chapo” Guzmán no entendía qué sucedía, nadie le dio una explicación. Lo único que se le ocurrió fue que el día de su extradición hacia Estados Unidos había llegado.
 “Yo pensé que iba a ir a comer hamburguesas”, le dijo el domingo Joaquín Guzmán Loera, en tono de broma, a su abogado Andrés Granados.

Granados es el único de los defensores del líder del Cártel de Sinaloa que ha podido hablar con el capo después de su traslado al Penal Federal Número 9, en Ciudad Juárez, Chihuahua. En exclusiva para Univision, el abogado dio detalles de su conversación con el capo.

“Me dijo que llegaron en la madrugada, y que le dijeron ‘véngase para acá’. Lo sacaron de la celda, lo esposaron y se lo llevaron. Cuando iban saliendo escuchó los helicópteros y dijo ‘Ya me van a extraditar’. Hasta que bajó aquí. Dijo que ubicó el aeropuerto de Ciudad Juárez y luego lo trasladaron al Penal Número 9”, contó Granados.

El abogado dice que “El Chapo” luce tranquilo a pesar del repentino movimiento, y asegura que cuestionó la razón del traslado debido a que existe un amparo que impide que el capo deje el Penal del Altiplano, el lugar al que fue llevado después de que lo recapturaran en Los Mochis el pasado 8 de enero. “Le dije que qué se podía esperar de este gobierno”, aseguró el defensor.

Aunque Granados se presentó desde el sábado por la tarde en la cárcel de Ciudad Juárez y esperó dos horas para que le autorizaran el ingreso, no lo dejaron pasar. Le aseguraron que el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, no había autorizado su entrada.

El abogado procedió a tramitar un amparo ante un juzgado local contra de la incomunicación en la que se encontraba “El Chapo” y fue aceptado. El domingo pudo ver a su cliente 30 minutos.

El capo sinaloense también le relató a su abogado cómo es su nueva celda: “Me dijo que es totalmente cerrada y que no tiene a nadie al lado. Está totalmente segregado, aislado. No comparte a los lados con nadie, no escucha nada. Está igual (que en el Altiplano), o peor aquí”, comentó.

Pero si el aislamiento no cambió, lo que sí sufrió una variación es la higiene de su nueva celda, ubicada en el área de máxima seguridad del complejo carcelario.

“Algo que me dijo el señor es que está muy sucia la celda, que quería que le pasaran jabón para lavarla, porque está muy asquerosa. Y que no le habían dado sus útiles de aseo personal. Nada, ni rastrillo, ni jabón. Me dijo que iba a hacer la solicitud. Me imagino que el penal lo tiene que dotar de esos medios, porque no puede comprarlos él”, dijo el abogado en la entrevista exclusiva.

La estrategia de la defensa ahora será hacer valer los amparos en poder de Granados, en los que se ordena a las autoridades mexicanas regresarlo al Penal del Altiplano.

La versión oficial de las autoridades sobre el traslado del narcotraficante a la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua, señala que obedece a “protocolos de seguridad”.

En un comunicado, la Comisión Nacional de Seguridad informó que el traslado había sido oportunamente comunicado a los distintos jueces que tienen a cargo procesos de “El Chapo”. Por su parte, en otro mensaje a la prensa, la Secretaría de Gobernación informó que el traslado se debía a las distintas obras en el Altiplano “para reforzar la seguridad del penal”.

Fuentes oficiales aseguraron a Univision que la semana pasada un desperfecto en el sistema eléctrico del penal del Altiplano prendió las alarmas sobre las vulnerabilidades de la cárcel de máxima seguridad.

Fuentes oficiales le confirmaron a Univisión que el traslado de “El Chapo” al penal de Ciudad Juárez es indefinido, pero lo vivido en la cárcel de Almoloya lo recordará toda la vida.

A su llegada a su nuevo hogar, el narcotraficante recibió una mala noticia: “Cuando el médico le fue a checar la presión le manifestó que ya no puede dejar de tomar el medicamento. El daño que le hicieron es irreversible y seguirá teniendo problemas de sueño”, aseguró Granados.


(SIN EMBARGO.MX/ REDACCIÓN / MAYO 8, 2016 - 9:57 PM)

HOSPITALES QUE COSTARON MÁS DE 6 MMDP ESTÁN ABANDONADOS O A MEDIO CONSTRUIR: MÉXICO EVALÚA


Hay “una epidemia de hospitales abandonados” o a medio construir, dijo la coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, Mariana Campos, quien señaló que hay reportes periodísticos que hablan de 50 y otros hasta de un centenar de casos en estados como Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Yucatán.


Hay "una epidemia de hospitales abandonados" o a medio construir, dijo la coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de la ONG, Mariana Campos. Foto: Especial

México (EFE).- La organización civil México Evalúa denunció hoy la opacidad y el derroche que imperan en los proyectos de obra pública del país, donde documentó la existencia de al menos 13 hospitales abandonados que suponen pérdidas por 6 mil millones de pesos.

Hay “una epidemia de hospitales abandonados” o a medio construir, dijo la coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de la ONG, Mariana Campos, quien señaló que hay reportes periodísticos que hablan de 50 y otros hasta de un centenar de casos en estados como Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Yucatán.

“Nosotros identificamos trece” hospitales, los cuales tuvieron un costo que en conjunto superan “los 6 mil millones de pesos”, dijo Campos para ilustrar las consecuencias de los bajos niveles de transparencia y de figuras de contrapeso en la contratación pública.

Ello es reflejo de que “nos estamos lanzando a proyectos mal preparados, con diagnósticos muy débiles, que a la hora de la hora no tiene caso terminarlos” porque no hay quién los atiendan y muchas veces responden a intereses electorales.

Entre otras obras emblemáticas de despilfarro, Campos mencionó la Estela de Luz, un monumento en la Ciudad de México conmemorativo del Bicentenario de la Independencia, que tuvo un costo “tres veces” superior a su presupuesto y solo se concretó el 25 por ciento del proyecto original.

Además, están el Centro de Convenciones de Los Cabos, Baja California Sur, construido para la cumbre del Grupo de los Veinte efectuada en junio de 2012, la nueva sede del Senado y, en la actual Administración, al menos dos edificios construidos en la capital mexicana para poner en marcha los juicios orales.

