La Secretaría de Relaciones
Exteriores debió haber estado sumamente ocupada en política doméstica la semana
pasada porque no envió ningún representante de alto nivel a Buenos Aires, donde
se llevó a cabo una reunión para coordinar acciones contra el terrorismo en
todo América Latina. Estuvieron los cancilleres y representantes de Argentina,
Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay y Perú. Es
decir, naciones donde hay actividad terrorista o se cruza el terrorismo con el
narcotráfico. En el comunicado final, las 16 naciones expresaron “su
preocupación por las actividades que redes de Hezbolá continúan realizando en
algunas áreas del Hemisferio Occidental”.
El comunicado conjunto fue
como todos los de su tipo, ambiguo y general, pero el secretario de Estado,
Mike Pompeo, que comenzó en Buenos Aires una rápida gira por América Latina que
concluyó en la Ciudad de México, para llevar el mensaje de Washington a toda la
región, dijo que se requería intercambio de información para combatir el
terrorismo, y que la “solidaridad” entre las naciones era el “antídoto” para la
amenaza. Diplomáticos mexicanos dijeron que ese tema no estuvo en la agenda de
las pláticas que tuvo Pompeo con el secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard.
El nombre de Hezbolá estuvo
todo el tiempo en el discurso, por el financiamiento que tiene de Irán para sus
acciones terroristas -que es como se consideran en una gran parte del mundo-,
en el contexto del conflicto entre Estados Unidos e Irán, y por los rastros de
esa organización islámica chií libanesa -que es un partido político en Líbano-,
de sus vínculos con el crimen organizado en América Latina. La presencia de
Hezbolá en México ha sido minimizada por el gobierno desde que comenzó a ser
documentada hace casi 20 años, y el actual no es la excepción. Documentos
judiciales en Estados Unidos han demostrado que esa organización financió
algunas de sus actividades militares con dinero de Los Zetas, y a través de
esos vínculos, el Cártel de Sinaloa envió cuadros a Irán para adiestrarse en la
preparación de autos-bomba, que comenzaron a usar en 2008.
En un testimonio el año
pasado ante el Comité de Servicios Armados del Senado, el almirante Kurt W.
Tidd, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, advirtió que China, Rusia e
Irán estaban cortejando “algunos de nuestros socios estratégicamente más
importantes en América Latina y el Caribe, y apoyando regímenes autoritarios y
antiamericanos”. El gobierno de Enrique Peña Nieto pagó de manera costosa su
acercamiento a China, y tres de los cuatros proyectos de infraestructura del
sexenio -Cabo Pulmo, el Tren Bala México-Querétaro y Dragon Mart- se cancelaron
por la participación china.
Cuando el nuevo secretario de
Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, le preguntó a su antecesor Gerardo Ruiz
Esparza sobre si seguía existiendo interés chino en el proyecto ferroviario, le
dijo que sí, pero que le recomendaba que checaran primero con Washington. En el
caso de Irán, ese gobierno apoyó con votos e influencia a Gabriela Cuevas para
que fuera electa presidenta de la Unión Interparlamentaria en 2017, quien
consiguió que López Obrador le diera una diputación plurinominal para poder
seguir en el cargo. La geopolítica no se le da mucho a los gobiernos de México,
aunque le provoque dolores de cabeza innecesarios.
La política de avestruz no
frena lo que sucede en su entorno. Un caso que habla de esta característica
mexicana se divulgó en diciembre de 2011, cuando la DEA acusóa Ayman Joumaa, un
ciudadano colombiano-libanés, de facilitar grandes cargamentos de cocaína hacia
Estados Unidos, y lavar dinero para “numerosas” organizaciones de tráfico de
drogas, incluyendo -resaltó la agencia- a Los Zetas. Alrededor de 850 millones
de dólares de Los Zetas fueron lavados en el Lebanese Canadian Bank, varios de
cuyos ejecutivos y subsidiarias estaban ligadas a Hezbolá. Joumaa, de acuerdo
con la acusación, recibía de 2 a 4 millones de dólares en la Ciudad de México
de Los Zetas y los enviaba a Hezbolá, tras cobrar comisiones de 8 a 14%.
La presencia de Hezbolá en
México fue registrada por primera vez en 2001, cuando se detuvo a Mahmaoud
Yousef Kourani, uno de sus operadores, tras haber metido a Estados Unidos a más
de 300 libaneses sin documentos, con el apoyo del dueño de un café en Tijuana,
Salim Boughader Mucharrafille. En 2010, con información y presión de Estados
Unidos, las autoridades impidieron la creación de una red de Hezbolá en América
Central que encabezaba Jameel Nasr, que había contratado a mexicanos que tenían
familiares en Líbano. Y en 2012, se detuvo a tres personas en Yucatán, que se
sospechaba pretendían establecer una célula de Hezbolá. Entre ellos estaba
Rafic Mohammad Labboun Allaboun, que había estado preso en Estados Unidos por
un fraude bancario, que las autoridades de ese país ligaron a Hezbolá.
En junio pasado, el gobierno
de Estados Unidos emitió una alerta sobre cuatro presuntos terroristas del
Estado Islámico que querían entrar sin documentos a Estados Unidos. Fueron
detenidos en Nicaragua antes de llegar a México. En ese momento, el secretario
de Seguridad Pública y Ciudadana, Alfonso Durazo, minimizó la alerta y descartó
la presencia de terroristas en este país–como en el pasado. Sin embargo, las
investigaciones en otras naciones sobre la presencia de Hezbolá en la región no
paran. Desde hace tiempo Colombia y Estados Unidos investigan la infiltración
de Hezbolá en pandillas asociadas con el narcotráfico, por las rutas de las
FARC, que cruzan el Triángulo del Norte centroamericano y México, que se
mantienen intactas. Afuera están los semáforos rojos. Aquí, preferimos no
darnos por enterados.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA
PALACIO/ 24 DE JULIO DE 2019)
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