jueves, 30 de abril de 2015

POR EL CONTROL DE ALTAMIRA



El puerto tamaulipeco, un punto codiciado por células del cártel del Golfo y Los Zetas, está en disputa. La razón principal es que su embarcadero se conecta a otros 125 puertos de todo el mundo y es una de las zonas principales de entrada y salida de gasolina del país

Cada dos horas, el crimen organizado perfora un ducto para extraer de manera ilegal gasolina, diesel, crudo, gas y petroquímicos

146 millones de pesos destinó este año la Gerencia de Administración Patrimonial de la paraestatal para pagar seguridad y patrullaje a la red de ductos

142 extracciones ilícitas se cometieron solo en los primeros 11 días de enero, de acuerdo a cifras oficiales

1,548 por ciento creció el robo de combustible desde el 2000 hasta el año 2013

17,000 millones de pesos fueron las pérdidas que reportó la Sener en enero de este año por el robo de combustible durante el 2014

4,127 ordeñas detectó Pemex el año pasado

60 años de prisión es la condena que aprobó el Senado para quien robe combustible

1,134 perforaciones clandestinas se detectaron en Tamaulipas, entre el 2013 y el 2014

4,865 extracciones ilícitas se detectaron durante todo el sexenio de Felipe Calderón

En las últimas semanas, Altamira -uno de los puertos más importantes en Tamaulipas- vivió días de terror.

Bloqueos, incendios, balaceras, decomisos, enfrentamientos entre miembros del crimen organizado y elementos de las Fuerzas Federales fueron el pan de cada día.

La captura de un presunto líder del cártel del Golfo desató al diablo en el puerto. Incluso el alcalde, Armando López, reconoció que la población estaba atemorizada y a la expectativa.

Pero toda esa violencia pudiera tener un trasfondo más complejo.

Expertos navales consultados por Reporte Indigo aseguran que para una organización del narcotráfico es fundamental contar con una ciudad portuaria, porque es una herramienta geopolítica estratégica para incrementar sus ganancias.

Y Altamira es un punto codiciado por células del cártel del Golfo y Los Zetas pues el puerto se conecta a otros 125 embarcaderos de todo el mundo a través de diversas líneas navieras y es uno de los puntos principales de entrada y salida de gasolina del país.

El intento de rescatar a José Tiburcio Hernández ,“El Gafe”, líder de la plaza detenido la semana pasada, es el ejemplo perfecto del atrevimiento de los subordinados de esta célula para defender su territorio.

Ahora, explicó una fuente naval que pidió el anonimato, están en la etapa de reorganización para no perder el control de Altamira, un punto fundamental para sus múltiples negocios ilícitos, principalmente el robo de combustible y el tráfico de drogas.

De acuerdo a la información de expertos navales, para las grandes mafias es fundamental controlar un puerto, pues de esa manera pueden mantener el negocio de toda la mercancía que entra y sale del país desde los embarcaderos.

Eso, asegura la fuente, explica que el Cártel de Sinaloa domine Mazatlán y las costas del Pacífico, pues desde ahí trafica amapola y químicos que llegan en barcos de China, para después convertirlos en heroína y cocaína en laboratorios clandestinos.

Esta droga se trafica en gran parte hacia las costas de California y Miami en Estados Unidos, y otra por vía área.

También explica por qué Los Caballeros Templarios se apoderaron del puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán.

Reporte Indigo publicó ayer que esta organización criminal había extendido su presencia en todos los renglones económicos de la entidad, incluso en las empresas acereras del puerto, las cuales eran suministradas de mineral por parte de las células del cártel.

El negocio de este cartel se basaba en el robo y exportación nacional de hierro, esto para la producción de acero.

Los Caballeros Templarios obligaban a la acereras que les compraban su “mercancía” robada.

Para la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y Acero, en 2013, el robo de este material generó pérdidas por mil millones de dólares.

En noviembre de ese año,  la Secretaría de Marina tomó el control del puerto de Lázaro Cárdenas, y el pasado 1 de abril asumió el de Manzanillo.

UN NEGOCIO MILLONARIO

Aunque Petróleos Mexicanos gasta anualmente 146 millones de pesos por servicio de seguridad a las secretarías de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena), cada dos horas, el crimen organizado perfora un ducto para extraer de manera ilegal gasolina, diésel, crudo, gas y petroquímicos que comercia en el mercado negro y por los cuales obtiene ganancias que se equiparan con el tráfico de drogas.

En enero de este año, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, estimó que el robo de combustible durante el 2014, representó pérdidas para el país por encima de 17 mil millones de pesos.

“Están trabajando muy fuerte las autoridades en la materia, se han dado golpes muy importantes a grupos de la delincuencia organizada y esperamos que se disminuya la incidencia porque sí causan un perjuicio muy fuerte a la economía nacional y en especial a los usuarios, el año pasado las perdidas por robo de gasolina alcanzaron 17 mil millones de pesos”, reconoció el titular de la Sener.

En cambio, para los miembros del crimen organizado, las ganancias que genera el mercado negro de las gasolinas y el diesel ascienden a cerca de 2 mil 300 millones de pesos diarios, un promedio de 850 mil millones de pesos anuales.

De acuerdo a Juan Pablo González Córdova, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), este ilicito sigue ganando terreno, a pesar de las acciones instrumentadas por las autoridades federales, estatales y municipales.

En entrevista para el portal Oro Radio, el funcionario aseguró que actualmente esta actividad acapara el 20 por ciento del mercado, siendo Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Jalisco y Sinaloa las entidades que registran el mayor impacto.

De acuerdo a cifras oficiales, del 2000 -fecha en la que Pemex comenzó a documentar el robo de combustible- hasta el 2013, este delito creció mil 548 por ciento, al pasar de 155 a 2 mil 612 tomas ilegales identificadas.

El sexenio de Enrique Peña Nieto ya implantó una cifra récord en robo de hidrocarburo, pues de enero de 2013 hasta diciembre de 2014 se detectaron 6 mil 739 extracciones ilícitas por la red de ductos del país, cuando en todo el sexenio de Felipe Calderón hubo 4 mil 865, de acuerdo a cifras ofrecidas por las autoridades en respuesta a una solicitud de información dirigida por el portal Criterio.

Para obtener las ganancias, el cártel del Golfo -a base de amenazas- obliga a los dueños de las gasolineras en Tamaulipas y Nuevo León a que adquieran el combustible robado.

Otra parte del hidrocarburo lo vende de manera clandestina en carreteras del norte de México, es por eso que se empeñan en controlar todas las vías de Tamaulipas.

Además, amenazan a los transportistas para que trasladen el combustible hacia contendores y estaciones de gasolina.

LA DISPUTA POR EL PUERTO

Al principio de la separación entre el cártel del Golfo y su brazo armado, Los Zetas, a éste último no le importaban las ciudades del sur de Tamaulipas, como Altamira, Ciudad Madero y Matamoros.

Pero al darse cuenta las ganancias que podrían tener con el robo de gasolina y la importancia de contar con una ciudad portuaria, iniciaron la pelea por todo el estado fronterizo.

Mientras el cártel del Golfo controlaba vía marítima el robo de combustible, Los Zetas tenían el tráfico de droga vía terrestre por brechas en su bastión: Nuevo Laredo y la llamada Frontera Chica, conformada por Miguel Alemán, Camargo y Cuidad Mier. Pero al buscar ampliar su dominio comenzaron a pelear por Altamira.

Iniciaron con el robo de gasolina de los ductos de Pemex en Tamaulipas para competir al cártel del Golfo y comenzaron a disputar las carreteras de este estado.

Los Zetas empezaron a poner “tienditas” de gasolina robada bajo la fachada de vulcanizadoras.

Este grupo formó un dique para evitar que las células del cártel del Golfo de Tampico y Matamoros, se comunicaran con Ciudad Victoria y Reynosa, pues es por ese corredor por donde pasa toda la gasolina robada de Altamira.