En un encuentro con periodistas, la experta dio detalles de un informe sobre transparencia en obra pública elaborado por la organización a partir de la evaluación de 64 documentos de proyectos de 100 millones de pesos o más, en su mayoría de 2014.

Los problemas aparecen desde los diagnósticos de infraestructura, que no ofrecen un análisis objetivo ni transexenal de las necesidades de inversión física del país.

Además, 60 por ciento de los fallos de las licitaciones no están publicados, lo que la ONG considera “preocupante” porque se trata del principal documento de rendición de cuentas del proceso de asignación de contratos.

En general, no se cumplen las obligaciones de transparencia marcadas en la norma, lo que en la práctica eleva los riesgos de corrupción en las transacciones.

Por ello, del estudio se desprende la necesidad de “una intervención multidisciplinaria” que contemple al menos la implementación “de procesos con buenas prácticas de modificación de contratos, informes de administración del contrato y publicidad de auditoría interna”, así como los diagnósticos de infraestructura.

“Eso sería lo urgente” para disminuir la opacidad y reducir los riesgos de prácticas corruptas en la contratación pública, concluyó.


(SIN EMBARGO.MX/ EFE/  MAYO 9, 2016 - 8:10 PM)

RELACIONES EXTERIORES TIENE 20 DÍAS PARA DECIDIR SI EXTRADITA A “EL CHAPO” A EU O SE QUEDA EN MÉXICO


La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo que “el Gobierno de México no analizará la culpabilidad o inocencia del reclamado en los delitos que le son imputados en otro país, sino que únicamente se verificará que se cumplan los requisitos del tratado bilateral aplicable para la procedencia o no de la petición” conforme al marco jurídico constitucional mexicano, “con respeto a los derechos humanos y en seguimiento a los principios de política exterior”.



Imagen de la ficha de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, tras su tercer captura. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 9 de mayo (SinEmbargo).– La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer este día que a partir del momento que reciba el expediente de extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán dispondrá de 20 días para analizar si se cumplen o no los requisitos para enviar al capo a Estados Unidos.

“Una vez que sea remitido el expediente de extradición a esta Secretaría de Estado, se estará en posibilidad de analizar la solicitud formulada en el término de 20 días hábiles que establece la Ley de Extradición Internacional”, informó la SRE este lunes en un comunicado.

La Cancillería recordó que este día el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México le notificó que es procedente al proceso de extradición en contra del capo sinaloense “por el cargo de asociación por importar y poseer con la intención de distribuir cocaína”.

La dependencia a cargo de Claudia Ruíz Massieu dijo que “el Gobierno de México no analizará la culpabilidad o inocencia del reclamado en los delitos que le son imputados en otro país, sino que únicamente se verificará que se cumplan los requisitos del Tratado Bilateral aplicable para la procedencia o no de la petición” conforme al marco jurídico constitucional mexicano, “con respeto a los derechos humanos y en seguimiento a los principios de política exterior”.


Guzmán Loera fue traslado el fin de semana el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) del Altiplano, en el Estado de México, al Cefereso de Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que desató distintas versiones sobre su posible extradición.

La opinión del Juez, emitida la semana pasada y publicada hoy, aproxima a Guzmán a la extradición, aunque este es un proceso complejo que podría no resolverse hasta dentro de “año, año y medio”, dijo a Efe el abogado Samuel González, experto en procedimientos trasnacionales.

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, anunció en enero pasado que se trabajaba para agilizar el proceso de extradición del capo.

Una vez que la Cancillería avale la extradición, la defensa tendrá un plazo de 30 días para interponer un amparo.

Este recurso puede ser contra la fundamentación y motivación de la decisión judicial o contra la inconstitucionalidad de la ley o el tratado de extradición.

“Ese proceso es bastante complejo, puede llevar unos 3 o 4 meses” desde que se interpone el amparo, explicó González.

Una vez resuelto el amparo, Guzmán tiene derecho a una revisión de éste, la cual podría llevar el asunto hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación si se encuentran puntos de constitucionalidad.

En suma, se está ante un escenario de “un año, año y medio”, acotó el letrado, remarcando que “no hay ningún atajo” para que pudiera producirse una “extradición express”, una figura que en México no es posible.

El único camino posible para que fuera trasladado a Estados Unidos en un menor plazo de tiempo sería que “el Chapo” acepte la extradición, tras llegar a un acuerdo, o no, con el país vecino.

El sinaloense, que siempre se mostró reticente ante una posible extradición, ahora está “abierto” a la posibilidad de que esta suceda, afirmaron a Efe dos de los abogados del narcotraficante el pasado sábado.

“Su deseo es permanecer en México, ser juzgado por leyes y jueces mexicanos”, pero “no descarta una posibilidad de hacer una negociación ante el Gobierno” estadounidense, precisó el letrado Juan Pablo Badillo.

EU NO SE PRONUNCIA

La Fiscal General estadounidense, Loretta Lynch, rechazó hoy fijar una fecha para la extradición del narcotraficante mexicano a su  país, donde varios tribunales federales lo reclaman por decenas de delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero.

“No puedo darles una fecha o una predicción sobre cuándo se producirá”, dijo hoy Lynch en una conferencia en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en respuesta a las preguntas de la prensa.

En su rueda de prensa, Lynch rehusó comentar sobre el sorpresivo traslado el sábado de “El Chapo” a una prisión de alta seguridad en la fontera con Estados Unidos, desde la cárcel del Altiplano, de donde se fugó en julio del año pasado a través de un túnel y a donde volvió preso en enero tras su recaptura.

“Sus condiciones de reclusión están bajo el control (de las autoridades mexicanas), así que no puedo hacerles un comentario sobre eso”, respondió la Procuradora a la prensa.


En la imagen, la Fiscal General de los Estados Unidos, Loretta Lynch. Foto: EFE.

El Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, anunció en enero pasado que su país trabajaba para agilizar el proceso de extradición a Estados Unidos del jefe del Cártel de Sinaloa.

Según Estados Unidos, “El Chapo” es uno de los narcotraficantes que más droga ha hecho circular dentro del país y, por ello, tiene varias cuentas pendientes con la Justicia en tribunales federales de Arizona, Texas, California, Illinois, Florida y Nueva York, en donde enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero.

