lunes, 7 de enero de 2019

EL VICENTILLO SE DESPIDE DEL CHAPO Y DICE ESTAS ÚLTIMAS PALABRAS


El hijo del Mayo Zambada ha revelado que pasará con esa la amistad entre él y el Chapo luego de afirmar que Guzmán Loera si es un líder del narco como su padre



El Vicentillo se despide del Chapo y dice estas últimas palabras

Nueva York,  (EFE).- El mexicano Vicentillo Zambada, hijo de Ismael "Mayo" Zambada, afirmó hoy que Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera "no es mi enemigo", pero tampoco "un mito" como cree que pretende demostrar la defensa del acusado por narcotráfico durante su juicio en Estados Unidos.

En la última de las tres jornadas de su testimonio contra el antiguo socio de su padre y tras 14 horas de declaración ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, Vicentillo Zambada se despidió cordialmente de su "compadre Chapo" con un educado cabeceo, que el acusado correspondió en la que probablemente sea la última vez que ambos exlíderes del cartel de Sinaloa se vean cara a cara.



Tal vez este día será el último en que "El Vicentillo" y el Chapo se vean cara a cara. Foto: EFE

"Mi compadre Chapo no es mi enemigo", aseveró afectado el testigo tras la acusación del abogado de la defensa, Eduardo Balarezo, de que la información que estaba aportando en el juicio lo convertía en adversario de Guzmán.

"Él sabía que testificaría (en contra) porque me declaré culpable cuando él estaba libre, con mi padre, y me comprometí a cooperar con la Fiscalía", insistió Vicentillo, que reafirmó: "No veo el futuro y no sabía que mi compadre Chapo estaría aquí. No es mi enemigo".

El principal argumento blandido por la defensa durante las veinticinco sesiones del juicio es que el Chapo en realidad es un chivo expiatorio, una suerte de mito, y que Mayo Zambada -en libertad- es el verdadero líder del Cartel del Sinaloa.


Reproducción fotográfica de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece Vicente Zambada, alías "El Vicentillo". Foto: EFE

El Chapo, vestido con un traje gris oscuro y camisa y corbata en tonos azules, contempló impasible el discurrir de la sesión, tal y como viene siendo habitual durante todas las jornadas del proceso, que arranco hace algo más de dos meses en Brooklyn.

También lo estuvo cuando, a preguntas de la fiscal Amanda Liskamm, Vicentillo enterró la hipótesis de que la figura del Chapo tiene más de mito y leyenda que de verdad, al reafirmarse en su acuerdo con las autoridades estadounidenses de ofrecer testimonio veraz para evitar una cadena perpetua.

"¿Sabe si el acusado es un narcotraficante real o un mito inventado que no trafica con drogas? ¿Es un líder poderoso del cartel de Sinaloa o un mito que vive escondido en la sierra y no hace nada?", inquirió Liskamm.

"Es un traficante real que trabajaba con droga, un líder del cartel como mi papá", respondió Vicentillo.

En un interrogatorio más pausado que el del día anterior, en el que llegó a descalificar a Zambada, Balarezo quiso insistir en unas conversaciones telefónicas que Vicentillo, una vez en una prisión federal de EE.UU., mantuvo con su padre el Mayo.



Eduardo Balerezo, el abogado del Chapo Guzmán. Foto: AFP

De acuerdo con el testigo, los intercambios fueron a instancias de la agencia estadounidense de lucha contra las drogas (DEA, en sus siglas en inglés), que también controló dichas charlas en las que Vicentillo pidió a su padre que se entregara.

Balarezo cuestionó también que aquellas fueran las únicas comunicaciones entre padre e hijo, remarcando el papel de mensajeros de los abogados de Vicentillo, que se reunían con su padre en su escondite en la sierra del Sinaloa.

Además, en su intento por persistir en el poder del Mayo Zambada frente al procesado -de quienes resaltó su gran parecido físico para tratar de sembrar la duda entre el jurado-, Balarezo mostró una serie de fotos y nombres para que Vicentillo los identificara. Todos ellos, antiguos enemigos o miembros del cartel, muertos o en prisión.



La corte federal en Brooklyn, Nueva York, permanece vigilada durante el juicio contra el Chapo Guzmán. Foto: AFP

La fiscal Liskamm salió al paso al preguntar al testigo por dos de sus hermanos, Ismael y Serafín, así como por su tío, Jesús "Rey" Zambada, todos ellos detenidos en México o EE.UU.

Terminaron así los tres días de testimonio de la mano derecha de Mayo Zambada, durante los cuales Vicentillo pudo relatar cómo el Chapo le narró su huida de prisión a bordo de un carro de lavandería, cómo su padre y Guzmán encargaban asesinatos de rivales o diversos entresijos del negocio del narcotráfico.

En estos días, Zambada también explicó los contactos que el Chapo mantuvo con la DEA mientras estaba prófugo y que Guzmán le puso en contacto con las autoridades estadounidenses cuando quiso salir del cartel.

(EL DEBATE/ EFE/ 07 DE ENERO 2019 • 13:15 HS)

EL HUACHICOL SE ORGANIZABA EN UN PISO DE LA TORRE DE PEMEX: AMLO; PUSIERON BODEGAS SOBRE DUCTOS


El Presidente habló hoy, en su conferencia matutina, sobre la decisión de combatir el robo de combustible; llamó a los ciudadanos a no participar en el huachicoleo y a entrar en la economía legal



Foto: Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió hoy en que hay “resistencias” a las acciones para frenar el robo de combustibles de Petróleos Mexicanos (Pemex). Se calcula que cerca de 60 mil millones de pesos son saqueados cada año. El problema creció desproporcionadamente durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

“En un piso de la Torre de Pemex, a pesar de que se estaba constatando el robo, en vez de cerrar las válvulas se mantenían abiertas. Ahora hay control sobre eso”, dijo. “Vamos a modificar totalmente el sistema de distribución si se necesita, pero vamos a controlar el robo. No vamos a abrir las válvulas sin control”, agregó. “Hay una disminución considerable en el robo de combustible. El primer paso que se dio fue importante, que consistió en el monitoreo de ductos. Se cerraron válvulas que se abrían para que se robaran los combustibles. Eso está controlado. No deja de haber robo pero disminuyó mucho”.

“La presión es porque no dejan de robar. Apenas se llena un ducto, se ‘empaca’, se baja la presión y se detectan fugas. Y siguen presionando, de querer seguir robando. Si dejaran de robar, entonces se abrían los ductos. Pero como ellos insisten en algunas partes mantenemos la misma estrategia. No nos van a cambiar. Es cero corrupción y cero impunidad”.

“Se creó con los años un sistema paralelo en Pemex, con distribución y venta de combustibles”, dijo. “Se permitió a través de los años un sistema de robo de combustible con venta de combustible a particulares a través de distinto mecanismos, hasta de depósitos cercanos al consumo de combustible. Es una red. En los ductos hay ramales para el abastecimiento. Hay también invasión del derecho de vía de los ductos. Construyeron bodegas y en esas bodegas se ordeñan ductos. Una estructura que se creó y pasó de noche”, dijo el Presidente. “La Secretaría de Hacienda en tiempos de Fox lo descontaba de los ingresos. Y estamos hablando de más de 60 mil millones al año. Había una especie de complicidad consciente e inconsciente”.

