jueves, 24 de enero de 2019

EN MEDIO DEL CAOS, EJÉRCITO DE VENEZUELA RESPALDA A NICOLÁS MADURO


Acusó al “gobierno norteamericano” y a organismos multilaterales de tener un “guión” de derrocar a aquellos “proyectos progresistas que les resultan incómodos a sus ambiciones imperialistas”

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela reconoció hoy como legitimo presidente del país y comandante en jefe a Nicolás Maduro, y expresó su enérgico rechazo a “las acciones injerencistas” que pretenden instalar un gobierno paralelo en esta nación sudamericana.

Reconocemos como legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, al ciudadano Nicolás Maduro Moros, quien resultó electo por gran mayoría de los votantes, en elecciones libres universales, directo y secreto, celebradas el pasado 20 de mayo de 2018.

- Vladimir Padrino López
Ministro de Defensa

La FANB, “no aceptará jamás a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la ley, tampoco se subordinará nunca a una potencia extranjera o a un gobierno que no sea elegido democráticamente por el pueblo venezolano”, dijo.

El también general en jefe de las FANB, expresó la posición de los militares en el salón Simón Bolívar de  la institución castrense, y dijo que las fuerzas armadas del país ratifican el estricto apego a la Constitución y a las leyes nacionales.

En consecuencia rechazamos categóricamente las acciones ilegales con las que se persigue instalar un gobierno paralelo en nuestro país.

- Vladimir Padrino López

Acusó que desde hace tiempo se fragua un “vulgar golpe de Estado contra el gobierno legítimamente constituido de la República Bolivariana de Venezuela, por parte de sectores de ultraderecha, auspiciados descaradamente por agentes imperiales”.

Señaló que esa “amenaza” llegó el miércoles “a límites de altísima peligrosidad”, ya que se pretendió “instaurar un gobierno paralelo de facto, carente de legalidad y de sustento popular, con el oscuro propósito de generar caos y anarquía en nuestra sociedad”.

Acusó al “gobierno norteamericano” y a organismos multilaterales de tener un “guión” de derrocar a aquellos “proyectos progresistas que les resultan incómodos a sus ambiciones imperialistas”.

“Rechazamos, del modo más enérgico posible, los groseros actos de injerencismo llevados a cabo por gobiernos extranjeros, los cuales consideramos irrespetuosos del derecho internacional y del principio de autodeterminación de los pueblos” .

Padrino aseguró que la FANB garantizarán en todo momento la paz ciudadana “y el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado, no vamos a tolerar hechos vandálicos o terroristas por parte de grupos que promuevan la violencia como perverso mecanismos para alcanzar sus fines”.

La declaración de las fuerzas armadas se da en momentos en que Venezuela se encuentra en una crisis política, luego que el miércoles el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se proclamó presidente encargado de Venezuela y recibió el respaldo inmediato de Estados Unidos y varios países del mundo.

(REPORTE INDIGO/ INDIGO STAFF/ ENE 24, 2019)

MILITARES LE DISPARAN A UNA JOVEN Y LA PRESIONAN PARA QUE LES DÉ SU “PERDÓN”



Yesica Medrano, de 21 años, se vio atrapada en un tiroteo en Nuevo Laredo e intentó escapar, pero un grupo de soldados la hirió y la capturó después de darle una golpiza. Una vez que le extrajeron una esquirla en el hospital se enteró de que la Sedena la acusaba de portar armas. Durante su convalecencia comenzaron las presiones: bajo amenazas de encarcelarla, enviados del Ejército le arrancaron una firma que quedó plantada en un documento donde ella otorgaba el perdón a los agresores.

NUEVO LAREDO, Tamps. (Proceso).- En cama, con dificultades de movilidad por el intenso dolor provocado por la incisión quirúrgica que le atraviesa el tórax, Yéssica Guadalupe Medrano Hernández sostiene su acusación contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena):

 “Me dispararon sin motivo y cuando caí llegaron a darme de patadas. Un paramédico de ellos llegó a ayudarme y otro soldado le gritó: ‘¡Déjala que se muera la perra, se la va a llevar la verga!’. También escuché a una señora que les decía a los soldados que me dejaran, que no era animal”, recuerda en entrevista la mujer de 21 años.

En su casa, situada en un barrio popular, Yessica, madre soltera de dos niños, uno de cuatro años y otro de 15 meses, narra la agresión que sufrió el 29 de diciembre a plena luz del día, cuando ella y una amiga circulaban en su auto Honda gris; cómo fue acusada de portar cartuchos y cargadores de arma de fuego y la forma en que oficiales de la Sedena la presionaron para “otorgar el perdón” a los militares que la agredieron, tras reconocer el error de éstos.

El ataque, que tuvo lugar los últimos días de 2018 en Nuevo Laredo –una de las ciudades con mayor presencia castrense en los últimos 12 años–, ocurrió en medio del debate por darle carácter constitucional a la militarización de la seguridad pública mediante la creación de la Guardia Nacional.

Acompañada por su mamá, Nancy Hernández, Yéssica rememora el 29 de diciembre: se sintió aterrada cuando escuchó disparos y vio gente correr por las calles, por lo que ella y su amiga Rubí no dudaron en salir del auto para escapar.

“Al bajarme yo, me dicen los soldados que me pare. Cuando volteo, veo cuando uno de ellos se hinca para dispararme. Yo no traía nada y empecé a correr otra vez. A media cuadra siento que me pegan del lado derecho; caí junto a un carro y me empezaron a pegar, querían que prendiera un radio que ellos traían en la mano y les dije que no: ‘Eso no es mío, no lo voy a agarrar’. Empezaron a darme patadas en el pecho”, cuenta, a punto de llorar.

Intervenida en el Hospital General de Nuevo Laredo para extraerle una esquirla del riñón, Yessica despertó horas más tarde con un cambio radical en su vida: se le acusaba de transportar dos cargadores y 62 cartuchos calibre .223, cinco de ellos percutidos, por lo que estaba detenida. Esos cargos se los leyó el titular de la Agencia Segunda Investigadora de la Procuraduría General de la República (PGR), Jorge Alberto Quintero Ponciano.

Para formular la acusación, el agente ministerial validó el parte firmado por el capitán segundo de la Policía Militar, Atalo Hernández Hernández, comandante de la Base de Operaciones Tango 41. En ese reporte, el oficial sostiene que, mientras realizaba actividades de patrullaje con 20 elementos de tropa y tres vehículos oficiales, fue detenido por una “fémina” acompañada por un menor de cinco años, quien denunció que dos vehículos, “un carro gris pequeño y siguiéndolo una camioneta pick up oscura (…) intercambiaban disparos entre los ocupantes de dichos vehículos”.

En el documento, al que tuvo acceso este semanario, el militar asegura que al circular por la calle Nuevo León y llegar a la calle Guerrero, la principal de la ciudad, la patrulla militar dio alcance al automóvil gris, del que bajaron dos ocupantes; el del lado del conductor, un hombre “quien notoriamente porta un arma larga entre sus manos, quien efectúa disparos hacia donde se encuentra el personal militar, además de que había personas caminando quienes también quedaron en riesgo”.

Según el mismo reporte militar, del lado del copiloto descendió una mujer “que caminaba lentamente”, a la que dio alcance el “soldado policía militar Juan José Martínez Cerón”, quien confirmó que la mujer “presentaba una herida en el costado derecho en sus costillas (…) solicitando el apoyo del servicio de sanidad para brindarle los primeros auxilios” y llamar a una ambulancia.

