viernes, 26 de octubre de 2018

POR RECOMENDACIÓN DE REGIDOR ASUME COORDINACIÓN DE VENDEDORES AMBULANTES, EX EMPLEADO DESTITUIDO POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN




Por recomendación del regidor Iván Acevedo Saucedo, la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens, designó en la coordinación de Vendedores Ambulantes a una persona que fue destituida en la administración de Lorenzo De Cima Dworak por presuntos actos de corrupción.

Se trata de José Luis Angulo Tapia, quien trabajó en esa dependencia desde la administración del priista Otto Claussen Iberri y siguió laborando en el pasado trienio, de donde fue destituido por presuntos actos de corrupción, los cuales no fueron denunciados.

A Angulo Tapia se le documentaron decenas de recibos clonados, por lo que se negoció su salida a cambio de que aceptara una mínima liquidación.

El ex inspector fue acusado de clonar recibo de cobro de piso a los vendedores ambulantes.

La administración pasada documento varios recibos clonados entre ellos el número 751049 que cobró a Olivia Socorro Angulo Flores por la cantidad de 1,842 por venta de hot dogs de enero a diciembre del 2015.

Sin embargo, existe otro recibo con el mismo número de folio, el 751049 por la cantidad de 20 pesos cobrado a Héctor V. del tianguis.



Además, el folio 739132 cobrado a Luis Arturo Angulo Rodríguez por venta de bisutería por la cantidad de 1,842 pesos, tiene otro recibo clonado a nombre de Eduardo López por 20 pesos.

El recibo con folio 695835 cobrado a Luz del Carmen Rodríguez Agüero por venta de burritos, quesadillas y refrescos, aparece clonado a nombre de Carlos Flores, del tianguis, también por la cantidad de 20 pesos.

Por todas esas irregularidades, el ahora coordinador de Vendedores Públicos en el gobierno que encabeza Sara Valle Dessens, fue despedido del cargo de inspector en la pasada administración.

A una semana de asumir el cargo en el nuevo gobierno, los vendedores ambulantes de Guaymas han denunciado actos de prepotencia de Angulo Rodríguez.

(EL PORTAL DE LA NOTICIA/ ÁGUEDA BAROJAS ONTIVEROS/ 19 OCTUBRE 2018)       

IMPOSICIÓN Y NULA VOLUNTAD PARA CONSULTAR A PUEBLOS INDÍGENAS, EL SELLO DE EPN EN MEGAPROYECTOS


El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, está en vigor en México desde el 5 de septiembre de 1991. La adhesión a ese estatuto obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas y originarios sobre toda ley o proyecto en su territorio que pudiera afectarlos.
Aunque ya son 27 años de distancia y las obras en esas comunidades son constantes, sobre todo en la última década, las autoridades no han logrado realizar una consulta como lo establecen los estándares internacionales.
Para las comunidades, la imposición de obras y legislaciones los ha obligado a entrar a una dinámica de resistencia y protesta casi permanente, e ir a juzgados para buscar si el permiso o la concesión se puede revocar y de demostrar los daños, la mayoría de las veces irreversibles, ocasionados a su territorio.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- Los proyectos de energía eólica llegaron a la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en 1994 por la calidad del aire que es única en el mundo. Fue hasta 2014, con 21 parques eólicos en funcionamiento y con una comunidad asediada por el ruido de las aspas, dividida y en constante confrontación, cuando las autoridades decidieron preguntarles si estaban a favor o no de los parques eólicos.

Pero la manera en que el Ayuntamiento de Juchitán, la Secretaría General del Gobierno de Oaxaca, la Secretaría de Energía (Sener), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Gobernación (Segob) realizaron el proceso de consulta, no cumplió con los mínimos estándares internacionales, es decir, no fue ni previa, ni libre ni informada.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció al respecto en ese entonces: “[un] factor que dificulta el proceso de consulta es el hecho de que se trata de un proyecto cuyas características ya están definidas”.

No es posible contabilizar el número de proyectos de infraestructuras o legislaciones que afectan a comunidades indígenas u originarias sin haberles consultado. Pero la cantidad de puntos del país en los que actualmente hay resistencia en contra de obras evidencia que la fase preliminar en la que esas comunidades deben participar, o falta o no se está llevando de manera adecuada.

Y no es un problema que se limite a la administración del Presidente Enrique Peña Nieto; es un problema que también se dio con Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.

La causa, de acuerdo con analistas y activistas consultados, no es que en México no se sepa hacer consultas, sino que es una falta de voluntad política y que la consulta se considera un mero trámite, para una obra o ley, que ya está más que aprobada.

El informe “El Derecho a la participación y a la consulta en el desarrollo. Retos para México”, elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, expone que el derecho a participar es un derecho que está entrelazado con los principios democráticos fundamentales, por lo que las políticas públicas deben ser elaboradas e implementadas con base en una amplia participación y consulta de las poblaciones y actores sociales afectados por proyectos de desarrollo.

El derecho internacional es la fuente autorizada en esta materia porque tiene establecidos los derechos y obligaciones que los Estados deben acatar.

El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, es el que tiene obligatoriedad para los Estados; ahí se reconoce que los pueblos tienen “el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias” siempre que sean compatible con las leyes y los derechos humanos; contemplan el derecho de éstos a “decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo”, así como a “participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo susceptibles de afectarles directamente”.

Los gobiernos quedan obligados a “establecer los medios a través de los cuales los pueblos […] pueden participar libremente […] en instituciones electivas y organismos administrativos […] responsables de políticas y programas que les conciernan”. Además deben proveer los medios “para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y […] proporcionar los recursos necesarios para este fin”.

Tienen la obligación de “consultar a los pueblos mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

LAS CONSULTAS EN MÉXICO

Edmundo del Pozo, Coordinador del Programa Territorios, Derechos y Desarrollo de Fundar, en México prevalece la omisión de consultar, “existe en el país un sinnúmero de proyectos, de concesiones mineras, de licencias que se han otorgado para varios de estos proyectos donde se ha omitido por completo la obligación de consultar. Esos fueron los casos de Wirikuta, en San Miguel del Progreso, de la Tribu Yaqui y la soya transgénica en el pueblo maya”.

Todo eso, agregó, muestra un patrón de no consultar, y no únicamente en el caso de megaproyectos, ya que también está estipulado que se deben consultar las leyes vinculadas con los derechos de los pueblos indígenas si pueden afectarle.

En el sexenio de Peña Nieto, el caso emblemático es la Reforma Energética, que incluye figuras legales de ocupación de la tierra y territorio de los pueblos indígenas. Las medidas legislativas fueron aprobadas de manera acelerada y luego todo el paquete de leyes secundarias. Eso no se consultó.

En entrevista con SinEmbargo, Fermín Ledesma, investigador del territorio zoque de Chiapas, señaló que el Convenio 169 de la OIT es desconocido en las comunidades y que de repente están frente a una situación en la que tienen que recurrir a organismos no gubernamentales para que les expliquen en qué consisten esas consultas “que tienen que ser previas, libres e informadas”.

“El gobierno o el estado violenta esa legislación internacional y si bien hace una consulta, esta es a modo, para favorecerse a ellos o al proyecto. Por lo regular las comunidades tienen mucho desconocimiento sobre estos procedimientos. Sí hay un aprovechamiento por parte de las autoridades para dejar entrar estos megaproyectos. En el caso de la lucha de los pueblos zoques, el gobierno mexicano dijo que estaba llevando a cabo la consulta de acuerdo al Convenio 169, pero la estaba utilizando como un recurso político porque en realidad a las comunidades llegaban los funcionarios ya con un acta previamente elaborada y solo se debía someter a la firma de las autoridades tradicionales”, comentó.

Otra vía por la que se han implementado consultas es a través de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero el resultado tampoco ha sido del todo exitoso. Están los casos de pueblo maya y la tribu Yaqui. Sin embargo las consultas se suspendieron porque las autoridades responsables de llevarlas a cabo no implementaron adecuadamente los estándares que ordenaba la SCJN ni los estándares internacionales, según lo relata Del Pozo.

En el caso maya se dio la orden de que se tenía que suspender la siembra de soya durante la consulta y se seguía sembrando ilegalmente. Esa fue una de las quejas principales de la comunidad.

En el caso yaqui se dio la criminalización de los principales voceros de la tribu que participaban en el proceso de consulta: Mario Luna, Fernando Jiménez y Tomas Rojo que tuvo órdenes de aprensión.

