La Dirección de Investigación
Criminalística y Servicios Periciales tenía personal con vínculos con el narco,
con problemas de alcohol y que posiblemente cometieron delitos.
Entre 2016 y 2018, la
Fiscalía General del Estado (FGE) ha resuelto procedimientos administrativos
con sanciones para peritos, entre las que se encuentran cuatro destituciones
por resultar no aptos en los exámenes de control de confianza.
En últimos dos años han
aplicado 106 sanciones a personal de servicios periciales por faltas que van
desde perder pistolas que eran evidencia, omitir certificar lesiones y hasta
vínculos con narcos.
Las sanciones aplicadas son
amonestaciones, suspensiones del cargo hasta por 45 días y destituciones.
De acuerdo con las actas de
los procedimientos administrativos, uno de los servidores públicos destituidos
es un médico legista cuyo resultado de control de confianza destaca indicadores
que sugieren consumo de drogas ilegales.
“Tiene vínculos con personas
que consumen sustancias nocivas, revela haber acompañado a una de estas a
adquirirlas; así mismo vínculos con personas que se dedican al narcotráfico;
conjuntamente presenta problemas con consumo inmoderado de alcohol lo que se
deriva en faltas al Bando de Policía y Gobierno, a la par de sobornos para evadir
responsabilidades”, señala el documento.
Otro de los casos es el de un
perito en el que el resultado menciona que hay indicadores que señalan que
utilizó su puesto para favorecer actos delictivos.
“No entregó cartilla del
Servicio Militar Nacional, ni documento que acredita la casa que habita (la
cual refirió es propiedad de su padre), la venta de un terreno y el traspaso de
una papelería; además describió que el vehículo Tornado modelo 2008 que
registró en su evaluación anterior lo chocó y fue pérdida total y su padre en
la evaluación domiciliaria refirió que esta unidad la trae en uso el evaluado”,
establece el documento.
Un médico legista obtuvo
resultado no aprobatorio en control de confianza debido a que había indicadores
que sugieren que cometió algún delito.
“Como médico general, en
varias ocasiones ha atendido a personas heridas gravemente por armas de fuego,
no dando parte a las autoridades correspondientes por miedo a su integridad;
además tiene vínculo con persona que trabaja como sicario y narcotraficante”,
señala el documento.
Añade que: “sumado a ello,
sostiene relación con sujeto que estuvo preso por transportar drogas ilegales y
otro que se encuentra desaparecido”.
Una perito médico no cumplió
con los requisitos de permanencia y obligaciones debido a que en su evaluación
destacan: “indicadores que a la fecha sugieren trabajar para la delincuencia
organizada y haber cometido algún delito”.
Los cuatro fueron destituidos
después de procedimientos administrativos que inició la Fiscalía General del
Estado en su contra en el que les dio la oportunidad de defenderse.
Según la FGE el servidor
público “tiene la obligación de aprobar los exámenes y procesos de evaluación
de control de confianza y del desempeño, que son permanentes, periódicos y
obligatorios, los cuales se realizan con el objeto de comprobar que los servidores
públicos son confiables y de integridad, que reúnen los perfiles
institucionales, son calificados y cualificados para el desempeño, cumplen y
satisfacen los requisitos para permanecer y cumplen con los principios de
legalidad, eficacia, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad,
imparcialidad y de respeto a los derechos humanos”.
LAS ARMAS PERDIDAS
Las actas de los
procedimientos administrativos evidencias fallas en el resguardo de evidencias
por parte de los peritos.
En las instalaciones de
Servicios periciales en Culiacán robaron un arma y en la de Mazatlán
“desapareció” otra.
En el caso de Culiacán era
una pistola calibre 9 milímetros que aseguraron como evidencia en el penal en
2008, tras un asesinato.
Según el perito tras realizar
las pruebas a la pistola, la colocó en el área de resguardo de objetos pero un
año después cuando el Ministerio Público pidió el arma, ya no estaba en ese
lugar y detectaron que hacía falta cuatro más de otros casos, por lo que el
perito presentó una denuncia por robo.
El procedimiento
administrativo concluyó apenas el año pasado y se determinó que el perito
incurrió en faltas en el empleo, cargo o comisión por lo que como sanción le
impusieron una amonestación.
En el mismo procedimiento
sancionaron con una amonestación al Agente del Ministerio Público por la
inactividad que había desde 2013 en la averiguación previa que se inició por el
robo de las armas.
La otra pistola —una calibre
9 milímetros— fue perdida en Mazatlán y la habían asegurado en un homicidio en
2013.
Según el fallo, cuando
pidieron el arma a la perito químico que realizó las pruebas, ella aseguró que
no la tenía y la había entregado al Ministerio Público junto con el dictamen
pericial.
Durante el proceso
administrativo, la perito dio diferentes versiones y presentó un oficio en que
notifica la entrega del dictamen y el arma al ministerio Público, pero la firma
y el sello presentaban tachaduras.
La servidora pública fue
sancionada con una suspensión de 10 días de su empleo.
SANCIONES A PERITOS
La FGE entre 2016 y 2016
aplicó 106 sanciones a funcionarios de la Dirección de Investigación
Criminalística y Servicios Periciales.
Las sanciones fueron cuatro
destituciones, nueve suspensiones del cargo de entre 7 y 45 días, y el resto
fueron amonestaciones públicas o privadas y apercibimientos.
Algunos de los expedientes
fueron iniciados desde 2013 pero no habían sido concluidos.
Artículo publicado el 20 de enero de 2019 en la
edición 834 del semanario Ríodoce.
(RIODOCE/ ALEJANDRO MONJARDIN/ 22 ENERO, 2019)
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