CON ROSARIO, LA CALDERA SE CALIENTA

Si las cosas avanzan como anticipó la Fiscalía General de la República, Rosario Robles se convertirá hoy en la funcionaria de mayor rango del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en ser imputada por un presunto delito de presunción, y si no ha cambiado de opinión el fiscal Alejandro Gertz Manero, probablemente por delincuencia organizada. Robles decidió dar una batalla política en el campo mediático, entendiendo los principales términos del proceso que le quieren abrir, pero también dejando abierta la posibilidad, que podría llegar a ser un punto de negociación, que le ofrezcan el criterio de oportunidad incorporado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. De seguir esa estrategia, la Fiscalía de Gertz Manero podrá encontrar una escalera al cielo.

El artículo 256 del Código establece la aplicación del criterio “cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio”. Robles ha dado muestras que está dispuesta a cumplir con la segunda parte del enunciado, y falta ver si también lo está para aportar información que presuma delitos más graves. No le queda mucho tiempo, ni tampoco tiene mucho espacio. Su comparecencia hoy en el Reclusorio Sur obedece a la acusación de presuntos delitos investigados por la Fiscalía. Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera encontró 105 operaciones de presunto desvíos de recursos del erario hacia empresas fantasmas, por lo que próximamente habrá una nueva denuncia.

Robles se dice segura que está limpia de cualquier delito que le imputen, porque no encontrarán su firma en ningún documento. Sin embargo, la Fiscalía General tiene dos testigos que declararon en su contra y que trabajaron con ella en la Secretaría de Desarrollo Social, aunque forman parte del grupo político del ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. La investigación de la UIF no tiene testigos, sino documentación sobre las triangulaciones financieras en donde aparece la mano de Emilio Zebadúa, quien fue su oficial mayor en las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

En ambos casos, las investigaciones no tienen como destino final el lucro de Robles o sus cercanos, sino la utilización de recursos para campañas políticas. De acuerdo con reportes de prensa, se le vincula al desvío de mil 300 millones de pesos para campañas políticas, en lo que se le denominó coloquialmente como “la estafa maestra”, que según el abogado de la ex secretaria, es una “ficción”. Con la nueva denuncia de la UIF, que encontró operaciones que nunca fueron vistas por la Auditoría Superior de la Federación que observó las irregularidades en las secretarías encabezadas por Robles, las acusaciones en su contra cada vez serán mayores y el caso más complejo para que pueda salir avante.

En todo caso, podría ir a la cárcel varios años, mientras se defiende. La pregunta es, dadas las condiciones en las que se encuentra, si está dispuesta a guardar el secreto de todo lo que sabe sobre esas operaciones irregulares, aunque ella no sea responsable directa. Emilio Lozoya, el ex director de Pemex, inició el camino del criterio de oportunidad, y está dispuesto a abrir la cloaca del gobierno peñista.

La puerta que puede tirar Robles y permitir que entre la Fiscalía para subir la escalera es la de Ernesto Nemer, a quien el entonces presidente Peña Nieto le impuso como el subsecretario del ramo, y cercano a Luis Miranda, que fue subsecretario de Gobernación y secretario de Desarrollo Social. Nemer acompañó a Peña Nieto desde que comenzó a escalar en el estado de México, y fue su coordinador de campaña para la gubernatura. Junto con Miranda trabajó en la operación política para que alcanzara el poder mexiquense y manejaron las elecciones intermedias en el estado y la campaña presidencial.

En aquellos años mexiquenses, el dinero era todo. Aquel grupo guardaba millones de pesos en efectivo, en sus bóvedas donde acumulaban los recursos por lustros, incluso hasta una década, para ser utilizado más adelante. Al llegar al Ejecutivo federal, no hubo muchos cambios en las actitudes. Miranda fue el gran ejemplo, cuando después de muchos desencuentros con la Coordinadora Magisterial, sacó la chequera del gobierno y les repartió dinero para que dejaran de oponerse a la Reforma Educativa.

El dinero político de Peña Nieto tenía un cajero, Luis Vega Aguilar, secretario de Finanzas en el gobierno mexiquense de Peña Nieto, y a quien puso en la Secretaría de Finanzas del PRI, donde fue el responsable de la Operación Safiro, revelada por Mexicanos Contra la Corrupción, mediante la cual presuntamente se desviaron 650 millones de pesos de siete estados, a través de 12 empresas fantasmas, para campañas priistas. En la investigación sobre los desvíos de Robles, aparece también Vega Aguilar, a quien como a ella y a Zebadúa, el viernes pasado le congelaron sus cuentas bancarias. Vega Aguilar fue protegido por Peña Nieto haciéndolo diputado, como hizo también con Nemer, sobre quien hay sospechas de su participación en “la estafa maestra”.

La carta de Robles para minimizar el daño jurídico, porque el político y su reputación están hechos añicos, es el criterio de oportunidad para revelar el enjambre que hicieron los mexiquenses durante el sexenio de Peña Nieto. Hacerlo sería reconocer culpabilidad, pero no habría consecuencias legales para ella. Si decide por esa estrategia, podría aportar evidencias para que la Fiscalía y la UIF actúen legalmente en contra la élite mexiquense, en España o en San Lázaro. Su valoración será personal y política, sin olvidar, como parece ser hasta ahora, que está tragándose todo lo que hizo y lo que no.

(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 8 DE AGOSTO DE 2019)

NOS QUIEREN VER LA CARA DE TONTOS

Desde el domingo pasado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, llena la arena pública con un discurso que a primera vista refleja un compromiso pleno en la defensa de los mexicanos en el exterior, y muestra indignación ante el asesinato de ocho conciudadanos por parte de un supremacista en El Paso. Su retórica escala con los días. Dice que analizan si acusan al asesino por terrorismo, sugiere su extradición y plantea el interés de saber si Patrick Crusius tenía cómplices, porque el gobierno está preocupado que haya más personas que piensen como él. La secuencia de intenciones es absurda. No porque Ebrard lo sea, sino porque quiere vernos la cara de tontos. De acuerdo con el artículo 19 de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, México no tiene jurisdicción en otro Estado, pero le ayuda al gobierno a desviar la atención de los temas que lo aplastan, la inseguridad y el deterioro económico.

Los señuelos son tragados por muchos, por el horror de la matanza de El Paso y la cercanía por las víctimas mexicanas. Ebrard juega con las emociones, propias de un gobierno que las transmite todo el tiempo para construir el consenso para gobernar, dentro de una aparente estrategia que estimula el sentimentalismo para olvidar otras preocupaciones y angustias. La empatía del gobierno para con las víctimas se traduce en empatía de la sociedad con su gobierno, que ha caminado estos días por un sendero donde no se mete con el presidente Donald Trump, pese al repudio generalizado en su país y el mundo por no comprometerse con una reforma para el control de armas, al tiempo de desplegar juegos pirotécnicos mediante la retórica.

Insistir que quieren acusar a Crusius de terrorismo, es una táctica de distracción. La discusión pública sobre terrorismo doméstico en Estados Unidos, como se ha clasificado políticamente el ataque, no significa que vayan a acusar al asesino de terrorista. Estados Unidos tiene una ley sobre terrorismo doméstico, pero las autoridades texanas no tienen necesidad de ser demagogos y tampoco perderán el tiempo con acusaciones que magnifican el homicidio, pero jurídicamente vulnerables. Crusius fue acusado de homicidio calificado, y habrá nuevas imputaciones una vez que concluyan las investigaciones y se presenten a un Gran Jurado del condado de El Paso. El fiscal quiere incriminarlo por el delito de crimen de odio, y pedir la pena de muerte.

En ningún momento han hablado de acusarlo por actos terroristas. La ley de terrorismo doméstico no incluye en esa categoría a los asesinatos masivos. Un fuerte debate en Estados Unidos es que tal insuficiencia refleja racismo, al calificar a jihadistas como “terroristas” por ser musulmanes, mientras los terroristas estadounidenses, son “lobos solitarios”. No existe tampoco una ley internacional sobre el terrorismo, porque no hay acuerdo sobre su definición.

Ebrard dice que para México, Crusius es “terrorista”, y plantea extraterritorialidad. Adelantar que quiere su extradición, es un ardid mediático. Aunque el asesinato no fue necesariamente aleatorio por la amenaza contra los “hispanos” en su manifiesto, los abogados del gobierno mexicano, tendrían que probar que Crusius iba directamente a matar a las personas que asesinó. La Fiscalía General en todo caso, no tiene competencia, y la valoración sobre la acusación chocará con esa realidad.

