Alejandra Guillén, Mago Torres y Marcela
Turati
Visualización: David Eads*
El 20 de febrero de 1943 la
comunidad purépecha de Angahuan observó atónita cómo se abrió la tierra,
expulsó humo negro de su interior y comenzó a parir al Paricutín, el volcán más
joven del mundo. Más de 60 años después, ese mismo municipio michoacano, fue
sitio de otro hallazgo: al cavar la tierra, la policía encontró seis hombres
maniatados, semi desnudos, con los ojos vendados y la yugular cortada. Era el 7
de septiembre de 2006.
La primera fosa clandestina
del año acababa de ser descubierta en ese boscoso paraje turístico, a sólo
media hora de la próspera ciudad de Uruapan. Ocurrió después de que lugareños
dijeron haber visto pasar una camioneta de lujo; al asomarse detectaron tierra
removida.
Angahuan volvió a honrar uno
de los significados que dan a su nombre en purépecha: “En medio de la tierra”.
El hallazgo de estos cuerpos
marcó el comienzo de la barbarie. Desde entonces, y mientras se desplegaba la
“guerra contra las drogas”, a los asesinos ya no les ha bastado matar; ahora se
esmeran en ocultar los cuerpos.
Una investigación iniciada
hace año y medio por un equipo de periodistas independientes, y que a medio
camino encontró respaldo financiero y editorial de Quinto Elemento Lab, revela
que prácticamente en todo el país se han encontrado casi 2 mil fosas
clandestinas entre 2006 y 2016, a un ritmo de vértigo: una fosa cada dos días,
en uno de cada siete municipios de México.
Fueron, al menos, mil 978
entierros clandestinos en 24 estados del país. Esta cifra supera por mucho la
información dada por el gobierno mexicano hasta hoy.
Las fiscalías recuperaron de
estos hoyos 2 mil 884 cuerpos, 324 cráneos, 217 osamentas, 799 restos óseos y
miles de restos y fragmentos de huesos que corresponden a un número aún no
determinado de individuos.
Del total de cuerpos y
restos, en todos estos años, y de todas estas fosas, sólo mil 738 de las
víctimas han sido identificadas, según documenta la investigación hecha a
partir doscientas solicitudes de acceso a la información a las autoridades de
cada uno de los 32 estados.
Este es el mapa, al menos
parcial, de la dimensión de la barbarie.
El fenómeno creció a niveles
de catástrofe si se toma en cuenta que el año 2006 fueron descubiertas sólo 2
fosas, y que en los años siguientes subió a varios cientos el número de ellas.
En 2007 el número de
escondites de cuerpos descubiertos bajo tierra trepó a diez, extendidos en
cinco estados. En 2010 la cifra anual ya era de 105 fosas, en 14 entidades; en
2011 fue en 20 estados y saltó a 375, equivalente en promedio a una por día.
A partir de 2012 los
hallazgos de entierros clandestinos, por año, no han bajado de 245.
Las inhumaciones ilegales se
convirtieron en uno de los sellos de agua de los dos sexenios, al grado de que
en uno de cada siete municipios mexicanos personas criminales cavaron hoyos en
la tierra para ocultar los cadáveres de sus víctimas y, en algunos casos,
también quemarlos.
En por lo menos 372
municipios de México hubo personas que desaparecieron a sus víctimas de esta
manera.
“Esta investigación permite
conocer los municipios donde el crimen organizado tiene capacidad de asesinar
personas y hacer fosas para desaparecerlas; permite ver nuevas formas de
operación y de gobierno donde la gente no se atreve a denunciar. Sería
interesante saber cuánta gente vive en este 15 por ciento de los municipios con
fosas y que nos dan indicios de esquemas de gobernanza criminal”, reflexiona
Sandra Ley, profesora-investigadora del CIDE experta en criminalidad y
violencia, al conocer los resultados de esta investigación.
Esta cifra inédita de casi 2
mil fosas en 11 años está sustentada en las respuestas que proporcionaron las
fiscalías de 24 estados a las solicitudes de acceso a información pública que
realizamos.
Aun cuando estos datos
superan todas las cifras dadas antes por cualquier autoridad, la información
todavía está incompleta.
Ocho estados no están
incluidos en el mapeo porque respondieron que en esos 11 años no encontraron
fosas: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla,
Querétaro y Yucatán.
