lunes, 1 de octubre de 2018
PERIODISTA MARIO GÓMEZ FUE ASESINADO POR NARCOMENUDISTAS, ASEGURA FISCALÍA
Fotos: Internet
El corresponsal de El Heraldo de
Chiapas, Mario Leonel Gómez Sánchez, cubría temas de narcomenudeo, electorales,
de política, desapariciones, medioambiente e inseguridad. De acuerdo a la
organización Artículo 19, Gómez es el séptimo periodista acribillado en 2018,
cuya principal línea de investigación es que el crimen está relacionado con su
trabajo. Suman 46 periodistas asesinados en el sexenio de Enrique Peña Nieto
El periodista Mario Leonel
Gómez Sánchez, corresponsal de El Heraldo de Chiapas -perteneciente a la Organización Editorial
Mexicana (OEM)-, fue asesinado la tarde del viernes 21 de septiembre, cuando
uno de dos sujetos que se transportaban en motocicleta, le disparó por lo menos
en seis ocasiones afuera de su domicilio en Yajalón, Chiapas.
El lunes 24 de septiembre,
Luis Alberto Sánchez Sánchez, fiscal de Homicidios a nivel estatal, afirmó que
los autores del ataque pertenecen a una banda de narcomenudistas del municipio
de la zona selvática de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala.
“La primera línea de
investigación es la labor periodística”, ya que el narcotráfico era uno de los
temas del corresponsal.
Gómez Sánchez cubría, además,
asuntos electorales, de política, desapariciones, medioambiente e inseguridad.
Tras el crimen, las autoridades locales implementaron medidas de protección
para los familiares del noveno periodista asesinado en lo que va del año, según
datos del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en
inglés), al tiempo que Articulo 19, únicamente considera que siete de los
periodistas ultimados este año, está el crimen relacionado con su ámbito
laboral.
El mismo lunes,
investigadores detuvieron al presunto narcomenudista Juan Pablo “N”, quien
según la Fiscalía, se encargó de vigilar al reportero minutos antes de su
asesinato. El detenido forma parte de una red de contrabando de drogas que
supuestamente lideran Juan David Martínez Trujillo “El Machaca” y Óscar Leyver
Acosta González “El Zapatudo”.
Las autoridades chiapanecas
ofrecen 300 mil pesos de recompensa por información que ayude a la captura de
los presuntos criminales involucrados en el asesinato del periodista, cuyo
homicidio quedó grabado por una cámara de vigilancia. La Fiscalía busca también
a Maribel Pinto Gutiérrez, esposa del “Zapatudo” que, el viernes anterior al
crimen, realizó un “rondín de vigilancia” frente a la casa de Gómez Sánchez.
El reportero, de 40 años de
edad, salía de su domicilio cuando una de dos personas a bordo de una
motocicleta le disparó en por lo menos seis ocasiones. Las balas hirieron a
Gómez Sánchez en el brazo izquierdo, tórax, codo y glúteo, causándole la
muerte.
Por su parte, la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, ha
condenado el asesinato del reportero chiapaneco: “La investigación del presente
homicidio debe ser ejemplar y producir resultados. No puede quedar impune este
atroz crimen”, indicó Jan Jarab, representante de la ONU-DH para el país.
Además, la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el homicidio del periodista, e indicó
que personal del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de
Derechos Humanos de dicho organismo, sostuvo comunicación con familiares del
reportero y con directivos de periódico donde laboraba, a quienes ofreció
respaldo y asesoría.
Agregó que solicitó a las
autoridades de Chiapas implementar medidas cautelares para salvaguardar la vida
y seguridad tanto de la familia de la víctima como de los colaboradores y
directivos del rotativo, amén de
emprender una investigación inmediata para allegar las evidencias necesarias y
analizar en todo momento la línea editorial vinculada con la labor periodística
de la víctima.
El organismo nacional señaló
que dispuso que visitadores adjuntos se trasladen al lugar de los hechos para
brindar asesoría a familiares del reportero con el fin de que puedan hacer
efectivo su derecho de acceso a la justicia y brindarles acompañamiento, así
como para recabar testimonios e indicios que pudieran servir para el
esclarecimiento de los hechos.
Comunicadores de Chiapas
demandaron garantías al gobierno para ejercer el oficio del periodismo. Los
reporteros se manifestaron con pancartas con mensajes como “Justicia para Mario
Gómez” y “No más periodistas muertos”.
A los reclamos se sumó la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que condenó el hecho y llamó al Gobierno Federal “a investigar con
seriedad, respeto y sentido de urgencia éste y los demás casos impunes de
violencia contra periodistas mexicanos”.
Por su parte, el Centro de
Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” consideró que el homicidio de
Gómez “visibiliza la vulnerabilidad en la que laboran las y los periodistas de
Chiapas”, aunado a que “el mensaje de impunidad y la omisión de las autoridades
responsables de procurar justicia, escalan los riesgos a la vida, la integridad
y seguridad de periodistas y sus familiares”.
Finalmente, Artículo 19
condenó el asesinato de Gómez Sánchez y exigió “respeto al derecho de libertad
de expresión y garantías de seguridad para los periodistas de Chiapas,
especialmente para quienes denuncian agresiones y para quienes alzan la voz por
justicia para Mario Gómez”.
Gómez Sánchez era originario
de Yajalón, donde reporteaba la región Tseltal-Choles en la zona norte de la
entidad para el diario El Heraldo de Chiapas. A la par, fungía como colaborador
del periódico La Edición, cuyo propietario salió de dicho municipio tras el
asesinato del periodista.
El 25 de junio de 2016, Mario
fue recibido por Raciel López Salazar, titular de la Fiscalía estatal, por las
supuestas amenazas que el periodista recibió
por parte de personas afines a Leonardo Rafael Guirao Aguilar, ex
diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por el Distrito
Electoral I de Palenque en la 63 Legislatura, además de ex alcalde de Chilón,
Chiapas.
De acuerdo a Artículo 19, 46
periodistas han sido asesinados en México durante el sexenio de Enrique Peña
Nieto -siete en el transcurso de 2018-, mientras que en un periodo de 18 años, se
contabilizan 119.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/ CARLOS ÁLVAREZ /LUNES, 1 OCTUBRE, 2018 01:00
PM)
CRECE PROSTITUCIÓN EN REDES
Fotos: Internet
Avances tecnológicos han permitido la
expansión del comercio sexual a través de llamadas a teléfono celular y páginas
de internet. Redes de prostitución gozan de movilidad y protección de
autoridades. Mientras la red de proxenetas de Zona Divas fue desmantelada con
éxito, otras mafias como Mileróticos.com aún tienen portales web en diversos
estados
Aunque no existen cifras
precisas sobre el fenómeno, se estima que en México, por lo menos medio millón
de personas son víctimas de trata, en la variante de explotación sexual, a
través del llamado oficio más antiguo del mundo, que con el paso del tiempo ha
cambiado su forma de operar, respaldándose en los avances tecnológicos.
La prostitución sigue como un
lucrativo negocio, sobre todo para los lenones que se benefician del comercio
carnal, aprovechando la captación de clientes deseosos de sexo y la movilidad
que los grupos de hombres y mujeres que rentan su cuerpo tienen gracias a la
telefonía celular, internet y redes sociales.
Aún no se acaba con el meretricio
a la antigüita, en las esquinas, las zonas rojas o de tolerancia, la fichada en
los bares y la entrega en mano de tarjetas de presentación con fotografías
“reales” de quienes ofrecen desde compañía o caricias, hasta sexo oral o
“servicio completo”.
