Fotos: Cortesía
En Tijuana los sicarios siguen batiendo
récords. La ciudad ocupa el segundo lugar en homicidios dolosos entre mil 800
municipios de México y el número de ejecuciones creció un 103 por ciento en
comparación con el trienio anterior. Los cárteles Jalisco, Arellano y de
Sinaloa pelean por el control del territorio, mientras el Grupo Coordinación
inició cuatro acciones que redujeron “levemente” la incidencia mortal en los
últimos dos meses; sin embargo, la noche del 19 de septiembre fue asesinada la
víctima número mil 782, lo que clasificó a 2018 como el año más violento en la
historia del municipio fronterizo y de Baja California
El cuerpo estaba envuelto en
una cobija café oscuro. Sobre ésta, otra manta, roja. Los pies, atados con un
cordón naranja, sobresalían en uno de los extremos de otra tela blanca que le
echaron encima. El hallazgo fue denunciado a las 8:30 pm sobre la Rampa
Flamingos en la colonia Herradura de la vigilada Delegación Sánchez Taboada.
Fue el ejecutado mil 782 en Tijuana.
Con ese asesinato, ocurrido
el 19 de septiembre, se superaron los mil 781 registrados durante 2017 en la
ciudad. Una cifra insólita que rebasa cualquiera que se haya presentado desde
2006, cuando se contabilizaron 314 muertos de manera violenta en el año.
El hombre asesinado y aún no
identificado, tendría entre 30 y 35 años de edad. Medía aproximadamente 1.65
metros y su complexión era regular. Vestía camisa azul a cuadros tipo polo,
pantalón de mezclilla, calcetines negros. Físicamente golpeado en cara, cabeza,
cuello. Un disparo en el abdomen.
De no identificarse el
cuerpo, será uno más de los cientos que terminan en la fosa común. Si
familiares acuden en su búsqueda, su caso podría encuadrarse en el 91 por
ciento que no son resueltos en Baja California.
La jornada homicida que dejó
la pugna interna del Cártel Arellano Félix (CAF) y el reingreso del Cártel de
Sinaloa padecidas en el sexenio de José Guadalupe Osuna Millán (2007-2013), que
resultó en el registro de 3 mil 038 homicidios en la ciudad fronteriza, ha sido
superada en el sexenio de Francisco Vega de Lamadrid. En cinco años se reconocen
5 mil 706 ejecuciones en Tijuana.
NO HAY AMENAZAS EN LA CORPORACIÓN: PGJE
Corrían los primeros 15
minutos del jueves 20 de septiembre, cuando cuatro hombres a bordo de una
camioneta arribaron a las instalaciones de la Unidad de Homicidios y la de
Búsqueda de Personas No Localizadas en Zona Río y dispararon en 21 ocasiones
contra el edificio.
Doce casquillos calibre .40 y
nueve calibre .223 utilizadas por el fusil AR-15 fueron recolectados por
agentes periciales. Daños en la infraestructura y algunos vidrios rotos, fue el
saldo del ataque que duró entre cinco y seis segundos.
Una fuente confió a ZETA que
a través de las cámaras de seguridad se pudo observar que alrededor de las
12:15 am, tres unidades, un sedán color blanco, una camioneta Ford Expedition
color guinda y una vagoneta tipo Aeroestar o Windstar color gris, pasaron frente
a las instalaciones.
Los dos primeros vehículos
siguieron su rumbo y dieron vuelta en la calle Diego Rivera, y frente al
edificio por la Vía Rápida Poniente, permaneció la vagoneta, de la cual descendieron dos hombres y otros
dos permanecieron dentro; los cuatro comenzaron a disparar contra el inmueble
por algunos segundos para luego huir por la misma Vía Rápida.
Tras la agresión, la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) emitió un comunicado
señalando que ya investiga el ataque, por lo que ya inició la carpeta de
investigación de los hechos para ubicar y dar con los responsables de la
ofensiva, en la que no hubo personas lesionadas, sólo daños materiales.
“Se trabaja con peritos
expertos y agentes ministeriales de campo para fortalecer la investigación, la
cual se recibe como una amenaza a la paz y tranquilidad de los tijuanenses, y
por el resultado del trabajo de la PGJE para combatir la criminalidad en el
Estado, y en Tijuana en particular”, refiere la información.
