lunes, 7 de enero de 2013

PRUEBAS EXHIBEN A ÁNGEL MORALES

Post-Feature-PRUEBAS-EXHIBEN-A-ANGEL-MORALES

Niegan intervención en invasión de “La Ballena”

 Morales Mayorga negó ser operador del gobierno sudcaliforniano y se deslindó de la venta ilícita de los terrenos de la invasión de “La Ballena”. Denuncias de personas que se manifestaron afectadas por las labores de este sujeto lo contradicen y acusan. Entregaron a ZETA una grabación donde el hombre se auto incrimina
Gerardo Zúñiga Pacheco
El presidente del consejo directivo de “La Ballena Unidos por una Misma Causa, A.C”, Ángel Morales Mayorga, rechazó operara con gobierno del estado de Baja California Sur, y particularmente del representante y sobrino del gobernador, Sergio García Covarrubias, también negó cualquier participación en venta irregular de predios en la invasión de “La Ballena”, ubicada en  la colonia San José Viejo de la ciudad de San José del Cabo, Baja California Sur.

En una misiva enviada a ZETA el pasado 29 de diciembre, textualmente expuso: “Nos parece una ofensa y de mal gusto el reportaje, donde se hace mención de un servidor, como operador del gobierno estatal, y donde sería importante que se dieran a la tarea primero de investigar para que demuestren su profesionalismo y ética ya que existen elementos que no están tomando en cuenta para poder emitir un comentario sobre la problemática de la colonia”.

Lo anterior producto de la nota “La Ballena: del PRD al PAN”, publicada en la sección de Zoom Político en la edición 2015 del 10 al 17 de noviembre del 2012, y donde se expuso que el líder de la agrupación está interviniendo en representación del gobierno estatal y está induciendo a los colonos de la invasión para que no paguen una renta mensual de 500 pesos impuesta por el “Ejido San José del Cabo”, propietario legítimo del predio, y en contraparte, ofrece venta de predios y pies de casa dentro del inmueble ejidal.

En su carta, el líder Ángel Morales Mayorga, expuso que “somos una colonia que está luchando por obtener un patrimonio de manera legal, lo cual se está logrando gracias a la buena disposición del gobierno del estado y particularmente del gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor”.

“Su intervención es y ha sido para beneficiar a las familias que habitamos el predio, y las cuales en su mayoría –describió— son vulnerables, y por lo tanto, dijo que el gobierno del estado está interviniendo no importando la condición legal del terreno, siempre pensando en la gente y dejando a un lado la inoperancia, ya que ninguna autoridad se había acercado a los colonos”, dijo.

El líder consideró “una falta de respeto publicar una nota sin antes realizar la investigación correspondiente y sin pruebas, por lo que pidió una disculpa pública a nuestra gente porque sentimos que ofende nuestro intelecto porque –consideró— la información es tendenciosa”.

Sin embargo, la información publicada fue producto de una serie de denuncias de parte de colonos y donde expusieron el negocio ilícito de quien se presenta como pastor evangélico y presidente de la agrupación “La Ballena Unidos por una Misma Causa, AC”, quien en una grabación telefónica en manos de ZETA, dijo se concretó “gracias a Dios y al Gobernador”.

El líder Ángel Morales Mayorga –en la grabación— reconoce presionar a los colonos de la invasión de “La Ballena” y estar favoreciendo a aquellos que estén dispuestos a pagar por los terrenos invadidos.

Particularmente –habló del caso de una persona— que fue a visitar porque ocupaba un predio supuestamente de forma irregular y no quería “pagar”, por lo que tuvo que ir a visitarla junto con un “cliente” interesado para quedarse con ese predio, solo que la operación no se concreto.

“¿Pero dicen que están haciendo muchas transas?”, le cuestionan en la grabación.

“Bueno de mí han dicho muchas cosas, pero hay cosas que la gente inventa, ¿sí me explico? Porque no soy un santo, la persona que ocupa ese terreno está dispuesta a salirse”.

“¿Pero 20 mil pesos por ese terreno es mucho?”, reitera el interlocutor.

“Bueno yo no dije que 20 mil pesos por ese terreno, yo dije que con 20 mil pesos te puedo conseguir un buen terreno. Yo dije si ustedes compraban un terreno más grande, agarren ése y yo me aviento el tiro con Don Ángel (Salvador Ceseña Burgoin)”, expuso el líder señalado.

La conversación telefónica dada a ZETA por los afectados, expone cómo Ángel Morales Mayorga está participando en la venta fraudulenta de terrenos en la invasión de “La Ballena”, porque el predio no es de su propiedad, sino del Ejido San José del Cabo, y según una entrevista con el presidente del ejido, Ángel Salvador Ceseña, “ahorita no estamos vendiendo terrenos en la zona, únicamente estamos cobrando una renta mensual de 500 pesos para aquellos que quieran entrar en un proceso de regularización, ya que el predio próximamente va a ser restituido al ejido, después de haber ganado el juicio tras la invasión de César Uzcanga y su grupo”.

En la grabación, el presidente de la agrupación comenta contar con “el aval del secretario general de gobierno, Armando Martínez Vega”, lo que pone en evidencia el tráfico de influencias para obtener cuotas por la venta ilegal de terrenos en “La Ballena”, situación contradictoria a la carta enviada, y donde el gobierno panista parece estar incurriendo en prácticas que tanto criticaron de los perredistas.

“La Ballena Unidos por Una Misma Causa, A.C.”, se conformó presuntamente para ayudar en la regularización de la tierra y defender a los colonos de los abusos de los líderes de la invasión planeada por el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño y su compadre César Uzcanga Amador.

Sin embargo, y como denunciaron los colonos a ZETA, hoy se opone a que el ejido San José, propietario de los terrenos, cobre una cuota de arrendamiento de 500 pesos por lote, en lo que se inicia con la regularización de esa tierra, una vez que se concluya con el proceso de la desincorporación de la tierra ejidal, el cual puede durar más de cinco meses.

Contradictoriamente, ofrece terrenos en venta y hasta pies de casa y todo a nombre del gobierno estatal, lo que deja muy mal parado al gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor.

EBRIO Y EN CARRO OFICIAL

Post-Feature-Ebrio-y-en-carro-oficial
El Subprocurador de los Derechos Humanos en Ensenada, Arturo Ruiz Contreras, habló primero con la prensa que con su jefe Arnulfo de León Lavenant. 

Confirmó lo ocurrido la madrugada del 1 de enero de 2013: que conducía por las calles de la ciudad, en estado de ebriedad y en un vehículo oficial. 

Aceptando su error y disculpándose con su familia y compañeros de trabajo, el funcionario, quien fuera anteriormente asesor de la diputada Claudia Agatón, del Partido del Trabajo, aseguró que enfrentará las consecuencias de su actuar. 

Y todo por no haber pedido un taxi saliendo de la fiesta de año nuevo que compartía con el regidor del PT Armando Reyes Ledesma. 

Dijo que se sentía bien para manejar con 6 copas de vino encima, lo que regularmente equivale a una botella completa.

La detención de Ruiz Contreras se dio por una denuncia ciudadana al 066 cuando una persona lo vio zigzaguear, aunque también y como lo dijo él mismo, colaboraron los tremendos baches que hay en las calles de Ensenada. Ahora sí que ni para dónde hacerse.

LA REBATINGA POR EL DINERO EN EL CONGRESO DE BAJA CALIFORNIA

Post-Feature-LA-REBATINGA-POR-EL-DINERO

El presupuesto, moneda de cambio
El jaloneo por el presupuesto entre la fracción priista del Congreso y el Gobierno del Estado llegó a los últimos momentos del 2012 y apenas horas antes de su conclusión surgió el acuerdo que destrabó la discusión en cuanto a la distribución del dinero público para el año electoral 2013
Sergio Haro Cordero
La discusión por el presupuesto 2013 para Baja California se convirtió en una verdadera rebatinga donde se impuso la mayoría priista del Congreso del Estado: Impidió el aumento a las tarjetas de circulación vehicular y las tarifas de agua pretendidas por el gobierno estatal, pero a la vez aprobó al Ejecutivo la tramitación de un crédito por cerca de 850 millones de pesos para solventar el déficit.

En una evidente estrategia, en la misma sesión, efectuada la tarde-noche del lunes 31 de diciembre, el Congreso local aprobó las cuentas públicas del Gobierno del Estado del año anterior, las correspondientes al ejercicio fiscal 2011.

De paso el Poder legislativo –dominado ahora por priistas– votó a favor de una nueva auto ampliación presupuestal para el Congreso por 50 millones de pesos que se suma a otros 50 aprobados hace tres meses. Con esta ampliación el Congreso del Estado finalizó el 2012 con un presupuesto ejercido de 625 millones de pesos contra 411 del año anterior y 370 del 2010.

Además se aprobó un presupuesto de 814 millones de pesos de los cuales 153 corresponde al Órgano de Fiscalización Superior y los otros 661 millones al Congreso del Estado. Eso significa que el Poder legislativo aumentó su presupuesto para el 2013 –comparado con el aprobado el año anterior– en un 27 por ciento.

