martes, 27 de junio de 2017

DESPILFARRADORES, OPACOS, MALOS Y FLOJOS, 1,124 DIPUTADOS LOCALES NOS CUESTAN 13,551 MILLONES: IMCO


Los 32 congresos locales del país le costarán este año a los ciudadanos 13 mil 551 millones de pesos y los mil 124 diputados que los integran sesionan en promedio sólo 81 días al año. Pese a ello reciben sueldos de hasta 40 mil y 200 mil pesos, además de aguinaldos de entre 40 y 90 días, aunque por ley son obligatorios sólo 15 días.

Entre 2012 y 2017, el número de diputados locales se ha mantenido estable e incluso reducido. Sin embargo, el presupuesto de los congresos locales en su conjunto creció 11.1 por ciento en términos reales.

Estos datos son sólo una parte de la radiografía expuesta en el Informe Legislativo 2017 realizada por el IMCO, que analiza la composición y conformación de los congresos locales, el manejo que hacen de los recursos públicos y su desempeño legislativo.



Juan E. Pardinas director general del IMCO) en la presentación del informe. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo).– Congresos locales caros y opacos con diputados despilfarradores y poco productivos, es lo que exhibe en Informe Legislativo 2017 realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El estudio analiza la composición y conformación de los congresos locales, el manejo que hacen de los recursos públicos y su desempeño legislativo.

Estos representantes populares no son blanco de la confianza de la mayoría de los mexicanos. El “Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México”, del Instituto Nacional Electoral y el Colegio de México, dice que sólo el 82 por ciento desconfía en los diputados.

Otro dato, de acuerdo con la encuesta Representación política y participación electoral del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados, hecha también en 2015, muestra que sólo el 23 por ciento de los ciudadanos dijo que se siente representado por los legisladores de su estado.

En nuestro país hay mil 124 diputados locales.  Las legislaturas de este año en todo el país, dice el estudio, ejercerán un total de 13 mil 551 mdp, un promedio de 424 mdp por cada uno de los congresos.



GRÁFICO: IMCO

Aunque la cifra presupuestada no es definitiva, pues 19 congresos órganos legislativos en conjunto gastaron durante el año pasado mil millones de pesos adicionales a lo que originalmente pidieron.

“Las legislaturas que gastaron más de lo que se aprobaron fueron Querétaro (65%), Hidalgo (57%), Puebla (31%), Tamaulipas (29%) y Guerrero (28%)”, detalla el IMCO.

La asimetría en el gasto por diputado es otro tema que resalta el Informe. “El congreso de Puebla opera con un presupuesto por diputado de 3.5 mdp, en contraste la Asamblea Legislativa lo hace con 28.8 mdp, es decir, el costo de ocho diputados locales de Puebla equivale a uno de la Asamblea Legislativa”.

Y apunta que en las legislaturas de la Ciudad de México, Michoacán, Sonora, Baja California, Estado de México, Jalisco y Quintana Roo, el presupuesto por Diputado es superior al de cada uno de sus homólogos federales.

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Otro dato que resalta el think thank es que pese a que entre 2012 y 2017 el número de legisladores locales se ha mantenido estable e incluso reducido, el presupuesto de los congresos locales en su conjunto creció 11.1 por en términos reales, el Sonora (69 por ciento), Coahuila (61 por ciento) y Michoacán (53 por ciento), a la cabeza.

En el rubro del la distribución del empleo de los recursos, el estudio dice que en el año pasado, en promedio el dinero se destinó a salarios del personal (56 por ciento), servicios generales (22 por ciento), transferencias y ayudas sociales (14 por ciento), y otros (9 por ciento). Aunque aclara que pese a que otorgar ayudas sociales no forma parte de las funciones de un legislador, 17 congresos gastaron en conjunto mil 355.6 millones de pesos por este concepto.

“La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y los congresos de Guerrero y Veracruz ejercieron en ayudas sociales un total de 878 mdp, cifra mayor a lo que se destinó a sus entes de fiscalización (865 mdp)”, critica el IMCO.

La opacidad sobre sueldos y prestaciones es otra característica que el Informe destaca.  “Al 30 de mayo de 2017, 18 congresos no han adoptado los formatos para publicar de manera homogénea las remuneraciones de los diputados”.

Los representantes populares en Chihuahua son los mejores pagados (más de 200 mil pesos mensuales brutos), seguidos por los de Guanajuato (más de 100 mil pesos brutos) y Tamaulipas (alrededor de 100 mil pesos).

Los aguinaldos es otra muestra del excesos de los diputados que exhibe el documento: En San Luis Potosí reciben 90 días de salario, en Querétaro 70, y los de Chiapas, Hidalgo, Edomex, Nayarit, Nuevo León Y Sinaloa se embolsan 60 días. Los Congresos de Baja California Sur, Chihuahua Coahuila, Sonora y Yucatán son los que otorgan menos días de prestación a sus integrantes, 40.