Este puerto ocupa el cuarto lugar a nivel nacional por su manejo de carga y el primero en manejo de fluidos petroquímicos.

Después, Los Zetas extendieron su operación de robo de gasolina hacia Nuevo León y Coahuila.

LA RESPUESTA DE ‘EL GOLFO’

El cártel del Golfo al ver el avance de sus rivales hacia Altamira, comenzaron a pelear los municipios de la Frontera Chica.

Aplicaron un “toque de queda” a los pobladores, para defender su plaza.

Circular por los caminos de noche para los lugareños era casi la muerte.

SE DESATA LA VIOLENCIA

El intento de rescatar a José Tiburcio Hernández ,“El Gafe”, líder de la plaza detenido la semana pasada, provocó caos en Altamira. Bloqueos, balaceras y enfrentamientos se desataron en el puerto tamaulipeco.

> Destemplan la economía

EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS

Reporte Indigo publicó ayer que Los Caballeros Templarios extendieron su presencia en todos  los renglones económicos de Michoacán, incluso  en las empresas acereras del puerto de Lázaro Cárdenas, las cuales eran suministradas de mineral por parte de las células del cártel.


(REPORTE INDIGO/ JESÚS PADILLA / Jueves 30 de abril de 2015)

“EL CHUYÍN”: ÁNGEL Y DEMONIO DE VILLA AHUMADA


VILLA AHUMADA, Chih. (Proceso).- Para familias enteras de Villa Ahumada, Jesús Salas Aguayo “El Chuyín”, líder del Cártel de Juárez aprehendido el pasado viernes 17, representaba “el infierno”, pero para la mayoría del pueblo era la salvación.

Se convirtió en el jefe de la plaza del Cártel de Juárez del corredor noroeste, Chihuahua, Parral y otras partes del estado, luego de la aprehensión en mayo de 2008, de su paisano Pedro Sánchez Arras El Tigre.

Aunque adoptó un perfil más bajo que el de su antecesor Pedro Sánchez, lo conocía todo el pueblo de Villa de Ahumada y sabían a lo que se dedicaba. Era originario de ahí.

“El Chuyín” es uno de los delincuentes más buscados por la Administración para el Control de la Droga (DEA, por sus siglas en inglés), según el portal de la dependencia estadunidense, que lo tiene considerado como fugitivo con el número W032681616.

Pobladores recuerdan a “El Chuyín” trabajando con Pedro Sánchez, se movía en una camioneta Lincoln Navigator negra. “Andaba con El Güero y con su compadre”, recuerda una persona cercana a Salas Aguayo, quien pidió el anonimato por seguridad.

“Eran buenas personas (el grupo delictivo), “El Chuyín” tenía una cuenta abierta en una farmacia a su nombre, para el pueblo. Sólo bastaba que fuera la gente para que le dieran las medicinas. Decían que iban de parte de él o uno de sus hombres iba por los medicamentos y se los llevaba a la familia que los necesitaba” recuerda el testigo.

Entre otras propiedades, era dueño del rancho que aseguraron las autoridades y de una casa cerca de la carretera que va a Ciudad Juárez, enfrente de un hotel que acababa de construir.

Pedro Sánchez era más extrovertido, hacía fiestas frecuentemente, cada vez que llegaba a Villa Ahumada.

“Pedro Sánchez y luego “El Chuyín” sí armaban fiestas grandes en un salón de fiestas que era de ellos, se llama ‘La Cabaña’. Pedro se vestía con traje negro pero sin corbata”, recuerda otro testigo que dejó el poblado en el 2010.

El antecesor de “El Chuyín” pasaba varios días en Parral o en Juárez.

“Cuando llegaba, hacían fiestas en la plaza del pueblo y a veces en el gimnasio, que está enfrente de la Presidencia Municipal.

Cuando llegaba a la plaza, llegaba como candidato (…) en una fiesta de las que hizo en el gimnasio, por ejemplo, llevó al grupo musical ‘Los Jilguerillos’, ahí duraron como hasta las siete de la mañana”, cuenta uno de los hombres entrevistados.

Eran frecuentes las fiestas en el gimnasio y duraban hasta las seis o siete de la mañana, y cuando eran en la plaza Pedro Sánchez llevaba carpas, con cerveza y todo lo necesario. “Sus guaruras se vestían normales, pero tenían bien vigilado a todo el que asistía”.

Recuerdan que Pedro Sánchez y posteriormente “El Chuyín”, se refugiaban cerca de Benito Juárez, municipio de Buenaventura, específicamente en las Playitas, cerca del rancho donde detuvieron a Jesús Salas.

“Tenían todo controlado, los empresarios tenían que negociar con ellos su propia seguridad”, refieren.

Luego de la detención de Pedro Sánchez, mediante el Operativo Conjunto Chihuahua, las autoridades intentaron apoyar al grupo contrario, el cártel de Sinaloa, para que éste se quedara con la estratégica aplaza para el trasiego de droga. “No lo lograron”, asegura uno de los entrevistados.

Después de que aprehendieron en Parral a Pedro Sánchez y asesinaron a su escolta Gerardo Gallegos Rodelo, se evidenció que desde gobierno federal buscaban “limpiar” la plaza para el grupo contrario, afirman los testigos.

También hicieron evidente la colusión o sometimiento de agentes municipales al grupo delictivo de esa región. En marzo de ese mismo año, 2008, el Ejército mexicano aprehendió a cinco agentes por asociación delictiva y delincuencia organizada.

Rigoberto Ruiz Sida, José Guadalupe Santana, Juan Pablo Remes Torres, Jesús Francisco López Cadena y Daniel Solís Solís, fueron puestos a disposición de autoridades federales y días después obtuvieron la libertad con el pago de cinco mil pesos de fianza.

En mayo, durante el funeral del escolta Gilberto Gallegos, su féretro fue llevado al panteón de Villa Ahumada en una camioneta Escalade blanca con una caravana de vigilancia, recuerdan los dos testigos.

Un grupo de militares irrumpió en el cementerio, aprehendió a personas que trabajaban con Pedro Sánchez y decomisó droga. Los soldados llegaron en dos helicópteros y vehículos. “Había un hombre que tomaba fotografías, de la gente de Pedro, también se lo llevaron”, recuerda el hombre que dejó el pueblo.

La madrugada del 18 de mayo de 2008, habitantes de Villa Ahumada fueron alertados por la autoridad municipal sobre la llegada de un comando armado que tenía la instrucción de “limpiar” la región.

Un grupo del Cártel de Sinaloa liderado por “Toño Marrufo”, llegó al pueblo en busca de la gente del Cártel de Juárez. El enfrentamiento dejó nueve muertos.

“Los soldados se fueron un día antes del pueblo y regresaron justo cuando terminó la matanza”, coinciden los dos testigos.

“Dijeron temprano que iba a llegar la gente de Toño Marrufo a ‘limpiar’, primero fueron sobre cuatro policías”, recuerdan.

Alrededor de la una de la mañana del 18 de mayo, llegó primero una Suburban con varios hombres armados y encapuchados. “Traían máscaras como de calavera y atrás llegaron más”, recuerda uno de ellos.

Primero se fueron contra tres agentes de la Policía Municipal y los dejaron tendidos afuera de la unidad, en una gasolinera: José Armando Estrada Rodríguez, Óscar Adrián Zúñiga Dávila y José Luis Quiñónez.

Además asesinaron a otros tres civiles y “levantaron” a otros tres que fueron hallados ejecutados más tarde, en Ciudad Juárez.

En el salón de fiestas había mucha gente porque se realizaban los XV años de una joven. Los mismos sicarios cerraron el recinto por fuera para que la gente no saliera.

Los burreros (vendedores de tradicionales asaderos y burritos en Villa Ahumada), se escondieron en los baños. “Se escuchaba que los hombres buscaban a alguien, preguntaban dónde estaban. Luego abrieron el lugar donde estaban los burreros, y sólo les dijeron que ahí se quedaran”.