Por lo pronto para el 2013, año electoral, fue aprobado para Baja California una Ley de Ingresos de 36 mil 942 millones 454 mil 167 pesos y un Presupuesto de Egresos de 37 mil 110 millones 054 mil 176 pesos, lo que significa de entrada un déficit de 167 millones de pesos.

Presupuesto alterno, para presionar
Lo que no pasó ni con el presupuesto del 2011 ni el del 2012, pese al encontronazo que significó la llegada de la mayoría priista al Congreso del Estado, para el 2013, la eliminación del cobro de la tenencia vehicular, las cuotas escolares, la modificación en cuanto al apoyo a los municipios fueron discusiones que no encontraron consenso, y la mayoría tricolor y el gobierno panista llevaron las mutuas presiones hasta las últimas horas del año 2012.

El lunes 31 de diciembre, pese a las fiestas y a la espera del año nuevo, en el Congreso del estado y el gobierno también estatal se vivió una inusitada efervescencia, aunque para ambos edificios oficialmente había vacaciones.

Por un lado, una comisión de diputados dialogaba con personal del Gobierno del Estado para discutir el presupuesto y sus modificaciones, en otra área del Congreso se trabajaba en la elaboración de un presupuesto alterno, donde al Ejecutivo le “rasuraban” toda una serie de partidas.

Hasta el mediodía de ese lunes 31 no había acuerdos, y conforme a la Ley, de llegar el nuevo año en esa misma situación automáticamente el presupuesto a ejercer sería idéntico al del 2012. Otra posibilidad era que la mayoría priista votara el presupuesto sin llegar a ningún acuerdo, por lo que el Ejecutivo contaba con la oportunidad del veto y regresarlo al congreso con observaciones para ser votado nuevamente, pero en ese caso se requerían menos de 17 votos a favor.

Mientras, personal de administración del Congreso, junto con gente del Órgano de Fiscalización Superior, secretarios técnicos, diputados, asesores seguían en conclave elaborando una propuesta completamente alterna a la presentada el 1 de diciembre por el Gobierno del Estado. “En la Comisión de Hacienda estamos preparándonos por si el coordinador de nosotros, Julio Felipe García le solicita a la comisión que consideremos lo que le llaman reconducción presupuestal”, expuso la presidenta de la Comisión de Hacienda, Rosana Soto el mediodía del lunes 31, en un ínter de la reunión con un vasto equipo.

“Se trata de que nosotros hagamos ajustes a las partidas de las diferentes secretarías que hemos estado estudiando, observando que hay gastos innecesarios”, dijo la legisladora priista por Tijuana. El otro escenario –hasta ese momento– es que pudieran llegar a un acuerdo con el Ejecutivo.

Originalmente el Ejecutivo había presentado un presupuesto deficitario en cerca de 824 millones de pesos y se incluía aumento de 21 por ciento a la tarjeta de circulación y al precio del agua –y servicios aledaños– en cerca del 9 por ciento. Tan solo esos montos significaban cerca de 185 millones de pesos.

La propuesta priista –ya anunciada con anterioridad— era de no aumentar ni el agua, ni la tarjeta de circulación. Pero en la parte del egreso, la fracción del PRI y su equipo ya habían hecho un “rasurado” de cerca de 185 millones de pesos, sobre todo en el llamado grupo 500 mil, que tiene que ver con adquisición de bienes muebles e inmuebles. Para eso se hizo un análisis de lo que en ese grupo habían gastado en los últimos dos años, llegando a la cifra de 2 mil millones de pesos.

A la oficina del Gobernador ya se le habían quitado cerca de 15 millones de pesos destinados a autos e inmuebles, otra parte a la Secretaría General de Gobierno, 7 millones a Planeación y Finanzas, Contraloría 900 mil pesos, 3 millones a SIDUE (Secretaría de Infraestructura de Desarrollo Urbano del Estado) entre otros.

Otro rubro “rasurado” había sido la contratación de nuevos asesores, lo que significaba un gasto de 33 millones de pesos.
Contra reloj
Pero alrededor de las cuatro de la tarde, el panorama se aclaró en función de una serie de acuerdos entre los priistas representando al Congreso del Estado y comisionados del Ejecutivo. El dato final de la Ley de Ingresos quedó en los 36 mil 942 millones 454 mil 167 pesos y el Presupuesto de Egresos en 37 mil 110 millones 054 mil 176 pesos.

La legisladora Rosana Soto explicó que se hicieron modificaciones al egreso, incrementándose el presupuesto a Fomento Agropecuario y a la Secretaría de Desarrollo Social –para incluir proyectos planteados desde el Congreso–, mientras que los llamados órganos autónomos quedaron tal cual lo planteó el Ejecutivo (que no era la pretensión inicial de cada uno de los organismos).

Soto Agüero explicó que se había acrecentado el egreso debido a las propuestas que se hicieron, igual aumentó el ingreso pero se excluyó el incremento a la tarjeta de circulación y en cuanto a los servicios de las paraestatales del agua se acordó un incremento de 3 por ciento, contra el 9.23 solicitado originalmente.

A la par se autorizó al Gobierno del Estado para obtener un financiamiento por 850 millones de pesos que presuntamente le serviría para cubrir el déficit.

“Prevaleció el proyecto de común acuerdo entre el Ejecutivo y el Poder legislativo, donde se contemplaron las propuestas de los diputados que son la pavimentación de calles en colonias populares, apoyos para el sector agropecuario, casas hogar, discapacitados”, expuso la diputada priista, recalcando que en la parte del ingreso quedo eliminado el aumento en el cobro por control vehicular.

“Considero que el Poder Ejecutivo no se quiso esforzar en una mejor distribución de los recursos”, expuso la legisladora a la manera de balance.

Por su parte el coordinador de la bancada azul Rubén Alanís se dijo satisfecho por los acuerdos logrados. 

“Desde un inicio la discusión fue que había que tener una visión social de este presupuesto, evitar al máximo que hubiera aumentos que afectaran el bolsillo de las familias en el Estado, ésa fue la constante”, quien recalcó la importancia del aumento en la cobertura de desarrollo social, las becas educativas, la reducción en las inscripciones para preparatoria y el aumento en la cobertura de pensión para adultos mayores. 

“Lo que pasa es que toda salida de lana tiene que venir de alguna parte”, dijo Alanís ante la pregunta sobre si aprobar la línea de crédito significaba una moneda de cambio.

También señaló que las medidas se reducen –ante la necesidad de recursos– a quitar a la parte de los programas, aumentar impuestos o en su caso endeudarse. “Honestamente creo que ganamos todos”, concluyó el panista.

Al finalizar la sesión –ya cerca de las siete de la tarde del 31 de diciembre– el líder de la bancada priista, Julio Felipe García consideró que se había validado la mejor opción al no aumentar cobros y abrir una línea de crédito. “Es la lucha que mantuvimos desde un principio y finalmente salió positivo, eso nos da un margen de que el ciudadano esté respirando solo en el porcentaje de la inflación que se dio”, dijo el líder priista en alusión al resultado final.

En cuanto al crédito expuso que se trataba de una solución viable que no grava y que fue un elemento que mejoró la negociación. “Ejercimos nuestro derecho hasta el último día que se podía hacer, fuimos respetuosos y ellos de nosotros, en un marco de cordialidad acordamos que ese presupuesto fuera acorde a las necesidades del estado”.

Lo demás fueron abrazos y “buenos deseos” para este 2013, año en que se elegirá gobernador, alcaldes y la renovación en todo el Congreso.

EL CALVARIO EN LOS MINISTERIOS PÚBLICOS

Post-Feature-El-calvario-en-los-Ministerios-Publicos

En la Unidad Receptora niegan recibir denuncias contra funcionarios del MP
El mal servicio, la falta de una legislación adecuada, las actitudes burocráticas de los Agentes del Ministerio Público y demás personal, hacen que el denunciante, quejoso, víctima o señalado, se desespere y termine por no denunciar, ni el delito ni a los malos funcionarios. La Visitaduría General solo sanciona administrativamente; penalmente no persiguen a abusivos en el MP
Inés García Ramos
Encontrarse en el Ministerio Público por haber cometido algún delito, estar involucrado en un accidente de tránsito o incluso para levantar una denuncia, es una situación no placentera para quienes se encuentran en una de estas situaciones con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

“Son trámites lentos, mucho papeleo, muchos requisitos, te sientes abrumado por los funcionarios que no siempre están en la mejor disposición para realizar su trabajo”, comenta un hombre quien acudió a la agencia para levantar una denuncia por robo de vehículo.

Para el abogado Jorge Cristiani, el proceso de devolución del vehículo de su cliente, le confirmó lo repetido por sus colegas: “cualquier problema en el Ministerio Público es un calvario y no es justo que la Procuraduría siendo una institución de buena fe no actúe como tal”.

Luego que su cliente estuvo involucrado en un accidente automovilístico, el vehículo fue retenido hasta que comprobara la propiedad: documentos traducidos y apostillados fueron presentados, luego el número de serie fue analizado para corroborar que no se tratase de una unidad robada. El procedimiento de devolución se siguió de forma correcta, pero en un plazo mayor a tres días.

