martes, 3 de mayo de 2016

REGIDOR PONE EN JAQUE A LOS MEDIOS


En una polémica iniciativa de Ley, el edil del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, Samir Savín Ruiz, solicitó la creación de la Comisión de Comunicación Social en el XII Ayuntamiento de Los Cabos, a fin de transparentar el gasto en medios de comunicación  El regidor de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano en el XII Ayuntamiento de Los Cabos, Samir Savín Ruiz, se ve decidido a destapar públicamente el gasto en los medios de comunicación.

Ni ataques en columnas, ni señalamientos en notas o reportajes mediáticos difundidos principalmente en blogs de noticias y redes sociales, aparentemente lo hacen retroceder en su intención de promover la creación de la Comisión de Comunicación Social en el Cabildo del alcalde de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante.

El VIII regidor cabeño presentó formalmente el  22 de abril, la iniciativa de Ley en un formato de debate, realizado en la ciudad de La Paz, la cual ha puesto en “jaque” a los medios de comunicación sudcalifornianos, ya que entre otras cosas, va encaminada a transparentar y hacer eficiente el gasto público en esta materia.

En el evento únicamente estuvieron presentes algunos internautas, corresponsales y columnistas:

* Cuauhtémoc Morgan Hernández, director del blog Colectivo Pericue.

* Pedro Juárez Mejía, corresponsal de Milenio y Excélsior.

* Max Rodríguez Palacios, director del blog Quinto Poder y ex corresponsal del desaparecido periódico El Heraldo y de Cadena Raza.

* Juan Carlos Méndez Ramírez, autor de la columna “La Arenga”.

En su primera intervención, el regidor confirmó la presentación oficial de la propuesta para crear la Comisión de Comunicación Social, la cual “está en análisis y discusión todavía”, en virtud de que el alcalde tiene la facultad constitucional de revisar la viabilidad y valorar los nombres de los regidores que deberían integrarla.

Savín agregó que el proyecto ya pasó el primer filtro, que fue aprobar por unanimidad de votos de sus compañeros que la Iniciativa de Ley sea analizada y revisada, y de ser factible, ser creada y nombrar a los regidores que estarían conformando la Comisión de Comunicación Social.

El Regidor de Los Cabos, Samir Savín Ruiz, puso el dedo en la llaga 

Durante el evento, Samir Savín Ruiz expuso que el espíritu de la iniciativa de Ley, que no existe en ningún Cabildo de Baja California Sur, pero sí en otros cuerpos edilicios del país, es elaborar un programa operativo anual del gasto público en materia de medios de comunicación, la cual es facultad del alcalde: supervisar la ejecución de planes, programas, y sobre todo, cómo y de qué manera se gasta el dinero autorizado en el seno del Cabildo.

El edil comentó que el presupuesto de la Dirección de Comunicación Social debe ejercerse de la manera más transparente posible y apegado al programa operativo anual, el cual debe estar sujeto a todos los lineamientos de fiscalización.

De tal manera que el nuevo parámetro de la contratación de servicios de cualquier medio de comunicación, a partir de la aprobación de la controvertida comisión, deberá estar sujeta primero a ver si son o no medios formales legalmente establecidos y cumplen con todos los requisitos de Ley, como es estar registrados fiscalmente, contar con una oficina, pagar impuestos y derechos laborales de los trabajadores, y sobre todo, tomar muy en cuenta el número de audiencia de cada medio, no importando la línea editorial, a fin de determinar el monto del contrato de cada uno en iguala o convenio y en publicidad.

“Mi iniciativa no es ir en contra de los medios, sino por el contrario, ser lo más transparente posibles en el ejercicio de los egresos y ser más justo en la retribución de los servicios por ese pago que se hace”, justificó el regidor.

Con base en la propuesta, la verdadera polémica del tema es la intención de “comunicar a la sociedad de manera transparente, de manera real, cuánto y por qué se les paga a los medios de comunicación”, es decir, dar a conocer públicamente la lista de reporteros y medios de comunicación, el monto que cobran, así como el concepto de manera detallada.

“No podemos tener un ayuntamiento que está contratando servicios de comunicación social, y a su vez, los servicios de esas empresas sean utilizados para denostar a funcionarios o propiamente el trabajo edilicio realizado, sino debe ir aparejado con una mediática labor que realmente informe a la sociedad, y pueda verse el trabajo que un ayuntamiento realiza en todo su contexto, incluido el de los trece regidores que conforman el Cabildo y presentan iniciativas y dictámenes en diversas materias, y darlo a conocer a la sociedad de manera veraz y oportuna”, comentó.  

EL DEBATE

En la mesa de diálogo, el corresponsal de Milenio y Excélsior, Pedro Juárez Mejía, fue el primero en responder y coincidió que el XII Ayuntamiento de Los Cabos debe informar públicamente a la sociedad el nombre de los reporteros y los montos que actualmente están cobrando, y por concepto de qué.

Sin embargo, dudó que la iniciativa de Ley pueda prosperar en manos del presidente municipal de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante:

“Yo creo que no le conviene, porque por principio de cuentas, una cosa es contratar medios de comunicación que puedan difundir sus actividades gubernamentales, y otra muy diferente, contratar gatilleros que le peguen a los compañeros o determinadas personas para denostar en contra de sus adversarios”.

El término gatilleros encendió los ánimos en la mesa de diálogo, “No sé si te consta”, inquirió el director de Colectivo Pericu, Cuauhtémoc Morgan Hernández,  quien fue interrumpido por el reportero policiaco Max Rodríguez cuando pretendió arrebatar la palabra y cuestionar la utilización del término en alusión.

“Es una manera metafórica de referirme a los periodistas que les pagan para denostar a este o aquel funcionario, es como decir, los mercenarios de la pluma o gatilleros periodísticos. Pero a lo que voy, es que yo no estoy de acuerdo a que los gobiernos de cualquier nivel contraten este tipo de personas que ejercen esas funciones”, señaló.

Arturo de la Rosa Escalante. En sus manos, la deision de transparentar o mantener la discrecionalidad en el gasto de Comunicacion Social.

El reportero reconoció que las compañías periodísticas tienen que generar ingresos como cualquier empresa por concepto de la venta de publicidad, pero “estoy en contra de personas chantajistas que se meten a los medios de información para sacar provecho personal”, por lo que se pronunció por la creación de la Comisión de Comunicación Social en todos los ayuntamientos.