Sin embargo, Yucatán es el
único estado donde nadie -ni la fiscalía local, la PGR, la CNDH o la prensa-
había registrado hasta esa fecha el hallazgo de algún entierro clandestino.
PLAGA DE ENTIERROS
La pestilencia comenzó a
impregnar el paisaje. Fue en 2010, en la temporada en la que Juan Viveros y
Nabor Baena, los dos cuidadores de la abandonada mina “Dolores”, ubicada en la
periferia de la ciudad de Taxco, escuchaban por las noches ruidos de
camionetas, y fueron percibiendo ese insoportable olor a muerte que salía de
uno de esos tiros de mina semejantes a los escapes de las chimeneas.
Fue entonces que detectaron
que su punta, antes sellada, había sido ranurada, y el pozo reabierto.
“Nos caló la vez que vinimos
porque había harta sangre. Le dije a Nabor: “Ira, ¿y esa sangre qué?”. Y me
dijo: ‘¿Quién sabe? ¿Traerían un animal?’. Sea lo que haiga sido subía el
aroma, olía a feo. Entonces nos fuimos a trabajar”, recordó Juan Viveros.
“Luego alguna gente dio parte
de que estaba oliendo a feo, y cuando se asomaron los de Protección Civil ahí
estaba el agujero donde los aventaban pa’bajo: eran seres humanos los que
estaban ahí”, dijo Nabor Baena.
“Nos dimos color de lo que
había, que estaban sacando gente, que había gente almacenada, que ese pozo
estaba premiado”, alternó Juan Viveros.
Ambos mineros devenidos en
vigilantes desde que la empresa está en paro supieron por las noticias que, en
las carretas donde normalmente se extrae plata, fueron subiendo a la intemperie
cuerpos. Eso narraron en entrevista en 2010.
“Encuentran 55 cadáveres”,
reportó la prensa en esa ocasión. Fueron 41, quedó escrito en los registros de
la PGR y 64, en la bitácora de la fiscalía local. Más de 120, aseguran las
familias que acudieron a la morgue a verificar si alguno de los cuerpos
extraídos era del familiar desaparecido.
El hallazgo ocurrió en 2010,
el mismo año cuando, según esta investigación, registró el primer pico en el
número de cuerpos encontrados en un solo sitio; cuando los hallazgos de
cadáveres pasaron de las decenas a los centenares. Era el preámbulo del
infierno.
A partir de entonces, ese
tipo de descubrimientos se fueron haciendo cada vez más comunes.
La sistematización de los
datos oficiales obtenidos en esta investigación revela que:
*Los principales sitios de la muerte en México esos 11
años son el municipio de Veracruz, con 125 fosas en la que se localizaron 290
cráneos. El lugar exacto se llama Colinas de Santa Fe: ahí se han encontrado 22
mil 79 restos óseos de los que la autoridad aún no reporta a cuántas personas
corresponden, y donde continúan las labores de desenterramiento.
El otro está en el municipio
de San Fernando, a hora y media de la frontera con Texas, en Tamaulipas, donde,
en dos años registraron 139 fosas con 190 cuerpos y restos óseos.
*Desde 2008, año con año, Ciudad Juárez aparece en
esta estadística macabra. La sumatoria de fosas -sin contar los municipios del
valle circundante- da 58. En tanto, Acapulco a partir de 2010 no ha faltado
ningún año en la lista: esa ciudad-puerto de 2006 a 2016 acumuló 108 fosas.
*El municipio donde más cuerpos fueron extraídos en un
año fue Durango, con 350, en 2011. Y Durango es también el estado donde más
cuerpos han sido encontrados en fosas: 460 en 7 años.
Nuevo León alcanza un número
mayor por ser el único estado que detalla cuántos restos óseos recuperados corresponden
a cuántas personas, por lo que sus registros mencionan que recuperó los restos
óseos de 475 personas y 119 cadáveres. Es decir, 594 víctimas que estaban
ocultas en fosas clandestinas.
Veracruz, en tanto, informa
que exhumó 222 cuerpos, 293 cráneos y 157 restos óseos que sumados
corresponderían a 672 personas.
*Los estados que encabezan el número de fosas
exhumadas en el lapso estudiado son: Veracruz (con 332); Tamaulipas (280);
Guerrero (216); Chihuahua (194); Sinaloa (139); Zacatecas (138); Jalisco (137);
Nuevo León (114); Sonora (86); Michoacán (76); San Luis Potosí (65).
