viernes, 22 de mayo de 2015

ACUSAN A MILITARES DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE UNA JOVEN DE 21 AÑOS


México D.F., (apro).- El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) denunció la ejecución extrajudicial de la joven Diana Calderón Bravo y la detención arbitraria de su hermano, un adolescente, por parte de soldados desplegados en esa ciudad fronteriza.

En una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, con copias al secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis González Pérez, el presidente del CDHNL, Raymundo Ramos Vázquez, y la madre de las víctimas, María Guadalupe Bravo Alonso, narra la muerte de Diana y la detención de su hermano Job, el pasado martes 19.

En el documento, que tiene fecha del 21 de mayo, día en que Peña Nieto estuvo de gira por Reynosa, se señala como responsables de la muerte de la joven de 21 años a soldados pertenecientes al Décimo Sexto Regimiento de Caballería Motorizada.

También recuerdan a Peña Nieto que en el 15 de febrero pasado el CDHL le notificó sobre la ejecución extrajudicial de Gustavo Ortega Pérez, homicidio en el que están involucrados efectivos del mismo regimiento, por el que la Procuraduría General de la República abrió una averiguación previa sin que hasta el momento se haya detenido a los responsables.

La misiva dirigida a Peña Nieto menciona que la tarde del 19 de mayo hubo un operativo militar en una colonia cercana a las vías del tren, donde Job, de 16 años solía reunirse con sus amigos.

Al escuchar disparos, Diana se trasladó con otra amiga “Alejandra” a bordo de su automóvil hacia la zona donde sabía que se encontraba su hermano.

Antes de llegar, se toparon con una camioneta militar donde se encontraban varios soldados, quienes dispararon al automóvil lo que obligó a Diana a maniobrar para huir del lugar, pero se encontraron con otro piquete de soldados que también les disparó.

En los hechos murió Diana y “Alejandra”, que resultó herida, salió del vehículo con las manos en alto y corrió, para dar aviso a la madre de su amiga, quien intentaba traspasar la zona de las vías del ferrocarril acordonada por militares.

La señora Bravo buscaba a su hijo Job, de quien otro de sus hijos, Abraham, le informó que había sido detenido por militares en un operativo. El adolescente está siendo procesado por posesión de armas.

Por versiones de testigos, la señora María Guadalupe se enteró que los militares dispararon contra los jóvenes reunidos en las vías del ferrocarril, hechos en los que murió uno de ellos al que sólo conocen como “Ricardo” o “Richie”.

De acuerdo con testimonios recabados por el CDHNL, en la zona “los muchachos no estaban armados, que fueron los militares quienes llegaron disparando, que uno de los jóvenes fallecido ‘Richie’ recibió un disparo por la espalda y estuvo tirado por más de una hora sin recibir atención médica, que los militares bajaron de una camioneta del Ejército mexicano municiones, armas y fornituras y los sembraron junto a los cuerpos, alterando deliberadamente, el escenario y los hechos”.

La madre de Diana y Job, así como el CDHNL, exigieron a Peña Nieto “una investigación exhaustiva, urgente e imparcial” para esclarecer las muertes de Diana y “Ricardo”.

Demandaron garantías para preservar la integridad de los familiares de las víctimas, sobrevivientes y testigos de los hechos “para evitar represalias, actos de intimidación o cualquier otra acción que ponga en riesgo sus vidas, pertenencias y labores habituales, por parte del personal militar o cualquier otra autoridad federal y estatal, que tomen conocimiento”.

Pidieron también que ordene la suspensión de los patrullajes realizados por el personal del XVI Regimiento de Caballería Motorizada en tanto se realzan las investigaciones para “determinar su participación en el fallecimiento de las víctimas, la negación de auxilio, la siembra de evidencias (armamento, municiones, fornituras y droga), así como la alteración del escenario y como consecuencia de todo lo anterior, la distorsión y obstrucción de las investigaciones”.

Asimismo solicitaron sanciones ante el incumplimiento de los Protocolos y Manual de uso de la Fuerza, emitidos el 22 de mayo de 2014.