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En cuanto al desempeño legislativo, el think thank expone que en 2016, el promedio de sesiones de pleno de los 32 congresos locales fue de 81. “Baja California Sur, Zacatecas y Tlaxcala fueron los que más sesionaron con 162, 127 y 121, respectivamente, y los que menos fueron Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro con 49, 37 y 34 sesiones”.

Sostiene que a nivel mundial el 70 por ciento de los parlamentos nacionales tiene en promedio 18 comisiones permanentes, mientras que en las legislaturas locales de México solo Baja California, Guanajuato y Yucatán tienen menos de 20 y el promedio es de 29.

Tan sólo entre 2016 y 2017 el número de comisiones legislativas en los congresos locales pasó de 891 a 922, expone el estudio.

Los congresos con más comisiones son los de Chiapas (42), Oaxaca (40) y Veracruz (40). En el último año, las legislaturas que crearon más comisiones fueron Veracruz (6), Baja California Sur (5) y Morelos (5).

La rendición de cuentas no es un fuerte para la mayoría de estos órganos locales. Las facultades de fiscalización están a cargo de los poderes legislativos a través de sus entidades de fiscalización (auditorías superiores), que se encargan de revisar que los recursos se ejerzan correctamente.

Solo la Auditoría Superior de Puebla tiene aprobado un presupuesto mayor que su congreso, mientras que la de Michoacán carece de autonomía financiera y está sujeta a los recursos que le otorguen los diputados.

“En un contexto de opacidad y discrecionalidad, la corrupción impide el funcionamiento efectivo de la división de poderes y la función de contrapeso frente a los gobernadores”, critica el texto.

EL INFORME COMPLETO




(SIN EMBARGO.MX/ REDACCIÓN / JUNIO 27, 2017, 4:00 PM)

GASTÉLUM Y MORENO: ACUSADOS DE PECULADO, ABUSO DE AUTORIDAD Y COALICIÓN


Foto: Isabel Mercado

Ante la asignación directa de contratos millonarios y la nula supervisión de órganos fiscalizadores, ciudadanos de Tijuana y de Tecate decidieron promover investigaciones penales en contra de Juan Manuel Gastélum, quien ha sido alcalde de Tijuana apenas por seis meses, y contra César Moreno, ex alcalde de Tecate. Los acusaron de haber hecho -y estar haciendo- mal uso de los recursos públicos

En una “cruzada de los ciudadanos en contra de las autoridades delincuentes” en Baja California, residentes de dos municipios decidieron interponer ante el Ministerio Público denuncias penales: los de Tijuana en contra del actual alcalde, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, y los de Tecate, en contra del ex presidente municipal César Moreno.

Ante la falta de transparencia en la entrega injustificada de contratos onerosos y la ausencia de rigor en la supervisión e investigación del correcto manejo de los recursos públicos, y la complicidad de sindicaturas, los ciudadanos decidieron promover directamente la realización de investigaciones  penales, para averiguar si pueden tener mejores resultados.

A Gastélum y a algunos de sus funcionarios, los acusaron por los delitos de coalición, cohecho, peculado abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, enriquecimiento ilícito y lo que resulte, por la adjudicación del contrato de rentas de patrullas y camiones recolectores de basura, a Grupo Turbofin por 88 millones de pesos.

A Moreno lo señalan como presunto responsable de peculado impropio, coalición de servidores públicos y abuso de autoridad, por el desvío de160 millones de pesos etiquetados para obras.

GASTÉLUM BUENROSTRO: “HACER MAL USO Y DESVÍO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS”

El lunes 19 de junio, el Comité de Organizaciones Ciudadanas Independientes, colectivo que aglutina a colegios de abogados, médicos, arquitectos, ambientalistas, asociaciones civiles y colonos presentaron la acusación, la que sería la primera denuncia penal contra el alcalde de Tijuana, quien aún no cumple ni seis meses en el puesto. Otro ciudadano no identificado presentó otra denuncia administrativa ante Sindicatura por la renta de camiones de basura.

Los señalamientos incluyen a Ana Marcela Guzmán Valverde, síndico procuradora; María de los Ángeles Olague Contreras, oficial mayor; José Luis Gil Laborín, jefe del Departamento de Adquisiciones; “en contra de todos y cada uno de los miembros del Comité de Adquisiciones, así como en contra de quien o quienes resulten responsables, en su calidad de autores intelectuales y agentes materiales”, se lee en la imputación. La denuncia se asentó en el Número Único de Caso 0204-2017-28324 ante la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales.

A razón de la falta de transparencia y rendición de cuentas, es evidente que “nunca estuvo en el interés de  Juan Manuel Gastélum Buenrostro salir a demostrar con cotizaciones en mano que arrendar, acusaron los ciudadanos representados por los abogados Ignacio Anaya Barriguete, Rafael Maurizio Cruzmajarrez y María del Socorro López.

