martes, 31 de mayo de 2016

VUELCA TUFESA EN PUENTE DE SAN CARLOS; HAY PERSONAS MUERTAS Y HERIDAS


Un camión de pasajeros de la línea Tufesa volcó esta madrugada en el puente de San Carlos dejando personas muertas y más de 20 heridas; en este momento Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil siguen rescatando heridos.

El accidente ocurrió a las 4:04 horas de este martes cuando el conductor de la unidad 341 que venía procedente de Phoenix con destino a Los Mochis, al parecer se quedó dormido.

El conductor de la unidad se hizo cargo del camión en Nogales, Sonora y entregaría el turno a su compañero en Ciudad Obregón.

Al lugar llegaron los cuerpos de rescate quienes hasta este momento han rescatado a ocho personas que se encontraban prensadas y las han trasladado a los distintos hospitales de la ciudad.

Según datos proporcionados por Cruz Roja Mexicana delegación Guaymas, hay entre 3 y 5 personas muertas y se busca a una menor de dos años que se encuentra en calidad de desaparecida.

Sin embargo, Seguridad Pública maneja el dato de que solo una persona falleció en el accidente.

El titular de Protección Civil, René Puig Arvizu, aseguró que aún no se conoce con exactitud el número de personas fallecidas ya que siguen rescatando personas prensadas y buscando a la menor de dos años que según una pasajera venía con ella.

Hasta el momento solo se ha confirmado que en la unidad viajaba una mujer originaria de Guaymas, María del Pilar Hernández, vecina de la colonia El Rastro, quien fue trasladada a un hospital por las heridas que sufrió.

(EL PORTAL DE LA NOTICIA/ ÁGUEDA BAROJAS/ 31 MAYO 2016)

DEJA CAMIONAZO TRES PERSONAS MUERTAS Y MÁS DE 18 PERSONAS LESIONADOS

Luego de cinco horas de intenso trabajo para rescatar a las personas muertas y lesionadas en el camionazo de esta madrugada, las autoridades policiacas de Guaymas confirmaron que tres personas fallecieron en el accidente y 18 resultaron lesionadas.

José Antero Castillo Altamirano, encargado de Despacho de la dirección de Seguridad Pública, dijo que al concluir el rescate de los cuerpos y las personas heridas, encontraron a tres personas muertas, dos mujeres y un hombre, de los cuales se desconoce su identidad.

El jefe policiaco dijo que ocho personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital General de Guaymas, ocho al Isssteson y dos más al IMSS, entre ellos el chofer del camión Francisco Aramburo Caro de 39 años de edad, originario del Estado de Sinaloa.

Sobre la desaparición de una menor de dos años que supuestamente viajaba en la unidad, dijo que una de las pasajeras por el shock que sufrió tras el accidente, preguntaba por su hija, pero una vez que se recuperó quedó claro que no viajaba su hija con ella.

Nombres de pasajeros y destino:



(EL PORTAL DE LA NOTICIA/ AGUEDA BAROJAS/31 MAYO 2016)

SIGUEN SIN IDENTIFICAR A FALLECIDOS EN EL CAMIONAZO DE TUFESA


La Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) sigue sin identificar a las personas fallecidas en el accidente ocurrido esta mañana cuando un camión de la línea TUFESA volcó en el km 132, justo en el puente de San Carlos, Nuevo Guaymas.

El chofer fue identificado como Miguel Francisco Arámbula Caro, de 39 años, originario de Ciudad Obregón, quien resultó lesionado y trasladado al IMSS.

Fallecieron tres personas, no identificadas: Una del sexo femenino de aproximadamente 33 años, cabello rubio, tez blanco y complexión regular.

También otra mujer de complexión robusta, tez blanca, de alrededor de 35 años, así como un hombre de aproximadamente 40 años, tez blanca y robusto.

Resultaron con heridas Tomás Ortega Cota, de 73 años, originario de Ciudad Obregón, Julia Gamboa Angulo, de 72, de Badiraguato, Sinaloa.

María del Pilar Hernández Félix, de 45 años, originaria de Nacozari, quien resultó con lesiones graves, Cruz Aída Castro Monreal, de 47 de Guasave, Sinaloa, estable.

Así como Ana Alicia López Carrasco, de 60 años, originaria de Benito Juárez, Mónica Lucía Gastélum Aguilar, de 19, de Álamos, e Hilda Patricia Pérez Herrera, de 36, de Navojoa.

Además de Petra Aguilar Rodríguez, de 43 años, de Álamos, Enriqueta Pérez Abeldaño, de 70, de Culiacán, Sinaloa, Francisco Javier Ochoa Torres, de 39, de Cananea.

Con heridas graves quedó Teodora Arce Armenta, de 88 años, de Badiraguato, Sinaloa, Gustavo Emanuel Cano Palafox, de 20 de Guaymas, con lesiones leves.

Rachel Kennedy Wicka, de 64 años, originaria de San Luis Missouri, con heridas graves, Manuel Arenas Barrera, de 81, de Pilares Nacozari, lesiones no graves.

Carmen Alicia Escalante Velázquez, de 59 años, de Higuera, Sinaloa, Tommy Keen, de 68 años, de Tucson, Arizona, policontundido, Ricardo Lara Chaparro, de 53, de Guasave, Sinaloa, lesiones leves.

Además de Gustavo Gerardo Reyes González, de 23 años, originario Ciudad Obregón, y Mariana Valenzuela Tapia, de 50, de Chihuahuas, con heridas leves.

Se hicieron cargo de los hechos personal de Seguridad Pública Municipal de Guaymas y personal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Fuente: PEI


(EL PORTAL DE LA NOTICIA/ AGUEDA BAROJAS/ 01 JUNIO 2016)

MÉXICO Y EU SE REPARTIRÍAN BIENES DEL “CHAPO”





CIUDAD DE MÉXICO, 17MAYO2016.- La extradición de Joaquín Guzmán Loera "EL Chapo" es un proceso que aun está siendo revisado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y dictaminará en los próximos 20 días. Sin embargo, la portada de un diario confirma la salida del Chapo del país.

Acuerdo firmado entre ambos países en 2001 posibilita compartir activos de cualquier delincuente si hubo participación o colaboración en el decomiso. Aunque no se ha localizado la fortuna de Joaquín Guzmán Loera, se tienen asegurados unos 27 inmuebles, 51 vehículos y más de 10 aeronaves.

Mientras algunos especialistas en derecho internacional estiman que la probabilidad de que los Estados Unidos de América se haga de parte de los bienes o fortuna del presunto narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, depende de los acuerdos a que éste último llegue con ese gobierno, existe un documento olvidado que posibilita el compartimiento de bienes decomisados entre México y la Unión Americana.

Claro que si el hombre reclamado por la justicia extranjera pacta, declarándose culpable y decide voluntariamente señalar y entregar activos a sus juzgadores, la situación sería más sencilla; sin embargo, no son muchos los bienes asegurados al líder del Cártel de Sinaloa, y la mayoría están registrados a nombre de terceros, quienes ya reclaman su devolución en territorio nacional.

También podría Guzmán Loera dar una lucha jurídica contra la extradición y buscar permanecer más tiempo en México, con la esperanza de ganar el amparo o fugarse de nueva cuenta, pero tarde que temprano tendrá que comparecer ante las Cortes de Distrito que lo reclaman al otro lado de la frontera.

os Estados Unidos de América seguirán presionando para que en México se localicen todas las propiedades de este capo y otros lugartenientes del grupo criminal del Pacífico, pues hasta hoy, no existen indicios de la fortuna que la revista Forbes estimó al “Chapo” en mil millones de dólares, y que le mantuvo por cuatro años consecutivos en la lista de los multimillonarios mundiales.

Y es que ese documento olvidado, que nadie cita cuando se señala que al gobierno norteamericano le interesa el dinero de los narcotraficantes mexicanos, existe. Ahí está, vigente desde hace 15 años.

Se trata de un acuerdo firmado entre México y la Unión Americana para compartir bienes incautados materia de delitos.  

UN CHEQUE EN BLANCO

El 4 de septiembre de 2001, durante la reunión del Grupo de Asuntos Legales y Narcotráfico, en el marco de la XVIII Reunión de la Comisión Binacional México-EUA, los procuradores generales de ambas naciones firmaron el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el de los Estados Unidos de América, en materia de Compartimiento de Bienes Decomisados en Procedimientos Penales. Se acordó que los bienes a compartir pueden ser activos de cualquier tipo: corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles.