Sin embargo, lo de hoy es la
búsqueda en la red de redes, donde existen páginas completas con fotografías de
mujeres y varones que ofertan un rato de placer de acuerdo a las necesidades
económicas o las fantasías de desesperados e inquietos sexoconsumidores de
ambos géneros y transgénero.
Un telefonema, un mensaje de
WhatsApp, una conversación por Messenger o chat por internet, bastan para
conectar a un adicto a la prostitución con el o la que habrá de ser su sparring
sexual a cualquier hora del día. Por desgracia, dentro de la cifra de 500 mil
víctimas de trata de personas en este ámbito, se calcula que unos 70 mil son
menores de 18 años de edad.
Los nuevos esquemas
tecnológicos han facilitado el surgimiento de nuevas redes de prostitución, e
incluso fomentado la iniciación de personas de manera espontánea en sus cuentas
de Facebook o en páginas web de búsqueda de pareja, donde conocen a personas de
mediana o avanzada edad que sufragan sus gastos a cambio de compañía o favores
sexuales. Desde siempre se advertía la presencia de hombres mayores buscando
relacionarse con jovencitas, y hoy mujeres maduras también buscan a varones muy
jóvenes.
FÁCIL INVOLUCRARSE
María Elena nunca se
prostituyó, por lo menos no sexualmente. Siempre aparentó una edad superior a
la que realmente tenía. Por eso jóvenes meretrices la describían como una
“señora mayor”, a pesar de tener 37 años de edad. En 2015, urgida por los
apremios económicos en casa, se vio en la necesidad de buscar un empleo y lo
encontró en una casa de citas en Acapulco, Guerrero, adonde ingresó como
afanadora y cocinera.
“Doña Nena”, como le
conocieron las “muchachas”, asegura que no sabía que se trataba de un negocio
de prostitución, sino hasta después de sus primeras semanas en que hacía de
comer y el aseo a las habitaciones de las chicas. Con el tiempo se le agregaron
funciones como contestar el teléfono y hacer las citas. Ya entrados en
confianza, los dueños del burdel le encargaron ser la tesorera del dinero
ilícito.
Hoy existen indicios de que
la mujer, junto con otras personas, alojaba dentro de una finca a por lo menos
doce de las víctimas de trata y explotación sexual, aunque para ella sólo se
trataba de un trabajo cualquiera. Es procesada penalmente al comprobarse que
las chicas laboraban como sexoservidoras y eran enviadas a varios domicilios
para atender clientes.
Además de dejar el 50 por
ciento del dinero recabado con el comercio sexual, las chicas tenían que pagar
a Elena de 50 a 60 pesos por cada comida y 100 pesos semanales por el aseo de sus
habitaciones cada una. La ahora encausada se encargaba de recibir a las jóvenes
enganchadas, pedirles que se cambiaran de ropa e indicarles lo que debían
hacer.
El señalamiento de las
trabajadoras sexuales la hundió. “Doña Nena” respondía vía telefónica a los
clientes y determinaba que una terna de las jovencitas acudiera adonde el
solicitante la requería para que eligiera a una de ellas. Las no elegidas
regresaban con el taxista que las llevaba y con el dinero cobrado por el
“trabajo” de su compañera que se había quedado en algún hotel. El dinero era
dejado en una libreta con la anotación correspondiente, o se lo daban a Elena
para que lo guardara.
La red, que tenía varias
casas similares, se promocionaba a través de una página de internet denominada
Mileroticos.com, en cuyo contenido aparecían infinidad de fotografías y datos
de contacto de chicas, clasificadas por regiones o estados de la República. Las
fotos se las tomaban a las víctimas con sus teléfonos celulares.
DATOS DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL
– Incentiva el secuestro de personas
– Ocasiona problemas de salud en la población
– Genera abuso en menores de edad
– 500 mil personas son explotadas sexualmente
– 93% de las víctimas son mujeres
– 26% de las víctimas son menores de edad
“ALTO CRITERIO”
Miles de personas,
principalmente mujeres, son enganchadas para traficar con sus cuerpos. Algunas
son atraídas con engañosos anuncios que ofrecen empleos como “mesera”,
“camarera” o algún otro. Sin embargo, algunas más son reclutadas directamente a
sabiendas que el anhelado trabajo es como sexoservidora, con todos los riesgos
que ello implica, pero anteponiendo -en la mayoría de los casos- su necesidad
económica.
Margarita o “Violet” -su
nombre de prostituta- fue atraída por un aviso de ocasión en internet
solicitando
“chicas con alto criterio”.
Ofrecían un sueldo de 3 mil a 5 mil pesos semanales. Se enteró de que el
trabajo era de escort o masajista y que debía tener sexo con los clientes a
cambio de dinero. Desde Michoacán se trasladó a Guerrero sin dudarlo.
Fue recibida en unos
departamentos donde había una alberca y le alojaron junto con otras dos
mujeres, una de ellas embarazada. Allí le explicaron que el servicio funcionaba
a través de llamadas telefónicas que ellas mismas contestarían y un taxista las
llevaría al sitio requerido por el cliente. La tarifa de la labor sexual iba
desde los 600, 800 y hasta mil pesos la hora, dependiendo del presupuesto y
perversiones a satisfacer del pagador; mil 500 pesos las dos horas.
La constante de este tipo de
empresas clandestinas, consiste en cambiar de domicilio para no ser
descubiertas, por lo que las víctimas de la explotación sexual no se adaptan plenamente
a un solo lugar. Tampoco las -vulgarmente llamadas- golfas llegan a conocer a
los verdaderos patrones, únicamente a intermediarios, quienes realmente operan
el negocio.
El dinero para la paga les es
remitido los domingos por la madrugada. Se les deja el efectivo a cada una de
las sexoservidoras en un sobre amarillo en una mesa del comedor. De ahí deberán
pagar su estancia, aseo y alimentos a la persona que les atiende. Además,
liquidarán el costo de los servicios de taxi que reciben.
ZONA DIVAS
La historia reciente más
conocida es la de Zona Divas, en el Estado de México, una red internacional de
prostitución que traía a México a mujeres de diversos países para explotarlas
sexualmente y obtener un lucro indebido. Aunque fue denunciada de manera
anónima en junio de 2015, todavía en este año hubo acciones para concluir su
desmantelamiento por parte de la Policía Federal.
Además de la denuncia, se
contó con agentes masculinos y femeninos de la corporación infiltrados en
hoteles de la zona de la Condesa, entre ellos el hotel Gran Vía, donde se
advirtió que personal de las hosterías estaba involucrado con la organización
criminal, pues llevaban dinero de dádivas que complementaban sus ingresos. Se
detectó a mujeres con acento extranjero en habitaciones y pasillos, a quienes
el propietario autorizaba quedarse en el lugar, pues le atraían clientela.
Estaban implicados el
gerente, la contadora y tres recepcionistas, entre otros que conseguían a
mujeres que proporcionaban servicios sexuales a los clientes, a quienes
mostraban fotografías de chicas desde un celular y ellos hacían su solicitud.
Así, entre febrero y abril de 2017 se logró rescatar a 18 sexoservidoras
prácticamente esclavizadas, entre ellas venezolanas, colombianas y paraguayas,
quienes aportaron importantes datos a la carpeta de investigación.
En abril de 2018 fue detenida
la administradora del portal Zona Divas, Evelyn “N”, de 34 años, quien hacía
firmar ventajosos contratos a las víctimas, aprovechando su estatus migratorio,
además de cobrar 8 mil pesos -obligatorios- a cada una por anunciarse. Fue
consignada por el delito de trata de personas y espera proceso en el penal
femenil de Santa Martha Acatitla.
