martes, 19 de febrero de 2019

EL CAF VS CJNG: OLA DE MUERTES EN TIJUANA



Operador de Pablo Huerta “El Flakito”,  David López Jiménez “El Cabo 20” es señalado por las autoridades locales como uno de los principales responsables de la ola homicida en Tijuana, porque en compañía de Gustavo Ayala,  libra una lucha territorial de sangre contra Manuel Morales  “El Gallero” y Edgar Herrera “El Caimán” del CJNG. Sin embargo, sólo está siendo procesado por la posesión de una libra de metanfetamina

Las fuerzas operativas de seguridad en Tijuana identifican a David López Jiménez como uno de “los generadores de violencia”, responsable de homicidios, líder de célula de venta de droga al menudeo en la zona de mayor incidencia homicida, el circuito Sánchez Taboada-Los Pinos, pero no existe orden de aprehensión en su contra.

Fotos: Cortesía

La Policía Estatal Preventiva (PEP) lo capturó el 10 de febrero en Mexicali, pero podría ser liberado.

Fue presentado ante el Ministerio Público federal con 460 gramos de metanfetamina, cantidad que la Ley clasifica como posesión con fines de venta, y de resultar culpable implica cinco o más años de cárcel.

Sin embargo, una vez dictaminada legal la detención, su defensa solicitó la ampliación del término para presentar evidencia que descredite la captura. La intención es que López quede exonerado, y no libre bajo proceso, lo cual implicaría acudir a firmar de manera periódica y sus enemigos podrían cazarlo para asesinarlo.

De hecho, “El Cabo 20” o “El Lobo” se trasladó a Mexicali precisamente huyendo de los asesinos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), investigadores refieren que desde octubre de 2018 lo ubicaron en la Capital del Estado, adonde habría llegado con la venia de operadores del Cártel de Sinaloa en aquella ciudad. De acuerdo a las investigaciones, mantuvo el contacto con su célula criminal vía electrónica y viajando esporádicamente a Tijuana. A pesar de intentar guardar un bajo perfil, cobró notoriedad cuando el 6 y 7 de febrero fueron colgadas unas narcomantas en diferentes puentes de Tijuana, en las que él y otros miembros de su grupo criminal, presuntamente amenazaban al Presidente Andrés Manuel López Obrador por el operativo federal de seguridad iniciado el 4 de febrero en nueve de doce zonas estratégicas de Tijuana.

El criminal respondió con otras mantas donde se deslindó y responsabilizó de la amenaza al Presidente a Edgar Alejandro Herrera Pardo “El Caimán” y a Rodolfo López Arellano “El Cabo 30”.

LA CAPTURA 

De acuerdo al Informe Policiaco Homologado (IPH), poco antes de las seis de la tarde del domingo 10 de febrero, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y agentes de la PEP va realizaban trabajo de campo en el fraccionamiento Vista Hermosa de Mexicali, sobre la calle Macristy de Hermosillo entronque con Calzada CETYS, cuando vieron a dos hombres sospechosos. Uno iba armado. Los intervinieron.



Edgar Sotelo traía fajada una pistola calibre .45, que después resultó de utilería -y por eso quedó en libertad-, pero a David López Jiménez le encontraron un paquete con 460 gramos de metanfetamina, de la cual intentó deshacerse sin éxito.

Para la audiencia de vinculación que fue pactada para el domingo 17 de febrero, la defensa del imputado pretende refutar el IPH y presentar pruebas de que fue detenido en un lugar y condiciones diferentes.

“El Lobo” tiene 30 años y antecedentes delictivos desde los 22, cuando fue detenido por robo con violencia. Con un amigo entraron a una casa a robar, traían armas punzocortantes y lesionaron a un mujer que cargaba a un bebé en brazos, sólo que en 2010 estuvo preso.

En 2014 fue detenido por robo de auto con violencia, en 2016 la Policía Municipal lo capturó por delitos contra la salud, y por lo mismo fue aprehendido por la PEP en 2017; en 2019 lo aseguraron con un arma de fuego.

LOS SUCESORES DE “EL 90”



Foto: Cortesía

Bajo las órdenes criminales de René Arzate García “La Rana”,  la célula que hasta su asesinato encabezó Alfonso Niebla “El 90” -ocurrido la mañana del 3 de febrero-, sigue operando en Ensenada.

Las cabezas criminales detectadas por las autoridades, son Ramiro Corrales Montenegro “El Cinco”, Adrián  Casas Reyes “El Ocho” o “El Mercenario”, Alexis Mendoza Guillén “El 15” y Manuel Calderón Leyva “El Plumas”.

Descritos como operadores delictivos en la calle, las corporaciones ubican a Leopoldo Lizárraga “El Puma”, Rafael Espinoza “El Sombras”, Arturo Contreras “El Chino”, Salvador Gómez “El Chavita”  y Abraham, Castaneyra “El Cochi”.

Parte de la misma célula del cártel sinaloense, pero como contacto en Rosarito, le siguen la huella a Luis Donado Zamora García El Colosio”.

De acuerdo a reportes de las áreas de inteligencia de las corporaciones de seguridad en Ensenada y en Baja California, este grupo está enfrentado desde abril de 2017 a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación encabezada por  Mario del Val Barocio “Cabo39”, quien también lidera una célula de narcomenudistas homicidas en Tijuana.

Esta pugna por el control de la venta de droga al menudeo en la zona urbana y suburbana, y la ruta de trasiego de grandes cantidades de enervantes del Valle de Ensenada hacia Tijuana y Estados Unidos, generó el aumento de la incidencia homicida en el municipio porteño, la cual resultó en 195 asesinatos en 2017, 253 en 2018 y 16 en enero de 2019.

Al momento de su homicidio, el expediente de  Niebla Vega indicó que había sido asegurado seis veces: en 2005 por daño en propiedad ajena, 2006 por delitos contra la salud, 2009 por posesión para comercio, 2011 por posesión de enervantes y 2013 por 113 gramos de la droga conocida como “ice”. Pero en ninguna de esas ocasiones fue procesado o apresado.

También, el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo recibió una serie de denuncias anónimas en contra de “El 90”, acusándolo de actividades de narcomenudeo en 2016, 2017 y la última en 2018.

Su mano derecha y secuaz criminal fue Adrián Casas Reyes “El Ocho”, quien actualmente controla la venta de droga y la actividad delictiva en las zonas de Valle Verde, Encinos, Laureles, Villas Residencial de El Prado y Villas de El Sol en Ensenada.