Pero sólo tratándose de bienes que hayan sido decomisados conforme a una resolución final e inapelable de un tribunal u otra autoridad competente.


Rafael Macedo de la Concha 

También se pueden compartir aquellos bienes declarados como abandonados por el Servicio de Administración de Bienes Asegurados (SAE), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que cuenten con ratificación de la autoridad judicial.

El Artículo IV punto 1 del acuerdo detalla que “las Partes podrán compartir dichos bienes o el producto de su venta, en parte o en total”, cuando se haya prestado asistencia en investigaciones, procedimientos o acciones que hayan dado como resultado el decomiso.

Las partes pueden hacer notar el grado de cooperación y participación, determinando el gobierno que haya sido asistido, discrecionalmente, el monto que se compartirá en reconocimiento de la contribución del otro gobierno.

Así, los bienes que fuesen compartidos por los Estados Unidos de América serán transferidos a la Procuraduría General de la República  (PGR) o al SAE (SHCP), y los bienes compartidos por México serán transferidos al Departamento de Justicia o al Departamento del Tesoro del gobierno norteamericano.

El acuerdo bilateral entró en vigor el mismo día que ambas partes lo suscribieron en Washington y podrá darse por terminado el día que cualquiera de las partes lo desee, surtiendo efectos seis meses después de notificarlo a su homóloga.

Hasta hoy no se ha hecho pública su aplicación en algún caso en específico en las diversas detenciones de narcotraficantes y aseguramiento de sus propiedades en operativos que cuentan con la colaboración de ambos países.

Lo único que se ha hecho patente es la presencia de agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) durante algunas de las más recientes capturas de personajes del crimen organizado en México.

  FORTUNA FRAGMENTADA

La inmensa riqueza de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera no aparece por ningún lado.

El capo y su parentela vivían con lujos, pero no se cuentan los mil millones de dólares. Ni siquiera de pesos.

Y eso que en sus dos recapturas, la de hace dos años en Mazatlán y la de hace cuatro meses y medio en Los Mochis, en Sinaloa, han sido asegurados unos 27 inmuebles, 51 vehículos y más de 10 aeronaves.

Si se toma en cuenta que el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, reconoció el 22 de febrero de 2014 que los Estados Unidos de América colaboraron para recapturar en aquella fecha al “Chapo” Guzmán, estamos ante el escenario que habla este acuerdo de compartimiento de activos.

Obvio, cuando los bienes sean decomisados en definitiva.

El ex fiscal de la nación lo declaró ese día:

“Esta coordinación fue entre todas las agencias mexicanas de seguridad. Tuvo también colaboración, de la información que se nos dio, de los movimientos que en el territorio norteamericano se daban y con una colaboración muy plena, también, con algunas agencias de Estados Unidos, fue a plenitud lograda en la mejor fuerza posible (sic)”.

Además del poderoso arsenal asegurado, consistente en 97 armas de fuego largas y 36 cortas, dos lanzagranadas y un lanzacohetes, se enlistaron en los bienes incautados: 43 vehículos, 19 de ellos blindados, 16 casas y cuatro ranchos.

Las viviendas incluían aquellas siete que estaban interconectadas a través de túneles al drenaje de la ciudad de Culiacán, por donde Guzmán se escabulló de la milicia en esos primeros días de 2014.

Luego, con motivo de la fuga del sinaloense del penal de máxima seguridad del Altiplano (de la que no tiene culpa el gobierno estadounidense) el 11 de julio de 2015 y las posteriores investigaciones, la PGR, en voz de su titular, Arely Gómez, informó en octubre siguiente del aseguramiento de 11 avionetas, siete inmuebles y ocho vehículos, en los Estados de México, Puebla y Sinaloa.

Al ser recapturado el evadido el 8 de enero de 2016, tras una balacera en la ciudad de Los Mochis y donde volvió a recorrer el alcantarillado, al confirmar la noticia, el gobierno mexicano ya no dijo que contó con la asistencia de agencias de seguridad de los Estados Unidos de América, sino que buscó un discurso triunfalista en favor de las instituciones federales del país.  

PRESTANOMBRES

 De los vehículos y residencias asegurados en Culiacán los días previos y posteriores a la recaptura del “Chapo” Guzmán, aquel 22 de febrero de 2014, los presuntos dueños a nombre de quienes se encuentran los activos ya han ejercido su derecho de pelear jurídicamente su devolución a través de los tribunales, obteniendo en algunos casos resoluciones favorables.


Jannet Reno 

Arely Adriana Quintero Luna, ganó un amparo el martes 24 de mayo de 2016 en el Juzgado Segundo de Distrito de Sinaloa, para que el director general del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa levante la inscripción del aseguramiento que pesa sobre el inmueble ubicado en Calle Esteban Baca Calderón número 1958, Colonia Díaz Ordaz, propiedad de la quejosa.

La misma mujer reclama la orden dada el 18 de mayo de 2015 por el Ministerio Público Federal, al mismo director de Catastro para cambiar el titular de la clave catastral del inmueble ubicado en Constituyente Enrique Colunga número 1825, Colonia Libertad, una de las casas con túneles al drenaje de Culiacán, según la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/189/2014. Por su parte, Venancio Higuera Rocha obtuvo el amparo del mismo juez para que la autoridad ministerial deje sin efecto el aseguramiento de un automotor Mercedes Benz, línea G63 AMG biturbo, modelo 2013, color designo platinum magno, uno de los 43 vehículos afectos a la indagatoria PGR/SEIDO/UEITA/029/2014.

La resolución fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal en Mazatlán.


Alma Delia López Arredondo es propietaria de otro ostentoso vehículo Mercedes Benz SL 63 AMG con valor de 2 millones 639 mil pesos, el cual reclama -en tercer intento- en un juicio de amparo interpuesto ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Culiacán.

Otros de los inmuebles asegurados en 2014 fueron facilitados por autoridades federales a guarderías, grupos de rehabilitación de alcohólicos o adictos a las drogas, o simplemente lucen abandonados.

Algunos se ubican en Calle Constituyente Emiliano García número 1811, colonia Libertad; Calle Río Humaya número 130, Colonia Guadalupe; Calle Puerto de Veracruz número 1647, Colonia Vallado Nuevo; Calle Javier Mina número 1126, Fraccionamiento Los Pinos; y Calle Cerro de las Siete Gotas número 642, Colonia Antonio Rosales y/o Colinas de Sanmiguel; todas en Culiacán, Sinaloa.

Otros bienes asegurados, pero entre 2015 y 2016, se localizan en el municipio de Almoloya de Juárez, en Puebla; además en Navolato y Culiacán, Sinaloa.

Casas, camionetas, motocicletas, cuatrimotos, avionetas, pista de aterrizaje y teléfonos celulares, relacionados con la investigación de la fuga del Altiplano.      

Revisan primera recaptura del “Chapo” A casi seis meses de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer de un recurso de revisión interpuesto por el presunto narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, el asunto apenas regresó al Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Estado de Sinaloa.

Se trata de la revisión del juicio de amparo que fue denegado por el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito al líder del Cártel de Sinaloa por los delitos federales relacionados con su primera recaptura, ocurrida el 22 de febrero de 2014 en la ciudad de Mazatlán.

El 27 de marzo de 2015, la magistrada María de Lourdes Villagómez Guillón negó el amparo a “El Chapo” Guzmán en contra de la confirmación del auto de formal prisión que le fue dictado por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y posesión de cartuchos para arma de fuego, también de uso reservado para las Fuerzas Armadas.

El 10 de agosto próximo pasado, el magistrado Alfredo López Cruz, quien elaboraba el proyecto de sentencia del amparo en revisión y sus compañeros del Tribunal Colegiado Penal, solicitaron formalmente a la SCJN ejercer la facultad de atracción.

Aunque inicialmente aceptaron el asunto a trámite, los ministros del máximo órgano de justicia del país determinaron a finales de octubre de 2015 que el recurso debe ser resuelto por los colegiados.

Luego de una larga espera, el martes 24 de mayo de 2016, el Tribunal Colegiado en Materia Penal con residencia en el puerto de Mazatlán anunció en sus acuerdos:

“Se tiene por devuelto el amparo en revisión 213/2015 y la resolución por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ciudad de México, en la cual se determinó no ejercer la facultad de atracción”.