Enseguida, el reportero policiaco Max Rodríguez, expuso:

“Yo siempre he sido crítico de los gobiernos, llámese PRI, PAN o PRD, y ninguno me ha pagado y a ninguno he chantajeado. Ninguno me da y yo tampoco le doy, salvo cuando contratan publicidad”, para agregar que “nos llaman chayoteros porque dicen que nos dan dinero para callar, pero no es así; nos pagan para difundir las actividades gubernamentales, solamente, y eso es muy diferente a ser un gatillero”.

El tercero en entrar al quite fue el columnista Juan Carlos Méndez Ramírez,  quien se pronunció de acuerdo en que se publiquen los nombres y montos pagados a reporteros y medios por el XII Ayuntamiento de Los Cabos.

 “Pero el comportamiento de un funcionario no tiene por qué estar sujeto a control o ponerse un bozal a quien ejerce un oficio en los medios de comunicación, por el simple hecho de recibir un contrato y cuya libertad no es exclusiva de los periodistas, sino es un derecho conquistado por la propia sociedad”, citó, e hizo un llamado a revisar detalladamente la iniciativa, porque -según percibió- “en Los Cabos, nos quieren poner la ‘Ley Mordaza’, porque de hoy en adelante no se podrá criticar a ningún funcionario, si eres uno de los beneficiarios de algún contrato, a pesar de que hay muchos temas que son de interés público, es decir, si un funcionario comete un error, nos van a decir ‘no lo puedes denostar porque tienes un contrato’”.

Méndez fue secundado por el reportero Max Rodríguez,  quien incluso, argumentó que “esa iniciativa creo que va a dar pauta para que de ahora en adelante se exhiba a los comunicadores, y entonces, no puede ser posible contratar a alguien para callarlo”.

El regidor del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, respondió que “así como los reporteros piden respeto, yo también yo a pedir que sean profesionales y lo que publican, o lo que digan o escriban, sea demostrado”,  declaró Savín Ruiz, para luego cuestionar de manera directa al autor de la columna “La Arenga”, Juan Carlos Méndez Ramírez:

“Yo le preguntó a usted, en sus notas, cuando ha exhibido durante esta administración el mal desempeño de un funcionario panista, ¿realmente usted en sus notas ha actuado con profesionalismo y ética?”.

Y enseguida lanzó otra pregunta al reportero policiaco Max Rodríguez:

“Cuando se presta un servicio, ¿hay un compromiso de responsabilidad y se está pagando por ello? Cuando se contrata un servicio, ¿se tiene que hacer lo que se contrata?”, a lo que contestó:

“El término gatilleros lo veo bien aplicado, porque se ha utilizado a la prensa de manera discreta, dando instrucciones para denostar a quienes podemos ser de oposición por tratar de lograr un beneficio para la sociedad y se silencia la voz quienes hacemos labores en beneficio de la comunidad, y con un simple pago ustedes mismos han cedido y han aplicado la ‘Ley Mordaza’”.

Lo anterior desató un debate que terminó con el comentario del regidor perredista:

“Las críticas de los periodistas son muy válidas, pero no utilizando el dinero del erario público para denostar a los servidores públicos de oposición y que estamos haciendo las cosas bien; parece que estamos condenados a ser denostados de esa manera”.  

EL ORIGEN

La polémica propuesta por el regidor del PRD, Samir Savín Ruíz, surge justamente bajo tres ríspidos escenarios, según datos recabados por ZETA.



La primera lista de reporteros y medios de comunicación de La Paz, filtrada presuntamente por comunicadores de Los Cabos.

El primero por la queja de reporteros de Los Cabos, en virtud de una supuesta discriminación en el pago de igualas o convenios, y la asignación de contratos de publicidad para medios de comunicación locales.

El segundo es una campaña mediática de desprestigio en contra del regidor del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, cuyo único pecado fue promover la Comisión de Comunicación Social, sobre todo de blogs de noticias y redes sociales.

El tercero, y quizá más importante, es la filtración -en las últimas semanas- de una lista de 46 reporteros que figuran en nómina gubernamental cabeña y viven en La Paz.

Los montos de los convenios -según documentos en poder de este Semanario- van de 5 mil a  25 mil pesos mensuales por concepto de cobertura informativa del XII Ayuntamiento de Los Cabos, y de acuerdo con reporteros cabeños, únicamente llegan a depredar el presupuesto de la Dirección de Comunicación Social, pagando dadivosamente no sólo los convenios, sino consumos en restaurantes y hoteles.

En las listas filtradas aparecen reporteros y medios de comunicación, pero mayormente internautas de Facebook y YouTube, así como revistas de circulación muy limitada.


(SEMANARIO ZETA BCS/ FOTOS: Gerardo Zúñiga / Gerardo Zúñiga / Martes, 3 mayo, 2016 01:00 PM)

NIÑOS DEL CRIMEN


En el transcurso de 2016, casi 400 adolescentes han sido detenidos en Baja California por delitos que van desde el robo hasta el homicidio y secuestro.

A diferencia de años en que las pandillas reclutaban a los jóvenes, ahora el crimen organizado los ha integrado a un sistema corporativo.

Mientras que el intento de suicidio y asesinato de un niño de 13 años muestra la vulnerabilidad en que se encuentran los menores de edad  

Con salpicaduras de sangre en la nariz, mejilla derecha y mentón, el niño de 13 años permaneció en casa después de apuñalar a su mamá.

El ataque se dio sin discusión previa, a las seis de la mañana del lunes 25 de abril y con un cuchillo largo de cocina.

A los policías que atendieron el reporte en el fraccionamiento Urbi Quinta del Cedro en Tijuana, el menor les confió que agredió a su madre porque estaba harto de que sus dos hermanos pequeños recibieran la atención que él no, y por la relación sentimental que ella mantenía con un hombre.

Flaquito y bajito, con los ojos tristes y las cejas dobladas, sin historial de consumo de drogas ni de violencia, explicó que no entendía por qué su mamá seguía perdonando a su novio si éste la golpeaba.

“Su idea era atacarla para irse con su abuela. Se veía en un estado depresivo”, detalla la fiscal especializada en adolescentes, Helga Sánchez Chamery, quien recibió al menor de edad cuando fue trasladado a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Fueron 16 los cortes en el cuerpo de Jessica Belén Jiménez. Rostro, pecho, abdomen, brazos, espalda y cadera.

