Las familias pidieron la creación de un órgano
independiente judicial que pueda investigar y hacer justicia. Una instancia que
podría estar dentro de una Comisión Internacional contra la Impunidad,
señalaron, pues las autoridades son partícipes de delitos.
Sólo en el 2014, la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Coahuila recibió mil 400 quejas en contra de las policías, hoy
llamada Fuerza Coahuila.
Infiltrados de Los Zetas amenazan y
extorsionan a la Casa del Migrante en Saltillo, denuncia padre Pantoja
Ciudad de México, 11 de julio
(SinEmbargo).- En Coahuila el poder se ha puesto al servicio de la
criminalidad, denunció hoy el padre Raúl Vera, Obispo de Saltillo, en el
acompañamiento a grupos civiles que demandan justicia a la Corte Penal internacional
(CPI) por los casos de desapariciones y tortura en esa entidad entre el 2009 y
2016.
Un grupo de más de 100
organizaciones envío un documento con la solicitud el pasado 6 de julio a la
Fiscalía de la CPI. Numerosos crímenes de lesa humanidad se habrían cometido
por el Grupo Los Zetas, en complicidad con los Gobernadores de Coahuila.
“Esta comunicación escrita es
una oportunidad para ser apoyados frente a un problema sistemático”, dijo
Yolanda Vargas, represente de la organización Familias Unidas de Piedras
Negras.
Vargas denunció que las
autoridades les han llegado a hacer amenazas una vez hecha la solicitud a la
Corte Penal Internacional (CPI). Caso concreto el amago de policías a su
sobrino.
Las familias pidieron la
creación de un órgano independiente judicial que pueda investigar y hacer
justicia. Una instancia que podría estar dentro de una Comisión Internacional
contra la Impunidad, señalaron.
Sin embargo, esta solicitud
formal aboga por la coadyuvancia de instancias internacionales a las dependencias
nacionales de procuración de justicia.
Las organizaciones exigieron
presentar en su solicitud 32 casos, que incluyen a 72 víctimas. En este trabajo
quedan establecidos dos patrones. En una primera etapa 2008- 2012, hay casos en
los que la policía entrega en 8 municipios a personas al grupo criminal Los
Zetas.
En tanto que en una segunda
etapa, pese al desmantelamiento de Los Zetas, las autoridades siguen siendo
partícipes de delitos. Sólo en el 2014, la Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Coahuila recibió mil 400 quejas en contra de las policías, hoy llamada
Fuerza Coahuila.
“Con toda claridad ante la
Corte Penal Internacional decimos que no sólo vemos indicios [de estos
delitos], sino que con mucha claridad que esto no obedece a situaciones
fortuitas, sino de una estructura que tienen como resultado una
macrocriminalidad en ese estado. Existen condiciones estructúrales en donde se
ha preparado a policías y fuerzas poco reguladas, que en diferentes momentos
han colaborado con el crimen organizado”, dijo Vera.
“Lo sabemos por la clínica
jurídica de la Universidad de Texas. Donde gente ha denunciado la colaboración
clara del Gobierno de Coahuila con ellos”, agregó.
El padre señaló que bajo el
pretexto de la guerra, las autoridades han protegido a los criminales.
“Acudimos a la Corte Penal Internacional porque en los diez años de la guerra
contra el narcotráfico el Estado ha sido incapaz de investigar y procesar
crímenes atroces como los documentados en Coahuila”, apuntalaron las
organizaciones civiles en un mensaje a la opinión pública.
Esta documentación está
basada en entrevistas a víctimas y personas en búsqueda de familias
desaparecidas, dijeron los representantes de los grupos civiles.
Tal información fue impulsada
por la Comisión Mexicana de Defensa Y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. E
Idheas Litigio Estratégico. Adicionalmente se ha basado en decenas de
recomendaciones emitidas contra fuerzas estatales por tortura, desapariciones
arbitrarias y ejecuciones.
“Los casos suponen una
muestra limitada aunque representativa de un fenómeno criminal más amplios”,
rezó el comunicado leído por las organizaciones firmantes, al momento hay mil
791 denuncias por la desaparición de mil 830 desaparecidos en Coahuila, de
acuerdo a datos de la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas del Estado.
Las denuncias de desaparición
forzada tienden a ser enviadas a las entidades donde se cometieron los
crímenes, a pesar del vínculo de autoridades con el crimen organizado, acusaron
los grupos civiles.
¿Cómo endeudaron los Moreira a Coahuila?
Nadie sabrá detalles de sus transacciones hasta 2024
Los periodos que abarcan las
gubernaturas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Humberto Moreira
Valdez y su hermano Rubén Moreira Valdés han sido marcadas por la controversia,
pero también por testimonios revelados en juicios contra presuntos miembros de
los Zetas en Texas.
En julio del año pasado el
operador financiero de Los Zetas en Coahuila, Rodrigo Humberto Uribe, dijo en
una corte de San Antonio, Texas, que el grupo criminal desembolsó pagos
millonarios para Humberto Moreira Valdez, con el fin de poder operar libremente
en la entidad.
“Los funcionarios del
Gobierno les prestaban instalaciones para realizar los crímenes […]. Los Zetas
por su parte, es una hipótesis, también necesitaban el terror en la población,
porque ya no era sólo el tráfico de drogas, sino otros delitos”, detalló
Michael W. Chamberlin, del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios.
“Los juicios en Texas nos dan
una idea de estas alianzas tripartitas criminales, autoridades y empresas”,
señalaron los grupos civiles en una carta.
Uribe confesó, en su
oportunidad, que los representantes de Humberto Moreira para esta operaciones
eran Vicente Chaires, ex colaborador de Moreira, y Jesús Torres Charles, ex
Fiscal del Estado.
Estos alegatos levantaron
expectativas sobre si Humberto Moreira podría ser extraditado a Estados Unidos,
cuando el ex Gobernador fue detenido en España en enero del 2016, por presunto
lavada de dinero. Sin embargo, el ex presidente del PRI fue liberado ese mismo
mes.
Las responsabilidades penales
individuales también alcanzan a quienes sabiendo de los delitos que se
cometían, no actuaron, dijo Chamberlin.
Las organizaciones civiles
esperan que la Unidad de Análisis de la CPI abra un examen preliminar en
México. Esto supondría la apertura de un diálogo, y que México pueda establecer
mecanismos e instituciones que puedan realizar investigaciones adecuadas.
(SIN EMBARGO.MX/ JUAN LUIS GARCÍA
HERNÁNDEZ/ JULIO 11, 2017, 5:00 PM)