Luis Eduardo Escobedo Ruiz, de 21 años murió en la refriega, su cuerpo quedó tendido dentro de una Ram azul. Su madre y otros familiares acudieron al lugar y aseguraron que trabajaba como mandadero del rancho Santa Mónica.

“Le apodaban El Bardito, era hijo de El Bardo. El muchacho vendía droga, es que aquí si terminan la prepa se van a Juárez y los que no pueden o no quieren, sólo se casan y se ponen a pistear, son presa fácil de los delincuentes”, dijo uno de los testigos.
Las otras víctimas mortales fueron Julio Armando Gómez Magallanes, dueño del restaurante “Pollo Feliz” y Mario Alberto González Castro, empleado de las oficina de Ómnibus de México. Otros tres hombres “levantados” y ejecutados en Juárez fueron identificados como Aldo Aníbal Martínez Hernández, Arturo Flores López y Héctor Guadalupe Sánchez Hernández, éste último era hermanastro de Pedro Sánchez.

La balacera se escuchó hasta las cuatro de la mañana. Luego prevaleció el silencio. “Al rato pasaron todas las camionetas en caravana, se fueron rumbo Chihuahua por una brecha que llega a Benito Juárez y da hasta Juárez, por ahí pasan droga”.

Pocas horas más tarde, llegaron los militares e instalaron su campamento en el gimnasio donde realizaron la fiesta de 15 años.

Meses después, Jesús Salas se convirtió en “protector” de gran parte del pueblo y en el infierno de otros.

El 15 de julio de 2008, dos meses después de la detención de Pedro Sánchez, cayeron en Lázaro Cárdenas, municipio de Meoqui, fuertes colaboradores del capo: Gonzalo García García, El Chalo; Antonio Flores, El Toño, y Ricardo de la Rosa Haros, El Cabe.

Y a pesar de que estaban acusados por lo menos de cinco homicidios, fueron liberados en enero del año pasado.

Gonzalo García fue asesinado con otros cinco integrantes de su grupo delictivo, el pasado 17 de marzo en el municipio de Buenaventura. También murió en el enfrentamiento, De la Rosa Haro.

La Policía Municipal de Villa Ahumada quedó sin elementos desde 2009 hasta hace unos meses, entre agentes cesados y asesinados. A finales de 2008, mataron a un comandante de la Secretaría de Seguridad Pública.

Jesús Blanco Cano fue localizado con un narcomensaje en la carretera Panamericana, entre ese poblado Ahumada y Samalayuca.

Ahora, el poblado está a la expectativa porque desconoce quien tomará el lugar de Salas Aguayo o qué grupo liderará la plaza.

“El Chuyín”, fue capturado el pasado 17 de abril por militares y elementos de la Marina, mediante un fuerte operativo que obligó a corporaciones de los tres niveles de gobierno a “sitiar” la ciudad de Ahumada. Junto con él fueron capturados cuatro presuntos delincuentes más.

Al día siguiente su gente, sus protegidos huyeron hacia los poblados y ejidos del noroeste, principalmente a Buenaventura donde amenazaron a los pobladores.

“El Chuyín” tenía el control de Villa de Ahumada, municipio localizado a más de 100 kilómetros de Juárez, y las autoridades estadunidenses lo acusan de ordenar el asesinato de José Daniel González Galeana, exintegrante del grupo delictivo quien vivía en El Paso, Texas, y era testigo protegido del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en el 2009.

De acuerdo con el ICE, Salas desconfió de González Galena y le atribuyó la detención, el 13 de mayo de 2008, de Pedro Sánchez Arras “El Tigre”, quien era el tercero en el mando del cártel, dirigido por Vicente Carrillo Fuentes.

Villa Ahumada se dio a conocer porque es la tierra que albergó a los jefes del Cártel de Juárez como Rafael Muñoz Talavera, Rafael Aguilar Guajardo y Amado Carrillo Fuentes.


(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ PATRICIA MAYORGA/ 30 DE ABRIL DE 2015) 

ENFRENTAMIENTO EN GUERRERO DEJA OCHO MUERTOS


CHILPANCINGO. Gro. (apro).- Seis guardias comunitarios y dos policías estatales muertos fue el saldo de un enfrentamiento entre civiles armados y uniformados en el municipio de Igualapa, en la región de la Costa Chica de la entidad.

En la refriega fue detenido el líder de una facción de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac-PC), Eliseo Villar Castillo, quien fue trasladado al penal de Acapulco acusado de varios delitos como secuestro y extorsión, indican reportes oficiales.

El hecho violento se registró cerca de las 15:00 horas, en el crucero de San Juan de los Llanos, ubicado sobre la carretera ínter estatal que conecta el municipio de Igualapa y Ometepec.

En el lugar que se encuentra a un costado de la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, los policías estatales habían montado un retén para interceptar a los comunitarios, encabezados por Eliseo Villar, acusados de llevar a dos personas retenidas a bordo de vehículos particulares.

Enseguida, se registró una balacera sobre la carretera donde murieron seis guardias comunitarios y dos agentes estatales, un policía más resultó herido, refiere el reporte.

Los estatales fueron apoyados por las policía municipal de Ometepec, quienes recogieron sus muertos y heridos y se retiraron del lugar donde quedaron tirados los cuerpos de los comunitarios.

El Ejército intervino pasada la confrontación y detuvo al líder de la CRAC-PC, Eliseo Villar, quien fue trasladado al penal porteño debido a que enfrenta varias órdenes de aprehensión por diversos delitos, señala el parte oficial.

El hecho provocó tensión en la franja de la Costa Chica donde operan varios grupos de la CRAC-PC y otros grupos de autodefensa como la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG).

Por su parte, representantes de la casa de Justicia de la CRAC-PC del municipio de San Luis Acatlán, se deslindaron del grupo armado que dirige Eliseo Villar, asegurando que son pistoleros a sueldo y que no fueron electos como policías comunitarios en asambleas populares.

En conferencia en esta capital, Abad García calificó a la facción armada de Villar Castillo como “usurpadores de funciones de la Policía Comunitaria y dijo que se dedican a intimidar detener y extorsionar a personas en la región de la Costa Chica.

Por ello, pidieron a las autoridades estatales que no califiquen al grupo armado de Eliseo Villar como policías comunitarios.

También, recordó que desde marzo del 2014, Eliseo Villar fue desconocido como dirigente de la CRAC-PC en una asamblea popular realizada en San Luis Acatlán.

(PROCESO/ EZEQUIEL FLORES CONTRERAS/ 30 DE ABRIL DE 2015) 

EL "TRABALENGUAS" DE PEÑA NIETO

(PROCESO/ 30 DE ABRIL 2015)

SEMANARIO ZETA CENSURA LIBERACIÓN DE ASESINOS DEL PERIODISTA HÉCTOR FÉLIX MIRANDA


MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El semanario “Zeta” advirtió que entre hoy y mañana saldrán libres los asesinos del periodista Héctor Félix Miranda.

En un comunicado, el semanario periodístico anuncia que hoy saldrán libres Antonio Vera Palestina y Victoriano Medina, quienes el 20 de abril de 1988 asesinaron al reportero.

“Los hombres, ambos colaboradores cercanos de Jorge Hank Rhon cuando, de acuerdo al juzgador, cometieron a sangre fría el asesinato del periodista en Tijuana, saldrán de prisión el 30 de abril en el caso de Medina, y el 1 de mayo en el caso de Vera, fecha en que concluyen las sentencias de 25 años de prisión que les fueron impuestas, sin que el autor intelectual haya sido nombrado, aprehendido y juzgado por el atentado a la libertad de expresión”, reprueba “Zeta”.

El semanario recuerda que el expediente del asesinato de Héctor Félix fue cerrado sin llegar hasta las últimas consecuencias.