Por el momento se desconoce si el expediente regresará a la ponencia del magistrado Alfredo López Cruz, o será turnado de nueva cuenta para que se dicte el fallo correspondiente.

Redacción ZETA


(SEMANARIO ZETA/ FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM / INVESTIGACIONES ZETA LUNES, 30 MAYO, 2016 12:00 PM)

ARMAS DE ‘RÁPIDO Y FURIOSO’, PRESENTES EN MATANZAS OCURRIDAS EN MÉXICO: REPORTE


Documentos hechos públicos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y reproducidos por el diario Usa Today, revelan que las armas del fallido operativo “Rápido y Furioso” estuvieron presentes en matanzas ocurridas en en los estados de Sonora, Chihuahua, Estado de México y la Ciudad de México, entre otros.

Una de estas armas, un fusil 7.62 mm, fue recuperado en Tlatlaya, Estado de México, donde el 30 de junio de 2014 fueron presuntamente ejecutados 22 civiles a manos de elementos del Ejército.

El 22 de mayo de 2015 se recuperaron otros dos fusiles 7.62 mm, luego de un tiroteo en el Rancho El Sol, en Michoacán, donde murieron 42 presuntos integrantes de un cártel y un elemento de la Policía Federal (PF).

Otra de estas matanzas ocurrió en enero de este año, cuando se encontró que un rifle calibre .50, de entre las 19 armas recuperadas en un escondite del presunto narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, en los Mochis, Sinaloa, es una de las 2 mil armas del programa “Rápido y Furioso”, programa iniciado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, consultados por Fox News, de las armas vendidas mediante este programa 34 eran rifles de calibre .50 capaces de derribar hasta un helicóptero.

Las mismas fuentes comentaron que no están seguros de cómo llegó el rifle a la casa de Guzmán Loera o en dónde fue comprado, pero, dijeron, ya están investigando el caso y si otras de las armas incautadas son parte del programa.

Tras el operativo realizado por la Secretaria de la Mariana (Semar) en la casa donde se escondía Guzmán Loera, fueron decomisadas ocho armas.

Posteriormente, los agentes de la ATF comprobaron los números de serie del armamento utilizado por el capo sinaloense, sólo para darse cuenta que uno de los dos rifles de alto poder llegó a través de esta operación.

Durante el operativo que se realizó de 2009 a 2011, al menos 2 mil 500 armas fueron introducidas de manera ilegal al país, dice el informe, que también señala que el armamento fue utilizado en al menos 69 asesinatos cometidos en México en los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, la Ciudad de México y otros nueve estados del país.

Los documentos muestran que de las 94 armas de fuego que formaron parte del operativo y que pudieron ser recuperadas por las autoridades, 20 fueron identificadas como “implicadas” en hechos violentos.

La operación “Rápido y Furioso”, fue iniciada por la ATF en el año 2009, para vender armas a presuntas bandas de criminales y dejarlas pasar hacia la frontera mexicana con el objetivo de poderlas rastrear y darles seguimiento, esperando identificar a los responsables del tráfico, sin embargo, cientos de estas armas fueron robadas y cayeron en manos de integrantes de cárteles de la droga.

De acuerdo con los documentos obtenidos a través de una petición hecha el 17 de marzo a la ATF a través del llamado Sistema Libre de Acceso a la Información (FOIA, por sus siglas en inglés) por parte del sitio estadounidense Judicial Watch, estas armas estuvieron involucradas en al menos cinco matanzas en territorio mexicano.

OTRAS MATANZAS CON ARMAS DE “RÁPIDO Y FURIOSO”

El 7 de agosto del año pasado, un fusil de 7.62 mm se encontraba entre las cinco armas de fuego recuperadas en Parral, Chihuahua, de un vehículo robado abandonado en el que se encontraron tres acribillados.

El 29 de enero de 2013, un fusil de 7.62 mm fue incautada en Hostotipaquillo, Jalisco, tras relacionársele con el asesinato del jefe de la Policía Municipal, Luis Lucio Astorga y su escolta.

El pasado 27 de julio, el director de Seguridad Pública del municipio de Valle de Zaragoza, Chihuahua, Juan Carlos Delgado Zúñiga, de 48 años, así como dos de sus agentes, Gerardo García Gutiérrez, de 32 años y Fernando Osorio Ventura, de 37, fueron asesinados por sujetos fuertemente armados, quienes abrieron fuego en contra de los policías cuando realizaban patrullajes en el exterior de un gimnasio donde se realizaba un baile.

De acuerdo con el diario Usa Today, durante ese enfrentamiento en Valle de Zaragoza se utilizó un rifle WASR-10 comprado seis años atrás en Estados Unidos.

El medio cita un informe del Departamento de Justicia que fue entregado a dos legisladores republicanos, presidentes de comités del Congreso de Estados Unidos.

El periódico estadounidense dio a conocer en marzo pasado una carta, en la que el Procurador General Adjunto, Peter Zadzik, informa sobre el asunto a los presidentes del Comité de Justicia del Senado, Charles Grassley, y al de Supervisión y Reforma del Gobierno, Jason Chaffetz.

“La ATF y el Departamento [de Justicia] lamentamos profundamente que las armas de fuego asociadas con la ‘Operación Rápido y Furioso’ hayan sido utilizadas por los delincuentes en la comisión de crímenes violentos, en particular los crímenes que resultan en la muerte de civiles y agentes encargados de hacer cumplir la Ley”, dice el documento.

“La ATF acepta toda la responsabilidad por la ejecución fallida de ‘Rápido y furioso’, y seguirá apoyando a la Policía mexicana en los esfuerzos para recuperar e identificar las armas relacionadas”, agrega la misiva.

La carta del Departamento de Justicia detalla además, según lo publicado por Usa Today, que 885 armas compradas por los objetivos de la operación de ATF han sido recuperadas.

De ese número, 415 fueron localizadas en Estados Unidos y 470 “parecen haber sido recuperadas en México”.

Más de 70 mil armas recuperadas de las escenas de los crímenes cometidos en México entre 2009 y 2014 podrían provenir de los Estados Unidos, de acuerdo con un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO por sus siglas en inglés) publicado en enero.

La cifra representa el 70 por ciento de todas las armas usadas en crímenes y que fueron recuperadas y rastreadas en México durante ese período.

El reporte refiere que las armas de fuego que adquieren las organizaciones criminales en los Estados Unidos se transportan principalmente por tierra hacia México utilizando las mismas rutas y métodos empleados en el contrabando de dinero en efectivo y de drogas.

“Las organizaciones de tráfico de armas de fuego obtienen con frecuencia armas de fuego de los vendedores privados sin licencia en los mercados secundarios, sobre todo en las ferias de armas y mercados de pulgas o por medio de anuncios o publicaciones en Internet”, dice el informe gubernamental.


(SEMANARIO ZETA/ REDACCION/ Martes, 31 mayo, 2016 11:10 AM)

TIJUANA DUPLICA ASESINATOS DE CD. JUÁREZ Y ES SEGUNDO A NIVEL NACIONAL


El municipio de Acapulco, Guerrero, encabezó una lista de 62 municipios en “situación de emergencia” por sus índices de asesinatos, que fueron tomados en cuenta por el informe ‘Mapas de la violencia en México: muertes por homicidio en 2011 y 2015’, elaborado por el director del Colegio de la Frontera Norte, Tonatiuh Guillén López.

Por su parte, Tijuana, Baja California, que en años previos había registrado una mejora, en 2015 apareció como el segundo más violento con 612 asesinatos, duplicando incluso el doble de homicidios que Ciudad Juárez, Chihuahua.

En 2011 era el séptimo con 418 homicidios registrados ese año. Otro caso es el de La Paz, en Baja California Sur, que en 2011 no figuraba en estas estadísticas, mientras que, en 2015, con 112 asesinatos, se ubicó en una “zona de alta tensión”, en la posición 22 de los más violentos de todo el país.

Por otra parte, la capital guerrerense, Chilpancingo, quedó con 212 asesinatos, en sexto lugar del listado 2015.

Sin embargo, es Acapulco el que se sitúa a la cabeza con 902 asesinatos en 2015, cuando en el 2011 se encontraba en el segundo lugar, por debajo de Ciudad Juárez.

Sin embargo, en ese año, en el puerto se registraron 1008 homicidios, 106 más que los contabilizados de manera oficial el año pasado.