Conforme a los reportes de las autoridades, el grupo de sicarios de Sinaloa está directamente ligado con  “El Ocho”, quien controla el grupo de matones al que están integrados elementos que ya han sido investigados en expedientes de asesinatos: Joel Lobo, Rafael Espinoza, Salvador Gómez, Manuel Calderón,  Donaldo Zamora y Leopoldo Lizárraga.

En ensenada Jorge Cristian Gómez Rosales “El Pitey” tiene los contactos de la célula del Cártel Arellano Félix encabezada por Pablo Huerta “El Flakito”; Gómez ha sido amenazado por el CJNG,  sin embargo, éstos tienen acuerdo con la gente de “La Rana” y no participan en la pugna porque están muy disminuidos.

OPERADOR DEL CJNG

Aunque actualmente lo ubican las autoridades con el Cártel Arellano Félix (CAF) y en relativa calma con el Cártel de Sinaloa, la situación no era igual al año pasado. A López Jiménez le dieron el apodo de “Cabo 20” cuando empezó a traficar para el CJNG,  mafia que decidió abandonar a mediados de 2018.

Sin embargo, el 8 de marzo de 2017 al ser capturado, delinquía con Jalisco y sus funciones, de acuerdo a los expedientes, incluían “el abastecimiento y cobro de puntos de venta de droga, así como de la disputa de la zona sur del municipio con otros grupos delictivos por el control de las colonias Guaycura, 3 de Octubre, Villas de Baja California y Cañón del Sainz”.

Ese día fue presentado por la posesión “… de dos envoltorios que contenían la droga conocida como heroína la cual arrojó un peso aproximado de 48 gramos”, lo acompañaba otro hombre a quien le encontraron 867 gramos de metanfetamina entre las ropas.

De acuerdo a los reportes de las áreas de inteligencia de las corporaciones locales, López operó con los representantes del CJNG bajo las órdenes de Juan José Pérez Vargas “El Piolín” desde 2015, hasta  el martes 19 de septiembre de 2017, cuando su jefe fue capturado en Guadalajara.

Se integró con los de Jalisco por invitación yComo varios hicieron, les dio información  de rutas y posicionamientos de puntos de ventas de drogas de la célula con la que previamente traficaron -esa zona estaba controlada por Sinaloa- para después ejecutarlos y quedarse con el grupo y zona de operación.



José Cristian Gómez Rosales – Adalberto Medina Navarro, “El Chore” – Saúl López Gómez Orozco

Sin embargo, el año pasado sus vendedores también fueron asesinados por integrantes del propio CJNG.

López atribuyó los asesinatos de sus operadores a Héctor Manuel Morales Guzmán “El Gallero” o “El Rooster” y su gente, quien quedó a la cabeza tras la captura de “El Piolín”, pero se desató la ola de muertes porque “El Gallero” es un sujeto sin control, ya que es adicto.

El primer antecedente público de su ruptura con el CJNG se dio a través de una narcomanta colgada el 10 de junio de 2018, donde se leía: “Esto es para ti David López Jiménez alias el 20, la Puerca o La Marrana y para ti Gustavo Germán Ayala, alias el Tavo o el Patachin, así quedarán ustedes pinches alucines al igual que todo aquel pendejo que les siga el rollo se va a morir esos son unos alucines farsantes, la empresa no tolera mugrosos x eso te expulsamos Marrana vamos por toda tu gente puerca loca. Atte. CTNG”.

El mensaje estaba atrás de dos hieleras que contenían dos cabezas de hombres.

EL 8 DE ENERO VOLVIERON AMENAZAS.  Esa vez colgaron la manta en el puente frente a la Comandancia de Policía Margarito Saldaña y pegaron en la tela una foto de  López  y otra de Ayala.

“David López Jiménez el 20 o la puerca alucinada éntrele a los bergasos y deje de andarla jugando al culón y osicon como siempre pinche marrana si eres más culón que nada y tu bien lo sabes yo no sé qué mentiras le echaras a tu gente perro pronto te daré de baja al igual que a tu mugrosito el felipe lavitia serelleza alias el wero o boca de bagre otro culón bueno para nada nomas pa mangerear y el joto de tu patrón GUSTAVO GERMÁN AYALA alias el tavo o patachin si son peor que las putas primero le mamás los huevos aquí a la empresa pa que no te mataran ratero, después te vas a mamar berga a los de Sinaloa pero como te cojieron y te patearon el culo vas con el flaquito a chuparle las bolas pinche marrana eres putisima y según ustedes ya hicieron su cartel “LA PODEROSA NUEVA LÍNEA” pobres tres tristes pendejos ahora se creen las chicas súper poderosas jajaja déjense de jotadas boi por todos ROKE * CUYO* DANY*CRISTO*MENO* ÁNGEL o 62* y Gerardo Carmona Nilo y todos tus putos mugrosos que berbeas aber si muchos huevos puerca alucinada aquí te sientas traidor atte. CTNG”.

Como operadores de Morales y actuales enemigos de “El Cabo 20” están identificados sus anteriores socios criminales: Edgar Alejandro Herrera Pardo “Cabo 8” o “El Caimán”, Israel Alejandro Vázquez “Cabo 50” o “El Goofy”, Rodolfo López Arellano “Cabo 20” o “El Solecito”.

Morales estuvo preso por uso de documentos falsos y fue detenido por posesión de arma. Israel Vázquez estuvo interno por robo de auto con violencia en 2010, Herrera tiene registro penitenciario por robo de auto con violencia en 2007 y posesión de arma en 2011, pero actualmente no existen cargos en su contra y las autoridades indican que están residiendo en Jalisco y “El Caimán” en Puerto Vallarta, desde donde controlan el crimen por vías electrónicas.

En el mismo Estado se presume la ubicación de López Arellano, pero en su caso sí existe una orden de aprehensión por homicidio y data de 2018.

López aseguró que “El Gallero” ya intentó matarlo y él fue quien entregó a las autoridades a “El Piolín”.

El grupo de “El Lobo”, responsabiliza a “El Goofy” de haber ordenado el asesinato de dos policías municipales el 4 de enero de 2019, quienes fueron abatidos en un restaurante de comida china en la colonia Sánchez Taboada.

LA “PODEROSA NUEVA LÍNEA”

Respecto a la “Poderosa Nueva Línea”, que de acuerdo a los narcomenudistas del CJNG detenidos, es encabezada por Gustavo Germán Ayala  “El Tavo” o “El Patachin”, Felipe Avitía “El Güero” y

David López Jiménez,  negó que existiera tal célula: “Son puras tonterías para llamar la atención”.

