lunes, 13 de junio de 2016

CON LLAGAS Y METALES EN LA SANGRE PRETENDE DEJAR GRUPO MÉXICO A GENTE EN SONORA


El Molino de Camou, Sonora, 14 de junio (SinEmbargo).– Hace 10 meses, Nadia Gómez Moraga, de 32 años, presumía una piel blanca y lozana. Ahora, la mayor parte de su cuerpo, excepto el rostro, está repleto de manchas negras, producto de una erupción cutánea que inició un mes después del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico de la mina Buenavista del Cobre de Grupo México, en los ríos Sonora y Bacanuchi.

Nadia vive a sólo 25 kilómetros de la capital de Sonora: Hermosillo y a 50 metros del cauce por donde corre el agua contaminada de la presa Rodolfo Félix Valdés “El Molinito”, una de las principales proveedoras de agua para la ciudad.

La presa tiene meses cerrados, desde que ocurrió el derrame, el 6 de agosto de 2014, debido a que estudios realizados por expertos informaron a Grupo México, que sería ahí, en “El Molinito”, en donde desembocarían todos los contaminantes tóxicos derramados cuando llegaran las lluvias.

Nadia, su esposo, sus tres hijos y cientos de habitantes de los ejidos aledaños, siguieron bebiendo y utilizando el agua de los pozos que se surten del afluente que corre desde hace tres meses, por la filtración del líquido retenido en la presa.

Así, Nadia, habitante del ejido El Molino de Camou, utiliza el agua de un pozo ubicado a 50 metros del río: “En septiembre me sentí enferma. Mucha alergia, mucha comezón en el cuerpo. Nunca me había pasado esto, fue de repente. Me llené de ronchas negras, como una viruela; luego se me quitaron y me quedaron estas manchas”, explica.

La joven mujer dejó de trabajar debido a la comezón que la invadió. No podía siquiera caminar. La erupción le cubrió hasta la piel del empeine de los pies. Cuando estaba a punto de llegarle al rostro buscó ayuda médica.

Acudió al Hospital General de Hermosillo, pero no le realizaron análisis de sangre. Entonces acudió a una clínica pública en el municipio de Ures, donde una doctora le hizo algunos exámenes. Le aseguró que no tenía metales pesados en el organismo y que sus llagas y manchas, eran producto por exceso de ácido úrico y colesterol.

“Pero yo nunca vi los exámenes. A mucha gente de ahí de ‘El Molino’, se le está cayendo el pelo. A mí nomás me da rasquera, pero no se me ha caído. Hay varios enfermos, no soy la única”, dice.

Nadia no cuenta con recursos suficientes para comprar agua purificada, así que ella y el resto de su familia beben agua del pozo. Sus hijos tuvieron comezón, pero ella les untó una pomada. La misma que utiliza para calmar sus síntomas.

Las manchas de los brazos y piernas ya no le causan grandes malestares. Pero las del torso, parecen finos “alguates” [espinas del nopal] lacerándola.

LA POLÉMICA POR LA PRESA



Afectaciones en la piel sufridas por algunos habitantes de la zona cercana a la presa contaminada. Fotos: Olivia Paredes, especial para SinEmbargo

Afectaciones en la piel sufridas por algunos habitantes de la zona cercana a la presa contaminada. Fotos: Olivia Paredes, especial para SinEmbargo
La presa “El Molinito” permaneció cerrada durante meses, sin embargo, debido a que se encuentra con más del 50 por ciento del límite de su capacidad, las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informaron que a partir del 10 de junio, iniciaría el desfogue de la presa hacia la presa Abelardo L. Rodríguez, ubicada a 22 kilómetros río abajo, en el corazón de Hermosillo.

Serán vertidos 42.2 millones de metros cúbicos en Hermosillo, para preparar a “El Molinito” para las próximas lluvias. Las autoridades afirman que el nivel de los contaminantes está dentro de lo permitido por las normas y que se aseguraron de ello, tomando cuatro muestreos.

Doctores, académicos y activistas, no piensan lo mismo.

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La filtración del agua de la presa “El Molinito” que corre por el cauce del río Sonora, hacia la presa Abelardo L. Rodríguez, tiene un color oscuro y en algunas partes, pequeñas burbujas dispersas. Es el ejido El Molino de Camou, ubicado sólo a unos cuantos kilómetros de Hermosillo, y en las piedras y lodo hay manchas azuladas, violetas y grisáceas que brillan con la luz del sol veraniego de Sonora.

Se escucha el sonido del correr del agua turbia y se hunden los pies en un lodo negro, pantanoso. Ese lugar está contaminado dicen los expertos. De ese lugar bebió agua Nidia y también todos los fines de semana, a cambio de un cobro de 80 pesos, pasan el día varias familias hermosillenses. Ahí se lavan la cara, mojan los pies, bañan a los niños y bebés.

Esa misma agua será desfogada en la presa de donde se surten los pozos de agua potable que abastecen al centro y al sur de Hermosillo.

“Las manchas negras de Nadia, se deben a contaminación por arsénico. Desde que ocurrió el derrame a la fecha, se han contabilizado 500 personas enfermas en los siete municipios afectados”, dice Reina Castro Longoria, profesor-Investigador de la Universidad de Sonora (Unison) y doctora en Ecología.

Castro Longoria indicó que Nadia requiere atención médica inmediata. Ella y el resto de los enfermos de los municipios afectados.

“Lo que más me preocupa, es que esa gente no está teniendo atención médica. Nadie se está haciendo cargo de ellos, de sus gastos. Nadie está informando a la población qué riesgos hay”, indica.

La presa “El Molinito” está contaminada por arsénico, fierro, aluminio, cobre, cadmio, plomo y otros metales.

La doctora Reina Castro explica que de acuerdo con el último monitoreo público de la Conagua, que data de noviembre del año pasado, la presa que será desfogada superaba los niveles aceptados por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 “Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-límites permisibles de calidad de tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización”.

Leopoldo Santos, investigador de El Colegio de Sonora, recuerda que cuando ocurrió el derrame, un grupo de médicos expertos recomendó a Grupo México tomar medidas extremas para proteger a la población afectada.

“Especialistas le proponían a Grupo México que alejara a las personas entre cinco y 10 kilómetros del río; que quemaran los utensilios que usaban; que quemaran la ropa y se les diera ropa nueva. Le recomendaron que iniciara un muestreo de la sangre de todas estas personas afectadas, porque no son siete municipios, son nueve, incluyendo Hermosillo”, dice.

La empresa de Germán Larrea Mota Velasco, uno de los hombres más ricos del país, se comprometió a construir una Clínica de Especialidades Epidemiológicas, sin embargo no cumplió.