“Son consultas que no son libres ni previas (porque se incumplen los permisos) y se manipula la información, no se da de manera completa y se intenta brincar y acelerar las etapas con el fin de que los proyectos terminen aprobados. Es el caso de Eólica del Sur que lo va a discutir en los siguientes días la Corte, pero que ya tiene un recorrido a nivel judicial y señalamientos internacionales, en buena medida porque los permisos ya estaban otorgados antes de la consultar; se aceleraron los tiempos de la consulta y las etapas, no se respetaron los usos y las costumbres y los tiempos de las comunidades”, agregó Del Pozo.

De acuerdo con Ledesma, en estos casos prevalece el interés del gobierno y del estado mexicano de imponer o llevar a cabo un proyecto, por lo que buscan implementarlo a como dé lugar, sin importar que hagan o no una consulta.

“La intención del estado mexicano en alianza con las empresas es imponer un proyecto que aparentemente va a traer desarrollo con o sin permiso de las comunidades”, señaló.

La Relatoría de Pueblos Indígenas puso énfasis en la forma en que el Estado mexicano implementa los procesos de consulta; sostuvo que viola los principales parámetros porque son consultas con los permisos otorgados, que no son previas y que se dan en un entorno de criminalización. Le ordenó al Estado mexicano avanzar en un diálogo realmente sincero, genuino con los pueblos y las comunidades.

“Hemos observado los efectos de contraproducentes que resultan si la consulta padece de buena fe o tiene como efecto u objetivo dividir a las comunidades indígenas o de exacerbar las divisiones y tensiones internas que ya existen. Es absolutamente necesario evitar que procesos de consulta, en vez de abrir espacios de diálogo auténtico, resulten en la fragmentación de las comunidades y en un aumento de conflictos entre y adentro de las comunidades”, señaló el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

“Hay señalamientos recientes, sistemáticos sobre el incumplimiento de esta obligación del estado mexicano y la necesidad de avanzar hacia el respeto de los derechos de los pueblos. Aquí lo que está en juego es más que un procedimiento. Se trata de respetar a la libre determinación de los pueblos y las comunidades, su derecho al territorio, a definir sus vías de desarrollo. Esos son los derechos de fondo. La obligación de consultar es una garantía para que esos derechos también puedan cumplirse y ser respetados y los pueblos puedan decidir sobre sus territorios”, agregó Del Pozo.

México le informó al Comité que en los últimos cinco años realizó 72 consultas de diversos temas; 32 relacionadas con megaproyectos, pero no hay información sobre la manera en que se han realizado y el resultado de éstas.

ES EL MODELO DE DESARROLLO

“El problema tiene que ver con dos cuestiones: una es la voluntad política, de tener un diálogo sincero con las comunidades, basado en sus derechos y no en donde simplemente se intente avalar a través de supuesto diálogo, proyectos que ya han sido decididos en otras instancias, más allá de los territorios de las comunidades”, dijo el investigador de Fundar.

Desde su perspectiva, otro gran problema tiene que ver con el modelo de desarrollo que se ha implementado en México en las últimas décadas, que prioriza el interés económico, de las grandes empresas sobre los derechos de las comunidades.

“La Reforma Energética, la Ley Minera, la Ley de Aguas, los tratados de libre comercio en su momento, abrieron un marco más extractivista, más neoliberal y facilitó la entrada a los territorios. Mostró que esas actividades son preferentes sobre otro uso del territorio. Se trata del modelo de desarrollo que no está pegado a los derechos humanos y que prioriza el interés económico, el beneficio económico y no el bien común y mucho menos el de las comunidades que son afectadas”, concluyó.

(SIN EMBARGO/ DANIELA BARRAGÁN/26 DE OCTUBRE 2018)

PESCADORES DE SAN FELIPE HALLARON CUERPO DEL MARINO CAÍDO EN HELICÓPTERO El cadáver del teniente Juan Mateo Cabrera fue recuperado el jueves mientras flotaba ENSENADA.- La Secretaría de Marina confirmó el hallazgo del cadáver del teniente Juan Mateo Cabrera, flotando en el Alto Golfo de California, gracias a la ayuda de pescadores de San Felipe. El elemento de la Marina-Armada, junto con otros 11 elementos, cayó al mar cuando realizaba labores de vigilancia el pasado sábado 20 de octubre a bordo de un helicóptero MI-17. De los 12 tripulantes, nueve salieron ilesos, dos resultaron con heridas de gravedad y Juan Mateo se reportó como desaparecido, por lo que se activó un operativo de búsqueda. La dependencia dio a conocer días atrás la activación de un operativo en el que participaban 276 elementos, 4 aviones, 3 helicópteros, 2 patrullas oceánicas, 2 patrullas interceptoras, 4 embarcaciones tipo Defender, un buque de la ONG Sea Shepherd, un buque perteneciente al Museo de la Ballena; de la Primera Compañía de Trabajos Submarinos, 20 buzos especialistas en búsqueda y rescate de buques y aeronaves hundidos. La Secretaría de Marina-Armada de México confirmó el hallazgo y dijo que no emitirá comunicado oficial. (SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS MARCO A. FLORES /VIERNES, 26 OCTUBRE, 2018 10:34 AM)


El cadáver del teniente Juan Mateo Cabrera fue recuperado el jueves mientras flotaba

ENSENADA.- La Secretaría de Marina confirmó el hallazgo del cadáver del teniente Juan Mateo Cabrera, flotando en el Alto Golfo de California, gracias a la ayuda de pescadores de San Felipe.

El elemento de la Marina-Armada, junto con otros 11 elementos, cayó al mar cuando realizaba labores de vigilancia el pasado sábado 20 de octubre a bordo de un helicóptero MI-17.

De los 12 tripulantes, nueve salieron ilesos, dos resultaron con heridas de gravedad y Juan Mateo se reportó como desaparecido, por lo que se activó un operativo de búsqueda.

La dependencia dio a conocer días atrás la activación de un operativo en el que participaban 276 elementos, 4 aviones, 3 helicópteros, 2 patrullas oceánicas, 2 patrullas interceptoras, 4 embarcaciones tipo Defender, un buque de la ONG Sea Shepherd, un buque perteneciente al Museo de la Ballena; de la Primera Compañía de Trabajos Submarinos, 20 buzos especialistas en búsqueda y rescate de buques y aeronaves hundidos.

La Secretaría de Marina-Armada de México confirmó el hallazgo y dijo que no emitirá comunicado oficial.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  MARCO A. FLORES /VIERNES, 26 OCTUBRE, 2018 10:34 AM)

BALEAN A 5 FRENTE A CENTRO DE REHABILITACIÓN EN TIJUANA


Cinco personas, entre ellas dos mujeres, resultaron heridas, luego un ataque armado frente a un centro de rehabilitación localizado en la colonia Campos, en Tijuana.

Los primeros datos indican que alrededor de las 19:20 horas en un domicilio en la calle Mexicali se escucharon varias detonaciones de arma de fuego y al parecer habían resultado heridos tres hombres y dos mujeres.

Al lugar arribaron agentes  municipales quienes al ver al los lesionados solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja.

Los heridos, tres de ellos de gravedad, fueron traslados a diversos nosocomios.

Trascendió que los presuntos responsables huyeron en una vagoneta color negra. Hasta el momento no han sido capturados.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  ZETA/ JUEVES, 25 OCTUBRE, 2018 09:02 PM)

ASALTAN CAMIÓN DE SEPSA Y ROBAN 9.5 MILLONES DE PESOS


Mexicali.- Cuatro asaltantes interceptaron un camión de la empresa SEPSA, desarmaron a los guardias y se apoderaron de una cantidad estimada de 9.5 millones de pesos, para luego huir y abandonar la unidad no muy lejos del sitio.

Pasaban las 08:40 horas de este viernes 26 cuando los números de emergencia alertaron sobre el atraco perpetrado en el valle de Mexicali, específicamente en una comunidad de nombre La Mariana, a donde se movilizó gran parte de la policía de la zona.

Según lo referido por las autoridades, la unidad blindada se detuvo en una tienda de abarrotes llamada “Mi Ranchito”, cuando arribó una camioneta Caravan, color blanca, con placas de circulación 7NN661 de California.

Del mismo descendieron 4 sujetos armados y amenazaron a los guardias, para luego despojarlos de sus rifles y someterlos.