“Los agentes actúan cuando se les viene en gana y eso atenta en contra de los derechos humanos de la persona afectada, en este caso, el delito no se dio de manera culposa y cuando le exigí al agente que me devolviera el vehículo porque no existían motivos para retenerlo, se negó a darme mayor información”.

Entonces el abogado acudió a la Agencia Receptora General para levantar una denuncia por abuso de autoridad debido a la negativa de la servidora de justificar sus actos, sin embargo, su denuncia no fue recibida.

Un caso más. Leonor Pérez acudió a denunciar el delito de agresión, las heridas en su rostro y cuerpo aún visibles cuando estaba frente al agente del Ministerio Público que tomaba su declaración.

“Sentí que no me estaba prestando atención, estaba platicando con sus compañeros y tomaba con ligereza mi caso. Le pedí su nombre, no me respondió, tomé una pluma del escritorio y anoté lo que alcancé a leer de su gafete, me arrebató la pluma y me dijo que no tenía permitido hacer eso”, recuerda.

Luego de una fuerte discusión con el agente, una trabajadora intervino y la condujo hasta su escritorio, donde la atendió. “Yo tenía en mente levantar una queja, una denuncia por el comportamiento de ese agente, pero ya no tuve oportunidad de solicitar sus datos”.

“Es impotencia, un sentimiento terrible, estás ahí porque fuiste víctima de una injusticia y te enfrentas a lo mismo”, relata la afectada.

¿Queja o denuncia?
La Visitaduría General es el órgano de control interno de la PGJE y entre sus facultades se encuentra recibir quejas y denuncias contra servidores públicos e imponer sanciones desde una amonestación hasta un cese, así como ejercitar acción penal por la comisión de delitos.

El visitador general de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Joel Dueñes justifica por qué el Ministerio Público no recibe denuncias contra sus funcionarios: “para eso tenemos por separado la oficina de Asuntos Internos, puede resultar incómodo para el denunciante, pero debe acudir personalmente para ratificar su queja o denuncia”.

El funcionario abunda, tal situación podría prestarse para que el agente cometiera alguna irregularidad; de la separación de las oficinas de la Visitaduría de las de las agencias, comenta “es para garantizar la neutralidad en el proceso”.

Pero el licenciado Jorge Cristiani considera esta acción “una medida anticonstitucional, puesto que la función de la agencia general es recibir la denuncia y remitirla al área correspondiente”.

La atención no inmediata derivó en una serie de contrariedades, a decir del afectado, que no le permitieron continuar con su intención. La denuncia no fue presentada y el indebido actuar de la servidora tampoco quedó registrado.

Aún así, el visitador defiende el modo en que se conduce el proceso: “sería absurdo que quien reciba la queja sea un amigo, compañero o incluso el mismo funcionario que cometió la falta.”

El abogado afectado destaca la insistencia de los funcionarios por convertir las denuncias penales en quejas administrativas. “Cuando acudí a la oficina de Asuntos Internos para levantar la denuncia, me decían que la queja sería aceptada, pero yo los corregía, quería una denuncia penal, no una queja administrativa”.

A decir suyo, este método permite a la PGJE proteger a sus funcionarios, en lugar de tener agentes indiciados, simplemente son sancionados administrativamente, muchos continúan sin sanción en sus puestos hasta que el proceso de investigación concluye.

La abogada penalista Isabel Herrera confirmó que tanto la denuncia penal como la queja administrativa pueden ser interpuestas simultáneamente, si así lo expresa el ciudadano denunciante. “Desafortunadamente, el desconocimiento de los afectados y la falta de voluntad de la autoridad hacen que la gente se confunda y no exijan más de lo que les ofrecen”, explicó.

A decir de la especialista, tanto la desinformación como la percepción de que la autoridad no actúa en estos casos provocan que la ciudadanía no se acerque a denunciar. La razón por la que más policías ministeriales son denunciados en comparación con agentes es porque “la gente siempre busca sancionar al policía, al agresor inmediato, no a quien los recibe ya en la agencia”.

Agentes ministeriales: la mala cara de la PGJE
“Los agentes son la cara de la PGJE, deshumanizados hacia familiares de detenidos, tratan por igual a un asaltante u homicida que a un conductor en estado de ebriedad”, comenta el licenciado Cristiani.

Lo que él califica como un “vicio en la forma de comportarse”, es el recurrente trato que reciben no solo los detenidos y procesados por la PGJE, también quienes acuden a levantar denuncias.

Norma Aguirre es una de las muchas personas en la sala de espera de la agencia de la PGJE en la zona Río, a su lado está sentada su sobrina Ivonne de 14 años, con un collarín y heridas en los brazos, se repone luego de ser atropellada por un taxista.

El chofer fue liberado sin pagar la indemnización ni haber obtenido el perdón, las 48 horas de detención no fueron respetadas. Durante horas han solicitado una copia de la averiguación previa para constatar cómo se realizó el proceso. Tras decenas de “espere su turno, en un momento la atendemos”, recibe como respuesta final: el expediente se perdió entre la pila de documentos del agente.

“Puede regresar en la tarde o mañana, a ver si ya lo encontramos”, le responde el joven agente, no termina la frase cuando ya se dio media vuelta para regresar a su oficina. Así, Norma y su sobrina regresan en taxi hasta su casa en Los Pinos.

El asunto termina ahí, tanto la menor afectada como su tía están cansadas después de más de 24 horas desde el accidente, luego de inútiles horas de espera en la agencia, prefieren ir a casa, sin levantar queja o denuncia.

Joel Dueñes, visitador general, insiste “no contamos con el personal ni con el espacio suficiente para tener a un representante en cada agencia, las denuncias no son frecuentes, así que no resulta económicamente viable ni lógico”.

El funcionario reconoce la falta de información en estos sitios para que los afectados denuncien las situaciones “entre remodelaciones y otras circunstancias, no es posible mantener carteles o letreros, pero la recomendación existe para que la persona denuncie con nosotros”.

Otra vía es la denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos y Participación Ciudadana. De enero a noviembre de 2012, el organismo ha recibido 41 quejas hacia la PGJE, de éstas 31 se concentran en Tijuana.

Entre los derechos humanos violados por esta autoridad, destacan el derecho a la vida y a la integridad personal, otros derechos como a la propiedad y posesión; legalidad y seguridad jurídica; privacidad; y libertad, se registraron en menor medida.

Entre las recomendaciones emitidas por la PDH en este año cinco fueron dirigidas a la PGJE. Los motivos van desde la irregular integración en la averiguación previa hasta tortura, lesiones, detención arbitraria, retención ilegal y falsa acusación.

Otros derechos humanos violados incluyen el derecho a la vida e integración personal en la modalidad de desaparición forzada, así como la legalidad y seguridad jurídica en la integración irregular de la averiguación previa y dilación en la procuración de justicia.

Sobre esta última, el abogado penalista Ramón Flores explica “los procesos son lentos porque hay una gran falta de personal”. Esta problemática se agravó con la instauración del Sistema de Justicia Alternativa, según la opinión del abogado.

“Cuando se conformó esa área, muchos agentes fueron removidos del Ministerio Público y ahora ahí están faltos de personal para integrar las averiguaciones previas. Hemos recibido quejas de personas atendidas en Justicia Alternativa cuyas declaraciones son tomadas en tres o cuatro renglones, en un intento porque el asunto termine ahí y ellos puedan llevar sus estadísticas de prevención de denuncias”.

Si el caso no es resuelto ahí, entonces los ofendidos y ofensores son citados nuevamente a declarar ante el agente del Ministerio Público, “la gente termina confundida y con la sensación de que no fueron auxiliados”, explica el abogado.

Sobre la permanencia de algunos policías y agentes aún con procesos abiertos en Visitaduría explica “hay casos en que los denunciantes resultan inocentes y entonces cobran indemnización, por ello”.

Agentes removidos por conexión con la delincuencia organizada
La oficina de Visitaduría General de la PGJE mantiene 62 expedientes abiertos por la falta administrativa de abuso o ejercicio indebido del cargo, empleo o comisión, conocido comúnmente como abuso de autoridad. De éstos 43 pertenecen a Tijuana, 13 más a Mexicali, mientras que en Ensenada son seis.

El plazo para emitir resolución es de dos años, por lo que los policías y agentes ministeriales denunciados  en 2012 podrían concluir su proceso en 2014. Si bien la Visitaduría solamente integra la investigación, la determinación de la sanción de los funcionarios es tarea de la Comisión de Carácter Judicial. Dicho órgano está integrado por el Procurador, agentes de la policía como vocales y secretarios. En 2012, la Visitaduría ha solicitado diez remociones de personal, cinco fueron separados de sus funciones.

De acuerdo al visitador, este año han disminuido las solicitudes de remoción, puesto que gran parte de la depuración de la corporación ya se realizó. Explica que varios agentes ya fueron removidos, por la gravedad del delito denunciado, en específico, aquellos involucrados con la de delincuencia organizada, casos denunciados el año pasado.

El órgano dirigido por Joel Dueñes se remite a este tipo de casos, policías denunciados por compañeros, por delincuentes o detenidos en flagrancia, los que atraen la atención de los medios por los vínculos y nexos entre elementos de una corporación cuyo propósito es combatirlos.