Ninguna herida de profundidad, la más severa llegó hasta el músculo frontal en la frente, donde probablemente se forme una cicatriz.

Para la fiscal, la poca fuerza física del adolescente -quien tiene el aspecto de un niño de 11 años- contribuyó a que las lesiones no fueran letales.

“Él se arrepintió de lo que le hizo a la mamá y se intentó cortar las venas, pero sólo se lastimó las manos”, complementa Laura Ivette Rivera Lazcano, directora de Justicia para Adolescentes de la PGJE.  

Tras el ataque, Jessica llamó por teléfono a su novio, quien a su vez dio aviso a la Policía Municipal.

En el Centro, los jovenes participan en actividades escolares, deportivas y religiosas Los agentes encontraron a la mujer de 30 años al borde de la cama, con expresión dolida, vestida con un pantalón rosa de pijama.

Sangre en casi toda su blusa verde pastel, en la sábana y en el piso. La punta del cuchillo dejó surcos en el colchón.

Mientras el menor fue llevado al Hospital General, donde recibió suturas para contener el sangrado, Jessica Belén llegó hasta la Cruz Roja y horas después, fue dada de alta.

Sin embargo, la averiguación previa abierta por homicidio calificado en grado de tentativa y agravada por razón de parentesco, bajo el número 127/16/214 en la Procuraduría, quedó sin efecto.

Esto porque a sus 13 años de edad, el menor no es imputable de acuerdo a la Ley de Justicia para Adolescentes, la cual establece la edad mínima de 14 años para enfrentar un proceso penal.

 Si bien, no hay delito que investigar, la Agencia Especializada en Adolescentes integró un expediente para turnarlo a la Agencia de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, donde se giró una orden de investigación para determinar la situación del menor, quien fue entregado a su abuelo materno cuando éste acudió al Ministerio Público con el acta de nacimiento original de su nieto.

La directora de Justicia para Adolescentes explicó que el menor no fue enviado a un centro DIF porque no se encontraron antecedentes de violencia familiar.

“Al menor se le asignó un abogado defensor de oficio y se reservó su derecho a declarar. La mamá tampoco declaró porque tiene derecho a no declarar en contra de sus familiares ascendentes o descendientes”, añadió.

Lo que se sabe del ataque, es lo que el menor narró a los policías.

Por ejemplo, que sus dos hermanos de cinco y siete años conviven con su papá y con la familia de él, mientras el adolescente no.

O que la mamá “se va de fiesta con su nueva pareja y a él no le dan la atención que requiere”, precisa la funcionaria.

“El menor requiere atención y la madre también. En la agencia de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, se va a determinar qué tratamiento psicológico o psiquiátrico, dependiendo del grado de afectación tanto del menor como de la madre”, añade.

No obstante, si Jessica Belén Jiménez y el menor no responden a las órdenes de comparecencia para continuar con el proceso en la PGJE, no se podrán integrar los dictámenes correspondientes para determinar qué tratamiento recibirá el adolescente.  

NARCOMENUDEO SE IMPONE EN TIJUANA, ROBO EN MEXICALI

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016, 368 expedientes se han abierto en la PGJE de Baja California con adolescentes involucrados en delitos.

De éstos, 248 corresponden a Mexicali, la ciudad con mayor incidencia delictiva entre menores de 18 años.

Laura Ivette Rivera Lazcano, directora de Justicia para Adolescentes, amplía los casos en Tijuana.

El corte al 14 de abril de 2016, es de 132 adolescentes turnados al Ministerio Público.

Le sigue Ensenada con 19 detenidos, Rosarito con seis, pero en Tecate no se ha turnado un solo adolescente en lo que va del año.

El 35 por ciento de los detenidos cumplen sentencia por homicidios, Abdiel está entre ellos Tan sólo en Tijuana, el 30 por ciento de los casos son por narcomenudeo, el delito más frecuente entre menores de edad en la ciudad.

Varias de las detenciones se han dado mediante el Operativo Mochila en las escuelas.

Marihuana, cristal, globitos y pastillas, son las drogas más comunes en su poder.

“Los menores son utilizados para vender droga de manera muy recurrente, y en la mayoría de los casos, vienen de familias disfuncionales. Pasan las 48 horas que tenemos para la integración (del expediente) y hay niños que duermen en celdas, con mamás que llegan horas después. Creo que hace falta supervisión por parte de los padres”, apunta la directora de Justicia para Adolescentes de la PGJE.  

Rivera Lazcano agrega que muchos de los jóvenes llegan aleccionados por quienes les entregan la droga para su venta.

“El otro día, gritaba un niño de 12 años que le pasaran a su abogado. Nos dicen que no saben dónde viven para que no contactemos a sus papás”.

A la Agencia Especializada en Adolescentes de la PGJE llegan menores de 12 a 17 años de edad que cometen algún delito.

Si bien, solamente a partir de los 14 son sujetos a sanciones penales, a los adolescentes de 12 a 13 años, se les puede girar una orden de comparecencia para que junto a sus papás, se comprometan en ir a la escuela, que sean “personas de bien” y cumplan con un tratamiento.

Cualquier menor que sea remitido a la PGJE, pero no sea consignado, debe ser puesto en libertad en un periodo no mayor a 48 horas.

Si el tutor legal no se presenta, entonces los agentes ministeriales los llevan a su hogar.

Entre otras especificaciones de la Ley de Justicia para Adolescentes, cada menor tiene derecho a un abogado defensor especializado en adolescentes, quien le informa su derecho a reservar o rendir su declaración.

La celda en el Ministerio Público, debe estar separada de los adultos, con iluminación y no contar con rejas. En el caso de Tijuana, una mica de plástico reemplaza los barrotes.

“En general, es un trato más humanizado porque los menores de edad no han alcanzado su madurez ni conciencia plena… aunque nos han llegado asuntos en los que desconocemos cómo es su conciencia, pero están bien alebrestados”, expone la funcionaria de la Procuraduría.

Además, todos los casos -excepto narcomenudeo- pueden resolverse a través de la conciliación en el Centro Estatal de Justicia Alternativa.

De los 132 adolescentes detenidos este año en Tijuana, 111 han sido consignados al Juzgado de Primaria Instancia Especializado en Adolescentes.