En la misiva recuerdan a Peña Nieto que “en los últimos cuatro años, personal del Ejército Mexicano en Nuevo Laredo ha sido denunciado penalmente y ante organismos nacionales e internacionales de derechos humano por violaciones graves como ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, secuestro y tortura, mismos que, en algunos casos, enfrentan procesos penales”.


(PROCESO/ GLORIA LETICIA DÍAZ/ 22 DE MAYO DE 2015) 

TRES HOMICIDIOS MÁS EN TIJUANA


La ola de violencia en Tijuana sigue. Tres homicidios se suscitaron durante la noche del miércoles 20 y jueves 21 de mayo.

En el primer reporte  se trata de un hombre que murió por impactos de arma de fuego en la colonia Pedregal de Santa Julia, en Tijuana la noche del miércoles 21 de mayo.

  Los hechos se reportaron alrededor de las 11:30  de la noche, indicando que una persona sin vida se localizaba sobre la calle Miguel Hidalgo, perteneciente a la delegación de Playas de Tijuana.

De acuerdo a información proporcionada, la víctima de entre 25 y 30 años de edad, tenía como huellas de violencia impactos de bala.

Posteriormente a las 2 de la mañana de este jueves 21 se reportó el hallazgo de un hombre de aproximadamente entre 30 y 35 años de edad, ultimado por dos impactos de bala en el pecho y cabeza.

El cuerpo se encontraba en un lote baldío en las inmediaciones de la colonia Francisco Villa,  en la delegación de La Presa.

El tercer reporte fue a las 3:45 de la mañana sobre la carretera Tijuana-Rosarito a la altura del kilómetro 12, en Punta Banda, de la delegación San Antonio de los Buenos.

Agentes municipales localizaron en el sitio a un hombre de entre 30 años de edad, con cuatro impactos de bala calibre 45.

Por ninguno de los tres hechos violentos hay detenidos.


(SEMANARIO ZETA/ GENERALEZ/ REDACCIÓN ZETA /   21 DE MAYO DEL 2015 A LAS 07:00:50)

DESPILFARRO CON SEGURO POPULAR EN BC


Daños al erario por 23.6 millones de pesos, 233 millones de pesos no ejercidos, cinco veces menos médicos de los recomendados por la OMS, millones gastados por encima del precio real de medicamentos, remuneraciones injustificadas e indebidas a personal. Así, el Seguro Popular, durante la dirección de la panista Mirna Rincón, concentra las principales observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación al gasto del gobierno de Baja California en 2013

Recibidos, pero no ejercidos 233 millones de pesos, otros 13 millones de pesos en remuneraciones a servidores públicos fuera de lo establecido, 2.6 millones de pesos destinados a medicinas y servicios comprados un año antes, son parte de las anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la cuenta pública 2013 del Seguro Popular en Baja California.

El resultado: diez observaciones, las cuales generaron cuatro recomendaciones, una solicitud de aclaración, una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y cuatro pliegos de observaciones.

La entonces directora del Seguro Popular, Mirna Rincón, hoy es suplente de la candidata y boxeadora Jackie Nava a la diputación federal del Distrito 08.

LA REINCIDENCIA DE MIRNA RINCÓN

La panista Mirna Rincón Vargas fue denunciada, junto a sus subordinados, penalmente y ante Contraloría del Estado en 2012, por formar parte de una red de corrupción y extorsión a los proveedores del Seguro Popular, a quienes se les exigía entre el 20 y 40 por ciento del dinero generado por los contratos que recibían.

La queja vino de médicos proveedores de los servicios, entre ellos Hugo Mártir, quienes documentaron nombres de los involucrados, fechas, cantidades, testimonios y más.

Así quedó registrado en la edición 2025 de ZETA (18 de enero de 2013), en el reportaje “Corrupción en el Seguro Popular”. En este entonces, Rincón Vargas aspiraba a la candidatura por la alcaldía de Rosarito.

Cuando aún fungía como directora del Seguro Popular, a Mirna Rincón se le fincó responsabilidad en otro proceso de Contraloría del Estado, por transferir 10 millones de pesos del Seguro Popular al Hospital de Salud Mental de Tijuana -cuyo tesorero era su hermano Jesús Octavio Rincón Vargas- sin aprobación de la Junta de Gobierno del Seguro Popular.

