Por más esfuerzos que hace el
presidente Andrés Manuel López Obrador de quedar bien con el presidente Donald
Trump, simplemente no puede. Por más miel trata de rociar para mejorar su
relación con él, la respuesta siempre es hostil y agresiva. En los últimos
días, el poderoso jefe de la Casa Blanca decidió romper acuerdos no escritos
con el gobierno de México. En junio de 2016 escogió a México como su principal
enemigo al anunciar su candidatura presidencial, y la semana pasada se olvidó
de China, Corea del Norte e Irán, para montar en México la plataforma de
despegue de su reelección presidencial, que anunciará dentro de dos semanas.
Trump juega con habilidad la
realidad alterna y la siembra de imágenes en el electorado estadounidense para
crear el nuevo momentum. Primero habló de elevación de aranceles en represalia
por no haber hecho lo suficiente para frenar la migración indocumentada a
Estados Unidos a través del territorio mexicano, y luego mencionó que van 25
años de mucho hablar de los mexicanos y nada de acción. Ese año marca el inicio
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que explica el porqué en
uno de sus últimos tweets, afirma que si no hace México lo que quiere, empresas
y trabajos regresarán a Estados Unidos. Migración y comercio vinculados
fuertemente, con el “America First”, su lema de campaña y eje de su política,
injertados una vez más en el imaginario colectivo estadounidense.
En México, el presidente
Andrés Manuel López Obrador no ha terminado de entender a Trump para
responderle o ignorarlo, pese a que son iguales al manejar ambos con
regularidad y desparpajo la realidad alterna para construir consensos de
gobierno. Sus respuestas han sido contradictorias y sin estrategia, pese a que
tendría argumentos para explicar que lo dicho por el estadounidense es mentira,
y que los compromisos entre los dos países, no se han incumplido, como lo
asegura. Las cosas realmente no han cambiado desde que llegaron a un acuerdo el
17 de marzo, como publicó esta columna, cuando la secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, tuvo una reunión de emergencia con la entonces secretaria
de Seguridad Territorial, Kirjsten Nielsen –solicitada por esta-, en el
aeropuerto de Miami.
Las diferencias habían
comenzado casi desde que inició el gobierno de López Obrador, cuando se integró
un grupo de trabajo para revisar el tema migratorio, encabezado por el
coordinador de asesores de Sánchez Cordero, Jorge Alcocer, y el subsecretario
de Estrategia, Política y Planeación del Departamento de Seguridad Territorial,
James McCament. La primera reunión se llevó a cabo el 19 de enero, donde
McCament planteó que México debía recibir a todos los indocumentados deportados
en las garitas, porque la política migratoria de puertas abiertas y visas
puesta en práctica por la nueva administración, había generado un incremento
significativo en la migración centroamericana.
México rechazó la propuesta,
y llegaron al acuerdo que recibiría diariamente un máximo de 20 deportados con
visas mexicanas, pero únicamente en Tijuana. La solución no fue bien recibida
en Washington, y se buscó un encuentro de Sánchez Cordero con Nielsen, que se
dio el 28 de febrero. Nielsen le dijo que la migración se encontraba
descontrolada y que para marzo estimaban tener más de 100 mil deportaciones. Si
no hacían nada, advirtió, Trump cerraría la frontera. Los dos gobiernos
reconocen lo atípico de la migración, al haberse registrado en el primer
trimestre 300 mil detenciones en territorio estadounidense, que fue casi 100 por
ciento superior a las capturas en todo 2017. Las secretarias acordaron que
México ampliaría la recepción de migrantes: 20 diarios serían recibidos además,
en Mexicali y Ciudad Juárez. Sánchez Cordero ofreció que si se cumplía la cuota
establecida, se irían incrementando de 10 en 10, hasta alcanzar un total de
nueve mil deportados con visas humanitarias mexicanas por mes.
López Obrador aceptó los
términos del acuerdo, que incluía que se incrementaran las deportaciones en la
frontera sur mexicana, y parecía que Trump también lo haría. Nueve mil personas
por mes, o 108 mil por año, era una cifra sin precedente que otorgaba el
gobierno mexicano, incorporadas a la Ley 235, como se maneja técnica y
legalmente lo que coloquialmente se conoce como “tercer país seguro”. El
arranque en México con deportaciones, fue impresionante, 13 mil en las tres
primeras semanas, en mayo fueron 15 mil 654. En total, durante el primer
cuatrimestre se triplicó el número de deportaciones con respecto a 2018. En
Estados Unidos, Trump no aguantó más la frustración y despidió a Nielsen. Hasta
ahora, no han cumplido los estadounidenses con la cuota aceptada en Miami.
Paralelamente, el presidente
López Obrador mantuvo la promesa hecha a Jared Kushner, yerno de Trump y el
responsable de la relación con México, durante la cena que tuvieron en la
Ciudad de México, de que contendrían la migración centroamericana. Si los
acuerdos fueron cumplidos, entonces ¿qué es lo que sucedió con Trump?
Funcionarios mexicanos insisten en colocar el diferendo en el marco
político-electoral, pero quizás no están leyendo correctamente ni a Trump, ni
al gobierno de Estados Unidos. López Obrador respondió al amago comercial con
una respuesta política-política, pero todos han soslayado analizar por qué el
presidente estadounidense se volvió a referir el sábado al tema del
narcotráfico y los cárteles de la droga. Ahí está la clave.
Para Trump, el problema de la
migración es un tema de seguridad, y los aranceles son una presión comercial
para alcanzar un entendimiento en la materia. ¿Qué es lo que no están
entendiendo el presidente mexicano y sus asesores? El fondo del enojo, que se
abordará en la próxima columna.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter:
@rivapa
(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/
RAYMUNDO RIVA PALACIO/4 DE JUNIO DE 2019)
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