Desde el domingo pasado, el secretario
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, llena la arena pública con un
discurso que a primera vista refleja un compromiso pleno en la defensa de los
mexicanos en el exterior, y muestra indignación ante el asesinato de ocho
conciudadanos por parte de un supremacista en El Paso. Su retórica escala con
los días. Dice que analizan si acusan al asesino por terrorismo, sugiere su
extradición y plantea el interés de saber si Patrick Crusius tenía cómplices,
porque el gobierno está preocupado que haya más personas que piensen como él.
La secuencia de intenciones es absurda. No porque Ebrard lo sea, sino porque
quiere vernos la cara de tontos. De acuerdo con el artículo 19 de la Convención
Interamericana contra el Terrorismo, México no tiene jurisdicción en otro
Estado, pero le ayuda al gobierno a desviar la atención de los temas que lo
aplastan, la inseguridad y el deterioro económico.
Los señuelos son tragados por
muchos, por el horror de la matanza de El Paso y la cercanía por las víctimas
mexicanas. Ebrard juega con las emociones, propias de un gobierno que las
transmite todo el tiempo para construir el consenso para gobernar, dentro de
una aparente estrategia que estimula el sentimentalismo para olvidar otras
preocupaciones y angustias. La empatía del gobierno para con las víctimas se
traduce en empatía de la sociedad con su gobierno, que ha caminado estos días
por un sendero donde no se mete con el presidente Donald Trump, pese al repudio
generalizado en su país y el mundo por no comprometerse con una reforma para el
control de armas, al tiempo de desplegar juegos pirotécnicos mediante la
retórica.
Insistir que quieren acusar a
Crusius de terrorismo, es una táctica de distracción. La discusión pública
sobre terrorismo doméstico en Estados Unidos, como se ha clasificado
políticamente el ataque, no significa que vayan a acusar al asesino de
terrorista. Estados Unidos tiene una ley sobre terrorismo doméstico, pero las
autoridades texanas no tienen necesidad de ser demagogos y tampoco perderán el
tiempo con acusaciones que magnifican el homicidio, pero jurídicamente
vulnerables. Crusius fue acusado de homicidio calificado, y habrá nuevas
imputaciones una vez que concluyan las investigaciones y se presenten a un Gran
Jurado del condado de El Paso. El fiscal quiere incriminarlo por el delito de
crimen de odio, y pedir la pena de muerte.
En ningún momento han hablado
de acusarlo por actos terroristas. La ley de terrorismo doméstico no incluye en
esa categoría a los asesinatos masivos. Un fuerte debate en Estados Unidos es
que tal insuficiencia refleja racismo, al calificar a jihadistas como
“terroristas” por ser musulmanes, mientras los terroristas estadounidenses, son
“lobos solitarios”. No existe tampoco una ley internacional sobre el
terrorismo, porque no hay acuerdo sobre su definición.
Ebrard dice que para México,
Crusius es “terrorista”, y plantea extraterritorialidad. Adelantar que quiere
su extradición, es un ardid mediático. Aunque el asesinato no fue
necesariamente aleatorio por la amenaza contra los “hispanos” en su manifiesto,
los abogados del gobierno mexicano, tendrían que probar que Crusius iba
directamente a matar a las personas que asesinó. La Fiscalía General en todo
caso, no tiene competencia, y la valoración sobre la acusación chocará con esa
realidad.
Todo esto lo saben Ebrard, el
fiscal y el presidente. No son ignorantes ni ingenuos. Es un juego de espejos.
Lo más básico de la estratagema es la “preocupación” que haya más personas que
piensen como Crusius. Sobra. Ese pensamiento existe desde la colonia en Estados
Unidos, que motivó la Guerra Civil que no resolvió el problema, que se arrastró
al Siglo XX y no ha cesado. El canciller juega para la gradería en la
construcción de percepciones. Que la atención se centre en El Paso, no en México.
Los problemas están afuera, no adentro. Regresamos a los años 80, cuando el
sistema político forzaba a hablar mucho de lo exterior para no hablar de lo
interior.
Sin embargo, en el mediano
plazo, este discurso podría ser contraproducente para el gobierno. El artículo
139 del Código Penal Federal establece prisión de seis a 40 años y hasta mil
200 días de multa, por los delitos que resulten, “al que utilizando sustancias
tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o
instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por
incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en
contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma,
temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar
contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una
determinación”.
Elevar la atención de los
mexicanos sobre la posibilidad de acusar de terrorista a quien comete ese tipo
de crímenes, abre una puerta en México. Por ejemplo en Minatitlán, donde en
abril hubo una matanza de 14 personas confundidas con un grupo de
narcotraficantes. El comando hizo lo mismo que Crusius: utilizó armas largas,
disparó aleatoriamente y causó terror. Bajo el parámetro de Ebrard, también son
terroristas.
Los familiares de las
víctimas de Minatitlán podrían acusar a los asesinos de terrorismo de acuerdo
con el Código Penal, e ir más allá y acusar de omisión de las autoridades
estatales y federales para resolver la matanza, y de probable complicidad del
gobierno federal porque no combate narcotraficantes. Crusius y los sicarios son
lo mismo, aunque lo fraseen diferente. La estrategia que dice Ebrard seguirá en
El Paso, podría ser replicada en contra del gobierno en Minatitlán. No sería
este el único caso, pero la verborrea demagoga de las autoridades lo presentan
involuntariamente como un posible arquetipo para juicios por terrorismo en
México.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 7 DE AGOSTO DE 2019)
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