En el año 2011 aparecían 69 municipios, de casi todos los estados del país, identificados en los Mapas de la violencia, pues contaban con más de 50 homicidios registrados.

En 2015 fueron 62, y figuran también casi todos los estados del país, incluyendo cinco delegaciones de la Ciudad de México y 13 municipios del Estado de México.

Ecatepec fue el año pasado el cuarto municipio más violento del país, con 355 asesinatos contabilizados. Mientras la delegación Iztapalapa se posicionó en el octavo lugar a nivel nacional con 181 homicidios.

En el décimo lugar se encuentra Nezahualcóyotl con 172 asesinatos, mientras la delegación Gustavo A. Madero es el número 13, con 146.

El mapeo de la violencia en México identifica a los municipios guerrerenses, incluyendo a Iguala, como la “región punta de las cifras del horror” en todo el país, “por lo que el crimen contra los estudiantes de Ayotzinapa puede interpretarse como cruel continuidad de la extrema barbarie que ya padecía la región”, dice el documento, que también alerta de “la estrecha relación existente entre los homicidios dolosos y las zonas de producción o tráfico de drogas prohibidas”.

“La violencia es uno de los mayores desafíos sociales del México contemporáneo y su expresión más cruda es el homicidio doloso. Particularmente desde el año 2007, sus estadísticas dibujan una tragedia nacional de enormes dimensiones que no cede a pesar de determinadas mejoras. Al cierre del año 2015, las cifras persisten en describir una situación de emergencia, especialmente en algunas regiones del país”, se detalla el documento.

En los mapas, elaborados con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación (Segob), se ubican a los municipios con el mayor número de homicidios en esos años, con más de 50 contabilizados de manera oficial en 2011 y 2015.

El informe tiene el objetivo de “destacar a las situaciones más críticas” en el país.

Sin embargo, destaca que “no hay duda de que en los últimos cinco años pueden observarse cambios en diferentes direcciones”, como es el caso de Ciudad Juárez, municipio que en 2011 se ubicaba como el más violento del país, con mil 460 homicidios; mientras que en 2015 se convirtió en el quinto, con 269 asesinatos.

Aunque esta ciudad fronteriza ha reducido sensiblemente el número de homicidios dolosos, su escenario sigue ubicado en la línea de lo grave”, precisa el documento.

Lo anterior, considera, “obliga a repensar la posición del Estado ante las drogas y los escenarios de violencia. Hasta ahora, no hay evidencia de que el combate frontal, físico, haya reducido la producción o el tráfico de drogas, como tampoco ha impedido los altos niveles de violencia y los homicidios. La experiencia transcurrida desde el año 2007 es más que suficiente demostración”.

“Ante este panorama de violencia continua, las recientes propuestas gubernamentales que revaloran las estrategias preventivas y la iniciativa legislativa sobre la mariguana medicinal y su consumo personal, pueden ser primeros pasos para disociar la problemática de las drogas de las impresionantes cifras de muerte por homicidio de los últimos años.

Una vez más, la conclusión es que resulta imprescindible y urgente avanzar por caminos alternativos”, finaliza el Informe.


(SEMANARIO ZETA7 REDACCION/ Martes, 31 mayo, 2016 03:05 PM)

VINCULAN A PROCESO A POLICÍA MUNICIPAL ACUSADO DE HOMICIDIO CULPOSO


Tras la audiencia celebrada el pasado domingo 29 de mayo, fue vinculado a proceso el policía municipal Adrián “N”, acusado de homicidio culposo al impactar la patrulla que conducía contra un vehículo particular donde viajaban tres jóvenes, la madrugada del 22 de mayo.

La juez de control, Patricia Moreno Galván, luego de valorar los argumentos expuestos por la defensa y el Ministerio Público, vinculó a proceso al imputado, equivalente al auto de formal prisión en el antiguo sistema jurídico, pero que ahora bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal no implica retención sino, en este caso, solamente la medida cautelar de prohibirle salir de la ciudad, mientras se cumple el plazo de seis meses solicitado por la Fiscalía para ampliar y complementar la investigación.

A consecuencia del choque entre la patrulla Pick Up Ram y el vehículo Dodge Avenger, ocurrido en el cruce de la avenida Reforma y Westman, falleció el joven David Reyes Fuentes de 20 años de edad, y permanecen internados en el Hospital General Itzel Berenice “N” de 20 años y Juan Carlos “N” de 25.

En la audiencia que se prolongó por más de dos horas el oficial imputado aceptó que iba a exceso de velocidad, pero argumentó que llevaba las torretas encendidas.

 Declaró que en el momento del accidente se dirigía a entregar la unidad hacia la Estación Sur de Policía ubicada en el fraccionamiento Pórticos del Mar, ya que concluía su jornada laboral.

El peritaje determinó que la colisión fue provocada por circular a exceso de velocidad y  no respetar el semáforo en rojo.

Además se mostró un video de las cámaras de vigilancia del Centro de Operaciones Policíacas (COP), donde se corrobora lo anterior, y donde se muestra que el policía viajaba solo en la unidad y no con tres mujeres jóvenes como se ha mencionado.

Otro policía, quien dijo ir en otra patrulla que circulaba atrás de la del oficial implicado, dijo haber visto cuando su compañero se estrelló contra el vehículo y cómo vio que bajó solo de la unidad y no con más personas.

 Igualmente se descartó que el imputado fuera en estado de ebriedad.

La próxima audiencia será en el mes de noviembre, y al policía imputado de le impuso una fianza de 700 mil pesos, así como la reparación del daño los vehículos implicados, 177 mil 500 pesos que deberá solventar al Ayuntamiento de Ensenada, y 140 mil por el costo del vehículo del joven fallecido David Reyes, quien por cierto había comprado el carro apenas diez días atrás.  

* Madre de David desmiente a las autoridades

“Yo lo que sí quiero  es que ese desgraciado pague por lo que hizo, la pérdida total de mi hijo nada me lo va a pagar”, externó consternada después de la audiencia, María Elia Fuentes Reyes, quien persiste en denunciar que fueron borradas las evidencias del lugar de los hechos para solapar al policía municipal.

Fuentes Reyes también desmintió la versión del Gobierno Municipal quien asegura que se ayudó a la familia en todos los gastos originados por hospitalización y funeral, y reveló que ningún funcionario del Ayuntamiento se ha dignado a acercarse a las familias de las víctimas.

“No hemos recibido ninguna ayuda de nada, ni atención médica. Y no es justo que un policía con uniforme y con una patrulla, no pague lo que hizo, y con él el que esté más arriba, el que le permitió traer una patrulla. Yo quiero que se castigue a esas personas. Si las autoridades no hacen nada yo voy a tratar de ir más arriba”, remató.


(SEMANARIO ZETA/ FOTO: ARCHIVO/ ENSENADA / JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ/ LUNES, 30 MAYO, 2016 05:56 PM)

MATAN A SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PGJE EN TIJUANA


César Manuel López Salas, quien se desempeñaba como Secretario de Acuerdos asignado a Robo Vehículos de la PGJE, fue encontrado sin vida al interior de su domicilio en la colonia Independencia de la Delegación Centro, la madrugada de este martes 31 de mayo de 2016.

Fue alrededor de las 23:25 horas, cuando se reportó que en una de las habitaciones de la vivienda ubicada sobre la calle Galeana esquina con Hidalgo, se encontrada una persona muerta por ahorcamiento.

Una fuente detalló que la víctima de 35 años de edad, y quien laboraba para la PGJE desde 2006, se localizaba sobre el piso, semidesnudo con un cinto de piel de color café alrededor del cuello.

Hasta el momento no hay personas detenidas por el crimen.


(SEMANARIO ZETA/ FOTO: CORTESÍA/ MARTES, 31 MAYO, 2016 06:54 AM)

CAE PRESUNTO AUTOR INTELECTUAL DEL SECUESTRO DE ALAN PULIDO; ES ESPOSO DE SU PRIMA


La Policía Federal (PF) detuvo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a Osvaldo Velázquez García, esposo de una prima de Alan Pulido y presunto autor intelectual del secuestro del jugador del delantero para el Olympiacos F. C. de la Súper Liga de Grecia.