Ese momento fue aprovechado por los forajidos que vaciaron la parte trasera del vehículo y lo subieron a su automóvil, para luego emprender la huida a gran velocidad.

Policías municipales y ministeriales patrullaron la zona en busca de los hampones, pero sólo encontraron una camioneta blanca abandonada, que aparentemente fue la utilizada para el escape del lugar.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  EDUARDO VILLA LUGO /VIERNES, 26 OCTUBRE, 2018 11:32 AM)

ERNESTO RUFFO PRESENTÓ ESTE VIERNES SU RENUNCIA COMO INTEGRANTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PAN


“Esta determinación la he tomado finalmente después de valorar que la dirección del Partido ha sido tomada por intereses de grupo que han convertido en botín para beneficio de unos cuantos, apartándonos del bien común que debe ser nuestro valor más preciado”, expone en una misiva dirigida a Marcelo Torres, presidente del CEN.

Sin embargo, el ex gobernador de Baja California, quien integraba la Comisión para la Transparencia y Reingeniería, deja claro que tal renuncia no significa que abandone su carácter como militante del PAN.

El actual diputado del PAN también informa en el documento presentado este día en las oficinas del CEN de Acción Nacional en la Ciudad de México que si bien se avanzó en la reingeniería del partido, no ocurrió igual en términos de transparencia.

El panista además detalló que participó activamente en la Comisión de Anticorrupción del CEN, presidida por Luis Felipe Bravo Mena. En esta Comisión, en la cual investigó, por denuncia de integrantes del Partido, “casos en los que se documentó que hubo recursos económicos presupuestales canalizados por el Ramo 23 del presupuesto Federal, denominados popularmente “moches”, que debiendo ser entregados a determinados gobiernos municipales para obras ya autorizadas, no llegaron a su destino, quedándose en las arcas estatales y aplicados posteriormente a conceptos no autorizados”.

Aclaró que respecto a ese punto, preparó una iniciativa de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, la Iniciativa se retuvo en la Coordinación del GPPAN de la 63 Legislatura en la Cámara de Diputados, siendo presentada cuando el curso del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2018 era ya irreversible.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  ISAÍ LARA BERMÚDEZ/ VIERNES, 26 OCTUBRE, 2018 01:16 PM)

EL PT Y “LA MAMÁ CHOLA”, TAL PARA CUAL UNA ANOMALÍA DE LA DEMOCRACIA


La Viña del Señor
Quedan poco más de treinta días para que el gobierno de la Cuarta Transformación de la República tome las riendas del país y hay lugares en donde parece que no va a llegar. Uno de ellos es Guaymas.

El destino manifiesto del puerto fue conocido como la maldición de “El Turco” Plutarco Elías Calles, cuando dicen que dijo que Guaymas, nunca dejará de ser una aldea de pescadores.

Como saldo que dejó el tsunami pejista, se ha levantado una especie de torre de Babel, que no cuadra y Guaymas, es un ejemplo de dicho fenómeno contrario a las reglas mínimas más exigentes de cualquier régimen democrático.

El arribo de la “Mamá Chola”, remoquete con que conocían sus alumnos del Cet del Mar a la maestra Sara Valle Dessens, a la alcaldía, puso en evidencia la verdadera naturaleza del PT como partido en el poder: oportunismo, gandallismo, nepotismo, corrupción, amiguismo, compadrazgo, chaqueteo y demás.

En Empalme, con la administración familiar del Pantico Genesta, no se queda atrás esa formación política. Se dice, que por las dudas, un conocido pastor cristiano bendice cuanta gestión y documento emana del ayuntamiento rielero.

Ambos alcaldes, por definición son profesores, lo que deja mal parado al gremio de los docentes, uno de los más aguerridos que dieron la lucha en contra de la reforma educativa y un aliado natural a través de la Redes Progresistas Magisteriales que dirigió el profesor Manolo Madero en la entidad del candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Obvio, ni Sara, ni el Pantico, desempeñaron un rol importante en esa gesta en contra de las imposiciones de Aurelio Nuño, el niño consentido de Enrique Peña Nieto y uno de los responsables de la debacle del PRI.

En Guaymas y Empalme, fueron profesores como José Luis Portillo Liera, coordinador de la Asamblea Magisterial y gentes de la CNTE como Omar Flores Leyva y docentes afiliados a Morena como el maestro jubilado Enrique Leblohic y otros, quienes sacaron la casta ante la embestida claudillera que echó a la calle a 60 educadores que se oponían a la evaluación del desempeño.

DE LA CHIQUILLADA A LAS GRANDES LIGAS

Antes del primero de julio del 2018, el PT no figuraba en el puerto, ni en el estado. Apenas un que otro regidor y diputado local a duras penas había logrado colar en los comicios el partido de Alberto Anaya., a quien Manlio Fabio Beltrones, cuando presidía el PRI rescató de perder el “negocio”.

El carácter de partido-franquicia acompaña al PT desde su oscuro origen como proyecto del “hermano incómodo” Raúl Salinas de Gortari, para quitarle votos y presencia al PRD, instituto que llegó un día a ser la fuerza de izquierda más poderosa de América Latina.

Para nadie es un secreto que el mayor caudal de votos en Guaymas y en la Ciudad Jardín, corrió a cargo del partido del Peje, siendo la aportación del PT poco relevante.

Localmente, ni llevando como candidatos a personajes conocidos en la grilla como Roberto Hugo Maciel, José Ramón Uribe, Rodolfo Lizárraga o la propia Sara, había podido repuntar como lo hizo yendo este año de la mano en coalición con Morena y el PES.

El Maciel, Joserra, Jazmín Gómez Lizárraga, actual secretaria de la comuna, apenitas alcanzaron una regiduría en las administraciones de César Lizárraga, “El Bebo” y Otto Claussen, respectivamente. “El Fofo” fue dos veces edil con “El Toñito” Astiazarán y Lorenzo De Cima.

En Empalme, a lo más que se llegó fue a tener como regidor al actual tesorero Carlos Arbayo, el PTman.

La jugada maestra de apuntalar al PT en el puerto corrió a cargo del grupo conformado alrededor de Rodolfo Lizárraga, el cual fue penetrado por medio de Roberto Palafox, uno de los “operadores” del exdiputado Manuel Villegas, junto con Víctor Marín, flamante director general de Infraestructura Urbana y Ecología en la administración de la Mamá Chola.

“Al Pipas”, le tocó desempeñar el rol de recolector de “apoyos” durante la campaña de manos del exsecretario David Kiamy. Incluso un grupos electo de “probados” funcionarios panuchos allegados al Lencho jugaron a favor de la causa de Sara Va!

Puede ser que esos amarres bajo la mesa expliquen la renuencia de Sara de encausar a la anterior administración, la repetición de Carlos Armando Moraga en la Dirección de Asuntos de Gobierno y Andrés Valenzuela “El Panochas”, en el inexistente puesto de subdirector de Infraestructura y la ligereza con que Kiamy soltó la carta de residencia de “El Cabezón” Luna.

Y mientras el Toñito, “El Negro” Saldaña y Lorena Garibay, hacían campaña por la alianza PAN-PRD-MC, un sector del blanquiazul maniobraba y jugaba las contras. Lo que sumado a la migración de algunos panistas sin mucho peso interno hacia Morena, como Javier Peralta, “El Grillo” Luis Felipe Valenzuela, el capitán Noé Garayzar y otros, propició el desfonde y cuyas ruinas busca dirigir el abogado Víctor “El Moño” Flores García.

PIFIAS SARISTAS

Su reunión con lo más granado y desprestigiado de la clase política porteña, como lo son los ex presidentes municipales guaymenses, así como con los empresarios de la CANACO –los piojos de la localidad, precisó un acucioso observador—, ante quienes el ingeniero Jorge Falcón, presentó un análisis refriteado de la campaña del regidor independiente Ernesto Uribe, así como su reunión con lo más más huérfano y destacado del cetemio guaymense, fueron tres garrafales pifias, que mandaron el mensaje de como venía la bola en la administración entrante y a lo que la sociedad habría de atenerse: ¡¡Puro show!!

El primer choque con el SUTSAG, dejó en claro la falta de mano izquierda entre los funcionarios emanados del grupo Coyota, como el propio caudillo Luna o el secretario técnico Alejandro Rodríguez Zapata, “El Piolas”, a quienes la política como a la secretaria Jazmín Gómez Lizárraga, les está vedada.