El 5 de enero, en un puente del Bulevar Insurgentes, delincuentes colgaron otra manta con mensaje criminal, esta vez los amenazados y exhibidos eran los de Jalisco, a quinees responsabilizaban del asesinato de los policías ocurrido un día antes:

“Esto va para la lagartija y sus desechables del CTNG* dejen de vivir de los muertos. Respeten gobierno, pueblo una su gente, lagartija o cabo 8 mata amigos y niños gallero pusiste tu hermano matas familia a tu gente. Jorge Luis Quezada veloz o la mera jerga mata policías. Cabo 13 ordenarse a lupillo matar al chava sol 30 mata mujeres cien cobra piso A???? Gufi tus plebes les pegaron a los gorras de la Sánchez. Por eso van de salida mugrosos los enseñaré a respetar ATT PODEROSA NUEVA LINEA”.

TRAFICANTE DEL CAF

Conforme a los reportes de las áreas de inteligencia, desde hace nueve meses, López Jiménez inició su transición al CAF bajo la órdenes de Pablo Edwin “El Flakito”, y muchos de sus vendedores (tienderos) de droga en la zona de Sánchez Taboada-Los Pinos fueron asesinados.

Está dedicado al trasiego de droga, tiene contactos en Ensenada y en Estados Unidos.

Sus socios criminales identificados además de “El Flakito” son, con mayor rango criminal, José Ángel Roque García “El Roque”, el ex policía estatal detenido con armas en 2015 Saúl Gómez y Gustavo Germán Ayala. En una segunda línea en el organigrama delictivo, aparecen Felipe Avitia Saellana. José Cristian Gómez Rosales “El Pitey, Renato Cardona, José Campos e Isaí Almonte.

Su contacto del CAF en Mexicali sólo es conocido por las autoridades  como “El Toni”.

Entrevistado, “El Lobo” aseguró que “ahorita” ya no está activo y vive del dinero que juntó, que en Tijuana no se puede “trabajar” y ahora “cualquier ‘tecato’ compra y vende libra, por eso hay tanta muerte”.

De los asesinatos, se enteró “que los que andan pegando en realidad es ‘El Max’, José Ángel Yocupicio ‘El Cabezón’, que  era de ‘La Nueva’ y se volteó”. Se salió del CJNG porque lo quisieron matar, el propio “Gallero”.

AUDIENCIA DE VINCULACIÓN

Pese a las capturas previas y  a la información de las áreas de inteligencia, en el expediente que armaron para consignar a López ante un juez federal, las autoridades locales sólo incluyeron la posesión con 460 gramos de metanfetamina y su captura en vía pública. No aportaron nada más.

Para desacreditar los cargos, la defensa pretende presentar elementos que les permitan probar que “El Lobo” no fue capturado en vía pública sino dentro de su casa, y que tampoco portaba la droga por la cual se le acusa.

Será en la audiencia del 17 de febrero cuando se defina si la defensa tiene pruebas que desacrediten el IPH, o si el Ministerio Público logra vincularlo a proceso.

Tras operativo, bajan homicidios en Tijuana

 Antes de la llegada de las fuerzas federales a la ciudad, el 4 de febrero, el índice de homicidios oscilaba en un promedio de 7.03 víctimas, sin embargo, tras la implementación del operativo “disuasivo y de persecución” anunciado por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la cifra de muertes ronda los 5.3 crímenes al día en Tijuana.

La cantidad más alta de homicidios se registró el día 4 de febrero, con siete víctimas, y el más bajo fue el 11 de febrero, con un deceso. El resto de los días fluctuó entre los dos y seis crímenes.

“Probablemente si continúa la proyección a la baja, febrero será el mes con menos muertes en el último año y medio. Aunque esto puede variar”, aseveró a ZETA un investigador del área de Inteligencia.

Aquí una relación de los homicidios perpetrados entre el domingo 10 y el jueves 14 de febrero.

DOMINGO 10. En la colonia 3 de Octubre fue asesinado a tiros Jesús Ulises Salas González, de 27 años de edad. En El Pípila fue ultimada una persona no identificada. Cristian Manuel Ramírez Pérez, de 22 años, fue privado de la vida en Villa del Prado.  En el Hospital General falleció Daniel Padilla Zaragoza, de 36 años, quien previamente fue lesionado con un objeto punzocortante.  En la colonia Nuevo Milenio se localizó el cadáver decapitado de un masculino al interior de un tambo color café.

LUNES 11. En el Hospital General murió Jesús Giovani García Uribe, de 30 años, víctima de disparos de arma de fuego en la colonia Cerro Colorado.

MARTES 12. Un hombre de aproximadamente 35 años, aún sin identificar, fue privado de la vida a balazos en el fraccionamiento Soler. En la escena del crimen quedó  un casquillo 45 y un vehículo Ford Figo de color rojo. Gabriel González de la Rosa, de 43 años, fue ultimado de un tiro en la región cefálica; su cadáver fue abandonado en un lote baldío de la colonia Anexa Durango, donde se halló un casquillo 9 milímetros.

MIÉRCOLES 13. José Natividad Sánchez, de 45 años, fue encontrado sin vida con diversos golpes contusos en El Tecolote. En el interior de la barbería Palacios en Hipódromo 2, una persona, hasta ahora sin identificar, fue asesinada a balazos. En un terreno baldío de la colonia Obrera tercera sección se localizó el cuerpo de un masculino, quien al parecer fue estrangulado. El cuerpo sin vida de un hombre maniatado y envuelto en una bolsa de plástico fue hallado en Anexa Buena Vista. De acuerdo a información proporcionada, fue estrangulada y tenía lesiones punzocortantes.

JUEVES 14. En el interior de una maleta color café se encontró el cadáver de una mujer en Zona Norte.

Hasta el cierre de esta edición, 14 de febrero, la Procuraduría General de Justicia del Estado registró 72 homicidios dolosos cometidos en Tijuana.

“Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP”

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/ INVESTIGACIONES ZET/ LUNES, 18 FEBRERO, 2019 01:00 PM)

LOS PENDIENTES DE “EL CHAPO” GUZMÁN



Fotos: Tomada de Internet

Diez causas penales quedaron sin sentencia en México por delitos contra la salud, delincuencia organizada, cohecho, portación de armas de fuego y otros relacionados con vuelos y aterrizajes clandestinos. En Estados Unidos le aguardan otros cinco procesos en Cortes de Distrito de California, Texas, Illinois, New Hampshire y Florida por asociación delictuosa, distribución de cocaína y marihuana, lavado de dinero, homicidio y liderar una organización criminal. A la fecha se desconoce dónde oculta la presunta riqueza de que se atribuía al capo

Los crímenes cometidos por el narcotraficante Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera quedaron impunes en México.

Por lo menos diez procesos penales quedaron abiertos en Juzgados federales de siete estados sin que se dictara sentencia. Debido a la extradición del ex líder del Cártel de Sinaloa, los procedimientos se encuentran suspendidos y muy probablemente con el paso de los años serán prescritos.

La debilidad institucional mexicana, incapaz de retener en prisión a tan peligroso personaje -fugado en dos ocasiones- y la presión del gobierno norteamericano determinaron la procedencia de la extradición el 20 de mayo de 2016, aunque la entrega se materializó hasta el 19 de enero de 2017, luego que perdiera el recurso de revisión en un par de amparos.

El que se hubiese quedado en México hasta agotar las causas penales que existen en su contra no garantizaría el pleno ejercicio de la justicia, pues antes, en su primera etapa de detención entre 1993 y su primera fuga en 2001, Guzmán había enfrentado 19 procesos y sólo en tres de ellos fue condenado.

Cuando “El Chapo” se escapó el 19 de enero de hace 18 años del penal de Puente Grande, Jalisco, sumaba una pena de veinte años nueve meses de prisión por tres asuntos: uno de cohecho (siete años de condena), otro por asociación delictuosa (seis años) y el último por cohecho y asociación delictuosa (siete años nueve meses). De no haberse evadido, habría compurgado sus sentencias el 7 de marzo de 2014.

Precisamente a partir de la fuga del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 2 Occidente en El Salto, Jalisco, empezó una nueva cuenta de procesos mientras se hallaba prófugo y, para cuando fue recapturado el 22 de febrero de 2014, ya le aguardaba una orden de aprehensión por cohecho y delincuencia organizada, delitos derivados de la escapatoria del establecimiento carcelario que el imputado corrompió a placer.


Además de esa causa penal radicada en Ciudad de México, le surgieron nuevas órdenes de captura y consignaciones en otras nueve averiguaciones judiciales en los estados de México, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, donde existen reclusorios administrados por el Gobierno Federal, así como en Baja California Sur, donde el afamado criminal pudo zafarse de autoridades que estuvieron a punto de detenerle en 2012.

En tanto fue sentenciado en la Unión Americana, a una probable cadena perpetua por diez cargos (en Nueva York), la travesía por tribunales estadounidenses no ha terminado para Joaquín Guzmán, a quien habrán de juzgar en Cortes de Distrito de California, Texas, Illinois, New Hampshire y Florida, donde podría recibir nuevas penas vitalicias.

La gran pregunta que se formulan tanto fiscales como autoridades judiciales y administrativas de Estados Unidos es: ¿Dónde está la supuesta gran fortuna del narcotraficante que la revista Forbes estimó hace algunos años en mil millones de dólares? Nadie lo sabe todavía, pues en México son pocos los bienes asegurados al reputado traficante.

LOS PROCESOS EN MÉXICO

Luego de su detención en Mazatlán, Sinaloa la madrugada del 22 de febrero de 2014 y su internamiento en el penal federal Altiplano en el Estado de México, a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera le dictaron autos de formal prisión en diez causas penales entre los días finales de ese mes y el siguiente. Desde delitos de cohecho, contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, hasta por delincuencia organizada o aterrizaje clandestino de aeronaves.

El primerísimo de los asuntos fue el relacionado con su fuga de Puente Grande. En el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el entonces Distrito Federal, le fue cumplimentada la orden de aprehensión en la causa penal 16/2001 por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de cohecho y delincuencia organizada (con fines de cometer delitos contra la salud). Formal prisión el 8 de marzo de 2014.

En este caso se denunció el sistema de corrupción que el capo implementó para cooptar al personal del Cefereso Número 2 que estaba a su servicio y el de otros miembros del crimen organizado, lo que derivó en su escapatoria oculto dentro de un carrito de lavandería que fue empujado por el empleado de mantenimiento Francisco Javier Camberos Rivera “El Chito”, a la postre condenado a 25 años de prisión.

La segunda causa penal contra “El Chapo” naturalmente fue la emanada de su recaptura en el condominio Miramar de Mazatlán en 2014. El 10 de marzo de ese año, el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa decretó auto de formal prisión contra el traficante por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército (causa penal 10/2014). En la habitación donde dormían Guzmán, su esposa e hijas, había armamento de grueso calibre.

Un tercer proceso, el 50/2009 del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México, atribuye al líder del Cártel de Sinaloa ilícitos que presuntamente cometió en Tijuana y Valle de Mexicali, al haber infiltrado a la Procuraduría General de Justicia de la entidad fronteriza entre los años 2006 y 2009. Por ello, el 25 de febrero de 2014 le fue dictada la formal prisión por delincuencia organizada. En cambio le fue otorgada la libertad por falta de elementos para procesar por delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de cocaína.

Las acusaciones contra Guzmán surgieron después de la detención de tres ex agentes de la Policía Ministerial de Baja California, quienes confesaron que pertenecían a una célula de la organización del Pacífico en la que estaban involucrados tanto policías en activo como ex policías de Tijuana, Mexicali y estatales en la protección de actividades de Guzmán Loera e Ismael “El Mayo” Zambada García. Un caso muy difundido por ZETA en 2009.


En un cuarto juicio, el 29/2014 del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz, se encausó al narcotraficante sinaloense por delitos realizados con la aeronáutica, en las modalidades de realizar vuelos clandestinos y proporcionar los medios para facilitar el aterrizaje o despegue de aeronaves en vuelo clandestino. El auto de bien preso se dictó el 19 de junio de 2014.

Este caso fue muy conocido porque en febrero de 2012, en pleno desarrollo de la cumbre del G-20 en Los Cabos, Joaquín Archivaldo fue ubicado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). Cuando la Policía Federal y la Marina realizaron un operativo para detenerlo en el exclusivo fraccionamiento en el que se ocultaba, el personaje ya se había escapado a bordo de una avioneta Cessna 206 y que empleaba como centro de operaciones un arroyo en las inmediaciones de un conocido hotel club de golf.