De acuerdo con los militares, buscaron al supuesto hombre armado, sin resultados, pero en el auto, el cual permaneció con las puertas abiertas, se observaba “desde el exterior con claridad la presencia de cargadores y cartuchos para arma de fuego”, por lo que se puso a disposición del agente ministerial.

EL MIEDO

Horas después de ser intervenida quirúrgicamente y notificada de las acusaciones en su contra, Yessica recibió la visita de dos hombres con corte de pelo militar acompañados de una mujer, todos vestidos de civil, quienes sacaron a los dos policías estatales que la custodiaban, cerraron la puerta y corrieron las cortinas.

El que iba al mando se presentó como sargento y dijo que iba en representación de los militares que la hirieron, en busca de su perdón a cambio de una indemnización y de hacerse cargo de su salud, para lo cual tendría que ser trasladada a un hospital militar en Monterrey, Nuevo León.

Ante la resistencia de la joven, quien había pedido al fiscal Quintero que se hicieran pruebas de radizonato y de dactiloscopia en los cartuchos que supuestamente encontraron en su vehículo, el militar recurrió a otros métodos.

“Me dice: ‘Piénsalo, tú no sabes ahorita dónde vas a parar, no sabes si vas a parar a la cárcel. Piensa en tus hijos, en tu mamá’. Tuve miedo, me sentí presionada. En pocas palabras, me decían que si no hacía lo que él decía, iba a ir presa saliendo del hospital”, sostiene Medrano Hernández.

No sólo la presionaron a ella. Cuando la señora Nancy Hernández dejó el hospital para ir a su casa, el mencionado sargento la llamó para pedirle que convenciera a su hija de darle el perdón jurídico a los soldados, adscritos al 16 Regimiento de Caballería Motorizada.

El 31 de diciembre el agente Jorge Quintero preguntó a una doctora, que revisaba a Yessica en presencia de su madre, cuándo la daría de alta. La doctora contestó que en dos días y la joven tuvo miedo de ir a prisión porque todavía no podía incorporarse por sí misma sin dolor.

Momentos después llegaron los tres militares vestidos de civil, esta vez acompañados de dos uniformados, y reiteraron el ofrecimiento de atención médica a cambio de dejar sin efecto las acusaciones.

“Me hicieron sentir que la única salida eran ellos –dice Yéssica entre lágrimas–, porque al fiscal se le dijo que para pasado mañana estaba bien, y no me sentía bien para salir del hospital. No sabía dónde iba a parar. Y ellos dicen que me quitan los cargos y me llevan a Monterrey para que esté bien… Entonces firmé.”

Pese a la protesta de los policías que la resguardaban, a solicitud del agente del Ministerio Público federal, el mismo día la joven fue trasladada al Hospital Militar de Monterrey, donde permaneció hasta el 9 de enero.

De acuerdo con la carpeta de investigación 3471/2018, el 31 de diciembre el agente Jorge Quintero firmó un “Acuerdo de Libertad Durante la Investigación”, debido a que “hasta el momento no se cuenta con informe alguno que acredite que Yessica Guadalupe Medrano Hernández cuente con algún mandamiento ministerial y/o judicial pendiente de cumplimentarse”.

De regreso a Nuevo Laredo, apoyada en el testimonio de su acompañante y con la asesoría de Martín Alvarado García y Alejandro López Zárate, abogados del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), el 12 de enero Yéssica interpuso una querella formal en contra de los elementos de la Sedena que atentaron contra su vida.

“Yo lo que quiero es justicia, porque los soldados no debieron dispararme. Si supiera que ese día iba armada, ¿para qué iba a poner una denuncia?”, puntualiza.

Según López Zárate, le solicitaron a la autoridad ministerial las videograbaciones de cámaras de vigilancia de al menos seis negocios en el área donde la joven fue atacada, así como la comparecencia de los militares que participaron en el operativo. “Pedimos a los negocios las grabaciones, porque con ellos podemos evidenciar que lo dicho por los soldados no está apegado a la verdad, y que atacaron a Yéssica sin razón”, explica el abogado.

“La denuncia es por lesiones, tentativa de homicidio y lo que resulte. Estamos hablando de hechos graves que tienen que ser debidamente castigados; no pueden ser subsanados con un perdón, es contra la ley”, interviene Alvarado García.

Y agrega: “Los militares le pusieron el cuadro del miedo, con tal de que no levantara ninguna denuncia de responsabilidad en contra de la Sedena. La amedrentaron con mandarla a la cárcel, y aquí en Nuevo Laredo todos sabemos que cualquier autoridad te puede sembrar cualquier delito. Yéssica se vio orillada a firmar un documento, el perdón, que no tiene validez porque los delitos son graves y los militares le metieron miedo”.

Este reportaje se publicó el 20 de enero de 2019 en la edición 2203 de la revista Proceso.

(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ GLORIA LETICIA DÍAZ /24 ENERO, 2019)

TIEMBLA LA MAQUILA



Una maquiladora de cortinas en Tijuana. Foto: Octavio Gómez Una maquiladora de cortinas en Tijuana. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un paraíso empresarial se ha extendido desde hace unas tres décadas en la franja fronteriza: la maquila.

A través de los años, los inversionistas –mayoritariamente extranjeros– encontraron al objeto de su explotación en la necesidad de empleo tanto en la pobreza arraigada como en las masas de los desplazados por la pobreza que llegó de lejos; tienen la estabilidad laboral garantizada por la expresión más ruin del sindicalismo corporativo; son beneficiarios de la competencia gubernamental por ofrecer las mejores condiciones para su establecimiento.

Lo lograron, primero, por la persistencia de gobernantes de distinto signo que promovieron su llegada en los años ochenta, ofreciendo exenciones fiscales, servicios gratuitos y a veces, hasta los terrenos.

Ahí, donde el estancamiento de las migraciones nacionales que no pudieron pasar la frontera alimentaron su esperanza en una oferta de trabajo con precariedad laboral y pésima remuneración, se sumaron al conjunto de mano de obra local dispuesta a todo por ganarse la vida de manera honrada, gobiernos y capitalistas aprovecharon para establecer el imperio de un nuevo modelo de esclavitud.

Prestos, los históricos corporativos sindicales, particularmente la CTM, acapararon los contratos colectivos, contribuyeron convirtiéndose en “asesores”, figura esta que evitó la sindicalización libre pero manteniendo el reclamo de cuotas, a cambio de ceder derechos laborales fundamentales cuya defensa se supondría su razón de ser.

En conjunto, la amalgama de abominaciones que es la maquila, ha utilizado el chantaje para mantener las condiciones de opresión: todo movimiento, paro, reclamo, o inclusive, un atisbo de inconformidad, es descalificado en la opinión pública con el argumento de “preservar la fuente de empleo”. Porque si de algo hay experiencias es de su desaparición, la extinción que de esa actividad fabril muchas veces establecida para lo temporal, que desaparece en el “paro técnico” o el supuesto asueto por “mantenimiento”, sin cumplir con obligaciones por extinción laboral. Son la expresión más descarnada de aquello que se ha dado en llamar “capitales golondrinos”.

Pagar poco y producir más es el objetivo empresarial. No hay retribución ni siquiera comunitaria que, ahí donde las naves industriales se extienden como una mancha sobre las desérticas tierras del norte, el desarrollo no se expresa en los servicios básicos. Son ciudades en las que prevalece la brecha sin pavimentar entre los caseríos de la escasez, para los que otros chantajes como el clientelista político electoral, condicionan la regularidad de la luz, el agua o el drenaje.