Se limitó a entregar los apoyos económicos del Fideicomiso Río Sonora, a repartir tinacos y agua embotellada, sólo durante la contingencia. Hace meses que esa contingencia se detuvo y el cauce del río nunca fue remediado.

De acuerdo con un estudio, publicado en la página electrónica oficial del fideicomiso en septiembre, Laboratorios ABC Química Investigación y Análisis redactó el informe de resultados del muestreo y análisis del agua, sedimentos y biota de los ríos Bacanuchi y Sonora, hasta septiembre de 2014. En el documento se informa que la contaminación llegó hasta la presa “El Molinito” y que sería esta, el lugar en el que se concentrarían todos los contaminantes con el paso de los meses.

“Se puede estimar una masa de 74.8 toneladas de metales aportados al ecosistema por este derrame, principalmente fierro y aluminio [83 por ciento] seguidos de manganeso y zinc [8 por ciento]. Esta masa de metales, se repartió en los sedimentos de los ríos Bacanuchi y Sonora y en la presa El Molinito”, se lee.

Más adelante, en las conclusiones, el informe concluye que: “La mayoría de los metales aportados por este evento se sedimentarán en la presa “El Molinito” junto con los azolves del Río Sonora. El contenido de metales solubles en las aguas de los dos ríos es congruente con la geología superficial de la zona. Está compuesta principalmente por metales provenientes de los silicoaluminatos férricos [compuestos de silicio y alumninio] que son arrastrados por las aguas de lluvia, ya que esto ríos no proceden de fuentes subterráneas en su origen”.

Para Leopoldo Santos, las autoridades federales, estatales y municipales, poco se han interesado en mostrar estudios para informar a la población de Hermosillo el nivel de contaminación.

“Las autoridades no nos dicen en qué grado está la contaminación y cuáles son las medidas que van adoptar. Desde hace rato se viene pensando en plantas que tengan capacidad para retener los metales y de alguna manera limpiar el agua. El río puede remediarse, volverse a sanear, pero esto lleva un gasto: que lo asuma Grupo México, que fue quien contaminó. Hay personas enfermas ya y están totalmente abandonadas”, explica.

ALERTA A DESTIEMPO

El investigador aseguró que las personas que viven a la orilla del río, enfermaron porque la compañía tardó seis días en lanzar la alerta del derrame.

Miles de personas siguieron con su vida normal y tuvieron contacto con el agua contaminada. A 10 meses del derrame, la población, aunque tienen alguna noción de que el río está contaminado, sigue bebiendo de los pozos que se alimentan del afluente, por falta de recursos económicos para comparar agua embotelladas.

En el ejido El Molino de Camou, donde vive Nadia y en donde SinEmbargo entrevistó a varias personas enfermas, la población es de escasos recursos.

Se trata de personas que viven de la siembra de alfalfa, trigo y la pesca en la presa “El Molinito”, la cual a pesar de que estaba clausurada, se siguió utilizando.

“La gente sigue pescando. Sacarán unos 80 a 100 kilos diarios y ese pescado van y lo venden a Hermosillo. Es muy raro oiga, porque de aquí de ‘El Molinito’ llevaban agua a Hermosillo, se la compraban a los ejidatarios para abastecer a la gente de allá. Este año no se compró, es una de las pruebas de que está contaminada”, expone Rigoberto Cruz Mada poblador del ejido El Molino de Camou.

Rigoberto expresó que la población de El Molino de Camou, que está asentada a unos metros del cauce del río, es la más afectada. Pero otros ejidos también están expuestos como El Fructuoso, Jacinto López, La Mesa del Seri y El Realito.

Aunque la presa será desfogada hacia la presa Abelardo L. Rodríguez en estos días, el agua contaminada de “El Molinito”, tiene meses filtrándose hacia ese lugar.

“La presa está llena y por el mismo peso, cada vez se filtra más agua.Toda esa agua va a dar para allá”, explica.

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El fondo del río en una parte, más cercano a la cortina de la presa El Molinito, está negro.
 Foto Olivia Paredes, especial para sin embargo

La noticia del desfogue alarmó a los médicos y a los activistas. Reina Castro afirmó que la contaminación que hasta hace unos días, sólo se filtraba, ahora llegará con fuerza a la ciudad de Hermosillo.

Uno de los argumentos que expusieron las autoridades estatales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), es que la presa Abelardo L. Rodríguez, opera a una capacidad inferior al uno por ciento (0.4 por ciento). Hermosillo desde años, padece sed y sequía. Hay tandeos y las población en realidad padece la falta de suministro del líquido.

Antonio Navarrete Aguirre, del Sindicato Minero Sección 65 de Cananea, explicó que “El Molinito” siempre operó al 25 por ciento de su capacidad. Al mantenerla clausurada, las aguas de la lluvia del año pasado saturaron el embalse.

“Todos los campos que hay a la orilla del río, se abastecen de los pozos de por aquí. Incluso los pozos están recuperados, porque el agua de El Molinito. El agua se ve así, porque son los asentamientos de sulfatos de los residuos tóxicos de la mina. Se asientan en el fondo, hay metales pasados en el fondo y otros arriba, como el arsénico, que se quedan en la superficie”, detalla.

Navarrete comenta que ninguno de los tres niveles de gobierno, se preocupa por la catástrofe ecológica y humana que se vive en la región.

Las vacas siguen bebiendo agua contaminada, los pobladores sembrando y consumiéndola para todas las tareas cotidianas.

“Hay un cerco mediático, no hay información a la ciudadanía. El gobierno intimida con meter a la cárcel a quien protesta. Es un potencial riesgo para la población de Hermosillo que consuma esta agua”, alerta.

Ahí en El Molino de Camou, hay otras personas enfermas además de Nadia.

Ana Gloria Martínez Vázquez de 58 años es una de ellas. La mujer tiene unas manchas cafés en la cara y erupciones en las piernas.

Sentada en el portal de su vivienda, una casa ubicada a unos cuantos metros del río, cuenta que su esposo y a su pequeña nieta, también enfermaron.

La niña padeció unas llagas en las piernas.

“Todo el día tenemos comezón y ronchas. Yo sí se lo atribuyo al agua, aquí nos bañamos, usamos el agua para hacer comida. A veces cuando puedo compro un galón de agua para beber, para el café, pero no puedo evitar que la niña tome agua de la llave”, dice.
La pequeña juega en la patio con un perro y un gato, mientras se derrama el agua de la manguera que riega las plantas de Gloria.

María Jesús Ramírez, es otra habitante del ejido. Ella padece erupciones en la piel desde hace cinco meses.

“Me empezaron a salir muchas ronchas. Luego se fueron haciendo más grandes y por todo el cuerpo. Tengo en el estómago, porque cuando estoy lavando, ya ve que uno se remoja el estómago con el lavadero. Me da una comezón tremenda, me pongo crema, y se me calma, pero no sé, dice que es alergia. A mi nadie me ha hecho análisis. Conozco unas gentes que sí, que han venido de Ures”, narra.