La quinta causa penal, 84/2010, en el Juzgado Sexto de Distrito en materia de Procesos Penales en el Estado de México, dejó formalmente preso a Guzmán por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud el 22 de mayo de 2014.

En esa misma entidad, el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, decretó auto de formal prisión al hombre originario de La Tuna, Sinaloa, dentro de la causa penal 135/2001-II, por asociación delictuosa y delitos contra la salud en diversas modalidades. Fue el sexto expediente.

En el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit se llevaba a cabo el (séptimo) proceso penal 206/2010 por delincuencia organizada. La resolución del término constitucional se dictó el 4 de marzo de 2014.

Un día después, en la causa penal 364/2012, el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara, tenía a su disposición al imputado y le iniciaba el periodo de instrucción por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de semillas de marihuana y amapola con fines de siembra, cultivo y cosecha. Se le dictó auto de libertad por falta de elementos para procesarle por delincuencia organizada. Agricultores de Sinaloa señalaron a “El Chapo” como la persona que les ordenó dedicarse al cultivo de enervantes.

Noveno juicio: el 5 de marzo, el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, dentro de la causa penal 50/2011, dictó formal prisión contra Joaquín por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. Por último, en el Juzgado Primero de Distrito en materia de Procesos Penales Federales de la misma entidad, causa Penal 175/2011, se sujetó a la justicia al ya mencionado por delincuencia organizada.

LOS PENDIENTES EN EU

Como se anticipó, el calvario para el traficante de drogas ilícitas, jamás condenado en México como “narcotraficante”, aún no termina en Estados Unidos. Le esperan órdenes de aprehensión, futuros procesos en cortes de Distrito de California, Texas, Illinois, New Hampshire y Florida por asociación delictuosa, distribución de cocaína y marihuana, lavado de dinero, homicidio y liderar una organización criminal. Sin duda los casos más conocidos son los dos primeramente citados.

El más añejo de los cargos en contra de “El Chapo” Guzmán se encuentra en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California, donde el 4 de agosto de 1995 se dictó el mandamiento para aprehenderle, aunque ya se hallaba preso en México desde 1993. Pretenden enjuiciarlo por asociación delictuosa para importar y poseer con la intención de distribuir cocaína. La orden sigue vigente.

Los hechos que se le atribuyen, consisten en que “de una investigación sobre el tráfico de droga en el Sur de California y otros lugares de Estados Unidos de América, se determinó que el reclamado era el líder de una organización internacional de narcotráfico responsable de importar y distribuir toneladas de cocaína en los Estados Unidos; como líder de la organización tenía el control final y la autoridad para tomar decisiones sobre todas las operaciones y actividades de contrabando de droga de la organización”.

En su momento se dijo que el grupo criminal importaba cocaína a ese país con fines de distribución usando diversos métodos, entre éstos, aeroplanos, camionetas, tracto-tráileres, camionetas tipo van, automóviles y pipas; además, construyeron túneles para contrabandear la droga por debajo de la frontera, entre ambas naciones.

El 21 de abril de 1993, oficiales de Tecate, Baja California aseguraron un tráiler con mil 400 latas de supuestos chiles jalapeños con la leyenda La Comadre, que en realidad contenían 7.3 toneladas de cocaína. En junio de ese año, oficiales mexicanos descubrieron un túnel con extensión de mil 400 pies por debajo de las fronteras entre México y los Estados Unidos para el trasiego de drogas.

Otro asunto está en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas, en la ciudad de El Paso, donde se dictó orden de captura contra el mexicano el 13 de abril de 2012 para que sea llevado ante la justicia y ser procesado por doce cargos, entre éstos, asociación delictuosa para dirigir los asuntos de una empresa a través del patrón de actividades de la delincuencia organizada; asociación delictuosa para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y mil kilogramos o más de marihuana; y asociación delictuosa para importar las mismas cantidades del estupefaciente.


Los demás cargos son de asociación delictuosa para cometer unos delitos en materia de lavado de dinero; asociación delictuosa para poseer unas armas de fuego con el fin de fomentar unos delitos en materia de narcotráfico; homicidio al momento de involucrarse en una empresa criminal continua y delitos contra la salud; y por involucrarse en una empresa criminal continua para fomentar el tráfico de droga.

En resumen de los hechos, autoridades texanas señalan que desde aproximadamente octubre de 2007, las autoridades policiales iniciaron una investigación sobre las actividades criminales del Cartel de Sinaloa y sus líderes, incluyendo tráfico de drogas, lavado de dinero y tráfico de armas de fuego, violencia y otros delitos. La investigación reveló que aproximadamente entre los años 2000 y 2012, “El Chapo” y los colíderes de Sinaloa fueron responsables de dirigir y supervisar las actividades delictivas de la organización.

Presuntamente miembros del conglomerado criminal, entre ellos Guzmán, hicieron arreglos para la importación de grandes cantidades de cocaína y de marihuana hacia Estados Unidos a través de varias rutas de tráfico de drogas, incluyendo los puentes internacionales entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, y las millas de desierto abierto a lo largo del Valle de Juárez; también dirigían y ayudaban a la distribución de la marihuana y cocaína en Texas y otros lugares del país vecino.

Las acusaciones contra Joaquín Archivaldo por las que existen órdenes de aprehensión en Illinois, New Hampshire y Florida son diversas, destacando las imputaciones de las autoridades de procuración de justicia en Chicago, que decomisaron alrededor de 390 kilogramos de cocaína proveniente del Cártel de Sinaloa dentro de un enorme calentador.

¿Y LOS BIENES DEL CAPO?

Otro de los aspectos pendientes de justicia tanto en México como en Estados Unidos, es dar con la ubicación de la presunta gran fortuna del narcotraficante mexicano que a la fecha no pasa de unas cuantas residencias, vehículos, joyas y teléfonos celulares bienes que están registrados a nombres de testaferros.

De las pocas propiedades que se estima son objeto o materia de delito están los inmuebles y automotores asegurados tras la recaptura de Joaquín Guzmán en Sinaloa en 2014. Aquellas casas que conectaban con el drenaje profundo de la ciudad de Culiacán y que fueron utilizadas como ruta de escape del entonces prófugo, que incluso logró llegar a Mazatlán a través de los apoyos de su red criminal.