Después de posesión simple de droga, los principales delitos por los que son detenidos los adolescentes, son daño en propiedad ajena intencional con 18 turnaciones, robo con violencia con 11 aprehensiones, robo en casa habitación con siete casos, portación de arma prohibida también con siete y cinco más por lesiones.

Mientras que en Mexicali, que concentra 46 consignaciones de adolescentes, entre enero y  marzo de 2016, el principal delito es el robo.

Para la directora de Justicia para Adolescentes, el denominador común entre los jóvenes detenidos por un delito es “la falta de cuidado de los papás, pero aquí llegan por robo simple y terminan con posesión de arma u homicidio”.  

MENORES EN NARCOTÚNELES, SECUESTROS Y HOMICIDIOS

Apolinar Deraz sacó a sus hijos de 14 y 16 años de la escuela.

La mamá de los menores había enfermado de cáncer y para pagar su tratamiento, tendrían que trabajar.

Los tres tomaron dejaron Durango y viajaron a Tijuana, donde serían contratados para construir una casa. Llegaron a la Central Camionera. Los recogieron los constructores, quienes los llevaron hasta un domicilio en el callejón Centenario de la colonia Aeropuerto.

Ahí permanecieron bajo llave. Se les dijo que podrían salir una vez que llegara otro grupo de albañiles. Sin embargo, el 7 de abril de 2015, el padre y sus dos hijos fueron detenidos junto a seis hombres más por el Ejército Mexicano.

En la vivienda de dos pisos fue descubierto un narcotúnel.

En el lugar encontraron además 20 kilos de marihuana y tres kilos 500 gramos de cristal.

“Se probó que estaban trabajando dentro de la casa y sí habían visto el túnel, pero como vienen de fuera, no se imaginaron que era para cruzar a Estados Unidos, pensaron que era un sótano”, explica Luz María Félix Figueroa, juez de Primera Instancia Especializada en Adolescentes, quien estuvo a cargo del caso.

Los menores de edad, así como su padre y el resto de los albañiles, fueron representados por un abogado particular.

Cuando Apolinar Deraz recuperó su libertad, recolectó testimonios de testigos, cartas de novias y amigos de los adolescentes, certificados escolares y declaraciones de familiares para demostrar que los jóvenes no sabían que trabajarían para el narco.

Los adolescentes fueron internados en el Centro de Diagnóstico para Adolescentes, donde permanecieron hasta que su abogado solicitó un incidente de modificación de medida.

Fueron trasladados a otro centro en Durango para estar cerca de su familia y allá recobraron su libertad sin que se les encontraran culpables de los cargos.

Desde hace nueve años, todos los casos penales -estatales y federales- de adolescentes en Tijuana, Rosarito y Tecate, han pasado por el escritorio de la juez de Primera Instancia Especializada en Adolescentes, Luz María Félix Figueroa.

En 2016, este Juzgado tiene 112 expedientes registrados, en los cuales 40 adolescentes han recibido sentencia y 37 siguen bajo proceso. Es decir, en el 35 por ciento de los consignados este año, ya concluyó el proceso penal.

Lo anterior se debe a que en caso de adolescentes, los procesos no deben durar más de tres meses.

En caso de amparo u otro recurso legal que prolongue el juicio, el límite es de cinco meses.

Sin embargo, “no en todos los casos son conductas graves ni amerita que el joven haya quedado detenido como medida cautelar”, puntualiza la juez Félix Figueroa.

En el caso de los adolescentes hay tres tipos de medidas cautelares, en caso de ser encontrados culpables.

La primera es la detención el Centro de Diagnóstico para Adolescentes, la segunda es la reclusión domiciliaria (casa, institución médica u hospitalaria o centro de rehabilitación) y tratamiento externo, en la cual gozan de libertad, pero deben cumplir con la nivelación académica y tratamiento psicológico.

“Además de aplicarle una sanción, el objetivo es un tratamiento para recuperarlo de esa situación en la que estaba, que pase por un proceso de maduración para entender que ése fue un hecho que no debió haber cometido”, expresa la juzgadora.

De esos 112 expedientes abiertos, un 70 por ciento son por robo con violencia.

Le sigue delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, casi siempre en posesión simple de metanfetamina y marihuana.

En un incremento en comparación a años anteriores, en 2016, tres adolescentes han sido consignados por homicidio y otros tres por secuestro.

Entre los casos en proceso, está el de Ulises Abraham, de 14 años de edad, que en octubre de 2015 fue contratado a través de Facebook para asesinar a Guillermo Gastélum Jacques en la Zona Centro de Tijuana. A cambio, el menor recibiría 31 mil pesos.

Con ese dinero “quería cambiarse de teléfono, comprarse ropa y traer dinero”, refiere la juez.

El estudiante de secundaria creció en un ambiente sano, sus padres son profesionistas, no tenía carencias económicas, pero cometer el asesinato “se le hizo fácil, dijo ‘yo lo puedo hacer’”.

Para un menor de edad, la pena máxima para homicidio es de diez años, pero incluso en sentenciados, la Ley establece que cada tres meses debe ser evaluado para informar al juez del avance en el tratamiento.

Cuando cumple dos terceras partes de la pena, puede pedir una adecuación de medida al juez. Alrededor del 40% de los jóvenes, solicita adecuación de sentencia, casi siempre a través de un abogado particular.

En opinión de la juzgadora, su labor es encontrar “un equilibrio entre la conducta que el adolescente realizó, el daño causado y las características del joven”.

Agrega que hay casos en que pueden restaurarse plenamente fuera, pero en otras ocasiones no, porque “pueden causarse daño a sí mismos, a las personas que intervinieron en este proceso u a otras personas”.

Para que el juez aplique una medida de adecuación, el Cuerpo Colegiado conformado por un psicólogo, un criminólogo, un maestro, un médico y/o psiquiatra y un especialista en seguridad, rinden un informe, en el que votaron unánimemente si el joven es apto a una medida distinta.

En cuanto a declaraciones, la juez Félix Figueroa recuerda las de jóvenes involucrados en secuestros, ya sea vigilando a la víctima o alimentándola.

“Hay quienes dicen ‘yo no me porté mal con el señor porque cuando lo golpearon, yo le limpié la sangre’, porque así lo ven”.

Mientras que en cuestiones de crimen organizado, la jueza ha detectado una práctica meramente corporativa.