En Hermosillo, a unos 25 kilómetros de El Molino de Camou, Nadia pidió permiso en su trabajo para salir unos momentos a contar su historia.

“Yo quisiera mi piel. Me siento muy deprimida, yo quisiera mi piel como estaba. Que si es el agua, me ayuden a pagar un médico, porque yo no puedo, apenas nos alcanza para comer lo que ganamos mi esposo y yo”, dice.

Nadia pide atención médica. Está llorosa. Las manchas en su piel, se convirtieron en su peor pesadilla.


(DOSSIER POLITICO/ Tomado de: Shaila Rosagel / Sin Embargo/ 2016-06-12)

PRETENDE GRUPO MÉXICO DAR CARPETAZO AL ECOCIDIO Y DEJAR SU COCHINERO EN RÍO SONORA


 
Opera equipo legal la cancelación del fideicomiso
 
Buscaría el emporio de la Familia Larrea Mota Velazco ´echarse para atrás´  a través de la extinción del Fideicomiso Río Sonora. Por lo pronto, en una actitud de soberbia se niega a reparar la potabilizadora de Bacanuchi inoperante al día de hoy, y construir la 29 potabilizadoras más y el hospital en Ures porque "ya no hay dinero".
 
Hermosillo, Son.- La Instalación de 30 plantas potabilizadoras para dotar de agua de calidad a los habitantes del Río Sonora y la construcción  de la clínica en Ures para atención a afectados por el derrame del 2014, son los dos grandes compromisos incumplidos por el Grupo México como parte del programa de  remediación del daño causado por lo que se ha considerado el desastre ambiental y ecológico más grande en la historia del país, como fue la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora, por el derrame de sulfato de cobre acidulado y otros tóxicos emanados de la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria del segundo consorcio minero más grande del mundo, propiedad de Germán Larrea Mota-Velazco y familia.
 
Grupo México ha dicho que el fondo financiero que aportó al fideicomiso resarcitorio de daños por dos mil millones de pesos ha quedado agotado y pretende desentenderse de los daños que aún persisten, tanto en la salud humana como en calidad de agua y reactivación de pozos de abastecimiento.
 
Los  problemas que trajo consigo la irresponsabilidad de la empresa minera al contaminar dos y sus cuencas que dan vida a toda una región productiva de Sonora, no solo son irreversibles en no pocos casos, sino que en otros, se han  potencializado los efectos perniciosos para el medio ambiente, la ecología y la salud de los más de 27 mil habitantes que continúan en latente riesgo de toxicidad.
 
Mientras el pulpo empresarial sustituye el equipo negociador inicial por un grupo de abogados que estaría siendo encabezado por Daniel Muñiz y Jorge Lazalde, pretende dar carpetazo legal al asunto y dejar en el abandono a la población que dañó por su ambiciosa irresponsabilidad, nuevos y muy alarmantes casos de problemas de salud de niños y adultos aparecen por la región; más aún, reportes de investigadores independientes alertan de altos índices de toxicidad en la sangre de al menos 500 personas analizadas ex profeso, cuyos resultados arrojaron la presencia en la sangre de altas concentraciones de arsénico, aluminio, cadmio y otros elementos letales.
 
Daniel Muñiz Quintanilla es un joven abogado que según las fuentes consultadas por Dossier Político se ha venido ganando la confianza de Germán Larrea, gracias a sus habilidades como abogado y director de administración y finanzas, puesto que todavía ocupa en el equipo directivo de GM que aparece en la página web (http://grupomexico.com/equipo-directivo/funcionarios-principales) del consorcio minero.
 
Por su parte, Jorge Lazalde, vicepresidente y asesor general de Asarco  empresa que Grupo México adquirió originalmente en 1999, en lo que fue entonces una de las mayores inversiones mexicanas en el extranjero.
 
Sin embargo, el corporativo mexicano perdió el control de la minera estadunidense al caer ésta en bancarrota en 2005 a consecuencia de una larga huelga y una serie de fallos adversos que la sentenciaron a pagar cientos de millones de dólares por violaciones ambientales.
 
Asarco, que tiene su base en Tucson, Arizona, figura como la tercera principal productora de cobre en Estados Unidos al refinar al año más de 200 mil toneladas de este mineral.
 
La compañía posee tres minas en Arizona y una fundidora en Texas.
 
LOS RIESGOS DE LA CONTAMINACIÓN
 
Los científicos independientes han revelado que, de no atenderse con prontitud la contaminación de la sangre de una parte de la población ribereña, se corre el riesgo de que los tóxicos afecten órganos vitales como ojos, páncreas, hígado y riñones, entre otros, cuyas consecuencias serían funestas.
 
A la aparición de nuevas complicaciones en la salud de los habitantes del Río Sonora de lo que Grupo México está obligado moral y legalmente a resarcir y paliar, se le suma el estancamiento de la vida económica de los siete municipios  afectados  por el derrame.-
 
Por más esfuerzos que se han hecho desde los gobiernos, es hora de que la región del Río Sonora no logra despuntar en sus actividades productivas agroalimentarias, pecuarias, acuícolas, del comercio y la prestación de servicios.
 
No en vano el hartazgo ha hecho mella en el ánimo de la gente, particularmente cuando caen en cuenta que sus problemas aparecieron con el derrame y no desaparecen gracias al desgano y desprecio por la dignidad de los ribereños de quien fue el responsable de provocarlos: El poderoso Grupo México.
 
Los problemas de salud, económicos, medio ambientales y ecológicos que arropan a la noble gente ribereña, no solo están lejos de su cabal solución, sino que tienden a potencializarse, generando un riesgoso  caldo de cultivo para la desestabilización de la paz social y la tranquilidad de los ribereños.
 
Como ha sucedido en otras latitudes del país, la inacción de los gobiernos y la soberbia de los emporios trasnacionales ante conflictos que inciden sobre las masas sociales le dan pronto el rostro del hartazgo social que nada bueno podría acarrear para la minera de Cananea, su dueño, el Grupo México y los gobiernos locales y federal.
 
Mientras todos los riesgos subyacen y maduran, Grupo México pretende dar por extinguido el Fideicomiso Público que, hoy por hoy, constituye el único documento legal que lo compromete  a reparar todos los daños -en todas sus modalidades- que generó su irresponsabilidad del manejo de residuos tóxicos de sus minas y jales.
 
Aun cuando Germán Larrea ha enviado toda su jauría legal a atacar y echar abajo la continuidad del Fideicomiso y defender su extinción, tendrá poco margen de posibilidades de que una sentencia en juicio de amparo le otorgue la razón, aunque si ganaría tiempo para emprender alguna campaña o estrategia para, finalmente, evadir su responsabilidad de pago ante daños causados.
 