A raíz de ese escándalo, la
página Zona Divas informó en un breve comunicado que, como “empresa socialmente
responsable” y en cooperación con las autoridades, decidió suspender
actividades. Dicho portal de internet es señalado por anunciar los servicios de
escorts, acompañantes y modelos principalmente extranjeras con fines de
explotación sexual. El sitio se ha visto involucrado en el asesinato de por lo
menos cinco mujeres que han sido encontradas en distintos cuartos de hoteles de
la Ciudad de México.
En julio reciente fue
detenida y vinculada a proceso por el delito de trata de personas, la ciudadana
paraguaya Graciela “N”, señalada como reclutadora de esa página web. Luego, en
agosto, fue atrapado Guillermo “N”, a quien se acusa de ser uno de los
operadores de la misma banda de lenones. Y finalmente, en los últimos días el
mismo mes, la Policía Federal capturó a Armando “N”, fotógrafo que
presuntamente obligaba a las víctimas a tomarse imágenes desnudas o en lencería
mientras estaban privadas de su libertad. Asimismo, está acusado de abusar de
algunas de ellas durante las sesiones fotográficas.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / LUIS CARLOS SÁINZ
/LUNES, 1 OCTUBRE, 2018 01:00 PM)
AUTOMOTRICES EN RIESGO EN 2019
Fotos: Internet
El acuerdo México-EU y la posible
legalización de autos “chocolate” disminuirán el crecimiento de las
exportaciones y “dificultarán” la llegada de nueva inversión a México en dicho
sector, prevé la AMDA. La asociación pide al Presidente electo renovar decreto
para importar vehículos usados
Ante el “entorno negativo”
que enfrentará la industria automotriz en los próximos años, Guillermo Rosales
Zárate, director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores de
Automotores (AMDA), apeló a la responsabilidad del Presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, para “mantener condiciones favorables para el desarrollo
de la industria automotriz”.
En entrevista con ZETA, el
líder empresarial previó que el endurecimiento de las reglas de origen en el
acuerdo preliminar entre México y Estados Unidos, impactará en las
exportaciones, las cuales crecerán a un ritmo menor, así como en la llegada de
inversiones.
En los últimos quince años,
las exportaciones han aumentado hasta alcanzar su nivel más alto en 2017,
cuando se exportaron 3 millones 253 mil 385 vehículos ligeros. En tanto que de
enero a agosto de 2018, se exportaron 2 millones 069 mil 526 unidades, según
datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
Guillermo Rosales Zárate, presidente de
AMDA
Al destacar que este sector
productivo está sustentado en la exportación, Rosales Zárate apuntó que la tasa
de crecimiento de las exportaciones dependerá del propio dinamismo del mercado
de la Unión Americana, “que se prevé, entre en una fase de estancamiento en los
próximos años, eso va a limitar las posibilidades de exportación” no sólo de la
industria automotriz, sino de toda la manufactura que concurre en el mercado
estadounidense, observó.
En el acuerdo preliminar
entre México y Estados Unidos, anunciado el 27 de agosto de 2018, se establece
un aumento en la regla de origen del 62.5 al 75 por ciento del valor de
contenido regional para la producción automotriz.
“En este momento, poco más
del 50% de los vehículos producidos en el país cumplen con esta nueva regla”, y
contemplando a los que están cerca de satisfacerla, la cifra llegaría hasta
70%.
Por otra parte, la industria
automotriz contará con tres años a partir de que inicie la vigencia del nuevo
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para que un número menor
de la producción esté imposibilitado de cumplir con las nuevas disposiciones.
No obstante, conforme a lo
establecido, esa producción podría ingresar al mercado norteamericano pagando
un arancel de 2.5%, de conformidad con lo comprometido por Estados Unidos ante
la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Con ello, dijo, se garantiza
que la producción generada en México tenga acceso al mercado norteamericano en
condiciones favorables.
En lo que va de 2018 se han
fabricado 2 millones 617 mil 330 unidades; cifra superior a la reportada en el
mismo periodo del año anterior (2 millones 614 mil 210 autos).
No obstante, el mayor riesgo
para el sector radica en mantener lo logrado en los últimos seis años en
materia de Inversión Extranjera Directa (IED), consideró Rosales Zárate. En ese
sentido, resaltó que la industria automotriz ha sido la principal captadora de
inversión en este sexenio, con poco más de 36 mil millones de dólares.
“Las líneas de producción que
en este momento no están en el nivel de la nueva exigencia del valor de
contenido regional, van a requerir hacer adaptaciones e incrementar sus niveles
de compras en la región de Norteamérica”, lo cual implica “un mayor grado de
dificultad para el establecimiento de nuevas plantas”.
De modo que previó
condiciones difíciles para que el país siga siendo un polo de atracción de
inversiones en el sector automotriz, y derivado de ello, habría dificultades
para que la industria automotriz siga creciendo a las tasas vistas
recientemente.
En la actualidad, la
industria automotriz emplea, de forma directa, a 1.5 millones de personas, y si
bien no se prevén pérdidas de empleos, habría “limitaciones para poder seguir
generándolos en las diferentes regiones del país”.
Fuente: AMIA
De acuerdo con la Secretaría
de Economía, de las principales armadoras, 21 tienen presencia en 14 estados de
la república: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato,
Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis
Potosí y Sonora, siendo el clúster del Bajío el que tiene mayor producción y
exportación.
En dichas plantas se efectúan
actividades que van desde ensamble y blindaje, hasta la fundición y el
estampado para vehículos y motores.
“Actualmente, en México se
producen más de 48 modelos de automóviles y camiones ligeros; de ellos, 16 se
manufacturan exclusivamente en el país para su venta en el mercado
estadounidense”, indica el estudio “La Industria Automotriz Mexicana: Situación
Actual, Retos y Oportunidades”.
PIDEN A AMLO RATIFICAR DECRETO QUE REGULA IMPORTACIÓN
DE AUTOS USADOS
Respecto a que México no
podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de
vehículos originarios usados, provenientes de Canadá o Estados Unidos a partir
del 1 de enero de 2019, por ser una medida establecida en el TLCAN vigente, el
titular de la AMDA manifestó esto sería posible únicamente para vehículos
originarios.
Es decir, sería necesario
acreditar el 62.5% mínimo de valor de contenido regional, mediante la
presentación de un certificado de origen emitido por el fabricante, conforme a
las reglas del acuerdo comercial vigente, y que “en términos prácticos,
cumplirlo no es fácilmente factible”.
Por ello, la importación de
esas unidades se hace considerando el decreto que regula la importación de
vehículos usados (expedido en julio de 2011 y renovado cada año), el cual,
contempla que, en caso de no poder presentar el certificado de origen, se
podrán importar automóviles usados de entre ocho y nueve años de antigüedad, de
un arancel del 10% para todo el territorio nacional.
O bien, con vehículos con
placas fronterizas de cinco a nueve años de antigüedad con el pago del arancel
del 1%, con la condición que hayan sido manufacturados en algún país de
Norteamérica, sin necesidad de acreditar valor de contenido regional y sin presentar
un certificado de origen.
“Se ha venido manejando de
manera errónea en los medios de comunicación que en 2019 se podrán importar
libremente los vehículos sin importar la antigüedad”, toda vez que el
certificado de origen ha estado vigente desde 2009”, abundó Guillermo Rosales
Zárate, y confió en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que
iniciará el 1 de diciembre, “renueve el decreto que regula la importación de
vehículos usados”, el cual vence el 31 de marzo de 2019.