Por su parte, el subprocurador
de Zona Tijuana, Jorge Álvarez, descartó que en la Unidad de Homicidios hubiera
alguna amenaza.
Tratándose de
administraciones municipales, el resultado no es positivo para las autoridades
panistas. Durante el trienio de Jorge Astiazarán Orcí, se contabilizaron mil
891 asesinatos dolosos, mientras en la inacabada administración de Juan Manuel
Gastélum Buenrostro, ya van 3 mil 847 ejecuciones. El incremento ha sido del
103%.
“Hay partes de México que
están comenzando a parecer un estado fallido”, declaró en 2012 la ex secretaria
de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice. Seis años después, la frase
sigue vigente en Baja California, ante la pérdida del control territorial por
parte del Estado. Del monopolio del uso de la fuerza que tienen los criminales
ante la discapacidad de la autoridad
para combatir, frenar el avance y crecimiento económico de los cárteles de la
droga y neutralizar a los líderes de células, desde otros estados dirigen a
sangre y plomo en Baja California.
Francisco Rivas, presidente
del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), pronunció al respecto: “No hay mucha
novedad, no se ve un cambio de estrategia ni en la entidad, ni en la ciudad, ni
en el país, no se ve ningún esfuerzo por hacer algo nuevo. Dan muchas
explicaciones, unos dicen que se está descomponiendo porque entró Jalisco,
otros que el recrudecimiento de la violencia viene de los amarres de algunos
funcionarios con los delincuentes; pero lo que llama la atención es que el
alcalde -maravilloso- todo el tiempo que le preguntan de los muertos y la
inseguridad, no sabe, ‘no es el momento, ahorita no’, pero no ha habido una
respuesta clara de qué está pasando.
“Tampoco el gobernador
Francisco Vega sale a levantar la voz, a poner su capital político para que la
Federación sea copartícipe, y la Federación sigue con lo mismo, el supuesto
Operativo Titán, pero evidentemente no están teniendo resultados, porque mes
con mes se rompen récords”, subrayó.
EL PERFIL DE LAS EJECUCIONES
La muerte invadió calles,
cerros y laderas en nueve de las once delegaciones de Tijuana. En un desafío
mortal de los operadores de los cárteles de Sinaloa, CAF y Jalisco Nueva
Generación (CNJG) -de acuerdo a información de homicidas detenidos-, mandan
matar a vendedores y consumidores de droga en los cientos de puntos de venta de
narcóticos, sólo como “medida de terror” para obligar al resto de los
narcomenudistas a vender enervantes para su respectiva célula. Además, en
“tienditas”, también están volviendo “comunes” los ataques armados y en talleres
mecánicos relacionados con cruces de droga en dobles fondos.
El año 2017 tenía el mayor
registro de muertes dolosas y, aunque las estadísticas difieren, (Procuraduría
General de Justicia del Estado cerró con mil 749 ejecuciones, Secretaría de
Seguridad Pública del Estado con mil 871 asesinatos), cualquiera que sea la
cifra, fue superada en menos de nueve meses transcurridos de 2018.
Considerando los mil 749
ejecutados reportados por la procuraduría estatal en 2017, este año fueron
rebasados el viernes 14 de septiembre, mientras los mil 781 dela Secretaría de
Seguridad Pública del Estado (SSPE) fueron superados la noche del miércoles 18
de septiembre.
La vida no tiene precio, pero
en los cárteles de la droga, acabar con una les sale en nada. De acuerdo a
declaraciones de homicidas detenidos, “ Sinaloa paga 5 mil pesos, Jalisco 2 mil
pesos, pero a veces droga, a veces 500 pesos, a veces hay deudas y se cambian
por asesinatos”.
La “contratación” de asesinos
amateur ha dejado cientos de personas heridas. Los homicidas refieren que ante
los “errores”, ahora los líderes de célula “no pagan a menos que se muestre una
foto del muerto, y verifican que sea el que andaban buscando”.
La violencia en la región
está evidenciada también por los números del Secretariado Ejecutivo Nacional
publicados hasta julio de 2018. En los comparativos con otros mil 800
municipios, Tijuana es la segunda ciudad con más homicidios dolosos (en 2017
ocupó el lugar 17) y es el tercer lugar en homicidios por arma de fuego
(posición 9 en 2017).
