Opera equipo legal la cancelación del
fideicomiso
Buscaría el emporio de la Familia Larrea
Mota Velazco ´echarse para atrás´ a
través de la extinción del Fideicomiso Río Sonora. Por lo pronto, en una
actitud de soberbia se niega a reparar la potabilizadora de Bacanuchi
inoperante al día de hoy, y construir la 29 potabilizadoras más y el hospital
en Ures porque "ya no hay dinero".
Hermosillo, Son.- La
Instalación de 30 plantas potabilizadoras para dotar de agua de calidad a los
habitantes del Río Sonora y la construcción
de la clínica en Ures para atención a afectados por el derrame del 2014,
son los dos grandes compromisos incumplidos por el Grupo México como parte del
programa de remediación del daño causado
por lo que se ha considerado el desastre ambiental y ecológico más grande en la
historia del país, como fue la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora,
por el derrame de sulfato de cobre acidulado y otros tóxicos emanados de la
mina Buenavista del Cobre, subsidiaria del segundo consorcio minero más grande
del mundo, propiedad de Germán Larrea Mota-Velazco y familia.
Grupo México ha dicho que el
fondo financiero que aportó al fideicomiso resarcitorio de daños por dos mil
millones de pesos ha quedado agotado y pretende desentenderse de los daños que
aún persisten, tanto en la salud humana como en calidad de agua y reactivación
de pozos de abastecimiento.
Los problemas que trajo consigo la
irresponsabilidad de la empresa minera al contaminar dos y sus cuencas que dan
vida a toda una región productiva de Sonora, no solo son irreversibles en no
pocos casos, sino que en otros, se han
potencializado los efectos perniciosos para el medio ambiente, la
ecología y la salud de los más de 27 mil habitantes que continúan en latente
riesgo de toxicidad.
Mientras el pulpo empresarial
sustituye el equipo negociador inicial por un grupo de abogados que estaría
siendo encabezado por Daniel Muñiz y Jorge Lazalde, pretende dar carpetazo
legal al asunto y dejar en el abandono a la población que dañó por su ambiciosa
irresponsabilidad, nuevos y muy alarmantes casos de problemas de salud de niños
y adultos aparecen por la región; más aún, reportes de investigadores
independientes alertan de altos índices de toxicidad en la sangre de al menos
500 personas analizadas ex profeso, cuyos resultados arrojaron la presencia en
la sangre de altas concentraciones de arsénico, aluminio, cadmio y otros
elementos letales.
Daniel Muñiz Quintanilla es
un joven abogado que según las fuentes consultadas por Dossier Político se ha venido
ganando la confianza de Germán Larrea, gracias a sus habilidades como abogado y
director de administración y finanzas, puesto que todavía ocupa en el equipo
directivo de GM que aparece en la página web
(http://grupomexico.com/equipo-directivo/funcionarios-principales) del
consorcio minero.
Por su parte, Jorge Lazalde,
vicepresidente y asesor general de Asarco
empresa que Grupo México adquirió originalmente en 1999, en lo que fue
entonces una de las mayores inversiones mexicanas en el extranjero.
Sin embargo, el corporativo
mexicano perdió el control de la minera estadunidense al caer ésta en
bancarrota en 2005 a consecuencia de una larga huelga y una serie de fallos
adversos que la sentenciaron a pagar cientos de millones de dólares por
violaciones ambientales.
Asarco, que tiene su base en
Tucson, Arizona, figura como la tercera principal productora de cobre en
Estados Unidos al refinar al año más de 200 mil toneladas de este mineral.
La compañía posee tres minas
en Arizona y una fundidora en Texas.
LOS RIESGOS DE LA CONTAMINACIÓN
Los científicos
independientes han revelado que, de no atenderse con prontitud la contaminación
de la sangre de una parte de la población ribereña, se corre el riesgo de que
los tóxicos afecten órganos vitales como ojos, páncreas, hígado y riñones,
entre otros, cuyas consecuencias serían funestas.
A la aparición de nuevas
complicaciones en la salud de los habitantes del Río Sonora de lo que Grupo
México está obligado moral y legalmente a resarcir y paliar, se le suma el
estancamiento de la vida económica de los siete municipios afectados
por el derrame.-
Por más esfuerzos que se han
hecho desde los gobiernos, es hora de que la región del Río Sonora no logra
despuntar en sus actividades productivas agroalimentarias, pecuarias,
acuícolas, del comercio y la prestación de servicios.