“Exigimos se retome el compromiso que asumió el gobierno del estado, en ese entonces encabezado por Eugenio Elorduy, cuando autorizó a la Sociedad Interamericana de Prensa la revisión del expediente de Félix, para en caso de encontrar un elemento no investigado correctamente que vinculara al autor intelectual, el expediente fuera reabierto para juzgarlo.

“Por eso, en Semanario ZETA lamentamos que el caso de Héctor Félix Miranda siga siendo uno de los pendientes de la justicia mexicana y un atentado cuyo verdadero responsable aún no paga por el crimen que cometió”, concluye el comunicado.


(PROCESO/ LA REDACCIÓN/ 30 DE ABRIL DE 2015)

PRESIDENCIA MODIFICA SU REGLAMENTO


México, D.F., (apro).- La Presidencia de la República dio a conocer nuevas disposiciones en su Reglamento, entre ellas la supervisión del uso de la imagen institucional por parte del área de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República.

Esa misma área orientará a las dependencias y entidades de la administración pública federal para que el contenido de sus publicaciones sea acorde con la estrategia que determine el presidente.

El decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Presidencia fue publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación.

Entre dichas disposiciones destaca que a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal le corresponde representar a la Oficina de la Presidencia y a sus diferentes unidades ante los tribunales federales y del fuero común, así como ante toda autoridad del ámbito federal, local o municipal, en los asuntos y trámites jurisdiccionales y en cualquier asunto de carácter jurídico en que tenga interés o injerencia.

Para el despacho de los asuntos de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia, el documento precisa que se cuenta con unidades de apoyo tales como la Coordinación General; Secretaría Técnica del Gabinete; Coordinación de Opinión Pública; Coordinación de Estrategia Digital Nacional; Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación; Coordinación de Crónica Presidencial, y Coordinación de Marca País y Medios Internacionales.

Entre las diversas funciones que realiza el área de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República está la de coordinar el diseño y difusión de las campañas institucionales de la Oficina de la Presidencia, con la participación de las demás unidades competentes, y supervisar el uso de la imagen institucional.

También coadyuvará en la producción y transmisión de los actos y eventos en los que participe el presidente, en coordinación con las demás unidades de la Oficina de la Presidencia, así como de las dependencias y entidades de la administración pública federal competentes.

Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del decreto se realizarán con cargo al presupuesto autorizado para tal fin a la Oficina de la Presidencia de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, razón por la que no se autorizarán recursos adicionales para el ejercicio fiscal de que se trate.


(PROCESO/ LA REDACCIÓN/ 30 DE ABRIL DE 2015 

ORDENAN A LA SEDENA ABRIR ACCESO A PARTES MILITARES SOBRE AYOTZINAPA


MÉXICO, D.F., (apro).- En un intento más por transparentar la actuación de los elementos del 27 Batallón de Infantería en el caso Ayotzinapa, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dar acceso a un particular a cuando menos dos partes de novedades identificadas por el organismo autónomo.

Lo anterior luego de que el instituto revocó la declaratoria de inexistencia que hizo la Sedena respecto de documentos firmados por mandos de la 35 Zona Militar y el 27 Batallón de Infantería, con asiento en Iguala, Guerrero, sobre acciones llevadas a cabo en días previos y posteriores a la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

El particular interpuso un recurso de revisión –RDA 1165/15—luego de que la Sedena declaró inexistente la información que solicitó: “copias de todas la bitácoras firmadas por los mandos encargados de la 35 Zona Militar y 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, correspondientes a los días 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de septiembre de 2014”.

Inicialmente la Sedena respondió que el 27 Batallón de Infantería desempeña funciones operativas y administrativas de la 35 Zona Militar; que realiza funciones administrativas, técnicas, educativas, disciplinarias y de control de las operaciones, pero que “ninguna elabora bitácoras” y por ello declaró inexistente la información.

En alegatos la dependencia confirmó su respuesta y argumentó que no hay lineamientos ni reglamentos que dispongan que los mandos deban elaborar bitácora alguna o reportes sobre las misiones llevadas a cabo.

Al analizar el caso, el comisionado ponente Oscar Guerra Ford destacó que la Sedena fundó su declaratoria de inexistencia en el hecho de que ni el Batallón de Infantería ni la Zona Militar elaboran documentos denominados “bitácoras”.

“El sujeto obligado basó la declaración de inexistencia en la palabra bitácora empleada por el solicitante, y en su respuesta lejos de tender a proporcionar la información que obra en sus archivos, aunque el solicitante no denomine correctamente los documentos, optó por declarar inexistente y no se esforzó por identificar plenamente mediante un requerimiento de información adicional que debió formular al solicitante”, argumentó Guerra Ford.

El comisionado ponente revisó la normatividad que rige a la Sedena y boletines de prensa relacionados con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa emitidos por la Procuraduría General de la República (PGR) y las Cámaras de Diputados y Senadores y concluyó que la Sedena podría tener documentos firmados por mandos de la 35 Zona Militar y el 27 Batallón de Infantería de las fechas solicitadas.

La Sedena, abundó el comisionado, ha participado en reuniones y grupos de trabajo relacionados con los hechos de Ayotzinapa; elementos del Ejército han prestado auxilio en actividades de búsqueda de los normalistas desparecidos y la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para el seguimiento de las investigaciones acordó solicitar información al titular de la dependencia.

Además recordó que en una reunión de trabajo del 18 de febrero en el Ifai, para revisar la respuesta de la Sedena en la resolución dictada dentro el recurso de revisión RDA 5366/14, se exhibieron versiones íntegras y públicas del “Parte de novedades dirigido al C. Coronel de Infantería, relativo al Campo Militar No. 35-C, de fecha 27 de septiembre de 2014” y “Parte de novedades dirigido al C. Capitán 1/o. de Infantería, relativo al Campo Militar No. 35-C, de fecha 27 de septiembre de 2014”.

De esa manera el Ifai constató que la Sedena cuenta con al menos dos partes de novedades que constituyen “documentos idóneos” para satisfacer parte de la solicitud del particular.

Por ello el comisionado Guerra Ford propuso, y el pleno lo aprobó, revocar la respuesta de inexistencia de la documentación e instruir a la Sedena a turnar la solicitud de información con número de folio 0000700007115 al Estado Mayor de la Defensa Nacional, con la finalidad de que conceda el acceso al particular a todos “los documentos firmados por los mandos encargados de la 35 zona militar y el 27 batallón de infantería con sede en Iguala, Guerrero, que reporten las acciones llevadas a cabo los días 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de septiembre de 2014”.

Entre esos documentos, señala la resolución del Ifai, no podrán faltar los partes de novedades del 27 de septiembre de 2014, respectivamente dirigidos al Coronel de Infantería y Capitán 1/o, relativos al Campo Militar No. 35-C.

El pleno abundó que en caso de no contar con documentos respecto las demás fechas de interés del particular (22, 23, 24, 25, 26, 28 y 29 de septiembre de 2014), con fundamento en el artículo 3°, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Sedena “deberá informarle por qué no cuenta con ellos, exponiendo los fundamentos a que haya lugar”.

La negativa de la Sedena a entregar información relacionada con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, ha sido constante.

El pasado 5 de febrero el fai resolvió el primer recurso de revisión relacionado con la desaparición de los 43 normalistas y ordenó a la Sedena entregar a un particular, en versión pública, fotografías y registros tomados a los estudiantes por el Ejército mexicano el pasado 26 de septiembre, sin que hasta la fecha haya dado respuesta.


(PROCESO/ LA REDACCIÓN/ 30 DE ABRIL DE 2015)

LA SOMBRÍA HISTORIA QUE DIO ORIGEN AL DÍA DEL NIÑO


Ciudad de México.- No todo ha sido risas y juegos. También hubo muertes. Y daños colaterales.

Este día especial, dedicado a los niños, es una tradición no sólo verlos, sino hacerlos felices. Los adultos mismos se sienten cómodos este día en el que surge los niños que habitan nuestra piel. Sin embargo, insititucionalizar al 30 de abril como el Día del Niño se debió a varios factores.