El Contrato que da vigencia al Fideicomiso Río Sonora establece que el mismo podrá extinguirse solo cuando no exista ningún daño sin resarcir y ninguna persona presente secuelas de afectaciones en su salud juicios al ambiente o a la salud de los habitantes afectados la presencia de los Especialistas Técnicos en la región, costo de remediación y atención medica continuará bajo responsabilidad financiera del Fideicomiso.
 
El documento fiduciario aclara que si los equipos técnico y financiero que integran el Fideicomiso Río Sonora estiman necesario continuara su operación ´por el tiempo que se estime prudente y las empresas fideicomitentes están obligadas a re fondear el monto del Fideicomiso.
 
LARREA MOTA VELAZCO PRETENDE ´ECHARSE PARA ATRÁS´
 
Como ha sido ampliamente documentado en este medio, a casi dos años del desastre ambiental más grande registrado en México por  el derrame de tóxicos de la minera de Cananea a los ríos Sonora y Bacanuchi, los habitantes de esta región ven que las secuelas en la salud de niños y adultos producto de la exposición o ingesta de contaminantes en suelo y agua de la zona afectada va en aumento antes que desaparecer.
 
Otro sentimiento de frustración embarga a las familias ribereñas al ver que por primera vez en la historia sus municipios y comunidades registran una alta deficiencia en los servicios de distribución de agua potable de calidad, para consumo humano, actividades agropecuarias y acuícolas,
 
Desde un año atrás, Grupo México, (GM), garante del Fideicomiso Rio Sonora (FRS), fondeado con dos mil millones de pesos para resarcir los daños totales, paulatinamente se ha ido desentendiendo de los compromisos más sentidos para la población afectada y pactada en el contrato fiduciario.
 
A la fecha, el Fideicomiso instituido ha canalizado alrededor mil 200 millones de pesos, para la perforación de 11 pozos, rehabilitación de otros cinco  y la sustitución de otras fuentes de abasto hídrico, en indemnización monetaria a productores agropecuarios, comerciantes y prestadores de servicios, instalación de tinacos y en labores de remediación ecológica, ambiental, monitoreo permanentes y medios de comunicación.
 
No obstante que se gastaron 94 millones de pesos en la perforación de  nuevos pozos para sustituir el abasto de los que resultaron contaminados y garantizar el abasto a la población, estos recursos fueron gastados en vano.
 
Y es que las nuevas fuentes de abastecimiento han resultado todo un fiasco y al menos cinco han agotado su gasto de agua y otro tanto presentó averías irreparables en su sistema de bombero derivado del escaso gasto del vital líquido que se obtiene.
 
Es decir, que desde hace unos días, el comité de técnicos del fideicomiso ha iniciado de cero para garantizar el abasto de agua a la población, recurriendo incluso, a la reconexión de los pozos cancelados. No dan con bola con los pozos nuevos y no ven el momento  para iniciar con la construcción de las 30 plantas potabilizadoras comprometidas para los siete municipios de la región afectada.
 
Suena lógico. Al no obtener los resultados esperados en los volúmenes de extracción de los nuevos pozos perforados, incluso arrastrados o quemado el sistema de bombeo en otros,  no hay vital líquido susceptible de potabilizar y, por lo tanto, de esta necesidad humana se genera un círculo vicioso que Grupo México hoy busca evadir, presionando al mismo gobierno federal.
 
Como lo confirmo Dossier días atrás, únicamente en la comunidad de Bacanuchi, municipio de Arizpe, se ha logrado construir  una de las 30 planta potabilizadoras de agua.
 
Nadie sabe cuándo estarán en operación las restantes 29 “plantas robustas”, como les llamaría el subsecretario de SEMARNAT y presidente del FRS, Rodolfo Lacy Tamayo.
 
La modorra de Grupo México como fideicomitente  y responsable del atentados ambiental, no es de ahora, sino de mediados del año pasado, cuando el Fideicomiso Público tuvo que apegarse a la llamada veda electoral que norma la legislación mexicana de cara al anterior proceso electoral donde se eligió al  ejecutivo estatal, ayuntamientos, legislatura local y federal y que vivió Sonora.
 
Esta disposición legal obligó al FRS -como entidad pública- a suspender la entrega de apoyos económicos indemnizatorios a la los afectados, reactivándolo pasado el proceso electoral para quedar concluido el objetivo en su primera fase durante el primer trimestre del año en curso.
 
Pero lo que quedó en el limbo, además de la construcción de  las plantas potabilizadoras, sería justamente la construcción de la Clínica llamada Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental en el Estado de Sonora (UVEAS), proyectada para iniciar su construcción el mes de febrero.
 
El pasado mes de mayo, el presidente del FRS y subsecretario de Semarnat, Rodolfo Lacy Tamayo, anunció que se recaldearizaban los trabajos de construcción del hospital en Ures y se definía el mes de octubre venidero.
 
El Motivo: “Por problemas internos de “Grupo México”, justificaría el funcionario.
 
Pareciera que la danza de los millones que ordenó interpretar Grupo México como  fideicomitente y responsable de los daños pudo más que la voluntad de garantizar un real y eficiente abasto de agua a la población afectada, incluso, que la salud misma de niños y adultos.
 
Los cañazos de billetes disparados a quien se les atravesara logró bajar la guardia entre la población y actualmente es temerosa de elevar la voz para exigir agua de calidad y la clínica de atención a las enfermedades derivadas de la toxicidad del agua y el suelo productivo.
 
DINERO POR AGUA,  TRUEQUE PERVERSO
 
Lo que a la fecha se ha erogado del fondo financiero del Fideicomiso Río Sonora se registra en su último estado financiero de la siguiente manera:
 
Apoyo a productores agropecuarios   292.9 millones de pesos (mdp); apoyo a unidades económicas (comercio) 159.7 mdp; pago a jornaleros 5,4 mdp; pago a prestadores de servicios 7,6 mdp;,  Instalación de tomas de agua, 193.2 mdp; dotación de  tinacos 203.6 mdp.
 
Le sigue  pago a pipas de agua 64.5 mdp; Rehabilitación de Pozos 91.1 mdp; Organismos de agua municipales  48.0mdp;   Diagnóstico ambiental /Estudios topo batimétricos 60.1 mdp; Salud 39.9 mdp.
 
Cabe destacar que en el rubro de “Comunicación Social” en el 2014 el Fideicomiso Río Sonora gastó 23. 9 millones de pesos, de los cuales, 4.2 millones de pesos fueron trasferidos a cuentas personales depositarias financieras de la entidad jurídica denominada “Foro Sonorense de Periodistas A.C.”.
 