Y fue desde la primera sesión extraordinaria de cabildo en que se confirmó la especie: Sara Valle, no se detendría en conformar una administración de corte familiar, en la que los puestos se repartirían entre diversos clanes de incondicionales, ex compañeros de trabajo y allegados, algunos de los cuales ni las oficinas del PT habían pisado jamás.

La cooptación de la mayoría edilicia de morena, entre los que se encuentran Antonio Pintor, Estanislao Pineda, Itzel Ríos #Ladymanzanitas y demás, fue clave para que Sara hiciera viable su proyecto de gobierno monárquico, a pesar del punto 26 de los 50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana, propagados por López Obrador, para hacer la diferencia con el PRIAN.

¿Con esos agentes del cambio verdadero quien extraña la línea y disciplina priísta?

NEPOTISMO Y AMIGUISMO, LA DIVISA

Al interior de la administración municipal porteña se ha venido conformando una maraña de grupos e intereses que acalambrarían a cualquiera que se precie de demócrata. Veamos:

Grupo Coyota: La cereza del pastel fue el nombramiento de su cuñado cómodo Santiago Luna como tesorero municipal.

Daniel Morales, quien dejó sembrado como coordinador de jueces calificadores a su sobrino Tony de Marco, el síndico Martín Ruelas, el exemecista Alejandro Rodríguez y el golondrino Arturo Salas, director de Informática, forman parte de esta nueva versión.

La imposición como Contralor carnal, de Morales Pardini, luego de su desastroso paso por la comisaría de policía, cierra la pinza del Coyota Power. El Dany y “El Negro” Marín, como si faltara otro negrito en el arroz son compadres del alma.

Cet del Mar Family: Compañeros del Cet del Mar como la profesora jubilada Ana María Fontes, con quien compartió cubículo en la escuela, va al DIF en apoyo de Brenda Valle y la encargada de nóminas en la dirección de Recursos Humanos provienen de las filas del plantel educativo.

Peñasco Power: El grupo Peñasco con Célida Botello, subtesorera, tiene juego en la nómina y se afianza en el área financiera de la comuna. Armando Escalante, en la dirección de egresos y Alberto Navarro en cobranzas, son dos de los brazos operativos de “El Cabezón”, en su dependencia-changarro.

Clan Lomelí: La esposa y cuñada del edil consentido del gobierno sarista Arturo Lomelí fueron nombradas como funcionarias, la primera Zulma Merlos, en la Dirección de Recursos Humanos y la segunda Ana Luisa Merlos, en la Dirección de Desarrollo Social.

Clan Ibarra Velarde: Bernardo Ibarra Velarde es director del Instituto Municipal del Deporte; su hermano Brandon, finge como director de salud municipal. Su mamá Leticia Velarde y su hermana Millotzi, trabajan en el DIF.

Clan Arriaga Ruiz: Mario Eusebio Arriaga, es director administrativo en el DIF; su esposa Luz Matilde Ruiz, es la secretaria particular y la hija de ambos Mariana Arriaga Ruiz, la directora de Imagen.

Valle Happy Family: En la Profeco está su prima Yosseth Valle García Coronel; en el Instituto de la Mujer está su consuegra Rosa Icela Pule; Brenda Valle García Coronel, trabaja en el DIF y Marisela Dessens, aseguró lugar en la nómina.

Don Reynaldo Valle, es el ideólogo de la familia Valle y anexas.

En la rebatinga hasta el Nacho Velarde, “El Mataperros”, labora como inspector en la Dirección de Ecología. “El Grillo” Valenzuela, fue consolado con colocar a su doña en la dirección de Relaciones Exteriores.

“El dentista de las estrellas”, el doctor Luis Javier Gaxiola, apañó la Oficialía Mayor, cargo vital en la administración. 

Debido a lo anterior, dice el regidor sin partido Ernesto Uribe, que Guaymas está manejado por cinco familias, por lo que recurrió al ISAF y a la FAS.

En contraste, Nayeli Navarro Arce, madre de la primogénita del policía Pedro Corral Velásquez , quien fue ejecutado el pasado 4 de octubre en Guaymas en el ataque a mansalva al grupo Operativo en plena avenida Serdán, fue despedida del Ayuntamiento de Guaymas junto con otros cincuenta empleados de administraciones pasadas, como parte de los “cambios”, declaró la directora de Comunicación social de la comuna Angelina Medina Trujillo.

La senadora Lilly Téllez, ha sido una de las críticas más severa en contra del nepotismo de Sara y del PT.

UN PROCÓNSUL ENCABRONADO

Cuando tres diputados de origen petistas, incluido el porteño Rodolfo Lizárraga, decidieron unir sus votos al PRI para evitar el nombramiento de nuevos funcionarios en el Congreso del Estado y favorecer la estrategia de la gobernadora Claudia Pavlovich, Antonio Gallardo, quien fungirá como coordinador regional de programas federales fue uno de los más encabronados y no se calló para señalar de traidores a los chicos de Ana Gabriela Guevara.

El Tony es una de las gentes más cercanas a Alfonso Durazo y Jorge Taddei y quien hace equipo con el senador suplente Arturo Bours, empresario, miembro distinguido del clan cajemense y próximo a sustituir al Poncho, en cuanto se vaya como titular de la poderosa Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Operó junto con Heriberto Aguilar, la reciente gira de agradecimiento del Peje a Guaymas y es uno de los hombres fuertes del morenismo en el puerto, en donde se perfila como uno de sus principales pilares, amén del cargo estratégico que desempeñará para bajar recursos para Empalme y Guaymas, de ahí que no se pueda echar en saco roto sus posturas críticas en contra de lo todo lo que huela a PT y a chaqueteo, al puro estilo de la escuela de Jaime Moreno Berry.

Por eso, echárselo de enemigo, será para Sara Valle y su alter ego Santiago “El Cabezón” Luna, como pelearse con la cocinera.

El conocido desapego de Sara y ahora del PT a las reglas de la convivencia democrática, la ética política y la cultura de la legalidad, bien pudieran colocarlos en la categoría de anomalías del sistema político democrático.

Tal actitud ya tiene crispada a la plana mayor de Morena en la entidad o sea a Lilly Télelz, Jacobo Mendoza, Jorge Taddei y Alfonso Durazo.

El tema no es menor… Y ya habrá tiempo de constatar que tan en serio viene el cambio verdadero.

(EL PORTAL DE LA NOTICIA/ LA VIÑA DEL SEÑOR/ 25 OCTUBRE 2018)

DENUNCIA ERNESTO URIBE A SANTIAGO LUNA GARCÍA ANTE EL ISAF Y FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN


El regidor independiente, Ernesto Uribe Corona, presentó este día una denuncia ante el ISAF y la Fiscalía Anticorrupción en contra de Santiago Luna García y el ex Secretario del Ayuntamiento, David Kiamy Félix, por la constancia de residencia que se le otorgó para poder ser tesorero.

El edil sostuvo que la denuncia es por falsedad de información, por la ilegalidad del tramite que hizo que Santiago Luna García, el cuñado de Sara Valle Dessens para obtener el documento de residencia.

Uribe Corona dijo que la denuncia es contra Luna García, Kiamy Félix, pero también contra el actual Síndico Martín Ruelas y el regidor Manuel Arturo Lomelí, porque fueron testigos de Luna García.

“Los testigos de Santiago Luna mintieron, dijeron que el Tesorero tenía residencia en Guaymas, cuando sabemos que no es así, que nunca ha vivido en Guaymas y que la dirección que presentó en los documentos corresponde a un lote baldío ubicado en la colonia Petrolera”, comentó.

El regidor independiente sostuvo que también deberán citar a la alcaldesa Sara Valle Dessens, quien a pesar de saber que su cuñado había falseado información y de que por lo tanto no cumplía con los requisitos, lo propuso como Tesorero.

(EL PORTAL DE LA NOTICIA/ ÁGUEDA BAROJAS ONTIVEROS/24 OCTUBRE 2018)       

“SON MITOTES”, DICE SANTIAGO LUNA SOBRE TERRENO BALDÍO SUPUESTAMENTE DE SU PROPIEDAD


Para Santiago Luna García, Tesorero Municipal de Guaymas y cuñado de la alcaldesa Sara Valle Dessens, el tema de su carta de residencia y la dirección del lote baldió que puso como domicilio, es puro mitote.