Estas cifras, analizadas por
el ONC, muestran cómo de un promedio de 51 asesinatos al mes que se registraban
en Tijuana en 2015, cuando se admitió la presencia de los tres cárteles, la
cifra fue en ascenso y en 2018 el promedio es de 183 ejecuciones al mes;
mientras las autoridades continúan justificando la matanza con un “pleito por
las calles”.
Respecto a los autores
intelectuales y a veces materiales, policías y fiscalías, identifican a los
mandos medios de Sinaloa, Tijuana Nueva Generación (CTNG) y CAF. En cuanto a
los más activos, los nombres se repiten: Edgar Alejandro Herrera Pardo “El Cabo
8” (CJNG); Luis Arturo Jain Peña “El Arcángel”;
Iván Leonardo Peña Peralta “El Turbo” y Francisco Rabadán “El Aguacate”,
pero estos se mencionan sólo en las “declaraciones informales”. Ninguno de los
detenidos se atreve a hacer señalamientos oficiales en expedientes. Lo mismo sucede con los heridos, “no son
capaces de denunciar al narcomenudista que conocen y les acaba de disparar de
frente, menos a uno de los jefes, lo que hacen usualmente es vengarse”, comentó
un investigador.
DEJARON CRECER AL CJNG, EMPISTOLADOS LIBERADOS SIN
CONTROL
“De lo que hemos visto y nos
explican todas las corporaciones, el incremento -de muertos- se está teniendo desde que entra el CJNG por
la plaza que tenían controlada el Cártel de Sinaloa y los Arellano, eran dos y
desde entonces son tres en pugna”, expuso el presidente del Consejo Ciudadano
de Seguridad Pública de Baja California, Juan Manuel Hernández Niebla.
—Pero eso ya sucedía en 2015 ¿qué les dicen del motivo
de que el número de homicidios siga incrementando?
“La expansión de los
cárteles. Los dejaron crecer a todos, sobre todo al CJNG, se ha ido emancipando
y, en la medida que esto sucede, se recrudece la violencia.
“También el tema de las
armas. En 2015, el 58% de estos homicidios se cometían con arma de fuego, y
ahora es el 71%. Cuando son detenidas en posesión de arma, estas personas
quedan libres bajo proceso y les aplican alguna medida cautelar, el problema es
que en lo federal, la Unidad de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión
Condicional del Proceso (Umecas) en Baja California sólo cuenta con una
persona, que ni auto tiene para notificar y dar seguimiento a ese 68% de gente
liberada bajo caución -información que les proporcionó la autoridad-, que no
regresa cumplir las medidas cautelares
y, como no se acredita el incumplimiento, no se puede concretar la solicitud de
una prisión preventiva”, detalló el consejero.
“Además, el 60% de los
muertos no son de aquí, y de nuevo, por lo que nos han informado, entiendo un
recrudecimiento del pleito con gente de afuera. Los homicidios están muy
localizados en tres o cuatro delegaciones, en una gráfica que vimos con el
subprocurador (Jorge) Álvarez, van relacionados a las ‘tienditas’ -de droga-
y los muertos, la geolocalización de la
incidencia está relacionada. Y ahí es donde está aumentando la presencia de los
grupos coordinados para inhibir”, remató.
TAMBIÉN LA REORGANZACIÓN DE SINALOA
“Lo que se está viendo es que
Sinaloa agarra un poquito más de fuerza y como que se está reestructurando y se
están poniendo de acuerdo entre las celulitas que estaba cada quien cuidando su
colonia para hacer más fuerte y sacar a
Jalisco, que tampoco está dispuesto a perder la fuerza que tiene”, detalló un
investigador del Grupo Coordinación, y como ejemplo, refirió el regreso de la
violencia a la delegación Sánchez Taboada, primer espacio de control criminal
del CJNG.