“No son pandillas o grupos, sino estructuras empresariales. Les dicen a quién ir a matar o cuánto vender para formar parte de ese grupo”.

También está el caso de hijos de madres solteras. “La mamá tiene que trabajar en fábrica y, aunque tienen los satisfactorios necesarios para sobrevivir, los jóvenes tienen que aportar en casa y no hay supervisión”.

De ahí la conclusión de la juzgadora: “Requieren de control de emociones y de conducta, de atención más que satisfactores económicos, pero así como se atreven a cometer la conducta más atroz, igual se atreven a recuperarse”.  

MENOS REINCIDENCIA, CONTINÚA ADICCIÓN

En el Centro de Diagnóstico para Adolescentes en Tijuana, hay 77 adolescentes detenidos, únicamente dos son mujeres.

La cifra, indica su director, Juan Pedro Quezada Jiménez, es una de las más bajas en los últimos años -en 2013 había 198 internos-, por lo que el centro se encuentra al 21% de su capacidad.

Mientras que 42 adolescentes sentenciados, cumplen con una medida de tratamiento externo, sin encarcelamiento bajo supervisión trimensual de personal del Centro.

“En caso de que no estén cumpliendo, le hacemos de conocimiento a la juez, ella puede decidir si modifica la medida. Afortunadamente, el 80 por ciento de la población sí acude”, comenta el director. La reincidencia también ha bajado. En cálculos de Quezada Jiménez, uno de cada 10 liberados regresa.

Las edades de los internos van de los 14 a los 24 años -quienes fueron sentenciados como menores, no son trasladados a centros penitenciarios de adultos, aunque cumplan la mayoría de edad-, pero la más frecuente es entre los 16 y 17 años.

De los internos, el 35% se encuentran ahí por homicidio, 20 están sentenciados y siete en proceso.

Por robo de violencia, hay 19 jóvenes, 12 bajo proceso. Mientras que por secuestro hay ocho adolescentes, la mitad sentenciada y por robo a casa habitación hay siete personas, sólo una sentenciada.

Entre las características de quienes ingresan al Centro de Diagnóstico, la gran mayoría no acudían a la escuela.

“Tenemos casos de quienes no saben leer ni escribir”, subraya el director.

Mientras que el 75% consumían entre uno y ocho estupefacientes, los más comunes son marihuana, cristal y clonazepam.  La edad de inicio, casi siempre, es a los 14 años.

De acuerdo con el médico de la institución, el 30% de los internos cometieron el delito bajo la influencia de la marihuana.  

“QUERÍA SER ALGUIEN EN LA MAFIA”

Abdiel Contreras está a punto de salir del Centro de Diagnóstico de Adolescentes. Seis de sus 19 años de vida, los ha pasado ahí. Nació en Apatzingán, Michoacán, pero desde niño llegó a la colonia Mariano Matamoros en Tijuana.

“Quería quedar bien, usar ropa de marca como South Pole y Ecko. A los 13 años, empecé a usar marihuana y a robar casas”, narra ahora con el cabello casi a rapa y en uniforme gris.

“Empezamos a hacer cosas más grandes, ya no robábamos, nos ponían como puntos en donde iba a pasar gente con dinero para ir y quitárselo. Yo estaba viviendo con un amigo, él tenía las armas y carros, era mayor de edad”.

Las primeras dos armas de Abdiel fueron un revólver 357 y una pistola 380 Súper de 9 milímetros.

Por cada atraco, recibía hasta 15 mil pesos -cuatro veces más que el salario mensual en una maquiladora- que gastaba en cinco días para comprar alcohol, marihuana y cocaína. Así, a los 14 años compró su primer vehículo, un Honda Hatchback.

De ahí, pasó a trabajar con “alguien que trabajaba en la maña”. En 2010, acudió a una fiesta, “me dijeron ‘vete preparado’ (armado), ya después el patrón nos dijo ‘súbanse a la camioneta’ y nos fuimos.

 Llegó a una gasolinera, ahí llegaron los contrarios y empezaron a rafaguear la camioneta”. Una risa nerviosa escapa de la boca de Abdiel.

“Ta ta ta, escuché los impactos de bala, yo estaba en la cabina y me agaché. Dejaron de tirar un momento, me bajé y agarré un revólver que tenía yo. Miré que eran dos carros, no me quedó de otra más que esconderme detrás de la camioneta y tirar. Cuando empecé a tirar, uno se quedó ahí. No sé si fui yo quien lo maté, no sé, pero ahí quedó y es por eso que estoy aquí”.

Abdiel fue uno de los dos sobrevivientes de esa balacera donde murieron seis personas. Incluidos su jefe y su amigo. Está a días de cumplir una sentencia de seis años por homicidio.

“Quería algún día ser alguien en la mafia, pero le doy gracias a Dios que me ha permitido estar aquí todo este tiempo y no allá afuera, porque no sé si me hubieran matado”, expresa sin dejar de mover las piernas.

Con la secundaria terminada en el Centro, planea estudiar la preparatoria abierta mientras trabaja como pastero en construcción, emplastando tabla roca.

“Mis planes son entrar a la Marina para estudiar Ciencias Navales… ya ese pensamiento tonto lo dejé atrás, era de cuando estaba chavito… pero pues todavía me veo niño”, concluye entre risas.


(SEMANARIO ZETA/ FOTOS: Jorge Dueñes / DIBUJO: Roberto Mora / Inés García Ramos Lunes, 2 mayo, 2016 01:00 PM) 

POLICÍA INDISCIPLINADA E IMPUNE


Durante la actual administración se han presentado alrededor de 3 mil denuncias contra agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal; tan sólo en 2016, la CEDH ha registrado 45 quejas contra la corporación  

Por abuso de autoridad, hostigamiento, secuestros y hasta por homicidios, se han generado más de 3 mil quejas ante Sindicatura Municipal, contra agentes de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali, corporación que se encuentra nuevamente en proceso de conseguir la acreditación CALEA.

Uno de los incidentes “públicos” más recientes ocurrió el sábado 16 de abril, cuando elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal supuestamente golpearon a un menor de 14 años, le apuntaron con una pistola en las costillas y lo amenazaron con sembrarle droga por haber grabado cuando los agentes llegaron a atender un incidente familiar de manera prepotente.