En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó que se instituyera en todos los países un Día Universal del Niño y sugirió a los gobiernos estatales que celebraran dicho Día, en la fecha que cada uno de ellos estimara conveniente.

La ONU celebra dicho día el 20 de noviembre, en conmemoración a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989.

Si bien en México se conmemora cada 30 de abril, no es así en todos los países. En Colombia se celebra el último sábado de abril, en Paraguay el 31 de mayo, y en Venezuela el tercer domingo de junio, por mencionar a algunos.

EL ORIGEN FUE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

Sin embargo, hay una historia en los archivos de México que define cuándo se decidió honrar a los menores.

Consta un acta exhibida en una notaría pública en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que el día del niño fue instaurado el 8 de mayo de 1916 en la ciudad de Tantoyuca, Veracruz; sin embargo, el 30 de abril de 1924, tras firmarse la “Declaración de Ginebra”, siendo presidente de la República Álvaro Obregón, se establece el 30 de Abril como la fecha oficial para celebrar el Día del Niño.

México se sumó a la Convención de Ginebra, para velar por el bienestar de la infancia, el cual se había visto vulnerado tras la Primera Guerra Mundial.

Con esta declaración también se establecieron las garantías de los niños mexicanos.

Tras la devastación el mundo reparó en los efectos negativos que tenían los conflictos bélicos en la población civil, en particular entre los niños.

Es por ello que en la Convención de Ginebra se emitió la Declaración de los Derechos de los Niños.


(ZOCALO/ Excélsior/ 30/04/2015 - 01:22 PM)

VIDEO: POLICÍA Y MOTOCICLISTA PROTAGONIZAN PELEA CALLEJERA


Ciudad de México.- Un video difundido en redes sociales muestran el momento en el que un policía y un motociclista protagonizan una pelea callejera en calles del Distrito Federal.

Las imágenes muestran al elemento tratando de impedir que el motociclista se vaya del lugar, sin embargo, el hombre se resiste por lo que inician los golpes.

Luego de unos instantes, al lugar llega otro oficial a quien al acercarse el motociclista le manifiesta que “el policía se pasó el alto y lo agredió”.

Mientras que los testigos aseguraban que el elemento había iniciado los golpes, se observa que el policía se lanza contra el motociclista, lo que provoca los reclamos de las personas que se encontraban en la calle, quienes le gritan “quítate la placa, montonero”.

Hasta el momento se desconoce el lugar y la fecha en que se grabó el video.


(ZOCALO/ EXCÉLSIOR/ 30/04/2015 - 04:27 PM)

PLAGIAN A EXNUERA DE VICENTE FOX


México, DF.- Mónica Jurado Maycotte, ex nuera de Vicente Fox, fue secuestrada ayer por la mañana en San Miguel de Allende, confirmaron fuentes federales de seguridad.

Los primeros reportes indican que el plagio ocurrió después de que Jurado dejó a sus hijas en la escuela “José Vasconcelos”, de ese municipio.

Mónica, exesposa de Manuel Bribiesca –hijo de Marta Sahagún e hijastro de Vicente Fox–, viajaba en una camioneta y fue interceptada por otro vehículo cuando circulaba por la calle Camino Antiguo Real de Querétaro.

Fuentes federales y del gobierno de Guanajuato informaron que en el plagio podría haber participado una banda de alto nivel y bien organizada, y una primera hipótesis es que sería la misma que secuestró a Diego Fernández de Cevallos en mayo del 2010 en Querétaro, y al empresario Eduardo García Valseca, plagiado en el 2007, también en San Miguel de Allende.


(ZOCALO/ Reforma/ 30/04/2015 - 08:46 AM)

BESOS, BESOS


Mijo, no andes en la malandrinada. Mejor ayúdame en el puesto de jotdogs y así aprendes algo de beneficio y ayudas en el sostenimiento de la casa y también te quedas con unos cuantos pesos. Ay amá, tú siempre con tus cosas. Al rato vengo, voy un rato con mis amigos. Y se perdía entre las escaleras, brincando, apurado, ruidoso y contento.

Vivían en medio de un caserío amontonado: el barrio era viviendas con ventanas y puertas y patios encimados. Las pisadas en el baño se escuchaban en la sala de dos casas atrás, y hasta los susurros, los gritos de los pleitos conyugales y los ronquidos más ajenos y distantes eran asunto de la colectividad.

Un día se juntó con los amigos de siempre y uno les propuso que se dedicaran a robar carros. Tas pendejo, si nos agarran nos matan, dijo otro. Él se quedó escuchando la conversación y en cuanto pudo se apuntó para hacer el primer jale. El que había hecho la propuesta les anunció que por cada automóvil había por lo menos cinco mil pesos. Bueno, eso depende también del jalo y del modelo del carro.

Se aventaron el primero y les gustó: la adrenalina les dilataba el pecho y hacía que los ojos saltaran, temblorosos y ansiosos. Se hicieron adictos al dedo en el gatillo, la supremacía de ordenarle a un desconocido bájate a la chingada, dame las llaves, pobre de ti que denuncias, si no te quitas te meto cinco balazos a la verga. A él le gustó esa cuarenta y cinco browning por negra y pesada. Otros agarraron un par de treinta y ocho cromadas.

Sin saberlo, conoció el temblor ajeno en ese médico, el arquitecto, el empresario, la doña que iba saliendo del súper y que hasta un pedo se echó cuando le sacaron la pistola. Sin nombres y sin rostros ni pasado. Era ese presente palpitante, esos billetes, pero sobre todo la autoridad impuesta a punta de pistola. Y echarles de la madre y tener la vida de ellos en ese dedo índice, pendiendo de un casi invisible hilo de telaraña. Te mato, hijo de tu puta madre. Te mato si vas a la policía.

Esa vez les pidieron una camioneta. Iba avanzando en su Nissan cuando vio a una mujer chula, joven, de pelo de selva amazónica y blancura de algodón. La imaginó sometida, boca abajo, en sus manos, besos y más besos, y ella correspondiendo y encariñada, y Dos te quiero, un qué buena estás, y un qué rico papito. Pero no. El trabajo es el trabajo. A chingar a su madre, mamacita. Dame las llaves.

Pero la morra era de un cabrón. El hombre tenía poder y mucho. Hizo una llamada y le respondieron ahorita mismo patrón. Llegó al barrio un convoy de patrullas. Los uniformados sacaron a todos los del barrio y los juntaron y golpearon. Quién fue, preguntaban. Cachetadas y culatazos. El morro, escondido, le explicó a su mamá que él se había librado, pero lástima por ese bato: ese que se llevaron y no vieron más.


(RIODOCE/ JAVIER VALDEZ/ 26 abril, 2015) 

HALLAN A JOVEN "LEVANTADO" ASESINADO EN EL LIMÓN DE LOS RAMOS


Un vecino de El Limón de Los Ramos, fue encontrado asesinado de dos balazos en la cabeza en la orilla del canal Humaya.

De acuerdo a algunas personas, éstas reportaron a las autoridades que a la orilla del canal Humaya, aproximadamente a un kilómetro del cerro Prieto, de la sindicatura Villa Adolfo López Mateos, (El Tamarindo), se encontraba el cuerpo de una persona sin vida.

Tras un recorrido por las orillas del canal, encontraron el cuerpo boca debajo de una persona con lesiones en la cabeza producidas por arma de fuego, pidiendo la presencia de un Ministerio Público.

El occiso fue identificado como Héctor Francisco Escobar Cárdenas, de 29 años de edad, con domicilio en el poblado El Limón de los Ramos, quien de acuerdo a declaraciones de los familiares, había sido privado de su liberad, por sujetos fuertemente armados desde el pasado martes.