“En las entrevistas
informales -los homicidas y narcomenudistas detenidos- , ellos manifiestan que
no saben cómo salirse de ahí -del grupo criminal-, que hay mucha presión, y
saben que están a días de morirse y ya no saben cómo zafarse. Es muy común que
lleguen y les den uno de esos telefonitos baratos y lo tienen que contestar,
porque si no contestan, van por ellos, los sacan de sus casas, los agarran a
tablazos y tienen que seguir trabajando,
y es un terror”, manifestó.
LA AUSENCIA DE CABECILLAS
Jorge Álvarez, subprocurador
de Zona Tijuana, atribuye el recrudecimiento de la violencia a la ausencia de
los líderes de las células en la entidad, “no hay cabeza y menos control sobre
el tema, su lucha por permanecer es en base al miedo y terror que puedan
infundir entre ellos mismos. Hoy trabajan para uno, vienen, lo espantan y
venden para el otro bando, si no entienden, les disparan, los amarran, los
matan y, al día siguiente, ponen a otro.
“Y es la misma lucha, aunque
a un nivel muy bajo, por ese mercado cautivo en el vicioso de colonia, son
peleas por calles, puntos de venta, de colonias sin ningún sentido, porque si
lo estuvieran viendo como negocio, no es congruente lo que hacen”, agregó al
funcionario.
“Siempre se ha tenido la
apreciación de que la droga significa poder y riqueza, pero si ves el perfil de
los muertos, no son ni ricos, ni poderosos”.
— ¿Cómo combatirán a los mandos medios, a los que
ordenan las muertes?
“Tenemos que buscar la forma,
utilizar el tema de la asociación delictuosa, que es la reforma que tuvimos
hace unos meses. Y tratar de buscar el testigo colaborador, pero es el tema más
complejo, sobre todo en el perfil de los homicidas”.
NO HAY AMENAZAS EN LA CORPORACIÓN: PGJE
Corrían los primeros 15
minutos del jueves 20 de septiembre, cuando cuatro hombres a bordo de una
camioneta arribaron a las instalaciones de la Unidad de Homicidios y la de
Búsqueda de Personas No Localizadas en Zona Río y dispararon en 21 ocasiones
contra el edificio.
Doce casquillos calibre .40 y
nueve calibre .223 utilizadas por el fusil AR-15 fueron recolectados por
agentes periciales. Daños en la infraestructura y algunos vidrios rotos, fue el
saldo del ataque que duró entre cinco y seis segundos.
Una fuente confió a ZETA que
a través de las cámaras de seguridad se pudo observar que alrededor de las
12:15 am, tres unidades, un sedán color blanco, una camioneta Ford Expedition
color guinda y una vagoneta tipo Aeroestar o Windstar color gris, pasaron
frente a las instalaciones.
Los dos primeros vehículos
siguieron su rumbo y dieron vuelta en la calle Diego Rivera, y frente al
edificio por la Vía Rápida Poniente, permaneció la vagoneta, de la cual descendieron dos hombres y otros
dos permanecieron dentro; los cuatro comenzaron a disparar contra el inmueble
por algunos segundos para luego huir por la misma Vía Rápida.
Tras la agresión, la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) emitió un comunicado
señalando que ya investiga el ataque, por lo que ya inició la carpeta de
investigación de los hechos para ubicar y dar con los responsables de la
ofensiva, en la que no hubo personas lesionadas, sólo daños materiales.
“Se trabaja con peritos
expertos y agentes ministeriales de campo para fortalecer la investigación, la
cual se recibe como una amenaza a la paz y tranquilidad de los tijuanenses, y
por el resultado del trabajo de la PGJE para combatir la criminalidad en el
Estado, y en Tijuana en particular”, refiere la información.
Por su parte, el
subprocurador de Zona Tijuana, Jorge Álvarez, descartó que en la Unidad de
Homicidios hubiera alguna amenaza.
99 DETENIDOS EN FLAGRANCIA Y 182 ÓRDENES DE
APREHENSIÓN
Entre el 1 de enero y el 17
de septiembre de 2018, con más de mil 781 víctimas de homicidio, la Policía Municipal
ha detenido y la Procuraduría General del Estado (PGJE) consignado, a 94
presuntos homicidas en flagrancia: 91 han sido hombres, una mujer y dos menores
de edad. Además, la fiscalía ha obtenido 182 órdenes de aprehensión a partir de
investigaciones del Grupo Homicidios, pendientes de ejecutar.