Contó que había un robo diario de 1,100 pipas y que ahora ha disminuido. “El día 2 bajamos a 36 y el promedio de los últimos días es de cien. Estamos cambiando todo el sistema de distribución, por eso en algunos puntos hay desabasto”, dijo. “Le puedo decir a todos los mexicanos que tenemos gasolina suficiente; no hay problema de desabasto. Lo que estamos cuidando es la distribución. No abrir los ductos para que no haya fugas. Con cuidado significa que haya vigilancia. Hoy se va a reforzar el plan de vigilancia”, dijo.

“Se va a normalizar el abasto”, dijo. “Y al mismo tiempo vamos a garantizar que no se roben los combustibles. El sábado y el domingo se habló de desabasto. Nuestros adversarios le subieron al volumen. Pero mientras nosotros tengamos el control y podamos resolver los problemas…”

Aseguró que él y todo su equipo están pendientes del tema del desabasto “de día y de noche”. Pidió a los medios que lo ayuden a informar a la gente que el tema del desabasto no es un asunto grave ni que se salió de control, sino que es algo que se presenta en algunos lugares por los reacomodos en la distribución de combustible.

Hubo lugares en donde hubo desabasto y se intervino, dijo el Presidente. “Aprovecho para hacer un llamado a quienes veían esta actividad como una manera de obtener ingresos para la sobrevivencia, porque en los operativos hay lugares en donde la gente protesta; no todo el pueblo, pero protestan cuando hay presencia del Gobierno federal. ¿Qué les digo a todos los ciudadanos? Que esos ingresos que se obtenían de manera ilegal, tienen ahora la opción, los jóvenes, de inscribirse como aprendices. Y que quien quiera un negocio, se les va a apoyar. Llamo a todo el pueblo a no caer en la ilegalidad. Nunca se justifica un acto ilegal, pero menos cuando hay opciones, hay alternativas, y cuando se está dando un ejemplo desde el Gobierno”. Explicó que “desde arriba” se estaba robando y que daban el mal ejemplo. “Eso ya se terminó, nadie va a robar”, indicó.

Ayer, López Obrador reveló que hay resistencias, que “están tratando de jugar a las vencidas” ante la decisión de su Gobierno de controlar el robo de combustible adentro de Petróleos Mexicanos (Pemex). Pero no identificó quién, o quiénes. “Están ahí presionando, pensando que nos van a vencer. Que no quieran jugar a las vencidas porque va a triunfar la ley y la justicia”, afirmó.

El 27 de diciembre, el Presidente anunció que fuerzas conjuntas del Gobierno federal mexicano intervinieron el sistema de monitoreo de Pemex para detener el robo de combustible. Informó que había tres funcionarios directamente involucrados, que ya están bajo proceso penal. AMLO presentó el Plan Conjunto de Atención a las Instalaciones Estratégicas de Pemex.

(NOROESTE/ SINEMBARGO.MX/ 07/01/2019 | 09:28 AM)

ESTAS SON LAS 266 REGIONES DEL PLAN DE SEGURIDAD DE AMLO; 153 SON CONSIDERADAS FOCOS ROJOS


La mitad de las regiones está en ocho estados; Veracruz y el Estado de México son las que más puntos concentran. Más del 70% coincide con zonas prioritarias identificadas desde el sexenio de Peña Nieto.



Estas son las 266 regiones del plan de seguridad de AMLO; 153 son consideradas focos rojos

La estrategia de seguridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador contempla, como uno de sus objetivos prioritarios, reducir los índices de criminalidad en 266 regiones del país, de las cuales 153 fueron clasificadas como de mayor violencia.

Aunque se identificaron puntos clave en todas las entidades, la mitad se concentra en ocho estados, siendo el Estado de México y Veracruz las que tienen el mayor número de focos rojos.

A partir de datos oficiales del gabinete de seguridad y de un informe de la organización México SOS, Animal Político presenta el listado completo de las regiones (denominadas técnicamente coordinaciones territoriales) en las que el gobierno federal pretende, según el plan anunciado en diciembre pasado, desplegar a los efectivos de la Guardia Nacional.

Cada una de estas regiones ha sido clasificada como de alto, mediano y bajo riesgo por su nivel de violencia.

Por ahora el despliegue, con un mando militar al frente, se ha enfocado en 150 de estas regiones consideradas de mayor riesgo. Esta primera selección se debe a que no se cuenta con el estado de fuerza suficiente para atender a las 266 regiones existentes, según lo anunciado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

Pero la estrategia, de aprobarse la Guardia Nacional, es lograr un reclutamiento intensivo que en los próximos años permita atender todos los puntos.

Un análisis de dicho listado, elaborado por la organización México S0S, evidencia que más del 70% de los municipios contemplados en la nueva estrategia coinciden con un listado de 300 zonas prioritarias que ya se habían planteado en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), como parte de su estrategia para restablecer la paz en el país.

El informe de la organización, sin embargo, plantea algunas dudas en cuanto a las variables que se utilizaron para clasificar el nivel de riesgo en las regiones, y la forma en que se dará seguimiento a la estrategia.

Sobre este tema Animal Político contactó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual confirmó el listado de regiones y dijo que próximamente se dará respuesta a México SOS.

EL MAPA DE LA VIOLENCIA

Las 266 coordinaciones territoriales del plan de seguridad del gobierno se concentran en igual número de municipios. En las 32 entidades federativas del país hay localidades que contarán con el despliegue militar. Del total de estas regiones, 153 están calificadas con un nivel de violencia “alto”, 62 con un nivel de violencia “medio”, y 50 “bajo”. En un solo caso no se precisa el nivel de riesgo.

Hay ocho estados que por sí solos concentran 132 regiones, prácticamente la mitad de todas las contempladas.

La entidad más poblada del país, el Estado de México, es la que acumula el mayor número de regiones con 32, de las cuales 26 están identificadas como de violencia “alta” y solo cuatro como de violencia “media”. Entre los focos rojos figuran Ecatepec, Cuatitlán Izcalli, Huixquilucan, Naucalpan, Texcoco, Tlalnepantla, Toluca, Amecameca, Chalco y Atizapán.

Le sigue Veracruz, en donde se identificaron 18 regiones de las cuales 14 están consideradas como de alto riesgo de violencia, cuatro como de nivel medio y ninguna de nivel bajo. Entre las localidades de mayor riesgo en esta entidad se ubican Minatitlán, Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, el puerto de Veracruz, Xalapa y Cosamaloapan.

La tercera entidad con mayor número de regiones identificadas dentro de la estrategia del gobierno es Ciudad de México, con 16 en total.  No obstante, a diferencia de las dos entidades anteriores, aquí la mayoría de las zonas son calificadas como de riesgo medio o bajo. Solo Azcapotzalco es señalada como foco rojo.