Todo esto lo saben Ebrard, el fiscal y el presidente. No son ignorantes ni ingenuos. Es un juego de espejos. Lo más básico de la estratagema es la “preocupación” que haya más personas que piensen como Crusius. Sobra. Ese pensamiento existe desde la colonia en Estados Unidos, que motivó la Guerra Civil que no resolvió el problema, que se arrastró al Siglo XX y no ha cesado. El canciller juega para la gradería en la construcción de percepciones. Que la atención se centre en El Paso, no en México. Los problemas están afuera, no adentro. Regresamos a los años 80, cuando el sistema político forzaba a hablar mucho de lo exterior para no hablar de lo interior.

Sin embargo, en el mediano plazo, este discurso podría ser contraproducente para el gobierno. El artículo 139 del Código Penal Federal establece prisión de seis a 40 años y hasta mil 200 días de multa, por los delitos que resulten, “al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación”.

Elevar la atención de los mexicanos sobre la posibilidad de acusar de terrorista a quien comete ese tipo de crímenes, abre una puerta en México. Por ejemplo en Minatitlán, donde en abril hubo una matanza de 14 personas confundidas con un grupo de narcotraficantes. El comando hizo lo mismo que Crusius: utilizó armas largas, disparó aleatoriamente y causó terror. Bajo el parámetro de Ebrard, también son terroristas.

Los familiares de las víctimas de Minatitlán podrían acusar a los asesinos de terrorismo de acuerdo con el Código Penal, e ir más allá y acusar de omisión de las autoridades estatales y federales para resolver la matanza, y de probable complicidad del gobierno federal porque no combate narcotraficantes. Crusius y los sicarios son lo mismo, aunque lo fraseen diferente. La estrategia que dice Ebrard seguirá en El Paso, podría ser replicada en contra del gobierno en Minatitlán. No sería este el único caso, pero la verborrea demagoga de las autoridades lo presentan involuntariamente como un posible arquetipo para juicios por terrorismo en México.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/  RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 7 DE AGOSTO DE 2019)

DESGASTE PRESIDENCIAL

Quienes observaron al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa el lunes desde Valle de Bravo, pudieron haber apreciado a una persona que se veía desaliñada, con ojeras notorias y un rostro de fatiga. Se podría entender porque sus horas de sueño, para las cuales es muy disciplinado, se alteraron por la matanza de mexicanos en El Paso. Gobernar a México ha resultado bastante más complejo de lo que pensaba el presidente, aunque públicamente dice lo contrario. La permanente molestia contra la crítica en los medios exuda frustración ante la observancia de sus yerros, limitaciones y contradicciones, lo que se ha reflejado intramuros. Uno de sus más leales colaboradores admitió que ya prácticamente nadie le dice nada en las sesiones masivas previas a las mañaneras, porque no quieren que los regañe y descalifique en público.

El presidente sufre un desgaste pronunciado. En febrero, López Obrador alcanzó un máximo de aprobación al llegar a 81%, que representaban 27 puntos arriba del porcentaje de mexicanos que votaron por él en la elección presidencial. Para la medición de junio, había caído 15 puntos, una tasa que se mantuvo estable en julio, de acuerdo con la encuesta de aprobación presidencial publicada por El Financiero este lunes. Es un margen importante que mantiene el consenso para gobernar, pero está lejos de ser una cifra extraordinaria. De hecho, es apenas un punto más de lo que tuvieron Vicente Fox y Felipe Calderón al medirse el primer semestre de sus presidencias. Fox cayó durante su primer año de gobierno, pero Calderón se mantuvo. La duda es qué sucederá con López Obrador.

Si se realiza una proyección a partir de la encuesta de El Financiero, la probabilidad de que López Obrador siga cayendo es alta. Esta afirmación es casi un pleonasmo. Cuando se ha llegado tan alto en las encuestas, se aplica la mecánica clásica de Isaac Newton: todo lo que sube, tiene que caer. La gravedad política de López Obrador muestra claramente esa caída. El porcentaje de aprobación de 66% es el principal dato duro del estudio, pero no refleja el desgaste. Para verlo hay que comparar los resultados de esta última medición con la que hizo el periódico al cumplir el presidente 100 días en el cargo.

En los rubros torales donde existe la pregunta expresa, la aprobación de López Obrador cae y el desacuerdo sube. El más pronunciado, paradójicamente, fue su caballo de batalla durante tres campañas presidenciales, la corrupción. A la pregunta si veían muy bien/bien (MB/B) el combate a la corrupción, 53% aprobaron las acciones presidenciales en su corte a los 100 días, mientras que 24% lo desaprobaban y lo calificaban de muy mal/mal (MM/M). En la encuesta de julio, la respuesta MB/B se desplomó 37 puntos (21% aprobaron), y la MM/M se elevó 27 (51% desaprobaron).

A los 100 días de gobierno, 58% de los encuestados calificaron la seguridad pública como MB/B, contra 22% que la pensaban MM/M, pero en julio, las cifras se habían invertido: 33% respondieron MB/B y 42% dijeron MM/M, lo que significó una caída en la aprobación de 25 puntos, y un incremento de 20 puntos en la desaprobación. En el tema de la economía, a los tres meses el 53% dijo que la conducción económica era MB/B contra 24%, que al responder MM/M reprobaba esa gestión. Tres meses después, la respuesta MB/B cayó 30 puntos (23% de aprobación de los encuestados) y la respuesta MM/M subió 27 puntos (51% de desacuerdo). Los niveles de satisfacción cayeron 16 puntos en la aprobación, y se elevaron 12 puntos en el desacuerdo.

La encuesta de julio reflejó insatisfacción en cómo está enfrentando la pobreza – otro de sus compromisos históricos-, la salud, los apoyos sociales, la educación y la obra pública, que de alguna manera se pueden explicar por los recortes presupuestales en todas las áreas, las deficiencias en la asignación de recursos para la compra de medicinas, el subejercicio y la desorganización dentro del gobierno que impacto en la no entrega de los programas sociales, así como al parar la construcción, se deshidrató la economía. Dos datos duros del estudio que refuerzan estos desacuerdos tienen que ver con la percepción de los colaboradores del presidente, donde 39% respondieron a la pregunta cómo calificaría al presidente, con MM/M contra 35% que dijeron MB/B, y la forma como perdió respaldo en su capacidad para dar resultados, donde si bien el 45% respondió MB/B, el 35% dijo MM/M.

El presidente mantiene altos niveles en sus principales atributos, honestidad (58% de aprobación contra 24% de desacuerdo), y liderazgo (53% de aprobación contra 32% de desacuerdo), pero al revisar los resultados en el manejo de los temas, cabe la interpretación de que el discurso del presidente de que todo lo malo que existe es culpa del pasado, está perdiendo efectividad. Los mexicanos empiezan a no creerle, y a cuestionarlo sobre promesas incumplidas, como muestra la mala calificación en el rubro de la corrupción. No le ayudaron para mejorar esa percepción, según refleja la encuesta, los procesos contra la ex secretaria de Estado, Rosario Robles, el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y el abogado de las élites, Juan Collado.

La medición no prende los focos rojos al presidente, pero sí es un llamado que requiere su atención. El desgaste tiene que ver con el discurso y su comunicación política, que empieza a mostrar vacuidad e ineficiencia. Los sofismas también han perdido efectividad. La ventaja es que apenas lleva siete meses en el gobierno, y tiene suficiente tiempo para corregir y administrar de manera más inteligentemente las expectativas—si admite que está mal y va mal.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 6 DE AGOSTO DE 2019)

HASTA A LOS DE CASA MUERDE

La Fiscalía General de la República es tan autónoma, tan independiente, que hasta a los de casa muerde. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, da muestras inequívocas de su poder y lleva algunas cosas hasta lo inverosímil. De esta manera, se le fue encima a la Secretaría de Hacienda y quiere llevar a la cárcel dos funcionarios y dos ex funcionarios del Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales, porque se negaron entregarla sin sustento legal seis inmuebles que la vieja Procuraduría General de la República puso a su disposición tras los sismos de septiembre de 2017, porque no estaban en condiciones de seguir siendo utilizados y el riesgo que significaba para cientos de personas.

Gertz Manero quiso forzar las cosas mediante el amedrentamiento que, para algunos, puede convertirse fácilmente en terror ante la posibilidad de ir a la cárcel. Cuando el INDAABIN, el acrónimo del Instituto, se negó a restituir por la fuerza y al margen de la ley los inmuebles, la Fiscalía General inició de oficio la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000397/2019, y giró citatorios a cuatro personas para entrevistarlos en calidad de testigos -una categoría donde no pueden dejar de ir a comparecer porque entonces violarían la ley-, y quería imputar a dos altos funcionarios del instituto quebrantar los artículos 214 fracción IIII y el 217, fracción I del Código Penal Federal.

El primero se refiere a que conociendo por razón de su empleo que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal, por cualquier acto u omisión no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades. El segundo al servidor público que ilícitamente otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, con recursos públicos.