Cuestionado sobre el tema, el encargado de las finanzas municipales dijo que se dijeron muchas cosas, pero que el interés del Ayuntamiento es ver por el destino de los recursos, que esa es mi comisión al interior del cabildo.

Aseguro que se reunieron los requisitos y se expidió legalmente la carta de residencia y que todo lo demás es mitote

Sobre la exigencia de un grupo de personas de que renuncie al cargo, dijo que con la ley en la mano que acudan a las instancias correspondientes.

“ El sistema democrático, legal de este país lo permite, no es a través del Facebook como van a lograr sus objetivos, la victoria de esta propuesta fue muy contundente, estamos trabajando y hay muchas posibilidades de lo que en el ejercicio pasado se hizo mal a eso deberían avocarse los medios”, apuntó.

A pregunta expresa de que si va a ir del Ayuntamiento, dijo que: “Es como la vida te puedes morir mañana, es una determinación que no me corresponde”, apuntó.

(EL PORTAL DE LA NOTICIA/ AGUEDA BAROJAS/ 24 OCTUBRE 2018)

PROPONE CTM-SONORA DESAPARECER LA CNSM Y QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS FIJE AUMENTOS SALARIALES


Hermosillo, Son.-La Federación de Trabajadores del Estado de Sonora (CTM), no ha tomado una determinación respecto al monto incremento salarial que solicitarán para las negociaciones de sus Contratos Colectivos de Trabajo, las cuales se iniciarán en diciembre y concluirán en marzo de 2019, declaró Javier Villarreal, secretario general de esa organización.

“En este momento no tenemos precisado el monto que debemos de plantear como piso en las negociaciones”.

Sin embargo, señaló que espera que “para mediados de noviembre tengamos una reunión en la que podamos precisar algún criterio general en materia de negociación de contratos”.

Para ese efecto, la CTM de Sonora tomará en cuenta la tasa de inflación que señala el Banco de México, que es de alrededor del 5 por ciento, pero, como lo indicó Villarreal, la tasa de inflación de la canasta básica es superior.

Explicó que los salarios mínimos y contractuales siguen rezagados, si bien en los dos últimos años, se incrementaron por encima de la inflación entre un 10 al 12 por ciento, pues  pasó de 70 pesos a 88 pesos, aproximadamente, empero, dijo, el salario, en los últimas décadas, se quedó atrás en un 70 por ciento.

Villarreal dijo que, además del referente del Banco de México, tomarán en cuenta lo que determine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

Empero, acusó a la Comisión de estar muy ligada a los criterios del Banco de México por lo que no esperan que determine un incremento salarial mayor a la tasa de inflación que señale el banco central.

“Ante esa posición, nosotros consideramos que la comisión debe desaparecer, y en su caso, proponemos que la Cámara de Diputados fije el salario mínimo”, apuntó Villarreal.

(DOSSIER POLITICO/ HÉCTOR APOLINAR /2018-10-26)

EN MENOS DE UNA SEMANA, LOCALIZAN 19 CADÁVERES EN TRES FOSAS DE LAGOS DE MORENO



GUADALAJARA, Jal. (apro).- Desde el pasado 22 de octubre, cuando comenzó la búsqueda de cuerpos en tres diferentes fosas que se ubican en un predio de Lagos de Moreno, a la fecha, suman 19 cadáveres localizados y dos cráneos.

Todo comenzó el pasado lunes cuando vecinos del poblado de San Miguel Buenavista observaron que un perro traía consigo huesos humanos que extrajo de un predio.

Los vecinos reportaron el caso y la autoridad comenzó con las diligencias en un sitio conocido como El Lindero.

El primer día se inhumaron cinco cuerpos de una fosa, pero los trabajos de búsqueda continuaron.

Hasta el momento, de forma extraoficial, se informó que los restos con al menos un mes de evolución cadavérica corresponderían a 16 hombres y tres mujeres, además se hallaron dos osamentas.

Algunos de los cuerpos estaban en bolsas, otros fueron desmembrados. Se desconocen las características de las víctimas o si alguna ya fue identificada.

Desde junio a la fecha se han localizado 87 cadáveres en once fosas dentro del área metropolitana de Guadalajara y las tres de Lagos de Moreno.

En junio se detectaron ocho cuerpos en Lomas del Aeropuerto, en el municipio de El Salto. Al siguiente mes se reportaron cuatro fosas, dos de ellas en Tlajomulco, una en el fraccionamiento Chulavista de donde se exhumaron cuatro cadáveres, otra en Villa Fontana Aqua, donde había siete muertos.

Las otras dos fosas se hallaron en la colonia El Zalate, municipio de El Salto donde había seis cuerpos, mientras que en La Mezquitera, en Tlaquepaque, se localizó un cuerpo.

En agosto, se localizaron cinco cuerpos en Lomas del Mirador. A esto hay que sumarle 10 cuerpos en Villa Fontana Aqua, e igual número de restos en el patio de una casa en la colonia Santa Elena de la Cruz, en Guadalajara.

El pasado 16 de octubre, en dos fosas clandestinas de un predio en obra negra en Tonalá, se encontraron 16 cadáveres.

(PROCESO/GLORIA REZA M./25 OCTUBRE, 2018)

SUPOSICIONES SOBRE SANTA LUCÍA


NAVBLEU es una empresa de servicios propiedad de Airbus, el conglomerado aeronáutico y espacial europeo con sede en Francia, dedicada a soluciones para operaciones de vuelo y administración de tráfico aéreo. Hace unos meses Miguel Alemán Magnani, presidente ejecutivo de Interjet, la contrató para que estudiara cómo podrían expandirse los vuelos en el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México. Alemán Magnani entregó el documento a la autoridad de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, el SENEAM, que lo rechazó porque no contemplaba el tiempo de carreteo en las pistas, por lo que todos sus cálculos que mostraban el incremento del número de vuelos, tenían un error al no estimar los minutos invertidos de entrada y salida de los aviones de las pistas.

NAVBLEU fue contratada a principios de septiembre por los asesores del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, y José María Riobóo, el constructor que después de fracasar en la licitación para construir las pistas en el nuevo en Texcoco, se convirtió en el principal promotor de la Base Militar Aérea de Santa Lucía, como terminar alterna al “Benito Juárez”. El estudio fue entregado el 15 de octubre, y Jiménez Espriú lo presentó 10 días después, en la víspera del inicio de la consulta ciudadana para determinar si quieren o no que siga la obra en Texcoco.

El documento, “Diseño Aeroespacial de Factibilidad Técnica para Operaciones Simultáneas entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la Base Militar de Santa Lucía”, no es un estudio sino un concepto de operación que responde al problema que le planteó el equipo de López Obrador sobre la simultaneidad de operaciones. Al darlo a conocer, Jiménez Espriú dijo que “los especialistas” de NAVBLEU “concluyeron que con ambas sedes se puede alcanzar una capacidad de 130 a 140 operaciones aeronáuticas por hora. Este es un estudio que confirma que se pueden usar los dos aeropuertos. No vamos a cometer la barbaridad de hacer una propuesta en donde no haya una absoluta seriedad”.

Jiménez Espriú dijo medias verdades. NAVBLEU se deslindó en prácticamente cada una de las 57 páginas del estudio porque su “evaluación se enfoca en la factibilidad técnica de operación simultánea sólo desde el punto de vista del diseño del Aero espacio… No provee una conclusión definitiva sobre la viabilidad de convertir la base Militar de Santa Lucía en un aeropuerto mixto, civil-militar, y operar junto con el aeropuerto internacional de la Ciudad de México de manera simultánea para incrementar el tráfico global. Por lo tanto, NAVBLUE enfatiza que esta evaluación debe ser complementada con muchos otros aspectos, como la evaluación económica, la conectividad, la experiencia del pasajero, la infraestructura, los sistemas de administración de tráfico aéreo, el personal y cualquier decisión en relación a ese proyecto que no dependa sólo del estudio”.

Es decir, lo que hizo NAVBLEU fue un diseño donde determina a qué altura tendrían que volar los aviones para no colapsar en el aire, y qué tipo de aproximación tendría que hacerse a qué pista, en función de su origen. El documento está incompleto. Como lo señala la empresa, no incorporó en el análisis de factibilidad aérea las operaciones militares de Santa Lucía, ni tampoco incluyó lo que omitió en el estudio que realizó para Interjet, el tiempo que se invierte en el carreteo de los aviones. Se puede argumentar que la incorporación de estas dos variables tendría un impacto a la baja en el número de operaciones diarias que mencionan.