Es el expediente administrativo 258/12/MXL, cuya resolución se emitió el 15 de octubre de 2013, y de acuerdo a la cual, la directora del Régimen de Protección Social en Salud de Baja California, es decir, el Seguro Popular, incurrió en responsabilidad administrativa.

Se trata de dos convenios, el primero de Apoyo Financiero y Transferencias de Recursos, el segundo por Colaboración Interinstitucional; juntos suman 10 millones 600 mil pesos y fueron firmados en 2010.

Durante ese periodo, Octavio Rincón Vargas, hermano de la entonces directora del Seguro Popular, se desempeñaba como tesorero de la asociación civil que conforma al Hospital de Salud Mental de Tijuana.

La transferencia de recursos “resultó un beneficio para sociedades de las que formó o hayan formado parte, parientes consanguíneos como lo es Jesús Octavio Rincón Vargas… acción que realizó sin la autorización de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental”, detalla el documento.

Mirna Rincón fue encontrada “responsable de la irregularidad imputada”. En respuesta, la hoy candidata a diputada federal -en calidad de suplente- argumentó no haber violado la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que “la Ley no contempla la figura jurídica de asociación civil, por lo que no se infringió la prohibición”.

Sin embargo, la Controlaría precisó que  “una asociación civil está conformada por socios” y determinó que la entonces funcionaria “intervino en la resolución de asuntos, como lo fue la celebración de los convenios”.

Por lo que dictaminó: “La infracción cometida fue de gravedad, y referente al grado de culpabilidad, se estima que la servidora pública involucrada obró con mínimo grado de culpabilidad, ya que dichos convenios fueron autorizados en fecha posterior por la Junta Directiva”.

En 2013, Mirna Rincón llevaba 18 años en el servicio público. Solo fue acreedora a una amonestación pública, una “advertencia hecha al servidor público responsable” inscrita en su expediente.

MILLONES PERDIDOS Y DESPERDICIADOS

Para el ejercicio 2013, Baja California recibió mil 12 millones 64 mil 100 pesos para su aplicación en el Seguro Popular. Esto a través del concepto de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal.

Al momento de realizar la auditoría, la ASF seleccionó una muestra de 848 mil 514 millones 600 mil pesos, lo cual representa el 83.8% de los fondos.

En general, las anomalías cometidas por el Seguro Popular en la entidad, fueron en materia de adquisiciones y servicios personales, las cuales generaron un probable daño a la Hacienda pública federal por un importe de 23 millones 263 mil pesos.

Por ejemplo, al 31 de diciembre de 2013, quedaban 272 millones 245 mil 242 pesos sin ejercer, es decir, el 26.9% del presupuesto.

Seis meses después, al 30 de junio de 2014, ya entrada la nueva administración estatal y bajo la dirección de Carlos Torres, quedaban por aclarar 231 millones 226 mil pesos. Solo había sido explicado el gasto del 4.1% del monto señalado.

También como fondo no transferido y por lo tanto, perdido, se detectó un monto de 59 mil 400 pesos, producto de los intereses generados en la cuenta bancaria del programa.

Estas dos prácticas fueron sistemáticas, puesto que en la cuenta pública 2012, la ASF había realizado la misma observación y se advirtió su reincidencia.

DERROCHE EN PAGOS A EMPLEADOS

La ASF detectó 15 millones 65 mil 200 pesos de daño a la Hacienda pública federal, destinados al pago de Servicios Personales.

Por ejemplo, se pagaron 8 millones 839 mil 600 pesos al personal eventual por “medidas de fin de año”, sin que este concepto se encontrase establecido en sus contratos.

También fueron detectados excesos por 4 millones 401 mil 300 pesos en pagos de remuneraciones al personal, respecto al porcentaje autorizado por la normativa. Estos conceptos son los correspondientes a bonos, dietas y otros, donde se concentran cantidades incluso superiores a los salarios tabulados.