En conferencia de prensa, el procurador estatal, Ismael Quintanilla Acosta, aseguró que el ahora detenido se encontraba en la misma fiesta a la que acudió el ex seleccionado nacional, por lo que supuestamente alertó a los autores materiales, sobre el momento en que salía del inmueble, así como el tipo de vehículo en el que viajaba, para que después se consumara el secuestro.

El funcionario estatal dijo que la captura del sujeto se logró “gracias a labores de inteligencia de diversas dependencias locales y federales”, así como de los testimonios Daniel Hernández Morales, de 38 años de edad, quien también participó en los hechos y fue detenido el mismo domingo.

El ex jugador de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), fue privado de su libertad el sábado por la noche en la capital de Tamaulipas, de donde es originario, y en la madrugada del lunes fue presentado ante los medios, acompañado del gobernador Egidio Torre Cantú.

Tras el rescate del futbolista, de 25 años de edad, los usuarios cuestionan los supuestos motivos del rapto, la rapidez con la que fue liberado y si el hecho tiene relación con las elecciones del próximo domingo, cuando los tamaulipecos elijan a su próximo gobernador, así como 43 alcaldes y 36 diputados locales, por la vía de mayoría y plurinominal.

El Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT) informó en un comunicado que Pulido, que se encontraba vacacionando en Ciudad Victoria, fue privado de su libertad la noche del sábado 28 de mayo, tras haber salido de una fiesta.

El futbolista mexicano conducía un automóvil por la carretera Inter-ejidal del municipio victorense y era acompañado por su novia, Ileana Salas, cuando fue interceptado por un grupo de hombres armados, reveló el procurador.

El grupo de hombres armados forma parte de una célula de los Zetas, grupo que lucha contra otras organizaciones delictivas como el cártel del Golfo por el control del territorio tamaulipeco, dijo el procurador Quintanilla a Milenio Televisión este martes.

Los secuestradores dejaron en libertad a la novia de Pulido. De acuerdo con Armando Pulido, hermano mayor de Alan e integrante del club de futbol Kissamikos de Grecia, el ex seleccionado hizo una llamada el sábado por la noche desde su celular para avisar que había camionetas que lo estaban siguiendo.

Si bien al principio las autoridades locales dijeron que los secuestradores no habían tenido contacto con la familia de Pulido para exigir un rescate, el procurador Quintanilla reveló este martes que los raptores hablaron en dos ocasiones con los familiares del exseleccionado nacional para exigir un pago de seis millones de pesos por la liberación del futbolista.

“Ellos me pidieron el domingo por teléfono que les diera 6 millones de pesos por el rescate de mi hermano, y yo les dije sinceramente que no tenía esa cantidad en tan corto tiempo, les dije que era imposible, pero insistieron en que consiguiera el dinero a como diera lugar para el lunes por la mañana y si no, Alan amanecía muerto”, dijo el hermano entrevistado por Grupo Imagen.

Las autoridades de Tamaulipas detallaron que el futbolista mexicano informó a la policía el lugar donde permanecía secuestrado desde la madrugada del domingo, poco después de someter a golpes a un hombre que lo vigilaba con un arma de fuego.

El procurador Ismael Quintanilla explicó el lunes que las fuerzas de seguridad estatales y federales llegaron al lugar del cautiverio porque el delantero del Olympiacos pudo “hacer una llamada y pedir auxilio dando la ubicación” de la casa, en la colonia Ampliación Pedro Sosa, al sur de Ciudad Victoria.

Quintanilla contó que después de la medianoche del domingo el número de emergencias 066 recibió una llamada del futbolista, quien en un descuido de uno de sus captores lo despojó de su arma, lo sometió, le quitó el teléfono celular e hizo la llamada.

Pulido intentó escapar del lugar pero las puertas estaban aseguradas por lo que rompió los cristales de las ventanas y, para su fortuna, a esa hora una patrulla que recorría la zona escuchó el ruido, se acercó a la casa y lo encontró.

Enrique Galindo, comisionado general de la Policía Federal (PF), dijo que en la acción de las autoridades “no hubo violencia”, aunque el futbolista fue presentado con “una pequeña lesión” en una mano, que luego fue atribuida al golpe que propinó a su captor.

El procurador estatal dijo también que el jugador recibió apoyo médico y psicológico, y que confía en que su declaración arroje pistas para encontrar al resto de los presuntos secuestradores, algunos de los cuales ya están identificados.

Por su parte, la coordinadora Nacional Antisecuestro, Patricia Bugarín, dijo por su parte a Televisa que el operativo para rescatar a Pulido “no fue lo ideal”, pero las “circunstancias apremiaban” porque el secuestro se difundió muy rápido, lo que ponía en riesgo la seguridad del futbolista.


(SEMANARIO ZETA/ Deportez zeta/  Martes, 31 mayo, 2016 03:33 PM)

HALLAN A CUATRO PERSONAS MUERTAS EN VEHÍCULO EN TIJUANA


En un vehículo abandonado en la colonia 10 de mayo, de la Delegación Centenario, en Tijuana, fueron localizados cuatro cadáveres la mañana de este martes 31 de mayo.

De acuerdo a información proporcionada a ZETA, tres de los cuerpos se encontraban apilados en la cajuela, y uno más se localizaba en los asientos traseros de la unidad.

Trascendió que los cuatro occisos presentaban huellas por estrangulamiento.

El macabro hallazgo ocurrió alrededor de las 9:30 horas de este día, cerca del arroyo que conduce a la colonia.

Hasta el momento las víctimas no han sido identificadas.


(SEMANARIO ZETA/ REDACCION/MARTES, 31 MAYO, 2016 04:17 PM)

API EN GUERRA CON CURIEL AMAYA


Desmantelar barcos es una actividad reprobada en países asiáticos, donde laboran en condiciones precarias.

Administración Portuaria Integral declara que en Ensenada esta actividad es incompatible con el “puerto verde”; Roberto Curiel Amaya, un concesionario, asegura se trata de prácticas amigables con el medio ambiente, al tiempo que mantiene un adeudo de 31 mdp.  

La controversia por el funcionamiento de la empresa “chatarrizadora” de barcos, Infraestructura y Servicios Portuarios S.A. de C.V., ubicada a unos cuantos metros de la playa municipal de Ensenada, obedece más a intereses económicos que de equilibrio ecológico, como lo ha manifestado el director de Administración Portuaria Integral (API) Ensenada, Héctor Gonzalo Bautista Mejía.

La morralla de barcos descontinuados es una actividad nociva y condenada en países como la India, Bangladesh, Pakistán y China, donde laboran en condiciones precarias, pero en Ensenada, el representante de la compañía, Roberto Curiel Amaya, defiende al sector asegurando que se trata de prácticas amigables con el medio ambiente, al reciclar más del 90 por ciento de las piezas de un buque.

El director de API ha declarado públicamente que podría retirar la concesión a los Curiel porque la empresa deshuesadora es incompatible con los lineamientos de Puerto Verde, nombramiento que recibió el puerto de Ensenada en 2015 por supuestas prácticas ecológicas que están sólo en el discurso, al no haber un reglamento, menos aún estándares unificados entre los concesionarios.

Pero el problema va más allá porque el concesionario considera que las tarifas interpuestas por el Gobierno Federal, a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), son obsoletas y piden un nuevo avalúo.

Mientras tanto, han dejado de pagar los derechos, acumulando una deuda de poco más de 30 millones de pesos. Como resultado de una auditoría externa de Chávez, Ames y CIA, S.C., solicitada por la Secretaría de la Función Pública y entregada en marzo de 2016, se menciona que la pugna entre ambas entidades inició en 2013, incluso antes de que llegara a la ciudad el actual director, con una demanda mercantil interpuesta por API en contra de la compañía propiedad de la familia Curiel.

A ésta le siguieron tres demandas más que se encuentran en proceso.

La familia Curiel Amaya se ha caracterizado por hacer dinero a través de la explotación de productos pétreos en Baja California para su venta a compañías dedicadas a la industria de la construcción, pero desde 2003 incursionó al mundo de la morralla naval a través de una concesión frente al mar, en una privada en el Bulevar Costero.  

LAS UTILIDADES DE LA "CHATARRA"

Tienen unos 120 empleados en el recinto donde casi no hay mujeres.

La superficie de poco más 300 mil metros cuadrados colinda con la empresa Cementos Mexicanos (Cemex) y con las instalaciones de la Secretaría de Marina Armada de México, estos dos también son clientes de la chatarrera.