*Morelos fue el único estado que mantuvo en secreto
las fechas del hallazgo de sus 21 fosas (omitió mencionar en su lista las fosas
de Tetelcingo, creadas por la propia fiscalía para enviar cuerpos que deberían
haber ido a fosa común, pero enterradas ahí de manera clandestina hasta 2016,
cuando las familias de víctimas descubrieron su existencia).
*Los estados donde fueron descubiertos más cadáveres
en fosas son: Durango (con 497 cuerpos); Chihuahua (391); Tamaulipas (336);
Guerrero (325); Veracruz (222); Jalisco (214); Sinaloa (176); Michoacán (132);
Nuevo León (119); Sonora (96); Zacatecas (81).
HASTA DENTRO DE CASA
En el imaginario está el que
la fosa se encuentra en un lugar remoto y solitario. Esta investigación
demuestra que no siempre es así. Los entierros se dan lo mismo en colonias
pobladas que en avenidas transitadas.
En la primavera de 2011 un
sonido despertó a un matrimonio de profesionistas que habitaba en una pequeña
vivienda que antes había estado abandonada, y al cuidado de un velador, en el
fraccionamiento Providencial, en el centro de la ciudad de Durango. La pareja
se sorprendió al descubrir a soldados intentando cortar las cadenas de la reja
de la entrada.
Cuando la pareja los
cuestionó, éstos les pidieron entrar a excavar a su patio. Entonces hicieron un
primer hoyo, no encontraron nada. Fueron al fondo, casi en la barda limítrofe,
y ahí encontraron algo. Eran cuerpos. En otro punto, debajo del piso de cemento
de una palapa, otros más.
Una cadena oxidada clausura
la reja negra desde entonces. Hay hierba crecida sobre los montones de tierra
en el patio donde el ejército encontró 12 cadáveres. Sí, 12.
La mayoría de los 350 cuerpos
extraídos en 2011 en el municipio que es cabecera de ese estado estaban
enterrados en zonas urbanas: algunos en el mero centro, otros en casas,
refaccionarias, talleres, obras negras, en terrenos baldíos, en plena avenida
o, incluso, junto a un Bachilleres.
Lo que ocurrió en la ciudad
de Durango está lejos de ser extraordinario.
En 18 de los 24 estados hay
registro de fosas en los municipios de las ciudades capitales. Estos son:
Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango,
Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Quintana Roo y Zacatecas.
LA DANZA DE LAS CIFRAS
Una lona color azul cielo
sirve como tendedero de lo que parece ser una truza, una camiseta, bolsas
negras de plástico, pedazos de tela sin forma y hasta ropa de bebé. Todo
pintado con el mismo tono color lodo por el tiempo que permanecieron bajo la
tierra.
Esa imagen divulgada por el
gobierno veracruzano ilustraba la noticia que el pasado 7 de septiembre
reportaban algunos diarios: el hallazgo de 32 fosas clandestinas con 174
cráneos en el centro del estado de Veracruz.
“Hay ropa de bebés en las
fosas de Veracruz; familiares identifican hasta mamelucos y trajecitos” o “Pantaloncitos,
gorritos y sudaderas: encuentran ropa de bebé en mega fosas clandestinas de
Veracruz”, publicaron distintos medios resaltando la crueldad de los
victimarios.
Al hallazgo le siguió un
baile errático de cifras. El equipo de la futura Secretaría federal de
Gobernación habló de las cifras tan dispares que les había dado el gobierno
federal saliente: son 855 les dijeron en SEGOB, 1 mil 150 en la Comisión
Nacional de Búsqueda.
Ese mismo día la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) actualizó su último registro y dijo que
hasta mayo de 2018 localizaron mil 306 fosas que albergaban donde estaban
ocultos 3 mil 926 cadáveres y casi 36 mil fragmentos de restos óseos.
Esta investigación arroja el
doble que la cifra gubernamental más alta. Para el periodo de enero de 2007 y
diciembre de 2016 –lapso en el que la CNDH llevaba documentadas 855 fosas- este
equipo registró la existencia de mil 976 fosas.
Aun cuando es superior, no es
una cifra completa. Y aquí por qué:
-No todos los estados
reconocen sus fosas: Los gobiernos de 7 estados informaron que en su territorio
no hay fosas o sitios parecidos de exhumación, aun cuando información de la
CNDH, la PGR o la prensa indican lo contrario.