A quien tiene en el umbral de la imputación es al director general de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, Alan Daniel Cruz Porchini, y al ex presidente del INDAABIN, Julio César Guerrero Marín. Los dos fueron citados a comparecer el jueves pasado -aunque se suspendió la audiencia-, junto con Luis Gregorio Ojinaga de la Luz, director de Gestión de Uso de Inmuebles, y a Angélica Vargas Béjar, en ese entonces subdirectora de Evaluación y Usos Alternos del instituto. De la lectura de la documentación del caso, se puede argumentar el uso abusivo de la autonomía del fiscal, al grado de que pueda criminalizar a funcionarios porque cumplieron con la ley.

Todo comenzó el 1 de febrero de 2018, cuando la extinta PGR puso a disposición del INDAABIN de manera voluntaria seis inmuebles porque no podían seguir siendo utilizados, luego que los dictámenes estructurales realizados tras los sismos de septiembre de 2017 establecieron que no podrían seguir ocupados y sugerían su desalojo. Entre estos se encontraban los edificios principales sobre Paseo de la Reforma, otro más donde estaban áreas sensibles de investigación e inteligencia, y tres adicionales, todos ellos en la alcaldía Cuauhtémoc. La puesta a disposición y la entrega recepción de los inmuebles se hicieron conforme a la Ley General de Bienes Nacionales. La entrega física de los inmuebles se concluyó en octubre y noviembre del año pasado.

La extinta PGR propuso su venta y que los recursos se le etiquetaran, pero al no tener facultades sobre ese tipo de decisiones, no procedió. Entonces, en acatamiento de las normas, el INDAABIN notificó a todas las instituciones del gobierno federal sobre los inmuebles para conocer si había interés en alguna de ellas para que le fueran transferidos. Al no existir interés alguno, conforme a la norma de que en ese caso dictaminara el mejor uso y aprovechamiento de los inmuebles, concesionó cuatro de ellos a privados que invertirían en ellos y los rehabilitarían, sin que dejaran de ser patrimonio federal.

En marzo comenzaron los problemas. Francisco Sáenz de Cámara, coordinador de Planeación y Administración de la Fiscalía, le pidió a la Oficialía Mayor de Hacienda que se le restituyeran los inmuebles y solicitó al INDAABIN que evaluara la solicitud. El 15 de abril, la oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, le envió a Sáenz de Cámara la respuesta del INDAABIN, donde detallaba los resultados de los dictámenes estructurales, las recomendaciones de desalojo y los procesos de concesión, concluyendo que “no resulta procedente atender de manera favorable la solicitud”.

La respuesta de la Fiscalía fue ir tras los que consideraba responsables. Gertz Manero no actuó en contra de Buenrostro o del presidente del INDAABIN, Luis Mariano Cortés, sino contra su antecesor y contra funcionarios de segundo nivel del gobierno actual, y omitió incluir en la carpeta de investigación las respuestas de Buenrostro y de Cortés a la Fiscalía, con lo cual el Ministerio Público Federal, obtuvo información parcial, donde se puede argumentar manipulación de la justicia.

La audiencia original para los testigos y los imputados fue diferida para el 1 de agosto, porque el juez consideró que la Fiscalía General incumplió el Código Nacional de Procedimientos Penales al no proporcionar en tiempo copias de la carpeta de investigación a los imputados, con lo cual no podían armar una defensa adecuada. Se desconocen las razones por las que el miércoles pasado se dio un nuevo aplazamiento de la audiencia.

La actitud de Gertz Manero recupera sus batallas intramuros en el gobierno de Vicente Fox, por lo cual abrir fuego amigo contra Hacienda no es algo insólito en él. Hace unos 15 años ganó en primera instancia su pleito, pero después lo perdió. Aquello debería haber sido una lección, para recular hoy en su pretensión y buscar una forma no arbitraria de salirse con la suya.

(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 5 DE AGOSTO DE 2019)

EL RENCOR DEL PRESIDENTE

El presidente Andrés Manuel López dice que no es vengativo. Pero de que guarda un profundo rencor por lo que sucedió en la elección presidencial de 2006, no hay duda. López Obrador tiene muy bien identificados a quienes no ve como adversarios sino como enemigos, los ex presidentes Carlos Salinas y Felipe Calderón, con quienes tiene un diferendo histórico y, todo sugiere, está en proceso de ajustar cuentas. Lo transpiró ayer en su comparecencia ante la prensa cuando le preguntaron sobre Rosario Robles, y si seguía pensando que era un chivo expiatorio. “Sigo pensando lo mismo, que los responsables de la tragedia nacional son los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado, nada más que ya no puedo decirles como les decía antes”, dijo. O sea, “la mafia del poder”.

La pregunta sobre Robles fue fraseada de una manera extraña, donde no se inquirió directamente sobre la investigación, pero le abrió a López Obrador el contexto para regresar 12 años en la historia. “Si no se hubiese llevado a cabo el fraude del 2006, no estaría el país como está”, agregó. “Ese fraude causó muchísimo daños porque impusieron a Calderón. Nosotros hicimos un compromiso que no íbamos a desatar la persecución, no es mi fuerte la venganza, ni siquiera a los que nos hicieron mucho daño, no sólo el daño personal, no sólo porque me robaron la Presidencia, sino porque por ese fraude hundieron al país”.

López Obrador no supera la elección presidencial de 2006, que perdió ante Calderón por sólo 243 mil 934 votos. Nunca admitió el resultado y profundizó un conflicto postelectoral para solicitar, por fuera de la ley electoral, que hubiera un recuento general de votos. Calderón envió a un emisario, Florencio Salazar Adame, un ex priista que se sumó a su campaña, para hablar con dos personas cercanas a López Obrador y proponerle que abrieran todas las urnas y recontaran todas las boletas, con la condición de que quien resultara perdedor, aceptaría la derrota. Como respuesta sólo hubo silencio.

López Obrador revivió ese año con toda fuerza, pero en un contexto donde están alineándose las cañoneras. Salinas es a quien responsabiliza primariamente de “imponer” a Calderón, y “robarle” la elección, tras una embestida para descarrilar su campaña presidencial al difundir escandalosos videos producidos por el empresario argentino mexicano, Carlos Ahumada, a quien el abogado Juan Collado llevó ante el ex presidente para entregárselos y fraguar el desprestigio de López Obrador.

Collado está en la cárcel enfrentando un proceso por supuestos nexos con la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que Ahumada, de la nada, volvió a la escena pública criminal, al desempolvar la Fiscalía General una denuncia de Robles en su contra por la falsificación de documentos y la firma apócrifa de un pagaré, que había desestimado la vieja Procuraduría General de la República en 2013. Entonces, lo que tiene es al autor intelectual y material de los videos políticos donde aparecían el secretario particular de López Obrador, René Bejarano, recibiendo miles de pesos, y a su secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, jugando en Las Vegas, así como al facilitador del encuentro con Salinas, en la picota. Los dos ex presidentes no tienen cargos en su contra, pero ya los colocó López Obrador en la línea de fuego.

Los videoescándalos son una historia de intriga. Comenzó su difusión en marzo de 2003, cuando Ahumada estaba siendo perseguido por López Obrador, que empezó a cerrarle sus empresas y cancelarle contratos en la Ciudad de México. Ahumada había financiado campañas políticas del PRD, incluida la de López Obrador para el gobierno del entonces Distrito Federal, y como pago le habían dado contratos de obra pública. Robles lo metió al partido y Ahumada amplió sus financiamientos. Bejarano no era el único. Le miles de pesos a Carlos Imaz, en ese entonces esposo de Claudia Sheinbaum -y les pagó una vacación en París, en el espectacular George V-, y a Horacio Duarte, que fue representante de López Obrador en viejo INE y actualmente es subsecretario de Trabajo.

La persecución de Ahumada se originó cuando suponía el entorno del entonces jefe de Gobierno, financiaría la cuarta intentona presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas, cruzándosele López Obrador. Ahumada, soberbio e ingenuo, decidió ponerse en manos de Salinas, confiado en que sus videos le impedirían llegar a la Presidencia. Lo dañaron, pero prematuramente. A Ahumada todos los desecharon por ser un lastre, pero la lucha en las élites continuó. López Obrador revivió ayer esa afrenta y describió a sus enemigos políticos.

Salinas está residiendo en Londres, Calderón en la Ciudad de México y Ahumada, que tiene órdenes de aprehensión en este país, en Buenos Aires, donde ha querido replicar lo que hizo en México, ante la preocupación del gobierno del presidente Mauricio Macri. Collado está en la cárcel, y aunque se le relaciona más con el ex presidente Enrique Peña Nieto, es el tronco del que se pueden desgajar las ramas. Es el portador de los secretos patrimoniales de toda una generación de priistas, no sólo los que se ven hoy en día, sino otros más, muy influyentes en su momento, que se cruzan a su vez con empresarios metidos en el sector minero, energético y de medios de comunicación, enemigos del presidente.