Al revisar 50 expedientes de personal, el Órgano de Fiscalización encontró un monto de 2 millones 63 mil 400 pesos en “pagos improcedentes” a cuatro servidores públicos carentes de la documentación que acredite la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron. La situación se había repetido en 2012.

En el momento, el Seguro Popular aclaró el pago de 523 mil 100 pesos, correspondiente a un solo servidor público.

Además, se les pagaron 75 mil 600 pesos en exceso a cinco prestadores de servicios. Tampoco se pudieron comprobar pagos por 208 mil 300 pesos que fueron emitidos en facturas, pero no comprobados en nóminas.

MENOS MEDICAMENTOS PARA PACIENTES, PERO MÁS DINERO PARA SUS PROVEEDORES

De los más de mil millones de pesos ejercidos por el Seguro Popular en 2013, se destinaron apenas 56 pesos en medicamentos por afiliado, un 53.8% menos del gasto destinado para este rubro en 2012.

En cambio, se pagó un 8.8% más por estos medicamentos a sus proveedores, respecto al precio definido en el Catálogo Universal de Servicios de Salud.

Al fiscalizar el gasto en medicamentos, el primer hallazgo de la Auditoría arrojó un probable daño a la Hacienda pública por 4 millones 185 mil 800 pesos.

Se inició con una muestra de 19 millones 32 mil 600 pesos a través de expedientes de adjudicación, contratos, pólizas de egresos y documentación comprobatoria.

Así se detectó “que se adquirió medicamento a un precio superior al de referencia por 1.7 millones de pesos y medicamento no contemplado en el Catálogo Universal por un millón 488 mil 100 pesos”.

Como ocurrió con las observaciones anteriores, ésta también había sido advertida durante la revisión de la cuenta pública 2012.

El Seguro Popular tampoco pudo justificar, comprobar, aclarar o reintegrar un importe de 3 millones 420 mil 700 pesos, de los cuales 764 mil pesos corresponden a medicamento a un precio superior al de referencia y 2 millones 656 mil 700 pesos por servicios y medicamentos del ejercicio 2012.

Un segundo daño o perjuicio por estos conceptos, fue detectado por 3 millones 420 mil 720 pesos, por destinar recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal a la adquisición de medicamento a un precio superior al de referencia, así como al pago de medicamentos y servicios correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

Una pequeña muestra de las recetas entregadas a beneficiarios durante 2013, permitió constatar de que de 159 recetas médicas, 25 no cuentan con el sello de surtido; 123 no tienen firma de recibido por parte del beneficiario; 70 no cuentan con la clave del medicamento y 41 no tienen cantidad de medicamento recetado. Tampoco existe evidencia de que los medicamentos no entregados, se surtieron posteriormente.
“Del resultado se advierte su reincidencia, fue observado por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la cuenta pública 2012”, se explica en el documento.

FALTA DE MÉDICOS, DESABASTO DE MEDICAMENTOS: PERSISTE EL MAL SERVICIO

Si bien, el Seguro Popular en Baja California, recibió recursos federales superiores a mil 12 millones de pesos, solo destinó el 5.6% para la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos.

La cifra apenas llegó a los 57 millones de pesos. Fue insuficiente. La normativa permite destinar hasta el 30% del presupuesto a estos rubros, puesto que son una parte esencial de la atención a los pacientes, “lo cual repercutió en el desabasto de medicamentos reflejado en el surtimiento incompleto de recetas médicas y en el incumplimiento de los objetivos y metas del programa”, determinó la ASF.

Y es que cada médico en nómina del Seguro Popular atendió en promedio a mil 865 afiliados durante 2013. La cantidad supera cinco veces a las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud (OMS).

Si los estándares internacionales indican que por cada mil pacientes, debe haber 2.5 médicos, en Baja California, por cada afiliado al Seguro Popular, se tenían 0.5 médicos frente a paciente.

Además, la Auditoría hizo una revisión de las quejas más recurrentes ese año. El 40% señaló atención médica insuficiente o deficiente; el 33% refirió los largos tiempos de espera para recibir consulta; el 16.7% detalló que se les negó el servicio y un 10% denunció el cobro de medicamentos  y materiales.