El perfil del capo es tan notorio en el país vecino, que el Gobierno llegó a calificarlo como “enemigo público número uno” tras la muerte del líder de la red terrorista Al Qaeda, Osama Bin Laden.

La ciudad de Chicago le devolvió al narcotraficante, tras su última fuga, el título de “enemigo público número uno”, por la gran cantidad de droga que el cartel de Sinaloa distribuye en esa ciudad.


El jefe mafioso Al Capone ha sido el único criminal, aparte de “El Chapo”, que ha recibido ese título en Chicago.

(SIN EMBARGO.MX/ Redacción / mayo 9, 2016 - 6:59 pm)

MADRES QUE DECIDIERON BUSCAR A SUS HIJOS POR SU CUENTA VIVEN ACOSO Y AMENAZAS EN VERACRUZ


El acoso contra la señora Aracely Salcedo, quien se enfrentó al Gobernador Javier Duarte, se suma al de otros familiares de víctimas de desaparición. Gaspar Rosales, hijo de Palemón Rosales Santos, de 84 años secuestrado el 11 de julio del 2009 en Ixtaczoquitlán, Veracruz, denunció que al menos en 20 ocasiones ha sido detenido en la vía pública, por policías municipales de Orizaba. “Si hablo, es para decir que la señora Salcedo no miente, a mí me han hecho lo mismo, ya conocen mi carro y aun así se empeñan en encañonarme y exigir que baje con las manos en alto, luego me recargan sobre el vehículo, como si fuera un delincuente”, aseguró.



Aracely Salcedo enfrentó al Gobernador Duarte por el problema de los desaparecidos en Veracruz. Foto: Blog Expendiente

Orizaba, Veracruz, 9 de mayo (SinEmbargo).- La activista Aracely Salcedo, perteneciente al Colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba-Veracruz y beneficiaria del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos, denunció que ha sido detenida en al menos unas 25 ocasiones y que durante los más de tres años en los que ha buscado a su hija, Fernanda Rubí, desaparecida en septiembre de 2012, las amenazas y el hostigamiento no cesan.

Esto luego de que de la Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares denunció,  a través de la Red Retoño, el pasado 30 de abril que la activista fue encañonada por elementos de la Policía Estatal de Veracruz y de la municipal de Orizaba. Ante estas acusaciones, el Ayuntamiento rechazó haber agredido a Salcedo y aseguró que fue una revisión de rutina “que se aplica a todos los ciudadanos”, por lo que no podía ser considerada como hostigamiento.

En este contexto, la madre de Fernanda Rubí, secuestrada en septiembre de 2012, recriminó: “Desde que comencé la búsqueda de mi hija, se han mantenido las amenazas y hostigamientos por llamadas y vía mensajes privados en Facebook. La verdad ya no sabemos por dónde nos pegan, si del lado del Gobierno o de la delincuencia”.

“Al menos unas 25 veces me han detenido en carretera, pero yo no soy una delincuente, solo busco a mi niña desaparecida”, denunció Salcedo, en entrevista con Blog Expediente.

Con base en la relatoría de la Asociación Civil Red Retoño, así como en la queja presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el día 29 de abril de 2016 aproximadamente a las 19:00 horas, Aracely Salcedo fue interceptada por ocho patrullas de policías estatales y del municipio de Orizaba, quienes portaban armas largas.

Tales hechos sucedieron en la Ciudad de Orizaba, Veracruz, entre las calles norte 10 y Oriente 31. Los elementos rodearon el vehículo, descendieron de sus unidades, fotografiaron y encañonaron a las personas que iban a bordo de éste, entre quienes se encontraba Aracely Salcedo y su cuerpo de seguridad.

Posteriormente, el 5 de mayo de 2016, la Alcaldía de Orizaba, dijo en un comunicado, que “se trató de una revisión rutinaria que aplica para todos los ciudadanos y que no puede ser considerada ‘hostigamiento’, pues en ningún momento se les agredió ni se les faltó el respeto”.

Detalló que que la “Secretaría de Gobernación federal no reconoce que esta policía o alguna u otra división de seguridad esté prestando ese tipo de servicio a la señora Salcedo” y que hasta el momento la activista no ha informado a las autoridades municipales sobre el equipo que la vigila.

Ante tal aseveración, Aracely Salcedo dijo que su cuerpo de seguridad, sí proviene de la Procuraduría General de la República, (PGR) y que además, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ya está enterado de la situación y pronto se reunirá con ella en Veracruz.

La madre solicitará una llamada de atención al cuerpo policial del municipio orizabeño.

Las asociaciones civiles que respaldan la causa de la madre de Fernanda Rubí, como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, coinciden en que Aracely Salcedo estaría en todo su derecho de proceder legalmente contra el Ayuntamiento de Orizaba por el delito de Abuso de autoridad y difamación.


Familiares de desaparecidos en Veracruz han denunciado que han sido víctimas de amenazas y hostigamiento y culpan al Gobierno de Veracruz. Foto: Cuartoscuro

ACOSO, SECUESTROS Y AGRESIONES

El acoso contra la señora Aracely Salcedo, se suma a los de otros familiares de víctimas de desaparición, que han sido denunciados ante la Fiscalía General del Estado, en muchos de ellos, el Gobierno de la entidad es señalado como el responsable.

Se tiene el registro de la señora Ana Lilia López Ortiz, madre de Alexander Figueroa López, desaparecido el 05 de diciembre de 2014, a ella el pasado 16 de marzo de 2016 la intentaron secuestrar. Lo que finalizó en un enfrentamiento a balazos entre los presuntos criminales y los escoltar de López Ortiz.

Otro caso, es el de Claudia Ivonne Vera García, quien busca a su sobrina de seis años de edad, desaparecida desde el año de 2011. La activista fue sustraída de su domicilio, el pasado 23 de marzo de 2016, presuntamente, por sujetos armados y encapuchados.
Por su parte, Eloísa Campos, madre de Randy Julián Mendoza Campos, desaparecido en Orizaba el 02 de agosto de 2014, recriminó: “Es fácil que desaparezcan a nuestros hijos, lo difícil es buscarlos, ya ni a eso tenemos derecho. [Es] una ofensa para todas nosotras”.