Sin embargo quedan en una larga lista, no registrada por la dependencia, aquellos agentes que diariamente ofrecen un trato prepotente, sin la sensibilidad o criterio necesario para agilizar procesos que atrasan y complican las propias funciones de la PGJE.
El visitador concluye “independientemente de las muchas quejas que no proceden, la única forma de poder asegurarnos que no exista un abuso real por parte de los agentes es que la gente no denuncie”.

El problema persiste, los métodos de denuncia no son los más fáciles o accesibles para la mayoría de la comunidad. Aunado al desconocimiento de las medidas que pueden tomar o por la falta de confianza en las autoridades, el ciudadano común, víctima de estos tratos, rara vez se acerca a señalar a los servidores por medio de una denuncia penal o, queja administrativa, como es recomendado por los propios funcionarios.

DROGAS Y VIOLENCIA EN ESCUELAS DE BAJA CALIFORNIA

Post-Feature-Drogas-y-violencia-en-escuelas

Alumnos graban riñas en celulares y las presumen en YouTube
Estadísticas publicadas por la SEP en 2012, arrojan que el 8 por ciento de los jóvenes bajacalifornianos entre 14 y 17 años de edad, han consumido drogas ilegales dentro de sus planteles escolares. Alcohol, marihuana e inhalables encabezan la lista. “Sí nos llama la atención, porque estas situaciones se daban al exterior, y sí nos preocupa un poco porque sea al interior”, dijo a ZETA el Comandante Luis Alberto Tolosa Espinoza
Ricardo Meza Godoy
Igual que como se ha reportado en el caso de los colegios de Tijuana y Mexicali, alumnos de escuelas de educación básica en el municipio de Ensenada también enfrentan riñas, consumo de drogas y uso inadecuado de dispositivos electrónicos. Sin embargo, esta realidad no es tan evidente.

Según la delegación del Sistema Educativo estatal (SEe) en el puerto, en lo que va del actual ciclo escolar, a partir de agosto de 2012, de todas las escuelas de educación básica en la entidad solo se han registrado dos llamadas al C-4 reportando situaciones relacionadas con consumo de drogas. Ninguna de las dos se comprobó, de ahí en fuera, no hay más incidentes.

Esto significaría que en el municipio existe un saldo totalmente blanco en lo referente a problemas de drogas, tanto en primarias como en secundarias. Un periodo de casi cinco meses en la entidad, con cero actividad.

A la par de esta versión del Gobierno del Estado, los hechos narrados y registrados por distintos actores, incluyendo la propia Secretaría de Educación Pública (SEP), plasman una realidad distinta.

En Ensenada, como en el resto del estado, sí hay problemas vinculados con drogas en educación básica, dentro y fuera de los planteles. Y el consumo va en aumento.

La maestra Eunice Vargas Contreras, quien actualmente trabaja en una iniciativa denominada “Programa de Intervención Breve para Adolescentes que Inician el Consumo de Alcohol y Otras Drogas”, es especialista en temas de adicciones en adolescentes, y asegura que este problema no ha disminuido en los últimos años.

En entrevista con ZETA, detalló que estadísticas publicadas por la SEP en 2012 arrojan que el 8 por ciento de los jóvenes entre 14 y 17 años de edad, han consumido drogas ilegales dentro de sus planteles escolares. Alcohol, marihuana e inhalables, encabezan la lista. En el estado consumen drogas ilegales el 1.5 por ciento de los jóvenes adolescentes.

De acuerdo al Comandante Luis Alberto Tolosa Espinoza, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, las llamadas de apoyo para escuelas son una constante a lo largo del año. Refiere que los problemas de riñas afuera de las escuelas son comunes entre los propios estudiantes y con personas ajenas al plantel, amigos o familiares de otros alumnos. No obstante, 2012 ha sido para la Policía local un año tranquilo en ese aspecto, no así en lo referente al consumo de  drogas.

Tolosa explicó que hace unas cinco semanas, “a un joven y una jovencita se les sorprendió consumiendo y uno vendiendo, fueron puestos a disposición del juez calificador”, esto en la Escuela Secundaria “Héctor A. Migoni Fontes”, ubicada en la esquina de Avenida Pedro Loyola y López Mateos.

Además de ser estudiantes de la secundaria, los menores fueron encontrados haciendo dichas actividades dentro de las instalaciones, sin embargo, debido a su edad y considerando que la cantidad de enervantes que portaban era mínima, el juez los dejó ir  para después entregarlos a sus padres. “Sí nos llama la atención porque estas situaciones se daban al exterior, y sí nos preocupa un poco porque sea al interior”, refirió el ex director de Policía y Tránsito.

Para el director de la Secundaria Migoni, Onésimo Contreras Cuellar, los problemas de consumo y venta de drogas sí son una preocupación constante, pese a haberse reducido radicalmente, aseguró, en relación a años anteriores.

Los alumnos se ven expuestos a oferta de drogas en distintos puntos al salir del plantel, en especial en paradas de autobuses como la esquina de Calle Juárez y Aldama, o en Avenida Reforma y Diamante.

A finales de octubre de 2012, un padre de familia de la misma secundaria había denunciado ante las autoridades educativas que había venta de marihuana y pastillas controladas al interior del plantel. Específicamente un estudiante de tercer grado, quien le vendió drogas a su hija.

El hecho fue del conocimiento del director Contreras, pero al menos a principios de noviembre, no habían podido comprobar que el menor vendía drogas, ya que no las traía consigo.

De acuerdo al padre de familia, la joven ya presentaba un problema de adicción, por lo que fue retirada de clases e internada en un centro de rehabilitación en Playas de Rosarito, donde aún permanece.

A principios de diciembre, en la Secundaria Número 9 “Mariano Sánchez”, ubicada en Avenida México y Bulevar Adolfo Ramírez Méndez, también se registró un incidente donde, de acuerdo a declaraciones de familiares de estudiantes, maestros advirtieron un fuerte olor a marihuana en uno de los baños de mujeres y llamaron a la Policía para inspeccionar el sitio.

Refirieron que en la búsqueda del responsable, y en pleno horario de clases, personal de la prefectura desfiló por los salones, oliendo las manos de las estudiantes para ver si atrapaban a alguna que hubiera estado fumando el cigarro prohibido. No tuvieron éxito.

Junto a la Migoni, la Secundaria 9 es una de las escuelas ensenadenses en las que se implementó el programa “Vigilante de Seguridad Escolar”. Durante su quinto informe de actividades, el gobernador del Estado de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, habló de este programa, con el que pretenden disminuir la incidencia de delincuencia y/o accidentes afuera de escuelas; al tiempo que dan empleos temporales a través de la Secretaría de Desarrollo Social federal.

El Quinto Informe de Gobierno de Osuna refiere que en 2012, un total de 203 personas fueron contratadas con ese recurso para 127 planteles entre Ensenada y Mexicali.

Tan solo en el puerto hay 421 planteles, por lo que si se dividiera en partes iguales, se estaría cubriendo apenas el 15 por ciento de las escuelas de la localidad.

Aun así, Ana Gloria Pedrín Cisneros, delegada del Sistema Educativo estatal (SEe) en Ensenada, lo considera una ventaja: “Imagínate que el ‘profe’ pues es responsable de lo que pasa, y el director adentro de la escuela, pero afuera es ya muy difícil. Entonces el tener una persona que esté todo el día desde la entrada hasta la salida, que aparte haga actividades de tráfico, que logre ver a alguna gente extraña, que traiga teléfonos a la mano y pueda hacer una denuncia, eso es una gran ventaja”.

Cuestionada respecto a la medición de los resultados del programa, expresó:

“Lo vamos midiendo por dos índices, primero a través del C4, los índices han bajado, las denuncias afuera de las escuelas, y luego también lo medimos a través de las mismas problemáticas al exterior a través de Secretaría de Seguridad Pública. Entonces ya hay menos, cada vez menos denuncias afuera de las escuelas a través del C4. Traemos una estadística de los índices de algún delito afuera de una escuela, que afortunadamente se ha logrado reducir”.

Las estadísticas le fueron solicitadas, y el resultado fue de dos llamadas en el ciclo escolar, ninguna comprobada, según el SEe. Solicitar la información directamente a C4, de acuerdo a su titular en Ensenada, Francisco Domínguez Niebla, no arrojaría datos correctos, al no existir depuración en el centro que permita confirmar si un asunto fue a final de cuentas real o no, aunado a que las llamadas falsas son muchas.

YouTube y celulares
La falta de claridad en los reglamentos del propio sistema educativo, sobre qué hacer con los teléfonos móviles al interior de las escuelas de educación básica es, de acuerdo a Ana Gloria Pedrín, una de las razones por las que no se ha podido controlar el mal uso de los dispositivos entre los estudiantes. Particularmente los videos de peleas dentro y afuera de la escuela, que son publicados en internet.

En los últimos nueve meses, el portal de videos YouTube registra al menos cinco videos públicos, de peleas entre estudiantes en Ensenada: “Michel contra Arely” en la Secundaria 57; “Karen contra Niza”, también de la Secundaria 57; “Ángel vs. El Bigotón”, en el CET 74; “Gema vs. Teresa” en la Secundaria Diurna Número 2; y “Hainas se Dan el Tiro en el Cobacholos”, frente al Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California, Plantel Ensenada.