Sin proponérselo, el gobierno que inicia, autonombrado “de la Cuarta Transformación”, puso en la maquila el detonante del estallido obrero, con un movimiento laboral que, en el último reducto del país, Matamoros, Tamaulipas, paraliza operaciones y mantiene en vilo la vieja complicidad del poder político, económico y de la representación como pocas veces se ha visto en la franja fronteriza.

Al menos 45 maquiladoras podrían irse a la huelga hoy, pues los patrones se han negado a acatar una disposición federal, oferta de campaña impuesta ya por decreto, que consiste en aumentar no lo justo, pero si un poco más de lo que había, el salario mínimo fronterizo.

Lo que en Matamoros ha iniciado ya provocó procesos reflexivos en otras ciudades fronterizas donde la experiencia de la explotación laboral maquiladora acumula los mismos agravios, aunque no necesariamente la negativa patronal a cumplir con el nuevo rango salarial, que no puede condenarse a la invisibilidad nacional porque, ahí donde la impunidad campea, la suma de intereses de los poderosos locales, tiene por riesgo que se ponga en marcha un proceso represivo.



(PROCESO/ ARTURO RODRIGUEZ GARCIA/ ANÁLISIS/ 24 DE ENERO 2019)

GUARDIA NACIONAL FRENTE AL ESPEJO



El Instituto Belisario Domínguez del Senado asegura que para la creación del nuevo cuerpo de seguridad será necesario establecer mecanismos de pesos y contrapesos para evitar violaciones a derechos humanos

La Guardia Nacional mexicana debe acompañarse con mecanismos de control para crear un sistema de pesos y contrapesos, recomienda el Instituto Belisario Domínguez(IBD) del Senado de la República.

De no hacerlo, este nuevo cuerpo de seguridad, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador y en discusión en el Congreso federal podría parecerse al modelo venezolano, donde ni la Fiscalía ni la Defensoría del Pueblo pueden sancionar a los elementos que cometan violaciones a los derechos humanos.

Tras un análisis de cómo son las guardias nacionales o civiles en otros países, el IBD concluye que los pesos y contrapesos son la mejor manera de garantizar que habrá prevención, investigación y sanción de las posibles violaciones a los derechos humanos que puedan cometer los elementos militares que participen en ella.

“En todos los casos, excepto en Venezuela, estas fuerzas obedecen a un mando civil o un mando mixto conjunto (militar en cuanto a estructura, civil en cuanto a tareas de seguridad). Sólo Venezuela mantiene un mando exclusivamente militar.

“Es importante señalar que se tiene una situación similar en México (a la de Venezuela), pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos no puede intervenir como sujeto procesal y no tiene facultades disciplinarias sobre las policías y las Fuerzas Armadas”, expone el IBD.

El Instituto analizó los cuerpos de seguridad en siete países y sus acompañamientos institucionales.

ARGENTINA

La Gendarmería Nacional Argentina se creó en 1938; está adscrita al Ministerio de Seguridad de la Nación, con un mando civil. Participa en tareas de seguridad interior, en actividades de defensa nacional y en apoyo a la política exterior de la Nación, participando en misiones de las Naciones Unidas.

Sus actividades en seguridad interior incluyen el combate al narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia organizada, alteraciones al orden público, la protección ambiental, migración y aduanas, así como sanidad vegetal y animal.

Están en activo 37 mil elementos. Tiene un Departamento de Inteligencia Criminal y secciones especiales para diversos delitos.

Es fiscalizada por una comisión bicameral que verifica su funcionamiento y constata que se respeten los derechos humanos. En Argentina, el ministerio público es un órgano independiente.

COLOMBIA

Cuenta con la Policía Nacional de Colombia, creada en 1891, bajo el mandato del Ministerio de Defensa Nacional, pero cuyo ministro es de origen civil. Entre sus funciones están enfrentar a la delincuencia organizada, terrorismo, tráfico de drogas y armas, lavado de dinero, trata de personas, entre otros.

Tiene una fuerza de 176 mil elementos y cuenta con direcciones especializadas en Seguridad Rural, Investigación Criminal, Inteligencia Policial Antisecuestro y Antiextorsión.

Esta corporación policiaca es la única en Colombia; tiene divisiones departamentales, metropolitanas y rurales. Los informes de la Policía Nacional son públicos y calendarizados y varias dependencias tienen control sobre este cuerpo.


La Fiscalía General de la Nación es independiente del Ejecutivo; dentro de ella está la Procuraduría General, encargada de vigilar la garantía de los derechos humanos.

CHILE

El Cuerpo de Carabineros del Ejército de Chile, creado en 1912, está a cargo del Ministerio del Interior, con un mando civil.

Tiene siete áreas fundamentales: prevención, control del orden público, educación, servicio a la ciudadanía, atención a robos y situaciones de emergencia, control de las fronteras e impacto ambiental.

Tiene alrededor de 52 mil elementos y un Departamento de Investigación y Organización Criminal. Sus labores son vigiladas por una Contraloría General Interna. La Fiscalía de Chile es autónoma y dirige a las policías en la investigación de delitos; esta Fiscalía es quien diseña la Política Nacional de Persecución Penal.

ITALIA

El Cuerpo de Carabineros fue creado en 1814 y tiene un mando mixto: civil, del Ministerio del Interior, en lo que se refiere a orden y seguridad pública; y militar, del Ministerio de Defensa, en cuanto a deberes militares.

Tiene labores de seguridad pública y de protección civil, ayudando a la población afectada por desastres. La conforman 110 mil efectivos y colaboran con diversos ministerios del Estado, como en delitos contra la salud, contra el medio ambiente o contra el patrimonio cultural.

Tiene una figura llamada “Carabinero de barrio” que tiene funciones de policía de proximidad, haciendo patrullajes a pie y hablando con la gente sobre sus problemas y quejas.

Existe otra Guardia Financiera, encargada del combate a delitos como el contrabando, el tráfico de drogas, el lavado de dinero, el terrorismo, la falsificación del dinero y la criminalidad informática.

Para su vigilancia existe el Organismo Independiente de Evaluación del Desempeño, encargado del control de desempeño; y la Oficina de Relaciones Públicas, donde los ciudadanos presentan sus quejas.

ESPAÑA

La Guardia Civil, creada en 1844, tiene un mando mixto. Por un lado, está a cargo del Ministerio del Interior, con un mando civil, en materia de retribuciones, destinos, acuartelamientos, material y servicios; y del Ministerio de Defensa en cuanto a ascensos, situaciones de personal y naturaleza de las misiones.

Entre sus funciones están el control sobre armas y explosivos, el resguardo fiscal del Estado, la persecución del contrabando, vigilancia del tráfico y transporte, así como la protección de costas, fronteras, puertos y aeropuertos y conservación de la naturaleza y el medio ambiente. También realiza tareas de criminalística, seguridad marítima, servicio aéreo, violencia de género, lucha antiterrorista, delincuencia informática, entre otras.

Tiene 80 mil elementos. Junto a ella coexiste el Cuerpo Nacional de Policía y las policías locales. Las actividades de la Guardia son vigiladas por la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad; cualquier ciudadano puede presentar quejas contra la Guardia en esa oficina.

Otro elemento de contrapeso es la Defensoría del Pueblo, la cual es un órgano autónomo.

FRANCIA

Cuenta con la Guardia y la Gendarmería Nacional, ambas creadas en 1790. La primera está bajo el mando del Ministerio de Defensa, siendo un brazo de las Fuerzas Armadas; la segunda, a cargo del Ministerio del Interior, con un mando civil, para cuestiones de seguridad pública y a cargo del Ministerio de Defensa para obligaciones militares.