Para muestra, basta mencionar el expediente de tres integrantes del Colectivo Por la Paz Xalapa, denuncia FGE/FIM/MP9/CI/42/2015, interpuesta por Yolanda Espíritu Mota, Abiram Hernández Fernández y Sara González Rodríguez, representante de la agrupación.

El pasado 16 de noviembre de 2015 fueron agredidos físicamente, al grado de desprenderle las uñas a la representante de la agrupación; los responsables, presuntos escoltas del Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, durante su V informe de gobierno en el Velódromo Internacional Xalapa.

“Vengo a manifestarme porque a mi hijo y a mi nuera se los llevaron los policías de Veracruz el 14 de marzo de 2010. Que me escuche el señor Gobernador. Es mentira que está haciendo algo por los desaparecidos” emitió con voz bravía Sara González. A medio año de haber sido violentados, la denuncia permanece congelada; sin responsables, sin castigo, en la impunidad.

Otro caso es el de Gaspar Rosales, hijo de Palemón Rosales Santos, de 84 años secuestrado el 11 de julio del 2009 en Ixtaczoquitlán, Veracruz. A la fecha el hombre, de 60 años y militar retirado, declara que al menos en 20 ocasiones ha sido detenido en la vía pública, por policías municipales de Orizaba, Veracruz.

“Si hablo, es para decir que la señora Salcedo no miente, a mí me han hecho lo mismo, ya conocen mi carro y aun así se empeñan en encañonarme y exigir que baje con las manos en alto, luego me recargan sobre el vehículo, como si fuera un delincuente”, asegura Gaspar Rosales.

A la hija de Alejandra Pérez Rosas, de 16 años, una voz anónima desde el teléfono le advirtió: “Si no me mandas 50 fotos y videos desnuda les vamos a cortar las cabezas a todas”, cinco mujeres que buscan a Yair Déctor Pérez, desaparecido el 25 de febrero de 2013, en el operativo Veracruz, Seguro, en Río Blanco.

Ana Lilia Jiménez, madre de Yael Zuriel Monterrosas Jiménez, desaparecido el 1 de septiembre de 2012, no solo ha tenido que cargar con la ausencia de su hijo, las amenazas han ocasionado que su hija viva desplazada, lejos de Veracruz y de la muerte.

Los activistas han denunciado que mediante amenazas o ejerciendo la violencia en su contra algunos son orillados a detener la búsqueda de sus hijos. Denuncian además como responsables del acoso al gobierno y a los delincuentes.


(SIN EMBARGO.MX/ REDACCIÓN / SIN EMBARGO MAYO 9, 2016 - 5:34 PM) 

COMO ERUVIEL NO RESPONDE, GREENPEACE, ONGS Y CIUDADANOS PIDEN A PEÑA LIBERAR A ILDEFONSO

“Ya que Eruviel no contesta, a ver si Peña Nieto se toma el tiempo de contestarnos, no sólo a las organizaciones, sino a las más de 23 mil personas que se han sumado a esta campaña. Que nos dé una respuesta. Queremos que resuelva pronto y finalmente Ildefonso Zamora pueda salir de prisión porque es inocente, es un defensor del medio ambiente que no tiene por qué estar en la cárcel”, acusó Greenpeace.


Ildefonso Zamora, padre de Aldo Zamora, asesinado por talamontes, durante un recorrido con Greenpeace por el parque nacional lagunas de Zempoala, al cumplirse el primer aniversario luctuoso de Aldo.
15/05/2008. Foto: Greenpeace.

Ciudad de México, 9 de mayo (SinEmbargo).- El nombramiento del defensor de bosques Ildefonso Zamora Baldomero como preso de conciencia por parte de Amnistía Internacional (AI) confirma que las autoridades mexicanas estatales y federales lo mantienen en prisión por razones meramente políticas y con una acusación sin fundamentos, señalaron en un comunicado la organización ambiental Greenpeace México y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

El estatus de preso de conciencia es otorgado por AI a los activistas detenidos sin fundamento legal, “es un preso político con la confianza y la confirmación de una organización de derechos humanos internacional. Se le da a las personas que son detenidas injustamente por cuestiones de activismo pacífico”, explicó en entrevista para SinEmbargo, Miguel Soto Treviño, vocero de la campaña #IldefonsoLibre en Greenpeace México.

Desde que el Centro Prodh y Greenpeace México documentaron el injusto encarcelamiento del ambientalista, lanzaron la campaña #IldefonsoLibre que incluye una petición en línea dirigida al Gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas; al Procurador de Justicia Estatal, Alejandro Jaime Gómez Sánchez; y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Sergio Javier Medina Peñaloza; para exigirles desechar los falsos cargos que se le imputan a Zamora. Hasta el día de hoy, ninguna de las autoridades ha respondido a las más de 23 mil personas que ya firmaron la carta para exigir la liberación de Ildefonso.

Por ello, en conjunto, las tres ONGs lanzaron una petición para que el defensor del medio ambiente quede libre a la brevedad, esta vez dirigida también a Enrique Peña Nieto, Presidente de México.

“Ya que Eruviel no contesta, a ver si Peña Nieto se toma el tiempo de contestarnos, no sólo a las organizaciones, sino a las más de 23 mil personas que se han sumado a esta campaña. Que nos dé una respuesta. Queremos que resuelva pronto y finalmente Ildefonso Zamora pueda salir de prisión porque es inocente, es un defensor del medio ambiente que no tiene porque estar en la cárcel”, dijo Soto.
En la carta abierta, las organizaciones piden al Presidente y a Eruviel Ávila, libertad para el activista tlahuica y solicitan a la ciudadanía firmar en apoyo a la denuncia #IldefonsoLibre:

Tengo conocimiento que Ildefonso Zamora se halla injustamente en prisión al parecer como castigo por su activismo contra la tala ilegal de árboles. Las acusaciones de robo formuladas en su contra se basan en una serie de testimonios fabricados. El Fiscal registró las declaraciones de testigos presenciales que describieron los hechos usando exactamente las mismas palabras que si las estuvieran leyendo de un guión, no se preservó la escena del crimen y no se manejaron debidamente las pruebas.

Su detención forma parte de una serie de amenazas y actos de hostigamiento en su contra. En 2007, uno de sus hijos, Aldo, fue asesinado y su hijo Misael resultó herido en un ataque que aún no se ha investigado exhaustivamente.

