La Fiscalía General de la
República es tan autónoma, tan independiente, que hasta a los de casa muerde.
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, da muestras inequívocas de su poder
y lleva algunas cosas hasta lo inverosímil. De esta manera, se le fue encima a
la Secretaría de Hacienda y quiere llevar a la cárcel dos funcionarios y dos ex
funcionarios del Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales,
porque se negaron entregarla sin sustento legal seis inmuebles que la vieja
Procuraduría General de la República puso a su disposición tras los sismos de
septiembre de 2017, porque no estaban en condiciones de seguir siendo
utilizados y el riesgo que significaba para cientos de personas.
Gertz Manero quiso forzar las
cosas mediante el amedrentamiento que, para algunos, puede convertirse
fácilmente en terror ante la posibilidad de ir a la cárcel. Cuando el INDAABIN,
el acrónimo del Instituto, se negó a restituir por la fuerza y al margen de la
ley los inmuebles, la Fiscalía General inició de oficio la carpeta de
investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000397/2019, y giró citatorios a cuatro
personas para entrevistarlos en calidad de testigos -una categoría donde no
pueden dejar de ir a comparecer porque entonces violarían la ley-, y quería
imputar a dos altos funcionarios del instituto quebrantar los artículos 214
fracción IIII y el 217, fracción I del Código Penal Federal.
El primero se refiere a que
conociendo por razón de su empleo que pueden resultar gravemente afectados el
patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración
pública federal, por cualquier acto u omisión no informe por escrito a su
superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades. El segundo al
servidor público que ilícitamente otorgue, realice o contrate obras públicas,
adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, con
recursos públicos.
A quien tiene en el umbral de
la imputación es al director general de Administración del Patrimonio
Inmobiliario Federal, Alan Daniel Cruz Porchini, y al ex presidente del
INDAABIN, Julio César Guerrero Marín. Los dos fueron citados a comparecer el
jueves pasado -aunque se suspendió la audiencia-, junto con Luis Gregorio
Ojinaga de la Luz, director de Gestión de Uso de Inmuebles, y a Angélica Vargas
Béjar, en ese entonces subdirectora de Evaluación y Usos Alternos del
instituto. De la lectura de la documentación del caso, se puede argumentar el
uso abusivo de la autonomía del fiscal, al grado de que pueda criminalizar a
funcionarios porque cumplieron con la ley.
Todo comenzó el 1 de febrero
de 2018, cuando la extinta PGR puso a disposición del INDAABIN de manera
voluntaria seis inmuebles porque no podían seguir siendo utilizados, luego que
los dictámenes estructurales realizados tras los sismos de septiembre de 2017
establecieron que no podrían seguir ocupados y sugerían su desalojo. Entre
estos se encontraban los edificios principales sobre Paseo de la Reforma, otro
más donde estaban áreas sensibles de investigación e inteligencia, y tres
adicionales, todos ellos en la alcaldía Cuauhtémoc. La puesta a disposición y
la entrega recepción de los inmuebles se hicieron conforme a la Ley General de
Bienes Nacionales. La entrega física de los inmuebles se concluyó en octubre y
noviembre del año pasado.
La extinta PGR propuso su
venta y que los recursos se le etiquetaran, pero al no tener facultades sobre
ese tipo de decisiones, no procedió. Entonces, en acatamiento de las normas, el
INDAABIN notificó a todas las instituciones del gobierno federal sobre los
inmuebles para conocer si había interés en alguna de ellas para que le fueran
transferidos. Al no existir interés alguno, conforme a la norma de que en ese
caso dictaminara el mejor uso y aprovechamiento de los inmuebles, concesionó
cuatro de ellos a privados que invertirían en ellos y los rehabilitarían, sin
que dejaran de ser patrimonio federal.
En marzo comenzaron los
problemas. Francisco Sáenz de Cámara, coordinador de Planeación y
Administración de la Fiscalía, le pidió a la Oficialía Mayor de Hacienda que se
le restituyeran los inmuebles y solicitó al INDAABIN que evaluara la solicitud.
El 15 de abril, la oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, le envió a
Sáenz de Cámara la respuesta del INDAABIN, donde detallaba los resultados de
los dictámenes estructurales, las recomendaciones de desalojo y los procesos de
concesión, concluyendo que “no resulta procedente atender de manera favorable
la solicitud”.
La respuesta de la Fiscalía
fue ir tras los que consideraba responsables. Gertz Manero no actuó en contra
de Buenrostro o del presidente del INDAABIN, Luis Mariano Cortés, sino contra
su antecesor y contra funcionarios de segundo nivel del gobierno actual, y
omitió incluir en la carpeta de investigación las respuestas de Buenrostro y de
Cortés a la Fiscalía, con lo cual el Ministerio Público Federal, obtuvo
información parcial, donde se puede argumentar manipulación de la justicia.
La audiencia original para
los testigos y los imputados fue diferida para el 1 de agosto, porque el juez
consideró que la Fiscalía General incumplió el Código Nacional de
Procedimientos Penales al no proporcionar en tiempo copias de la carpeta de
investigación a los imputados, con lo cual no podían armar una defensa
adecuada. Se desconocen las razones por las que el miércoles pasado se dio un
nuevo aplazamiento de la audiencia.
La actitud de Gertz Manero
recupera sus batallas intramuros en el gobierno de Vicente Fox, por lo cual
abrir fuego amigo contra Hacienda no es algo insólito en él. Hace unos 15 años
ganó en primera instancia su pleito, pero después lo perdió. Aquello debería
haber sido una lección, para recular hoy en su pretensión y buscar una forma no
arbitraria de salirse con la suya.
(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/ 5 DE AGOSTO DE 2019)
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