ZETA tuvo acceso a las instalaciones de Infraestructura y Servicios Portuarios, S.A. de C.V., las cuales tienen un robusto sistema de seguridad, tanto en tierra como por mar, al ser blanco de la delincuencia.

El área donde se trabaja es un dique seco ubicado varios metros debajo del nivel del mar, con enormes compuertas hidráulicas que detienen el agua, convirtiéndose en un patio con capacidad para dos o tres barcos.

Ahí, desguazan los buques viejos, uno o dos por año, y la zona funciona también como astillero donde se ofrecen servicios de reparación de embarcaciones.

Hay una enorme reserva de piezas que desprenden de los barcos y que ofertan a pescadores locales, Secretaría de Marina e incluso empresas de todo el mundo que están conectadas a través de un sistema por internet.

Contrario a lo que se cree de la actividad, Roberto Curiel argumenta que el reciclaje de barcos es necesario para darles una disposición final, y hay que estar bajo una certificación y adherido a convenios internacionales para poder realizar la actividad.

“El reciclaje de barcos en el mundo se hace en países asiáticos, en condiciones aberrantes, hay convenios internacionales, el Convenio de Hong Kong, donde se especifica que la actividad tiene que hacerse en lugares certificados, aprobados, y para ser aprobado requiere someterse a una auditoría  rigurosa, viene personal extranjero a certificar”, explicó.

Asimismo, refirió que el avalúo de su territorio concesionado está hecho como si estuviera un muelle dentro:

“Estamos solicitando una contraprestación de carácter variable en base a lo que se genera en la terminal, el avalúo que tienen es incorrecto, no tenemos un muelle, está en proyecto, y sin el muelle no podemos generar ingresos”.  

EL NEGOCIO DEL RECICLAJE DE BARCOS

El mundo del despiece naval es inmenso, pero exclusivo para cierto sector, describe el empresario Curiel:

“Es un ambiente de mercado difícil, con estándares internacionales”.

Sobre la oferta de navíos del sector público, comentó que Petróleos Mexicanos, empresa que renovó la flota, remata sus barcos al mejor postor, y la mejor calificación es sólo para quien le paga más por el barco.

“PEMEX no verifica que se haga el reciclaje correcto, tienen precios base”, sostuvo, y rememoró que el primer trabajo de reciclaje que se hizo en Ensenada fue precisamente un barco de PEMEX, sin embargo, no ha corrido con la misma suerte de ganar otra licitación porque los precios que piden son prácticamente impagables, a tal grado que los extranjeros aprovechan la oferta.

La actividad de reciclaje de barcos se lleva a cabo en Bangladesh, Vietnam, India, Pakistán, Pekín, en fin, es extraer chatarra de acero que se necesita en todo el mundo, el acero nuevo se hace de acero viejo, a veces con mineral de hierro, otras con material proveniente de vehículos y el reciclaje de barcos.

El acero es necesario, se requiere para el crecimiento de la industria a nivel global.

“Nosotros no producimos tanta chatarra, el año pasado fueron ocho mil toneladas, en el mercado global es poco, hemos cotizado en Mexicali, pero los contenedores que estamos cargando van a Corea”, calculó Roberto Curiel

La tonelada de acero en chatarra es un valor internacional que se puede ajustar de acuerdo con las condiciones en que se extrae, y anda en alrededor de mil 900 pesos.

Un barco de mediano tamaño ronda las 500 toneladas, lo que quiere decir que una vez reciclado y puesta la chatarra en el mercado, generaría 950 mil pesos.  

EL LÍO EN CIFRAS

Monto adeudado por Curiel a API       
31 millones de pesos

Vencimiento de concesión   
2024

Deuda de distintas concesionarias      
83 millones de pesos  

Desguace naval es una afición Desde la oficina, se puede ver el barco Coaster que hace fila para ser reciclado, es de origen estadounidense, en su etapa útil llevaba carga a granel a Alaska, desde la Costa Brava, Seattle, Tacoma, y de la parte del Noroeste, es uno de muchos que han acabado sus días en los muelles de Ensenada; también hubo barcos chilenos, mexicanos.

El buque Uribe que se hundió en Rosarito con fines ecoturísticos hace unos meses fue acondicionado para su destino final en las instalaciones donde Curiel Amaya labora, ha habido barcos de patrullaje costero, no era propiamente de guerra, aunque los barcos militares de Estados Unidos se reciclan dentro de ese país; está prohibido por Ley que se desmantelen en otros países.

Lejos de dejar el espacio marítimo, se tienen planes de mejorar las instalaciones para construir un astillero de clase mundial y así atender el mercado porque consideran que existe gran oportunidad, al traer armadores de Estados Unidos.

Según Curiel, usan casi el cien por ciento de la capacidad de la superficie y es mínima la zona ociosa. Sobre el área de amortiguamiento comentó que el contrato sólo exige que el área sea visualmente amigable.

La chatarrizadora llegó a ese lugar antes de que el gobierno municipal abriera la prolongación costera, en ese entonces la zona era un “cochinero”, describió.

“Hay que hacer memoria, nosotros estuvimos primero que el bulevar en aquel entonces era un cochinero, toda la basura que pasaba por el arroyo El Gallo, además de los invasores”.

El ambiente laboral es de camaradería, y destaca la emoción con que los trabajadores hablan de los barcos,  actividad meramente masculina, ya que de los más de cien trabajadores, hay tres o cuatro mujeres en labores de oficina.  

CUENTAS INCOBRABLES

Infraestructura y Servicios Portuarios, S.A de C.V. presentó el adeudo histórico al 31 de diciembre de 2015, el cual asciende a casi 31 millones de pesos, por lo cual API interpuso juicios ordinarios en los que se reclamó, en un inicio, la cantidad de 19 millones 713 mil pesos que no se pagó.

Le siguen tres demandas más por impago de derechos, y en la primera de ellas se obtuvo una sentencia favorable para API, en la que amenazan con embargar al empresario en caso de que se sostenga a la negativa de pagar.


Roberto Curiel “Es de resaltar que el deudor se encuentra perfectamente localizable, con bienes suficientes y bastantes para garantizar el adeudo generado y principalmente es un negocio en marcha, lo que significa que es un medio que al estar ejecutando el objetivo del contrato de cesión parcial de derechos, genera ingresos que en su momento también pueden ser sujetos a embargo para garantizar el adeudo”, detalló.

 La integración del saldo de clientes pendiente de cobro es por aproximadamente 83 millones de pesos.  

API tiene “cargada” la agenda Aunque ha hecho distintas declaraciones sobre la posibilidad de cancelar la concesión, en esta ocasión el director de API se negó a dar una entrevista con la justificación de que tiene una agenda “cargada”, lo que le impide dar información sobre la situación legal en que se encuentran los contratos, mencionó a ZETA su asistente, de nombre Gloria.

La información solicitada a la entidad fue respondida favorablemente a través del portal de Transparencia, donde advirtieron que a la fecha “no se cuenta con proceso legal de la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. para cancelar concesiones y revisar concesiones hacia las empresas INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PORTUARIOS”. 


(SEMANARIO ZETA/ FOTOS: Enrique Botello/ Lorena Lamas / Lunes, 30 mayo, 2016 12:00 PM)

ESTRATEGIA FALLIDA EN BC


A 13 meses de haberse detonado la incidencia de homicidios, las capturas y decomisos de las autoridades no dan resultados.

Siguen matando narcomenudistas, generando balacera en espacios públicos, ahora más asaltos terminan en asesinatos.

En Tijuana sólo hay 200 policías municipales en las calles por turno, la ministerial únicamente resuelve el 25% de los expedientes, prevalece el reciclaje criminal, el Poder Judicial sigue fuera del Consejo de Seguridad y los cambios de estrategia en puerta apenas suman acciones de la tan mencionada coordinación.  

Jesús Gómez fue baleado en el interior de un restaurante en un concurrido centro comercial la noche del 24 de mayo; Adrián Delgado, gerente de un antro atacado en su lugar de trabajo, en plena zona comercial del Bulevar Agua Caliente, convalece con cinco heridas de arma calibre 45 en diversas partes del cuerpo; Jorge Vitela y Alberto Barajas, encargado y empleados de Tarimas Portamex, fueron asesinados en un “asalto” de acuerdo a las autoridades; lo mismo que el señor Miguel Ruelas en su casa, localizada en la delegación San Antonio de los Buenos.