Fue el caso del gobierno de
Baja California que negó tener registro de entierros, sitios de disolución de
cadáveres, “cocinas” o similares, donde criminales pudieran haber desaparecido
los cuerpos de sus víctimas. Esto a pesar de que en 2009, en Tijuana, el
Ejército capturó a Santiago Meza López, quien fue presentado ante la prensa
como “El Pozolero” porque deshacía en ácido los cuerpos de supuestos enemigos
del cártel de Tijuana.
Meza confesó haber disuelto
los cadáveres de al menos 300 personas; lo dijo estando justo en el sitio donde
cometió los crímenes, en una finca en el ejido de Ojo de Agua, a las afueras de
la ciudad. Desde ese día de pesadilla las familias acompañadas por autoridades
hacen rastreos para buscar en esos terrenos rastros de personas desaparecidas,
y cada tanto encuentran dientes o fragmentos de hueso que la PGR se ha llevado
para su análisis. Es decir: sí hay sitios de inhumaciones clandestinas.
Ciudad de México, Querétaro,
Hidalgo y Chiapas también reportaron cero entierros clandestinos cuando se les
solicitó información. Esta negativa contrasta con los reportes de la PGR o la
CNDH que dan cuenta de 10 fosas entre todos; pero si se toma en cuenta el
monitoreo de medios de la CNDH, éstas llegan a 17. En el caso de Guanajuato y
Puebla, aunque ambos se declaran libres de fosas, la prensa reporta lo
contrario.
El mapa que surge de esta
investigación no mezcla los datos de las fiscalías estatales con los de la PGR.
-Las fiscalías estatales
reportaron menos fosas que las encontradas.
Para muestra tomamos el caso
del gobierno de Michoacán que reportó el hallazgo de sólo dos fosas en 2006 (el
entierro de los seis hombres degollados en Aganhuan y una fosa localizada en
Aguililla). La PGR sumó otra pieza al incompleto rompecabezas y reportó otra en
Lázaro Cárdenas con tres cuerpos de hombres atados de pies y manos.
La prensa, al final del año,
dio cuenta de dos fosas más que omiten los registros gubernamentales: una en
Morelia y otra –descubierta el último día del año- en Buenavista Tomatlán.
-Las fosas procesadas por la
PGR, y cuyos restos exhumados terminaron en instalaciones federales de la
ciudad de México, no son tomadas en cuenta en los registros estatales.
Esto origina el subregistro
de cementerios clandestinos de gran escala, como los de La Barca, Jalisco, de
2013, donde se hallaron 37 fosas con 75 cuerpos. O los 175 cuerpos extraídos de
54 fosas en los cerros circundantes a Iguala, Guerrero, descubiertas por
lugareños agrupados en el colectivo “Los otros desaparecidos”, a partir de la desaparición
en 2014 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Este reportaje y el mapa que
acuerpa la información encontrada, también clasifica de manera diferenciada, y
en espacios separados, ambas fuentes de información, la proporcionada por
fiscalías locales y por la PGR.
-Hay regiones que aparecen en
blanco en este mapa, como si ahí no hubiera entierros clandestinos, lo que
puede deberse, más bien, a que son zonas de muy difícil acceso, por su
ubicación y por el control de grupos del crimen.
“Hay diferencia temporal en
cuanto se crea una fosa y cuando ocurre su hallazgo, y eso nos habla de las
dinámicas temporales y espaciales de la violencia. Los hallazgos de fosas
pueden corresponder a un tiempo en que la violencia en esas zonas ha
disminuido, difícilmente cuando está en su pico”, opina el historiador de la
Universidad Nacional Autónoma de México, experto en la historia de las
desapariciones en México, Camilo Vicente Ovalle.
Tras ver el mapa, Vicente
Ovalle dice que seguramente lugares como la Sierra de Guerrero existen más
fosas con las que los criminales se aseguran la muerte clandestina, pero no han
sido descubiertas.
LOS SITIOS DE LA MUERTE
En 2015 la señora María de la
Luz López Castruita, quien desde 2008 busca a su hija Claribel Lamas López,
encontró uno de estos puntos en el Ejido Patrocinio, en Coahuila. Como suelen
hacer las familias de personas desaparecidas, ella inició su propia
investigación, e ideó la manera de infiltrarse a esos terrenos donde corrían
rumores de que eran llevadas personas que nunca más volvían a ser vistas.