Una parte fundamental del documento es que trabaja con suposiciones. No lo oculta NAVBLEU, sino que lo hace específico en los capítulos relacionados con el Proyecto y el diseño conceptual en las fases 1, 2 y 3. La suposición del Proyecto ha generado enorme suspicacia, porque revela la empresa que los estudios de operación simultánea se realizaron sobre la base de la documentación que les aportó Riobóo, cuyo grupo ha mostrado enorme inexperiencia en el tema de aeropuertos. El mejor ejemplo es que en el Plan Maestro diseñó un estacionamiento subterráneo debajo de la terminal, cuando en todo el mundo se prohíben estacionamientos subterráneos por razones de seguridad. Hacerlo debajo de la terminal, sólo enfatiza su desconocimiento.

Se desconoce la calidad de los datos de Riobóo, quien no ha revelado el grupo de expertos, chilenos dijo en un principio, que le hicieron los cálculos sobre Santa Lucía. NAVBLEU no se compromete con una solución definitiva. El capítulo sobre el diseño también lo elabora sobre la base de suposiciones, y señala que “es importante subrayar que es un pre-estudio y que las conclusiones derivan de numerosas suposiciones y sujetas a severas incertidumbres de datos y reglamentos locales”. La implementación de Santa Lucía, señala, necesita de trabajos adicionales.

Lo mismo cuando se refieren a la estrategia del Proyecto: “La implementación de las operaciones aéreas en un nuevo aeropuerto internacional en un área relativamente confinada (la Ciudad de México rodeada por terrenos altos), requiere de un profundo estudio y cambios importantes en muchos niveles (como infraestructura, operaciones, seguridad y finanzas). Tal proyecto se completa usualmente en el curso de varios años”.

En castellano, lo que informó Jiménez Espriú es mentira. No es un estudio concluyente, sino conceptual que requiere estudios complementarios. Santa Lucía tampoco estaría terminada antes que Texcoco. El documento de NAVEBLEU, como ha hecho el futuro secretario con los reportes de otros organismos internacionales, o los manipuló o no los entendió. Lo que es un hecho, es que no dicen lo que él afirma que dicen.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa 

(VANGUARDIA/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ VIERNES, OCTUBRE 26, 2018 - 06:20)

LA REFORMA LABORAL FUE EN 6 AÑOS PARAÍSO DE EMPRESARIOS Y RUINA DE TRABAJADORES… CON Y SIN ESTUDIOS



Aunque fue creada y aprobada bajo la Presidencia del panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), con el fin de la administración de Enrique Peña Nieto, la Reforma Laboral cumple seis años de estar en vigor.
Fueron seis años de implementación y los resultados son claros: hubo beneficio para los empresarios, pero para el grueso de la población, del norte y del sur, con o sin estudios, se tradujo en pobreza, de acuerdo con un estudio de la Universidad Iberoamericana.
Este periodo de prueba de seis años deja retos para la siguiente administración, que deberá investigar los vicios que se crearon bajo el amparo de la flexibilidad laboral y la inserción de México al mercado global.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- La administración de Enrique Peña Nieto es la que se encargó de implementar la Reforma Laboral que heredó de Felipe Calderón Hinojosa. El saldo es claro: el 63 por ciento de la población asalariada de México gana de uno a tres salarios mínimos.

De 2013 a 2018 se crearon 4 millones 676 mil 314 empleos con un salario de uno a dos salarios mínimos. En el mismo periodo se perdieron 2 millones 348 mil 898 empleos que ofrecían mínimo más de dos salarios mínimos y hasta más de cinco salarios mínimos, según el informe “El sexenio del empleo precario y los bajos salarios”, elaborado por el Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y de Puebla.

Estas cifras publicadas en la recta final de la administración del Presidente Peña Nieto son consideradas el balance final del primer sexenio en que se puso a prueba la Reforma Laboral.

El grupo de investigadores de esas instituciones coincidieron en que se crearon empleos precarios y se perdieron los mejor remunerados, lo que indica que no solo se afectó a la población con menor nivel educativo, sino que la flexibilidad laboral y la oferta al extranjero de mano de obra barata, también terminó por afectar a la población con mejor preparación académica.

El estudio realizado a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestra que los empleos que ofrecen un sueldo de un salario mínimo, ubicado en 2018 en 88.36 pesos, crecieron 1 millón 486 mil 566; los que ofrecen más de uno y hasta dos, lo hicieron en 3 millones 189 mil 748.

Luego viene la disparidad en las cifras: hubo 251 mil 520 menos  empleos que ofrecían más de dos y hasta tres salarios mínimos; 1 millón 058 mil 065 menos empleos de más de tres y hasta cinco salarios mínimos y 1 millón 039 mil 213 menos empleos de más de cinco salarios mínimos.

“El 60 por ciento de los trabajadores asalariados viven en condiciones de precariedad: no tienen seguridad social, prestaciones de ley, contratación definitiva, laboran más de 8 horas y reciben remuneraciones debajo de la línea de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)”, señala el estudio.

Y seis años después, la Reforma Laboral sería uno de los elementos clave en la persistencia de la pobreza, ya que el 64 por ciento de los trabajadores perciben entre 1 y 3 salarios mínimos, cuando de acuerdo al Coneval, se requieren de 4 salarios mínimos para que un hogar promedio de cuatro personas no caiga debajo de la línea de pobreza monetaria.

“La política laboral de este sexenio viene con la inercia de la inclusión de México en el mercado internacional como país de bajos salarios. La Reforma Laboral fortaleció la contratación y el despido a bajo costo e incluyó el outsourcing como un mecanismo central. Le quitó derechos a los trabajadores y es un desastre en materia de desarrollo. Lo único que ha generado es la persistencia de grandes capas de población trabajadora en la situación de pobreza: outsourcing, Reforma Laboral, el mercado internacional, son una bomba atómica que aplicó el gobierno de Peña Nieto: generación de empleos precarios, cuyo resultado es la persistencia de la pobreza y la desigualdad en el México del siglo XXI”, comentó Miguel Reyes Hernández, director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana.

EL ALTO COSTO DE LA REFORMA

El informe se centra en que los empleos que se están creando son de mini salarios y los empleos que han disminuido son los de la parte media hacia arriba.

La promesa inicial del gobierno de Peña Nieto fue la creación de 500 mil nuevos empleos cada año. En su más reciente tanda de spots con motivo del on motivo de su sexto y último Informe de Gobierno, el Presidente habló de los “logros alcanzados” con la Reforma Laboral. “Sin duda, éste ha sido el sexenio del empleo”, dijo y presumió que en su administración se crearon 4 millones de empleos.

Según los números del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en lo que va del sexenio de Peña Nieto, se generaron 3.5 millones de nuevos empleos, pero no se sabe si cada afiliación al IMSS representa un nuevo empleo o la formalización de uno ya existente, además de que la mayoría de esos empleos creados ofrecen salarios de entre uno y tres salarios mínimos.

Datos de México ¿Cómo vamos? señalan que la informalidad en el país es más alta que en otras regiones con PIB per cápita similar; incluso hay menos informalidad en Venezuela, Chile, Brasil y México está casi al nivel de Colombia y El Salvador.

Por esta razón, el crecimiento de afiliados al IMSS, parece “atípico” si se compara con el crecimiento del PIB real.

Y con los nuevos datos, lo que se pone en duda es la calidad de esos empleos creados. ¿Qué es lo que hace un gobierno para que el resultado sea ese?

De acuerdo con Reyes Hernández, en el sexenio de Peña se conjuntaron varias cosas. Primero, la inercia que ya venía arrastrando de los sexenios anteriores con la inserción de México al mercado internacional con la oferta de los bajos salarios, es decir, cuando se decide que la principal arma de competitividad será la mano de obra barata, “no la inversión en tecnología ni infraestructura, sino las bajas remuneraciones”, explicó el investigador.

Eso marcó la tendencia de los “nuevos empleos” o de la demanda de empleos. Éstos sería en la manufacturera, la construcción, el comercio, en servicios y el sector primario –como jornalero agrícola, en comercios y restaurantes, en servicios de recolección de basura y limpieza–. Esos empleos son de baja remuneración y no requieren que el personal sea altamente calificado, que tenga maestría y doctorado.