En total, 16 homicidios en la última semana con cierre la mañana del  26 de mayo -64 ejecuciones en lo que va del presente mes, 328 durante 2016- , sólo en dos casos las armas resultaron positivas en hechos previos.

Quienes mataron a Manuel Morales, dedicado al tráfico de personas, también tiraron balazos el 24 de febrero en el fraccionamiento Mariano Matamoros, donde la autoridad no encontró víctimas.

Y el arma que acribilló al narcomenudista  Francisco Ochoa Félix  ya había matado a un joven no identificado el 19 de mayo en la delegación Sánchez Taboada; también fue registrada en las lesiones cometidas en contra de Antonio Romero el 21 de marzo en la misma delegación, y en otra balacera sin víctimas en la delegación Los Pinos perpetradas el 10 de mayo, todo este año.

En los últimos siete días se reportaron detenidos en cinco casos por homicidio.

Dos expedientes quedaron consignados, uno con los dos atacantes de Gómez Meade en el restaurante Friday’s, identificados por policías comerciales y capturados en persecución por agentes municipales.

Uno de ellos confeso, y Juan Leobardo López Covarrubias con una orden de aprehensión del 29 de abril por el asesinato “de una mujer dentro de un taller ubicado en el fraccionamiento Los Pinos”.

De igual manera, Braulio Ávalos “El Chiquilín”, quien el 13 de mayo mató a su cómplice en la Zona Centro porque le dio gane con el dinero de un compresor robado; y otro que mató a su proveedor de droga el 16 de mayo en el Maclovio Rojas, para no pagarle 350 pesos que le debía de droga, en estos últimos dos no hay flagrancia.

Como tampoco hay órdenes de detención por el tema de homicidios en contra de Pedro Stanley Herrera, detenido por la Policía  Estatal Preventiva y presentado como matón y cabecilla de célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien entrevistado por los agentes ministeriales frente a su abogado, sólo respondió tranquilo:

“No tengo homicidios y si los tuviera, no se los diría”.

Así que únicamente fue consignado como acompañante de Pedro Herrera Estrada, quien según el parte informativo, portaba un arma larga y manejaba el auto donde encontraron droga.  

EL RECLAMO CIUDADANO

Tras 13 meses de soportar una ola homicida que de Tijuana se ha extendido a Tecate y Rosarito, en medio de operativos y estrategias fallidas, los representantes ciudadanos han alzado la voz y pedido cambios, tras una jornada de cuatro días de reuniones realizadas la semana pasada.

Las autoridades los anuncian, pero sólo hablan de repetidas acciones de coordinación.

“Hay reacción, no hay solución al problema de fondo, esa es la bronca que tenemos. Haz de cuenta se te está hundiendo la lanchita, le sacas el agua pero no le tapas los hoyos.

No hemos podido ver un ataque integral”, ejemplificó Jonathan Díaz, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana,  particularmente en el combate a los homicidios y las adicciones, problema que ni siquiera se admite.

“Ellos nos hablan de la coordinación, vemos que periódicamente el gobernador los convoca, pero las acciones se evalúan por los resultados y pues ahí están, es evidente que hay que revisar esa coordinación para ajustarla y que sea más eficiente”, expuso Humberto Jaramillo, líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Cometimos un pecado de omisión muy grave, algún presidente dijo que nosotros éramos el trampolín y ellos la alberca, pues ahora la alberca se rebozó, ya nos inundó”.

A finales de la semana pasada, Alberto Sandoval, presidente de la asociación Alianza Civil, manifestó:

“Como no hay continuidad, se hace un operativo, se blinda, y esos blindajes han resultado inútiles, porque no trascienden, la delincuencia es organizada y nada más advierten que durante cierto tiempo no pueden trabajar en una zona y se mueven a otra, y la cantidad de muertos es algo irrefutable”.

En los últimos meses, sin éxito, representantes de todos los sectores empresariales han criticado el reciclaje criminal, la liberación de presuntos delincuentes detenidos y presentados.  

HOMICIDAS DETENIDOS, PERO NO CONSIGNADOS

Al hablar de esta queja ciudadana permanente y muestra perenne de impunidad, el subprocurador de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, José María González Martínez negó que fuera síntoma de la falta de coordinación:


José María González Martínez, sub-procurador contra la delincuencia organizada de la PGJE ; José Luis López, encargado del despacho de la SSPM Tijuana

“En muchos casos de los que refieres, en realidad dentro del paquete de investigación o averiguación previa, no existen esos señalamientos -como homicidas- que luego publicitan algunas autoridades captoras, tal sujeto de tal organización criminal que participó en tal evento; sin embargo, jurídicamente dentro de la indagatoria no lo tenemos vinculado, y es una parte importante que hay que declarar.

“Muchas veces cuando un policía preventivo detiene a una persona que les dice, ‘bueno yo trabajo con fulano de tal’, y si al que menciona está involucrado en algún evento, no necesariamente el recién detenido tiene que ver”, destacó.

“En homicidio o es flagrancia, o es orden de aprehensión, muchos nos ponen a disposición, tres cuatro días o un mes después,  y muchos sí es cierto que tienen relación, pero los declaramos y se van.

Y tenemos que armar el expediente para obtener orden de aprehensión, no podemos mandarlo a prisión por un evento en el que efectivamente haya participado, si lo recibimos un día después, ya no digamos dos o tres semanas, que es el promedio.

Entonces sí tenemos mucha comunicación con las áreas, lo he mencionado siempre, de Inteligencia de la Policía Municipal y la PEP, les pasamos a quiénes ocupamos, ellos los ubican, los presentan; sin embargo, a veces los pasan como capturados.

Y no es mentira, los detienen si los presentan, a nosotros nos toca la parte ya de vincularlos a una indagatoria procesal y es donde todavía no hay los elementos,  es todo un proceso, muchas veces quizá se confunda de que ya lo detuvieron y ya no va andar en circulación, cuando ante la ausencia de flagrancia no se puede dejar detenido”, refirió González Martínez.

Del porcentaje de resolución en el caso de homicidios, reconoció:

“No ha variado mucho, es de 24 por ciento de esclarecimientos. Ahí la cosa es que la prevención y las aprehensiones que debemos realizar no estamos combatiéndolo al 100 por ciento. Pero haya algo también relevante que hay destacar…”.

Explicó que en la preparación para la entrada en función  del Nuevo Sistema de Justicia Penal, los tiempos de servicios periciales se han duplicado por protocolo.

Antes se procesaba una escena en dos horas, ahora tardan cinco horas, y obtener resultados de dictámenes periciales llevaba dos días; ahora son cinco días.

“Y después de cuatro días pues ya pasaron otros 15 homicidios, entonces sí tenemos un serio problema de rezago de personal, y  estamos recibiendo dictámenes de eventos que pasaron hace cinco días,  entonces hay que retomarlos y los pocos policías ministeriales que tenemos ya están en otra dinámica.

Se han resuelto pocos, pero no es porque exista incapacidad, sino falta el recurso humano y material.

Si no hubiera homicidios en una semana yo saco de 15 a 20 expedientes ya para judicializarlos, humanamente en este momento es imposible porque los traemos, ‘vete a dar fe de este cadáver, vete a ratificar este médico, vete a declarar a este testigo’, entonces parte de este bajo porcentaje es el factor humano”, explicó.

Con el arribo del NSJP, se permitirá aumentar el número de ministeriales investigadores y ministerios públicos, así se darán más los resultados.

— ¿Cuánto mejorará?

“Me atrevería a decir un 10 por ciento más un 15 por ciento más. Te pongo un ejemplo: en Mexicali traemos el 75 por ciento de esclarecimientos, son mucho menores obviamente -en cantidad comparados con Tijuana- pero  ya está el Nuevo Sistema, ya está el número de policías más apegado a lo ideal, igual los Ministerios Públicos, Servicios Periciales allá concentra los laboratorios con mayor actividad, entonces se esclarece mucho más rápido.

Son mínimos comparados con Tijuana, pero la parte del factor humano y material allá está muchísimo más completa”, respondió José María González Martínez.  

LAS PRESENTACIONES DE LA SSPM

“Nosotros sí le damos mucho seguimiento al homicidio, pero lamentablemente no siempre acumulamos los elementos, y nuestra puesta a disposición no es fuerte para consignar, muchas veces no existe todavía la orden de aprehensión o habrá un juez que considere que los elementos con los cuales lo presentamos no eran los correctos, y ahí el tema sale de mis manos”, dijo José Luis López Medina, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana desde el 29 de febrero.