(RIODOCE/ REDACCION/ 30 abril, 2015)

EN ACAPULCO ES ASESINADO UN MARINO


Un elemento de la Marina fue asesinado en el puerto de Acapulco, Guerrero.

Alrededor de las 05:50 horas, sujetos armados asesinaron al tercer maestre Alberto Reyes Braulio y dejaron herida a su esposa en la colonia Emiliano Zapata, cuando iban en un vehículo.

Al vehículo presenta tres balazos en el parabrisas y seis en la puerta trasera.

Mientras tanto, en diferentes hechos también fueron asesinadas tres personas.

(Eje Central)

(RIODOCE/ REDACCION/ 30 abril, 2015)

EX AUDITORES DE HACIENDA DELATORES DE LAS TRANSAS EN LOS "PERDONES"

El SAT revisa el caso con lupa...


Los entrevistados dijeron ser parte de un grupo de contadores que laboró por honorarios para el Gobierno y que decidió delatar las irregularidades tras su despido.

Cd. de México (30 abril 2015).- La reducción del pago de impuestos federales que obtuvieron 41 empresas de Sonora allegadas al Gobierno respondió a una orden expresa de funcionarios locales.

La clave era hacer una auditoría al contribuyente para simular que corregía su situación fiscal y pagaba sus impuestos, revelaron a REFORMA tres ex auditores de la Secretaría de Hacienda de Sonora.

Grupo Reforma publicó el domingo que, utilizando el convenio de colaboración fiscal que tiene la entidad con la Federación, se permitió que empresas ligadas al Gobernador Guillermo Padrés, incluyendo al candidato del PAN a la Gubernatura, Javier Gándara, dejaran de pagar 708 millones de pesos de impuestos.

Los ex auditores, que pidieron el anonimato, describieron que el primer paso para beneficiar a esas empresas era seleccionarlas para una auditoría fiscal.

Luego, esos contribuyentes presentaban una declaración de corrección con un pago de impuestos previamente pactado.

"Eran auditorías especiales. Hacíamos muchas en el año como auditores de la Secretaría Hacienda (de Sonora), pero para las especiales se seguía otro procedimiento", dijo uno de los entrevistados.

"Esas ya venían platicadas desde antes. Nos decían: 'el pago se va a cerrar en esta cantidad, vayan ajustando los papeles y las revisiones'. Eran procedimientos hechos a modo", agregó.

Dijeron que se usaban todos los recursos que tenían a la mano para simular la corrección y se armaba un expediente con el fin de evitar cualquier sospecha del SAT.

Las órdenes venían de Roberto Ávila Quiroga, director general de Auditoría Fiscal, y un grupo de subalternos, quienes dictaban a los contadores las pautas para la simulación, acusaron.

Los entrevistados dijeron ser parte de un grupo de contadores que laboró por honorarios para el Gobierno y que decidió delatar las irregularidades tras su despido.

Revelaron que la mayoría de los expedientes objeto de esa simulación están en poder del Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde se revisan.

"La orden era revisar lo que el contribuyente nos proporcionara de documentación, no se pedía más. Teníamos que armar un expediente y lo hacíamos sólo con eso, con lo que se tenía, una simulación, pues", detalló un ex auditor.

Normalmente, cuando la comprobación de ingresos lo amerita, es necesario pedir cuentas bancarias a la CNBV y hacer compulsas con proveedores, explicó.

"Todo eso no se hacía. Yo participé en una auditoría a Signmakers, que es una empresa que se dedica a la publicidad. El dueño es el subsecretario de Ingresos de Hacienda de Sonora (Gerardo Encinas), que es el jefe del director general de Auditoría Fiscal del Estado. Son compadres", explicó otro ex auditor.

"Detectamos depósitos en efectivo sin soporte documental y cuando armamos el expediente sólo incluimos los depósitos que se podían probar; si el SAT abre ese expediente y solicita estados de cuenta a la CNBV, pues va a salir todo", indicó.

Otro empleado contó que revisó el adeudo de Constructora La Grande, propiedad de Roberto Ochoa, un ingeniero amigo del Gobernador.

"En la revisión que hice del ejercicio 2012, le determiné un crédito (adeudo) por más de 6 millones por facturación apócrifa, estaba deduciendo gastos con facturación falsa. Me dijeron 'tú ajusta a esta cantidad' y se le cobraron como 200 mil pesos", relató.

Tras la denuncia, el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, admitió el lunes que este organismo está revisando el caso sin dar un plazo definido para concluir su investigación.


(DOSSIER POLITICO/ / Laura Carrillo / Reforma/ 2015-04-30)

DOBLE EJECUCIÓN EN LA PUEBLO NUEVO EN LA PAZ, BCS


Dentro de un auto quedaron los cuerpos

La Paz, Baja California Sur.- Los cuerpos exánimes de dos personas fueron encontrados la tarde de este miércoles, dentro de un vehículo estacionado en Michoacán entre Josefa Ortiz de Domínguez y Licenciado Verdad en la paceña colonia Pueblo Nuevo, ejecutados con disparos de arma de fuego.

Inmediatamente las corporaciones de Seguridad Pública integrantes del Grupo de Coordinación Baja California Sur, procedieron a la activación del código rojo, para la búsqueda y localización de el o los probables responsables de los hechos.

La zona se encuentra acordonado por las fuerzas de Seguridad para preservar la integridad de la escena donde se observa, en donde se tiene a la vista a bordo de un vehículo marca Jeep Cherokee de color azul,  un varón en el lugar del conductor, vestido con camiseta de color azul y pantalón de color gris, y una segunda persona, recargada de lado de la puerta delantera del copiloto, vestida con camiseta de color verde con rayas blancas y pantalón de mezclilla.

La PGJE dio a conocer la identidad de los ejecutados, se trata de Jesús Pablo Peña Lara, paceño de 32 años, quien falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico y abdominal, secundario a heridas penetrantes por proyectil de arma de fuego mientras que las causas del deceso de Manuel Salvador Cota Olachea, paceño de 40 años quedando pendientes, hasta no concluir la necropsia de ley.

Personal Ministerial y Periciales procedieron al aseguramiento y recolección de casquillos percutidos calibre 9 milímetros, los cuales están siendo analizados a través del sistema IBIS de identificación balística.

 Por lo anterior se continua en la ciudad con los diversos operativos que realizan las corporaciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de Gobierno, para la detención de los probables responsables.


(PENINSULAR DIGITAL/REDACCIÓN/ 29/04/2015)

OCULTAN AUDITORÍA EN LOS CABOS


A cuatro meses de haberse entregado la investigación sobre los ejercicios fiscales 2011, 2012 y 2013 al Ayuntamiento de Los Cabos, el expediente fue “guardado”, ya que aparece una serie de irregularidades, desde la utilización de recursos públicos federales etiquetados en pago de nómina, así como la asignación de contratos millonarios a familiares del alcalde, obras inconclusas o inexistentes y viajes de placer de regidores

Los Cabos, Baja California Sur.- La última vez que el presidente municipal de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, habló públicamente de la auditoría externa a los ejercicios fiscales 2011, 2012 y 2013, ordenada por el Cabildo del XI Ayuntamiento local, fue el 31 de diciembre de 2014, cuando durante una entrevista radiofónica en el programa “Los Cabos a la Carta”, presumió que la transparencia era uno de los “pilares” de su administración y anunció que los resultados estaban listos y se publicarían en breve.

El edil admitió que pretendía recobrar la confianza de los habitantes del destino turístico -tras estallar el escándalo del gasto irregular del excedente de 224 millones 643 mil 638 pesos en el ejercicio 2012-, y prueba de ello era que “habían contratado al despacho Bejar, Galindo, Lozano y Cía para realizar la investigación contable y ofrecer resultados”.

 “Ya nos entregaron la información y ya le informé al Cabildo que la tenemos”, citó textualmente, para después justificar que por el momento “no la daría a dar a conocer porque apenas vamos a tener una reunión con el despacho auditor, cuya firma es reconocida nacionalmente porque ha trabajado para la Auditoría Superior de la Federación, quien nos vendrá a dar el resumen general”.