REGULARIZACIÓN DE AUTOS “CHOCOLATE”
Recientemente, las
legisladoras de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), Sylvana Beltrones Sánchez y Teresita de Jesús
Vargas, respectivamente, presentaron iniciativas ante el Congreso de la Unión
para regularizar autos “chocolate” y facilitar la importación de autos usados
de procedencia extranjera.
Sobre ello, Rosales Zárate se
pronunció en contra, y adelantó que en próximos días, legisladores del Partido
Acción Nacional presentarán otra iniciativa sobre el tema; sin embargo, “no
existe un posicionamiento formal” del partido con mayoría en el Congreso, ni
tampoco del Presidente electo, sobre el particular.
“No estamos dando por un
hecho que haya una posición oficial en favor de legalizar los vehículos de
contrabando, estamos apelando a la responsabilidad política que tienen como
partido mayoritario en el Congreso y como futuro Gobierno Federal para
estimular el empleo formal”, aclaró el director general de la Asociación
Mexicana de Distribuidores de Automotores.
Agregó que “hay conciencia
plena de la importancia de la industria y no hemos tenido ningún
pronunciamiento en pro de que se esté concretando una regularización de
vehículos ilegales”.
Rosales Zárate comentó que
los efectos de la aprobación de una Ley como ésta serían similares la
legalización de vehículos usados y su “descontrolada” importación entre 2006 y
2009, la cual generó que en este último año esas unidades superaran al número
de carros nuevos vendidos en el país.
En 2009, hubo una disminución
del 30% en las ventas de vehículos nuevos, y para poder recuperar los niveles
de comercialización que se tenían en 2005, la industria tardó “prácticamente
diez años”.
Se estima que durante ese
periodo la disminución al año fue de poco más de 200 mil unidades nuevas, lo
que también impactó a la contribución fiscal.
De igual forma, se demostró
que más de 5 mil vehículos que se importaron habían sido robados en Estados
Unidos durante el primer semestre de 2014, de ahí las medidas implementadas por
la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, que han “corregido” la
situación.
Por otro lado, Rosales
sostuvo que los automóviles en malas condiciones saturaron las vialidades y
causaron un daño a las finanzas públicas por los subsidios a la gasolina, toda
vez que en dicho periodo el consumo de ese combustible incrementó en 50%.
Expuso que la mayor parte de
esas unidades se introdujeron con amparos, que prácticamente nulificaron el
cobro de aranceles, lo que también ocasionó una merma al fisco.
Respecto a la iniciativa del
gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, para hacer un censo
de autos “chocolate”, tanto la AMDA como la AMIA manifestaron su “total rechazo
a cualquier modalidad de regularización, matriculación, censo o esquema
similar”, al considerar que esas medidas “serían un incentivo a la ilegalidad y
preservación de la impunidad”.
Datos proporcionados por
ambas organizaciones, refieren que en Baja California la caída en la compra de
automóviles nuevos ascendió a 24.39% durante el primer semestre de 2018, lapso
en el que también ha aumentado 25% la importación de vehículos de contrabando,
ante la permisibilidad de las autoridades para la circulación de autos sin
placas y sin registro, procedentes de Estados Unidos.
SI CANADÁ NO SE INTEGRA, AUMENTARÁ COSTO DE PRODUCCIÓN
En cuanto a la posibilidad de
que Canadá no se sume al acuerdo preliminar entre México y Estados Unidos, el
líder empresarial automotriz externó que en primera instancia se tendrían que
renegociar los términos del contenido regional alcanzados en ese convenio.
En términos operativos,
“sería muy complejo para la industria tener que administrar la convivencia de
más de dos acuerdos para proceder al flujo de las autopartes y los vehículos,
sobre todo para las autopartes en la integración final de un vehículo”, lo cual
“sin duda incrementaría los costos de operación y de administración”,
dependiendo del producto de la empresa.
De darse tal escenario no
sería una buena noticia, sin embargo, “tampoco sería insalvable”, estimó.
Respecto a la Sección 232,
que es una Ley extraordinaria que aplicaría el gobierno estadounidense por
cuestiones de seguridad, y que conlleva la imposición de aranceles del 25% a
los vehículos extranjeros, Rosales Zárate comentó que el libre comercio se
encuentra establecido en el acuerdo preliminar.
No obstante, en el supuesto
de que la administración de Donald Trump decida imponerla, México quedaría
exento de esa aplicación hasta un tope de 90 mil millones de dólares en
autopartes y de 2.4 millones de vehículos.
El excedente de ese límite
tendría que pagar el arancel de Estados Unidos, lo que sería un freno; sin
embargo, “en el mismo acuerdo se reconoce que México se reserva el derecho de
litigarlo en la OMC, e imponer sanciones paralelas”.
Para concluir, en cuanto a la
cadena de valor local, el empresario opinó que México tiene un promedio
ponderado cercano al 35% del total, incluyendo la mano de obra, y un trecho de
oportunidad “para seguir creciendo, aun cuando no hemos tenido el suficiente
éxito en este tema, a pesar de los diferentes programas que se han
establecido”.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / JULIETA ARAGÓN
/LUNES, 1 OCTUBRE, 2018 01:00 PM)
SE BUSCAN HOMICIDAS Y LADRONES VIOLENTOS
Apoyados en el Código Penal, la PGJE
identificará públicamente a presuntos responsables de delitos violentos con
orden de aprehensión y solicitará apoyo a la ciudadanía a través del número 089
de Denuncia Anónima para localizarlos. Con el aprovechamiento de esta
herramienta buscan reducir la incidencia de homicidio y robo a mano armada
Ricardo Abraham Calera
Méndez y
Manuel Coria Rojas “El Meño”,
tienen activas órdenes de aprehensión en su contra: el primero por
feminicidio, el segundo por homicidio calificado. En el caso de Ricardo Cápula Coronado “El Chaparro”, la
orden para detenerlo y presentarlo ante un juez, es por robo con violencia; la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE) solicita apoyo de la ciudadanía para
localizarlos.
Si bien, la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordena que toda persona se considera
inocente mientras no se les declare responsabilidad mediante sentencia emitida
por un juez, en su Artículo 106 -tercer párrafo-, el Código Nacional de
Procedimientos Penales instruye que en los casos de personas sustraídas de la
acción de la justicia, se admitirá que la fiscalía pida ayuda de la comunidad,
a través de la publicación de los delitos.
El objetivo es hacer posible
la identificación del imputado para ejecutar la orden judicial de aprehensión o
de comparecencia.
La publicación de los “Se
busca” será utilizada por la PGJE como un mecanismo adicional para reducir los
índices de impunidad y aumentar el
número de casos judicializados en el tema de homicidios. En lo que va del año
en Baja California, 2 mil 250 personas han sido asesinadas de forma dolosa; mil
828 de estos homicidios se han cometido en Tijuana, 175 sólo en septiembre.
“Es reforzar el planteamiento
de sacar de las calles al mayor número de personas que andan cometiendo
delitos, ya la gente lo puede hacer a través del número de denuncia que ya
conocen: 089”, expuso el subprocurador de Tijuana, Jorge Álvarez. “pero si
tienen desconfianza, o la información es muy delicada, los podemos recibir en
las oficinas de la Subprocuraduría de Zona”, exhortó.