Luego explicó: “Cuando ocurre un homicidio llega policía de sector, llega un mando y ahí empieza la entrevista policial, qué vio, qué escuchó, por ejemplo, si todo mundo  empieza a decir que traía un tatuaje en el brazo derecho y le apodan ‘El Mono’ y empieza a ser repetitivo, esa información termina en el área de inteligencia y empezamos a buscar por tatuaje por apodo, y damos con él; vamos, nos entrevistamos con la misma gente y lo identifican.

Ese dato lo compartimos con Procuraduría, más adelante en los operativos que tenemos cae esta persona, se identifican en los kioscos y sale la alerta y lo entregamos.


Alrededor de las 8:00pm se registró el ataque armado frente al bar Barrabar ubicado en la calle Pablo Salinas y Bulevar Salinas y Agua Caliente en la colonia Aviación a una cuadra del Gran Hotel Tijuana, en el lugar quedó herido al parecer el gerente de dicho bar el cual llegaba en esos momentos al local y fue sorprendido por su atacante que le disparó a quemarropa a la altura de la cara y después huir abordo de un vehículo que abandonó cuadras adelante.

“Pero hay personas, se han declarado, ‘yo participé en ese homicidio’, los presentamos al Ministerio Público que considera que hay todos los elementos y consigna, pero después los dejan en libertad por lo que usted guste y mande”.

 Y reconoció:

“Le falta algo al tema, que una autoridad de más arriba o poder, venga a decirnos qué es lo que falla, qué elemento falta y nos adopte para resolverlo”.  

LA POLICÍA MUNICIPAL NECESITA AYUDA

López Medina también aseguró que existe coordinación.

“Esa palabra se estaba quedando en el escritorio, ahorita usted puede identificarla en la calle donde estamos trabajando, en Zona Norte, por ejemplo.

“Las juntas de coordinación antes eran cada mes, ahorita podemos tener hasta cuatro en un mes, las he solicitado y todos voltearon al mismo tiempo a vernos cuando dije ‘yo considero que necesitamos ayuda’; no se me cae nada, no me da pena decir que necesitamos ayuda. Y la hemos recibido”.

— Si están trabajando, si están coordinados, ¿por qué no se reduce la incidencia en homicidios? 

“Con tantas órdenes de aprehensión que hemos agarrado, pensamos se tiene que acabar… le hemos mermado su estado de fuerza, pero van y consiguen niños de donde sea, hasta por internet.

¿Sabe cuánto le pagan a alguien?

Lo mínimo que hemos escuchado nosotros, hasta 100, 200 pesos, un globo para que vaya y mate al delincuente de la esquina, por eso después ve muchos lesionados.

“A mí me dicen a veces ‘el narcomenudeo no es tu tema’, pero el que está vendiendo globitos en la esquina es al que me van a matar al rato, va envenenar a tu hijo, necesito meterlo a la cárcel. Y critican y dicen ‘están mete y mete a personas por narcomenudeo’, pero es necesario.

“Ahí otra parte de nuestro trabajo, en lo que lo detengo por narcomenudeo, lo certifico, me lo aceptan, me lo reciben, ‘corrige esto, corrige lo otro’, cuántas horas distraje a la patrulla de su operatividad real, es algo que nosotros tenemos que estar revisando. De verdad que esto es como un malabarismo”.

— Ya que lo menciona, tenemos informes que actualmente tienen sólo 200 policías por turno en la calle, cuando hace tres trienios  traían 400.

¿Es cierto? “Sí, claro, efectivamente no estamos 400 policías en la calle, somos muy pocos los que operativamente salimos, y aparte que no estamos siendo suficientes, no hay una congruencia entre los que egresan, los elementos que estamos captando y los que se nos están yendo por temas de depuración o de incapacidades, renuncias; efectivamente nuestra fuerza no es la de aquel 2008-2009, que teníamos 3 mil 500 policías”.

— ¿Por qué tan pocos?



“Uno es el tema de la depuración, otro son renuncias, otras incapacidades, algunas permanentes y otras recurrentes que sí nos pega, y bastante”.


Baleado en bar

— ¿Cuántos son ahorita?

“Si usted revisa el estado de fuerza ideal, somos alrededor de 2 mil 170, pero de ahí tiene que quitar los incapacitados, los 100 policías que al día tenemos en capacitación para el NSJP, los comisionados en secciones, violencia doméstica, apoyos técnicos, vinculación ciudadana, mandos superiores, mandos medios, escoltas…

Cuando hacen operativos, las labores de las secciones se detienen por un promedio de tres horas para que todos participen. Son malabarismos, pero tenemos bien claro que cada quien trabaja con lo que tiene”, concluyó el encargado de la SSPM de Tijuana.    

ESTRATEGIAS Y BÁRCENAS A CARGO

La semana pasada, el Grupo Coordinación en pleno, reunidos en Mexicali,  hablaron de cambios de estrategia que en realidad funcionan como acciones de coordinación adicionadas a las maniobras ya implementadas que no han dado resultados ante el incremento de incidencia delictiva, representada en homicidios.

El objetivo son los puntos rojos que existen en Tijuana, atacarlos con objetivos más claros,  con órdenes de aprehensión, robustecido con información de narcomenudeo.

El cambio más significativo fue que en esta ocasión, el General José Ricardo Bárcena Rosiles respondió e informó al gobernador, en nombre de todas las autoridades de seguridad que laboran en Tijuana. Antes escuchó y atendió las necesidades de apoyo expuestas por las corporaciones locales. 


General José Ricardo Bárcena Rosiles, Comandante de la II Zona Militar Como en ocasiones anteriores, el Ejército facilitó unidades de apoyo para los operativos que llevan por separado la Policía Municipal de Tijuana y la Policía Estatal.

Hicieron a la PEP responsable de la operatividad enfocada a homicidios en la delegación de mayor incidencia de Tijuana, la Sánchez Taboada.

“Otra manera de coordinación son los operativos que estuvimos implementando en Zona Norte, donde el comisario de Policía Federal, Pedro Hernández, facilitó unidades para operativos en la segunda delegación conflictiva, Zona Norte”, se informó.

De igual manera, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) está recibiendo información de las policías operativas y  creando una base de objetivos generales.

Gendarmería apoya con vigilancia de las vialidades exteriores del municipio de Tijuana, por ejemplo, el Bulevar 2000, con puntos de bloqueo.

Y en la franja fronteriza, Zona Norte, desde la colonia libertad hasta Nido de las Águilas. Además de tener presencia en la Garita de Otay.

Hace cuatro meses, en la Procuraduría General de Justicia del Estado se puso en operación la Unidad de Inteligencia, la cual se está fortaleciendo en su base de datos.  

Jueces y magistrados fuera En las reuniones del Consejo Estatal de Seguridad del Grupo Coordinación, el Poder Judicial no tiene un lugar.

“Sí hay comunicación, pero ahí ya es en base a cada asunto en específico acercamientos para que tengan el pulso social de lo que está pasando”, dijo al respecto subprocurador José María González Martínez, quien aseguró que estos acercamiento les han permitido presentar expedientes más sólidos.

“Los jueces la verdad es que son como, ‘a mí nadie me va a decir cómo juzgar’, y tienen razón, lo único que hago es platicar con el magistrado presidente y pedirle más dureza; y pedirle que nos apoye, que tengan un criterio más ciudadano, es lo más que podemos hacer”, explicó Jonathan Díaz, del Consejo Ciudadano.

El representante del Consejo Coordinador Empresarial, Humberto Jaramillo, complementó:

“Nosotros tenemos que ver también el tema de la impartición de justicia, porque es un poder autónomo que es poco visto y poco analizado, no digo juzgado para no caer en un pleonasmo de juzgar a los juzgadores, pero sí hace falta. Nosotros asumimos el compromiso, y lo estamos viendo ya, de tener un Consejo Ciudadano de Justicia”.

Asimismo, afirmó que están revisando los costos para establecer próximamente el Observatorio Ciudadano  de Justicia para supervisar al Ministerio Público y apoyar a la población que no tenga recursos para pagarse la justicia.


(SEMANARIO ZETA/ FOTOS: cortesía / Rosario Mosso Castro/ Lunes, 30 mayo, 2016 12:00 PM)