Las funciones de la Gendarmería son judiciales, como el tráfico de drogas, homicidio, asalto, lavado de dinero o robo de vehículo; administrativas, como la prevención del delito y el contacto con la población; y militares, que incluyen el resguardo de instalaciones estratégicas, misiones de paz, y funciones de policía militar.

Tiene una fuerza de 155 mil elementos y con ella conviven la Policía Nacional y las policías municipales, que no portan armas de fuego. Para control se cuenta con la oficina de la Inspección General de la Gendarmería Nacional, que es la encargada de realizar investigaciones sobre la actuación de los elementos y aplica las leyes.

Gendarmería tiene a varios organismos independientes de protección de derechos, como la Comisión Nacional Consultiva de los Derechos del Hombre, y la Comisión Nacional de Informática y Libertades. Además existe una Comisión Nacional para el Control de Técnicas de Inteligencia, que vigila la legalidad de la recopilación de información por parte del gobierno. También hay una Defensoría de Derechos, que vigila el respeto de estos por parte de las instituciones públicas.

VENEZUELA

La Guardia Nacional Bolivariana, creada en 1810, tiene un mando militar, pues depende enteramente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.


Entre sus funciones están “contribuir con la formulación y difusión del pensamiento militar”; organizar y adiestrar unidades para planificar y ejecución de operaciones militares; cooperar con la investigación del narcotráfico, el secuestro y la extorsión; revisar instalaciones estratégicas; apoyar en protección civil; y realizar labores de policía administrativa y de investigación penal.

Es imposible saber el número de elementos con que cuenta esta Guardia, información que Venezuela no da a conocer. El IBD solo consignó que los cuatro componentes de las Fuerzas Armadas se integran por entre 95 mil y 150 mil combatientes.

Dentro de la Guardia Nacional se tiene una Dirección de Inteligencia Militar y una Dirección de los Servicios para el Mantenimiento del Orden Interno. La Guardia coexiste con la Policía Nacional Bolivariana y con el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. El control de la Guardia está a cargo de la Inspectoría General de la Guardia Nacional Bolivariana está encargada de dirigir y evaluar su eficiencia administrativa; la Contraloría General vigila los gastos.

El IBD señala que en Venezuela no existe un contrapeso importante, pues la autonomía de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo no están plasmadas en la Constitución y no tienen facultades para procesar y disciplinar a los elementos de las Fuerzas Armadas que cometan violaciones a los derechos humanos, tal como ocurre en México.
(REPORTE INDIGO/ IMELDA GARCÍA    / ENE 24, 2019)

GALERÍA | TLAHUELILPAN: LA ESPERANZA NO MUERE NI EN EL ÚLTIMO ADIÓS


Ante las decenas personas en calidad de desaparecidas, familiares mantienen una búsqueda de restos después de que autoridades permitieran el acceso al lugar donde explotó el ducto de Pemex

Banderas con la leyenda de “evidencia, no tocar” se encontraban a los pies de una multitud que caminaba esperanzada por encontrar algún objeto que le diera nombre a un familiar o amigo desaparecido tras la terrible explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, el pasado viernes por la tarde. Un olor a gasolina que molestaba la nariz no era suficiente para detener a aquellos hombres y mujeres que se dedicaban a enterrar palas y picos en la zanja que alojaba todo tipo de restos, después de que autoridades dieran permiso de pasar a buscar por propia mano los restos de algún conocido.



Foto Angélica Ortiz
Cientos de familiares y vecinos acudieron a “rastrear” los restos de las víctimas que se mantienen desaparecidas después de la explosión en la toma clandestina.



Foto Angélica Ortiz
Zapatos, carteras, monedas, prendas y restos humanos siguen apareciendo en el lugar.



Foto Angélica Ortiz
Al obtener acceso a la zona acordonada, se escucha la voz de la gente al teléfono: “Vénganse para acá, ya nos dejaron pasar, traigan palas y guantes”.


Foto Angélica Ortiz
Y algunos otros habitantes se han organizado para abastecer de alimentos y agua a los familiares que continuan la búsqueda a la par de los peritos.


Foto Angélica Ortiz
Guantes y cubrebocas son repartidos entre los asistentes pues en el ambiente se percibe todavía un fuerte olor a gasolina fresca.


Foto Angélica Ortiz
Algunos de los vecinos, mostraron interés en acudir al lugar solo por curiosidad y admiran la jornada que apenas comienza.



Foto Angélica Ortiz
A pesar de la tragedia, algunos niños se encuentran en el lugar acompañados de sus padres e intentan ayudar con la búsqueda que encabezan los mayores.



Foto Angélica Ortiz
“Los que no estén ayudando, muévanse de la zanja… para que se despeje el olor a gasolina”, se escucha decir entre los pobladores que tienen pico en mano



Foto Angélica Ortiz
 as a avisos y llamadas, familias completas siguen llegando al enterarse del acceso otorgado por las autoridades.



Foto Angélica Ortiz
Los restos de Hugo Antonio Godoy son recogidos por su primo, quienes identificaron de inmediato los restos de su mochila con la que iba a trabajar.


Foto Angélica Ortiz
En espera de encontrar restos en mejor estado, la gente se mantiene alerta ante el aviso de los que trabajan dentro de la zanja.


Foto Angélica Ortiz


Foto Angélica Ortiz
En bolsas de papel los peritos recolectan restos útiles para el reconocimiento de cuerpos.


Foto Angélica Ortiz


Foto Angélica Ortiz


Foto Angélica Ortiz
Ante la incertidumbre y con mucho cuidado, los pobladores caminan entre las evidencias encontradas por peritos que se encuentran en el lugar.


Foto Angélica Ortiz
Un hombre mira atento la labor de cientos.



Foto Angélica Ortiz


Foto Angélica Ortiz

(EJE CENTRAL/GALERIA DE FOTOS DE TLAHUELILPAN/ 24 DE ENERO 2019)

LOS NINIS, DETRÁS DE LA TRAGEDIA EN HIDALGO


En TLAHUELILPAN, células de 10 jóvenes se organizan para robar combustible y venderlo en poblados cercanos; ganaban ocho mil pesos por contenedor hasta antes del combate al huachicol. La tragedia atrajo denuncias anónimas contra estos grupos y tres alcaldes a quienes culpan de la explosión del viernes pasado

TLAHUELILPAN, Hidalgo.  En medio de las matas de cilantro se abría paso un grupo pequeño de jóvenes que no superan los 30 años de edad. Siempre han procurado no llamar la atención. Eran las 13:40 horas. A esa hora el sol quema la piel, pero iban preparados. Usaban gorras, vestían ropa de algodón y botas. En unas camionetas viejas tenían una manguera y cuatro contenedores de mil litros, que calculaban cargar, cada uno, en media hora. Sus movimientos eran apresurados, porque regularmente trabajan de noche, pero esta vez la falta de combustible los obligó a “trabajar la toma” a plena luz del día.

8 mil pesos es lo que ganan los huachicoleros de Tlahuelilpan, Hidalgo, por la venta de contenedoresde mil litros de gasolina robada.

›Desde hacía dos años que succionaban el poliducto de Tuxpan-Tula, pero desde diciembre no habían podido usarla, porque no pasaba gasolina. Pero ese viernes 18 de enero sí, y por cada contenedor esperaban ganar unos 8 mil pesos, porque era gasolina Premium que venderían rápidamente en los pueblosa menos de la mitad de suvalor comercial. Algo queantes hacían cada semana.