Aunque la lista de órdenes de
aprehensión por homicidio suma más de 180 nombres, el funcionario advirtió que
la estrategia no es aplicable en todos los casos, debido al condicionamiento y
trabajos consensuados con la Comisión de Derechos Humanos. En ese punto,
reiteró que todos los “buscados” se presumen inocentes hasta ser sentenciados.
FEMINICIDIO
Con el Número Único de Caso
(NUC) 0204-2018-27460, la Unidad de Homicidios de la PGJE en Tijuana inició una
investigación el 14 de junio, luego que en un camino vecinal de la colonia Nuevo Milenio, en la delegación
Playas, se denunció que había dos maletas con restos humanos en su interior.
Los equipajes, uno de color
verde y otro azul, estaban tirados sobre un montón de basura en el cauce de un
río; en una de las maletas encontraron el torso y la cabeza de una mujer, y en
la otra, las dos piernas y los dos brazos. La cara de la víctima mostraba
hematomas en ojos y mejillas.
Como parte de la
investigación, los agentes la identificaron a María Itzel, de 28 años de edad,
y pudieron dar seguimiento a su último día de vida. Testigos y otros elementos
de prueba los llevaron a buscar e interrogar a Abraham Calera, con quien la joven
habría pasado sus últimas horas en una cita.
El oficial Ignacio Galindo
Hernández tenía veinte años en la corporación, hasta que fue asesinado en una
emboscada durante la madrugada del viernes 21 de septiembre. En las honras
fúnebres que se le realizaron tres días después, su familia recibió la primera
medalla post mortem que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana
haya entregado a un policía caído.
El agente viajaba en una
patrulla junto a su compañero José Juan Montes Rosales cuando respondieron a un
reporte, emitido por un agente en una caseta de seguridad, sobre detonaciones
de arma de fuego en el Ejido Ojo de Agua, en la Zona Este de la ciudad.
Sin embargo, mientras
transitaban por la Carretera Libre Tijuana-Tecate, se encontraron con dos
vehículos, una camioneta Volvo negra y un Chevrolet Spark azul, los cuales
disminuyeron la velocidad y, al quedar detrás de la patrulla, comenzaron a
disparar.
El agente Montes Rosales,
quien iba al volante, recibió un disparo en la mano, por lo que no pudo
responder al fuego, pero el oficial Galindo Hernández resultó con heridas más
graves en cuello y espalda. Pese al auxilio de sus compañeros y su posterior
traslado al hospital, el policía de 51 años de edad falleció.
Durante la administración de
Juan Manuel Gastélum, se han registrado más de 25 ataques armados contra
policías municipales, refirió el secretario de Seguridad Pública, Marco Antonio
Sotomayor Amezcua.
En el mismo periodo, cuatro
policías han sido asesinados en hechos violentos y tres más han perdido la vida
en accidentes, uno de ellos, de tránsito, arrollado en Zona Río y dos más en la
caída del helicóptero Pegaso, ocurrida en noviembre de 2017.
Seguridad Pública Municipal
informó que tiene plena identificación de los vehículos que participaron en el
ataque donde perdió la vida el agente Galindo Hernández, puesto que fueron
captados por cámaras de seguridad, pero hasta el cierre de esta edición, no se
había dado con los responsables.
Respecto a éste y el resto de
los atentados contra policías, Sotomayor Amezcua refirió que un ataque contra
un agente, es contra toda la institución, por lo que continuarán demostrando la
fuerza de la corporación. Inés García Ramos
Al ser interrogado, Calera
aseguró que la mujer estaba viva cuando se fue de su casa, sin embargo,
elementos periciales técnicos y materiales, localizados posteriormente, no
respaldaron esa versión. Presentados ante un juez, fueron considerados
suficientes para librar orden de aprehensión, la cual no fue posible ejecutar
porque el sospechoso ya había abandonado su vivienda. De hecho, lo hizo antes de que los peritos
acudieran con una orden para buscar indicios forenses.
La autoridad intentó dar con
él en diversas direcciones sin éxito, en el proceso, algunos de sus conocidos
refirieron que abandonó la ciudad. La PGJE pide apoyo a la sociedad para
localizar a Ricardo Abraham Calera Méndez.
“EL VIEJÓN” DOS ÓRDENES POR HOMICIDIO
Manuel Coria Rojas tiene 54 años y es nativo del Estado de
Guerrero, pero durante años ha residido en la delegación La Presa de Tijuana.
En 2006 fue detenido por robo, así como en 2015 y, en 2017, se le procesó por narcomenudeo.
La Unidad Investigadora Especializada
en Delitos contra la Vida y la Integridad supo de su escalada criminal en
diciembre del año pasado, cuando levantaron el cadáver de un hombre asesinado a
balazos detrás de la casa marcada con el número 110 de la colonia Las Torres,
Delegación Centenario.
En el ataque fue asesinado
Fernando Estrada de Arias, de 43 años, lesionado resultó el joven Víctor
Guadalupe “N”, de 16 años. En este caso, Coria Rojas fue identificado como
agresor, pero la orden de aprehensión fue obtenida este año.
No hay sospechosos en la
carpeta de investigación que se inició por el ataque contra las oficinas de la
Unidad de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)
en Tijuana, perpetrado con ráfagas de rifles calibre R-15.
Los doce casquillos calibre
.40 y nueve calibre .223 salieron negativos, lo que indica que las armas no se
habían usado algún otro delito ejecutado en la ciudad.
Sin embargo, al interior de
la fiscalía circulan dos versiones extraoficiales. Una de éstas apunta que se
trató de una advertencia contra los ex jefes de Narcomenudeo y Homicidios, de
apellidos Galván y Alpízar, por un viejo asunto, “pero no tardó mucho en
aclararse que se trataba de un tema de narcomenudeo, una droga perdida un día
antes, el 19 de septiembre, en la que alguien mencionó a un agente de
Homicidios: Escalante”, se informó a ZETA.
Cuestionado al respecto, el
subprocurador de Zona, Jorge Álvarez, reiteró que no hay elementos para suponer
que el ataque haya sido producto de un acto ilícito por parte de alguno de sus
elementos.
Anteriormente, la noche de 12
de mayo, elementos de las corporaciones de seguridad en Tijuana llegaron a otro
escenario de horror en un domicilio de la calle Torreón de la colonia
Magisterial. El reporte original fue de cinco personas lesionadas por arma de
fuego.
Allí se encontraron los
cuerpos sin vida de dos hombres de entre 25 y 35 años, y tres mujeres, incluida
una de 60 años y dos jóvenes. Todos con tiro de gracia.
Testigos e indicios
periciales, volvieron a ubicar a Manuel Coria como agresor en esta escena y un
juez otorgó una segunda orden de aprehensión. Al intentar localizarlo,
elementos de la fiscalía recibieron informes de que había huido a Guerrero.
Sin embargo, delincuentes
detenidos en las dos últimas semanas en La Presa, han mencionado que regresó a Tijuana y a sus
actividades delictivas. Pero como no ha sido localizado, y dada la peligrosidad
y las dos órdenes en su contra, de nuevo
la autoridad solicita la denuncia ciudadana.
LADRONES ARMADOS
El tercer “Se busca” tiene la imagen de Ricardo Cápula Coronado
“El Chaparro”, parte de un grupo dedicado al robo e identificado como
responsable de haber apuntado con un arma a una docena de personas en un
negocio, para robarles el dinero y pertenencias.
Los hechos que dieron origen
a la orden de captura, sucedieron el 3
de septiembre cuando, acompañado de
Leslie Meraz “La Pituca”, Luis Ángel Juárez Osuna “El Negro” y Damián Franco,
Ricardo llegó a la Plaza Andrea de la colonia 20 de Noviembre e ingresaron a la
lavandería Clean Master, donde había ocho empleados y cuatro clientes más, a
quienes asaltaron a punta de pistola.