Calderón no forma parte de ese grupo, aunque López Obrador lo vincula por la elección de 2006. Es una externalidad revigorizada del rencor de López Obrador, que se reflejó de manera evidente en su tono, retórica y lenguaje de cuerpo, al enseñar que esta vieja guerra que reabrió ayer, no tiene luz al final del túnel.

(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 2 DE AGOSTO DE 2019)

LOS AMIGOS (EXTORSIONADORES) DE LOZOYA

En el verano de 2015, Emilio Lozoya, el entonces muy poderoso director de Pemex, me recibió con la indignación contenida en su oficina. La reunión pactada para hablar de la empresa se convirtió en un reclamo, al haber puesto en entredicho la integridad de dos personas muy cercanas a él, que trabajaban en la paraestatal. Lozoya quería refutar una columna sobre la corrupción en Pemex publicada en julio, en donde se señalaba a sus amigos, Froylán Gracia, coordinador ejecutivo de la Dirección General, y Arturo Henríquez Autrey, director de Procura y Abastecimiento de Pemex, responsable de las adquisiciones. En aquél encuentro incómodo, Lozoya dijo responder plenamente por la honestidad de los dos. La columna que motivó la reunión decía:

“Nadie quiere decir en voz alta lo que para algunos es un escándalo palaciego: la confrontación entre dos secretarios de Estado, Luis Videgaray de Hacienda, y Pedro Joaquín Coldwell de Energía, con el director de Pemex, Emilio Lozoya. Los temas son variados: mala gestión en Pemex y corrupción. Hay incluso una investigación sobre funcionarios de la empresa por presuntas ilegalidades, como comisiones multimillonarias por entrar a la licitación petrolera, o pagos para conseguir citas con Lozoya…

“Varios inversionistas mexicanos y extranjeros se han quejado en los últimos meses de abusos por parte de mandos en Pemex. Funcionarios federales dijeron que el secretario de Energía investigó denuncias de que uno de los colaboradores más cercanos a Lozoya le pidió siete millones de pesos a un empresario petrolero mexicano para conseguirle una cita con el director de Pemex. Otro caso se dio el año pasado, cuando representantes de una empresa petrolera texana estuvieron en Pemex para preguntar detalles sobre la Ronda Uno de la Reforma Energética. Les pidieron 20 millones de dólares… Los petroleros se negaron y dejaron de interesarse en los campos que se pondrían a subasta meses después”.

En 2015, la corrupción ya tocaba los pisos más altos en Pemex. Lozoya lo negaba y decía que sus colaboradores no tenían ninguna razón para pedir dinero, porque riqueza tenían de antemano, sobre todo Henríquez Autrey, cuya familia cercana, Autrey Maza, se habían asociado con Alonso Ancira para quedarse con Altos Hornos de México, que se privatizó en el gobierno de Carlos Salinas. Ancira se encuentra en España, perseguido por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por presunto lavado de dinero en relación a la venta de Agro Nitrogenados a Pemex, por el cual la Fiscalía General acusa a Lozoya de corrupción.

Sin embargo, Henríquez Autrey, de acuerdo con información confirmada -en aquella columna de 2015 apenas se esbozaba-, se dedicaba a actividades que iban más allá de sus responsabilidades oficiales. El responsable de compras de Pemex extorsionaba a dueños de empresas que tenían relación con la empresa productiva del Estado. El amigo de Lozoya pedía cuatro millones de dólares mensuales a empresarios que, decía, eran en realidad para el director de Pemex. Gracia, quien era el que cobraba por citas para ver a Lozoya, formaba parte de este círculo. En una casa en la colonia Nueva Anzures, no lejos de Pemex, era a donde se entregaba el dinero en efectivo. Esa casa tenía cámaras escondidas para videograbar a todas las personas que llegaban a ella. Ahí llegaban a llevar mujeres eslavas para divertimento de políticos o empresarios, quedando los videos como seguros de vida o, eventualmente, para extorsiones.

Hernández Autrey renunció a Pemex en septiembre de 2015, luego que se dio a conocer en los medios una fotografía tomada en 2013 en Los Cabos, con Amado Yáñez, socio mayoritario de Oceanografía. La fotografía fue proporcionada por Martín Díaz, socio de Yáñez, de quien se habia distanciado. Las imágenes mostraban un ambiente de camaradería lo cual, cuando menos, generaba la percepción de un conflicto de interés. Era todo lo contrario, la PGR del entonces titular Jesús Murillo Karam, recibió información que Yáñez era uno de los empresarios a los cuales estaba extorsionando Henríquez Autrey a nombre de Lozoya, y que ese encuentro terminó muy mal, pues el empresario petrolero se negó a seguir pagándole la extorsión. Meses después de ese choque, Lozoya acusó a Yáñez de fraude y logró que lo detuvieran. El dueño de Oceanografía recuperó la libertad en 2017.

Las investigaciones por la venta de citas para Lozoya no siguieron adelante. Tampoco se procedió en contra de Gracia ni de Henríquez Autrey. Aunque el director de Pemex tenía en contra a Videgaray, el alter ego del presidente, la relación de Lozoya con Enrique Peña Nieto estaba anclada en intereses económicos superiores que incluían servicios a la familia presidencial. En una ocasión, la segunda vez que Videgaray le pedía la renuncia de Lozoya, Peña Nieto le respondió que era la última vez que le permitía hablar del tema, y que no lo cesaría. Toda la información que acumuló Murillo Karam contra Lozoya, se congeló. La que construyó el ex procurador Raúl Cervantes en los temas relacionados con Odebrecht, también. El caso contra Lozoya fue congelado por el último encargado de despacho en el gobierno de Peña Nieto, Alberto Elías Beltrán.

La corrupción en Pemex fue el primero de los grandes casos en los que intervino Gertz Manero. Según personas que conocen la investigación, no es la más sólida sobre Lozoya, pero es el principio. Lozoya, que decía tras salir de Pemex que si lo abandonaba Peña Nieto, hablaría todo lo que sabía, tiene abierta la amenaza. La duda persiste si se va a entregar próximamente a la Fiscalía, y si ésta procederá contra sus colaboradores. Pero la información que tiene es nuclear contra un gobierno que avaló o que hizo cómplice por omisión, al ex director de Pemex.

(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 1 DE AGOSTO DE 2019)

LA COBARDÍA DE LOZOYA

Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, dio la cara a la opinión pública desde la clandestinidad, al responder un cuestionario que le presentaron conjuntamente los diarios Süddeutsche Zeitung de Münich, Tamedia de Zúrich, y el portal Quinto Elemento Lab de la Ciudad de México. Lozoya dijo que había una persecución política contra él y su familia, calificándolo como un “ataque cobarde y sin fundamentos”. El cuestionario que le presentaron los medios fue devuelto, ya respondido, tres días después de que detuvieran a su madre en Alemania, por petición de la Fiscalía General de la República.

“En dicha persecución política atacan a mi familia. A mi madre se le acusa que haya recibido dinero de alguna cuenta mía antes de que yo fuera funcionario público”, afirmó Lozoya en su defensa epistolar. “¿Qué clase de delito es ese? Además de los delitos que se nos imputan no ameritan prisión preventiva en México, pero a pesar de eso el gobierno le mintió o se coludió con un juez en México para general órdenes de aprehensión”.

Las respuestas de Lozoya no se inscriben en las motivaciones que llevaron a la Fiscalía General a solicitar las órdenes de aprehensión. Según funcionarios federales, las órdenes en las cuales aparece relacionada su madre tienen que ver con el Caso Odebrecht, donde varios de sus ejecutivos declararon ante la Fiscalía brasileña que investiga la corrupción del conglomerado de la construcción, que le entregaron 10 millones y medio de dólares entre 2012 y 2014, presuntamente para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y para obtener contratos durante ese gobierno. La imputación en México es como autor material de lavado de dinero, que es un delito que no alcanza fianza.

El proceder de Lozoya no sorprende. Las propias autoridades mexicanas están asombradas que el ex director de Pemex esté más preocupado en él que en su familia, toda vez que sabía de la existencia de un voluminoso expediente que había sobre él. No hay sorpresas en ello. Lozoya fue a ver al fiscal general Alejandro Gertz Manero antes de que el caso se enredara y saliera la orden de aprehensión en su contra. Gertz Manero le pidió que declarara, pero Lozoya le respondió que él era inocente y, como insiste públicamente, no había cometido ningún acto de corrupción. El fiscal le insistió, mostrándole el voluminoso expediente, que tenían evidencia que lo inculpaba. Lozoya se mantuvo en su posición.