Exigimos su libertad inmediata e incondicional y redirigir sus esfuerzos a encontrar a los responsables de los ataques y de la persecución política desatada contra él y su familia.
De acuerdo con un análisis de Greenpeace, desde el 1998 a la fecha han sido taladas al menos 250 hectáreas de los bosques del poblado del que es oriundo Zamora.

El Juez Vicente Antonio Bermúdez, del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, resolverá en las próximas semanas o meses el juicio de amparo promovido por la defensa del líder indígena.


LA ESPERANZA NO MUERE

Greenpeace México y el Centro Prodh son las organizaciones que acompañan a la familia Zamora desde el año 2004 y confían en que el Juez Bermúdez otorgue en breve el amparo de la Justicia Federal a Ildefonso, reconociendo que la acusación sin fundamentos en su contra, busca inhibir la labor que ha ejercido como defensor de los bosques de San Juan Atzingo luchando de forma pacífica en contra de los talamontes, una actividad por la cual estos grupos asesinaron a su hijo Aldo.

“Queremos que escuche la voz de las organizaciones, que no las ignore y finalmente pueda hacer justicia, a diferencia de lo que ha ocurrido con las autoridades del Estado de México. Este Juez tiene en sus manos la oportunidad de hacer justicia por Ildefonso Zamora. Confiamos en que el Juez tome la decisión correcta, también queremos que cese el hostigamiento en su contra. Él no tiene porque pasar un minuto más en prisión”, agregó Soto.

Los próximos días son significativos para la familia Zamora, ya que en menos de una semana se cumplen 9 años del asesinato de Aldo. Además, de continuar preso, el próximo 20 de mayo Ildefonso cumpliría medio año sin justicia.

Por ello, Greenpeace confió en que a manera de homenaje para Aldo, Ildefonso recobre la libertad en las próximas semanas.

Misael Zamora acusó que autoridades locales de San Juan Atzingo, con el apoyo del Gobernador Eruviel Ávila Villegas, confabularon para detener al activista en noviembre del año pasado.

“En el 2011, le arrebatan el cargo a mi padre de comisariado de bienes comunales con muchas irregularidades. Se postula un señor Leobardo Neri Jacinto y él, junto a Arnuldo Gómez Barrón, otro casique más del pueblo, son los que siempre han impulsado la tala, y nunca les ha gustado que mi padre defienda el bosque”, dijo a este medio.

De acuerdo con un análisis de Greenpeace, desde el 1998 a la fecha han sido taladas al menos 250 hectáreas de los bosques del poblado del que es oriundo Zamora.


(SIN EMBARGO.MX/ IVETTE LIRA MAYO 9, 2016 - 7:30 PM)

“TRANSPARENCIA” A LA MEXICANA: 200 MIL POR VER CONTRATO DE OHL CON PEMEX


En el Estado de México, la tierra del Presidente Enrique Peña Nieto, está concentrada parte fundamental de la información de Grupo Higa y OHL-México, corporativos conocidos por sus tramas de millones de pesos y sospechas de corrupción. Pero el Gobernador Eruviel Ávila logró reservar los datos de las dos empresas hasta 2024, un sexenio después de que concluya la presente Administración federal. Banobras también mantiene bajo candado las convocatorias que publicó antes de otorgarle contratos a Higa. Y Pemex indica que sus contratos con OHL México son públicos, pero uno de ellos tiene un costo de casi 200 mil pesos. Son los obstáculos encontrados por SinEmbargo en un ejercicio en todos los sistemas de Transparencia del país para lograr un acercamiento a esas dos entidades, las más controvertidas de los últimos años.


PRIMERA PARTE

Ciudad de México, 9 de mayo (SinEmbargo).– Si un ciudadano quiere conocer alguno de los contratos que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha firmado con la filial de Obrascón Huarte Lain en México (OHL México), tiene razones para alegrarse: la información es pública y puede ser solicitada ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).


Pero ese ciudadano deberá tomar en cuenta un detalle: sus recursos económicos. Por el documento tendrá que pagar 171 mil 522 pesos, el costo fijado por el instituto para ese legajo de unas nueve mil cuartillas.

Ahora, si el ciudadano quiere enterarse al pie de la letra de un contrato que la Secretaría de Energía celebró con Grupo Higa, S.A. de C.V., de Juan Armando Hinojosa Cantú, tendrá que pensar en desembolsar 27 mil 610 pesos con 50 centavos, más 107 pesos con 50 centavos por gastos de envío.

En México, los datos públicos tienen precio: 50 centavos por copia simple y 18 pesos por copia certificada. Son costos regidos por la Ley Federal de Derechos, una legislación promulgada en 1981 por el entonces Presidente José López Portillo y a los que se apega la normativa de Transparencia y Acceso a la Información vigente.

Así, el acercamiento a Grupo Higa y OHL México, las dos entidades privadas más conocidas en la presente Administración por supuestas anomalías en sus relaciones contractuales con los gobiernos, tiene un costo que puede rebasar los cien mil pesos.

A juzgar por los cientos de solicitudes de información ante el INAI, los mexicanos desean desenmarañar las tramas que vinculan millones de pesos con sospechas de corrupción o privilegio en ambos corporativos. Investigadores, tesistas, periodistas o ciudadanos comunes han manifestado su deseo de contar con los contratos entre el Gobierno y estas empresas; además de pormenores de reuniones que han implicado a funcionarios, según puede leerse en las peticiones.

Pero además del costo de los contratos, quienes buscan información sobre Higa y OHL encuentran otro tope: la reserva. Parte fundamental de los datos de ambas empresas está concentrada en el Estado de México, la tierra del Presidente Enrique Peña Nieto; pero no puede accederse con facilidad a la información guardada ahí. Una Ley de Transparencia que permite la extensión hasta el infinito de los plazos para reservar información, le permitió al Gobernador Eruviel Ávila Villegas clasificar hasta 2024 asuntos como la concesión a Grupo Higa de la autopista Toluca-Naucalpan, cuya construcción implicó el desalojo y destrucción de viviendas de una comunidad otomí en Santiago Xochicuautla en abril pasado; además de los datos del Sistema Independiente de Verificación de Aforos (SIVA), la concesión que originó el escándalo de corrupción de OHL-México.