No en vano el hartazgo ha
hecho mella en el ánimo de la gente, particularmente cuando caen en cuenta que
sus problemas aparecieron con el derrame y no desaparecen gracias al desgano y
desprecio por la dignidad de los ribereños de quien fue el responsable de
provocarlos: El poderoso Grupo México.
Los problemas de salud,
económicos, medio ambientales y ecológicos que arropan a la noble gente
ribereña, no solo están lejos de su cabal solución, sino que tienden a
potencializarse, generando un riesgoso
caldo de cultivo para la desestabilización de la paz social y la
tranquilidad de los ribereños.
Como ha sucedido en otras
latitudes del país, la inacción de los gobiernos y la soberbia de los emporios
trasnacionales ante conflictos que inciden sobre las masas sociales le dan
pronto el rostro del hartazgo social que nada bueno podría acarrear para la
minera de Cananea, su dueño, el Grupo México y los gobiernos locales y federal.
Mientras todos los riesgos
subyacen y maduran, Grupo México pretende dar por extinguido el Fideicomiso
Público que, hoy por hoy, constituye el único documento legal que lo
compromete a reparar todos los daños -en
todas sus modalidades- que generó su irresponsabilidad del manejo de residuos
tóxicos de sus minas y jales.
Aun cuando Germán Larrea ha
enviado toda su jauría legal a atacar y echar abajo la continuidad del
Fideicomiso y defender su extinción, tendrá poco margen de posibilidades de que
una sentencia en juicio de amparo le otorgue la razón, aunque si ganaría tiempo
para emprender alguna campaña o estrategia para, finalmente, evadir su
responsabilidad de pago ante daños causados.
El Contrato que da vigencia
al Fideicomiso Río Sonora establece que el mismo podrá extinguirse solo cuando
no exista ningún daño sin resarcir y ninguna persona presente secuelas de
afectaciones en su salud juicios al ambiente o a la salud de los habitantes
afectados la presencia de los Especialistas Técnicos en la región, costo de
remediación y atención medica continuará bajo responsabilidad financiera del
Fideicomiso.
El documento fiduciario
aclara que si los equipos técnico y financiero que integran el Fideicomiso Río
Sonora estiman necesario continuara su operación ´por el tiempo que se estime
prudente y las empresas fideicomitentes están obligadas a re fondear el monto
del Fideicomiso.
LARREA MOTA VELAZCO PRETENDE ´ECHARSE PARA ATRÁS´
Como ha sido ampliamente
documentado en este medio, a casi dos años del desastre ambiental más grande
registrado en México por el derrame de
tóxicos de la minera de Cananea a los ríos Sonora y Bacanuchi, los habitantes
de esta región ven que las secuelas en la salud de niños y adultos producto de
la exposición o ingesta de contaminantes en suelo y agua de la zona afectada va
en aumento antes que desaparecer.
Otro sentimiento de
frustración embarga a las familias ribereñas al ver que por primera vez en la
historia sus municipios y comunidades registran una alta deficiencia en los
servicios de distribución de agua potable de calidad, para consumo humano, actividades
agropecuarias y acuícolas,
Desde un año atrás, Grupo
México, (GM), garante del Fideicomiso Rio Sonora (FRS), fondeado con dos mil
millones de pesos para resarcir los daños totales, paulatinamente se ha ido
desentendiendo de los compromisos más sentidos para la población afectada y
pactada en el contrato fiduciario.
A la fecha, el Fideicomiso
instituido ha canalizado alrededor mil 200 millones de pesos, para la
perforación de 11 pozos, rehabilitación de otros cinco y la sustitución de otras fuentes de abasto
hídrico, en indemnización monetaria a productores agropecuarios, comerciantes y
prestadores de servicios, instalación de tinacos y en labores de remediación
ecológica, ambiental, monitoreo permanentes y medios de comunicación.
No obstante que se gastaron
94 millones de pesos en la perforación de
nuevos pozos para sustituir el abasto de los que resultaron contaminados
y garantizar el abasto a la población, estos recursos fueron gastados en vano.