La denuncia la presentó la señora Areli Guzmán Vázquez al día siguiente en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), acusando a dos agentes municipales.

Ese mismo día expuso ante ZETA que fue ella quien llamó al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) para reportar un caso de violencia intrafamiliar; reconoció que había bebido, por lo que tuvo un incidente con su esposo, en eso llegaron los agentes de las unidades 1205 y 2016 de la Policía Municipal.

Guzmán señala que desde que llegaron, el actuar de los agentes fue prepotente, por lo que su hijo de 14 años decidió grabar un empujón propinado a una de sus hermanas, por esa razón los municipales se molestaron y lo subieron a la patrulla.

Agresión viral de policías mexicalenses Antes de ello, los oficiales se habían retirado del lugar, fue mientras Areli Guzmán acudió con una vecina que los municipales volvieron y detuvieron al menor, en cuya narración señala lo amenazaron de muerte.

Primero lo llevaron a la caseta ubicada en la colonia Hidalgo, de ahí lo trasladaron a un baldío donde le quitaron la memoria del celular, lo golpearon y lo llevaron a la comandancia por faltarle al respeto a los agentes.

Guzmán dijo que en ese mismo momento denunció ante Sindicatura Municipal, por lo que le presentaron las fotografías de los policías, ahí reconoció a los de nombre José Roberto Ávila Corrales y Reynaldo García Robles, por lo que presentó la denuncia por lesiones y abuso de autoridad bajo el Número Único de Caso (NUC) 02-02-2016.

Por su parte, el agente José Roberto accedió a hablar con ZETA.

Negó que los hechos hubieran ocurrido como los describió la ofendida, e indicó que el incidente se presentó a las 2:00 am, cuando acudieron al domicilio de Guzmán Vázquez, quien tenía aliento alcohólico.

 “Se encontraba con bastante olor a alcohol, estaba un poco tomada y la señora nos exigía y preguntaba de una u otra forma que le explicáramos por qué su esposo se escondía en su domicilio, esa pregunta nos la hizo como unas veinte veces” explicó el agente.

Agregó que por el comportamiento de la señora decidieron entrevistarse con su hijo mayor de edad, de nombre Alejandro, quien les informó que cuando ella bebía, golpeaba a su papá, por lo que éste se escondía, comentarios que fueron reprochados por la madre de familia. Según relata el agente municipal, la hermana menor, de nombre Ingrid, se molestó al ver que los policías no actuaban, por lo que, con lenguaje altisonante, les pidió se retiraran.

Al ver la situación, decidieron irse del lugar, sin embargo, a los pocos minutos volvieron, fue cuando salió el menor  y los empezó a insultar, por lo que fue detenido por faltar al respeto a la autoridad. Indicó que en ningún momento golpearon al menor y que las cortadas que presentaba fueron hechas por él mismo con una base para una veladora, habría informado a una compañera en la comandancia de Policía.  

VIDEOGRABADO

Éste es uno de los miles de incidentes policiacos, muchos de los cuales, sin pruebas, quedan en el olvido; sin embargo, aun cuando hay evidencia pareciera que no hay una acción disciplinaria contra los agentes, incluso cuando sean video grabados.

Testigos agredidos por municipales A principios de marzo se filtró a la red social Facebook un video donde una mujer, que posteriormente fue identificada como María Belén “N”, de 24 años de edad, fue víctima de una agresión por parte de policías municipales cuando intentaban detenerla.

En el video que subió el usuario identificado como Geogindard Guerrero, el cual supera las 250 mil visitas, se aprecia cómo los agentes municipales jalonean del cabello a la joven para detenerla.

El autor del video afirmó en la descripción:

“Abuso de autoridad por parte del personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, tripulantes de la patrulla 260, agreden físicamente a una ciudadana enfrente del hijo de ella”.

Posteriormente, el 12 de abril, la DSPM presumió la detención de la joven, incluso compartió una imagen de la mujer llorando, los agentes policiacos la habían detenido y presumido como una detención relevante, luego que tras un altercado, la joven quebró una mica de un vehículo en un incidente de tránsito.

El incidente fue catalogado por la autoridad como una justificación, debido al mal comportamiento de la mujer. Sindicatura Municipal se encuentra en investigación para sancionar a los agentes que intervinieron en la detención.  

HOMICIDIO

Otros incidentes más graves tienen que ver con homicidios y secuestros en los que han involucrado a agentes municipales del Valle de Mexicali, y que hasta el momento se encuentran impunes.

No fue hasta que una serie de publicaciones de ZETA salieron a luz, que se abrió una investigación en la PGJE, donde familiares de Antonio Cervantes Muñiz “El Toñín”, acusan a agentes de la DSPM del Ejido Oviedo Mota de ejecutarlo, luego de que se había rendido para su detención.

La madre de Antonio, Irene Muñoz, denunció que luego del homicidio de su hijo, ocurrido el lunes 30 de noviembre de 2015, los agentes de la Policía Municipal mantienen una fuerte represión contra los testigos, quienes los acusan de perpetrar una ejecución.

Señaló que hasta el 27 de abril de 2016, la PGJE no les ha dado explicación ni avance alguno sobre los exámenes y peritajes que se hicieron en el homicidio de “El Toñín”.

“Nada nos han dicho, quedaron de que iban a venir a agarrar las declaraciones de los testigos, nosotros nada más llevamos a dos, que fue mi nuera y otro testigo, pero los demás quedaron en que iban a venir (al Ejido), pero la verdad los trataron muy mal”, afirmó la mujer.

 Para Irene Muñoz no hay duda que el incidente es un homicidio por parte de los agentes municipales, quienes días previos al ataque, ya habían amenazado de muerte a Antonio.

Alejandro Monreal Noriega Indicó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos es la que más seriedad tomó en el asunto, pero que la misma dependencia ha encontrado negativas por parte de la PGJE para facilitarle información del caso.

La entrevistada aseguró que ha existido una persecución policial contra los testigos del homicidio de su hijo, incluso uno de ellos, Manaure Haro Padilla -entrevistado  en su momento por ZETA-,  quien es clave para esclarecer los hechos, expuso que los agentes lo amenazaron de cargarle droga si decía algo, posteriormente fue detenido por esos mismos cargos y actualmente se encuentra en el Centro de Readaptación Social de Mexicali.