María de la Luz López comenzó
a ir disfrazada como campesina -sombrero, paliacate, un palo y garrafón de agua
a la espalda-, y pronto los cuidadores de chivas le ayudaron a dar con los
sitios donde había tambos, cenizas, restos de huesos enterrados, zapatos y ropa
esparcida en el piso.
Un chivero le dijo que él
llegó a ver de 80 a 90 tambos donde quemaban a las personas capturadas. El
hermano de la señora Luz López llegó a ver 14.
-¿Entonces hubo cientos de muertos?- preguntó ella al
chivero.
-Son miles, señora. Diario
pasaban las camionetas con gente amarrada atrás, así, empalmados como animales,
de día, el sol estaba altito– recuerda que le respondió el hombre.
-¿Y los tambos?
-Se los llevaron pa’l kilo, pero allá quedan dos –
dijo el señor y la llevó a donde se encontraban.
Patrocinio era un sitio más,
de entre otros que establecieron los criminales en Coahuila para el exterminio
de personas. El Grupo Vida, colectivo de rastreadores del que formaba parte la
señora López, ubicó otros puntos con tambos agujereados con un talache (pico),
en los que metían a sus víctimas y las quemaban con diesel y gasolina.
Alrededor ponían una llanta
de tráiler para contener el fuego; en hoyos vaciaban los restos quemados.
Lucy, como es mejor conocida,
se organizó con otras familias para realizar la Caravana Internacional de
Búsqueda en Vida, que, en mayo de 2017 en Coahuila, reunió a otras familias
para hacer rastreos en campo.
En México las búsquedas se
han realizado cuando la violencia no ha amainado, en medio de la “guerra”,
cuando muchos de los territorios donde se oculta a personas aún están
controlados por mafias. Los paisajes forenses siguen siendo escenas del crimen
y algunos, zonas de exterminio.
Muchos de los hallazgos de
fosas han sido posibles gracias a las investigaciones a una ardua la labor de
investigación por parte de las familias.
Pero ese esfuerzo tiene una
pobre recompensa, y Lucy siente una gran frustración. Ella y otras buscadoras
han encontrado, una tras de otra, un gran número de fosas. Y el gobierno pocas
veces hizo la labor de identificar los restos que ahí se encontraban.
En su caso, la Policía
Científica de la Policía Federal es la responsable de hacerles los análisis y
avisarles si identifica alguno.
El cuerpo de su hija Claribel
no está entre las mil 738 víctimas que las fiscalías ya han identificado, y que
estaban sepultadas en alguna de las casi 2 mil fosas.
A unos años de que comenzó
los rastreos, Lucy comenta decepcionada: “¿Para qué perdemos tiempo buscando
fosas, a los muertos, si de todos modos no nos dicen quiénes son? Y en esto no
tenemos tiempo, por eso decidimos mejor buscar a los vivos”.
La identificación de
cadáveres se dificulta mucho más cuando se cometieron errores durante el
desentierro, como en Durango en 2011, donde los cuerpos fueron extraídos con
trascabo que los destrozaron.
O cuando los restos fueron
quemados, incinerados o disueltos usando ácidos o métodos alcalinos. Como en
Veracruz, donde hay seis puntos con al menos 18 mil 680 restos óseos y sólo dos
personas identificadas, según la respuesta a nuestras solicitudes. Coahuila,
por ejemplo, reporta 87 sitios de inhumación clandestina de los que se han
tomado 102 mil 717 “muestras biológicas” y sólo han identificado a 19 personas.
La fiscalía se rehusó a proporcionar la ubicación de cada una, y por eso
aparecen menos sitios en el mapa nacional.
En otros estados pareciera
que las propias fiscalías perdieron el rastro de los cuerpos que tienen bajo su
resguardo.
Es el caso de Sonora que, al
solicitarle información de un cuerpo recuperado en Nogales en 2016 respondió:
se “desconoce si fue identificado”. Acerca de dos cuerpos exhumados en 2008 en
el municipio de Naco, indicó: “no se cuenta con la información debido a baja
del médico”. Sobre otros casos respondió: “no se sabe si fueron cremados ni se
conoce el lugar de resguardo”.