Decenas de videos son subidos anualmente al portal desde las diferentes escuelas preparatorias, secundarias y primarias del estado. Peleas dentro y fuera de las instalaciones escolares grabadas con frecuencia por los mismos compañeros de clase de los actores centrales de los videos. No obstante, los celulares y otros dispositivos con videograbación se siguen permitiendo.

“Los niños aprovechan de un tiempo a otro de clases, de que se cambian de grupo, para hacer a veces este tipo de acciones totalmente desafortunadas”, refiere Pedrín.

— ¿No se pueden prohibir los celulares?, se le cuestionó.

“Fíjese que lo hemos intentado en algunas escuelas, y quiénes creen que son los primeros que nos…. ¡los papás! Son los primeros que nos invitan a que no lo hagamos, entonces sí hay algunas escuelas en las que ya no les están permitiendo, pero tiene mucho que ver con la organización al interior. Yo soy una de las maestras que está en contra de que exista un teléfono en una escuela, pero no tengo la facultad suficiente para poner en un reglamento prohibir teléfonos o celulares o Nexteles”.

La delegada del SEe en Ensenada plantea una solución: “Irnos hacia los teléfonos de casetas telefónicas, que podamos tener tres, cuatro en las escuelas, en las cuadras, en las manzanas donde el niño va caminando”.

Y concluyó: “Hay jóvenes que traen teléfonos, pero carísimos, entonces también ahí es una doble responsabilidad, tanto para el director como los padres. Yo he ido a visitar escuelas y veo a jóvenes que traen teléfonos que yo no tengo, cómo alegar, ¿no? O sea, muchos padres de familia no tienen. (Los jóvenes) Traen su BlackBerry, traen teléfonos carísimos, entonces también en ese tenor el padre de familia tendría que estarse cuestionando cuál es la ventaja de comprarle a un hijo un teléfono tan caro. ¿Vale la pena? Son cuestionamientos que los padres nos tenemos que hacer, ¿qué utilidad le está dando? Habrá niños y jóvenes que le dan una utilidad adecuada y responsable, pero habrá otros que desafortunadamente no, y el padre de familia a veces ni enterado está del uso que le está haciendo su hijo”.

Según cifras del gobierno estatal, el sector público en Ensenada cuenta con 67 mil 605 alumnos inscritos en nivel básico, cubriendo el 91 por ciento de la demanda; en tanto que el sector privado, con 6 mil 687 estudiantes, cubre el 9 por ciento restante. De las 421 escuelas existentes en nivel básico, 43 son privadas.

EXTORSIÓN Y AMENAZAS EN CFE

Post-Feature-Extorsion-y-amenazas-en-CFE

Obra de más de 2 millones costó a empresarios 600 mil pesos

Una denuncia en contra de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, evidencia una efectiva red de corrupción. El residente de construcción “arregla” las licitaciones para favorecer a ciertas empresas, y conforme la paraestatal otorga los recursos de construcción, los empresarios son amedrentados
Inés García Ramos
En el pequeño poblado de Gustavo Díaz Ordaz, en Mulegé, Baja California Sur, la vida cotidiana transcurre sin mayores problemas para las poco más de mil personas que lo habitan. Ahí se ubica un centro comunitario construido hace dos años, a través de una licitación gestionada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En apariencia, las canchas deportivas y áreas de juego son producto de las acciones de la paraestatal como una Empresa Socialmente Responsable. Sin embargo, una denuncia realizada por la empresa constructora expuso las extorsiones y amenazas que durante los meses de obra, sufrieron el socio y empleados de Materiales y Proyectos de la Costa Oeste. El ingeniero se vio forzado a salir de México.

De acuerdo a Martín Pablo Gutiérrez Serrano, socio y representante de la empresa, su relación laboral con la CFE inició cinco meses antes de la licitación, al conocer a José Noel Aguilar Rodríguez, entonces contratista en residencia en construcción II Rosarito, quien le presentaría a José Miguel Olea Castro, residente general de construcción Rosarito II.

En julio de 2010, Olea Castro invitó al empresario a participar en la licitación número LIC-INV3-003/LO para construir el centro de convivencia en el municipio sudcaliforniano. Ese mismo mes, conoció a Jesús Iván Rodríguez López y a Luis Humberto Álvarez García, residentes de obra en Guerrero Negro III.

Según lo declarado en la averiguación previa 193/12/207/AP, Gutiérrez Serrano fue testigo de las negociaciones entre el contratista y los residentes de obra de la CFE, el 17 de julio de 2010. “Noel le dijo a Luis Humberto: ‘Si tienes movida con alguien, dinos y nos vamos, no hay problema’, pero él respondió: ‘No, aquí todo está limpio, tú sabes que las movidas las hacen los jefes de Rosarito y México… aquí las movidas las hacen Benjamín Granados Domínguez, Ramón Fernández Velázquez y José Miguel Olea Castro”.

En esta denuncia son acusados de los delitos de secuestro y extorsión, los funcionarios arriba mencionados, así como Jesús Iván Rodríguez López y Luis Humberto Álvarez García.

La licitación
El 26 de julio de 2010, se presentó la licitación de la obra y se recibieron cuatro propuestas: del ingeniero José Luis Razo Oblea, otra del ingeniero Héctor Beltrán González y dos más de las empresas Materiales y Proyectos de la Costa Oeste y de Concretos Ambientales -sin representante el día del fallo-. Las tres últimas fueron aceptadas; en todas, el presupuesto oscilaba en 2 millones de pesos.

En los días subsecuentes, según lo relatado por Gutiérrez Serrano, éste recibió una llamada del ingeniero Beltrán González para ofrecerle 300 mil pesos, bajo la condición de que no se presentase al fallo. No aceptó la propuesta.

Finalmente, el 2 de agosto de 2010, Materiales y Proyectos de la Costa Oeste obtiene el fallo a favor, con ello Martín Gutiérrez Serrano, representante legal de la constructora ubicada en Playas de Tijuana, estaba a punto de sumergirse en un mundo de corrupción, amenazas y extorsión.

El fallo fue a favor de la empresa tijuanense, lo que desató la furia del licitante Héctor Beltrán González, quien advirtió a Gutiérrez Serrano: “Ten cuidado con este par (Álvarez García y Rodríguez López), te van a hacer la vida imposible, los 300 mil pesos que yo te ofrecía era lo que les iba a dar”.

El empresario ignoró lo escuchado y la obra inició el 11 de agosto de 2010, bajo el contrato SDC-RGROS-INV-03/10, con un monto de 2 millones 360 mil 823 pesos. La empresa recibió un anticipo de 786 mil 154 pesos.

Ese mismo día en Tijuana, recibió una llamada de José Noel Aguilar Rodríguez, quien le solicitó 100 mil pesos en efectivo, según explicó, bajo órdenes de Olea Castro. De forma simultánea, el residente de la obra en Baja California Sur, Óscar Alarcón Sánchez, era extorsionado por los residentes Luis Humberto Álvarez y Jesús Iván Rodríguez López. La primera suma se pagó.

600 mil pesos en extorsiones
A los días de firmado el contrato, el ingeniero José Miguel Olea Castro presentó una modificación para incluir un área ecológica vernácula con biblioteca, palapa, baños, salón de usos múltiples, pérgola, cocina, andadores y decoración.

Un año después, el contratista se enteró de la existencia de la ampliación del contrato, cuando José Noel Aguilar Rodríguez le informó de ésta. El área fue construida, mas el nuevo contrato no se signó.

Veinte días después, los mismos le solicitaron 60 mil pesos más -el segundo pago de la CFE a la constructora fue de 145 mil 514 pesos-. Los extorsionadores le informaron que  los 100 mil pesos exigidos con anterioridad eran para los ingenieros Benjamín Granados Domínguez (subdirector de Proyectos y Construcción de la CFE) y Ramón Fernández Velázquez (coordinador de Proyectos Termoeléctricos). La cantidad también fue entregada.

Luego de entregar ambos montos, las extorsiones continuaron. A menos de un mes de iniciada la obra, el 9 de septiembre, el arquitecto residente de la obra le marcó al ingeniero Gutiérrez Serrano para comunicarle las amenazas de dos líderes del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), quienes solicitaban un pago de 75 mil pesos en efectivo. Solamente recibieron 5 mil.

De acuerdo a la declaración rendida en la agencia del Ministerio Público en Rosarito, Baja California, el arquitecto y otro trabajador, Saúl Ramírez, fueron víctimas de un secuestro exprés. El contratista cedió a la presiones y entregó los 70 mil pesos restantes, cantidad que fue depositada en la cuenta bancaria del arquitecto y entregada a cambio de su liberación.

En lugar de buscar el auxilio de las autoridades, Gutiérrez Serrano acudió a la oficina de Olea Castro en Rosarito para explicarle la situación, donde éste le ofrece crear un concepto dentro de la obra licitada para la recuperación de la suma perdida. También le sugiere el reemplazo del arquitecto secuestrado por José Noel Aguilar Rodríguez, quien hasta el momento había servido como intermediario en las entregas de efectivo.