El cuarto estado con más puntos a atender es Jalisco, con 15, de los cuales ocho son identificados como de alto, seis de riesgo medio y  uno de riesgo bajo. Los focos rojos son Guadalajara, Zapopan, Tepatitlán, Zapotlán, Tlajomulco, Colotlan, Jocotepec y Tonalá.

También con 15 regiones identificadas figura Oaxaca, de las cuales nueve son de alto riesgo, cuatro de riesgo medio y 2 de riesgo bajo. Entra las zonas de mayor violencia se incluye a Oaxaca capital y a Ciudad Ixtepec.

Los otros tres estados que completan la lista de las ocho entidades que acaparan la mitad de las regiones son Michoacán, con 13 (8 de ellas señaladas como foco rojo entre ellas Morelia); Chiapas con 12 regiones (ninguna de ellas calificada de riesgo alto); y Puebla con 11 regiones, de las cuales 10 están calificadas con un nivel alto de violencia, y solo una con nivel bajo.

Hay siete estados que destacan porque todas las regiones identificadas en sus territorios se consideran focos rojos. Se trata de  Zacatecas con seis regiones, Baja California con cinco, Morelos con cinco, Querétaro con cinco, Tlaxcala con tres, Aguascalientes con dos y Colima con dos. En estos casos figuran ciudades como Tijuana, Mexicali, Tlaxcala, Cuernavaca, Fresnillo y Manzanillo.

Por el contrario, en Yucatán y Campeche todas las regiones localizadas en sus territorios se consideran de riesgo “bajo”. Otro caso similar es Quintana Roo en donde de las cuatro regiones identificadas, dos son de riesgo bajo y otras dos (Cancún y Playa del Carmen) son de riesgo medio, sin que haya alguna de riesgo alto.

En Guerrero, la tercera entidad con la mayor tasa de homicidios dolosos del país en 2018 (solo detrás de Colima y Baja California), se identificaron ocho regiones prioritarias, de las cuales seis fueron consideradas de alto riesgo, entre ellas Acapulco, Iguala y Chilpancingo.

COINCIDENCIAS CON ESTRATEGIAS ANTERIORES

En un análisis sobre el listado de las regiones, la organización México SOS encontró que 196 coinciden con las 300 zonas prioritarias que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto identificó desde 2013 para su estrategia de prevención y combate al delito. Esto equivale al 73% del nuevo listado.

Entre las que se repiten se encuentran prácticamente todas las capitales de los estados y las ciudades más pobladas del país.

“Para México SOS el hecho de encontrar continuidad regional en la propuesta de Coordinaciones resulta alentador, toda vez que permitirá consolidar los avances, apuntalar las políticas de seguridad desde cada localidad y fortalecer el trabajo de colaboración entre sociedad y gobierno, logrando así una mayor cohesión social y el repunte de la confianza en las instituciones del Estado”, indicó la organización en su informe.

Los especialistas también expresaron que no basta con identificar esas zonas pues, como ya se observó, en el sexenio pasado se hizo y aun así los niveles de homicidio alcanzaron niveles récord en múltiples estados del país.

Otra coincidencia – esta verificada por Animal Político – se encuentra en el plan que el gobierno de Peña Nieto puso en marcha en los últimos dos años de su sexenio para tratar de revertir –sin éxito– el crecimiento de la violencia. El plan consistía en reforzar la seguridad en los 50 municipios que concentraban el 47% de los asesinatos del país.

De esa relación de 50 municipios hay 49 que se encuentran incluidos ahora entre las regiones definidas por el nuevo gobierno para abatir la violencia. La única excepción es el municipio de Tecomán, en el estado de Colima.

DUDAS SOBRE LA ESTRATEGIA REGIONAL

La organización civil México SOS planteó en su análisis algunas “interrogantes” que de acuerdo con ellos subsisten en la estrategia de las 266 regiones del nuevo gobierno. Esto tras haber analizado la información disponible, y de haber coordinado meses de trabajo sobre seguridad y justicia en más de 30 puntos del país.

Una de las dudas es sobre los criterios que el gobierno federal utilizó para haber clasificado el nivel de riesgo entre una zona y otra, sobre todo porque a partir de dicha selección parece haberse realizado el despliegue militar inicial en 150 regiones.

Un segundo cuestionamiento es en torno a cómo se gestará la información que se genere como parte de esta nueva estrategia, y cómo podrá realizarse un seguimiento y evaluación de la misma. Es decir, cuáles serán los indicadores que permitirán, de ser el caso, realizar correcciones.

Los especialistas también cuestionaron lo que consideraron como falta de transparencia en la implementación de este programa y de la estrategia de seguridad en general. Esto ya que, por ejemplo, no se han hecho públicas las 150 regiones en las cuales se realizó ya un despliegue militar.

(ANIMAL POLITICO/ ARTURO ANGEL (@ARTUROANGEL20)/ #@ARTUROANGEL20/ ENERO 7 2019 07:18)

EL PESO DE LOS SINDICATOS


Las organizaciones de obreros agremiados siempre han jugado un papel muy importante dentro de la política en el país, pues más allá de proteger a los trabajadores también han sido parte clave de los partidos a la hora de buscar apoyos o votos

Para poder gobernar en México se necesita demostrar músculo, capacidad de convocatoria y tener detrás a miles de personas dispuestas a llenar las urnas.

Durante la época en la que gobernó el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el tricolor se hizo de grandes confederaciones siempre leales al poder como la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Nacional Campesina (CNC).

Para la especialista en derecho laboral, Jannis Janet Carrillo Ferrer, los sindicatos fueron de vital importancia durante el sexenio pasado y en los más de 70 años que gobernó el PRI al país, ya que estos representaban a gran parte del gremio laboral y sumaban fuerza, militantes y votos al partido.

“El sindicalismo en el anterior gobierno y durante el priismo tuvo mucha influencia y esto se resume en una fórmula: entre mayor número de simpatizantes tengamos a favor, obviamente será más el apoyo que tengamos hacia el gobierno, en las urnas y en las calles”, dijo la también catedrática de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en entrevista a Reporte Indigo.

Actualmente tras el cambio de régimen y de color en el poder, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y Morena comienzan poco a poco a conformar la maquinaria que les ayudará a mantenerse en el poder tal y como lo hizo el viejo PRI.

Desde las campañas electorales en las que participó López Obrador (2006, 2012 y 2018) hasta los primeros días del gobierno ya le han prometido fidelidad al tabasqueño sindicatos y organizaciones laborales como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Conferencia Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico de México y gran parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

El Sindicato Mexicano de Electricistas, la Conferencia Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico de México y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han mostrado su apoyo a López Obrador

“La CNTE y el Sindicato de Mineros son de los sindicatos más importante del país y de los que tienen el mayor número de agremiados, seguramente el hecho de una alianza puede implicar que haya mayor número de apoyo y simpatizantes hacia Morena”, agregó Carrillo Ferrer.

La especialista en derecho laboral advirtió que este cambio en los sindicatos afines al poder incluso podría traer afectaciones a los trabajadores y comenzar una cacería de brujas en contra de los opositores.