Normalmente tardaban unas dos horas, antes de cerrar la toma y ocultarla. Una operación que suelen hacer de noche los huachicoleros, para no ser vistos por las autoridades y evitar un mayor riesgo con el calor. Esta vez poco pudieron sacar. Unos 20 minutos después de haber llegado, sus halcones, estos jóvenes informantes que distribuyen por el pueblo y las carreteras, les avisaron que se acercaban los militares.

Huyeron, pero antes de hacerlo, “chingaron la tubería”, contaron quienes después conocieron de la operación. Lo hicieron para tener más tiempo y poder huir, al distraer a los soldados con lo escandaloso de la fuga.

A las dos de la tarde del pasado viernes 18 de enero, el chorro de gasolina Premium comenzó a brotar con una fuerza que nunca se había visto en una fuga en la zona. Así los huachicoleros borraron sus huellas entre los sembradíos y caminos de terracería. Los militares, que se trasladaban en dos camiones, ni siquiera los vieron; la espectacularidad de la fuga de gasolina los detuvo.

A partir de testimonios de autoridades y de quienes conocen el manejo del negocio del robo de combustible en la zona de Hidalgo, ejecentral obtuvo detalles de lo que ocurrió en Tlahuelilpan, que confirman que la fuga fue provocada por los huachicoleros, que comenzó mucho más temprano de lo que hasta ahora se ha informado de manera oficial y que antes de que llegara la gente a abastecerse, las autoridades federales y estatales tuvieron dos horas para diseñar un operativo para resguardar la zona e impedir que la gente lograra pasar.

La reconstrucción que han hecho hasta ahora las autoridades sobre lo que ocurrió ese viernes muestra inconsistencias sobre cuándo fueron informadas las autoridades y cuándo se cerraron las válvulas, por lo que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló que en las investigaciones deberá quedar muy claro la cronología de los hechos.

Los testimonios de habitantes y personal de Pemex consultadas por este periódico señalan que después de cuatro horas de mantenerse la fuga y 90 minutos antes de la explosión, comenzó a fluir MTBE (metil-tertbutil-éter), un químico altamente inflamable de olor penetrante y desagradable, que regularmente se coloca al final de un lote de gasolina, como “corte de interfase”, para limpiar el ducto, para que después pueda fluir otro combustible por el mismo poliducto sin contaminarse.

A partir de la tragedia que arrojó más de 200 víctimas, los propios pobladores comenzaron a señalar a los huachicoleros como los principales responsables. Testimonios de pobladores y de quienes conocen la zona; así como los expedientes ministeriales comenzaron a mostrar los rostros de quienes presuntamente se dedican al negocio de robo de combustible, los presidentes municipales de Tlahuelilpan, Juan Pedro Cruz Farías; de Tlaxcoapan, Jovani León Cruz junto a su secretario municipal, Alejandro Maturano Malo, y el de Ajacuba, Salvador Pérez Gómez.

“GARRAFONEAR GASOLINA”

San Primitivo es una comunidad de unos tres mil habitantes donde la mayoría se dedica a las labores del campo sembrando alfalfa, maíz, trigo o lo que “deje la tierra”, por la contaminación causada por los residuos de la refinería que llegó hace 30 años al estado y que no ofreció trabajo como prometió, pero si contaminó los campos.

›Aquí la jornada comienza a las cuatro de la mañana y termina hasta que la luz del sol lo permite. Los agricultores ganan unos 200 pesos al día o mil 200 pesos a la semana, si no hay heladas, sequías o plagas.

En promedio cada uno tiene de dos a tres hectáreas y como apoyo gubernamental reciben los recursos del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo). Años atrás se les entregaba 700 pesos anuales por hectárea, pero desde 2017 se redujo en poco más de un 87% y ahora perciben 90 pesos al año por cada hectárea. Esto significa que un agricultor percibe ahora entre 180 y 270 pesos al año.

Las opciones laborales no son amplias ni variadas, es por eso que muchos jóvenes prefirieron dejar la escuela para salir a “garrafonear”. Una actividad que aprendieron rápido, que necesitaron poca inversión y que resultó de bajo riesgo.

Hace unos dos años, relataron diferentes vecinos de la región, comenzaron grupos pequeños, personas en su mayoría campesinos que sabían por dónde pasaban los ductos de Pemex y que aprendieron a perforarlos. Compraron unos bidones y desarrollaron la técnica.

Los grupos crecieron. Se formaron pandillas integradas por varios jóvenes que ordeñaban las tomas para vender el combustible entre los vecinos. Un negocio que permitió que muchos hicieran dinero rápido para construir casas, comprar camionetas y darse uno que otro lujo de moda.

En el poblado, hay una colonia donde las pequeñas casas grises con puertas de madera, algunas con techos de lámina de cartón, contrastan con las grandes y visiblemente nuevas construcciones de paredes limpias y bien pintadas, con ventanas y puertas de aluminio decoradas con figuras geométricas. Muchos dicen que estas construcciones recientes son propiedades de los huachicoleros.

La información recabada por este periódico muestra que los grupos que roban combustible en esta zona de Hidalgo se integraron, en su mayoría, por jóvenes de entre 18 y 25 años de la propia zona, que abandonaron los estudios o perdieron su trabajo, y que pagaron la perforación de los ductos, por lo que existen distintas tomas, y cada grupo es propietario de una de ellas.

Aquí no hay cárteles ni se paga derecho de piso, pero sí hay reglas que se deben cumplir; una de ellas y, es la más importante, no se puede utilizar la toma que no te pertenezca.

En esta zona de Hidalgo, el mercadeo ocurre entre los pueblos, con eso basta para tener una ganancia de ocho mil pesos por contenedor, aunque por cada succión se carga un mínimo de cuatro tanques de mil litros que se reparten entre un grupo de 10 personas. Dinero que llega con sólo dos horas de ordeña al poliducto y un tiempo adicional para venderla en las colonias.

DESTAPAN A FUNCIONARIOS

La tragedia despertó a los pobladores y también las investigaciones empolvadas que existían en la Fiscalía General sobre el huachicoleo en Hidalgo. Los primeros en aparecer como posibles involucrados fueron los presidentes municipales de Tlahuelilpan, Juan Pedro Cruz Farías; de Tlaxcoapan, Jovani León Cruz y su secretario municipal, Alejandro Maturano Malo; así como el presidente municipal de Ajacuba, Salvador Pérez Gómez.

El primero en estar públicamente en la mira es Cruz Farías, quien para defenderse por el hallazgo de la bodega que aseguró el martes la Fiscalía General, dijo en conferencia de prensa que era un lugar en el que se resguardaba la gasolina recuperada y que después se utilizaba para vehículos oficiales y habitantes de la comunidad.

Sin embargo, testimonios recabados por este periódico sostienen que en realidad vehículos de la policía municipal transportaban, por órdenes de Cruz Farías, contenedores con el combustible recién robado, beneficiándose así del huachicoleo.

El gobierno ya hizo un llamado al alcalde para ponerse a disposición de las autoridades, para compartir con la Fiscalía toda información sobre la operación de la bodega que, de acuerdo con el propio alcalde, administra también personal de Protección Civil.

Los habitantes de Tlaxcoapan exigen también que se investigue al alcalde panista Jovani Miguel León Cruz, por sus presuntos nexos con el robo de combustible. El edil fue descubierto desde 2017 al momento en que una patrulla municipal custodiaba una grúa que se abastecía de combustible ilegal en una toma clandestina ubicada cerca de un centro de bachillerato tecnológico de este municipio. Las imágenes fueron exhibidas en redes sociales, pero nunca fue citado a declarar.