Una vez que Aguilar Rodríguez se integró a la obra, comenzó a ser extorsionado por los dos residentes de la CFE, Jesús Iván Rodríguez López y Luis Humberto Álvarez García, quienes de acuerdo al denunciante, recibieron 70 mil pesos en un periodo de 14 semanas.

El denunciante entendió el modo de operación de los funcionarios: las cantidades solicitadas guardaban relación con las estimaciones pagadas en los nueve meses de la obra. En los últimos cuatro, no le solicitaron dinero, debido a la falta de pagos.

De esa forma, los empleados de la CFE condicionaban las estimaciones a pagar a la empresa: el contratista debía entregar las cuotas solicitadas, de lo contrario, las estimaciones no serían depositadas y la obra quedaría detenida.

Cuando Gutiérrez Serrano requirió del pago de la octava estimación, el 23 de diciembre de 2010, el ingeniero Olea Castro le solicita primero el pago a la proveedora Maxco. A modo de garantía, le indicó a otro empleado de la CFE, Héctor David Lozano Lara, no realizar el pago a la empresa, ni permitir al contratista retirarse, hasta que el pago al proveedor se efectuara.

En el transcurso de tres horas y luego de visitar dos sucursales bancarias en Playas de Rosarito, Gutiérrez Serrano permaneció al lado de Lozano Lara, hasta que el cheque para el proveedor es depositado. El contratista denunciaría al funcionario de secuestro.

El contratista hizo un balance de los daños patrimoniales sufridos por su empresa durante la construcción de la obra: un millón 283 mil 970 pesos por concepto de  atrasos provocados por la CFE por el retraso de pagos y las interrupciones a la obra para realizar visitas al área ecológica; un millón 276 mil 29 pesos como costo de las pinturas de arte esquemático realizadas para ésta, y los 600 mil pesos pagados en extorsiones.

Una vez calculadas las pérdidas, Gutiérrez Serrano solicitó al entonces jefe de Departamento de Costos, Gilberto Carrillo Mayón, 2 millones 560 mil pesos por los dos primeros conceptos. A decir del afectado, el funcionario aceptó la responsabilidad de la empresa en los daños ocasionados.

Sin embargo, cuando se efectúa la reunión el 1 de marzo de 2011 para establecer las próximas acciones, Olea Castro se declara imposibilitado para realizar los pagos y le ofrece a la empresa contratista, una obra de 12 millones de pesos para “recuperarse” de las pérdidas.

Un mes después, autoriza la participación de la empresa de Gutiérrez Serrano en la reparación y compra del equipo de aire acondicionado de las oficinas administrativas ubicadas en Rosarito.

El reclamo de una deuda de 180 mil pesos a proveedores en Baja California Sur, infundada a decir del denunciante por los dos residentes extorsionadores, quebranta la relación de trabajo entre la empresa y la CFE. Olea Castro niega el pago de la obra realizada, así como la participación en dos licitaciones de obras.

En agosto de 2011, el contratista es llamado a la oficina del residente de construcción de la CFE para firmar la ampliación del convenio. Cuando Gutiérrez Serrano se niega, las amenazas alcanzan a su familia.

Es entonces que luego de mudarse junto a su familia a Estados Unidos, el empresario denuncia lo ocurrido al Órgano de Control Interno de Mexicali y, en enero de 2012, la denuncia es levantada en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

De lo narrado, ZETA posee copias de contratos, planos, denuncias, declaraciones firmadas por testigos y ratificadas por notarios, así como facturas de pago, oficios girados a la PGJE y averiguaciones previas.

Por su parte, el 30 de marzo de 2012 rindieron su declaración el indiciado José Miguel Olea Castro y sus testigos, Héctor David Lozano Lara -acusado del secuestro del denunciante- y Javier Enrique Ruíz Michel -abogado de Olea Castro y acusado de ofrecer 25 mil pesos a un tercero para la firma de la ampliación del contrato -. El primero subrayó las acusaciones como falsas, e incluso levantó una denuncia por difamación con el número de expediente 10936/11/211/AP.

Días después, el denunciante amplió su declaración  para indicar que ambos testigos son subordinados del indiciado, por lo que su declaración está comprometida con la continuación en sus cargos.

Más denuncias
En la demanda de Everardo de la Toba Coronel a la CFE por nulidad parcial del convenio de terminación por jubilación, recibida en la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje bajo el expediente 328/2011 en mayo de 2011, los nombres de los funcionarios Benjamín Granados Domínguez, José Miguel Olea Castro y Juan Manuel Rodríguez Álvarez, se repiten como presuntos cómplices delictivos.

De acuerdo al denunciante, él les informó de irregularidades en los contratos PIF-006/2006 y PIF-002/2007, como cambios de proveedores y materiales o el rehacer de bitácoras de obra para favorecer a Maquinaria Igsa en obras realizadas en  la Central Geotérmica Cerro Prieto en Mexicali.

Los abogados del demandante afirman que después de que el trabajador se negó a participar en los actos de corrupción y los denunció, fue cambiado de adscripción, de Rosarito a Querétaro y luego a Guerrero.

También acusó al abogado Javier Enrique Ruíz Michel de amenazas vía telefónica, cuando éste intentó persuadirlo para que retirase las denuncias en contra de José Miguel Olea Castro.

Otra denuncia de Gilberto Carrillo Mayón apoya la versión de la reelaboración de bitácoras, bajo el pretexto de la pérdida de las anteriores. El ingeniero expone ante la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la Dirección General de CFE que, por instrucciones de Olea Castro, él elaboró las nuevas bitácoras.

Los esfuerzos de Martín Gutiérrez Serrano no han cesado, a pesar de que la averiguación previa no se ha terminado de integrar, debido a la falta de declaraciones de los involucrados y de las estériles denuncias en el Órgano de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad.

El afectado confía en que las autoridades logren fincar responsabilidades a los funcionarios aún activos de la paraestatal.

LOS PENDIENTES DEL GENERAL

Post-Feature-Los-pendientes-del-General

Preocupación en Baja California

- El Gobernador del Estado de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, pidió al Gobierno Federal reconsiderar la instrucción; todavía la mañana del 2 de enero  habló con el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda
- Las tareas a las que se enfrentan los generales recién nombrados: Capturar narcotraficantes, bloquear los accesos de otros cárteles a la zona, impedir los secuestros y el regreso de los grupos armados a las calles; mantener el control de las tropas, dirigir la coordinación y fomentar la confianza con las corporaciones y organismos civiles
- El General de División D.E.M. Gilberto Hernández Andreu, recién nombrado Comandante de la 2ª Región Militar, llegó a Jalisco en 2010 con la violenta “guerra de Calderón”, arrasó con casi un centenar de narcolaboratorios, detuvo a algunos líderes de células criminales y fue “testigo no presencial” entre 2011 y 2012 de las tres matanzas con más número de víctimas que se han registrado en aquel estado
- Recién ascendido a General de Brigada de Arma y nuevo Mando Único en Baja California, Gabriel García Rincón tiene antecedentes en los años noventa en las  Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata del Alto Mando; durante el sexenio de Felipe Calderón le fue asignada la responsabilidad de depurar del Ejército a elementos militares corrompidos por el crimen organizado
Investigaciones ZETA
Recién nombrados, el comandante de la 2ª Región  Militar General de División D.E.M., Gilberto Hernández Andreu, y el Comandante de la 2ª Zona Militar, General Diplomado de Estado Mayor, Gabriel García Rincón, recibieron a partir del 1 de enero de 2013 varias responsabilidades. La prioritaria: combatir al Cártel de Sinaloa.

Los dos lucharán por Baja California, mientras la responsabilidad de Hernández Andreu se extiende a Sonora y Baja California Sur; en los tres estados, los sinaloenses mantienen presencia como grupo criminal empoderado,  responsable de la incidencia delictiva que ambos militares se han comprometido a reducir y controlar.

Como líderes criminales cuya operatividad se ha corroborado en la zona noroeste, en primer lugar de los pendientes de ambos generales están las capturas de  Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera e Ismael “El Mayo” Zambada García, que sus predecesores no pudieron concretar en la zona, a pesar de haber verificado su presencia.

Para el caso específico de Baja California, también siguen sujetas a concretarse las aprehensiones de Alfonso Arzate García “El Aquiles”, René Arzate García “La Rana”,  Luis Fernando Castro Villa y/o Cenobio Flores Pacho “El Checo”, Gustavo Inzunza Inzunza “El Macho Prieto”, José Soto “El Tigre”, Israel Vergara Galindo “El Marquitos” o “El Frank”; Manuel López Núñez “Don Balas”, Mario Montes de Oca “El Mario”, Melvin Gutiérrez, Juan Lorenzo Vargas Gallardo “El Chan”, Enrique Jorquera y Sebastián Barranco Mora. Todos, criminales identificados que sobrevivieron a la pugna interna del Cártel Arellano Félix (CAF), y de los cuales las Fuerzas Armadas cuentan con expedientes acumulados como resultado de los trabajos en el último sexenio.