Y es que las nuevas fuentes
de abastecimiento han resultado todo un fiasco y al menos cinco han agotado su
gasto de agua y otro tanto presentó averías irreparables en su sistema de
bombero derivado del escaso gasto del vital líquido que se obtiene.
Es decir, que desde hace unos
días, el comité de técnicos del fideicomiso ha iniciado de cero para garantizar
el abasto de agua a la población, recurriendo incluso, a la reconexión de los
pozos cancelados. No dan con bola con los pozos nuevos y no ven el momento para iniciar con la construcción de las 30 plantas
potabilizadoras comprometidas para los siete municipios de la región afectada.
Suena lógico. Al no obtener
los resultados esperados en los volúmenes de extracción de los nuevos pozos
perforados, incluso arrastrados o quemado el sistema de bombeo en otros, no hay vital líquido susceptible de
potabilizar y, por lo tanto, de esta necesidad humana se genera un círculo
vicioso que Grupo México hoy busca evadir, presionando al mismo gobierno
federal.
Como lo confirmo Dossier días
atrás, únicamente en la comunidad de Bacanuchi, municipio de Arizpe, se ha
logrado construir una de las 30 planta
potabilizadoras de agua.
Nadie sabe cuándo estarán en
operación las restantes 29 “plantas robustas”, como les llamaría el
subsecretario de SEMARNAT y presidente del FRS, Rodolfo Lacy Tamayo.
La modorra de Grupo México
como fideicomitente y responsable del
atentados ambiental, no es de ahora, sino de mediados del año pasado, cuando el
Fideicomiso Público tuvo que apegarse a la llamada veda electoral que norma la
legislación mexicana de cara al anterior proceso electoral donde se eligió
al ejecutivo estatal, ayuntamientos,
legislatura local y federal y que vivió Sonora.
Esta disposición legal obligó
al FRS -como entidad pública- a suspender la entrega de apoyos económicos
indemnizatorios a la los afectados, reactivándolo pasado el proceso electoral
para quedar concluido el objetivo en su primera fase durante el primer trimestre
del año en curso.
Pero lo que quedó en el
limbo, además de la construcción de las
plantas potabilizadoras, sería justamente la construcción de la Clínica llamada
Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental en el Estado de Sonora (UVEAS),
proyectada para iniciar su construcción el mes de febrero.
El pasado mes de mayo, el
presidente del FRS y subsecretario de Semarnat, Rodolfo Lacy Tamayo, anunció
que se recaldearizaban los trabajos de construcción del hospital en Ures y se
definía el mes de octubre venidero.
El Motivo: “Por problemas
internos de “Grupo México”, justificaría el funcionario.
Pareciera que la danza de los
millones que ordenó interpretar Grupo México como fideicomitente y responsable de los daños
pudo más que la voluntad de garantizar un real y eficiente abasto de agua a la
población afectada, incluso, que la salud misma de niños y adultos.
Los cañazos de billetes
disparados a quien se les atravesara logró bajar la guardia entre la población
y actualmente es temerosa de elevar la voz para exigir agua de calidad y la
clínica de atención a las enfermedades derivadas de la toxicidad del agua y el
suelo productivo.
DINERO POR AGUA,
TRUEQUE PERVERSO
Lo que a la fecha se ha
erogado del fondo financiero del Fideicomiso Río Sonora se registra en su
último estado financiero de la siguiente manera:
Apoyo a productores
agropecuarios 292.9 millones de pesos
(mdp); apoyo a unidades económicas (comercio) 159.7 mdp; pago a jornaleros 5,4
mdp; pago a prestadores de servicios 7,6 mdp;,
Instalación de tomas de agua, 193.2 mdp; dotación de tinacos 203.6 mdp.
Le sigue pago a pipas de agua 64.5 mdp; Rehabilitación
de Pozos 91.1 mdp; Organismos de agua municipales 48.0mdp;
Diagnóstico ambiental /Estudios topo batimétricos 60.1 mdp; Salud 39.9
mdp.
Cabe destacar que en el rubro
de “Comunicación Social” en el 2014 el Fideicomiso Río Sonora gastó 23. 9
millones de pesos, de los cuales, 4.2 millones de pesos fueron trasferidos a
cuentas personales depositarias financieras de la entidad jurídica denominada
“Foro Sonorense de Periodistas A.C.”.