“Lamentablemente en el país esa relación viene a verse afectada por el favoritismo, el clásico ‘si el sindicato está conmigo entonces yo estoy con ellos’. Hay ciertos líderes sindicales que pudieran ocasionar ruido político tal y como ocurrió en sexenios pasados con Elba Esther Gordillo y Napoleón Gómez Urrutia”, recordó la entrevistada.

Finalmente la abogada sentenció que no todo es blanco o negro en el sindicalismo mexicano, ya que sí hay quienes apoyan a sus agremiados pero existen otros que distan mucho de hacer su labor de defensa.

“Sí hay ciertos líderes sindicales que están afuera de sus objetivos y lamentablemente son quienes tienen mayor número de afiliados”, concluyó.

(REPORTE INDIGO/  RUBÉN ZERMEÑO/ DIC 17, 2018) 

RELEVO SINDICALISTA


Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la manera en la que operan las organizaciones de trabajadores cuyo propósito es defenderlos de los abusos laborales cambiará radicalmente, ya que se prometió acabar con los cacicazgos de las dirigencias y la figura del outsourcing podría desaparecer

Utilizados para la consolidación del régimen priista en nuestro país, los sectores obreros y sindicales fueron vistos por muchos años como una fuente para la generación de votos bajo la promesa de amparo y respeto hacia sus garantías laborales.

Instituciones emblemáticas como la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), la Confederación de Trabajadores de México (CTM) o la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) se convirtieron en las herramientas predilectas del priismo en los tiempos de opacidad de contratos colectivos, falta de garantías de los derechos humanos para el trabajador y manejos unilaterales por parte de sus líderes sindicales.

Sin embargo, este año, el cambio de régimen político encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador trajo consigo una nueva promesa para la clase obrera mexicana: mayor libertad, mayor competencia sindical, transparencia en las elecciones de las dirigencias y un impulso a las necesidades básicas de los empleados.

Tan sólo en el punto 14 de su Plan Nacional, presentado en su discurso inaugural, López Obrador prometió, además de bajar los sueldos de los altos funcionarios, aumentar proporcionalmente los de los trabajadores de base y sindicalizados.

“Piso parejo” y cero favoritismos fue la promesa lanzada por el mandatario y puesta a consideración de su grupo parlamentario en el Senado de la República para hacerla realidad

“Esta LXIV Legislatura será fundamental y trascendental en la vida de los trabajadores de México porque hoy se les va a dar el lugar que merecen. Tenemos que recordar que los trabajadores son seres humanos, no son artículos y tenemos que defender sus derechos como lo marca la Constitución en el artículo 123”, dijo el senador, Pedro Haces Barba, uno de los legisladores de Morena que forma parte de la Comisión del Trabajo en la Cámara alta.

El también secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), mencionó que el objetivo de la Cuarta Transformación en el ámbito laboral está en el buscar mecanismos para ir de la mano con el trabajador dentro de la “modernidad” que México requiere.

Después añadió que la necesidad de las organizaciones de este sector está en la creación de un “sindicalismo real, verdadero y que no traiciona; que no miente y que no roba. En un sindicalismo que impulsa al empresariado para que cada vez nos pueda dar un mayor número de fuentes de trabajo. Este sindicalismo moderno es uno que no apoya ni a rateros ni a gente floja”.

NO TAN MODERNOS

Más allá del discurso inicial, vale la pena revisar el historial de los dos principales promotores que, desde el Senado de la República, abanderan la lucha obrera dentro del partido guinda.

Por un lado el propio Pedro Haces: empresario y exmilitante del PRI que se ha desempeñado por más de dos décadas dentro del sector sindical.

Este año, Haces Barba tomó protesta como senador el 4 de diciembre, como suplente de Germán Martínez, quien ahora funge como director general del IMSS.

Por otra parte, el polémico líder sindical, Napoleón Gómez Urrutia, quien tomó protesta el 29 de septiembre de este año.

A él se le relaciona con el presunto desvío de cerca de 55 millones de dólares de los recursos de trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana –el cual encabezaba en su momento.

En mayo de 2018 y luego de 13 años de litigios, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) emitió un fallo obligando a Gómez Urrutia a reponer los recursos antes mencionados.

Ambos senadores forman parte de la Comisión de Trabajo de Morena y comenzaron a adelantar sus iniciativas para 2019, las cuales tienen en común un discurso de apoyo al trabajador, el fin de los liderazgos, los enriquecimientos ilícitos y el fortalecimiento de la transparencia sindical.

“Ya lo dijo muy claramente el señor presidente: no hay línea para nadie. El gobierno de la República no tiene favoritismos en ningún sindicato de ninguno de los dos apartados”, adelantó Haces Barba.

Además mencionó que la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México es una organización que respeta a todos y cada uno de los trabajadores que la conforman.

“Respeta a todas las instituciones del país; respeta a los empresarios y respeta a todo el mundo. Y eso es lo que hacía falta en este país: que hubiera respeto. Porque el respeto antes no existía. Antes existían dedazos y anarquías”.

También comentó que una de sus primeras acciones será pedir que se revisen todos los contratos colectivos que hay en México.

“Yo hago un exhorto a que se revisen todos los contratos que están depositados en las juntas de conciliación, tanto en el área federal como en las juntas locales, para ver que no haya contratos de protección. Con la llegada del convenio 98 de la OIT–el cual permaneció “oculto” por más de 6 décadas– a la luz pública, se debe respetar la libre afiliación y democracia sindical, y que las elecciones dentro de los sindicatos sean transparentes”, sentenció

¿EL FIN DE LA STPRM?

Con las votaciones para la renovación de las 36 secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) llevadas a cabo en octubre pasado, se marcó lo que podría ser el inicio del fin para la dirigencia del líder sindical Carlos Romero Deschamps, uno de los máximos representantes del “charrismo” –el control corporativo y partidista de agrupaciones obreras– en México.


Acusado en múltiples ocasiones no sólo de enriquecimiento ilícito, sino de diversas irregularidades que van desde los malos manejos hasta la represión o intimidación de los trabajadores del sector petrolero, Romero Deschamps se ha mantenido en el puesto por más de 20 años.

Posicionado como uno de los más emblemáticos del país, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana atraviesa por un punto de quiebre, en donde la presión impuesta por la disidencia amenaza el imperio de Carlos Romero Deschamps

Prueba de estas irregularidades son los estatutos generales del sindicato, donde actualmente no está contemplado el método de elección a través del voto libre y secreto.

El método que ha sido empleado hasta la fecha, consistía en la incorporación de nombre completo y ficha del trabajador en las papeletas, lo que permitía controlar el resultado de los comicios internos.

Este tipo de prácticas tuvieron como consecuencia la creación de un nuevo sindicato nacido del ala disidente. Uno que propone expandir el nuevo “paradigma sindical” a través de los trabajadores de México.

“Nosotros vamos por la pelea del contrato colectivo de trabajo. Dejamos de conmiserarnos y decir ‘Carlos Romero el todopoderoso; tiene dinero y tiene historia’ y comenzamos a ver el poder de los compañeros trabajadores y la reunión de todas esas energías. No vamos a vivir como los disidentes oficiales; vamos a pelear un amparo y vamos a ir a los tribunales y al fondo de este asunto, que es el contrato colectivo para que los trabajadores tengan en sus manos el poder”, dice Óscar Solórzano Méndez, vocero del Movimiento Regeneración Nacional Obrero y Sindical (Morenos) y fundador del sindicato de constitución reciente Petromex, el cual prevé la desaparición del STPRM ante la nueva corriente.