En Jalisco, al General Hernández Andreu ya le correspondió enfrentar la criminalidad del Cártel de Sinaloa, sin embargo, sus mayores éxitos no se dieron frente a esta vieja organización; sus victorias las tuvo contra el grupo escindido e identificado como Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Adicionalmente, a los generales Hernández y García les fue heredada la responsabilidad de contraatacar las actividades -actualmente secuestro, homicidios y narcotráfico- y el poder delictivo de los remanentes del CAF representado por Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, Melvin Gutiérrez y el ex ministerial Nides. Lo mismo que  Crescencio Murillo Beltrán “El Chencho” y la familia Ibarra Cardona, que operan según conveniencia.

De todos estos delincuentes, seguramente también recibirán amplios informes que están obligados atender.

Este compromiso es público desde el martes 4 de diciembre de 2012, cuando el Presidente de México y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Enrique Peña Nieto, aseguró que el Ejército “continuará con las labores de seguridad para los mexicanos”.

Además de haber asegurado una y otra vez -a partir del 1 de agosto de 2012- que “no habrá pacto ni tregua con el crimen organizado”, y haber descartado la posibilidad de negociar con los cárteles, situación que la oposición había manejado como una estrategia posible del gobierno priista; y para respaldar su versión, el titular del Poder Ejecutivo habló de “confrontarlos eficazmente”.

La instrucción es aparentemente vertical y clara. A menos que el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, crítico de la estrategia calderonista dirigida a abatir a los cabecillas de cárteles, “provocando una fragmentación y un esquema de liderazgos horizontales que los hizo más peligrosos y violentos”,  haya dado una contraorden privada, el siguiente compromiso de los generales Hernández y García para evitar la violencia generada por los enfrentamientos entre cárteles, será sostener el bloqueo de la zona noroeste  ante los embates de grupos de Los Zetas y Los Beltrán Leyva, quienes en los últimos dos años han intentado – sin éxito notable aún- ingresar a la zona por el área limítrofe entre Sonora y Chihuahua. De los perpetradores y operativos para contenerlos, también existen reportes en los archivos de las fuerzas castrenses.

Asimismo, están exigidos  a continuar y mejorar las estrategias para evitar que los grupos armados del crimen organizado retomen las calles. Serán los militares quienes mantendrán el Mando Único. Actualmente existen grupos armados del CAF que han retomado el secuestro y homicidio como aparente sistema de “ajuste de cuentas”, sin que las procuradurías actúen; tal cual si los criminales tuvieran permiso para delinquir y decidir quién merece o no ser privado de la libertad y la vida.

Para combatir la inseguridad y lograr sus objetivos, los generales Gilberto Hernández Andreu y Gabriel García Rincón también deben estar dispuestos a cumplir el compromiso y la orden Peña Nieto, quien aseguró públicamente: “Las Fuerzas Armadas seguirán siendo factor de estabilidad y de confianza social”.

Con trabajo, sin evadir sus responsabilidades, con resultados de seguridad para los sonorenses, sudcalifornianos y bajacalifornianos, deberá ganarse la colaboración, confianza, coordinación y participación de la sociedad organizada y las corporaciones civiles de seguridad.

Mínimo en Baja California, donde esta relación de cooperación se inició primero con la población a finales 2006, con la campaña “Nosotros Sí Vamos”, a la llegada del General Sergio Aponte Polito, y se concretó con las autoridades locales a partir de 2008 con el arribo del General Alfonso Duarte Mújica.

Adicionalmente, tiene trabajo que hacer en cuanto a sus sistemas y modelos operativos en materia de seguridad pública, sobre todo con 115 quejas recibidas en contra del Ejército en 2012 en la delegación Baja California, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); el enfrentamiento entre militares y policías municipales en mayo de 2012, provocado por  un ebrio Coronel Tonatiuh Ruíz, ex comandante del 28 Batallón; y los errores suscitados durante la captura del priista Jorge Hank Rhon, que hicieron posible su liberación basada en un tecnicismo, a pesar de que en su propiedad se localizaron 88 armas de uso exclusivo del Ejército.

El que llega
En menos de mes y medio, dos noticias han dado un vuelco a la carrera militar de Gilberto Hernández Andreu. La primera, el 20 de noviembre de 2012, cuando fue ascendido a General de División Diplomado de Estado Mayor, y la última, a partir de los primeros días de 2013, al dejar la Comandancia de la XV Zona Militar en Jalisco para trasladarse como Comandante General de la II Región Militar, con sede en Mexicali, Baja California.

En sus más de 44 años de servicio en las Fuerzas Armadas de México, el General Hernández Andreu ha ocupado diversos cargos operativos y administrativos, figurando su nombre durante los tres años más recientes a través de medios de comunicación del Occidente mexicano por su participación en la guerra contra el narcotráfico del sexenio de Felipe Calderón.

Durante su estancia como Comandante de las zonas militares de Puerto Vallarta y de Zapopan, entre 2010 y 2012, el ahora divisionario asestó algunos fuertes golpes a organizaciones del crimen organizado, principalmente la del llamado Cártel Jalisco Nueva Generación, escisión del Cártel del Pacífico (Sinaloa), al destruir gran cantidad de narcolaboratorios y detener a Erick Valencia Salazar “El 85”, segundo en la jerarquía del grupo delictivo.

Antes de Jalisco, el General Gilberto Hernández pasó la mayor parte de su carrera en el Estado Mayor Presidencial y en el Colegio Militar, salvo el trienio entre 2001 y 2003, cuando fungió como Comandante de Guarnición en Chiapas.

Trabajo operativo
Tan solo en 2011, año de su arribo a la Comandancia de la XV Zona Militar, fueron desmantelados 63 narcolaboratorios, y hasta noviembre de 2012 se habían destruido otros 25. La baja en el número de fábricas de droga fue calificada por el General Hernández Andreu como un reflejo del combate que el Ejército realiza contra los narcotraficantes.
 

Sin duda, fueron sus acciones en el año anterior las que lo llevaron al ascenso, primero en grado y luego de cobertura territorial, de zona a región militar. En febrero, soldados al mando del General Gilberto Hernández Andreu  realizaron el histórico aseguramiento en un laboratorio clandestino ubicado en el Rancho Villareal, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco: 15 toneladas de metanfetaminas.

Durante la intervención militar no hubo detenciones. Un mes antes, en ese mismo municipio, se desmanteló otro laboratorio tipo industrial en el que había unas 20 toneladas de sustancias químicas.
El 9 de marzo siguiente, las Fuerzas Armadas capturaron a Erick Valencia Salazar “El 85”, segundo en importancia del CJNG y su lugarteniente, Otoniel Mendoza “Tony Montana”, quienes estaban en una zona residencial de Zapopan y tenían en su radio de acción 30 armas de fuego, granadas de fragmentación, cargadores y cartuchos de diversos calibres.

Esta detención derivó en violentos bloqueos en avenidas y salidas carreteras de Guadalajara, así como en otros municipios de Jalisco y Michoacán, registrándose el secuestro y quema de automóviles y autobuses, con saldo de un chofer del transporte público muerto y la detención de una decena de presuntos responsables en los narcobloqueos.

En ese mismo mes, elementos de la XV Zona Militar capturaron en el Sur de Jalisco a José Guadalupe Serna “El Zopilote”, presunto lugarteniente del CJNG, asegurándose un arsenal, droga y siete vehículos abandonados por sus cómplices, quienes huyeron ante el operativo militar.

En junio de 2012 se logró el arresto de una célula del CJNG integrada por 11 hombres y dos mujeres que poseían un arsenal y fueron señalados de participar en el homicidio de una funcionaria de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco en San Miguel el Alto. El General Hernández Andreu informó que el grupo criminal pretendía establecerse en la zona de Los Altos para efectuar secuestros y venta de droga.

El 20 de noviembre, Hernández Andreu fue ascendido una vez más, de General de Brigada, a General de División.

Testigo de la violencia
Mientras que en diferentes partes del país la violencia se acrecentaba, Jalisco parecía ajeno al fenómeno y continuaba con su cuota habitual de criminalidad. Hasta 2010, la violencia llegó con la disputa entre grupos delincuenciales de La Resistencia y el Cártel Jalisco Nueva Generación, nacidos ambos del vientre del Cártel de Sinaloa, pero divorciados en sus intereses. Ambos peleando entre sí, y a su vez, combatiendo a Los Zetas, que pretendieron ingresar al estado.
 

Durante el tiempo que el General Hernández Andreu estuvo al mando de la XV Zona Militar, que abarca 111 de los 125 municipios de Jalisco, se registraron tres matanzas que consternaron a los habitantes de la entidad. La más sonada, el 24 de noviembre de 2011: Bajo el puente de la glorieta de los Arcos del Milenio, en Guadalajara, fueron abandonados 26 cadáveres dentro de varias camionetas, en un hecho ocurrido a dos días de la inauguración de la Feria Internacional del Libro (FIL). Los cuerpos presentaban impactos de bala y mutilaciones.

El 9 de mayo de 2012, en un camino de terracería ubicado a la altura del Kilómetro 25 de la carretera Guadalajara-Chapala, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, se localizaron 18 cadáveres decapitados en el interior de dos camionetas abandonadas. Horas antes, otras 15 personas secuestradas en una finca del municipio de Tala, serían asesinadas, pero fueron rescatadas por la Policía Estatal.