Pese a que se buscó
exhaustivamente el destino último de los recursos para comunicación social, o
la identidad del o los que usufructuaron parte del fondo financiero del
Fideicomiso Río Sonora, la información no está disponible en los informes públicos del instrumento fiduciario, menos se detalla el uso y destino de tales
recursos.
En un escueto apartado, el
Fideicomiso informa sobre la adquisición
de un proyecto de estrategia de comunicación social aunque no explica la decisión de la
adjudicación directa o convocatoria previa a efecto de seleccionar las mejores
propuestas y del porqué del costo tal elevado del mismo.
Una de las quejas de medios
informativos y reporteros asignados a dar seguimiento al desarrollo de los
compromisos contraídos en el clausulado del contrato del FRS fue justamente las
deficiencias en la fluidez de la información pues todos los representantes de
las partes Fideicomitentes con voz y voto tenían su domicilio y localización en
la capital del país.
Al día de hoy, el FRS no ha
demostrado que cuenta con una estrategia de comunicación social efectiva, pues
los pobladores perjudicados con el derrame no cuentan con un canal de
comunicación eficiente y directo con el Fideicomiso y ante este vacío han sido
suplidos por las delegaciones federales de las secretarías de estado
involucradas en las tareas de remediación, incluso, por los alcaldes.
De los dos mil millones de
pesos se han gastado mil 200 millones en los conceptos anteriores y el resto
-800 millones de pesos- ha quedado como reserva para la construcción de las 30
potabilizadoras cuyo costo estimado es de 200 millones de pesos y la clínica
UVEAS de Ures, proyectada financieramente en 400 millones de pesos.
Sin embargo, los números
difícilmente cuadran partiendo de que
la clínica de especialidades estará bajo la operación financiera del
Fideicomiso Río Sonora o quien este designe hasta año 2029, o bien, hasta que
se haya comprobado que no existen secuelas de daño en la salud de los
afectados.
Es decir, partiendo de que el
Costo de operación de la UVEA se estima en
2.9 millones de pesos mensuales y la inversión de su construcción será de
5.9 millones de pesos, difícilmente los 400 millones de pesos comprometidos en
el Fideicomiso resultarán insuficientes si de llegar al año 2029 bajo su tutela
financiera se pretende.
Y mire que no será cualquier
clínica rural a las que nos tiene acostumbrados los gobiernos. Esta clínica
contara con un recurso humano de 19 personas que serán, a saber:
Un Epidemiólogo, un biólogo,
un psicólogo, 4 médicos generales, un
dermatólogo, 4 enfermeros, un trabajador social, un abogado, un informático y 4 administrativos, en tanto que
los recursos materiales constarán del edificio y dos camionetas para transporte
de personal y dos pick up de monitoreo, además de todo el mobiliario y equipo
que requiera. Sus servicios no tendrán
costo para la población del Río Sonora.
Sin embargo, esto permanece
solo en la lista de buenos deseos del Fideicomiso y sus responsables porque a
la fecha todo indica que por parte del consorcio minero no existe la voluntad
de cumplir cabalmente con un contrato de carácter público que establece
sanciones civiles y penales a quien lo incumpla.
No por ocio, la opinión de
algunos habitantes y conocedores del tema, habla de que la intención del
gobierno federal de exigir al Grupo México la recapitalización del fondo
resarcitorio del daño en la cuenca, el acuífero y las aguas superficiales de
los ríos afectados por el derrame. Quizá sea esa la razón por la que el
poderoso Grupo México haya sustituido el equipo negociador original por un
despacho legal aquí en México e incluso en la Unión Americana, donde también
enfrenta demandas por contaminación.
Conservadoramente se podría
calcular, y a eso se aboca a impedir Germán Larrea con su equipo legal, que en
el caso del derrame de tóxicos sobre los ríos de Sonora, el nuevo fondo para el
Fideicomiso podría alcanzar otros dos mil millones de pesos, a efecto de
garantizar la construcción adecuada y segura de la UVEAS en Ures y el
desarrollo de un mega proyecto hidráulico que garantice el abasto de agua para
el consumo humano, uso agropecuario y acuícola de los siete municipios que
contempla la región afectada.