“Nosotros pensamos que en este país se debe cambiar a través de acciones concretas, de reglas concretas y a través de proyectos decididos. Y no de ocurrencias como ha sucedido (…)”

“El STPRM debe desaparecer, debemos arrancarlo de raíz y debe de dar paso a un nuevo sindicato como Petromex: cuidado, con orden, con reglas y con castigos jurídicos directos para quien robe o le pegue a la dignidad de los trabajadores”

- Óscar Solórzano Méndez
Fundador del sindicato Petromex

Creemos que Andrés Manuel López Obrador está dando la apertura por primera vez en el país para que estos nuevos sindicatos tengan vida. Para 2019 no van a existir sindicatos únicos por sector –energético, educativo, minero, entre otros– sino que se le va a dar la oportunidad al trabajador de ver a cuál se quiere integrar”, comentó el vocero.

La desaparición de las viejas prácticas sindicales siempre trae consigo la duda sobre qué tan efectivas serán las nuevas que vendrán en su lugar. Los críticos del nuevo régimen señalan que tanto López Obrador como Morena están preparando un músculo político similar al que en su momento presumió el PRI pero con otras organizaciones.

El actual líder sindical de Pemex ha estado en el cargo por más de 20 años y ha sido acusado de diversas irregularidades

“El STPRM tuvo por más de dos décadas dentro de sus estatutos la cláusula de que eran parte organizativa del PRI. Nosotros en Petromex dijimos ‘nunca más un sindicato afiliado a un partido’. En nuestros estatutos está determinantemente prohibido que el nuevo sindicato pertenezca a un organismo político; la corriente está abierta a toda clase de ideologías”, afirmó Óscar Solórzano Méndez.

EL MISTERIO DEL OUTSOURCING

Terminar con el outsourcing como una estrategia para brindar mayor autonomía sindical es una de las propuestas con las que cerró el año el senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia.

Una iniciativa que se pretende llevar a la Cámara alta durante este último periodo del 2018 pero sobre la cuál no se tienen detalles ni estudios respecto al impacto que tendría para las empresas que utilizan estos esquemas de contratación mediante terceros.

El outsourcing se integró de lleno tras la Reforma Laboral del 2012 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, teniendo un impacto directo en los trabajadores del país. Un esquema utilizado –entre otras cosas– para bajar el sueldo de los empleados y reducir la carga impositiva de las empresas ante los organismos hacendarios

Aunque en apariencia este esquema traería un gran beneficio para los aproximadamente 3 millones de trabajadores que actualmente laboran bajo estos esquemas, hay sectores empresariales que denuncian lo contrario. Pues a su consideración, la flexibilidad que trae consigo la tercerización de empleos retrasa gravemente el progreso de México en el mercado mundial.

“Ellos buscan la eliminación del outsourcing cuando se ha visto que (este esquema) representa un ahorro tremendo en costos de reclutamiento, selección y contratación de personal (…) Las empresas ya están externando que sería una pérdida grande a las flexibilidades que les otorgamos”, comento Óscar René Culebro Medina director general de Grupo Soluciones Empresariales.


El empresario dedicado a la subcontratación, principalmente para el sector maquilador del país, mencionó que la medida impulsada por el senador de Morena, sin analizar los números ni los beneficios que las empresas reguladas poseen, tiene intenciones sociales y partidistas más que económicas.

“Definitivamente es populismo. Lo que se está manejando es una política popular al 100 por ciento y no se está viendo el impacto económico que causaría.

Sí necesitamos una reforma laboral definitivamente, en protección al trabajo, la dignificación del empleo, en el cumplimiento de los aguinaldos y las prestaciones laborales (…) pero también en protección al empleador”.

Culebro Medina mencionó que lo que se busca desde la bancada de Morena es dignificar un poco la fuente de trabajo, pero que se sigue manteniendo en el mito a la tercerización del empleo, afirmando que los outsourcing son una fuente que genera empleo, pero no de calidad.

Para finalizar sentenció que el impacto de presentar una iniciativa de ese tipo sin analizar correctamente sus ángulos económicos, pondría a México en una situación de atraso frente al resto del mundo.

“Somos un sector en donde existe inversión extranjera. En Europa, Estados Unidos, Asia, la tercerización es muy común, inclusive nuestro tipo de sector va en crecimiento a nivel mundial.

Napoleón Gómez Urrutia finaliza el año con una propuesta que provoca la inquietud de gran parte del sector empresarial en México: el fin de los esquemas de outsourcing. Un formato bajo el cual se da empleo a cerca de 3 millones de personas a nivel nacional

Si somos un país de tercer mundo, (la eliminación de este esquema) nos atrasaría 30 años más. Hemos avanzado, los tiempos son otros y hay muchísima inversión extranjera que requiere de nuestra flexibilidad”, concluyó.

(REPORTE INDIGO/  SALVADOR VEGA/ DIC 17, 2018)






LOS SEÑORES DEL HUACHICOL


CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Tantas formas de saquear a Pemex. Tantas maneras de ordeñar y huachicolear desde hace décadas. La gran empresa nacional –“de todos los mexicanos”– usada como caja chica y caja fuerte por presidentes y directores y contratistas y líderes sindicales y criminales dentro del gobierno y fuera de él. Empresa nacionalizada y privatizada, saqueada y exprimida, concebida y asesinada, como escribe Ana Lilia Pérez en el libro Pemex RIP. Expoliada para proveer más de 40% del presupuesto público, para financiar el gasto corriente, para construir emporios privados, para comprar elecciones presidenciales, para apuntalar gubernaturas y rescatar compañías quebradas de los cuates. El oro negro que produjo manos manchadas. El patrimonio de los mexicanos, mal utilizado, despilfarrado, estropeado. Y los responsables tienen nombre y apellido. Pululan impunes y perdonados cuando deberían ser investigados y sancionados.

Todos los que han facturado a Pemex cajas de champaña Laurent Perrier, vinos Chateau Pontet Canet, whiskeys cosecha especial Bourbon Early Times, óleos de Rufino Tamayo, joyas Cartier, y relojes Rolex de oro macizo. Todos los que han vendido plazas y han hecho negocios ilegales con buques y camiones. Todos los que han sustraído gasolina, diésel, asfaltos, combustóleo, nafta. Quienes han cargado fajos de dinero en portafolios para comprar la anuencia de comunidades indígenas cuyas tierras se vuelven necesarias para el negocio. Quienes han creado compañías de prestanombres o amigos para vender o arrendar a Pemex con sobreprecio o precios inflados. Quienes han firmado “convenios” con el sindicato para hacerle “préstamos” millonarios cuyo destinatario era un candidato presidencial, como en el caso del Pemexgate. Tantas modalidades utilizadas para huachicolear. Tantos gobiernos que lo hicieron posible.