“Les han puesto la pistola, les han dicho que si siguen con el caso del ‘Toño’ los van a desaparecer, que se los van a llevar al río”, afirmó Irene Muñoz al cuestionarle por los otros testigos. 

SINDICATURA SIN RECURSOS

El síndico procurador Humberto Zúñiga informó que durante dos años, la dependencia a su cargo no pudo trabajar por falta de recursos, por lo que se encuentran a marchas forzadas para no dejar pendientes a la próxima administración.

Señaló que de las cerca de 3 mil denuncias que se han presentado, 900 quedaron fuera por falta de elementos y hasta el momento solo 10 agentes han sido dados de baja.

“Nosotros presentamos las denuncias cuando tienen que ser penales, y la autoridad no hace nada, o resulta que al último quieren que les pidamos disculpas a los inculpados; definitivamente aquí el elemento que falta, es una ciudadanía más activa”, consideró el servidor público.

De acuerdo con  Zúñiga, durante dos años luchó porque se implementara una Comisión de Honor y Justicia para sancionar a policías que no estuvieran haciendo su trabajo, además, que otro de los inconveniente fue el pésimo reglamento de Policía, por lo que se perdió mucho tiempo durante la actual administración.

Para el síndico es necesario cuestionar lo que está pasando en las corporaciones policiacas, y criticó la falta de autonomía presupuestaría con que cuenta la dependencia encargada de fiscalizar al Ayuntamiento.

En el caso de los agentes que quedaron libres tras ser acusados de secuestro, dijo que fueron suspendidos por Sindicatura, pero hasta ahí llegan sus facultades como órgano de control interno.

En el caso de los otros incidentes como el de la joven agredida  por policías municipales, aún se encuentra en investigación y no hay avances en el tema, al igual que en el caso del menor de 14 años que fue amenazado por policías municipales.

Por último, Zúñiga declaró que alrededor de 650 expedientes se encuentran en proceso para enviar a la Comisión de Honor y Justicia, y 60 están por concluir.


(SEMANARIO ZETA/ FOTOS: Cristian Torres/Cristian Torres / Lunes, 2 mayo, 2016 01:00 PM)

INVESTIGAN FRAUDE POR ADULTERAR FIRMAS DE JUEZ


Por expedir un documento apócrifo en el segundo juzgado de lo familiar en Ensenada, un licenciado en derecho enfrenta una demanda penal por parte de la Juez y Secretaria de Acuerdos que niegan haber firmado. PGJE atorada en el caso.  

Un padre de familia está de manos atadas porque su abogado al parecer lo defraudó falsificando las firmas de una juez del Juzgado Segundo de lo Familiar con sede en Ensenada, y de la Secretaria de Acuerdos.

Su caso, como otros más, ha sido omiso para la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde en un año no han podido avanzar en la investigación asentada en la averiguación previa 2078/15131/AP.

El 15 de abril de 2014, Issac Guadalupe Ochoa Gómez, solicitó una demanda de divorcio ante el juzgado; contrató a José Luis Gallegos Valencia y su caso quedó en el expediente 0760/2014B. 

El litigante contratado para el proceso le cobró 8 mil pesos, la mitad por adelantado y el resto cuando estuviera concluida tanto la separación, como la patria potestad a su favor, y los documentos para tramitar el pasaporte a sus dos hijos menores de edad.

Fue el 30 de octubre cuando se le informó a Issac, a través de un supuesto oficio girado por la juez Gloria Elena Ptacnik Preciado y la Secretaria de Acuerdos, Silvia Elizabeth Mundo, que ya podía iniciar los trámites de pasaportes, pero el sentido común y un desacuerdo con el abogado lo motivó a ir personalmente al juzgado para preguntar sobre su caso.

Al apersonarse con la autoridad le informaron que el proceso estaba suspendido porque las rúbricas y el sello habían sido falsificados, pero además el plazo para realizar el divorcio expiró. Es decir, fue estafado y no hay otra opción más que denunciar.

De inmediato acudió al Ministerio Público a levantar una demanda por fraude y falsificación de documentos contra abogados defensores y litigantes, a la par, la Juez y la Secretaria de Acuerdos interpusieron otra demanda contra Gallegos Valencia.

El subprocurador de zona Ensenada, Marco Chavarría López, fue abordado en al menos tres ocasiones sobre el tema, pero prefirió no hablar de la investigación asegurando que no recordaba detalles sobre el asunto.

Lo que sí mencionó fue que eran algo “común” la firmas apócrifas, sin embargo, optó por callar ante el reclamo ciudadano de Ochoa Guadalupe, que no ha podido llevar una vida normal por la ineficiencia de la autoridad estatal.  

CON UN PLUMAZO USURPAN FUNCIONES

La juez primera de primera instancia de lo familiar, Ptacnik Preciado, advirtió que no puede dar información sobre expedientes dentro del juzgado, no obstante, confirmó el hecho de la demanda y calificó la situación como delicada.

Agregó que si el demandante hubiera acudido con los documentos falsos a la secretaría de relaciones exteriores, se hubiera metido en un problema serio.

Dijo desconocer en qué etapa va la investigación, pero que de ahí del juzgado ya acudieron a interponer una demanda.

Del abogado, mencionó que desde octubre de 2014 jamás se volvió a parar ante el juzgado a promover algún caso, si lo hiciese, la juez afirmó que no se le daría seguimiento, ya que es del conocimiento que está bajo investigación.

Es la primera vez que se tiene conocimiento de un caso de este tipo.

Se percataron de la irregularidad porque quien recibe los documentos descubrió que hacían falta detalles que llevan cada oficio del juzgado además que el sello es una impresión a color.

Aclaró que cada uno de los documentos es estrictamente revisado y además que la hoja no figuraba en el expediente del caso.  

DETECTAN ANOMALÍAS POR INTUICIÓN

En su declaración Perla Maribel Ramírez Jiménez, actuaria provisional del juzgado primero familiar, manifiesta que Isaac Guadalupe Ochoa después de debidamente identificarse solicitó informes sobre su divorcio necesario número 0760/2014-B.

“Una vez enterado me indicó que su abogado el licenciado, José Luis Gallegos Valencia, le informó que ya podía realizar cualquier trámite relativo a la custodia de sus menores hijos”.