De acuerdo con los funcionarios federales, ante la decisión de Lozoya de no declarar y de fugarse de la justicia, se siguió con el proceso que terminó con la orden de aprehensión de su madre por el presunto delito de lavado de dinero y asociación delictuosa, y la emisión de una ficha roja de Interpol para ubicación de su esposa, su hermana y una corredora de bienes raíces que participó en operaciones inmobiliarias relacionadas con el caso de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados que adquirió a sobreprecio de Altos Hornos de México, por lo cual también su dueño, Alonso Ancira, está detenido en España acusado de presuntos delitos de corrupción.

Un funcionario federal defendió la captura de la madre de Lozoya. “Su firma aparece por todos lados”, dijo de manera figurativa para subrayar que documentos que sirven de evidencia sobre el Caso Odebrecht, fueron firmados por ella. Lozoya pudo haber declarado cuando se lo pidió Gertz Manero y haber aclarado la participación de su madre y su familia en los presuntos casos de corrupción, lavado de dinero y asociación delictuosa, pero no lo hizo. Para un funcionario que no está a cargo de la investigación, resulta inverosímil que la madre y la esposa, que pertenece a una de las familias más ricas de Europa, con el control del mercado de jugos y panes de caja, participaran en una operación ilícita. Pero al mismo tiempo, resulta aún más inverosímil que Lozoya no se hubiera presentado ante la justicia para librarlas de los cargos. “Es un cobarde”, afirmó.

La Fiscalía General está buscando a Lozoya en varias partes del mundo. No se tiene idea en dónde pueda estar. La última vez que se obtuvo una confirmación de su paradero, antes de que se girara la orden de aprehensión, fue en Dallas. Pero de entonces a la fecha, nadie sabe, fuera del círculo más cercano del ex director de Pemex, en dónde se encuentra. Varias personas que trabajaron estrechamente con él en Pemex tienen propiedades en Texas, y uno de ellos, Froylán García, que sigue vinculado a Lozoya, creen las autoridades que pudiera ser el informante confidencial de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, en donde salta el nombre del ex presidente Enrique Peña Nieto.

La defensa de Lozoya es responsabilizar al ex presidente y al entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray por lo que sucedió en Pemex. Ninguno de ellos ha respondido, que es lo que desea la defensa de Lozoya. Paralelamente existe la investigación sobre los presuntos sobornos de Odebrecht para la campaña presidencial de 2012, cuyo coordinador general era Videgaray, aunque quien se encargaba de las finanzas era Luis Vega, cuyo nombre no ha aparecido en todo el esquema de presunta corrupción relacionado con el ex director de Pemex.

La Fiscalía de Gertz Manero sigue encontrando información sobre Lozoya, pero no la ha judicializado. Es el momento de las estrategias. Por un lado apretar a la familia para que se entregue a las autoridades. Por el otro, forzar a la Fiscalía a cometer errores y que se le caigan los casos. En el gobierno aseguran que eso no sucederá, aunque la probabilidad con tantos frentes abiertos, es que así sea.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 31 DE JULIO DE 2019)

ROSARIO, CANDIDATA A LA GUILLOTINA

La investigación realizada por la Fiscalía General de la República en contra de Rosario Robles, durante su gestión como secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, están apuntando hacia una imputación de carácter penal. La investigación, como parte de un ejercicio de revisión de expedientes congelados o soslayados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue llevado a cabo por el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien en seis meses de la actual administración ha dado la cara pública muy pocas veces, pero se ha metido a revisar, en muchos casos personalmente, las averiguaciones de la vieja PGR. La que toca a Robles se refiere a la llamada “Estafa Maestra”, donde presuntamente se desviaron cientos de millones de pesos del erario a través de convenios con universidades públicas.

La “Estafa Maestra”, como tituló una investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y Animal Político en septiembre de 2017, surgió en 2015, cuando la PGR comenzó a investigar desvíos de recursos públicos de la Sedesol y de Sedatu, con base en las revisiones de las cuentas públicas realizadas por la Auditoría Superior de la Federación desde 2011, que la llevó a presentar una serie de denuncias ante las autoridades. El trabajo periodístico reveló la entrega de más de siete mil millones de pesos en contratos ilegales donde participaron 11 dependencias federales, ocho universidades y más de 50 funcionarios, centrando el ojo de la investigación en las gestiones de Robles en ambas secretarías.

Tras la denuncia ante la PGR hace ocho años, se abrieron 23 procedimientos sobre funcionarios públicos y rectores de universidades en 2015, cuyos resultados sólo produjeron acusaciones en contra de funcionarios de nivel medio y algunos de ellos, incluso, que no habían sido denunciados por la Auditoría. En enero pasado, Gertz Manero informó que se investigaba a más de 60 funcionarios de la Sedesol y la Sedatu, por el presunto desvío de más de 800 millones de pesos, y que se habían imputado a seis funcionarios de esta última. Cuatro de ellos quedaron liberados de las imputaciones al desistirse la Fiscalía de las acusaciones, y uno de los dos restantes, que sí fueron vinculados a proceso, afirmó que habían falsificado su firma, con lo cual se declaraba inocente.

La Fiscalía reestructuró en mayo la investigación y elevó la calidad del delito, al considerar que la “Estafa Maestra” había sido una operación realizada desde el corazón del gobierno federal, por lo que las acusaciones se plantearían como un posible delito de Estado para lo cual se incurrió en otro más, el de delincuencia organizada. De acuerdo con Gertz Manero, esa era la posibilidad para poder profundizar en el caso que dijo que provocó un daño por casi seis mil millones de pesos al erario público.

No se conoce ningún documento firmado por la ex secretaria que pudiera vincularla a un acto de corrupción, pero la reclasificación que realizó el fiscal general a la indagatoria de la “Estafa Maestra”, abrió la posibilidad de que haya acusaciones en su contra por parte de ex colaboradores, por lo que se le pudiera imputar por el presunto delito de delincuencia organizada, que es cuando tres o más personas actúan concertadamente para cometer uno o más delitos graves a fin de obtener beneficio económico, político o material. La corrupción no era un delito grave hasta febrero de este año, cuando la Cámara de Diputados, donde hay una mayoría de Morena, el partido en el poder, la reclasificó.

Nadie en el actual gobierno ha señalado públicamente a los altos funcionarios del gobierno de Peña Nieto vinculados a presuntos actos irregulares o ilícitos, pero existe una lista en la Presidencia de ocho ex miembros del gabinete legal y ampliado sobre los cuales ya se tienen expedientes. Quien aparece en el primer lugar de la lista es Robles, sobre la que han avanzado las investigaciones al umbral de la imputación. No hay información oficial sobre el estado que guarda la indagatoria en contra de la ex secretaria de Estado, que años antes como presidenta del PRD, estuvo involucrada en la campaña de Andrés Manuel López Obrador para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México.

Los intentos por hablar con Robles resultaron infructuosos, pero en anteriores comunicaciones sobre las imputaciones de corrupción, dijo que no existían denuncias en su contra en la Auditoría Superior de la Federación. Antes de la elección presidencial, Robles afirmó que estaba “de lo más tranquila” más allá de quien llegara a la Presidencia. En ese momento, aseguró: “Afortunadamente siempre he vivido de mi trabajo y nadie, absolutamente nadie, puede ofrecer una prueba que acredite lo contrario. No hay información alguna. No hay complicidad alguna. No tengo nada que temer”.

En una comunicación en julio de este año, Robles insistió en la inexistencia de denuncias de la Auditoría en su contra, y admitió que las autoridades habían investigado sus bienes y cuentas. “Resulta que como siempre dije, no tengo nada que esconder”, remató. En su última comparecencia como secretaria en la Cámara de Diputados en octubre pasado, dijo que los recursos por lo que la acusan fue para realizar trabajos de la Cruzada Contra el Hambre, que fue uno de los grandes programas del sexenio peñista.

De concretarse la imputación, Robles será la segunda alta funcionaria en el gobierno de Peña Nieto que tiene problemas con la justicia. El primero fue Emilio Lozoya, ex director de Pemex, quien se encuentra prófugo. Las investigaciones de la Fiscalía General se enfocan hasta este momento en funcionarios del gobierno de Peña Nieto. No habrá tregua. Tampoco, por cierto, para el ex presidente.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 30 DE JULIO DE 2019)

ASESINATO EN ARTZ

Poco más de 24 horas después del asesinato de dos israelitas con un historial criminal en Artz Pedregal, el centro comercial más lujoso de América Latina, cuatro cuerpos fueron encontrados con huellas de tortura en un paraje en la carretera Picacho-Ajusco. Las autoridades investigan si los dos eventos están relacionados. Pero más allá de confirmarse la hipótesis, lo que sucedió en la semana es un asunto muy grave: la guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva por la Ciudad de México, cuyo corazón es el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”, por donde llegan ilegalmente el fentanilo, precursores químicos para las metanfetaminas y cocaína, y cuyas venas son el narcomenudeo. Aquí, los delitos federal y del fuero común son indisolubles.