En el caso del presidente municipal de Ajacuba, la información que poseen las autoridades establece que se explota una toma clandestina de la que se beneficia el propio Pérez Gómez.

El enojo social que provocó la tragedia superó el miedo y ha permitido que comience a fluir información sobre los grupos dedicados al huachicoleo en la región. En algunos casos se trata de fotografías, la mayoría de ellos jóvenes; en otros casos direcciones y hasta vínculos de sus grupos con autoridades. Las imágenes se envían, por ejemplo, con títulos como “líder huachicolero” o “el responsable del incendio”.

LLEGARON LOS MILITARES

Pero hace casi dos meses, con la llegada del nuevo gobierno, las cosas comenzaron a cambiar. Fue causa y efecto. Los ductos ya no tenían gasolina y creció la delincuencia. Hasta entonces las casas no se cerraban con llave, porque era un lugar muy seguro, pero ya no. Comenzaron a robarse las baterías y los estéreos de los automóviles; entraban a las casas y sustraían lo que a simple vista parecía de valor. Los vecinos, entonces, se organizaron y decidieron que lincharían a cualquier ladrón, pero hasta ahora ninguno ha caído.

Poco después llegaron los militares. Como si fuera una película de acción, un día los vecinos escucharon helicópteros que sobrevolaron a baja altura la zona, y minutos después, los soldados bajaron desde helicópteros suspendidos en el aire. Desde entonces, es común verlos haciendo rondines por las calles y caminos de terracería, a bordo de uno o dos vehículos, con unos 12 hombres de verde cada uno.

La escasez de gasolina y la presencia militar encarecieron el combustible que ofrecían los huachicoleros de la zona. Desde que comenzó la estrategia contra el robo de combustible y se cerraron los ductos, en los municipios de Teltipán de Juárez, Tlaxcoapan, Progreso, Teocalco, Huitel y Tezontepec, todos en Hidalgo, ya no hubo gasolina una vez que las gasolinerías agotaron sus reservas, porque ninguna pipa fue a surtirlos, lo que ocurrió desde el 25 de diciembre.

Los vecinos aseguran que eso incentivó aún más que las familias acudieran a llenar garrafones el viernes por la tarde. Esos municipios se enteraron que “había gasolina gratis” por Facebook, WhatsApp, llamadas y mensajes de amigos y vecinos.

CUATRO HORAS SIN CONTENCIÓN

Los testimonios recabados por ejecentral coinciden en que los huachicoleros provocaron la fuga alrededor de las 14 horas del viernes 18 de enero. En ese momento unos 25 elementos del Ejército se apostaron en las cercanías.

Fue hasta dos horas después, pasadas las cuatro de la tarde, cuando los pobladores comenzaron a llegar a la toma clandestina. Antes, en esos 120 minutos, no llegaron más refuerzos castrenses, policiacos ni de Protección Civil del estado, y tampoco prohibieron el acceso, sólo pidieron a la población que apagaran sus celulares “para evitar algún incidente”.

Hombres, mujeres y niños se acercaron a la toma. Parecía “un hormiguero”, describió uno de los vecinos. En uno de los momentos más álgidos, los pobladores calcularon unas 800 personas reunidas en las cercanías de la fuga.

Aunque el olor que despide la gasolina es penetrante y hasta parece que algunos se iban a desmayar, no se detienen, se tapan la boca y nariz con sus playeras y siguen “garrafoneando”.

La policía federal y estatal ya está también en el lugar y tratan de evitar que la gente continúe en la zona. Es imposible, siguen llevándose gasolina gratis.

Para las 5:30 de la tarde, los testigos relataron que el líquido en ese momento alcanzó su máximo nivel de altura, como si hubiera recibido internamente un impulso momentáneo. Minutos después, comenzó a cambiar de color, una tonalidad azul, y su olor se hizo más fuerte, tanto que picaba la garganta.

›“Esa madre ya no es gasolina, es turbosina y va a explotar en cualquier momento.”, gritó un hombre que se apartó del lugar y que quienes le hicieron caso se fueron con él. La mayoría permaneció concentrada llenando sus cubetas, botes y bidones.

La presión con la que salía el líquido comenzó a bajar y la fuente se inclinaba hacia un lado. Al menos unas 250 personas seguían “en la zanja” bañados con el combustible, algunos ya con sus garrafones llenos, y sólo se quedaron observando el espectáculo.
Los testimonios coinciden en que cerca de las siete de la noche, cuando ya había oscurecido y las únicas luces encendidas eran las de los vehículos particulares que estacionaron cercan las parcelas, sin mayor aviso se escuchó un estallido que irrumpió la noche con una luz que iluminó todo el lugar. El olor a combustible comenzó a mezclarse con el olor de los cuerpos quemados.

Media hora después, las primeras ambulancias comenzaron a llegar, pero no se daban abasto. Los vecinos se llevaron en sus automóviles a sus familiares y vecinos heridos. Los militares, ahora sí, prohibieron el paso. Acordonaron la zona.
Bastaron un par de horas tras el incendio, para que elementos de la policía municipal, estatal y federal, así como ambulancias, bomberos, elementos de la Marina y soldados, desplegaran toda su capacidad para controlar el incendio, atender heridos y recuperar cuerpos.

UNA MANCHA NEGRA

Los restos de un teléfono celular y la correa de una mochila, de esas que llaman mariconeras, y una memoria USB permiten a los familiares identificar a Hugo Antonio Godoy, un vendedor de elotes y frutas de otro poblado. Sólo se ven cenizas revueltas con tierra del campo que quedó en un tono más oscuro de lo habitual.

Su familia, de rodillas ante lo que parece una mancha negra, recoge con una cuchara y un recipiente de plástico lo más que puede de lo que adivinan son sus restos. Mientras lo hacen miran fijamente al piso con los ojos enrojecidos y respiran callado.

“Ojalá haya tenido una muerte rápida”, rompe el silencio la mujer que con el mayor de los cuidados sostiene el recipiente en la mano derecha. Mientras, el primo de la víctima, cuenta que Hugo había terminado de vender su fruta y decidió ir a la toma por gasolina para su motocicleta; así podría salir en la noche a vender esquites en el centro de Tlahuelilpan.

En una pequeña bolsa de plástico con rayas amarillas, los familiares de Godoy acumularon sus restos. Dicen que los limpiarán en casa y los pondrán en una urna para sepultarlo.

Ya es domingo. Han pasado unas 36 horas desde el incendio y aún la tierra huele a combustible y se siente una humedad pastosa. Hay muchos más restos esparcidos que los peritos de la Fiscalía General ya no se llevaron, y que los pobladores observan y rebuscan para dar con los familiares que todavía no encuentran. No usan guantes, ni botas, mucho menos tapabocas, simplemente buscan, presas de la angustia.

Un dedo, una cartera, un pedazo de carne, identificaciones, monedas, restos de teléfonos celulares o pedazos de ropa quemada, son los trozos que acumulan y que depositan con cuidado en cada una de sus bolsas. Son los vestigios que necesitan para reconstruir su memoria.

(EJE CENTRAL/ Redacción ejecentral/nmontiel@ejecentral.com.mx24 de enero de 2019)

SE ACABÓ EL PACTO CON ROMERO DESCHAMPS


El plan para neutralizar al líder del sindicato petrolero comenzó semanas antes del ascenso de AMLO, quien posee documentos de inteligencia sobre el líder petrolero. El gobierno cierra el cerco

Desde 1978, el líder sindical fue vigilado por las áreas de inteligencia del Estado, que reportaron denuncias de secuestro, venta de plazas y hasta robo de combustible, por las que nunca fue investigado, ya que el grupo que controlaba entonces el sindicato, lo protegió y encumbró.