Esas residencias, cuya propiedad no está del todo acreditada a “El Chapo” tienen un valor comercial conjunto superior a 60 millones de pesos, pero no representan la fortuna que se ha dicho que el capo posee, según lo publicado hace más de seis años por la revista Forbes y por versiones de analistas extranjeros. Tampoco se han localizado cuentas bancarias ni cantidades por montos relevantes de dinero en los domicilios cateados ni en el extranjero.

Entre las propiedades aseguradas a Guzmán y sus socios, se cuentan más de una decena de inmuebles, entre residencias, lotes, ranchos y comercios en los estados de Sinaloa y Durango, además de automotores, aeronaves, alhajas, relojes, aparatos de telefonía celular y equipos de radiocomunicación. Todo se encuentra a resguardo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Hasta el día de hoy, los inmuebles continúan asegurados precautoriamente y pocas personas se acercaron a las autoridades para preguntar por el destino de las fincas, que por cierto, no han sido sometidas al procedimiento de extinción de dominio que -se supone- debe ejercitarse como lo faculta la Constitución.

Las fincas son las siguientes:

– Calle Constituyente Enrique Colunga número 1825, entre calles Froylán C. Manjarrez y Luis Manuel Rojas, Colonia La Libertad de Culiacán, Sinaloa

– Calle Constituyente Emiliano García número 1811, entre Constituyente Ciro Ceballos y Constituyente Joaquín Berlanga, Colonia Libertad de Culiacán, Sinaloa

– Calle Río Humaya número 137, entre Avenida Domingo Rubí y Calle Manuel Bonilla, Colonia Guadalupe de Culiacán, Sinaloa

– Calle Javier Mina número 1126, junto a las casas número 1118 y 1132, Fraccionamiento Los Pinos de Culiacán, Sinaloa

– Calle Puerto de Veracruz número 1647, entre Bahía de Ohuira y Puerto Marqués, Colonia Vallado Nuevo de Culiacán, Sinaloa

– Calle Cerro de las Siete Gotas número 642, Colonia Antonio Rosales y/o Colinas de San Miguel de Culiacán, Sinaloa.


En algunos casos, las autoridades federales ya dieron uso positivo a las propiedades incautadas, como sucedió con la finca de la calle Río Humaya en la colonia Guadalupe, cedida en comodato a una asociación dedicada a la atención de niños con cáncer y que brinda atención médica, servicio de alimentación, hospedaje y transporte a pequeños de muy escasos recursos económicos en Sinaloa.

En cuanto a los vehículos automotores afectos a las indagatorias por la aprehensión del jefe del Cártel de Sinaloa, sus lugartenientes y sicarios, se mencionan entre otros, los siguientes:

– Dodge Ram modelo 2013 color rojo, placas UC-83 672 del Estado de Sinaloa

– Pick-up Nissan 2008, color gris con blanco, placas UC-76-716 del Estado de Sinaloa

– Van Volkswagen 2013 color gris, placas VNK-93-87 del Estado de Sinaloa

– Volkswagen Jetta 2003 color gris, placas VMJ-92-27 del Estado de Sinaloa

– Nissan Frontier 2004 con carrocería en color arena, placas TZ-73-468 del Estado de Sinaloa

– Mercedes Benz C280, modelo 2009, color negro, placas VMX-97-73 del Estado de Sinaloa

– Chevrolet Cheyenne 2012, color plata, placas UC 74439 del Estado de Sinaloa

– Camioneta Chevrolet Captiva Sport 2013, color blanco y cuatro puertas, placas VMY-1584 del Estado de Sinaloa

– Jeep Línea Wangler Sahara 2013, color blanco y dos puertas, placas VNK2087 del Estado de Sinaloa

– Chevrolet Malibu 2011, color blanco, cuatro puertas, placas VNA 4038 del Estado de Sinaloa

– Jeep Cherokee Overland 2006, color gris plata, cuatro puertas, placas VKP-2584 del Estado de Sinaloa.

También se encuentran aseguradas otras unidades de la marca Mercedes Benz, blindadas y de lujo, así como celulares BlackBerry que utilizaban los esbirros de la organización criminal y los incautados en el condominio Miramar de Mazatlán, donde además fueron localizados equipos de cómputo Hewlett Packard y tres costosos relojes:

– Harry Winston Número 272
– Jeagger Lecoultre 1000-Master Grand Tourbillon-Hours
– Moon Dust-Dna Roman Jerome.

El capo mexicano espera la sentencia que se dictará el 25 de junio en la Corte de Distrito de Nueva York con sede en Brooklyn, que podría ser la cadena perpetua, adicional a una millonaria multa. Mientras los casos pendientes que lo involucran en la comisión de delitos, seguirán en México y en Estados Unidos.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / LUIS CARLOS SÁINZ /LUNES, 18 FEBRERO, 2019 01:00 PM)

EL REY DE LOS TAXIS CLONADOS: OTRA RED DE CORRUPCIÓN EN TIJUANA



Foto: Cortesía

Por medio de una organización criminal dedicada a la falsificación de documentos, cientos de taxis libres clonados circulan por la ciudad. “El Zopi” es señalado como el líder de esta red que se ha hecho de formatos, sellos, firmas y protección del Ayuntamiento de Tijuana para vender documentos apócrifos a chóferes. Sin el consentimiento de la Dirección Municipal de Transporte Público, sería imposible pensar en una estructura tan grande como la que opera los taxis irregulares en Tijuana y que deja cientos de millones de ganancias ilícitas

En Tijuana opera una red de taxis libres clonados, la cual emite documentos apócrifos con sellos, membretes y logotipos del Ayuntamiento e incluso copia la firma del director de Transporte Público, con lo cual cientos de unidades circulan por la ciudad sin ser molestados por inspectores de la Dirección Municipal de Transporte Público.

Testimonios de chóferes, ex conductores de taxis, personal de la propia Dirección y colaboradores de esta red recolectados por ZETA, describen el modo de operación a cargo de José Cruz Reyes Aradillas, mejor conocido como “Zopis”.

Esto en complicidad con personal de la Dirección, el cual no solo brinda protección a quienes transitan con estos documentos falsos, sino que aseguran tienen instrucciones de retirar aquellas unidades irregulares que no formen parte de esta red.

Según cifras de la propia Dirección, en la ciudad circulan alrededor de 8 mil 300 taxis libres. Cerca de mil 200, asegura Francisco Castillo Fraga, director de Transporte Público Municipal, son unidades clonadas, esto es que no están registrados ante esta dependencia ni tienen placas de circulación, pero transportistas calculan que los taxis irregulares se cuentan en más de 2 mil.