El hecho más reciente tuvo lugar el 16 de septiembre del año anterior, en el municipio de Tizapán el Alto, colindante con el Estado de Michoacán, los cuerpos de 17 personas mutiladas, quienes al parecer fueron victimadas en tierras michoacanas, fueron abandonados sobre la carretera a Morelia.

Los terribles sucesos fueron producto de esa guerra intestina entre grupos delincuenciales, en la que muchas personas fueron levantadas al azar, sin ser maleantes, solo para inflar el número de víctimas y supuestamente atemorizar a bandas rivales, sobre todo a las autoridades y a los habitantes.

Mando Único en Baja California
El General Gabriel García Rincón será el responsable del Mando Único de la Segunda Zona Militar que deja el General Gilberto Landeros. A partir de las primeras horas del martes 1 de enero fue comisionado a Baja California por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por su “mérito, aptitud y competencia profesionales”.
 

Apenas el 20 de noviembre de 2012,  García Rincón había sido promocionado por el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, de General de Brigadier, a General de Brigada de Arma.

Los antecedentes más cercanos y públicos del nuevo comandante datan de 2011, cuando  la sección primera o jefatura del Estado Mayor, a cargo de García Rincón, fue la responsable de la Unidad de Control de Confianza de la SEDENA, encargada de aplicar el examen de control y confianza a elementos castrenses.

Luego de la detención por sus presuntos vínculos con el crimen organizado el 22 de mayo de 2011, del ex subsecretario de la SEDENA, Tomás Ángeles Dauahare, el entonces General de Brigadier García Rincón fue el responsable de la multiplicación de los exámenes de control y confianza a miles de elementos del Ejército.

Hasta aquel año, durante el sexenio la SEDENA había evaluado con el polígrafo a más de 15 mil militares ante las detenciones de generales y tenientes por su presunta relación con el crimen organizado.

Para detectar a los malos elementos al interior de la SEDENA, Gabriel García Rincón presentó en 2011 el Programa de Fortalecimiento de la Unidad de Control de Confianza de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dependiente del General García Rincón, sobre el proyecto se argumentó en su momento: “La Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de la Administración Pública, posee diversos puestos que incluyen áreas sensibles que deben ser ocupadas por personal militar que tenga plena  identificación con los valores institucionales, como son, entre otros, honestidad, confiabilidad, confidencialidad y discreción; por lo cual se crea la Unidad de Control de Confianza, con la finalidad de optimizar la selección de este personal, actuando de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Como parte de las evaluaciones de confianza, se aplica el examen del polígrafo”.

Durante la guerra del ex Presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado, la Unidad de Control de Confianza de la SEDENA buscaba detectar a militares que tuvieran nexos con la delincuencia organizada a través de tres pruebas: examen psicológico, evaluación poligráfica y un estudio socioeconómico. 

Ese era el trabajo del nuevo comandante militar en Baja California.
Previamente, el 20 de noviembre de 2007, cuando fungía como Coronel de Infantería D.E.M., Gabriel García Rincón fue ascendido por el entonces Presidente Calderón a General Brigadier.

Sus antecedentes más conocidos son como parte de Grupos Aeromóviles de las Fuerzas Especiales (GAFES), Unidad Élite del Ejército Mexicano, que llevó a cabo operativos especiales y encubiertos a finales del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, e inicios del de Ernesto Zedillo Ponce de León.

El antecedente de las GAFES fueron las Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata del Alto Mando en 1986, durante el sexenio Miguel de la Madrid, creadas para garantizar la seguridad del campeonato mundial de futbol de ese año.

En 1997, las Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata del Alto Mando se convirtieron en Grupos Aeromóviles de las Fuerzas Especiales, y en 2004, a Cuerpo de Fuerzas Especiales; precisamente Gabriel García Rincón dirigió las GAFES entre 1995 y 1997, a propósito del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

El relevo
No fue recibida como una buena noticia, en general, la sensación de inseguridad se apoderó de los representantes de los grupos civiles presentes en el desayuno del 2 de enero de 2013 en las instalaciones militares del Aguaje de la Tuna en Tijuana, Baja California.
 

“Qué va a pasar ahora”, exclamaron a media voz algunos de los asistentes ante el anuncio de la reasignación a puestos en la Ciudad de México de quienes hasta el 31 de diciembre de 2012, fueran comandantes de la 2ª Región y 2ª Zona Militar, los generales Alfonso Duarte Mújica y Gilberto Landeros.

Algunos se animaron a manifestar su desconfianza frente al General Duarte, quien respondió: “El General Hernández Andreu es un hombre muy inteligente, profesional, con experiencia y honesto, no hay de qué preocuparse y les agradecería que los apoyen como lo hicieron con nosotros para que esto siga funcionando”. La sensación y los comentarios de inseguridad permanecieron en el aire.

La noticia se conoció la noche del martes 1 de enero, pero fue corroborada por el General Alfonso Duarte Mújica en el desayuno que se había organizado con el fin de brindar por el año nuevo.

El gobernador del Estado de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, pidió al Gobierno Federal reconsiderar la instrucción; todavía la mañana del 2 de enero  habló con el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y al secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda. Les recordó que se lo había pedido al Presidente Enrique Peña Nieto porque ambos hombres habían sido muy efectivos y trataba de evitar que el Estado de Baja California perdiera la información y experiencia que los generales Duarte y Landeros.

Le reiteraron: “Así son las reglas de los militares”, siempre los mueven y reasignan, lo cual es cierto y conocido públicamente, es parte de su operatividad.

Osuna Millán insistió en la posibilidad de mantener por lo menos a Landeros, dado que él es el Mando Único en materia de seguridad estatal, la negativa se repitió.

Entonces el gobernador de Baja California le reiteró al secretario de Gobernación Osorio Chong su postura de apoyar la figura del Comandante de la 2ª Zona Militar como el Mando Único en el Estado, porque ese es el modelo que ha dado resultados,  “sin importar a quién designen”; para entonces Landeros ya había informado a los empresarios y líderes de asociaciones que sería suplido por el recién ascendido General Gabriel García Rincón.

Entrevistado por ZETA, el gobernador Osuna Millán manifestó su agradecimiento al General Alfonso Duarte y al General Gilberto Landeros  y agregó su deseo de que “la llegada de los generales Gilberto Hernández y García Rincón, signifique para Baja California no solamente el mantenimiento del camino ganado, sino un redoblamiento en las tareas de seguridad y paz interior. Y respeto las decisiones del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas”.

Asimismo, reiteró ante los bajacalifornianos su posición de continuar con la operación bajo el concepto de Mando Único.
El viernes 4 de enero de 2013 tomará posesión en Mexicali el General Gilberto Hernández Andreu.

La despedida
A los generales Duarte y Landeros los citaron con poca anticipación, pero los empresarios y líderes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Tijuana acudieron prontos entre las 9:00 y 9:30 horas del 2 de enero de 2013.
 

Tras desear parabienes en el año nuevo, el General Duarte informó que el Presidente de la República y el secretario de la Defensa Nacional le habían asignado desde el 1 de enero una nueva comisión en la Ciudad de México.

Detalló que lo nombraron Comandante de Seguridad del Primer Cuerpo del Ejército, una gran unidad superior, la reserva que tiene el mando supremo para actuar en cualquier parte de la República, dependiendo de la situación que prevalezca,  y “…vamos con mucho gusto a desempeñar”, agregó.

Landeros informó que en su caso lo habían asignado a la Inspección General del Ejército, que el General García llegaría en su lugar y que el recién nombrado traía mucho entusiasmo. Concluyó al referir la satisfacción que le generó hacer equipo con los bajacalifornianos.
Duarte Mújica recordó los momentos álgidos de la lucha contra el crimen organizado, y también agradeció la gratificante experiencia de superarlos gracias al apoyo e información de los ciudadanos, así como el profesionalismo y perseverancia de las organizaciones y autoridades locales.

“Baja California es un ejemplo de que cuando la sociedad, las autoridades y los militares se unen, se puede combatir al crimen organizado y al narcotráfico”, precisó.

A nombre de la sociedad organizada, el doctor Adolfo  Solís Farías, miembro del Colegio de Contadores de Tijuana, también agradeció el liderazgo y valentía de Duarte y Landeros, a quienes identificó como los hombres de honor que le regresaron paz y esperanza a los bajacalifornianos que sentían temor de salir de sus casas, de ser víctimas de secuestro, de permitir a sus hijos quedarse estudiar en el estado. Y concluyó entre aplausos, asegurando que la entidad fue rescatada por el Ejército.

Las suspicacias
Entre el 3 y 4 de enero, a la espera de la presentación pública de los generales recién nombrados,  las palabras escaparon del pensamiento de representantes de la iniciativa privada y de los gobiernos locales, que ante los cambios y la adelantada precampaña electoral, se comunicaron a ZETA y no evitaron elucubrar:
 

“¿La salida de los generales es un movimiento político?”; “sería muy desafortunado que contaminaran la seguridad con lo electoral”; “pero al llevarse a los militares que detuvieron a Jorge Hank por posesión de armas (junio de 2011), pareciera que empiezan a allanarle el camino a la gubernatura”.

Será cuestión de tiempo encontrar las respuestas a estas interrogantes.