ALGO PESTILENTE EMANA EN CONSTRUCCIÓN DE LA UVEAS
La UVEAS está proyectada como
una clínica médica y de investigación, única en su tipo en el noroeste del país
que brindará atención especializada pacientes con secuelas de toxicidad en sus
cuerpos derivado de la ingesta de metales y elementos nocivos disueltos en el
agua provocado por el derrame al lecho de los ríos Sonora y Bacanuchi por la
minera Buena Vista del Cobre, subsidiaria del Grupo México.
El gobierno del Estado, que
comanda Claudia Pavlovich Arellano, al carecer de atribuciones en la toma de
decisiones para los trabajos de remediación ecológica y ambiental, así como
para la reactivación de las actividades productivas de cara a las secuelas de
la contingencia del 2014 prácticamente está contra la pared.
La autoridad local prácticamente se ha convertido en el muro de
contención de las inconformidades ciudadanas de la región ribereña, pero
también en su muro de lamentaciones, así como todo oído, solo eso, de las
exigencias de los alcaldes de los siete municipios afectados.
Las autoridades que ya no hayan a quien acudir implorando por
el agua potable de calidad para sus gobernados.
Los pobladores del Río Sonora
sienten que han sido dejados en el abandono por parte del Gobierno Federal y que han sido burlados por
el poderoso Grupo México. Pero el problema, al parecer, es la negativa del GM
de cumplir cabalmente su compromiso.
Algunos habitantes se han
organizado en un movimiento ciudadano con sede en el municipio de Ures y que
dirige don Apolonio Fimbres Bartolini, un líder natural de la región y afectado
en sus actividades por la contaminación toxica.
Apolonio desde siempre se
dedica a la elaboración de carne machaca y
dulces de frutas de estación que cosechaba en su huerto. Los últimos dos
años le ha ido como en feria, pero no se ha quedado cruzado de brazos.
El grupo, bajo el liderazgo
del don Apolonio ha alzado la voz para exigir la cabal atención a los
compromisos plasmados en el contrato fiduciario por las partes.
Esto es, que exigen al
consorcio responsable de la tragedia ambiental y al Gobierno federal que dejen
de jugar con los habitantes del Río Sonora y les hablen claro y de frente.
Al no obtener respuestas por
la vía institucional el grupo ciudadano optaron por hacer las cosas por
iniciativa propia y recientemente realizaron una manifestación de protesta y
evitaron que continuaran los trabajos de construcción de la clínica UVEAS en
Ures.
Esto, por las irregularidades encontradas en su fase inicial, según asegura
Apolonio Fimbres Bertolini.
Es que la edificación de la
UVEAS es irregular porque su ubicación quedaría
a escasa distancia de la laguna de oxidación que opera el ayuntamiento
local, fue el válido argumento del movimiento civil y que, según se ha sabido,
la medida del grupo fue bien vista en palacio de gobierno por la certeza de su
razón de ser.
Nadie en la región urense se
explica quién o quienes permitieron que quedara proyectada la construcción de
la UVEAS de una manera por demás expuesta a la contaminación de las aguas
negras provenientes del alcantarillado de la ciudad.
Alguna hipótesis popular
sostiene que el comité técnico del Fideicomiso Río Sonora dejó en manos del
Grupo México la elección del terreno donde quedaría la UVEAS; el consorcio pudo
haber pactado con la autoridad municipal o con un particular la selección y
adquisición del terrenos mediando alguna
oscura negociación a espaldas del clausulado del Fideicomiso.
Por eso, de pronto, toman
sentido las declaraciones del Presidente del Fideicomiso y subsecretario de
SEMARNAT, Rodolfo Lacy Tamayo el pasado 16 de mayo, cuando reconoció “que por
problemas internos del Grupo México” se decidió suspender la construcción del
hospital en Ures
Lo cierto es que en estos dos
años ha sido más la inacción de Grupo México y donde ha actuado, ha tomado
decisiones muy temerarias y sin consultar a la población o, al menos, escuchar
opiniones de grupos ambientalistas locales e investigadores independientes.