“¿Para qué sacar los restos
si de igual manera no les vamos a poder dar identidad?”, se pregunta Juan
Carlos Trujillo Herrera, quien tiene cuatro hermanos desaparecidos -dos
capturados en Guerrero, los otros dos en Michoacán-, y quien ha encabezado las
brigadas nacionales de búsqueda.
“No hay capacidades. Yo digo,
ése es el problema”.
Esta investigación, que
intenta dotar de ubicación y número a las fosas y a los restos hallados, arroja
también pistas sobre sitios en disputa, métodos de desaparición por regiones o
cambios de patrones.
Con la información obtenida
que sirvió de sustento para el mapa es posible detectar sitios donde se
acumulan capas de fosas. Entre estos destacan cinco en permanente disputa entre
grupos criminales, y a veces Fuerzas Armadas, todos ellos de frontera, sea con
el mar o con Estados Unidos. Los cinco puntos concentradores de fosas son:
Ciudad Juárez, así como los puertos o corredores cercanos al mar: Ahome,
Sinaloa; San Fernando, Tamaulipas; y los puertos de Acapulco y Veracruz.
También es posible distinguir
que en el noroeste y la parte norte del Golfo de México se ha extendido la
incineración como un método para deshacerse de los cadáveres de sus víctimas.
Acaso quedan fragmentos. Esto ocurre en lugares como Veracruz, Coahuila,
Tamaulipas, Coahuila o Nuevo León.
En esos sitios tanto familias
buscadoras como autoridades siguen descubriendo terrenos con miles de
fragmentos óseos, lo que dota de mayor dificultad las labores para su
identificación.
Un lente para mirar el mapa
de fosas derivado de esta investigación es la que propone la doctora argentina
en Ciencia Política, Pilar Calveiro, autora de libros como”Poder y
Desaparición”: observar los momentos en los que matar y tirar los cadáveres en
la calle dejó de ser castigo suficiente, en que comenzaron a sepultar cuerpos
para desaparecerlos, y el momento en el que los asesinos dejaron de enterrar y
optaron por métodos para disolver cuerpos.
“La tecnología usada para la
desaparición dice mucho de los desaparecedores y del poder que los sustenta”,
señala.
TORRE DE BABEL FORENSE
Esta investigación también se
topó con información fragmentada, muchas veces contradictoria, otras
maquillada, así como la falta de homologación de registro entre fiscalías
estatales, incluso para clasificar cuerpos, osamentas, restos, fragmentos y
fosas.
Para llegar a los números
alcanzados hubo que desentrañar la variedad de nombres que cada fiscalía da a
cada sitio de levantamiento de cuerpos, según la complejidad que enfrenta.
Para la fiscalía de Veracruz,
por ejemplo, un pozo con restos óseos calcinados es una fosa, pero también lo
nombra como “centro de destrucción de cuerpos”. Mientras que Coahuila llama
“sitios de inhumación clandestina” a los lugares donde se encontraron tambos
usados para calcinar personas.
A la petición de número de
fosas, Tamaulipas agregó en su respuesta el número de tambos metálicos que han
encontrado con remanentes de restos óseos incinerados. Y a los 19 lugares donde
fueron calcinados cadáveres, la fiscalía de Nuevo León las mencionó como
“cocinas”, utilizando el argot de los grupos del crimen organizado.
Aguascalientes, en tanto,
respondió que desconoce el significado de la palabra fosa clandestina.
El investigador del Colegio
de México y maestro de la Universidad Iberoamericana, Jacobo Dayán, experto en
crímenes de lesa humanidad, opina que investigaciones como esta “encuera la
falta de Estado”.
“No hay información oficial
de fosas en el país como no hay claridad de la ubicación de los cuerpos, o si
estos fueron donados a escuelas de medicina o están dando vueltas en tráilers o
perdidos en Semefos o quién sabe dónde. Es urgente un registro claro sobre
desaparecidos, y por otro lado de fragmentos, restos y fosas para empezar a
hacer las políticas de búsqueda, exhumación e identificación”.
Para Mercedes Doretti, la
directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en México,
investigaciones como esta muestran la necesidad de crear un protocolo
homologado en todo el país para registrar fosas y restos encontrados.