Desde el Grupo Coordinación
se implementaron cuatro acciones en 2018:
Traslado del área de
Homicidios a la Subprocuraduría de Zona, lo cual sucedió en abril. Durante mayo
se dio el período de reajuste y la designación de nuevo coordinador. A partir
de junio empezaron a trabajar sólo como agencia investigadora, las detenciones
y consignaciones pasaron a otra unidad de la zona. De enero a abril, previo al
cambio, Homicidios estuvo judicializando un promedio de 10 carpetas con 15
órdenes de aprehensión por mes. Una vez liberada, sólo como área de
Investigación, entre junio y agosto, duplicaron el trabajo y judicializaron un
promedio de 20 carpetas con 27 órdenes de aprehensión por mes.
Operativo coordinado para inhibir
homicidios y capturar sicarios, iniciado el 9 de agosto. Ejército y Marina
apoyaron patrullaje en zona de mayor conflicto, se concentraron Cerro Colorado,
Presa y Presa Rural, el “efecto cucaracha” provocó que los homicidios se
recrudecieran en otras cuatro delegaciones que no tenían el operativo de
sobrevigilancia.
Con la llegada de 130
elementos de Gendarmería y apoyo de la Policía Federal, se reforzó el
operativo, extendieron la sobrevigilancia a las otras zonas afectadas como el
Centro de la ciudad y las delegaciones Sánchez Taboada, Los Pinos y San Antonio
de los Buenos.
Los grupos trabajan con una
lista de 50 objetivos prioritarios, son matones ligados a alguna de las células
delictivas, con orden de aprehensión en su contra por homicidio. Un mes
después, de este listado, ocho sicarios han sido detenidos.
Traslado de narcomenudeo a
Subprocuraduría de Zona Tijuana y acuerdo con Poder Judicial, a partir del 13
de septiembre, en esa fecha el área de combate a la venta de droga al menudeo
contaba con 302 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.
En ese punto, además de
realizar un mapeo para cruzar la información de narcomenudeo, con lesiones y
homicidios, van “cerrar pinza” con estrategia jurídica.
“Un narcomenudista menos en
la calle, es un muerto menos, o una persona menos matando”, dijo el
subprocurador Álvarez.
Antes de explicar que le
corresponderá aplicar un cambio a la forma de trabajo que tenía narcomenudeo
con el Poder Judicial, quienes por la carga que representan estos detenidos habían
acordado que por procedimiento al ser capturados fueran liberados por la PGJE
en 48 horas, para después citarlos a la audiencia de imputación e imposición de
medidas cautelares, la mayoría de las veces, no cumplían, sin tener
consecuencias.
Ahora van a trabajar
flagrancia con reincidencia, en lugar de citación. Los jueces convinieron con
el Ministerio Público, consignar con detenido. “Vamos a revisar los más de 300
expedientes y las nuevas capturas para separar vendedores de consumidores, vamos
a mandar calidad, no cantidad. La idea es mandar a los narcomenudistas
detenidos en flagrancia que tengan dos o tres capturas previas, para justificar
la solicitud de prisión preventiva, y que vayan directo a la cárcel”, explicó
Álvarez.
Esta semana se dio el primer
resultado de este nuevo acuerdo.
La incidencia de homicidio
que se mantuvo en ascenso constante de febrero a julio, fue levemente contenida
en los últimos dos meses. Bajó de 252 muertes violentas en julio a 210 en
agosto. Y esperan otra pequeña reducción en septiembre, “las proyecciones son
que el mes podría cerrar con 200 muertes violentas, de todos los meses, ya tuve
por fin una baja, aunque eran muchos, pero bueno, ¿por qué digo yo que sí tuvo
que ver el tema del operativo? Porque donde pegamos era donde había más
homicidios y fue donde me bajaron: Presa, Presa Rural, Cerro Colorado; hubo la
baja sustancial el mes pasado, pero se nos empezaron a despuntar otras áreas,
por eso ahora el operativo se amplió”, concluyó el subprocurador de Zona
Tijuana.
(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ EDICIÓN IMPRESA / ROSARIO
MOSSO CASTRO /LUNES, 24 SEPTIEMBRE, 2018 01:00 PM)