Pese a que se buscó exhaustivamente el destino último de los recursos para comunicación social, o la identidad del o los que usufructuaron parte del fondo financiero del Fideicomiso Río Sonora, la información no está disponible  en los informes  públicos del instrumento fiduciario,  menos se detalla el uso y destino de tales recursos.
 
En un escueto apartado, el Fideicomiso  informa sobre la adquisición de un proyecto de estrategia de comunicación social  aunque no explica la decisión de la adjudicación directa o convocatoria previa a efecto de seleccionar las mejores propuestas y del porqué del costo tal elevado del mismo.
 
Una de las quejas de medios informativos y reporteros asignados a dar seguimiento al desarrollo de los compromisos contraídos en el clausulado del contrato del FRS fue justamente las deficiencias en la fluidez de la información pues todos los representantes de las partes Fideicomitentes con voz y voto tenían su domicilio y localización en la capital del país.
 
Al día de hoy, el FRS no ha demostrado que cuenta con una estrategia de comunicación social efectiva, pues los pobladores perjudicados con el derrame no cuentan con un canal de comunicación eficiente y directo con el Fideicomiso y ante este vacío han sido suplidos por las delegaciones federales de las secretarías de estado involucradas en las tareas de remediación, incluso, por los alcaldes.
 
De los dos mil millones de pesos se han gastado mil 200 millones en los conceptos anteriores y el resto -800 millones de pesos- ha quedado como reserva para la construcción de las 30 potabilizadoras cuyo costo estimado es de 200 millones de pesos y la clínica UVEAS de Ures, proyectada financieramente en 400 millones de pesos.
 
Sin embargo, los números difícilmente cuadran partiendo de   que la clínica de especialidades estará bajo la operación financiera del Fideicomiso Río Sonora o quien este designe hasta año 2029, o bien, hasta que se haya comprobado que no existen secuelas de daño en la salud de los afectados.
 
Es decir, partiendo de que el Costo de operación de la UVEA se estima en  2.9 millones de pesos mensuales y la inversión de su construcción será de 5.9 millones de pesos, difícilmente los 400 millones de pesos comprometidos en el Fideicomiso resultarán insuficientes si de llegar al año 2029 bajo su tutela financiera se pretende.
 
Y mire que no será cualquier clínica rural a las que nos tiene acostumbrados los gobiernos. Esta clínica contara con un recurso humano de 19 personas que serán, a saber:
 
Un Epidemiólogo, un biólogo, un psicólogo, 4 médicos generales, un  dermatólogo, 4 enfermeros, un trabajador social, un abogado, un  informático y 4 administrativos, en tanto que los recursos materiales constarán del edificio y dos camionetas para transporte de personal y dos pick up de monitoreo, además de todo el mobiliario y equipo que requiera.  Sus servicios no tendrán costo para la población del Río Sonora.
 
Sin embargo, esto permanece solo en la lista de buenos deseos del Fideicomiso y sus responsables porque a la fecha todo indica que por parte del consorcio minero no existe la voluntad de cumplir cabalmente con un contrato de carácter público que establece sanciones civiles y penales a quien lo incumpla.
 
No por ocio, la opinión de algunos habitantes y conocedores del tema, habla de que la intención del gobierno federal de exigir al Grupo México la recapitalización del fondo resarcitorio del daño en la cuenca, el acuífero y las aguas superficiales de los ríos afectados por el derrame. Quizá sea esa la razón por la que el poderoso Grupo México haya sustituido el equipo negociador original por un despacho legal aquí en México e incluso en la Unión Americana, donde también enfrenta demandas por contaminación. 
 
Conservadoramente se podría calcular, y a eso se aboca a impedir Germán Larrea con su equipo legal, que en el caso del derrame de tóxicos sobre los ríos de Sonora, el nuevo fondo para el Fideicomiso podría alcanzar otros dos mil millones de pesos, a efecto de garantizar la construcción adecuada y segura de la UVEAS en Ures y el desarrollo de un mega proyecto hidráulico que garantice el abasto de agua para el consumo humano, uso agropecuario y acuícola de los siete municipios que contempla la región afectada.
 
ALGO PESTILENTE EMANA EN CONSTRUCCIÓN DE LA UVEAS
 
La UVEAS está proyectada como una clínica médica y de investigación, única en su tipo en el noroeste del país que brindará atención especializada pacientes con secuelas de toxicidad en sus cuerpos derivado de la ingesta de metales y elementos nocivos disueltos en el agua provocado por el derrame al lecho de los ríos Sonora y Bacanuchi por la minera Buena Vista del Cobre, subsidiaria del Grupo México.
 
El gobierno del Estado, que comanda Claudia Pavlovich Arellano, al carecer de atribuciones en la toma de decisiones para los trabajos de remediación ecológica y ambiental, así como para la reactivación de las actividades productivas de cara a las secuelas de la contingencia del 2014 prácticamente está contra la pared.
 
La autoridad local  prácticamente se ha convertido en el muro de contención de las inconformidades ciudadanas de la región ribereña, pero también en su muro de lamentaciones, así como todo oído, solo eso, de las exigencias de los alcaldes de los siete municipios afectados.
 
Las autoridades  que ya no hayan a quien acudir implorando por el agua potable de calidad para sus gobernados.
 
Los pobladores del Río Sonora sienten que han sido dejados en el abandono por parte del  Gobierno Federal y que han sido burlados por el poderoso Grupo México. Pero el problema, al parecer, es la negativa del GM de cumplir cabalmente su compromiso.
 
Algunos habitantes se han organizado en un movimiento ciudadano con sede en el municipio de Ures y que dirige don Apolonio Fimbres Bartolini, un líder natural de la región y afectado en sus actividades por la contaminación toxica.
 
Apolonio desde siempre se dedica a la elaboración de carne machaca y  dulces de frutas de estación que cosechaba en su huerto. Los últimos dos años le ha ido como en feria, pero no se ha quedado cruzado de brazos.
 
El grupo, bajo el liderazgo del don Apolonio ha alzado la voz para exigir la cabal atención a los compromisos plasmados en el contrato fiduciario por las partes.
 
Esto es, que exigen al consorcio responsable de la tragedia ambiental y al Gobierno federal que dejen de jugar con los habitantes del Río Sonora y les hablen claro y de frente.
 
Al no obtener respuestas por la vía institucional el grupo ciudadano optaron por hacer las cosas por iniciativa propia y recientemente realizaron una manifestación de protesta y evitaron que continuaran los trabajos de construcción de la clínica UVEAS en Ures.
 
Esto,  por las irregularidades  encontradas en su fase inicial, según asegura Apolonio Fimbres Bertolini.
 