Por las anomalías arriba mencionadas y detalladas,  la ASF remitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria ante la Contraloría General del Estado de Baja California.

El órgano estatal es el encargado de realizar las investigaciones pertinentes y, en su caso, iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos implicados.
Tal y como lo hizo en su momento por el actuar de Mirna Rincón, cuyo último año como directora del Seguro Popular fue en 2013.

Frente a los más de 200 millones de pesos sin aclarar ni comprobar, una cifra para el Lector. En 2013, para la atención de cada uno de sus afiliados, el Seguro Popular destinó un promedio de 869.80 pesos.


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Inés García Ramos /   21 de Mayo del 2015 a las 21:45:00)

DETIENEN PEP Y SEDENA A HERMANOS DE "EL MONO" EN TIJUANA


Después del asesinato de Luis Toscano Rodríguez, alias “El Mono”, cabecilla del Cártel Arellano Félix (CAF), el 9 de abril de este año en las inmediaciones de la Penitenciaria de Tijuana, las autoridades identificaron como posibles sucesores en el control del narcomenudeo de la Zona Norte a sus hermanos, Marcos Rafael y Roberto Carlos Toscano, "Los Cuates".

Esta madrugada, junto a Daniel Eduardo Tapia López fueron detenidos después de un operativo realizado entre la Policía Estatal Preventiva y el Ejército Mexicano, entre la avenida Migue F. Martínez e Internacional, colonia Zona Norte.

De acuerdo a la información preliminar de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los tres sujetos caminaban con una maleta, dentro de la que se encontraron además de envoltorios con marihuana y cristal, dos armas cortas y tres largas, entre ellas: dos R-15 y un Ak-47 Kalashnikov. También tres cargadores, diversos tiros útiles y chalecos anti-balas.

A los sujetos, se les relaciona con los hechos de violencia suscitados en los últimos días dentro del municipio, aunque será responsabilidad de las autoridades de procuración de justicia determinar responsabilidades.

“Los Cuates” tienen 29 años de edad y Daniel Eduardo Tapia López, 26.

(SEMANARIO ZETA/ GENERALEZ/ Saúl Alejandro Ramírez /   22 de Mayo del 2015 a las 09:14:04)

MUEREN 46 EN BALACERA CON FEDERALES EN MICHOACÁN


Civiles que se enfrentaron a policías en Tanhuato, Muchoacán, afirma Quadratin

Una balacera registrada la mañana de este viernes en el municipio de Tanhuato, Michoacán, habría dejado un saldo preliminar de 43 civiles y tres agentes de la Policía Federal muertos, afirmó la agencia informativa mexicana Quadratin.

De acuerdo con datos extraoficiales recabados por el medio noticioso, un primer reporte del gobierno michoacano hay cinco personas detenidas y otras tres heridas, quienes ya reciben atención médica de urgencias.

Se informó que el enfrentamiento entre un grupo criminal y los federales ocurrió en el poblado La Tinaja de Vargas, municipio de Tanhuato, en los límites con el municipio de La Barca, estado de Jalisco.

El saldo de las personas fallecidas no ha sido confirmado de manera oficial y podría anunciarse esta tarde cuando el Gabinete de Seguridad Nacional -que ya se trasladó a la zona del conflicto- emita sus primeras comunicaciones sobre el tema.

La agencia Quadratin informó que mandos del Ejército, la Marina, Policía Federal y otras instancias del Gobierno de la República se movilizaron a Tanhuato, según les aseguró Roberto Femat, vocero de la Secretaría de Gobernación.

Otros medios de comunicación de la región dieron a conocer que en la zona de la balacera se aseguraron decenas de armas de fuego, un lanzacohetes y varios vehículos calcinados durante el enfrentamiento.


(SEMANARIO ZETA/ GENERALEZ/ Redacción ZETA /   22 de Mayo del 2015 a las 12:33:35)

FUNCIONARIOS DE CESPE INFRINGEN LA LEY


Ensenada.- La empresa Concariba Construcciones S.A. de C.V,, participa en concursos para la adquisición de obra pública en el Gobierno del Estado, y es propiedad de familiares de dos funcionarios públicos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe).