La estrategia para disminuir el poder de Carlos Romero Deschamps en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) comenzó semanas antes de que asumiera la presidencia Andrés Manuel López Obrador y después de una reunión con representantes del propio líder y, por separado, con la disidencia.

Al andamiaje para su protección le dio forma el líder petrolero desde diciembre de 2017, cuando una encuesta le mostraba que López Obrador tenía posibilidades reales de alcanzar la Presidencia de la República. El 11 de diciembre de ese año, organizó una Convención Extraordinaria en la que, cumpliendo con los estatutos para la votación, se reeligió por cuarta ocasión y hasta el 31 de diciembre de 2024 como secretario general. Después hizo lo mismo con los 36 delegados sindicales, todos leales a él.

A pesar de que la disidencia impugnó la elección, por haberla adelantado un año, y lo mismo hicieron contra los procedimientos de elección de delegados, el entonces secretario del Trabajo, Roberto Campa, le entregó la toma de nota ese mismo diciembre de 2017, con lo que quedó legalmente constituida la dirigencia sindical, controlando con ello más del 90% de las operaciones sensibles de Pemex.

Para el 17 de octubre del 2018, fueron elegidos 11 de los 36 delegados, todos leales a Romero Deschamps, con lo que reafirmó el control del sindicato, porque se trató de secciones ubicadas en los estados más importantes para el gremio, por número de afiliados o por instalaciones que controlan, entre ellos, Tamaulipas, Guanajuato, Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Chiapas y Veracruz.

En los encuentros informales, relataron fuentes cercanas a estas reuniones, López Obrador se comprometió con el sindicato a una renovación legal y en la que se escucharía a los agremiados, que de acuerdo a los registros suman 93 mil 510. Fue entonces que la estrategia se echó a andar y comenzó con el armado de proyectos de reforma para cambios normativos que obligarán a transparentar la vida sindical, establecer mayores controles democráticos y facilitar las denuncias e investigaciones sobre actos de corrupción internos. Sólo falta la aprobación de las reformas en materia laboral que se prevé se discutan y voten en el próximo periodo de sesiones del Congreso.

Desde hace 16 años, el líder de izquierda se ha mantenido en contacto con personajes de la disidencia sindical, varios de ellos de Pemex, y desde entonces le fueron entregando documentos sobre el grupo de Romero Deschamps y quiénes podrían ser sus sucesores, los cuales por ahora serían tres y no son afines a Carlos Romero, pero tienen ya un liderazgo local en sus respectivas zonas: Campeche, Tabasco y Tamaulipas.

Como parte de la estrategia, López Obrador colocó a Octavio Romero, director de Pemex, y a Marco Herrería, director corporativo de Administración y Servicios, dos personajes de su confianza quienes desde 2012 comenzaron a aprender de las entrañas del sindicato petrolero, por la documentación y testimonios que les fueron entregando desde entonces los petroleros disidentes.

Además esos liderazgos regionales han asumido la tarea, en el último año, de trabajar con los secretarios de secciones del STPRM que les permita aglutinar una fuerza consistente con los trabajadores, eso definirá la sucesión. Y el último elemento, es que la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, ha retenido el reconocimiento público de toma de nota de Romero Deschamps, bajo el argumento de las impugnaciones que existen por las elecciones internas y las modificaciones legales que se están implementando.

ejecentral entrevistó a funcionarios del gobierno, trabajadores de Pemex y revisó los archivos históricos de Romero Deschamps, que muestran a un hombre que como método anuló a la disidencia para mantenerse en el poder junto con su grupo, al que las propias autoridades llamaban “los mafiosos del norte”.

SALTO AL PODER

Por décadas, Carlos Romero Deschamps ayudó a concentrar el poder en un sólo grupo sindical, que encabezaban los tamaulipecos Joaquín Hernández Galicia, La Quina, y Salvador Barragán Camacho. Y es que a finales de la década de los 70 el STPRM vivía una revuelta, y esa coyuntura fue aprovechada por el actual líder petrolero. Fue su momento clave, pues esto le dio un pase directo al grupo de poder que controlaba al sindicato.

Lo consiguió en 1978, cuando en tan sólo un mes desplazó a los grupos que no le eran afines dentro de la Sección 35 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. El lograrlo, también fue bien visto por el gobierno, quien premió a Romero Deschamps no investigando las denuncias que había en su contra por robo de combustible, venta de plazas, golpear a sindicalistas y hasta por secuestro.

La vida de Carlos Romero Deschamps ha sido vigilada por los órganos de inteligencia desde 1978, tanto por el Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales (DIPyS) de la Secretaría de Gobernación, como por la Dirección Federal de Seguridad (DFS). A partir de documentos y testimonios históricos y actuales, ejecentral logró documentar las lealtades que estableció el líder sindical, su ascenso y cómo ha pretendido negociar en las últimas semanas para impedir que se emita una nueva convocatoria para elecciones dentro del sindicato y así conservar el poder cinco años más, como lo plantea la toma de nota.

Sin embargo, confirmaron las fuentes consultadas, el gobierno de López Obrador espera que el Congreso apruebe las últimas reformas en material laboral, lo que a mediano plazo obligará a convocar a nuevas elecciones en las delegaciones del sindicato en las que se garantice el voto libre y secreto.

DE LA 35 AL CONTROL TOTAL

La sección 35 del STPRM vivía una revuelta en la primavera de 1978. Cinco agrupaciones se disputaban el poder: el Grupo Unificador Mayoritario (GUM), que dirigía Héctor Martínez González; el 21 de abril, de Faustino Maldonado; el Grupo Pro Unificación (GPU), de Mauro Cerón Vázquez; el Grupo de Acción Sindical (GAS), de Ignacio Toledo Prado, y el Movimiento de Integración Sindical, de Jesús Terrón Serrano. Todos buscaban la aprobación de La Quina.

›En ese contexto, Romero Deschamps trazó una estrategia, en abril de 1978 viajó a Madero, Tamaulipas y se apersonó en la oficina de Joaquín Hernández Galicia para hacerle una promesa: “eliminar a tantos grupos”. Y para ello fijó una fecha. “Antes de que feneciera el mes de mayo sólo habría un grupo”.

El reporte del Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales (DIPyS) de la Secretaría de Gobernación establece que al tener compromisos con Romero Deschamps, La Quina aceptó sin empacho su proposición. Además ceder le beneficiaba, pues se afianzaba la política del norte.

Como primera jugada, el 15 de mayo de 1978, Carlos Romero Deschamps, secretario general de la Sección 35 del STPRM fue nombrado presidente del GUM. Al mismo tiempo el destronado Héctor Martínez González fue acusado por el desfalco de más de 12 millones de pesos.

Cinco meses después, el 4 de octubre de 1978, Romero Deschamps convocó a una Asamblea General Ordinaria y frente a más de mil 200 petroleros, el líder inició un ataque directo en contra de Jesús Terrón Serrano, del Movimiento Independiente Sindical.

—Eres un demagogo. Te has dedicado a buscar posiciones personales —le respondió Serrano.

—Les pido olvidar sus rencillas personales y trabajar en bien del sindicato —intervino Faustino Maldonado Guzmán, exlíder de uno de los grupos de la sección.

