El formato de una conferencia
de prensa donde diariamente habla con su tono monótono y largas pausas,
acompañadas de su discurso descontextualizado y con medias abstracciones,
impidió dar total dimensión a lo que dijo el presidente Andrés Manuel López
Obrador el martes pasado. El gobierno, como lo describió, está en guerra contra
el crimen organizado. Lo dejó ver al revelar que el lunes hubo sabotajes a la
mayoría de los ductos de Pemex, que lograron ser neutralizados por la rápida
acción de los trabajadores de Pemex. ¿Qué significa esto?
En primer lugar, si existió
un ataque a todos los ductos en el país, plantear que hubo una acción
coordinada de los cárteles mexicanos, que están involucrados en el robo de
combustible, es más que una conjetura. Es cierto que pudo haberse tratado de
una coincidencia, pero dada la escala del ataque que se sufrió, en el contexto
en el que suman días de sabotajes salteados en el centro del país, la hipótesis
de una embestida concertada habría que revisarla. En segundo lugar, si los
trabajadores de Pemex actuaron rápidamente para neutralizar los sabotajes,
significa que se encuentran en estado de alerta máxima, pues de otra forma no
podrían haber reaccionado con la prontitud suficiente para impedir el sabotaje.
Los trabajadores de Pemex no están actuando solos; cuentan con el respaldo y la
protección permanente del Ejército y la Policía Federal.
La falta de información tras
lo que dice el presidente no permite tener en cierto nada, salvo trazar las
líneas generales de lo que está sucediendo en este país, donde la cruzada
contra el huachicol, que afecta un negocio que el año pasado generó siete millones
de dólares por hora –seis veces más que el intercambio comercial fronterizo
entre México y Estados Unidos-, ha generado reacciones. Pero precisamente en
este punto es donde se necesitan clarificaciones porque hay contradicciones
entre lo que dice el presidente y la dialéctica de los cárteles de la droga,
que tienen en el huachicol un redituable negocio alterno.
En primer lugar, la alianza
que sugiere la afirmación del ataque en un solo día a “la mayoría” de los
ductos de Pemex. Esto revelaría que los enemigos a muerte, que están librando
batallas en varias plazas del país, Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva
Generación, los que más intereses tienen en ese delito, negociaron una tregua
para enfrentar la cruzada anti huachicolera lanzada por López Obrador. No hay
ningún indicio, sin embargo, de que esto pueda ser cierto, que revelaría una
mente más política que criminal. En todo caso, esto lleva al segundo punto, que
es el estado de alerta en todas las instalaciones estratégicas de Pemex.
Describir someramente la
alerta nacional para proteger ductos e instalaciones estratégicas de ellos, es
un contrasentido. Por definición, el mejor ecosistema en el que se desenvuelven
los cárteles es el estable, sin violencia, para que puedan realizar su negocio
sin alteraciones ni afectaciones. Ningún cártel calienta su propia plaza,
porque sería suicida para sus operaciones. Si los sabotajes fueron a “la
mayoría” de los ductos, ¿por qué Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación
pudieron haber decidido ir en contra de sus propios intereses?
Las utilidades son las que
definen a los cárteles, no sus estrategias políticas para retar un gobierno.
Entre menos enfrenten a la autoridad, mejor. Para eso las corrompen o amenazan,
y cuando no lo logran, su prioridad es no desatar la furia del Estado contra
ellos, porque entienden que es algo que no pueden resistir. Las organizaciones
criminales que se dedican al robo de combustible, dentro de la lógica del
negocio ilícito, mantienen los flujos de hidrocarburos para poder succionarlo
de los ductos y venderlo, por lo que no es creíble que en un cambio por
completo de filosofía delictiva, sean los responsables de dañar su propia
fuente de ingresos multimillonarios por un arrebato contra el gobierno.
López Obrador dijo en su
conferencia del martes que “los grupos que tienen el negocio y que no dejan de
hacerlo nos sacaron de operación la mayoría de los ductos, nos los pincharon,
provocaron fugas, en algunos casos peligrosas, nos sacaron de operación cuatro
veces el Salamanca-Guadalajara y el Tuxpan-Azcapotzalco que ya habíamos logrado
estabilizar”. Una vez más: ¿los dos cárteles actuaron concertadamente para
lastimar a un gobierno, pero sobre todo, para afectar sus actividades
delictivas? No tiene mucho sentido.
Los cárteles no realizan
sabotajes a las fuentes de sus ingresos. Quienes hacen sabotajes en ductos,
como lo hizo en 2007 en tres estados el Ejército Popular Revolucionario, son
los grupos armados. El sabotaje busca afectar el aparato productivo o los
bienes de producción, que es propio de movimientos políticos, no de
organizaciones criminales que quieren lo contrario. El presidente no piensa lo
mismo. Es la delincuencia organizada, resistiendo la cruzada contra el
huachicol la que presiona y amenaza, afirmó. Sin embargo, no hay información
concreta de ningún jefe criminal, que esté siendo investigado por el robo de
combustible. Las investigaciones son contra ex funcionarios, políticos y
empresarios. ¿Por qué reaccionarían los capos de las mafias si no se sienten
perseguidos? Ni siquiera en el discurso presidencial ha habido referencias
directas a ellos.
La guerra contra el crimen
organizado lanzada por el presidente López Obrador es muy opaca en este momento
y necesita clarificaciones. El punto de partida es el desdoblamiento de lo que
dijo el martes en Palacio Nacional. Necesitamos saberlo para entender el tipo
de guerra que enfrentaremos los mexicanos, si es frontal contra las bandas
criminales, o si es aquella indispensable para construir consenso para
gobernar.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/ 24 DE ENERO DE 2019)
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