La denuncia ciudadana
permitió que esta semana, Juárez, Meraz y Franco fueran capturados con una
orden de aprehensión, pero la fiscalía requiere el respaldo de la sociedad para
capturar al cuarto presunto responsable, aún en libertad.
Cápula Coronado tiene
antecedentes delictivos desde 2012, cuando fue detenido e investigado por el
delito de robo a lugar cerrado; un año después, le iniciaron dos expedientes
por robo a casa habitación. En 2018, su archivo suma cuatro carpetas, una por
lesiones, otra por amenazas, una más por daño en propiedad ajena y la última
por robo con violencia.
OCHO HOMICIDAS MENOS EN LA LISTA DE 50 ASESINOS BUSCADOS
EN OPERATIVO ESPECIAL
A mediados de agosto y como
parte de los trabajos coordinados, la Subprocuraduría de Zona realizó una lista
de las más de 180 órdenes de aprehensión pendientes, separó 50 nombres. Se
trata de hombres y mujeres que, de acuerdo a información de Inteligencia del
Consejo Estatal de Seguridad, delinquen para los cárteles de Sinaloa y Jalisco
Nueva Generación. Se dedican a matar en las delegaciones con mayor incidencia
homicida: La Presa, Presa Rural, Natura, Los Pinos y Cerro Colorado.
En septiembre, las fuerzas
coordinadas capturaron a seis de estos enlistados con órdenes de captura por
homicidio:
* Andrés Serrano Cervantes por homicidio
calificado con ventaja y secuestro
agravado. Su carpeta lo identifica como cómplice de la privación de la libertad
y el asesinato de una mujer identificada como “La Peke”. De acuerdo a la
investigación, cometió los delitos el 12 de mayo en la Zona Norte; como
corresponsables figuran Sergio Becerra, alias Eduardo Aliviar, y una mujer
identificada como “La China”.
* Alfredo de la Rosa Brambila por
homicidio calificado con ventaja. Le imputan participación en el homicidio de
dos hombres el 17 de septiembre de 2017 en Urbi Villas del Prado. En el mismo
hecho, el joven Edmundo Javier “N”, de 16 años, fue lesionado.
* Juan Manuel González “El Quemado” por
homicidio calificado con ventaja. El 25 de agosto de 2017, en el exterior de
Abarrotes Jauja en la delegación Sánchez Taboada, atacó a balazos al de nombre
Cristian Amaro. Adicionalmente, entre 2012 y 2018, la fiscalía le ha iniciado
23 carpetas por delitos como narcomenudeo, violación equiparada, lesiones y robo con violencia.
* Jesús Córdova Córdova, detenido por
homicidio con ventaja. La carpeta en su contra fue iniciada el 16 de noviembre
de 2016, luego que policías encontraran el cadáver de un hombre cubierto con un
colchón en la calle Bosques Nevados del fraccionamiento Natura. Según archivos
de la PGJE, la carrera delictiva de este hombre inició en 2005, cuando fue
investigado por el delito de amenazas y homicidio en grado de tentativa; en
2012 se le acusó de incumplimiento de obligaciones, en 2015 por violencia
intrafamiliar y en 2016 por robo simple.
* Gabriela Cio Bárcenas por homicidio
calificado con ventaja. Esta joven de 23 años también es señalada por el
asesinato de Jesús Córdova. No tiene antecedentes criminales.
En este grupo, también
contabilizan las aprehensiones de Manuel Nevárez Hernández por homicidio
calificado en grado de tentativa y robo con violencia; y de Óscar Francisco
Acosta Machado por homicidio calificado con ventaja.
Los nombres de Carlos
Cervantes, quien tenía a orden de captura por el asesinato de Nicolás Fernández, cometido el
26 de mayo de 2018 en la delegación Cerro Colorado, y el de Omar Cadena por el
asesinato de un hombre el 7 de abril de 2018 en la delegación Sánchez Taboada,
fueron retirados de las lista, tras ser acribillados.
En lo que va del año, la
Policía Municipal de Tijuana ha detenido a 219 persona sospechosas de
participar en homicidios, 14 de ellos en septiembre. Los aseguramientos de la
corporación incluyen un promedio mensual de 76 personas armadas y 87 pistolas o
rifles por mes retirados de las calles.
A pesar de los resultados, de
acuerdo a estadísticas recién publicadas por el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de seguridad Pública, de entre mil 800 municipios, Tijuana
ocupa el primer lugar en homicidios dolosos con arma de fuego, y el cuarto lugar por homicidios dolosos
con otros elementos.
Entre baleados, mutilados y calcinados, suman mil 828
ejecuciones en el año en Tijuana
En el transcurso de 2018, en Tijuana han sido
privadas de la vida mil 828 personas, de acuerdo a estadísticas de la
Procuraduría General de Justicia en el Estado. En septiembre la cifra asciende
a 175 homicidios.
A continuación, los hechos
violentos registrados del viernes 21 al jueves 27 de septiembre.
VIERNES 21. De
un tiro en la cabeza fue asesinado Jaime Estrada, de 42 años de edad, en la
colonia Obrera Primera Sección. El cadáver decapitado de un desconocido fue
localizado en Villa Fontana I. Una persona calcinada fue abandonada en un
vehículo en el Ejido Ojo de Agua. En la cajuela de un automóvil en Lomas
Misión, fue hallado el cuerpo sin vida de un masculino de 35 años. Una cabeza
cercenada y un brazo humano fueron dejados en un puente peatonal de la colonia
Alemán; junto a sus restos, estaba un narcomensaje dirigido a Francisco Javier
Rabadán Gudiño “El Aguacate”.
SÁBADO 22. En
la Zona Norte fue encontrada una mochila con restos humanos. El cuerpo
maniatado de un desconocido de 50 años fue hallado en Real de San Francisco.
Los restos calcinados de un masculino fueron abandonados en la colonia México
Lindo. Bon Jesús Israel, de 27 años, fue ejecutado a tiros en El Rubí. Eduardo López Pérez, de 25 años, ingresó al Hospital General el 20 de
septiembre por impactos de bala, falleciendo dos días después. En la Cruz Roja
murió Luis Ángel González, de 32 años, tras lesiones de arma de fuego en la
colonia México Lindo. Dentro de un cuarto de madera en Valle Bonito, fue
hallado el cuerpo putrefacto de un masculino. El cadáver de una persona con el
rostro cubierto y las extremidades inferiores atadas, fue encontrado en la
colonia Chihuahua.
DOMINGO 23. En
la Clínica 1 del IMSS, pereció una persona por heridas de arma de fuego en
Lomas del Matamoros. Juan Fernando López Estrada, de 21 años, murió en el
Hospital General tras un ataque armado en El Florido. En el mismo nosocomio
pereció Miguel Valencia Ceja, de 42 años, tras los tiros que recibió. También
en dicho hospital murió un masculino no identificado, quien fue baleado. Un
cadáver putrefacto fue localizado en la colonia Parajes del Valle. Un doble
homicidio se perpetró en un negocio de reparación de teléfonos celulares en la
colonia Sánchez Taboada; una de las víctimas fue identificada como Raúl Osuna
Hernández, de 44 años.
LUNES 24. En
la colonia Unión se localizó el cadáver de una mujer de entre 30 y 35 años, al
parecer fue estrangulada. Entre el fraccionamiento El Niño y Residencial
Margarita se dio el hallazgo de una persona con visibles signos de violencia y
heridas de arma de fuego.