Es que la edificación de la UVEAS es irregular porque su ubicación quedaría  a escasa distancia de la laguna de oxidación que opera el ayuntamiento local, fue el válido argumento del movimiento civil y que, según se ha sabido, la medida del grupo fue bien vista en palacio de gobierno por la certeza de su razón de ser.
 
Nadie en la región urense se explica quién o quienes permitieron que quedara proyectada la construcción de la UVEAS de una manera por demás expuesta a la contaminación de las aguas negras provenientes del alcantarillado de la ciudad.
 
Alguna hipótesis popular sostiene que el comité técnico del Fideicomiso Río Sonora dejó en manos del Grupo México la elección del terreno donde quedaría la UVEAS; el consorcio pudo haber pactado con la autoridad municipal o con un particular la selección y adquisición del  terrenos mediando alguna oscura negociación a espaldas del clausulado del Fideicomiso.
 
Por eso, de pronto, toman sentido las declaraciones del Presidente del Fideicomiso y subsecretario de SEMARNAT, Rodolfo Lacy Tamayo el pasado 16 de mayo, cuando reconoció “que por problemas internos del Grupo México” se decidió suspender la construcción del hospital en Ures
 
Lo cierto es que en estos dos años ha sido más la inacción de Grupo México y donde ha actuado, ha tomado decisiones muy temerarias y sin consultar a la población o, al menos, escuchar opiniones de grupos ambientalistas locales e investigadores independientes.
 
Por ejemplo, sin mediar explicación el equipo técnico de Grupo México ha decidido paralizar los trabajos de apertura de 11 nuevos pozos abastecedores de agua potable para la región. Temerariamente los “técnicos” han optado por hacer uso de los pozos cancelados por el riesgo de contaminación para extraer agua que registraban y solventar así la crisis por la demanda social.
 
Este tipo de acciones tomadas a espaldas del colectivo mantiene en la incertidumbre a la población y en un ambiente de impotencia a las autoridades locales que son los que dan la cara a sus gobernados. Pero carecen de una explicación convincente para ofrecer a sus representados, menos una solución pronta a sus demandas.
 
Ello está generando, a la par del grave problema de suministro de agua para las familias de los municipios de Aconchi, Arizpe, Baviacora. Huepac, San Felipe de Jesús y Ures y sus comunidades rurales, un conflicto político-social entre población, autoridades locales y las estatales, pues al carecer de poder decisorio sobre el fideicomiso solo les queda el papel de espectadores.
 
A eso hay que agregar que el problema de abasto de agua a la población se ha agravado  con las altas temperaturas que registra todo el estado por estos días lo cual envuelve al gobierno federal en un ropaje de insensibilidad social para con esta productiva región de Sonora y su gente. De Grupo México no es de extrañar su actitud arrogante.
 
GRUPO MÉXICO Y SU INOCULTABLE SOBERBIA
 
En consecuencia del alejamiento de Grupo México, los pobladores del Río Sonora lamentan que no se haya continuado con la construcción de 30 plantas potabilizadoras en los siete municipios que comprende la región afectada en sus aguas y suelos por la contaminación provocada por la minera de Cananea, Buena Vista del Cobre en agosto de 2014.
 
Solo en la comunidad ejidal de Bacanuchi, municipio de Arizpe operaba la única planta potabilizadora construída hasta la fecha por el fideicomiso pero inoperante hasta el dúa de hoy, según ha revelado el jefe de esa municipalidad, Mario Alberto Castro Acosta porque empezó a registrar problemas en el sistema de bombeo ocasionado por el escaso volumen de agua extraído. Para otros la planta no funciona porque el proveedor retiró el transformador que la abastece de energía eléctrica al no ser cubierto por Grupo México el costo del equipo.
 
Por si eso no bastara, el programa de cancelación de pozos contaminados y la reapertura de nuevas fuentes abastecedores del vital líquido ha resultado un total fracaso al no cumplir con las expectativas de extracción de agua esperadas y la reapertura de al menos cinco fuentes de las clausuradas a la vera del rio no garantiza un agua de calidad para toda la población. Por el contrario, son in peligro emimente  para la salid de los pobladores que lo corren por no haber otra alternativa: o toman de esa agua o se mueren de sed.
 
Por desgracia, ni el llamado de la representación local del gobierno federal, ni el clamor ciudadano  ha logrado que el poderoso Grupo México, responsable del derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi en agosto de 2014, reactiven la construcción de las 30 plantas potabilizadoras comprometidas para abastecer de agua potable y limpia a los más de 27 mil habitantes afectados y echar a andar la actividad económica de la región.
 
Desde el mes de enero de este año, el delegado en Sonora de la Secretaria de Gobernación del gobierno de la república, Wenceslao Cota Montoya lanzó la primera señal de alerta por la desesperación de muchas  familias afectadas por continuar con las carencias de agua potable y otras que registraban afectaciones en su salud por la presencia de tóxicos en su sangre, específicamente erupciones cutáneas, afecciones oculares y de la vías respiratorias.
 
De los dos mil millones de pesos aportados  por Grupo México para resarcir daños a la salud, sociales,  económicos, ambientales y ecológicos por el derrame toxico, el Fideicomiso Río Sonora ha dispuesto a la fecha casi del total de esos recursos y sin embargo, según se desprende del último informe financiero difundido por el garante, los daños en la salud de al menos 500 habitantes  siguen latentes y los compromisos sobre la calidad del agua para consumo humano y uso agropecuario no se han cumplido a cabalidad y la posibilidad de contar con un hospital regional para atender a las victimas está cada vez más lejos de la realidad…y de la legalidad.
 
 
(DOSSIER POLITICO/ FERNANDO GUTIÉRREZ R. / 2016-06-12)

EN EL CASO DE YECENIA ARMENTA, ESTÁN TODOS “LIMPIOS”

Rinden declaración presuntos asesinos de Alfredo Cuén Ojeda, su esposa la señora Yecenia Armenta, el joven Luis Enrique Hernández Maldonado y el señor Silvano Araujo que son autores intelectuales de dicho homicidio.

La Procuraduría General de Justicia del Estado quiso resolver el homicidio del ex director de deportes de la UAS, Jesús Alfredo Cuén Ojeda, con tortura.

La fiscalía cometió irregularidades en la investigación y en la integración de la averiguación previa que van desde detención arbitraria y malos tratos hasta tortura.

El director de la Policía Ministerial, Jesús Antonio Aguilar Iñiguez; el coordinador de la Unidad Modelo de Investigación Policial, Carlos Francisco Rodríguez Ponce; los agentes Julio César Acosta Pérez y Carlos Alberto Yañez Bernal; el Ministerio Público, José Manuel Carvajal; y los peritos Martín Borboa, Roberto Machado e Israel Sánchez, son los involucrados en las violaciones en el proceso.