Esta casa editorial hizo más de mil solicitudes de información para conocer en qué sitios de la República, estas dos empresas contaban con contratos y con qué gobiernos. Las respuestas fueron prórrogas de 20 días hábiles, declaraciones de inexistencia o de reservas parciales o totales, así como el costo en miles de algunos contratos.

A cada institución le fue solicitado el número de convenios, la copia de los mismos, el tipo de procedimiento por el que fue adjudicado y las razones para concederlo en caso de que se tratara de una convocatoria o invitación. A nivel federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el Banco de Comercio Exterior (Bancomext), así como Pemex Exploración y Producción (PEP) respondieron que sí firmaron con Grupo Higa en ese periodo.

En cuando a OHL, la SCT, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad fueron las instituciones que admitieron relación contractual.

Mariana Campos, coordinadora del Programa Gasto Público, de México Evalúa, una de las autoras del estudio “Métrica de la Transparencia en la Obra Pública”, conoció el ejercicio de SinEmbargo. Para la observadora, el acercamiento a través de los mecanismos de Transparencia a esas empresas se interrumpió cuando la intención fue ir más allá en el conocimiento detallado de los contratos y también en la reserva con plazos mayores a cinco años.

También fue consultado Ernesto Gómez Magaña, forjador de la iniciativa “Yo contra la corrupción” (#yoco) de la organización Contraloría Ciudadana y a cargo de la “Testimonioteca”, un proyecto en línea que acumula la experiencia en licitaciones públicas de organizaciones que han fungido como testigos sociales como México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana.

“Frente al cáncer de la corrupción, no ha habido una respuesta consistente y amplia del sector privado. Se distinguen en compromiso social las cámaras de la Industria del Vestido y de la Construcción; pero es muy poco. En general, no se observa que el empresariado esté comprometido con la Transparencia”, expuso el especialista.

LOS SECRETOS DEL EDOMEX, LA TIERRA DEL PRESIDENTE

El 11 de abril de 2016, la comunidad otomí de Santiago Xochicuautla, en Lerma, en el Estado de México, amaneció repleto de maquinaria pesada. La empresa Autovan, filial de Grupo Higa había ingresado para desalojar a sus habitantes y luego, destruir sus casas. Fue notoria la zozobra en el pueblo. Los obreros que conducían los pesados tractores no iban solos, los apoyaban elementos granaderos del Gobierno del Estado de México.

La vivienda del delegado Armando García Salazar fue derruida. Las redes sociales Twitter y Periscope difundieron las imágenes de la destrucción, así como mensajes que reproducían el temor a que la maquinaria avanzara por los caminos del pueblo, destruyendo cualquier hogar a su paso. De nada servía en esos momentos el juicio de amparo promovido en el juzgado quinto de distrito con sede en Toluca. Los obreros sostenían que ese terreno correspondía a las 37 hectáreas expropiadas mediante un decreto firmado por el Presidente Enrique Peña Nieto en 2015 para concluir la autopista Toluca-Naucalpan.

La carretera está planeada para ser una vía de cuota de 39 kilómetros que beneficiaría el tránsito vehicular procedente de la zona poniente del Estado de México y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca. El negocio es siete mil 200 millones de pesos y desde que Enrique Peña Nieto era Gobernador de la entidad mexiquense, fue concesionado a Grupo Higa.

Pero los detalles de la concesión no pueden saberse. El Gobierno de Eruviel Ávila clasificó la información como “reservada” hasta 2024. Así, la autoridad guarda bajo candado lo relativo a la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista.

Es una reserva que incluye todos los contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos que derivan de la liberación del derecho de vía requerido para la construcción de esa carretera.

De Santiago Xochicuautla, el Gobierno del Estado de México tampoco quiere hablar. También hasta 2024, mantiene clasificados estos documentos: la consulta previa en la comunidad, el financiamiento, metodología, estadísticas, medios de publicación y notificación de la consulta, así como su impacto social. También la información relativa a las contraprestaciones establecidas en el título de concesión y las que de ellas deriven.

El 2024 también es el año en que se abrirán los datos relacionados con el Sistema Independiente de Verificación de Aforos (SIVA), la concesión que originó el escándalo de corrupción de la filial en México de OHL México.

Aunque desde 2013, el conductor que transita cada día por el Circuito Exterior Mexiquense ha pagado 50 centavos para ser monitoreado con ese sistema, si pregunta por el destino de sus pagos, no obtendrá ninguna respuesta.

El Gobierno del Estado de México argumenta que la concesión del Circuito está inmersa en un proceso judicial. En mayo de 2015, el Gobierno canceló el contrato por considerar que la empresa encargada, Infraiber, cobraría un monto excesivo por el servicio, de 50 centavos. Luego, el mismo Gobierno mexiquense acordó con OHL México continuar con ese mismo cobro. La decisión de la remoción del contrato habría sido una orden del propio Presidente Enrique Peña Nieto, según uno de los audios colgados en el canal Youtube sobre presuntos actos de corrupción del corporativo.

HIGA Y BANOBRAS: CERRADURA QUE NO ABRE

“Parcialmente reservada” fue la respuesta de Banobras –una de las instituciones crediticias más antiguas de la Administración federal con ocho décadas de operación– cuando se le solicitó información detallada de sus contratos con Grupo Higa. El emblemático banco ha firmado seis convenios con filiales del Grupo de Juan Armando Hinojosa Cantú, pero de cuatro, no pueden conocerse las convocatorias, parte fundamental de una adjudicación en un proceso de libre competencia.

Ocurre así en la convocatoria que se hizo para la ejecución de la ampliación de la carretera Guadalajara-Colima, la que ganó Concretos y Obra Civil del Pacífico en unión con Grupo Servicios S.A de C.V. y G. Collado.

También el que se le otorgó a Publicidad y Artículos Creativos (PACSA) para realizar el “estudio de sondeo a los usuarios del tramo carretero Guadalajara-Colima” y en el que se le dio a la misma PACSA para “estudio de sondeo a los usuarios del tramo carretero Altacomulco-Maravatío.

En el que tiene la constructora Teya para la ejecución de los trabajos de la ampliación de dos a cuatro carriles de los kilómetros 103-510 al 110-000 del tramo carretero Guadalajara-Colima, la convocatoria también está reservada.