MARTES 25. Luis
Javier Domínguez de los Santos, de 25 años, fue asesinado en Urbi Villas del
Prado II. En el Hospital General fallecieron Rafael Cuevas Ramírez, de 40 años,
así como un sujeto de entre 35 y 40 años; ambos fueron agredidos un día antes
en hechos distintos, uno de ellos recibió tiros en distintas partes del cuerpo
y el otro presentaba traumatismo craneoencefálico. En Villa del Prado II se
localizó el cadáver de un masculino, quien al parecer falleció por estrangulamiento.
Juan Reyes Gutiérrez, de 30 años, fue agredido a balazos en un sitio
desconocido. En el interior de una maleta color negro, se encontró el cadáver
de un sujeto de entre 25 y 30 años en Hacienda Las Delicias.
MIÉRCOLES 26. En la Sánchez Taboada fue hallado el cuerpo
sin vida de una mujer, de entre 30 y 35 años,
envuelto en cobijas y con la cara “enteipada”. En estado de putrefacción
fue encontrado en la cajuela de un vehículo el cadáver de un hombre frente a la
Clínica Regional 1 del IMSS. El cuerpo de un sujeto decapitado se encontró
entre el Laurel y Paseo Santa María. En el interior de una mochila color negro
se localizó la cabeza de un hombre de entre 25 y 30 años en La Morita. Una
mujer, de entre 35 y 40 años, fue
privada de la vida a balazos en Zona Norte. En El Hospital General falleció por
las lesiones de arma de fuego Gerardo Cerda Rizo, de 47 años. En el mismo
lugar, feneció Lidia Hernández López de 20 años, quien recibió disparos de arma
de fuego.
JUEVES 27. En
el Hospital General pereció un hombre desconocido, quien fue agredido a
balazos.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA /ROSARIO MOSSO CASTRO/ LUNES, 1 OCTUBRE, 2018
01:00 PM)
‘TRÁILER DE LA MUERTE’, LA CRISIS EVITABLE
El Gobierno de Jalisco pudo evitar el
uso de tráileres para resguardar cuerpos no identificados de haber invertido
oportunamente 5.3 mdp para habilitar el Campo Experimental Forense, el cual
tendrá espacio para preservar 800 cadáveres
La grave crisis por la que
atraviesa el gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz en Jalisco, derivada del
manejo inadecuado que han recibido los cadáveres sin reclamar en el estado, se
habría evitado con haber invertido oportunamente 5.3 millones de pesos en
instalaciones forenses.
De acuerdo con el contrato
SIOP-E-ESMA-01-CI-0640/18 que suscribió la Secretaría de Infraestructura y Obra
Pública de Jalisco (SIOP) y la empresa Kyjas Constructora, el costo total de
esas nuevas instalaciones forenses requerirá de una inversión específica de 5
millones 350 mil 480 pesos, con IVA incluido.
Este recurso no representa
siquiera el 0.1 por ciento del presupuesto estatal total de 2018 por más de 108
mil 309 millones de pesos, pero de haberse invertido antes habría garantizado
el resguardo digno de los restos humanos y evitado el escarnio nacional e
internacional que hoy enfrenta Jalisco.
Desde 2016 la Fiscalía empezó
a contratar contenedores para guardar los cadáveres por la saturación que había
alcanzado la morgue estatal, pero apenas hace un mes, el 20 de Agosto, se
comenzaron a construir las nuevas instalaciones forenses en Tonalá
Justo por ello asociaciones
dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas como Por Amor a Ellxs, han
cuestionado que la falta de espacios suficientes y dignos para el resguardo de
cadáveres en Jalisco es resultado de la falta de voluntad del gobierno del
mandatario Sandoval Díaz.
“Resulta espeluznante saber
que la cantidad de cuerpos no identificados son tantos que no caben en el
Semefo, e indignante constatar que la voluntad del Estado no alcanza para
darles un trato digno, para identificarlos y regresarlos a sus familias”,
señalaron el 16 de septiembre pasado.
LA DIGNIDAD LLEGA TARDE
El contrato
SIOP-E-ESMA01-CI-0640/18 que estableció la Secretaría de Infraestructura y Obra
Pública de Jalisco (SIOP) de Jalisco y la firma Kyjas Constructora para la
realización del “Campo Experimental Forense”, evidencia que esas instalaciones
que requiere el Gobierno estatal para la disposición adecuada de los cadáveres
estarán listas hasta las semanas finales del año.
En la cláusula tercera de
Plazo de Ejecución del documento firmado el 17 de agosto de 2018 se lee: “el
contratista se obliga a iniciar la obra pública objeto de este contrato el día
20 de agosto de 2018 y a concluirla el día 30 de noviembre del año 2018,
consignando un periodo de 103 día naturales para la ejecución de la obra
enunciada”.
El titular de la Secretaría
General de Gobierno, Roberto López Lara, ha expresado que la autoridad estatal
espera contar cuanto antes con ese sitio, sin embargo, la cláusula citada del
contrato vigente es clara con respecto a los tiempos de ejecución acordados
entre la SIOP y la contratista.
El 12 de septiembre pasado,
López Lara refirió que esperaba que la obra concluyera en “mes y medio”. Sin
embargo, de acuerdo con los registros de la SIOP sobre obra denominada en el
contrato “Construcción de criptas y trabajos complementarios para su operación
por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), en el municipio de
Tonalá”, el avance físico que presenta hoy es de 30 por ciento, con un Avance
Financiero del 91 por ciento.
BOLA DE NIEVE
El escándalo en el que se ha
visto inmerso el gobierno de Sandoval Díaz, que ha costado ya la salida de los
titulares del IJCF y de Fiscalía, Luis Octavio Cotero Bernal y Raúl Sánchez
Jiménez, por el tratamiento inadecuado de los cadáveres, pudo haberse resuelto
sin mayores esfuerzos presupuestales.
Desde el 12 de septiembre, el
secretario general de Gobierno, López Lara, ya sabía que el tráiler
refrigerante con los 273 cuerpos se había resguardado en una bodega de la
Duraznera, en Tlaquepaque, es decir, fuera de las instalaciones del IJCF
“No es en la Duraznera (donde
se construye el panteón), posiblemente es donde tengamos algunos cuerpos de
refrigeración; ya cuando se construya esos cuerpos van a pasar al panteón”,
dijo.
El líder de la bancada de MC
en Jalisco, Salvador Caro Cabrera, ha reconocido que desde febrero el Congreso
también sabía del uso del tráiler.
“En febrero fue cuando yo
tuve conocimiento y fue cuando entré en contacto con Cotero Bernal, aludió que
él mantenía gestiones con sus superiores para que resolvieran este asunto. (…)
Yo les puedo decir que él realmente estaba agobiado, preocupado, buscando los
respaldos económicos que solo el Ejecutivo del Estado le podía proveer”, dijo.
El mismo Cotero Bernal reveló
que desde 2016 se usa el contenedor ante la saturación del IJCF. Sin embargo, a
pesar del tiempo que llevaba esta problemática y que era conocida incluso por
López Lara antes de que estallara en medios, el gobernador se deslindó: “tengan
la certeza plena de que el gobernador del Estado no fue enterado de la
situación de los cuerpos, su acumulación y sus traslados”.
CONSTRUIRÁN CÁMARA FRIGORÍFICA
E l gobernador de Jalisco,
Aristóteles Sandoval, visitó ayer las instalaciones del Instituto Jalisciense
de Ciencias Forenses (IJCF) para conocer cómo se trabaja y anunció la
construcción de una cámara frigorífica para 300 cuerpos.