México se ubica en el último lugar de los 35 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) donde la mano de obra fue la peor pagada durante 2016, ya que se paga un promedio de 14.63 dólares (la media es de 50.21 dólares).

Esa es una inercia que viene de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón; Peña no la modifica.

“En donde sí hay un punto que le agrega Peña y que es la razón por la que registra una creación de empleos elevada, es que con él se aplica la Reforma Laboral. Con la inserción al mercado laboral, se empieza a contratar personal temporal bajo esa nueva ley que permite ahorrar en los costos de contratación y despido. Ahí es donde viene el boom: yo te contrato con uno o dos salarios mínimos y te pago por fuera –esto tendría que revisarlo el SAT– con outsourcing o en efectivo, una compensación mayor. Yo te contrato con uno o dos salarios mínimos y si es un trabajo un poco más calificado, te pago por outsourcing lo demás o en efectivo o en honorarios”, sostuvo Reyes.

Este es un tipo de “formalización”, que se generó. Las empresas registran a los empleados con uno o dos salarios para cotizar más bajo en el Seguro Social y por otro lado pagan con outsourcing o en efectivo para que compense lo que realmente debería ganar un empleado.

“Esa irregularidad, tendría la nueva administración como reto, identificar quiénes o qué empresas están bajo esa modalidad simulando pagar uno o dos salarios mínimos cuando realmente lo que se debe pagar son cuatro o cinco. Hacer eso le evita al empleador pagar ahorros para el retiro, la seguridad social por una cotización de cinco salarios. Están ocurriendo fenómenos que la autoridad que entra deberá de investigar. Esa aplicación de la Reforma Laboral es la que se está abusando del outsourcing y de los contratos por honorarios. Así se evitan pagar tanto contribuciones a la seguridad social, el ahorro para el retiro e impuestos”, agregó el investigador.

La población joven de entre 15 a 29 años se encuentra en el grupo más vulnerable de trabajadores en México. De acuerdo con el Observatorio, el 81 por ciento de ellos no tiene un salario digno, suficiente y mínimo que garantice el cumplimiento del Artículo 123 Constitucional.

Respecto a la seguridad social, 8 millones 795 mil 702 jóvenes, el 59.8 por ciento, no cuenta con ella; mientras que 4 millones 507 mil 233, el 30.2 por ciento, sí goza de esta prestación de Ley. Sobre las prestaciones mínimas de ley y más, el 40.3 por ciento de la población trabajadora mayor de 15 años cuenta con algún beneficio laboral, superior al 37.4 por ciento que mostraban en 2005. Los trabajadores sin prestación alguna que para 2005 eran el 45.5 por ciento, en 2017 fue de 42.4 por ciento.

En cuanto a los jóvenes, ocurre una situación similar a la de la seguridad social, donde ser joven es garante de no contar con derechos. Sólo el 31.9 por ciento de los jóvenes cuentan con las prestaciones mínimas de ley y el 50.6 por ciento no tiene prestación alguna.

El outsourcing está permitido, lo que no es la simulación, recalcó Reyes. Si al trabajador se le va a pagar cinco salarios, no se le tiene que registrar un salario mínimo en el seguro social registrándolo legalmente y darle el resto del dinero por otra vía, “es una simulación y se están evadiendo impuestos y contribuciones a la seguridad social. Eso sí es algo ilegal y debe haber sanción para esas empresas que recurren a este tipo de prácticas”.

Esas prácticas también tienen implicaciones en la  pobreza, ya que el Coneval identifica a la población en situación de pobreza si alguien no tiene por lo menos tres de los derechos sociales y está debajo del nivel de los ingresos. Ese tipo de contratación de outsourcing priva a los trabajadores de ciertos derechos mínimos.

“Entonces la precariedad laboral es la que está abonando a que la pobreza en México no se resuelva, que sea persistente.

Estas prácticas no solo afectaron a la población que percibe salarios bajos por su preparación académica, sino que también arrastró a los de mayor preparación. De acuerdo con el informe, en el centro y norte del país, donde las actividades económicas exigen más calificación en comparación con el sur del país, se registró una reducción salarial proporcionalmente mayor al promedio nacional.

Reyes señaló que eso se dio en las actividades donde se demanda trabajo con más educación y en las plazas con más antigüedad. En las plazas en las que se podía ganar seis salarios mínimos, se cambiaron a outsorucing con cuatro salarios y sin antigüedad.

“En el norte, con la entrada del outsourcing hubo una reconfiguración de todo el empleo y una pérdida de capacidad de negociación de los trabajadores al no haber sindicatos fuertes e independientes en estas empresas, ubicadas en el centro y norte del país en las zonas industriales”, concluyó.

(SIN EMBARGO/ DANIELA BARRAGÁN/24 DE OCTUBRE 2018)

20 ESTADOS UTILIZARON EMPLEADOS FANTASMA PARA DESVIAR MÁS DE 2 MIL MILLONES DEL SECTOR SALUD


En sueldos excesivos, cheques que no fueron cancelados, pagos a personal sindicalizado, pagos con dinero que no estaba destinado a sueldos, pagos a personas que nunca trabajaron o que no tenían los requisitos para ocupar una plaza, dinero destinado a pagar prestaciones, salarios que se dieron a personas que ya no trabajaban, que nunca firmaron un contrato o que tenía licencia sin goce de sueldo. Así se fueron más de 2 mil millones de pesos en 20 estados del país.
Una revisión de la Auditoría Superior de la Federación realizado por SinEmbargo encontró que en esas entidades hace falta dinero por aclarar y otro que ya catalogado como daño al erario, que se ejerció en gastos personales, específicamente en salarios.
Las partidas de las que salió ese dinero del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, del Seguro Popular y Prospera, en su componente de salud.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- En 2017, 20 estados de la República Mexicana pagaron 2 mil 093 millones 188 mil 291 de pesos en salarios y prestaciones que estuvieron fuera de la ley con dinero federal etiquetado para salud y programas sociales.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la Cuenta Pública de 2017 del gasto federalizado, en el 62.5 por ciento de las entidades del país se encontraron por lo menos 11 maneras en que el dinero del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, del Seguro Popular y Prospera, en su componente de salud, sirvió para pagar salarios.

Por ejemplo, en sueldos pagados a personas de las que no se encontró prueba alguna que demostrara que trabajaron, se fue un total de mil 291 millones 713 mil 873 pesos; en pagos con dinero que no podía ser utilizado para eso, se detectaron 400 millones 911 mil 437 pesos; en pagos de indemnizaciones u otras prestaciones que no estaban contempladas pagar con dinero federal, se fueron 107 millones 243 mil 368 pesos y de la misma manera, 76 millones 954 mil 215 pesos quedaron en manos de personal sindicalizado.

El resto de las maniobras para pagar sueldos son sueldos que superan el monto establecido por ley; cheques que no fueron ni cancelados ni reintegrados; sueldos a personas que no cumplían con el perfil académico solicitado para la plaza; pagos a personal que ya estaba dado de baja; sueldos a personal del que nunca se encontró un contrato o alguna documentación comprobatoria de haber trabajado; pagos a personal con licencia sin goce de sueldo o con baja temporal y en pagos duplicados.

La cantidad total son 2 mil 093 millones 188 mil 291 pesos más los rendimientos financieros “que se hubiesen generado desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación”, según lo indica la auditoría.

No se puede saber la cantidad exacta de cuánta gente fue la beneficiada de esas políticas, pero se tiene un registro de al menos 7 mil 685 “trabajadores” que cobraron con dinero que estaba destinado a salud.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México 15.5 millones de personas tienen carencia por acceso a los servicios de salud y en este caso, los “trabajadores” de los gobiernos estatales fueron en su mayoría personas que debían estar en hospitales o en unidades móviles de salud.

Los 10 estados que lideran esa lista son Michoacán, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, San Luis Potosí, Guerrero, Sinaloa, Oaxaca y Estado de México.

Les siguen la Ciudad de México, Jalisco, Zacatecas, Colima, Aguascalientes, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Chihuahua y Nayarit.

Los 12 estados a los que no se les encontró este tipo de uso al dinero federal son Baja California Sur, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora, Tlaxcala y Veracruz.

QUITAN A SALUD

MICHOACÁN: 568 MILLONES 065 MIL 784 PESOS

La entidad gobernada entonces por Silvano Aureoles Conejo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), es la entidad que más dinero gastó en sueldos opacos, cuando el 22.8 por ciento de su población total tiene carencia a los servicios de salud.