Banobras informó a este medio digital que la información que mantiene reservada está protegida por el secreto bancario y fiduciario y que el comité de información (ante el INAI) se pronunció por confirmar ese estado de los datos en su sexta sesión extraordinaria del 26 de febrero de 2016.

El Banco se había propuesto mantener bajo el candado de la reserva (hasta 2025) los contratos que firmó respecto a la autopista Guadalajara-Colima, uno con Constructora Teya S.A. de C.V. y otro con Obras del Pacífico S.A. de C.V., ambas filiales de Higa.

Y era así, según Banobras, porque los datos de ese contrato pertenecían a un fideicomiso el cual también estaba bajo secreto fiduciario.

Pero el INAI lo reconvino para que abriera la información.

De modo que ante las solicitudes de este diario digital, Banobras respondió: “Se hace de su conocimiento que los contratos celebrados con Constructora Teya S.A. de C.V y Concretos y obras del Pacífico S.A. de C.V. se han dado a conocer con motivo de una resolución del INAI”. En efecto, en sus respuestas, Banobras remite a su dirección electrónica (http://www.banobras.gob.mx) para que se consulten sus contratos. Pero al llegar al rubro indicado, el click no lleva a ninguna información.

Las respuestas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) también representaron una traba. Ante cuatro solicitudes, la dependencia notificó que requería prórroga pero concluido ese periodo, dejó sin contestar dos. Una de sus respuestas se refiere a OHL España cuando la pregunta fue específica en OHL-México.Sec-Energía

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México aparece hundido en el “Índice de percepción de la corrupción”, elaborado por la organización Transparencia Internacional cuya sede está en Berlín. En el último reporte de 2014, obtuvo 35 puntos, en una escala que va de cero (altos niveles de corrupción) a 100 (bajos niveles de corrupción).

Cuando Peña Nieto fue candidato el Índice de Percepción de Corrupción 2011, elaborado por Transparencia Internacional, México tenía el sitio 100 de 183. Una posición de alarma. Hoy, el país no ha logrado atravesar el bache: se superó cinco posiciones, pero se mantiene entre los países con las peores calificaciones: está en el casillero 95.

En estos momentos, el costo de la corrupción tanto en el Gobierno como en las empresas está calculado en el 9 por ciento del Producto Interno Bruto, según el Consejo Coordinador Empresarial. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) ubica ese número en 10 por ciento. De cualquier forma se trata del doble de las ganancias que obtiene el crimen organizado y es superior a los dividendos de la extracción de petróleo crudo cada año por Pemex.

El 4 de mayo de 2015, Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, promulgó en el Palacio Nacional la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Antes de estampar su firma, el Primer Mandatario dijo que con esta nueva norma se cerraban los espacios de opacidad y discrecionalidad, y se abría una nueva etapa de transparencia y rendición de cuentas en el país.

Apenas dos días después, el diario británico The Financial Times –el más influyente para los inversionistas del mundo– publicó un reportaje en el que relató que la corrupción se había convertido en un lugar común en México, al grado que a las empresas locales y multinacionales ya les resultaba indiferente.

El plazo para que los estados armonizaran sus sistemas de información de acuerdo con la Ley General de Transparencia que entró en vigor el 5 de mayo ha expirado y sólo xx estados lo lograron. Y mientras buscan homologarse, los obstáculos para acercarse a Higa y OHL brotan en casi todos los sistemas de transparencia. El de Tabasco no permitió realizar las solicitudes pues en su portal público no aparece la opción para registrarse en el sistema. En los de Yucatán y Tamaulipas, después de ingresar la solicitud, no se obtuvo fecha de respuesta.

A nivel federal, la frecuencia con la que el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2016) han negado información se refleja en el Índice de Expedientes Reservados que a la fecha suma 12 millones 416 mil 154 asuntos. Las negativas concentran contratos, gastos en obras o funcionarios involucrados en irregularidades. Respecto a los contratos de Higa, el Gobierno mantiene la categoría “información pública” ante el INAI. Pero el acercamiento implica un camino con topes.


(SINEMBARGO.MX/ ALEJANDRA PADILLA, LINALOE R. FLORES Y DANIELA BARRAGÁN/ MAYO 9, 2016 - 12:05 AM)

SURGE LA PRIMER TRAICIÓN: DAN A CONOCER LISTA DE TROLLES PANISTAS


SE HAN ESTADO MANEJANDO  diferentes estrategias para manipular la información tratando de magnificar o minimizar eventos con tal de conseguir conformar una percepción determinada sobre la población gobernada… y en esto se vale de todo tipo de mensajes – -falsos o verdaderos--,  medios –como herramientas de apoyo--,  y no hay escrúpulos.

No es nuevo.  No asusta. Son estrategias organizacionales en la que nada tienen que ver el uso de valores o el cuidado de las reglas mientras se cumple el objetivo: desestabilización informativa.

Se necesita para lograr esto, por supuesto  un flujo considerable de recursos pues un troll tipo A, que es el que organiza, mueve, diseña, tiene un salario mensual de unos 25 mil pesos, por aquello de que a mayor paga, mayor lealtad.

Los otros, los trolles tipo B que son aquellos que se la llevan pegados a un monitor, esos rondan los 15  mil pesos mensuales. Son los que descubren tendencias, modifican textos antes del envio a redes, determinan  y dan valor (positivo o negativo) a la información que se maneja o está por manejarse en base a una debida  toma de decisiones de las jefaturas.

 Y por último están los trolles tipo C que son la chiruza, los maquiladores, los que copian y pegan, aquellos que cuentan con una veintena de correos electrónicos propios y claro, todos falsos y que además utilizan cada uno de ellos para lograr el objetivo desestabilizador. El sueldo mensual de estos es de ocho mil pesos pesos y si usted, estimado lector, labora en este tipo de chambas y le pagan menos, pegue de gritos pues a final de cuentas quienes diseñan estas organizaciones suelen tener mucho dinero.

Claro el medio ambiente de los trolles son las redes sociales primariamente y de manera secundaria los watsap que se manejan de otra manera como lo explicamos más adelante

Para que esto funcione con la debida pulcritud posible, los trolles requieren de documentos –falsos o verdaderos--, para dar sustentabilidad a la información que rolan, o bien, que un medio informativo –creado por ellos o bien, aliado de ellos--, ponga en su página web una información equis para rolarla.