Por ejemplo, sin mediar
explicación el equipo técnico de Grupo México ha decidido paralizar los
trabajos de apertura de 11 nuevos pozos abastecedores de agua potable para la
región. Temerariamente los “técnicos” han optado por hacer uso de los pozos
cancelados por el riesgo de contaminación para extraer agua que registraban y
solventar así la crisis por la demanda social.
Este tipo de acciones tomadas
a espaldas del colectivo mantiene en la incertidumbre a la población y en un
ambiente de impotencia a las autoridades locales que son los que dan la cara a
sus gobernados. Pero carecen de una explicación convincente para ofrecer a sus
representados, menos una solución pronta a sus demandas.
Ello está generando, a la par
del grave problema de suministro de agua para las familias de los municipios de
Aconchi, Arizpe, Baviacora. Huepac, San Felipe de Jesús y Ures y sus
comunidades rurales, un conflicto político-social entre población, autoridades
locales y las estatales, pues al carecer de poder decisorio sobre el
fideicomiso solo les queda el papel de espectadores.
A eso hay que agregar que el
problema de abasto de agua a la población se ha agravado con las altas temperaturas que registra todo
el estado por estos días lo cual envuelve al gobierno federal en un ropaje de
insensibilidad social para con esta productiva región de Sonora y su gente. De
Grupo México no es de extrañar su actitud arrogante.
GRUPO MÉXICO Y SU INOCULTABLE SOBERBIA
En consecuencia del
alejamiento de Grupo México, los pobladores del Río Sonora lamentan que no se
haya continuado con la construcción de 30 plantas potabilizadoras en los siete
municipios que comprende la región afectada en sus aguas y suelos por la contaminación
provocada por la minera de Cananea, Buena Vista del Cobre en agosto de 2014.
Solo en la comunidad ejidal
de Bacanuchi, municipio de Arizpe operaba la única planta potabilizadora
construída hasta la fecha por el fideicomiso pero inoperante hasta el dúa de
hoy, según ha revelado el jefe de esa municipalidad, Mario Alberto Castro
Acosta porque empezó a registrar problemas en el sistema de bombeo ocasionado
por el escaso volumen de agua extraído. Para otros la planta no funciona porque
el proveedor retiró el transformador que la abastece de energía eléctrica al no
ser cubierto por Grupo México el costo del equipo.
Por si eso no bastara, el
programa de cancelación de pozos contaminados y la reapertura de nuevas fuentes
abastecedores del vital líquido ha resultado un total fracaso al no cumplir con
las expectativas de extracción de agua esperadas y la reapertura de al menos
cinco fuentes de las clausuradas a la vera del rio no garantiza un agua de
calidad para toda la población. Por el contrario, son in peligro emimente para la salid de los pobladores que lo corren
por no haber otra alternativa: o toman de esa agua o se mueren de sed.
Por desgracia, ni el llamado
de la representación local del gobierno federal, ni el clamor ciudadano ha logrado que el poderoso Grupo México,
responsable del derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi en agosto de
2014, reactiven la construcción de las 30 plantas potabilizadoras comprometidas
para abastecer de agua potable y limpia a los más de 27 mil habitantes afectados
y echar a andar la actividad económica de la región.
Desde el mes de enero de este
año, el delegado en Sonora de la Secretaria de Gobernación del gobierno de la
república, Wenceslao Cota Montoya lanzó la primera señal de alerta por la
desesperación de muchas familias
afectadas por continuar con las carencias de agua potable y otras que
registraban afectaciones en su salud por la presencia de tóxicos en su sangre,
específicamente erupciones cutáneas, afecciones oculares y de la vías
respiratorias.
De los dos mil millones de
pesos aportados por Grupo México para
resarcir daños a la salud, sociales,
económicos, ambientales y ecológicos por el derrame toxico, el
Fideicomiso Río Sonora ha dispuesto a la fecha casi del total de esos recursos
y sin embargo, según se desprende del último informe financiero difundido por
el garante, los daños en la salud de al menos 500 habitantes siguen latentes y los compromisos sobre la
calidad del agua para consumo humano y uso agropecuario no se han cumplido a
cabalidad y la posibilidad de contar con un hospital regional para atender a
las victimas está cada vez más lejos de la realidad…y de la legalidad.
(DOSSIER POLITICO/ FERNANDO GUTIÉRREZ R.
/ 2016-06-12)
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