La guerra entre cárteles abrió un nuevo campo de batalla, brutal, y hasta ahora, impune. Lo que sucedió en Artz es la mejor demostración. Un par de asesinos presuntamente alquilados por el Cártel Jalisco Nueva Generación –siguiendo el modelo de su superior, el Cártel del Pacífico, que subcontrataba sicarios para ejecuciones en la Ciudad de México-, que decidieron el crimen en un lugar logísticamente muy difícil para salir bien.

El restaurante donde se cometió se encuentra a casi 100 metros del Periférico y no hay rutas alternas para escapar salvo esa vía rápida, que se encuentra a escasos 180 segundos, corriendo, del cuartel general de la Policía Federal. Sin embargo, al menos uno de los asesinos y dos personas que servían de “muro” para seguridad, se escaparon literalmente, frente a sus narices. Sólo se detuvo a una mujer que estuvo a punto de huir.

Lo que mostró este desastre en la seguridad, fue falta de capacidad táctica y nula reacción. La policía capitalina actuó ante la llamada de emergencia, pero sin establecer los “protocolos de tirador activo”. Es decir, buscaron intervenir como si el escenario fuera un incidente ordinario, lo que sugiere porqué dos de los “muros” pudieron someter fácilmente a un policía cuando se iban a dar a la fuga en un automóvil, y cruzaron disparos con una patrulla que llegó, sin que pudiera frenarlos. El número era similar entre policías y sicarios –el estándar policial para tener éxito es cuando menos tres oficiales por cada civil-, pero la capacidad de fuego era totalmente asimétrica. 

Durante muchos años, las zonas donde se movían personas de alto ingreso, con vinculaciones a la clase política o empresarial, tenían una vigilancia especial porque, de sucederles algo, el impacto en la opinión pública iba a ser tan grande, que repercutiría inmediatamente en la percepción de inseguridad colectiva y el gobierno. Eso ya no existe al haber sido desmantelado.

Por esa razón, para cubrir el hoyo en el que está el aparato de seguridad, se decidió correr la versión de que había sido un crimen “pasional”, a sabiendas que era falso, pero que ayudó a despresurizar en un primer momento la carga sobre la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a costa, sin embargo, del continuo descrédito del secretario de Seguridad Pública y la procuradora locales.

La estrategia mediática blindó políticamente a Sheinbaum, cuando menos temporalmente, pero no resuelve el problema de fondo. El asesinato de Benjamín Yeshurun Sutchi, conocido como “Jony Ben”, y de Alon Azulay, mostró también serias deficiencias en los servicios de migración y de inteligencia del gobierno mexicano. Los dos, conocidos en Israel por sus actividades criminales, entraron a México y obtuvieron visas de trabajo sin ser detectados. Es una deficiencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero arrastrada, por la debacle en la estrategia de seguridad, desde el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La destrucción de las bases de datos de inteligencia criminal realizada por el anterior gobierno, no se han podido reconstruir y el nuevo gobierno está considerando tirar todo y comenzar desde cero. El CISEN no alertó sobre la  presencia de los israelitas en la administración anterior, aunque se desconoce si fue por la falta de información de Migración. Su sustituto, el nuevo Centro Nacional de Inteligencia, tampoco tuvo conocimiento aparente de la presencia de los criminales israelitas.

Estas deficiencias alertan sobre el derrotero que está tomando la violencia en la Ciudad de México, y la expansión de la guerra entre los cárteles sin temor al gobierno, a la Guardia Nacional y a nadie. En paralelo y sin ser excluyente, si se confirma que los casos de Artz y el Ajusto están relacionados, demostrará que los aparatos de contrainteligencia de la delincuencia organizada son más eficientes y efectivos que los del gobierno. Si la línea de investigación no se sostiene, nos quedamos de cualquier forma con preguntas e incertidumbres, sobre las capacidades policiales y de inteligencia del gobierno actual, y su visión estratégica del fenómeno.

El gobierno de López Obrador está pagando las consecuencias del desastre que heredó de la anterior administración, pero tampoco hay señales que habrá una estrategia diferente. El asesinato en Artz podría ser un punto de inflexión, pero no se ve así dentro del gobierno, que está decidido a mantener los mismos principios de que produjeron en la administración anterior la crisis de violencia que se vive.

La racional es que este tipo de crímenes forman parte del enfrentamiento en el país entre grupos criminales, y hay que dejar que se liquiden unos a otros. En el gobierno de Felipe Calderón se insistió –y no le creían-, que el 92% de los homicidios dolosos era entre criminales, pero no dejó de combatir a los cárteles. El mismo diagnóstico hizo el gobierno de Peña Nieto, pero dejó de afrontarlos. Así le fue. Si el de López Obrador imita al de Peña Nieto, así le irá.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA PALACIO/29 DE JULIO DE 2019)

EL SUPERYÓ DE ANDRÉS MANUEL

Las conferencias de prensa mañaneras se han convertido en muchas cosas. Una de ellas, de suma importancia, es que ha permitido ver qué piensa, cómo piensa y qué sabe el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al ser un político con una incontinencia declarativa, sin miedo o prurito a ningún tema que se le pregunte porque para todo tiene una respuesta o una evasiva, el ping-pong que sostiene diariamente, manipulado, improvisado o espontáneo, abre una ventana a su pensamiento, a sus niveles de conocimiento, sus percepciones y sus prejuicios. El lunes fue una de esas mañaneras altamente enriquecedoras sobre el superyó del presidente, que permitió la introspección de lo que cree debe ser el papel de los medios de comunicación, sus alcances y sus límites.

En su conferencia del lunes, el presidente se refirió a cuatro medios de comunicación, de diferente historia y línea editorial, a los que agrupó en una misma bolsa, la de la descalificación. Se quejó del portal sinembargo.com, porque dio a conocer un video donde aparece su hijo menor en un campamento de verano que cuesta 40 mil pesos semanales. Fustigó a Reforma porque publicó que al mudarse a Palacio Nacional, ocuparía uno de los 12 espacios donde no hay acceso al público. Se volvió a meter con el diario británico Financial Times, por haber apoyado las reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto, y lo más ilustrativo se dio durante un diálogo con Arturo Rodríguez, de Proceso.

“Estamos buscando la transformación y todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones”, dijo López Obrador cuando lanzó una crítica a Proceso, porque no es pusilánime con su gobierno. Rodríguez reviró: “Los periodistas militantes sí”. Le replicó: “Es una visión distinta, sí, pero Zarco estuvo en las filas del movimiento liberal y los Flores Magón también”.

Su visión es distinta porque no entiende la diferencia entre prensa independiente y militante. La militante, como la de Francisco Zarco y los hermanos Flores Magón, cumple un papel distinto al de la prensa independiente. Zarco y los Flores Magón utilizaban el periodismo como plataforma política, y eran más políticos que periodistas. Incluso, su vida periodística inició después de haber entrado a la política. No obstante, sus aportaciones periodísticas fueron contra la dictadura, por la libertad y la independencia, que es similar a lo que han hecho por décadas -sí, décadas-, los periodistas de Proceso, Reforma y sinembargo.com. Cualquier acusación de lo contrario, como hizo el presidente, es una calumnia.

López Obrador añadió en su visión de los medios: “Los mejores periodistas que ha habido en la Historia de México, los de la República Restaurada, todos, tomaron partido”. Sin embargo, una de las característica de la prensa en ese periodo, reconocida por todos los historiadores, fue que era “libre”, más que militante, y de amplia crítica al poder centralizado de Benito Juárez y su evolución hacia el autoritarismo, un proceso interrumpido por su muerte. Existía una opinión pública “libre y alerta”, recordó Daniel Cosío Villegas, que tenía una “amplia libertad de expresión”. López Obrador piensa diferente y peyorativamente sobre los medios libres.

“Es muy cómodo decir ‘yo soy independiente o el periodismo no tiene porqué tomar partido o apostar a la transformación’,” dijo en la mañanera. “Entonces, es nada más analizar la realidad, criticar la realidad, pero no transformarla”. Es vasta su confusión. A los cuatro medios les recriminó por informaciones, no opiniones ni editoriales. Mezcló géneros periodísticos sin darse cuenta los géneros. El presidente no tiene que saber de ellos, pero cuando acusa a medios o periodistas, debería ubicar correctamente el espacio de su interpelación. Quiere juzgar y replicar, bienvenido, pero que lo haga con conocimiento de causa.

López Obrador acusó maniqueamente a todos los medios que no militan por su anunciada transformación, de estar contra el cambio que anuncia. No quiere medios libres, sino dóciles y serviles. Ni siquiera su prensa militante se ajusta a esos imperativos caprichosos. Es difícil encuadrar su pensamiento porque no tiene referentes claros, al confundir el papel de los medios de comunicación. Nunca han sido agentes de cambio, como él cree, sino que son el vehículo para que los agentes de cambio -el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial- se movilicen.