Tras informarle la actuaria que ese juicio ni siquiera estaba emplazado, mostró un documento con el que pensaba tramitar los pasaportes de sus hijos, mismo que le entregara el abogado. “… de inmediato me percaté que las firmas tanto del juez como del secretario de acuerdos no corresponden, en razón que tengo 15 años laborando en este juzgado y conozco perfectamente sus firmas”.

Tras mostrar el original y determinar que era falsificado, Isaac Guadalupe fue informado de ello, ella, la actuaria, aseguró que sí reconoce al abogado en cuestión y que lo ha visto por los juzgados, aunque ya no recientemente.  

Piden castigo para colegas El presidente del Colegio de Abogados de Ensenada, Rodolfo Muñoz Barba, habló en general del delito de falsificación como un hecho reprobable, pero más aún cuando se trata de un profesional del derecho.

Agregó que hay muchos abogados en el municipio de Ensenada, y haciendo un cálculo, estimó que tan solo de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) egresan 40 por semestre, más otros tantos de las seis instituciones de nivel superior en la ciudad, da como resultado entre 400 y 500 nuevos pasantes cada año.

Para el gremio organizado está claro, dijo, que los profesionales no pueden, ni deben, confundir la función de la autoridad porque se está cometiendo un acto violatorio de ley que es gravísimo.

 “Definitivamente quien incurra en este delito debe tener una consecuencia, porque algo debe estar mal en su persona, va en contra de nuestras propuestas costumbres morales”.

Por último exhortó a la procuraduría de justicia a que le dé seguimiento al asunto y, si hay pruebas, se dictamine de inmediato con las periciales obtenidas de la investigación. 

 JUICIOS ADULTERADOS

Silvia Elizabeth Mundo Flores, secretaria de acuerdos del juzgado, declaró ante el MP que el documento en posesión de Issac Guadalupe, no lo reconoce, ni lo había visto, negó reconocer la firma ni la letra, ni la redacción.

Además, aclaró que en un juicio ordinario no se autoriza la salida de menores del país, ni poderes absolutos sobre alguno de los padres hacia los menores.

Sobre el sello, declara que es parecido, pero no es el que se utiliza en los juzgados.  


"ILÓGICO" QUE ABOGADO FALSIFIQUE

 Gallegos Valencia se defendió de las acusaciones asegurando que fue “de pronto” que le llegó la notificación de denuncia a su domicilio y que no sabe de qué se trata porque nunca falsificó los documentos.

Prefirió no dar declaraciones sobre el tema con el argumento de que es un proceso legal que va en curso y no quiere entorpecer la investigación. “Es ilógico que haga eso –falsificar– si me dedico a esto –litigar–”, se limitó a responder.

Al realizar una búsqueda en el Registro Nacional de Profesionistas, el nombre de José Luis Gallegos Valencia aparece como profesionista, con licenciatura en derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y cédula 5909972 expedida en 2009.  

Existencia entrampada por burocracia El padre de familia, Ochoa Gómez, pensaba tramitar su pasaporte en el consulado de Estados Unidos y si se hubiera presentado con el documento estaría en serios problemas legales en ese país.

Su caso no se ha resuelto y por lo tanto no ha podido contraer matrimonio con su prometida, tampoco sus hijos han podido viajar a Estados Unidos, adonde uno de ellos ha sido invitado por ser seleccionado de una liga de fútbol.

Hace un par de años un juez le cedió la patria potestad para que se hiciera cargo de sus hijos luego de comprobar que estaba físico, mental y económicamente estable como para hacerse cargo de ellos.

Espera que la autoridad haga su trabajo para que los menores puedan seguir su desarrollo.     

 ARTÍCULO 243. CÓDIGO PENAL FEDERAL  

“El delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días multa.

En el caso de documentos privados, con prisión de seis meses a cinco años y de ciento ochenta a trescientos sesenta días multa.

Si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate, se aumentará hasta en una mitad más”.

ARTÍCULO 244 DEL MISMO CÓDIGO:

“Comete falsificación quien atribuyéndose el que extiende el documento, o atribuyendo a la persona en cuyo nombre lo hace: un nombre o una investidura, calidad o circunstancia que no tenga y que sea necesaria para la validez del acto”.


(SEMANARIO ZETA/ FOTOS: Enrique Botello /Lorena Lamas Lunes, 2 mayo, 2016 01:00 PM)

CAEN DOS SECUESTRADORES, LIBERAN A 13 MIGRANTES EN MEXICALI




Arma de fuego del presunto secuestrador 


Once hombres y dos mujeres originarios de diversos estados del país y uno de ellos de El Salvador, fueron liberados tras permanecer secuestrados por varios días y en donde relatan haber sido  golpeados  y amenazados por sus captores.

En los hechos, ocurridos en Mexicali  fueron detenidos dos presuntos responsables.

De acuerdo a un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal  (SSPE) señala que tras una denuncia ciudadana, se realizó este lunes 2 de mayo un operativo en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Villas de la República,  donde participaron agentes estatales y ministeriales.

La información detalla que las áreas de inteligencia de ambas corporaciones arribaron a la calle ubicada en Villa Cortez y observaron a un sujeto que caminaba por la acera en actitud sospechosa,  quien además traía fajada en la espalda un arma de fuego con cachas blancas.

“…el sospechoso emprendió la huida por lo que descendieron de la unidad para darle alcance momento en el que el sujeto corrió y se introdujo al domicilio descrito en la denuncia anónima. En el lugar los oficiales escucharon gritos de auxilio que provenían del interior”.

En el lugar fue capturado José “N”,  originario de Hermosillo, Sonora, se encontraba en posesión de un arma de fuego calibre 38 súper, abastecida con un cargador y seis cartuchos.

Al ingresar al domicilio para ver que las personas que pedían auxilio, los oficiales detuvieron a otro individuo identificado como Raúl Medrano Munguía, originario de Mexicali.


La casa de seguridad estaba ubicada en el fraccionamiento Villas de la República, en Mexicali. 

Los primeros datos arrojados tras el operativo los migrantes tenían varios días secuestrados y habían sido golpeados y amenazados, además los presuntos delincuentes ya habían cobrado dinero a los familiares de las víctimas por su liberación.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que se realicen las investigaciones necesarias, mientras que los migrantes fueron canalizados a la Unidad Estatal de Atención al Delito de Secuestro.  


(SEMANARIO ZETA/ REDACCIÓN/ MARTES, 3 MAYO, 2016 11:10 AM)