 ES EL MODUS OPERANDI

 Muy bien. Vamos a los hechos: hace unos días empezaron a circular documentos en los cuales se trataba de “quemar”  a funcionarios del gabinete –concretamente a tres: Natalia Rivera, Elda Molina e Iván Jaimes--,  pues según estos habían pedido recursos para utilizarlos en equis o ye rubro. No es defensa pero cada área cuenta con recurso propio para su manejo logístico.

Sin embargo, esta estrategia fracasó por un detalle: los diferentes documentos que cuentan con todas las características de ser verdaderos presentaba una falla estructural, faltaba una firma y por allí se fue la investigación de quienes manejan gobierno y ya detectaron a quienes filtraron esa información a los troleros desestabilizadores.

Por lo pronto a esos funcionarios –topos azules--, en esta semana los van a despedir y según mi parecer todo indica que los quemarán en la hoguera para ponerlos de ejemplo al resto de los infiltrados que se la llevan pasando este tipo de documentos.

Otro hecho: hay informaciones que hacen llegar a los correos electrónicos sobre todo de los periodistas, para tratar de incrustarles ideas, hechos, percepciones, y que a su vez las reflejen vía columnas.  Así, envían mensajes con diferentes seudónimos como el de Pancho López, Juan Pérez, entre otros.

Y para acabar de redondear el cuadro, en el uso de los watsap es muy fácil que aquellos amigos de periodistas les envíen documentos o fotos para que los retransmitan y en ocasiones suele ser una estrategia efectiva, en otras no.

En cuanto a la información, en ocasiones ellos mismos manejan supuestos descubrimientos de listas de troles, como la que recientemente se manejara en esta página: https://twitter.com/NewSonCorrupto1/lists/troles-panistas/members que no sea si sean ciertas o no, pero ahí están.


(DOSSIER POLITICO/ REDACCION/ 2016-05-09)

ATACAN PATRULLAS DE LA PGJE DE BCS


Después de la ejecución del ex jefe de la plaza del narcomenudeo de La Paz, Baja California Sur, Luis Antonio Montoya Beltran “El Artista” o “Don Carlos”, ocurrida la mañana del pasado 6 de mayo en la colonia Arboledas, dos patrullas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, fueron atacadas con presuntas bombas molotov la madrugada de este domingo en la capital sudcaliforniana.

El primero sucedió aproximadamente a las 3:20 de la madrugada en contra de un automóvil línea Sentra y marca Nissan modelo 2012, estacionado en la calle de Península de San Francisco y Península Portugal en el fraccionamiento Península Sur.

El segundo alrededor de las 5 de la madrugada en contra de una camioneta color blanco pick up 2015 en la calle de Damiana y Gerarios en la colonia Jardines del Sur, y la cual estaba estacionada afuera del domicilio del comandante de la Policia Ministerial del Estado, Alfredo Aviles.

En el momento del ataque -según los primeros reportes- las dos unidades oficiales estaban estacionadas y sin personal arriba, por lo que solo hubo daños materiales.

Los ataques se registraron justamente después de que -según las primeras investigaciones tras el asesinato del ex jefe de la plaza del narcomenudeo- personal de la propia Procuraduría, así como el todavía director antisecuestros, Samgar Salvador Gomez Reyes, el encargado del despacho de la Policia Ministerial del Estado, Josue Geovanni Zuñiga Mendez y el comandante de Homicidios, Bibiano Rigoberto Burgoing, y quienes rodean al Procurador General de Justicia del Estado, Palemon Villeda Alamilla, fueran señalados como los principales sospechosos de haber puesto al jefe criminal en manos de sicarios del Cártel de Sinaloa, lo que podría detonar una nueva ola de violencia en el estado.


(SEMANARIO ZETA/ REDACCION/ Domingo, 8 mayo, 2016 12:25 PM)

OTRO FEMINICIDIO EN ENSENADA


Una mujer que había sido internada en el Hospital General tras haber recibido una golpiza, falleció el 5 de mayo, según información de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), dependencia que investiga el caso en Ensenada.

Se trata de Cynthia Daniela Mejía Acevedo, de 26 años de edad, quien tres días antes había sido internada a ese nosocomio presentando lesiones en rostro y cabeza, al parecer provocada por golpes con los puños y algún objeto contundente.

Las autoridades aún no determinan los resultados de la necropsia, pero se presume un crimen derivado de violencia intrafamiliar.

La joven asesinada era madre de una niña de tres años de edad.


(SEMANARIO ZETA/ FOTO: ILUSTRATIVA, TOMADA DE INTERNET/  JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ / DOMINGO, 8 MAYO, 2016 01:27 PM)

MATAN A DOS Y BALEAN A CINCO EN TIJUANA


La tarde de este domingo 8 de mayo, en diversos puntos de Tijuana fueron asesinadas dos personas y otras cinco resultaron baleadas.

Primero, al interior de un domicilio en la colonia Camino Verde, cinco personas de entre 20 y 30 años de edad fueron atacadas a tiros.

Reportes preliminares refieren que los hechos suscitaron alrededor de las 18:00 horas, en una vivienda ubicada sobre la calle Torres Gemelas, de la mencionada zona perteneciente a la Delegación Sánchez Taboada.

Trascendió que las víctimas fueron trasladadas en vehículos particulares a la Clínica 20 del IMSS y a la Cruz Roja.

Uno de ellas se reporta grave. Posteriormente, a las 18:30 horas se reportó el asesinato de dos personas cuando iban a bordo de un vehículo Ford Taurus color blanco, sobre la avenida Encino de la colonia Artesanal en la delegación San Antonio de los Buenos

l arribo de agentes municipales y paramédicos de la Cruz Roja declararon sin vida a las víctimas identificadas como Javier Pérez Rodríguez y Mauricio Alejandro Cristobal, ambos de 25 años de edad.

Agentes periciales localizaron en la escena del crimen más de 20 casquillos percutidos, al parecer, calibre 9mm. Dos muertos en Rosarito Este domingo se reportó el hallazgo de dos personas sin vida en Playas de Rosarito.

Trascendió que una de las víctimas estaba envuelta en una cobija, mientras que la otra en una bolsa de plástico.


(SEMANARIO ZETA/ REDACCION/ Foto: ZETA /Domingo, 8 mayo, 2016 08:54 PM)