El mejor ejemplo es el Caso Watergate, que terminó con la renuncia del presidente Richard Nixon en 1975. La investigación la inició el The Washington Post en 1972, que batalló aislado durante largos meses sin que el resto de la prensa se interesara en el tema. Creció hasta que las investigaciones sobre el financiamiento de campaña de Nixon se publicaron un año después en The New York Times. El trabajo de los medios hizo que el Congreso iniciara su propia investigación y cuando encontró violaciones constitucionales de Nixon, se movilizó la Suprema Corte de Justicia. Ningún periódico tiró al presidente, pero sin la prensa, los agentes de cambio no hubieran actuado contra la ilegalidad presidencial.

Los referentes históricos del presidente no son de prensa, sino de políticos, que buscaban un cambio de gobierno mediante la crítica al autoritarismo despótico del gobernante en turno. En su época de periodistas, Zarco y Flores Magón se asemejaban en sus análisis -no noticias, que no producían-, a lo que han sido los medios de comunicación en este país, no desde hace seis meses, sino desde hace casi 50 años, cuando la lucha por la libertad de expresión y el derecho a informar y ser informado comenzó. López Obrador, cuando se inició esa lucha donde participaron varios de los que hoy calumnia, vivía en la cosmogonía de Macuspana, dicho esto, con todo respeto.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO / 26 DE JULIO DE 2019)

OTRA BOMBA SOBRE LÓPEZ OBRADOR

Señales ominosas están llegando desde Estados Unidos a Palacio Nacional, y el presidente Andrés Manuel López Obrador no las está entendiendo. Así sucedió en la cena con Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump y asesor especial en la Casa Blanca, cuando le advirtió que si no frenaba la migración habría sanciones comerciales, que produjeron un arrodillamiento para evitar nuevos aranceles. Y así está pasando en estos momentos. En aquella ocasión, la tormenta tuvo dos avisos, en forma de llamadas de la Casa Blanca y del Departamento de Estado a la embajadora en Washington, Martha Bárcena, para presionarla sobre la contención migratoria. En los últimos días, la embajadora recibió dos nuevas llamadas alertando sobre un mismo tema: el arbitraje mediante el cual la Comisión Federal de Electricidad quiere anular contratos con EInova, filial de la gasera estadounidense Sempra, que puso en el limbo compromisos adquiridos. La molestia radica en la violación mexicana del Estado de Derecho.

El tema de la suspensión de los compromisos es mucho más grave de lo que se imagina López Obrador. Incluso, es lo más delicado y peligroso que ha enfrentado desde que asumió la Presidencia y puede tener enormes consecuencias económicas, comerciales, legales y reputacionales. Lo que detonó el director de la CFE, Manuel Bartlett, respaldado por el presidente, es el incumplimiento de contratos a partir de la lectura errónea del mismo – si se llega al arbitraje internacional va a perder-, así como una violación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al incorporar la suspensión del servicio de gas a través de un nuevo gasoducto del Sur de Texas a Tuxpan, dinamitando los compromisos legales y comerciales de México con sus socios norteamericanos.

López Obrador no tiene clara la dimensión y profundidad de lo que estas acciones implican. Ayer, en la conferencia de prensa matutina repitió la retórica tramposa de Bartlett: 1) “los contratos no fueron aprobados por el Consejo de Administración ni los firmó el director general”, dijo, lo cual es una verdad falsa porque en ese momento no existía un Consejo de Administración, sino una Junta de Gobierno, que fue la que los firmó y autorizó; 2) quieren un nuevo acuerdo porque “las tarifas están por las nubes” y equipararlas a las que se cobran en Estados Unidos, Alemania y Francia, aunque esas tarifas fueron impuestas por la CFE por contratos de exclusividad, con un costo de 3.5 dólares por un millón de pies cúbicos de gas, contra 3.3 dólares en el mercado doméstico estadounidense, y 4.5 dólares que paga Alemania por el gas ruso.

La voz de Bartlett tiene más peso que la de varios de sus colaboradores, que han tratado de persuadirlo de que el director de la CFE le ha presentado información errónea o definitivamente falsa y lo que está haciendo es riesgoso. Pero si ignora a quienes le hablan al oído, menor interés debe tener con otras voces. El viernes pasado se reunió en Palacio Nacional con los miembros del Subcomité de Comercio del muy poderoso Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Diputados, encabezados por su presidente, Earl Blumenauer, para hablar sobre la aprobación del nuevo acuerdo comercial norteamericano. En la reunión le expresaron su preocupación por el litigio que pretendía Bartlett contra la gasera—que es también contra TransCanada, cuyo gobierno ha sido más beligerante y público que el estadounidense. Una semana después, dijo: “No se puede, ya es la última vez que lo digo, aceptar un contrato leonino”.

López Obrador está jugando con el fuego que le puso Bartlett en las manos. El director de la CFE utiliza una cláusula del contrato que prevé sanciones en caso de incumplimiento, para cancelarlo, lo que es una aberración jurídica. Para forzar esa negociación y a otros cambios de contratos similares en diferentes gasoductos, suspendió el servicio en Tuxpan. El gasoducto está terminado y lleno de gas natural que no ha podido descargarse desde el 26 de junio, pese a que el costo por compensarlo con gas natural licuado es de poco más de un millón de dólares diarios.

Ese gasoducto parte de Brownsville, en donde se concentra todo el gas de Texas, que tiene excedentes, y que deberá empezar a quemarlo si no se soluciona este diferendo. El gobernador de Texas, Greg Abbot, por si alguien olvidó, fue uno de los principales apoyadores de Trump para llegar a la Presidencia, por lo que Bartlett abrió un flanco innecesario a López Obrador, a quien también convenció que no afectaría el acuerdo comercial. Los señalamientos de los diputados el viernes pasado es una señal de que no es así. Adicionalmente, la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, figura clave en la aprobación del acuerdo, es de California, donde tiene su sede Sempra. Un anterior chantaje que sufrió Sempra en Baja California, fue resuelto por el gobierno de Enrique Peña Nieto, tras presiones de Washington para actuar conforme a Derecho, luego que la senadora de California, Dianne Feinstein, alertó a la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, de lo que estaba pasando.

Washington se está agitando. Las llamadas a la embajadora Bárcena son una señal de inquietud sobre lo que consideran una arbitrariedad, y el domingo pasado en su reunión con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el secretario de Estado, Mike Pompeo, fuera de agenda, le expresó la confianza de que el tema de las gaseras sería resuelto conforme a Derecho. Bartlett no quiere hacerlo porque no entendió el contrato, pero está arrastrando al presidente y a México, donde un litigio por violar la ley afectará inversiones, crecimiento y reputación.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA PALACIO/25 DE JULIO DE 2019)

HEZBOLÁ EN MÉXICO

La Secretaría de Relaciones Exteriores debió haber estado sumamente ocupada en política doméstica la semana pasada porque no envió ningún representante de alto nivel a Buenos Aires, donde se llevó a cabo una reunión para coordinar acciones contra el terrorismo en todo América Latina. Estuvieron los cancilleres y representantes de Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay y Perú. Es decir, naciones donde hay actividad terrorista o se cruza el terrorismo con el narcotráfico. En el comunicado final, las 16 naciones expresaron “su preocupación por las actividades que redes de Hezbolá continúan realizando en algunas áreas del Hemisferio Occidental”.

El comunicado conjunto fue como todos los de su tipo, ambiguo y general, pero el secretario de Estado, Mike Pompeo, que comenzó en Buenos Aires una rápida gira por América Latina que concluyó en la Ciudad de México, para llevar el mensaje de Washington a toda la región, dijo que se requería intercambio de información para combatir el terrorismo, y que la “solidaridad” entre las naciones era el “antídoto” para la amenaza. Diplomáticos mexicanos dijeron que ese tema no estuvo en la agenda de las pláticas que tuvo Pompeo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

El nombre de Hezbolá estuvo todo el tiempo en el discurso, por el financiamiento que tiene de Irán para sus acciones terroristas -que es como se consideran en una gran parte del mundo-, en el contexto del conflicto entre Estados Unidos e Irán, y por los rastros de esa organización islámica chií libanesa -que es un partido político en Líbano-, de sus vínculos con el crimen organizado en América Latina. La presencia de Hezbolá en México ha sido minimizada por el gobierno desde que comenzó a ser documentada hace casi 20 años, y el actual no es la excepción. Documentos judiciales en Estados Unidos han demostrado que esa organización financió algunas de sus actividades militares con dinero de Los Zetas, y a través de esos vínculos, el Cártel de Sinaloa envió cuadros a Irán para adiestrarse en la preparación de autos-bomba, que comenzaron a usar en 2008.