La esposa de Cuén Ojeda, Yecenia Armenta Graciano, fue acusada de autora intelectual del homicidio y estuvo presa casi cuatro años, desde el 10 de julio de 2012 hasta el pasado martes 10, cuando fue puesta en libertad.

En ese tiempo, la defensa de Yecenia buscó un amparo que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y organismos defensores de derechos humanos como Amnistía Internacional iniciaron una campaña de defensa para exigir su liberación, debido a que había sido torturada.

En reiteradas ocasiones, el Gobernador Mario López Valdez; y el Procurador General de Justicia del Estado, Marco Antonio Higuera Gómez, defendieron la investigación y sostuvieron que había pruebas sólidas para acusarla.

Según Higuera Gómez, Yecenia pagó 85 mil pesos a sicarios de la célula los Mazatlecos para que asesinaran a su esposo y así ella cobrar los seguros de vida.

La única prueba “sólida” que tenía la fiscalía en su contra era la confesión y ésta se desvaneció pues fue obtenida mediante tortura.

Convertido en uno de los casos más mediáticos del gobierno de Malova, el martes en la mañana se vino abajo cuando el Juez Quinto de Primera Instancia dictó sentencia absolutoria.

Al filo de las 14:45 horas de ese día, Yecenia abandonó el penal de esta ciudad.

De acuerdo con las razones jurídicas expuestas por el Juez para dictar la sentencia, el Ministerio Público no pudo demostrar de manera plena la responsabilidad penal de la acusada.

“Los elementos de prueba ofrecidos, en su mayoría, fueron obtenidos con violación de los derechos fundamentales de la imputada, por lo que no resultan válidos, ni idóneos para establecer, más allá de toda duda razonable, su autoría en el delito de homicidio agravado por relación familiar”, señala el documento.

Como principal elemento de cargo el Ministerio Público presentó la declaración de la acusada rendida durante la integración de la averiguación previa, pero fue obtenida mediante tortura.

Desde febrero de 2013, en una recomendación la Comisión Estatal de Derechos Humanos señaló que la acusada había sido torturada y habían violado sus derechos, sin embargo la PGJE rechazó los señalamientos.

En octubre del mismo año, expertos Independientes en Medicina Forense del Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura practicaron el Protocolo de Estambul a Yecenia y también confirmaron que había sido torturada.

Meses después, en enero de 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en la que reiteró los actos de tortura y pidió a la fiscalía estatal iniciar una averiguación previa contra los responsables.

El mismo mes, el Juez Tercero de Distrito concedió un amparo a Yecenia y confirmó también que había sido torturada y señaló a los responsables de las violaciones al debido proceso.

La PGJE apeló la resolución y promovió la revisión del amparo en el Tribunal Colegiado en Materia Penal, pero los magistrados decidieron enviarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde todavía no se resuelve.

La fiscalía estatal apelará la sentencia absolutoria que dictó el Juez Quinto, e insiste en que existen pruebas legales que confirman la responsabilidad de Yecenia, y son las mismas pruebas que el Juez de Distrito y el Juez de Primera Instancia consideraron obtenidas a través de la violación a los derechos humanos de la acusada.

Como autores materiales del crimen, están detenidos Luis Enrique Maldonado y Miguel Ángel Estrada López.

El tercer implicado, Silvano Araujo Medina, fue asesinado en una supuesta riña en el penal de esta ciudad, en junio de 2014.

12 HORAS DE TORTURA

Yecenia Armenta fue detenida la mañana del 10 de julio de 2012 cuando junto con su hermana se dirigía al aeropuerto de la ciudad.

En una entrevista con peritos médicos, narró que la vendaron y esposaron para luego golpearla mientras le gritaban “¡Tú lo mandaste matar! ¿Verdad? Hija de la chingada, y todo por unos seguros de vida, hija de la chingada”.

Además la amenazaban con cortarle la cabeza y la lengua, y con violarla y “hacer pedacitos a sus hijos”, si no aceptaba su culpabilidad.

“Me preguntaron si sabía por qué aparecen muchas viejas encobijadas y me enrollaron en la cobija, y luego una persona me sujeta de los pies y otra se sienta sobre mí y me empieza a golpear y de repente me hacía preguntas personales.

“Luego me pusieron un trapo en la cara y me echaban mucha agua, yo sentía que la tragaba y me salía por todos lados; me preguntaban cosas de mi familia, de mis hermanos, que dónde trabajaban, no sé cuánto tiempo estuve ahí yo sentía que pasó mucho tiempo, me dolía mucho la mano yo no sé si perdía el conocimiento y me despertaban a golpes; siempre me tuvieron amenazada con cortarme la cabeza”.

Yecenia describió que también fue desnudada, violada y colgada de los tobillos de los pies mientras los agentes le tentaban el cuerpo.

Después más de 12 horas, le devolvieron la ropa para que se vistiera y la sacaron de ese lugar para trasladarla a una oficina, para obligarla a firmar unos documentos y posteriormente la trasladaron a las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado donde intentó ahorcarse con la cuerda del pants, pero se rompió.

Las lesiones de la tortura fueron omitidas por médicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Policía Ministerial del Estado en los dos dictámenes que realizaron el día de la detención, en los que concluyeron que no tenía lesiones.

Sin embargo, en octubre de 2013 expertos Independientes en Medicina Forense del Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura practicaron el Protocolo de Estambul a Yecenia y se demostró lo contrario.

Los peritos determinaron que tenía secuelas y lesiones físicas claramente compatibles y con los métodos de tortura y malos tratos que le infligieron el día de su arresto.

Los supuestos responsables de torturar a Yecenia Armenta Graciano, sigue en sus puestos, incluso a uno de ellos lo premiaron.

Los ocho señalados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Juez Tercero de Distrito, están bajo investigación desde febrero de 2015 y a la fecha la PGJE no ha resulto ejercitar o desechar el ejercicio de la acción penal.

Los involucrados son el director de la Policía Ministerial, Jesús Antonio Aguilar Iñiguez; el coordinador de la Unidad Modelo de Investigación Policial, Carlos Francisco Rodríguez Ponce; los agentes Julio César Acosta Pérez y Carlos Alberto Yañez Bernal.

Además son presuntos responsables el Agente del Ministerio Público, José Manuel Carvajal Gómez; y los peritos Martín Borboa González, Roberto Machado Verdugo e Israel Sánchez.

El Juez Tercero pidió investigarlos debido a que ellos formaron parte de la cadena de custodia y línea de mando durante la detención de Yecenia.

Después del señalamiento del Juez, Aguilar Iñiguez aseguró que todos tenían las manos limpias.

“Que nos investiguen, si hay necesidad de hacer eso se tiene que hacer, no hay ningún problema, la conciencia y las manos limpias de todas esas personas que se les acusa de eso estoy seguro yo”, dijo en una entrevista.