La corrupción presente y posible desde Luis Echeverría hasta Enrique Peña Nieto. Las prácticas gangsteriles del sindicato, encabezado por líderes con vida de jeques como Carlos Romero Deschamps. Los “gobiernos de la alternancia” de Vicente Fox y Felipe Calderón, un grupo compacto de funcionarios públicos convertidos en contratistas o viceversa. Aquel fallido proyecto de refinería del calderonismo, en el cual se despilfarraron millones y por el cual Pemex sigue pagando al estado de Hidalgo. Aquellas denuncias –hechas hace ya más de una década– sobre el crecimiento exponencial del robo de hidrocarburos, la adulteración, y el fortalecimiento del mercado negro de hidrocarburos a las que nadie prestó atención. Ni el presidente ni los legisladores ni los directivos de Pemex hicieron lo que debían haber hecho, o intervinieron a tiempo. Había demasiados intereses qué proteger, demasiados negocios qué impulsar, demasiadas elecciones qué financiar.

Mientras Pemex seguía desangrándose, mientras la productividad continuaba desplomándose, mientras los pasivos seguían acumulándose, mientras las pérdidas continuaban acumulándose, mientras los costos de producción seguían incrementándose, mientras sus ganancias se utilizaban para financiar el gasto corriente, Emilio Lozoya se trasladaba en helicóptero de su casa en Cuajimalpa a la torre de Pemex, con un costo al erario de 27 mil pesos por día laboral.

Emilio Lozoya involucrado en los escándalos de OHL, en los sobornos de Odebrecht, en adjudicaciones irregulares, en licitaciones cuestionables, en compras indefendibles, en memorandos de entendimiento a través de los cuales adjudicó negocios de manera amiguista por doquier. El dinero de Pemex continuó repartiéndose entre la misma casta de connivencia; entre los que aprovecharon la reforma energética para enriquecerse. Una parte importante de la planta productiva de Pemex se vendió como “chatarra”, al mismo tiempo que se compraban plantas improductivas, como el caso emblemático de Agro Nitrogenados, planta que tenía 14 años sin operar. Ejecutivos de Odebrecht reconocieron ante autoridades estadunidenses que entre 2010 y 2014 habían pagado sobornos por 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos. En ese mismo periodo, Pemex le adjudicó de manera directa cuantiosos “trabajos” a la empresa que corrompió a diestra y siniestra por toda América Latina. La diferencia es que en otros países los involucrados han sido investigados. En México no.

Aquí la complicidad ha permitido que miles huachicoleen a Pemex, desde la torre de Pemex o desde las oficinas de gobierno de Puebla o desde los 131 kilómetros que forman parte del “Triángulo Rojo del Huachicol”. Hoy el crimen organizado que opera dentro del Estado o con su permiso sabe dónde están las redes de ductos, oleoductos, poliductos, gasoductos y terminales. Sabe lo que tiene qué hacer para obtener lo que quiere; con quién hablar, a quién sobornar. Y los sobornados están en todos los niveles, en todas las dependencias. En las fuerzas armadas, en la Policía Federal, en Hacienda, en el SAT, en la Secretaría de Energía. Los números están ahí: para 2015 las tomas clandestinas se habían incrementado casi 800%. En 2016 se contaron 6 mil 873 en 25 de las 32 entidades del país.

Ante la magnitud del problema se entiende la decisión de colocar a un incondicional del presidente al frente de Pemex. Se comprende el envío del Ejército para resguardar instalaciones y combatir criminales. Hay una emergencia evidente que requiere acciones frontales. Pero encarar a los expoliadores necesariamente requiere el combate a la impunidad que los parió y por ello la amnistía anticipada a los culpables despierta tantas dudas, genera tanta incomodidad. Como bien dice Cuauhtémoc Cárdenas, “los personajes que más daño le hicieron a Petróleos Mexicanos son los que entraron en complicidades, en actos de corrupción”. A esos señores del huachicoleo, pegados al tubo, que enriquecieron a sus amigos y a sí mismos, no se les debe perdonar. Se les debe sancionar.

Este análisis se publicó el 6 de enero de 2018 en la edición 2201 de la revista Proceso.

(PROCESO/ ANÁLISIS /DENISE DRESSER/ 7 ENERO, 2019)

EL GENERAL MIRANDA, CLAVE EN LA DESCOMPOSICIÓN



Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un caso de violación tumultuaria sacudió a la opinión pública nacional entre julio de 2006 y febrero de 2007, un momento en el que el militarismo mexicano empezaba a cobrar relevancia por su involucramiento en tareas de seguridad pública y de proximidad a la población civil.

El 11 de julio de 2006, en Monclova, un pelotón del XIV Regimiento Motorizado de Caballería, abandonó las instalaciones del Instituto Federal Electoral, donde se les había encargado la custodia de paquetes electorales del polémico proceso presidencial.

Dos de los soldados visitaron esa noche la zona de tolerancia del conurbado municipio de Castaños, y protagonizaron una riña con policías municipales, así que fueron con sus compañeros de pelotón. Abordaron sus humvees y se dirigieron al lugar donde los dos primeros soldados se dijeron agredidos.

Ya en el sitio, golpearon a clientes, cantineros y padrotes; se introdujeron en los bares El Pérsico y Las Playas, donde a punta de fusil, violaron a 14 trabajadoras sexuales y bailarinas, de manera tumultuaria, para usar la jerga legal, con miembro viril y con instrumento distinto al miembro viril.

Los llamados de auxilio fueron insuficientes, pues las policías municipal y estatal no quisieron intervenir por el número de soldados y su armamento. Esperaron a que abandonaran el sitio. El gobierno del estado pidió que los responsables fueran procesados en tribunales civiles, no obstante la oposición de los mandos castrenses que, cuando finalmente aceptaron, dieron cuenta de al menos cuatro deserciones, entregaron a ocho soldados y, a la postre, tres recibieron condenas, uno de ellos, sólo por lesiones leves. De la veintena de soldados, los únicos tres sentenciados ya están libres.

Los hechos de Castaños, ocurrieron cuando era comandante de la XI Región Militar, el general Roberto Miranda Sánchez, hombre conocido por su mal carácter, cuya trayectoria en el Estado Mayor Presidencial (EMP) no le quitó el lenguaje cuartelero con el que maltrataba en público, inclusive a subordinados de alta graduación, como sucedía con el general Rubén Venzor Arellano, militar de formas mas cuidadosas que debió soportar la prepotencia de Miranda, por ejemplo, durante el despliegue de control sobre las familias de los mineros atrapados en la mina Pasta de Conchos.

Se fue de la XI Región –cuya sede está en Torreón– cuando la violencia se empezaba a desatar, semanas después de lo ocurrido en Castaños. Lo mandaron unos meses como jefe de la zona militar 26-A, con sede en Veracruz-Jalapa (a la que pertenecían los soldados que meses más tarde se verían implicados en la muerte de Ernestina Asencio, en febrero de 2007),  una degradada que superó rápido pues en noviembre de 2006 fue al frente de la III Zona Militar, que abarca los estados de Sinaloa y Durango. Ahí estuvo hasta 2009, tres años en los que la violencia se desbordó, con ataques a población civil como ocurrió con el caso de Santiago de los Caballeros, Sinaloa, con el que se estrenó, siempre perseguido por escándalos detonados bajo su mando.