Lo cierto es que -según la fecha del dictamen de la firma contable- el alcalde de Los Cabos tuvo en sus manos el informe ejecutivo general de la auditoría independiente desde el 22 de diciembre de 2014, es decir, nueve días antes de la entrevista radiofónica.

El resultado de la auditoría externa firmada por el contador Gerardo Lozano Dubernard, contiene alrededor de 500 hojas tamaño carta -de acuerdo a la copia obtenida por ZETA-, la cual se divide en los siguientes apartados en cada uno de los ejercicios fiscales:

1.- Dictamen presupuestal.

2.- Informe sobre la revisión de operaciones reportables relacionadas con obra pública y servicios.

3.- Carta de observaciones derivada de la auditoría sobre los estados financieros.

4.- Informe ejecutivo y propuestas de mejora. La auditoría externa fue ordenada por Cabildo en pleno el 17 de octubre de 2013 -según el acta de Cabildo número 41- para revisar las finanzas de los siguientes periodos fiscales:

* De mayo a diciembre de 2011.
* De enero a diciembre de 2012.
* De enero a junio de 2013.

De acuerdo al acta de Cabildo, el objetivo de la investigación contable era “elaborar un estudio general, del cual debería rendirse un informe profesional, bajo las normas y procedimientos de auditoría, partiendo de los principios básicos de contabilidad gubernamental, el cual debería contener las observaciones que deriven de los resultados, refiriéndose al señalamiento de deficiencias, irregularidades u otros hallazgos relevantes que en su caso, puedan advertirse, debiendo describirse las causas, efectos y preceptos legales que pudieran incumplirse, a efecto de que puedan emitirse recomendaciones preventivas o correctivas”.

Es decir, los regidores solicitaron una “auditoría forense” que permitiera principalmente detectar fraudes, robos y trucos legales y contables, además de situaciones anómalas en las que se pudiera investigar y dar con los presuntos responsables, sobre todo por las sospechas que surgieron tras el hallazgo del gasto irregular de los más de 224 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2012.

El precio de esta investigación contable -en base a la factura en poder de este Semanario- tuvo un costo de 2.5 millones de pesos, y de la cual, a pesar de su promesa, el propio alcalde José Antonio Agúndez Montaño no volvió a tocar el tema.

Después de obtener la copia de la auditoría externa, ZETA solicitó la opinión de un contador y un auditor para conocer la versión de expertos en el tema de investigaciones contables y, luego de revisar la copia del documento, determinaron se trata de “una auditoría tipo financiera”, porque “solo se auditaron los estados e información financiera presupuestaria, el cual comprende un analítico de ingresos, ingresos de flujo en efectivo, egresos de flujo en efectivo y del ejercicio presupuestario de egresos; clasificados en administrativo, económico y objeto del gasto de los ejercicios fiscales 2011, 2012 y 2013”.

Según los expertos, actualmente existen veinte tipos de auditorías, entre las más comerciales destacan las siguientes: financiera, operacional, sistemas, fiscal, administrativa, social y forense.

“La copia de la auditoría que estamos viendo definitivamente no es forense”, dijo tajante el auditor a este Semanario, y con base al informe del auditor expuso; “El despacho únicamente se limitó a revisar los estados e información financiera que el propio Ayuntamiento entregó, y a sentar una base para que fueran solventadas cada una de las observaciones (irregularidades), y corregir todo con base a las disposiciones legales en la materia, como son la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento; Normatividad sobre el Contenido y Control de la Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur; Manual de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable”.

Pese a que desde el punto de vista del regidor y presidente de la Comisión de Transparencia de Cabildo, Pablo Díaz Rivera, “la auditoría externa fue más bien un intento de ordenar el cochinero en el caso de los más de 224 millones de pesos y hacer un saco a la medida del gobierno municipal”, la investigación contable arrojó información que definitivamente ya no pudo ocultarse y vino a confirmar una serie de irregularidades cometidas en la feneciente administración del alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño.

La más grave, según el apartado de Dictamen Presupuestal de la auditoría en el ejercicio 2011, es la utilización de recursos federales etiquetados por el orden de 22 millones 300 mil pesos en el pago de nómina a trabajadores de base y confianza del Municipio, los cuales salieron del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) e incluso del Impuesto (estatal) sobre Nómina.

No solo eso. Algunos regidores como el perredista Víctor Ortegón Góngora, utilizaron dinero público bajo el concepto de Gastos para atender asuntos personales.

Por ejemplo, el 30 de diciembre de 2011 -de acuerdo a la póliza de diario 551-, el edil con licencia y actual candidato a diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), gastó dinero del XI Ayuntamiento de Los Cabos en la compra de cuatro boletos de avión viaje redondo Los Cabos-Canadá-Canadá-Los Cabos, acompañado de su esposa Jessica Olsen y sus dos hijas.

Peor aún, el despilfarro del XI Ayuntamiento de Los Cabos es tal, que desde la toma de protesta del alcalde Agúndez  -según el apartado Operaciones Reportables de Obra Pública y Servicios- “no se encontró evidencia de la existencia del programa anual de obra pública, tampoco datos de su existencia en Compranet y los procedimientos de adjudicación”.

La opacidad permitió que el edil asignara hábilmente contratos millonarios de obra pública a sus sobrinos Christian y Argelia María Agúndez Gómez, propietarios de la constructora Scala, S.A. de C.V.

Según la muestra de revisada -contrato R33-DGDS-OM-01-APO-2011-, la empresa recibió un contrato de 60 pies de casa por el orden de un millón 598 mil 135 pesos con 60 centavos.

Las fianzas de vicios ocultos de las empresas constructoras, como las de los hijos de Narciso Agúndez Montaño fueron entregadas -según el dictamen contable- dos años y cuatro meses después de la fecha en que las obras fueron entregadas y recepcionadas al Municipio, inclusive el finiquito de las mismas fue después de dos años transcurridos.

En base al resultado de la auditoría, el platillo fuerte de las irregularidades cometidas en el gobierno del alcalde de Los Cabos fue evidentemente en el ejercicio fiscal 2012.

En ese periodo nuevamente fueron desviados recursos federales etiquetados para el pago de nómina de los trabajadores, a pesar de que hubo un excedente en la recaudación de impuestos por 224 millones 643 mil 638 pesos, incluso un superávit presupuestal de 12 millones 300 mil pesos.

Las cantidades desviadas se canalizaron de las siguientes maneras;

* De los 9 millones del programa SUBSEMUN, se descubrió que 3.4 millones fueron utilizados en el pago del concepto de suplemento de nómina correspondiente a la segunda quincena del mes de diciembre de los empleados de base y de confianza del Municipio. El dinero del programa encaminado a la profesionalización y equipamiento de los cuerpos de seguridad fue tomado para pagar salarios, a pesar de estar etiquetado.

* De los 8 millones 100 mil pesos del programa del FAIS, se observó que dos partidas con importes de un millón 100 mil pesos y de un millón 900 mil pesos se emplearon en pago de la nómina, en vez de financiar obras, acciones sociales básicas e inversiones en beneficio directo a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema.

* De los 25 millones 100 mil pesos recaudados por Participaciones Estatales, particularmente Impuesto sobre Nómina, 7 millones 800 mil pesos se usaron para el pago de salarios, lo que contraviene lo establecido de que este dinero debe gastarse exclusivamente en obras de infraestructura social.

Según el dictamen, la auditoría arrojó que el XI Ayuntamiento gastó 20 millones 169 mil 81 pesos en presuntos servicios de “asesorías, estudios e investigaciones”, excediéndose por 14 millones 627 mil 310 mil pesos de más, de los 5 millones 541 mil 771 pesos previamente autorizados por el Cabildo para el ejercicio fiscal 2012.