“He instruido para que se
empiece la construcción de una cámara frigorífica y un espacio para cadáveres
en descomposición que tendrá una gran capacidad por encima de los 300 cuerpos”,
expresó el mandatario tras realizar su recorrido por las instalaciones
Esto luego de que se diera a
conocer que hay 444 cuerpos sin identificar que están rezagados en registro del
Servicio Médico Forense, donde sólo 60 cuentan con los peritajes necesarios y
ante la crisis de una dependencia que sólo puede dar resguardo a alrededor de
300 cuerpos.
Entre los cambios que el
mandatario anunció como una reingeniería, se anunció la instalación de una
agencia del Ministerio Público en el IJCF; además de la contratación de 18
nuevos peritos forenses debido a que las plazas actuales no son suficientes para
los trabajos que se requieren.
(REPORTE INDIGO/ LUIS HERRERA/SEP 21, 2018)
CUERPOS: LA DEMANDA DE IDENTIFICARLOS
Reporte Índigo accedió a la lista de 273
cuerpos del tráiler que circuló por tres municipios y no todos cuentan con
fotografías o posibles identificaciones; cientos de familias De Jalisco Y Otros
Estados Han Llegado Al IJCF Para Ver Si Encuentran A Sus Familiares
Desaparecidos
La noticia de los tráileres
con cuerpos en Guadalajara corrió como pólvora. Cientos de cuerpos apilados en
cajas refrigerantes sin ser revisados por las autoridades forenses que, junto a
los ministerios públicos, se han visto rebasados para darles cabida en las
instalaciones.
Ante estos hechos, las miles
de familias que buscan a sus desaparecidos en México comenzaron a reaccionar.
Madres, hijas, esposas y hermanas exigían a sus autoridades en cada entidad
poner atención al caso de Jalisco con la esperanza de que entre estas personas
tratadas de forma inhumana pudiera encontrarse su desaparecido.
Los días siguientes a la
polémica, diversos colectivos y familiares llegaron hasta las puertas del
Servicio Médico Forense para ser atendidas. Ante este panorama, representantes
de colectivos comenzaron a pedir seguimiento a sus respectivas comisiones, como
en el caso de Leticia Hidalgo Rea, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros
Desaparecidos en Nuevo León y quien busca a su hijo Roy Rivera.
“Tenga a bien informarme
cuáles son las estrategias que favorecerán el apoyo para las víctimas que se
trasladarán al Estado de Jalisco, para las familias de Jalisco y para las
familias que no se trasladen a Jalisco pero que estarán pendientes de escucharle,
ante a grave situación que prevalece en ese estado”, señaló Leticia Hidalgo en
un oficio dirigido a Sergio Jaime Rochín del Rincón, titular de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Colectivos y familias de
Querétaro, Sinaloa, Michoacán, Nayarit, Estado de México y Veracruz arribaron a
Jalisco tras la noticia. Fueron recibidos en una comisión que representaba a
las distintas organizaciones de familias por Maricela Gómez Cobos, encargada
del despacho de la Fiscalía General de Jalisco, Jaime Rochín de la CEAV y
funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Una de sus principales
demandas era acceder a la instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses y tener acceso a las informaciones sobre los cuerpos que han sido
registrados o llevados a las instalaciones para ver si entre estos se encuentra
su familiar. En ese sentido, un requisito indispensable era tener acceso al
catálogo de fotografías que resguardan las autoridades forenses para poder
reconocer algunos de estos cadáveres.
113
CUERPOS CUENTAN CON UNA FOTOGRAFÍA
Sin embargo, no todos los cuerpos
cuentan con los registros oficiales que mandata el Protocolo homologado. Sólo
eran 60 de los 444 cadáveres que reconoció la autoridad como los que ahora se
encuentran en Semefo.
Además, Reporte Indigo tuvo
acceso a un listado de los 273 cuerpos que eran resguardados en el primer
tráiler, que circuló por tres municipios de la Zona Metropolitana de
Guadalajara y que desató la polémica sobre el trato indigno a estas personas.
En este registro se da a
conocer que de los 273 cuerpos en ese tráiler, únicamente 113 cuentan con una
fotografía, un elemento importante para que las familias puedan identificar o
reconocer rasgos que apunten a que los mismos sean sus familiares. Mientras que
80 carecen de fotografías.
80
CADÁVERES CARECEN DE IMAGEN
Aunado a esto, el listado
forense registra que 64 cadáveres o restos ya han podido ser identificados con
nombre o se corresponden con posibles identidades. Ya que el propio documento
se da cuenta de los nombres a los que podría estar ligado a tal cuerpo.
223
ERAN HOMBRES
Estos podrían ser los 60
cuerpos identificados que explicó Dante Haro, fiscal especializado en Derechos
Humanos, con respecto al total de 444 cuerpos. No obstante, el registro del
IJCF que obtuvo Reporte Indigo muestra que no son identificaciones plenamente
seguras, ya que se asemejan a características de algunas personas, pero no está
plenamente comprobado.
Por otro lado, esta
información también proporciona datos sobre algunos rasgos biológicos
importantes. De los 273 cuerpos 223 eran de hombres y 19 de mujeres. En tanto
que 31 no cuentan con identificación de sexo, en algunos casos porque sólo se
trata de restos humanos, osamentas o extremidades.
19
ERAN MUJERES
Lo informado hasta el momento
por las autoridades es que apenas van tres cuerpos identificados, un es del
sexo femenino y dos masculinos, como lo dio a conocer la Secretaría General de
Gobierno.
31
NO CUENTAN CON IDENTIFICACIÓN DE SEXO
A pesar de que el IJCF cuenta
con equipo para la identificación rápida de las muestras de ADN, el trabajo en
esta dependencia se ha ido acumulando por el desconocimiento del encargado del
aparato, que ya fue cesado según el nuevo director del instituto. Este equipo
está diseñado para procesar alrededor de 100 muestras al día, pero todavía se
requiere de reactivos específicos para operarlo y que se están consiguiendo en
Europa.
Datos de la Dirección del
Semefo han puesto en evidencia la carga en aumento de los cuerpos que llegan a
la dependencia. De enero a agosto de 2018 se registraron 280 cuerpos sin
identificar. Se trataría de alrededor de un cadáver al día que llega a las instalaciones
del forense, la cifra más alta desde 2010 según el propio Semefo, que supera
los 270 cuerpos que se recibieron en 2017.
Así mismo, la toma de
muestras a familiares que buscan a sus desaparecidos ha sido poco eficiente en
el estado. Los pocos días en que se dio atención a las familias ha generado un
ambiente de insuficiencia para que esta información relevante del proceso de
identificación se lleve a cabo. Del 21 al 23 de septiembre se instaló una
unidad científica de la Policía Federal, pero desde el 22 ya no había fichas
ante la demanda de quienes asistieron.
La toma de muestras de ADN y
la creación de un banco con estos datos son las recomendaciones esenciales para
agilizar el proceso de búsqueda que han recomendado entidades como la CNDH y la
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.
Ante el panorama, el Gobierno
del Estado anunció medidas para inhumar los cuerpos de forma digna lo más
pronto posible. Sin embargo, hasta el momento sólo se han inhumado 32
cadáveres, en un contexto donde la misma autoridades fijó la meta del 15 de
octubre como límite para el resguardo total de los cadáveres.
(REPORTE INDIGO/ JONATHAN ÁVILA/ OCT 1, 2018)
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