Prácticamente “nada más pintan el carro y lo ponen a trabajar, no pasan por ningún proceso”, expresa el funcionario en entrevista.

Sin embargo la red del “Zopis” va más allá. Una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) señala cómo Reyes Aradillas es la cabecilla de esta organización criminal, la cual vende en hasta 6 mil 500 pesos un conjunto de documentos apócrifos para que una unidad de taxi libre pueda circular sin estar debidamente registrada en el municipio.

Además del precio inicial, se hace un cobro mensual a los chóferes para la renovación de documentos por un monto promedio de 2 mil 500 pesos. Lo que en verdad se vende, confiaron algunos conductores, es la garantía de que los inspectores municipales no les retirarán las unidades.

Uno de los colaboradores del “Zopis” señalado en la acusación, es Alfredo Guzmán, líder de los taxis libres dentro del sindicato Confederación de Trabajadores de México (CTM), quien entrega los documentos a los chóferes que cubren la cuota.

Alfredo Guzmán es, a su vez, padre de Iván Guzmán Rangel quien fue nombrado por Castillo Fraga como comandante de la Dirección de Transporte Público Municipal, posición que lo faculta para estar a cargo de los operativos de revisión y retiro de unidades de transporte público.

El mismo día que este Semanario solicitó al titular de la Dirección una entrevista respecto al tema de este reportaje, Guzmán Rangel fue retirado del cargo, el cual ocupó desde inicios de diciembre de 2018, y se le comisionó a tareas administrativas dentro de la dependencia, explicó el propio director.

Lo cierto es que el éxito de la red no podría explicarse sin el contubernio de autoridades municipales, lo cual permitió réplicas casi exactas de documentos de uso exclusivo de la Dirección de Transporte Público Municipal.

No obstante, el titular de la Dirección niega conocer al “Zopis”, de quien dice solo ha escuchado su nombre en boca de chóferes durante operativos, quienes alegan que sus unidades pertenecen a este personaje.

De igual forma, dijo desconocer que unidades de taxi libre operan con documentos falsos y manifestó que durante los operativos de revisión de unidades “(los inspectores) no me han reportado ningún tipo de documento apócrifo”.

En el proceso de esta investigación, ZETA tuvo acceso a testimonios, archivos de audio y video, así como decenas de cartas de chófer de taxi libre apócrifas utilizadas por esta red con números de taxi inexistentes al cotejar la información con la base de datos de la Dirección Municipal de Transporte Público o bien que usurpan los números económicos que corresponden a otros permisionarios.

Además de estos señalamientos, el “Zopis” aparece como el responsable de haber ordenado un atentado con bombas molotov a la casa de Francisco Javier Palacio Bórquez, exdirector municipal de Transporte Público como represalia por haber retirado unidades que pertenecían a su red, según una denuncia penal.

EL MODO DE OPERACIÓN

Para operar un taxi libre en Tijuana de manera regular no siempre es necesario tener un permiso de la autoridad municipal. La otra opción para hacerlo es haber interpuesto una demanda de amparo en el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA).

El director de Transporte Público refiere que de los más de 8 mil taxis regulares que circulan en la ciudad, alrededor de 600 lo hacen bajo esta modalidad. A partir de este concepto de amparo, inició la red del “Zopis”.

El conjunto de documentos que la organización vende a conductores consiste en una carta de chófer y un certificado de revisión mecánica, supuestamente emitidos por la Dirección Municipal del Transporte Público, así como una suspensión definitiva apócrifa del TCA, coloquialmente conocida como “amparo”.

Estas suspensiones definitivas son las que permiten a cientos de unidades de taxis libres circular en la ciudad bajo la figura de “amparo”. Ello significa que el Cabildo no ha autorizado los permisos para que presten el servicio, pero ya que el quejoso presentó un recurso de inconformidad ante el Tribunal, éste les concede el beneficio de ejercer su derecho a circular hasta que la autoridad municipal apruebe los permisos por mandato judicial.

Todos estos documentos cuentan con sello del Ayuntamiento de Tijuana y con la firma del titular de la Dirección. A simple vista son iguales a los documentos emitidos mensualmente en la dependencia para llevar un control interno de unidades y chóferes.

Coinciden el formato, los logotipos, membretes y hasta la redacción, pero al revisarlos a detalle, las inconsistencias surgen: errores de “dedo” o de ortografía, cambio de tipografía y hasta errores en las fechas.

Sin embargo, los permisos originales más recientes, correspondientes al periodo febrero-marzo de 2019, incluyen un código QR que permite escanearlo a los inspectores para verificar la autenticidad y un evidente cambio en el formato y acomodo de elementos como nombre del permisionario y número económico de las unidades.

Incluso uno de los documentos, a un costado del nombre del permisionario tiene el apodo de “zopis” y otros la clave “z” que significa “zopis”, explicaron chóferes que pidieron el anonimato.

Estos mismos aportaron audios compartidos en grupos de mensajería WhatsApp de chóferes que advierten “si no andas con El Zopis, no salgas, que el único que tiene vara alta es El Zopis y que los operativos van a ser toda la noche”.

Otro mensaje de audio confirma “carro que no sea del zopis va para arriba, es la orden que traen supuestamente” y uno más afirma “nada de llevarse carros de Terrazas porque todos los carros que trabajan para ese rumbo, son del señor Zopis, nosotros no tuvimos ninguna baja, todos trabajamos muy a gusto y muy bien porque todos los del (inaudible) se salieron, les dijo claramente que pararan, que no trabajaran porque iba a haber operativos muy fuertes”.

De acuerdo con Castillo Fraga, desde su nombramiento como director el 28 de noviembre de 2018, la Dirección ha retirado alrededor de 70 unidades de taxis libres irregulares en operativos.

En el caso de las resoluciones judiciales apócrifas, a partir de los documentos a los que este Semanario tuvo acceso, los números de expedientes que aparecen en las hojas corresponden a juicios reales de suspensiones definitivas, pero que otorgan el beneficio a otros permisionarios e incluso a otros números de taxi.

Al igual que con las cartas de chófer, estos documentos también aparecen con copias de sellos de la Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo.

NO SABÍA QUE USAN MI FIRMA EN DOCUMENTOS APÓCRIFOS, DICE DIRECTOR

En entrevista, Francisco Castillo Fraga, director de Transporte Público Municipal, dijo conocer la existencia de organizaciones que se dedican a la operación de taxis libres clonados, pero no la red del Zopis.