— ¿Qué asesorías, qué estudios y qué investigaciones?, se le preguntó a la nueva tesorera, Emilia Vega Uribe.

“No lo sé, la verdad es mucho dinero, y justamente ahora que nos dieron la auditoría, solicité me hagan llegar el informe de ese gasto, porque algunos regidores están solicitando la información de ese gasto en particular”.

El propio auditor Gerardo Lozano Dubernard -según su dictamen- calificó el gasto como “un desahorro”, lo que coincidió con la opinión del regidor y presidente de la Comisión de Transparencia del Cabildo, Pablo Díaz Rivera, quien consideró “una verdadera grosería” ese presunto gasto, “es ilógico que se hayan gastado una fortuna, casi poco más de un millón de dólares en el mes de diciembre”.

Afirmó el edil: “No tenemos evidencias de que esas supuestas asesorías fueron prestadas, porque hasta ahorita no sabemos cómo y a quién, y tampoco nadie nos ha enseñado ninguna evidencia; ahora también nadie ha justificado si eran necesarias o no, o de qué tipo de asesorías estamos hablando”.

El dinero gastado por ese concepto -y de acuerdo a la auditoría- es 12 veces mayor que el destinado al programa de alimentación de personas de escasos recursos; cuatro veces mayor del dinero gastado en combustibles y lubricantes, y 19 veces superior al presupuesto cultural, social y deportivo, incluso a apoyos a la educación.

Lo más grave es que justo cuando se gastaron esos 20 millones, incongruentemente, el XI Ayuntamiento de Los Cabos había implementado un programa de “racionalidad y austeridad presupuestaria” para -según la disposición oficial- “mejorar los niveles de vida de los cabeños”, en el que estaban instrumentando “medidas concretas” en materia de gasto social para dar prioridad al gasto de inversión de infraestructura urbana, seguridad pública y servicios públicos.
De acuerdo al concepto Cuentas por Cobrar, la investigación contable arrojó hasta el 31 de diciembre de 2012 un adeudo de 129 millones por conceptos de préstamos otorgados a empleados, particulares e instituciones gubernamentales por parte del XI Ayuntamiento, como si se tratara de una beneficencia pública y que datan desde 2006.

LA AUDITORÍA DESTACA:

* 75 millones 40 mil 757 pesos al Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos (OOMSAPAS).

* 14 millones 797 mil 865 pesos a la coordinación municipal de Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT).

* 12 millones 680 mil 483 pesos a la compañía particular Promotora y Desarrolladora de Vivienda, S.A de C.V.

* 2 millones 558 mil 758 pesos a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

La propia tesorera del gobierno municipal, Emilia Vega Uribe, consideró que “las cuentas de los adeudos prácticamente son incobrables”, ya que en el caso de los trabajadores, muchos ya fallecieron y otros ya no están laborando.

“Ahorita estamos en un proceso de revisión y depuración, porque no tiene caso dejar de herencia esas deudas al nuevo gobierno, cuando de antemano sabemos que no van a poder recuperar ese dinero”, comentó a ZETA.

No obstante, guardó silencio sobre la desaparición de un millón de pesos --al cierre del ejercicio fiscal 2012- cuando el gobierno de José Antonio Agúndez, logró recuperar un préstamo otorgado por el IX Ayuntamiento de Los Cabos en 2007, al gobierno de Mulegé, dinero que simplemente se esfumó.

“La Tesorería ha tenido acercamiento con el actual Ayuntamiento de Mulegé, girando oficios de gestión de cobro por dicho préstamo, sin embargo, han respondido que éste ya fue cubierto, mostrando su estado de cuenta bancario con el retiro y concepto del pago de préstamos a favor del Ayuntamiento de Los Cabos; sin embargo, no se encuentra el depósito en las cuentas bancarias, de que dicho dinero se haya recibido”, transcribió el informe de la auditoría.

Pero las irregularidades no solo versan sobre el desvío de recursos federales y pagos millonarios a proveedores de familiares del edil cabeño, también –según el catálogo de la célula de resultados sobre la revisión de operaciones reportables relativas a Obra Pública y Servicios- sobre 14 obras inconclusas o inexistentes por 40 millones 626 mil 376 pesos con 31 centavos.

Las obras están relacionadas con la pavimentación, colocación de red de drenaje y agua potable en las colonias Los Cangrejos, Mesa Colorada, El Zacatal y San José Viejo en Cabo San Lucas y San José del Cabo.

“Las operaciones que se muestran en este documento fueron realizadas bajo el amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios, relacionadas con las mismas (federal), debido a que fueron contratadas con recursos federales. Estas obras aún no se encuentran concluidas, por tal razón, no aplica el atributo”, describe el informe firmado por el contador Gerardo Lozano Dubernard.

De igual manera, la auditoría arrojó que el XI Ayuntamiento de Los Cabos actuó de manera irresponsable, ya que “no se cuenta con la evidencia de cómo el Municipio verificó ante la Secretaría de la Función Pública que los contratistas con los que se celebraron los contratos, no estuvieran sancionados”.

El dinero pareciera no ser un problema en el gobierno del alcalde José Antonio Agúndez, porque de acuerdo al formato de observaciones, en algunos casos pagó dinero de más en la ejecución de obras públicas, como es el caso de la pavimentación de la calle José Antonio Castro Guluarte, donde incluso tuvo la negativa de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

La calle que originalmente se pavimentaría sería la Abelardo Rodríguez Montijo, donde se asignó un presupuesto de 5 millones 245 mil 432 pesos con 85 centavos, sin embargo, por “problemas técnicos” y tras el fallo de la licitación, de manera discrecional, el Ayuntamiento construyó sobre la calle José Antonio Castro Guluarte y pagó 664 mil 999 pesos con 58 centavos de más.

Finalmente, y según la auditoría, el gobierno municipal no termina por pagar el adeudo histórico por 111 millones 820 mil 238 pesos por concepto del pago de aportaciones de cesantía en edad avanzada y vejez, Sistema de Ahorro para el Retiro y FOVISSSTE, a pesar de que cada quincena descuenta las cuotas del sueldo de los trabajadores.

Los adeudos -según el apartado Cuotas y Aportaciones- son los siguientes:

*  3, 4, 5 y 6 bimestre del ejercicio fiscal 2008.

* 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012.

* 3, 4, 5 y 6 bimestre de 2013.

El retraso repercute en los trabajadores porque no se están cubriendo las aportaciones descontadas vía nómina, y por ende, no amortizan en créditos de vivienda.

Con estas irregularidades, el alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, no tuvo más remedio que esconder el resultado de la auditoría externa y evitar que pudiera filtrarse la información.

La tesorera del XI Ayuntamiento de Los Cabos, Emilia Vega Uribe, rechazó que escondieran el resultado, “más bien todavía esta pendiente una segunda reunión con el despacho auditor, donde van a entregarnos el total de la información”.

— El 31 de diciembre de 2014, el alcalde de Los Cabos se comprometió públicamente a dar a conocer el resultado de la auditoría. Sin embargo, han pasado cuatro meses y nada. ¿Qué fue lo que pasó, cómo va el asunto?

“En la reunión que tuvimos con el despacho auditor, habíamos pocas personas, porque no a todos los regidores, y lo voy a decir abiertamente, les interesa el tema, y por lo tanto, quedó pendiente una segunda reunión con el bufete, y hasta donde llegamos, los resolutivos que nos dieron son casi los mismos que están marcados en las cuentas públicas y abrimos unas mesas de trabajo para ir depurando la información. Yo te pudo decir que el despacho no presentó nada relevante o nuevo, donde tengamos que fincar responsabilidad por robo o dolo o irregular, porque solo son observaciones que se pueden resolver”, justificó la funcionaria.

Obviamente su dicho no corresponde con los resultados de la auditoría publicada en esta edición de ZETA.



(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ BCS/ GERARDO ZÚÑIGA PACHECO /  20 DE ABRIL DEL 2015 A LAS 13:00:00)