“Que expliquen (cada
fiscalía) qué quieren decir cuando dicen fosa, osamenta, cuerpo o resto; cómo
llaman a alguien que fue identificado pero no encuentran a su familia: ¿no
identificado o no reclamado?, ¿cómo lo cuentan?; ¿cómo catalogan las que llaman
‘cocinas, o cuando los cuerpos están enterrados o en ríos, presas, a la
intemperie o dentro de una maleta?. Sin esas definiciones es muy difícil hacer
estadísticas. Eso hay que resolverlo.”
Registros dispersos,
incompletos, contradictorios o fragmentados de los gobiernos estatales y del
federal obligan a las familias a vivir en la incertidumbre sobre el paradero de
su seres queridos. La suma de negligencias y omisiones condenan a las personas
desaparecidas a desaparecer por segunda vez.
La salvadoreña Bertila Parada
tuvo que rescatar a su hijo Carlos Alberto Osorio Parada de los laberintos de
la burocracia mexicana, donde su cuerpo, rescatado de una fosa, estuvo perdido
por esa falta de protocolos que a las personas recuperar el cuerpo de su ser
querido y darle un entierro digno, y dejarlo al lado de su gente.
El joven migrante fue asesinado
en marzo de 2011 por Los Zetas, en complicidad con la policía municipal de San
Fernando. Su cuerpo fue el tercero en ser localizado en la fosa 3 de la brecha
El Arenal, junto con otras 12 personas asesinadas, cuando comenzaron las
exhumaciones en abril. En total serían 189 cuerpos los recuperados en una
cuarentena de fosas.
El cadáver de Carlos Alberto
Osorio fue trasladado a la morgue de Matamoros el 17 de abril, donde, al día
siguiente, le practicaron la autopsia; otros 122 cuerpos exhumados tomaron otro
rumbo: fueron trasladados por la PGR a la Ciudad de México.
El cuerpo de Carlos Alberto
fue sepultado con registro de persona no identificada junto a 67 cuerpos. Él
fue enterrado en la fila 11, el lote 314, la manzana 16, del panteón municipal
de la Cruz en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas.
Cuando su familia se enteró
del hallazgo de las fosas, y como Carlos Alberto había dejado de reportarse, se
hicieron los análisis genéticos para que la PGR los cotejara con la genética de
los restos exhumados. Pero la PGR inicialmente sólo realizó las pruebas a los
cuerpos enviados a la ciudad de México. El joven, por ello, permaneció tres
años y 10 meses en la fosa común tamaulipeca, y una vez estuvo a punto de ser
incinerado por las autoridades.
“Aquí estuvo enterrado. ¿Por
qué tanto tiempo sin poderlo traer? En esta colina estuvo”, dijo su madre, doña
Bertila Parada, vendedora de pupusas, al ser entrevistada en 2016, mientras
mostraba la carpeta que recibió el 28 de enero de 2015 y que contiene las fotos
del cráneo destrozado de su hijo y del panteón donde reposaba bajo una cruz
oxidada que marcaba su tumba. Cuando llevaba como identidad las señas “Cuerpo 3
Fosa 3”.
Ella tuvo que protestar
muchas veces ante las autoridades de su país, hasta que encontró una
organización mexicana (Fundación para la Justicia) y a un grupo de antropólogos
forenses (el EAAF), que la ayudaron a rescatar a su hijo del abandono y del
anonimato, hasta darle descanso en su casa.
Ya recobrado el cuerpo de su
hijo, Bertila pudo sentir un poco de alivio de la tortura que vivió penando por
encontrar dónde estaba y recuperarlo.
“Siento dolor y al mismo
tiempo siento que hay algo que sí logramos. Porque mucha gente no lo ha
logrado, muchos que no saben dónde están sus hijos. Cuando lo enterré tuve un
poco de descanso”, dijo.
En México 37 mil 485 personas
estaban reportadas como desaparecidas entre diciembre de 2006 y octubre pasado,
según los registros oficiales. Se desconoce cuántas de ellas están en fosas.
*Colaboraron con información para este
texto Juan Solís, Gilberto Lastra, Aranzazú Ayala, Paloma Robles, Mayra Torres
y Erika Lozano. Este reportaje es parte del proyecto
Adondevanlosdesaparecidos.org, sitio de investigación sobre las lógicas de la
desaparición en México, y recibió apoyo editorial y fondos de Quinto Elemento
Lab.
(SIN EMBARGO/ Alejandra Guillén, Mago Torres y Marcela
Turati/ Visualización: David Eads*/ Destacados
ZETA Lunes, 12 Noviembre, 2018 05:00 AM)