Los propietarios indirectos son Carlos Enrique García Lazcano, coordinador de directores y Jorge Luis Ibarra López, subdirector técnico. Los contratos documentados datan del 2007 y 2010, cuando al frente de la dependencia se encontraba Hugo Adriel Zepeda Berrelleza, actual presidente de Comité Local, del Partido Acción Nacional (PAN) y García Lazcano en Contraloría.

El diputado Roberto Dávalos Flores, dijo al respecto que la ley es clara y que ningún funcionario puede favorecerse con adquisición de obra pública porque incurren en un conflicto de interés.

Sobre el tema, el actual director de la paraestatal, Arturo Alvarado González, cuestionó a quienes consideran que ambos funcionarios públicos infringen la ley, 

“A ver, ¿quién los inhabilita a participar? Eso es lo que no entiendo”.

Sobre la información de primera mano que tienen los trabajadores del gobierno, pertenecientes al mismo partido político, en este caso acción nacional, el titular respondió que “ese punto es cuestionable porque si son concursos públicos, los datos e información también. Eso no está en la ley, y la ley no se los impide, ese es el detalle y a menos que tuvieran relación con el director, ahí sí”, contestó tajante.

El funcionario estatal negó que los sus dependientes infrinjan la ley al participar en las convocatorias porque tienen derecho, no obstante, por ningún motivo la Cespe dará obra mientras ellos laboran dentro de la dependencia.

“En el tema de ellos como funcionarios de Cespe, te puedo de decir que no se les ha contratado ni se les ha invitado, mucho menos permitido obtener una obra, definitivamente que no, se hizo en el pasado, pero bueno es un contratista que en su momento debió participar en los concursos que se abrieron”, comentó.

Cualquier, duda, dijo, están las instancias fiscalizadoras que no han notificado a la comisión.

“Hasta donde yo tengo conocimiento después de las diferentes auditorias que se llevan a cabo en los proceso de obra en Cespe, y más cuando se autorizan recursos federales porque intervienen diferentes instancias fiscalizadoras, por lo que no puedo decir que hubo algo más hecho si la autoridad ha resuelto que hay ninguna observación en el pasado”.


(SEMANARIO ZETA/ GENERALEZ/ Lorena Lamas /   22 de Mayo del 2015 a las 18:14:02)

LAS RECIENTES DETENCIONES POR LA PEP Y EJÉRCITO SON LOS RESPONSABLES DE HOMICIDIOS EN TIJUANA: DE LA ROSA


Integrantes de bandas delictivas que fueron detenidos por la Policía Estatal Preventiva (PEP) y Ejército Mexicano en Tijuana en los últimos días, son responsables de arrojar cabezas humanas en la vía pública y otros homicidios en Tijuana, aseguró el titular de la corporación Daniel de la Rosa Anaya.

“Ya hubo resultados, hoy por la mañana (viernes) detuvimos a tres integrantes de una banda delictivas con armas de fuego largas que les fueron decomisadas entre R15 y cuernos de chivo, en ese sentido detuvimos que, precisamente, traen los incidentes en la ciudad, lo que va a permitir que vuelva a su cauce normal la seguridad la ciudad”, respondió en su visita a Ensenada.

Agregó que la mayoría de los elementos estatales, de los cinco municipios, se concentran en Tijuana, para llevar a cabo éste y otros operativos de seguridad donde existe  mayor tensión en materia de seguridad.

“Se trata de personas que en su momento han delinquido para algún grupo delictivo y que hoy tratan de ser los cabezas de los mismo y es cuando sucede ese tipo de pugna”, describió De la Rosa.
En la última reunión de coordinación, dijo, se pusieron sobre las mesa las tareas específicas a las que cada corporación se ha comprometido para bajar el índice delictivo. Por último el funcionario indicó que se trata de un fenómeno único de Tijuana y descartó que la situación de violencia se replique en otros municipios de Baja California.  


(SEMANARIO ZETA/GENERALEZ/ LORENA LAMAS /   22 DE MAYO DEL 2015 A LAS 16:39:19)