La ASF en 2017 no encontró pruebas del ejercicio de 332 millones 089 mil 329 pesos que, según los centros de trabajo de salud del Gobierno del Estado, se utilizó para pagar a mil 434 trabajadores, de los cuales mil 232 no trabajaron y de 202 no había datos en la Verificación Electrónica Personal Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.

Hubo otra observación por 88 millones 408 mil 661 pesos que los Servicios de Salud de Michoacán destinaron para el pago de remuneraciones de personal de honorarios, concepto que no era financiable con recursos del programa.

También se le pidió aclarar 1 millón 104 mil 918 pesos por pagos realizados a cuatro trabajadores que durante la inspección física del Hospital General “Dr. Miguel Silva” no fueron localizados en su área de trabajo, y el hospital no presentó justificación alguna de su ausencia.

TAMAULIPAS: 555 MILLONES 116 MIL 517 PESOS

Bajo la administración del panista Francisco Javier Cabeza de Vaca, la carencia por acceso a los servicios de salud se ha mantenido constante y se ubicó en 2016, en 12.8 por ciento.

Con la revisión de una muestra de 150 expedientes de personal con categoría de médico especialista y médico general “A”, financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, la ASF verificó que tres trabajadores no contaron con la documentación que acredita el perfil académico correspondiente, por lo que se efectuaron pagos improcedentes por concepto de sueldos por 1 millón 543 mil 343 pesos.

Otro más fue por 1 millón 162 mil 616 pesos por destinar recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2017 para el pago de personal comisionado al sindicato.

Esta fue la única entidad en la que se registraron pagos duplicados por 25 mil 312 pesos de siete pagos duplicados a tres trabajadores en las quincenas 13, 14 y 15 de 2017, y en las quincenas 3 y 4 de 2018.

TABASCO: 401 MILLONES 845 MIL 602 PESOS

En la entidad gobernada por Arturo Núñez Jiménez, la ASF encontró que para el pago de la nivelación salarial del personal estatal correspondiente a la nómina de 2016, se pagó con recursos de y no se acreditó su devolución. El daño al erario por esa acción fue de 264 millones 888 mil 318 pesos.

La otra observación realizada fue por destinar recursos del Fondo 2017 para el pago de 68 millones 478 mil 642 pesos de cuotas patronales de las nóminas estatales del ejercicio fiscal 2016 al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), concepto que corresponde a gasto corriente y que no era financiable con el Fondo.

CAMPECHE: 116 MILLONES 816 MIL 596 PESOS

Se determinó un daño al erario público por 112 millones 820 mil 840 pesos luego de que Campeche no logró justificar que 393 personas, que fueron pagadas con los recursos del Fondo, trabajaron en algún área médica de los Servicios de Salud durante el ejercicio fiscal 2017, esto con base en la revisión a la plataforma denominada “Validación Electrónica del Personal”, en la cual están las cédulas analíticas de visita a establecimientos de salud.

Otra de las observaciones fue por el pago de 16 trabajadores del Seguro Popular con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, de los cuales no se presentó la autorización por la Secretaría de Salud. Ahí se fueron 3 millones 995 mil 746 pesos.

En la entidad gobernada por Alejandro Moreno Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el 10 por ciento de la población vive con carencia en acceso a los servicios de salud.

SAN LUIS POTOSÍ: 114 MILLONES 802 MIL 953 PESOS

En esta entidad se fueron 7 millones 091 mil 884 pesos por pagar indebidamente a 18 personas con los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2017; 97 millones 003 mil 071 pesos que se dieron a personal del que no laboró en las unidades médicas adscritas al Seguro Popular y 4 millones 812 mil 456 pesos que pe pagaron a personal que no estaba adscrito a las unidades médicas financiadas con los recursos del Seguro Popular.

Otros 541 mil 543 pesos fueron clasificados como daño al erario porque se pagó a personal que no cumplía con el perfil con el que fueron contratados, también para trabajar en el Seguro Popular.

GUERRERO: 112 MILLONES 165 MIL 809 PESOS

Una de las entidades más pobres del país, gobernada por Héctor Astudillo del PRD, dejó que de los recursos federales se utilizaran 33 millones 164 mil 855 pesos para el pago de remuneraciones al personal sin la documentación comprobatoria y justificativa del gasto; otros 36 millones 362 mil 067 pesos por destinar recursos del Seguro Popular 2017 para el pago de la nómina del Seguro Popular del ejercicio 2018 y 4 millones 737 mil 016 pesos por pagar a 21 servidores públicos que no acreditaron el perfil académico solicitado para la plaza.

En Guerrero, el 13.3 por ciento de la población no tiene acceso a los servicios de salud, según los datos de Coneval.

SINALOA: 88 MILLONES 761 MIL 724 PESOS

Esta es una de las entidades que registró mayor variedad de formas en las que pagó salarios con dinero federal 3 millones 335 mil 769 pesos por realizar pagos a 16 empleados de los cuales se indicó que no laboraron en los centros de trabajo; 10 millones 031 mil 601 pesos por realizar pagos improcedentes a 37 personas que no se encontraban laborando en los hospitales visitados y de los cuales no se proporcionaron las justificaciones de las ausencias y 4 millones 333 mil 511 pesos por 668 cheques cancelados de los cuales no presentó la evidencia del reintegro a la cuenta bancaria del Fondo de Salud ni su aplicación en los objetivos del fondo.

Se perdieron 385 mil 271 pesos por realizar pagos a personal que no se encontró realizando actividades para las cuales fue contratado en el Hospital General de Guamúchil, Sinaloa.

Y otros 9 millones 922 mil 077 pesos por realizar pagos a 74 trabajadores de los cuales se indicó que dicho personal no laboró en los centros de trabajo por lo que se erogaron recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal.

CHIAPAS: 78 MILLONES 591 MIL 473 PESOS

En el Estado más pobre del país, gobernado por Manuel Velasco Coello, también Senador federal, se pagaron 63 millones 661 mil 740 pesos por el pago al personal sindicalizado con recursos del Fondo de Salud de 2017 y 2 millones 367 mil 822 pesos a 10 servidores públicos que no acreditaron el perfil académico solicitado.

Mientras, en esa entidad, el 15 por ciento de la población no tiene acceso a los servicios de salud.

OAXACA: 77 MILLONES 154 MIL 297 PESOS

En otra de las entidades más pobres del país, gobernada por Alejandro Murat Hinojosa, del PRI, se pagaron 9 millones 406 mil 759 pesos a personal que ya estaba dada de baja y no se le entregó a la ASF evidencia del reintegro a la cuenta bancaria del Fondo de Salud por la cancelación de cheques.

Otros 29 millones 252 mil 628 pesos se dieron en pagos improcedentes a 129 personas que no se encontraban laborando en las unidades médicas y de los cuales no se proporcionaron las justificaciones de las ausencias.

Seis millones 814 mil 905 pesos se dieron a 16 trabajadores que no se encontraron laborando ni se presentó la documentación que justifique su ausencia; 12 trabajadores eran comisionados al sindicato.

Una de las cantidades más grandes de dinero en esta entidad, fue por 22 millones 052 mil 419 pesos por pagos realizados a 90 trabajadores de los que no se pudo verificar si prestaron sus servicios a los beneficiarios del Seguro Popular.

ESTADO DE MÉXICO: 71 MILLONES 106 MIL 944 PESOS

En la entidad gobernada por el PRI y aún bajo el mandato de Eruviel Ávila Villegas, se generó un daño al erario por 17 millones 349 mil 268 pesos por pagar con cargo a los recursos del Fondo de Salud a 55 empleados del personal eventual, federal y estatal, de los que no se acreditó que contaran con el perfil de la plaza con la que fueron contratados.

Otros 6 millones 184 mil 976 pesos se gastaron en pagos a 447 empleados que ya estaban dados de baja; 1 millón 456 mil 847 pesos por realizar pagos indebidos a 9 trabajadores que durante las visitas físicas a trabajadores, con plazas financiadas con recursos del Fondo, no se encontraron, ni fueron identificados por el responsable del centro de trabajo y 9 millones 960 mil 187 pesos por realizar pagos en exceso con recursos del Seguro Popular 2017 al personal eventual y al personal de nómina regularizada.

(SIN EMBARGO/ DANIELA BARRAGÁN/26 DE OCTUBRE 2018)