Miranda llegó en 2009 a ser inspector y contralor general de la Secretaría de la Defensa, e inclusive, se promovió para alcanzar la titularidad de la dependencia en abierta competencia con Salvador Cienfuegos en 2012. No lo logró y entonces pasó a retiro.
Se trata del mismo Roberto Miranda Sánchez, apodado por su generación –su “antigüedad” dicen entre militares—como “El Pirrín”, que fue jefe del EMP en el sexenio de Ernesto Zedillo.

Su nombre fue mencionado en el juicio que se sigue en Estados Unidos a Joaquín Guzmán Loera, por Vicente Zambada Niebla, quien dijo lo visitó en la residencia oficial de Los Pinos en 1997, por encargo de su padre, El Mayo.

Y aunque hasta ahora no hay una imputación directa de corrupción en su contra, se trata de uno de esos militares clave en la génesis del proceso de descomposición que vino con la militarización, empezando por la aclaración de las razones por las que una familia presuntamente del hampa, pudo llegar hasta él, cuando era uno de los militares más poderosos de México.


(PROCESO/ ANÁLISIS/ ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA /7 ENERO, 2019)

ALTOS MANDOS DE ZEDILLO Y CALDERÓN Y EL JEFE DE SEGURIDAD DE FOX, EN LA NÓMINA DEL NARCO



Los recientes testimonios de Vicente Zambada, sumados a los que en audiencias anteriores otorgó Jesús Zambada –el hijo y un hermano del Mayo–, comprometen a altos mandos del Ejército, entre ellos los generales Roberto Miranda Sánchez, jefe del EMP en el sexenio de Ernesto Zedillo, y Humberto Eduardo Antimo Miranda, Oficial Mayor de la Sedena en el gobierno de Felipe Calderón, así como el coronel Marco Antonio de León Adams, quien fuera jefe de seguridad de Vicente Fox. La acusación es directa: los oficiales, sostiene El Vicentillo, estaban en la nómina del Cártel de Sinaloa.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán en Estados Unidos se está convirtiendo en una causa contra los gobiernos del PRI y del PAN. Desde ex presidentes hasta generales, miembros del desaparecido Estado Mayor Presidencial y poderosos jefes policiales han sido mencionados como parte de una extensa red de protección al Cártel de Sinaloa durante más de dos décadas.

Los señalamientos han salido de las partes que tiene confrontadas el gobierno estadunidense: sus testigos colaboradores, que fueron miembros del cártel, y la defensa de Guzmán Loera.

Aunque el juez Brian Cogan, titular de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, ha evitado que se ahonde en las acusaciones contra los ex presidentes mexicanos, las dos partes han soltado los nombres de los altos funcionares civiles y militares con los que habría tenido arreglos el Cártel de Sinaloa, y en particular Guzmán Loera.

El principal testigo de cargo, Jesús Vicente Zambada Niebla, Vicentillo, puso la semana pasada la atención del jurado y del tribunal mediático en la supuesta protección al Cártel de Sinaloa por lo menos desde la segunda mitad de los noventa, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, hasta el de Felipe Calderón.

En todos los casos, incluido el gobierno de Vicente Fox, los principales señalamientos son contra altos mandos del Ejército, tanto en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como en el Estado Mayor Presidencial (EMP).

INFORMACIÓN DE LOS ZAMBADA

La familia de Ismael El Mayo Zambada, socio de Guzmán Loera, es la que se ha encargado de señalar a altos funcionarios civiles y mandos militares de los gobiernos del PRI y del PAN como supuestos protectores del Chapo.

Durante los dos sexenios panistas Guzmán Loera estuvo prófugo. En enero de 2001, al inicio del gobierno de Fox, escapó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Fue capturado en febrero de 2014, ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, al que se le escapó de nuevo, esa vez desde el penal del Altiplano, en el Estado de México; fue recapturado al año siguiente y entregado meses después al gobierno de Estados Unidos.

El viernes 4, Vicentillo, hijo del Mayo Zambada, declaró en audiencia que durante el gobierno de Zedillo, en 1997, acudió a la residencia oficial de Los Pinos para reunirse con el entonces jefe del EMP, general Roberto Miranda Sánchez.

Según su testimonio, le fue a pedir que el gobierno detuviera la persecución a los negocios de su madre y sus hermanas. No hubo ninguna referencia directa a si Miranda estaba en la nómina de Ismael Zambada. Tampoco hubo ninguna mención directa al entonces presidente.

Un día antes, el principal testigo de la fiscalía de Estados Unidos contra El Chapo, había comenzado a soltar nombres: el del entonces coronel Marco Antonio de León Adams y el del general Humberto Eduardo Antimo Miranda. El primero, en su condición de jefe de la seguridad del presidente Vicente Fox en el EMP. El segundo, Oficial Mayor de la Sedena en el gobierno de Felipe Calderón.

Ascendido por Calderón a general brigadier, De León Adams coincidió con el actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, en ese momento secretario particular de Fox.

Al inicio del juicio contra El Chapo, en noviembre pasado, otro de los testigos de la justicia estadunidense, Jesús El Rey Zambada, hermano de El Mayo, fue el protagonista del escándalo cuando trascendió que su testimonio implicaba directamente a los ex presidentes Calderón y Peña Nieto en sobornos a cambio de proteger al Cártel de Sinaloa.

(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2201, ya en circulación)

(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ JORGE CARRASCO ARAIZAGA /5 ENERO, 2019)

DEJÉMONOS DE TONTERÍAS


Como decíamos ayer, parafraseando a Miguel de Unamuno, después del reposo, el encono sigue y la polarización avanza. Su última expresión, el ejecutómetro del periódico Reforma publicado el miércoles pasado que mencionaba, sugiriendo actos del crimen organizado, que el número de asesinatos durante el primer mes de gobierno de Andrés Manuel López Obrador había sido 65% superior al último mes de gobierno de Enrique Peña Nieto. Quienes antes validaron esa misma no-metodología de Reforma, la criticaron en defensa de la nueva administración, y quienes antes criticaban a los críticos por utilizarla para denostar a quienes ya se fueron, hoy los censuraron por su incongruencia. La realidad es que todos están y estaban mal, nunca quisieron aceptarlo, y soslayan los temas de fondo sobre el tema de la seguridad que son los que deberían de estar en la mesa de la discusión.

Los ejecutómetros han sido por más de una década el instrumento periodístico más engañoso que existe, porque no explicó absolutamente nada del fenómeno de la inseguridad y sí, en cambio, distorsionó la realidad y contribuyó a que México fuera equiparado en términos de violencia a los países asiáticos en guerra. Pero cualquier persona que haya estado en Siria, Irak o Afganistán, sabe que es falso. Puede haber más periodistas muertos en México que en esos países, pero no porque las condiciones de trabajo sean mejores en esas naciones rotas, sino porque la prensa no se mueve por donde quiera, como en este país. La libertad de movimiento en México no existe en esos países en guerra, donde prácticamente ningún periodista que quiera salir vivo, se adentra en la zona de conflicto sin acompañantes de una de las fuerzas beligerantes. Esto, por supuesto, no reduce la gravedad de la violencia que se vive en México.