Pero el conflicto no culminó en la Asamblea. Dieciséis días después, el 20 de octubre de 1978, se concertó la insurrección. “De las 18:00 a las 19:00 horas de hoy, en el domicilio particular del líder petrolero y comandante del Tercer Grupo de la Policía Judicial Federal, Jesús Terrón Serrano, se llevó a cabo una junta de oposición al secretario general de la Sección 35 de este sindicato, Carlos Romero Deschamps con asistencia aproximada de 300 trabajadores”, se lee en el reporte elaborado por el entonces director de la DFS, Miguel Nazar Haro.

En el concilio se acordó boicotear una asamblea prevista para el 8 de noviembre de 1978 que se desarrolló en el cine Clavería. Ese día 100 miembros del Movimiento Independiente Sindical gritaron y aventaron cohetes. Ante el reto, Romero Deschamps se enfureció tanto que retó a golpes a Terrón Serrano. Se dieron puñetazos y patadas. Hubo tres lesionados y la asamblea estuvo a punto de ser disuelta.

La oposición en la Sección 35 crecía, por lo que antes de que terminara 1978, Carlos Romero Deschamps buscó a La Quina y le pidió expulsar del sindicato a Jesús Terrón Serrano. La batalla por el control de la sección 35 sirvió de ensayo para el posterior control del STPRM.

Sin embargo, Deschamps advirtió otro mecanismo para conservar inmunidad, buscar el poder político por medio de una diputación. Y en marzo de 1979 logró la precandidatura como diputado federal por el PRI al Distrito XXVIII de Azcapotzalco, pese a las acusaciones en su contra por sus opositores en la Refinería 18 de marzo y en la de Miguel Hidalgo en Tula, de haber desfalcado 3 millones de pesos, vender plazas e incluso por secuestrar.

Otro reporte del Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales de la Segob ponía de manifiesto que el líder petrolero no gozaba de muchas simpatías entre las base obrera. “Un gran número de trabajadores comentan, en forma reservada, que Romero Deschamps, no cuenta con la simpatía de los electores de su distrito, como tampoco ha sabido aglutinar a los trabajadores de la Sección en el Grupo Mayoritario que él preside y que en los mítines que ha llevado a cabo, la mayoría de los asistentes son trabajadores petroleros siendo principalmente transitorios que se ven forzados a acudir, porque en caso contrario no se les proporciona contratos de trabajo”, planteaba el reporte.

En noviembre de ese año, supuestos trabajadores denunciaron por medio de notas periodísticas un saqueo de gasolina y petróleo de la Refinería 18 de Marzo en Azcapotzalco. Se trataba de pipas de doble fondo propiedad de Romero Deschamps. Sin embargo en un reporte fechado el 19 de noviembre de 1979 por la DIPyS, se narraba que el Departamento Jurídico de Petróleos Mexicanos desmintió la nota “tachándola de totalmente falsa”.

Las acusaciones no prosperaron. La Procuraduría capitalina informó el 29 de mayo de 1979 que no ejercería acción penal en contra del secretario general de la Sección 35 por carecer de fundamento las acusaciones vertidas en el acta SC/275/79 por privación ilegal de la libertad y amenazas en contra de un agremiado.

SEGUNDO SALTO, LEGISLADOR

Al rechazo a la figura del líder petrolero también se alió el PAN. De acuerdo con el espionaje efectuado por la Segob, el candidato a diputado federal por el mismo distrito por el que competía Romero Deschamps, Genaro Medina Valdez, denunciaba que Petróleos Mexicanos utilizaba fondos de la empresa para promover la campaña del sindicalista.

“Es uno de los protegidos del cacique mayor Joaquín Hernández Galicia, quien lo propuso (…) dicho elemento ha sido acusado de lesiones, amenazas y secuestro en contra de un obrero petrolero y que aún no ha sido juzgado por las autoridades”, según reportó uno de los agentes infiltrados en Acción Nacional.  Nada impidió que el sindicalista ingresara a la Cámara de Diputados.

Ese fue el comienzo de su vida parlamentaria. Desde 1994 hasta la fecha ha saltado de la Cámara de Diputados a la de Senadores. Lo que causó que trabajadores del Sindicato petrolero promovieran en marzo de 2014 un juicio político en contra Romero Deschamps por ejercer como senador y al mismo tiempo ser el secretario general del STPRM. Hecho que contraviene el artículo 36, numeral IX, del Estatuto Sindical, que indica como causa de renuncia a puestos de dirección o representación sindical el desempeño de un cargo gubernamental.

No es la única denuncia. El 15 de marzo de 2018 socios sindicales del Sindicato Petrolero presentaron ante la Procuraduría General de la República una denuncia en contra de los dirigentes del STPRM por los delitos de fraude, perjurio y prevaricato, presuntamente cometidos en agravio de los asociados al gremio. Por lo que se abrió la carpeta de investigación NA/CDMX/SEIDF/0000390/2018 radicada en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia.

›Raúl Romero Maldonado, ex dirigente del Frente Nacional Petrolero, aseguró en entrevista con ejecentral que alrededor de 100 socios sindicalizados respaldan la denuncia. “Cuando le tomaron la protesta de ley, Carlos Romero Deschamps jura cumplir y hacer cumplir lo que dicen los Estatutos y no lo cumplió, y lo mismo pasó con los 36 secretarios generales de los Comités Ejecutivos. No han cumplido, son cómplices”, señaló.

Otra de las luchas de los trabajadores de Pemex es lograr que en las secciones y en las convenciones ordinarias y extraordinarias se garantice el voto libre y secreto, porque desde la llegada de Romero Deschamps al poder se impuso el voto a mano alzada.

A decir de Romero Maldonado, desde tiempos de La Quina se implementó la jubilación forzada como método para desactivar la disidencia; sin embargo, apuntó, desde la llegada de Carlos Romero Deschamps se incrementaron. “Podemos hablar de arriba de 7 u 8 mil gentes a nivel nacional que fueron jubilados tempranamente”, aseguró.

Así, cuenta, le pasó a él cuando decidió participar en 1992 en la política sindical con miras a ser secretario general de la STPRM. “Me enviaron de comisión a Guadalajara para instalar unos sistemas de cómputo en unas terminales y de regreso me dicen: ‘felicidades, ya estás jubilado’”.

“Según ellos yo estaba jubilado desde el 8 de mayo de 1992, pero yo soy notificado hasta noviembre de 1992. Lo hicieron así precisamente para que yo no tuviera la oportunidad de presentar una demanda laboral porque yo no estaba de acuerdo a que me jubilaran”. Ese era el mecanismo para disolver, sostuvo.

MADRUGUETE EN LA ELECCIÓN

El Comité Ejecutivo adelantó su elección, por medio de una Convención Extraordinaria que llevó a cabo el 11 de diciembre de 2017, y en la que se reeligió, hasta el 2024, a Romero Deschamps.

Las denuncias en contra de esta convención llegaron desde los grupos petroleros disidentes a Romero Deschamps, quienes presentaron escritos ante las autoridades argumentando que se violó el artículo 148 del Estatuto del STPRM, que establece que el Comité Ejecutivo General durará un ejercicio ordinario de seis años, del 1 de enero del año siguiente a la fecha de la Convención al 31 de diciembre del año correspondiente.

Es decir, Romero Deschamps fue reelegido el 20 de octubre de 2012 en Convención Extraordinario, por lo que su mandato culminaba el 31 de diciembre de 2018. Sin embargo, un año antes de que finalizara su gestión el Comité Ejecutivo del STPRM inauguró su XXVI Convención Extraordinaria, la cual según el artículo 128 de la normativa interna podría celebrarse “siempre que las necesidades de la organización así lo exijan”. MM

(EJE CENTRAL/ MARÍA IDALIA GÓMEZ Y ÓSCAR SANTILLÁN/24 DE ENERO 2019)