“Traen sus estructuras, su manera de operar regular, redes sociales, una organización realmente”, comenta a la vez que niega tener información de que algunas de estas unidades operan con documentos falsificados, incluidos algunos que se hacen pasar como emitidos de su propia Dirección.

-Director, ¿tiene conocimiento de una investigación abierta en la PGJE sobre una red que se dedica no solo a la operación de taxis libres clonados, sino que emiten documentos apócrifos con membretes y sellos de esta Dirección?

“Desconocía el tema de la investigación, esperemos que llegue a buen puerto, que se llegue a una conclusión importante”

-¿Sus inspectores no se han topado en revisiones con estos documentos falsos? Por ejemplo, el permiso para chófer con alteraciones o que no corresponde el número de taxi con el nombre del permisionario

“Nos hemos encontrado con taxis que tienen un documento pegado en la parte de atrás, la hoja que supuestamente es un amparo y a vista de todos pasa como tal y a la hora que lo paras, ves que es una hoja que nada tiene que ver con un amparo, redactada por ellos mismos y pues esos líderes o pseudo líderes timan al chófer y le dicen que traen un amparo”

-Pero insisto, en esta investigación se trata de falsificación de documentos, incluso con los sellos y membretes de esta Dirección, incluso del Tribunal Contencioso Administrativo ¿Eso no se lo han encontrado sus inspectores en operativos en la calle?

“No me lo han reportado ningún tipo de documento apócrifo”

-Usan su firma para darle validez ¿Tampoco ha tenido información de eso?

“Yo he andado en operativos, generalmente voy al frente, no me he encontrado con una firma apócrifa de tu servidor, ésa sí la reconocería, hasta ahorita no”

-Cuando comentaba de estos líderes que venden los permisos de taxis libres o timan a los conductores ¿Ha escuchado el nombre de José Cruz Reyes Aradillas “El Zopis”?

“Había escuchado el apodo, no sabía cómo se llamaba el señor”



-Y ¿dónde ha escuchado el nombre?

“En los operativos, algunos chóferes a los que se les recoge el carro dicen ‘no, es que el carro no es mío, es del Zopis o ‘el carro es del lic’, generalmente son apodos”

-Esta persona está involucrada en esta red como el encargado, quien expide documentos falsos y los vende entre taxistas por medio de intermediarios para operar cientos de taxis en la ciudad, por eso le preguntaba si no lo tenían identificado en la Dirección como tal.

“Con nombre y apellido no, hasta ahorita que usted me comenta”

-Y con él también se señala a Alfredo Guzmán de la CTM

“Al señor Alfredo Guzmán yo lo conozco como un transportista, viene muy seguido a la Dirección. Sé que está en CTM, no sé exactamente qué posición tenga ahí, lo conozco como líder transportista de muchos años”

-¿Conoce la relación familiar entre el señor Alfredo Guzmán y su comandante de la Dirección, Iván Guzmán? Tengo entendido que es su papá…

“No es comandante. Es inspector”

-¿No encuentra un conflicto de interés que prácticamente el hijo de un líder de la CTM esté a cargo de inspeccionar unidades de su papá o de personas afiliadas a ese sindicato?

“Hice el relevo, sí era comandante. Nunca encontré alguna anomalía en su trabajo, pero hay que ser congruentes. Cuidamos la forma, hay una situación que puede prestarse a malentendidos, entonces se nombró a un nuevo comandante, a Iván se le comisionó en trabajo administrativo fuera de la toma de decisiones en cuestión operativa”

-¿Cuándo fue esto?

“Se nombró nuevo comandante a García Corona desde ayer (12 de febrero)”.

-Director, hay vídeos y audios de conductores que dicen estar protegidos por inspectores de esta Dirección por formar parte de la red del Zopis

“No me ha tocado verlo y generalmente voy a ese tipo de operativos. Lo puedo interpretar, como son varios grupos, que alguien que es parte del otro grupo y quiere dañar la imagen de la institución al ver que se está actuando. Traemos un 300 por ciento más de decomisos de ese tipo de vehículos en comparativo mes con mes desde la llegada de su servidor al mes y van a ver la forma de desprestigiar tanto al adversario en su negocio irregular como a la institución porque lo están afectando”

-¿De qué forma se puede desmantelar esta red o combatir a estos líderes?

“Le estamos dando duro a este tipo de vehículos, realmente no tengo identificados qué vehículo es de cada uno de ellos, pero los apodos, del “Zopis”, lo tenemos por los propios comentarios que hacen los chóferes. Eso me hace pensar que en los operativos caen los diferentes grupos que se dedican a esto”

-Entonces, ¿usted no observa que sus inspectores estén protegiendo al “Zopis”?

“No, desde la llegada de un servidor, solo se ha dado un caso donde presuntamente hubo un acto de corrupción, también a través de redes sociales, en ese momento se notificó a la Sindicatura y los dos inspectores ya no están trabajando con nosotros”.



¿QUIÉN ES EL ZOPIS?

José Cruz Reyes Aradillas tiene más de 60 años y es mejor conocido como el “Zopis”, aparece como presidente de la asociación de taxis de ruta “blancos franja azul y amarilla con cofre azul”.

En notas periodísticas locales de 2010, se le identifica como conductor de un taxi libre, cuya permisionaria es su familiar, pero entre el mundo de los transportistas, tanto líderes como conductores, es una referencia para quien busca registrar un taxi libre clonado.

Al transportista se le contactó por medio de los números de teléfono a nombre de su asociación, pero no se obtuvo respuesta.

Diversos testimonios de quienes solicitaron el anonimato por medio a represalias lo señalan como el encargado de esta red de falsificación de documentos. No obstante, él no entrega directamente los documentos a los chóferes, sino que lo hace por medio de intermediarios encargados de distintas zonas de la ciudad. Esta versión es corroborada en una denuncia penal interpuesta ante la PGJE.

Su nombre aparece, además, en otra carpeta investigación relacionada con el atentado que sufrió el ex director de Tránsito Municipal, Francisco Javier Palacio Bórquez, quien días antes de ser relevado del cargo, vio su casa atacada con bombas molotov.

Según las declaraciones del exfuncionario, días antes había removido unidades de taxi libre que pertenecían a la red del “Zopi”, de quien recibió amenazas por haber afectado sus intereses. Esta denuncia también se encuentra bajo integración.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/  INÉS GARCÍA RAMOS/ LUNES, 18 FEBRERO, 2019 01:00 PM)