En un testimonio el año pasado ante el Comité de Servicios Armados del Senado, el almirante Kurt W. Tidd, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, advirtió que China, Rusia e Irán estaban cortejando “algunos de nuestros socios estratégicamente más importantes en América Latina y el Caribe, y apoyando regímenes autoritarios y antiamericanos”. El gobierno de Enrique Peña Nieto pagó de manera costosa su acercamiento a China, y tres de los cuatros proyectos de infraestructura del sexenio -Cabo Pulmo, el Tren Bala México-Querétaro y Dragon Mart- se cancelaron por la participación china.

Cuando el nuevo secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, le preguntó a su antecesor Gerardo Ruiz Esparza sobre si seguía existiendo interés chino en el proyecto ferroviario, le dijo que sí, pero que le recomendaba que checaran primero con Washington. En el caso de Irán, ese gobierno apoyó con votos e influencia a Gabriela Cuevas para que fuera electa presidenta de la Unión Interparlamentaria en 2017, quien consiguió que López Obrador le diera una diputación plurinominal para poder seguir en el cargo. La geopolítica no se le da mucho a los gobiernos de México, aunque le provoque dolores de cabeza innecesarios.

La política de avestruz no frena lo que sucede en su entorno. Un caso que habla de esta característica mexicana se divulgó en diciembre de 2011, cuando la DEA acusóa Ayman Joumaa, un ciudadano colombiano-libanés, de facilitar grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos, y lavar dinero para “numerosas” organizaciones de tráfico de drogas, incluyendo -resaltó la agencia- a Los Zetas. Alrededor de 850 millones de dólares de Los Zetas fueron lavados en el Lebanese Canadian Bank, varios de cuyos ejecutivos y subsidiarias estaban ligadas a Hezbolá. Joumaa, de acuerdo con la acusación, recibía de 2 a 4 millones de dólares en la Ciudad de México de Los Zetas y los enviaba a Hezbolá, tras cobrar comisiones de 8 a 14%.

La presencia de Hezbolá en México fue registrada por primera vez en 2001, cuando se detuvo a Mahmaoud Yousef Kourani, uno de sus operadores, tras haber metido a Estados Unidos a más de 300 libaneses sin documentos, con el apoyo del dueño de un café en Tijuana, Salim Boughader Mucharrafille. En 2010, con información y presión de Estados Unidos, las autoridades impidieron la creación de una red de Hezbolá en América Central que encabezaba Jameel Nasr, que había contratado a mexicanos que tenían familiares en Líbano. Y en 2012, se detuvo a tres personas en Yucatán, que se sospechaba pretendían establecer una célula de Hezbolá. Entre ellos estaba Rafic Mohammad Labboun Allaboun, que había estado preso en Estados Unidos por un fraude bancario, que las autoridades de ese país ligaron a Hezbolá.

En junio pasado, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta sobre cuatro presuntos terroristas del Estado Islámico que querían entrar sin documentos a Estados Unidos. Fueron detenidos en Nicaragua antes de llegar a México. En ese momento, el secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Alfonso Durazo, minimizó la alerta y descartó la presencia de terroristas en este país–como en el pasado. Sin embargo, las investigaciones en otras naciones sobre la presencia de Hezbolá en la región no paran. Desde hace tiempo Colombia y Estados Unidos investigan la infiltración de Hezbolá en pandillas asociadas con el narcotráfico, por las rutas de las FARC, que cruzan el Triángulo del Norte centroamericano y México, que se mantienen intactas. Afuera están los semáforos rojos. Aquí, preferimos no darnos por enterados.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 24 DE JULIO DE 2019)

LO INMORAL DE LA 4T

La moral para el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene dos caras. La de sus adversarios y oponentes, donde todos son inmorales y por tanto corruptos, y la de él, donde nadie es inmoral ni corrupto porque como él no lo es, tampoco el resto. “Somos diferentes”, dice con frecuencia, “no somos iguales”. Sus dos visiones de moral, sin embargo, se mueven bajo los mismos referentes que en el pasado. Su aplicación es discrecional, y cuando se le llega a confrontar con una contradicción, evade. Es lo que está tratando de hacer luego que Carlos Urzúa, en su carta de renuncia como secretario de Hacienda, denunció la existencia de conflictos de interés de “personajes influyentes del actual gobierno”. López Obrador respondió: “Yo no veo conflicto de interés”.

Tampoco lo vio nunca el ex presidente Enrique Peña Nieto por el escándalo de la casa blanca, pero a finales de noviembre de 2014, López Obrador dijo que era “un soborno, un moche” el hecho que una constructora que hizo obra pública en el estado de México, hubiera adquirido una residencia para su ex esposa. Dijo que con acciones como esa “supuesta” compra de la casa “se está pisoteando, socavando, manchando, degradando la institución presidencial”.

Peña Nieto incurrió en un claro conflicto de interés. Se da cuando un interés personal, familiar, profesional, laboral o de negocios puede afectar el desempeño imparcial y objetivo de sus funciones públicas, y lo limita o le impide cumplir plenamente con sus responsabilidades. Pero también se da cuando provoca la percepción de corrupción que genera ilegitimidad, que es lo que sucedió en el caso de la casa blanca.

La carta de Urzúa es clara, pero a la vez medrosa, al denunciar los conflictos de interés, sin decir de quién se trata, o de qué se trata. Cuando uno conecta sus reclamos de imposición de personas sin experiencia en el sector hacendario, con influencia en Palacio Nacional que incurre en conflicto de interés, es claro que se refiere al jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, un empresario que es responsable de la banca de desarrollo -contra la ley que le da esa facultad sólo a la Secretaría de Hacienda-, que apoya proyectos empresariales, como podrían ser los personales. También controla a Margarita Ríos Farjat, jefa del Sistema de Administración Tributaria, donde el sector empresarial es el más revisado de todos por ser el mayor contribuyente.

Pero los conflictos de interés dentro del gobierno de la cuarta transformación no se limitan a Romo. De hecho asombra el número de ellos que se han hecho públicos sin que causen escándalo. Uno muy notorio es el del fiscal general Alejandro Gertz Manero y Javier Coello Trejo, el abogado del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, revelado por Animal Político y Quinto Elemento Lab. Coello Trejo representó a Gertz Manero en una denuncia penal para investigar la muerte de su hermano. Es decir, tuvieron una relación profesional importante que nunca reveló ninguno de los dos, hasta que fueron descubiertos, y que arroja una sombra de sospecha sobre la imparcialidad y objetividad de Gertz Manero en el proceso que se le sigue a Lozoya. Cuando le preguntaron a López Obrador sobre esto, dijo que le tenía plena confianza al fiscal, que no creía que fuera ilegal, aunque quizás sí moral, dejando esa decisión a su colaborador. Por menos fustigó a Peña Nieto durante más de un año; en esta ocasión, se lavó las manos.

Otro conflicto de interés, público, que no ha causado escozor, fue el nombramiento de Omar Gómez Trejo como jefe de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa. Gómez Trejo es un experto en derechos humanos, pero el haber sido secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que rechazó la versión del gobierno anterior sobre el Caso Ayotzinapa, lo coloca en un conflicto de interés. Más allá de la objetividad con la que pueda desarrollar su trabajo, dados sus antecedentes, siempre existirá la sospecha de parcialidad.

Hay otros conflictos de interés que no han trascendido a la opinión pública que están generando incomodidad en el gobierno. El más importante es el de José Luis Peña, esposo de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien está vinculado a empresas que hacen negocios con Pemex. Este conflicto de interés es el secreto a voces más sonoro dentro del gobierno, y el más delicado.

El conflicto de interés se puede resolver notificando a la Función Pública la existencia de un conflicto de interés, como lo hicieron la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, y de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y el consejero jurídico Julio Scherer, donde dejaron claro en qué temas tocan esos linderos por cuestiones personales o familiares. Cuando es más tenue la línea, como el caso de Peña, se debe romper el vínculo.

El conflicto de interés pasa por reconocer su existencia y aislarlo para evitar que se convierta en corrupción. El nuevo régimen que está tratando de construir López Obrador está infectado de conflictos de intereses, como los señalados, o el nepotismo. La negación absoluta de ello no lo ayuda, ni tampoco el sofisma que todo el gobierno es honesto porque él lo es. Esta realidad, como otras que estamos viendo, lo podría alcanzar con mayor fuerza que a Peña Nieto, porque el número de casos de estas situaciones es mucho mayor de lo que fue en el pasado. Cuidado. Hay que atender los síntomas antes de volverse enfermedad.

Nota: esta columna tendrá un receso. Reiniciará su publicación el 24 de julio.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 12 DE JULIO DE 2019)