El Ministerio Público, José Manuel Carvajal Gómez, fue premiado como Agente del Ministerio Público del Año 2013 y recibió una compensación de 30 mil pesos.

Para esa fecha la CEDH ya había señalado las violaciones de derechos humanos cometidas en la investigación y en la averiguación previa contra Yecenia, de la que Carvajal Gómez fue el responsable de integrar.


(RIODOCE/ ALEJANDRO MONJARDÍN/12 JUNIO, 2016)

UNA ELECCIÓN HISTÓRICA Y VIOLENTA


Casi al final del proceso electoral 2016, puede decirse que fue histórico por muchas razones, empezando por los procesos internos. El PRI regresó al tapadismo en el sentido más clásico; el CEN del PAN escogió la víspera de las campañas para hacer añicos al Comité Directivo Estatal, y un partido nuevo, el PAS, se perfiló desde un principio como la segunda fuerza política.

No lo es todo. Como nunca, el proceso se vio manchado por el terror, con acciones que pretendieron inducir el voto a favor de algunos candidatos y/o inhibir el voto por otros. Ocurrió en mayor medida en Culiacán, pero también en Guasave, Mocorito, Mazatlán, Ahome, Cosalá… Nunca, en una elección, la capital del estado se había quedado sin transporte público el día en que la gente debía salir a votar.

También es histórica porque se registró un abstencionismo sin precedentes, hasta donde se tiene registro, que ronda el 55 por ciento de la lista nominal. De hecho, de las 12 entidades que el 5 de junio eligieron gobernador, Sinaloa es la que menos votantes tuvo porcentualmente en las urnas.

Salvo asuntos excepcionales, la mayoría de los resultados del record proceso son negativos, incluso por el alto costo de cada voto, pues a menor cantidad de votos emitidos, más es lo que cuestan al erario.

En Culiacán se dio una de las votaciones más bajas, con solo el 37 por ciento, ocho puntos menos que a nivel estatal. Pero si diseccionamos los números por candidato, resulta que el que se creía una superoferta y hasta le sobraba para regalar, Jesús Valdés Palazuelos, del PRI, resultó ser un fiasco, pues solo 111 mil electores le dieron su voto, quedando debajo de Sergio Torres, que obtuvo hace tres años 119 mil y era una de las más bajas de la historia para un candidato priista en Culiacán. Y no es que la elección haya estado muy competida, pues los candidatos que Jesús Valdés tuvo enfrente eran de muy bajo perfil.  El resultado para el candidato del PAN es de antología, pues Guillermo Prieto obtuvo 35 mil votos, 15 mil menos que Eduardo Ortiz hace tres años y cuando ha logrado este partido más de cien mil votos en la capital.

La violencia permeó en todo el estado, pero tuvo sus expresiones más álgidas en Culiacán, llegando a impactar en la movilidad de la ciudad. El domingo no hubo servicio de transporte público. Y aunque la mayoría de la gente vota cerca de sus casas, el clima de violencia que se generó en la víspera pudo influir para que los ciudadanos no salieran a votar.

Dependiendo de los municipios y las zonas, los grupos armados hicieron su trabajo de guerra sucia. En Cosalá se tuvo conocimiento de comandos que recorrieron los pueblos de la sierra para conminar a la gente a votar por los candidatos del Partido Sinaloense. En Guasave, el candidato del PRD a la alcaldía, Manuel Cerna, recibió la noche del 4 de junio la visita de diez hombres armados que llegaron a dos camionetas. Estaban en casa su esposa y sus hijos. Le dijeron que ni se les ocurriera ir a votar. Una señora de junto, que había sido registrada como representante de casilla, vio los hechos y al día siguiente muy temprano se fue de su casa. En Sinaloa municipio, comandos estuvieron atemorizando a operadores del PAN para que no hicieran su trabajo. En esos dos municipios predominan las fuerzas del Chapo Isidro y fue evidente que pretendían favorecer al PRI.

Fueron públicos y criminales los ataques a las sedes de varios partidos y candidatos en Culiacán, Ahome y Mazatlán, éste último municipio, donde un operador del PRI fue levantado en la recta final de la campaña. En Mocorito operadores del PRI y del PAS sufrieron también el acoso de comandos que los amenazaban para inmovilizarlos.

En Culiacán, los ataques a unidades del servicio de transporte urbano estuvieron orientados a destruir propaganda de Quirino Ordaz Coppel, a causar destrozos para sembrar el miedo y, en muchos de los casos, a llamar a votar por Héctor Melesio Cuen Ojeda, abanderado del Partido Sinaloense. Hasta donde Ríodoce tiene registro, estos hechos fueron ordenados por células del cártel de Sinaloa ligadas a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.

BOLA Y CADENA

PERO JUNTO CON EL CLIMA DE TERROR que grupos criminales pretendieron imponer en algunos municipios, hay que destacar la nula acción del Gobierno, que se inmovilizó ante los hechos, por complicidad o por miedo que, para el caso, es lo mismo. Los operativos para resguardar el orden en los comicios fueron un fracaso y si las cosas no llegaron más lejos es porque aquellos que ordenaros tales acciones no quisieron. La sociedad estuvo durante esos días en manos criminales y el gobierno simplemente lució pintado. Todavía hasta la fecha la procuraduría de justicia no ha dado ninguna información sobre casi ninguno de estos hechos a pesar de que en la mayoría se presentaron denuncias.

SENTIDO CONTRARIO

AQUELLA CENA EN CASA DE QUIRINO ORDAZ fue el parteaguas de la campaña, que hacía agua por todos lados. A partir de ahí se le alinearon los astros a un hombre que se había metido de última hora a la justa interna por la candidatura y que no lograba integrar a la fuerzas del PRI que todavía se lamían las heridas. Tuvo menos de 400 mil votos —apenas el 18 por ciento de los registrados en el padrón— y con eso tiene que gobernar. Cuesta arriba, con una sociedad harta frente a sus gobiernos, su primer gran reto será integrar un gabinete que le dé, de entrada, cierta credibilidad. Dice que buscará gente honesta y vamos a ver de dónde la saca.
HUMO NEGRO

A NIVEL NACIONAL EL GRAN GANADOR de los comicios fue el PAN, que se llevó —en algunos casos en coalición con el PRD— siete gubernaturas, hecho que lo posiciona como uno de los partidos más fuertes para la competencia presidencial de 2018. Emerge una figura nueva, Ricardo Anaya, líder nacional del albiazul y se esfuma otra, Manlio Fabio Beltrones, que, por su culpa o no, carga con la gran derrota del PRI.


(RIODOCE/ ISMAEL BOJÓRQUEZ/ 12 JUNIO, 2016)