Los ejecutómetros los comenzó a hacer El Universal a mediados de la década pasada, y fue el primero en desecharlo como herramienta de trabajo. El primer error explícito, como señalaron los neo críticos de Reforma, es que legalmente no existe el delito de ejecución, por lo cual su interpretación es subjetiva. No importa cómo se le disfrace –v.g., que fuese resultado de un choque entre pandillas-, son llanamente asesinatos. ¿De dónde sale que todos los homicidios dolosos son perpetrados sólo por el crimen organizado? De la imaginación periodística que fuerza una información para hacerla verosímil.

Dedicarle la prensa tanto empeño a esta desinformación, llevó a que varios fenómenos importantes no fueran registrados en su plena dimensión para entender lo que estaba sucediendo. Niños empuñando armas, fueron vistos como una degradación de la violencia, y no como uno de los ejemplos de cómo el Estado Mexicano iba ganando la partida a las organizaciones criminales, que tenían que reclutar miembros cada vez más de chicos ante la pérdida de sus cuadros. Las fugas en las cárceles de miembros de cárteles se registraron unidimensionalmente, y no como una externalidad de que el reclutamiento de niños y jóvenes tampoco funcionaba y necesitaban a su gente experimentada. Los asesinatos en de las cárceles tampoco fueron vistos como otro de los fenómenos de esa lucha, donde los cárteles empezaron a matar a sus rivales en las prisiones para evitar que replicaran otros la estrategia. Todo esto nos pasó de noche y seguimos envueltos en la misma discusión fallida.

El Séptimo Informe sobre Violencia Política de la consultora Etellek en septiembre pasado –aún no sale el octavo-, estableció que en el periodo entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto pasado, hubo en México al menos 850 agresiones con un saldo de 175 políticos asesinados, de los cuales 63 ataques y 21 homicidios dolosos contra políticos se registraron después de las elecciones presidenciales. De ese gran total, precisó Etellekt, el 81% fueron contra opositores del PRI y de las coaliciones gobernantes en las 32 entidades. Estábamos muy mal y no estamos bien. Hace una semana, 90 minutos después de tomar posesión como presidente municipal de Tlaxiaco, Oaxaca, Alejandro Aparicio fue asesinado.

Este fue un asesinato doloso, pero ¿alguien puede asegurar en este momento que fue producto del crimen organizado? El problema de los ejecutómetros es que los medios los han nutrido y la sociedad los ha utilizado para sus fines políticos o existenciales sin ser un instrumento que ayude a entender el fenómeno de la violencia y sí, por el contrario, la distorsiona. La inseguridad es un problema real que afecta al país en su conjunto y su crecimiento está vinculado directamente a la debilidad institucional. No es un tema de este gobierno o del anterior. En 1984, el entonces director de la CIA, William Casey, circuló un informe secreto de 33 páginas que subrayaba la debilidad institucional de los cuerpos de seguridad mexicanos.

Mucho se hizo después, por las presiones de Estados Unidos, para que México atacara a los cárteles de la droga. El gobierno de Vicente Fox abandonó la estrategia y al entregar el mando a Felipe Calderón, casi un centenar de municipios estaban bajo control total del narcotráfico. A pocos les gustó su guerra contra las drogas, aunque logró recuperar los territorios. El de Peña Nieto, mucho se ha escrito aquí de ello, fue un desastre. Volvieron los cárteles a conquistar territorios, se fortalecieron, nacieron algunos y la violencia se atomizó en cientos de pandillas más violentas que los criminales trasnacionales. Lo que tenemos lo venimos arrastrando hace buen tiempo. Dejemos de discutir sobre ángulos que engañan, como los ejecutómetros, y discutamos cómo vamos a resolver, entre todos, el problema de la debilidad institucional en México.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 7 DE ENERO DE 2019)

MALAYERBA ILUSTRADA: DISCOS COMPACTOS


Dónde está, dónde. Se preguntó él, mientras, agachado, esculcaba el compartimento ubicado entre los asientos. Se estiraba y estiraba para alcanzar la guantera y un rinconcito ubicado debajo del estéreo, donde también ponían algunos de los discos compactos. Pero no podía, por más que extendía su cuerpo de dieciséis que no tenía prisa en crecer.

Estaban de huateque esa noche. Las diez y la oscuridad era aún joven, pero densa del otro lado de los cristales ahumados del vehículo en el que iban. Su primo, mayor que él, se había sentado a un lado y adelante iban unos amigos. El dueño del carro en el volante y el otro era el más cercano de sus compas.

Andaban mal. Drogas para consumo y para vender, deudas mal pagadas, promesas chuecas y pólvora en los índices. Pero ellos eran chingones, lo máximo: los reyes del barrio, los más temidos en la colonia, los dioses que borran los nombres de las listas malditas, los administradores del mañana y gerentes del futuro, los propietarios de la última palabra, esdrújula y de tres sílabas: mátalo.

Pero esa noche había que festejar, qué madres. Cerveza para todos, tecates blancas y sobredosis de tostitos con chile y Sabritas adobadas. Y que toquen los chirrines, aunque sea en el estéreo del carro. Pero eso sí, a todo volumen. Que se sientan el tololoche por debajo de la piel, como cuando retiembla en su centro la tierra. Que se escuche el acordeón. Órale pariente, ahí les va un corrido perrón, de esos que le gustan a los jefes.

Noche de peda. Ríos de ambarina, agua de fuego. Mares de meados. Por eso hicieron una parada: volver a surtir líquidos bien helados y tirar fluidos calientes en cualquier retrete, o pared o rincón. En el expendio de cerveza hay baño, aviéntate por otro seicito. Es más, cómprate un dieciocho para no andar batallando, y nos vamos a seguir rolando, buscando morritas y pisteando.

Se orillaron para surtirse de tecates. Se bajaron tres, dos de ellos a comprar cerveza y más botana, y el otro, el primo, a mear. El carro con la música a todo volumen, agrietando los cristales. Él se acordó de ese disco, de ese grupo, esa rola que tanto le gusta y que hasta a cantar se anima. Se agachó, se estiró. Dónde está. Y barajeó los compactos sin suerte. Y quedó atorado entre los dos asientos, esculcando compartimentos. Abrió la caja, la guantera, se arrojó al espacio hueco bajo el estéreo. Dónde, dónde.

En eso se escuchó una ráfaga y luego otra y otra. Uno se dirigió al minúsculo baño y soltó la tercera ráfaga. Y él ahí, entre los respaldos y los latidos del bajo y la tuba y la metralla de la tarola. Apenas escuchó. Luego se dio cuenta que nadie regresó. Salió y vio a los tres tirados. Y él con el disco compacto que tanto había buscado, en la mano.

Columna publicada el 30 de diciembre de 2018 en la edición 831 del semanario Ríodoce.

(RIODOCE/ JAVIER VALDEZ/ 1 ENERO, 2019)