Los abogados integrantes del Comité de Organizaciones Ciudadanas Independientes dijeron que tanto el monto de los contratos de arrendamiento, como el pago inicial que por 23 millones se otorgó el 1 de abril a la empresa en la que se liga a Jaime Rogozinsky, demuestra que “el verdadero motivo detrás del o los contratos de adjudicados obedecen a un esquema privatizador, con un sobreprecio en el servicio”, aseveró Román Antonio Aboytes Hernández.

En la denuncia se asienta que los funcionarios implicados en la querella, al pactar los contratos de arrendamiento fuera del procedimiento legal, “se coaligaron para tomar medidas contrarias a los reglamentos que rigen al municipio”.

Al alejarse de la norma legal correspondiente se denota dolo “e intención de recibir indebidamente una contraprestación ilícita, ya sea dinero o cualquier otra dádiva”, es decir, incurrieron en cohecho, explicaron los abogados.

 CONTRATOS ONEROSOS

ZETA consultó precios con las agencias Ford y Chevrolet. Conforme a los costos proporcionados por estas empresas,  se pudo estimar que el contrato con Grupo Turbofin, SAPI de CV tiene un sobreprecio de 64 millones de pesos en el caso de los camiones recolectores y de transferencia de basura, y de cuando menos 8 millones de pesos en lo que respecta a lo que se pagará por la renta de patrullas.



Foto: Agustín Reyes.- La denuncia contra César Moreno González, ex presidente municipal de Tecate.

Para el arrendamiento de 52 camiones, Gastélum entregó un pago inicial de 20 millones de pesos y comprometió una renta mensual de 5.8 millones de pesos, lo que multiplicado por 30 meses del convenio y divididos por la cantidad de unidades, significa que cada vehículo costará al erario 3.7 millones de pesos, sin que esto signifique que pasarán a ser parte del patrimonio público.

En cuanto a las patrullas, sumando la renta de los 30 meses y el depósito de 3 millones 461 mil 845 pesos, se estaría pagando por cada una 996 mil 597 pesos, cuanto su costo en el mercado es de un promedio de 700 mil pesos ya balizadas y equipadas.

Las cotizaciones efectuadas por ZETA en diferentes agencias, en una compra a crédito para que las 27 patrullas -12 tipo panel y 15 pick-up doble cabina- pasen a ser parte del patrimonio de los tijuanenses, tendrían un costo de 18 millones 900 mil pesos, mientras que el gobierno de Tijuana desembolsará por los 30 meses, un total de 26 millones 908 mil 143 pesos.

TODAS LAS DESVENTAJAS PARA EL AYUNTAMIENTO

Pero se puede poner peor, porque una de las cláusulas establece la posibilidad de modificaciones al contrato al señalar: “…las partes convienen que, por razones fundadas y explícitas, mediante convenio por escrito, podrán pactar el incremento en el arrendamiento, mediante modificaciones al presente instrumento”, así que el precio puede ser más alto.

Gobiernos de otros estados y municipios han firmado convenios similares de renta de patrullas y camiones recolectores de basura, pero a menor precio y con la garantía de poderse quedar, al término del convenio, con los vehículos, a cambio del pago de un porcentaje mínimo.

Ejemplo de ello es la renta de 100 patrullas que por tres años pactó el gobierno de Morelos, por el que paga una mensualidad de 842 mil 400 mil pesos, con la salvedad que al final del convenio la unidades pasarán a ser parte del patrimonio público “mediante el pago simbólico de un enganche inverso”.

Otra desventaja en la negociación de Gastélum es el hecho de que las unidades tendrá que devolverlas a Grupo Turbofin “…en las mismas condiciones en que se recibieron, solo con el deterioro normal por uso”, lo que significa que el Ayuntamiento deberá cubrir los gastos en que se incurra para devolverlas en igualdad de condiciones.

Contrario a lo afirmado por el alcalde y los funcionarios de su gabinete, en los contratos Grupo Turbofin compromete solo el servicio normal de agencia, el cual se da cada seis meses y por dos años como máximo. Esto sucede en Tijuana mientras otros gobiernos como Morelos, pactaron la renta de unidades con los gastos de reparación a cargo de la arrendadora, además del mantenimiento reglamentario de agencia, al tratarse de unidades nuevas.

Aunque el gobierno Juan Manuel Gastélum ha ponderado que en los contratos cedidos a Turbofin, solo tiene comprometido del 1 abril al 31 de diciembre de 2017, lo cierto es que la vigencia quedó supeditada a un tiempo “forzoso” de 30 meses, por lo que si el Ayuntamiento quisiera devolver los bienes antes de que se cumpla dicho plazo, deberá pagar al arrendador las rentas pendientes de pago.

En el contrato que firmó con el Ayuntamiento de Tijuana, Turbofin se comprometió a entregar en un plazo de 45 días las unidades arrendadas, sin que a la fecha lo haya hecho, aun cuando el acuerdo se firmó el 1 de abril de 2017. Este incumplimiento les permite rescindir el contrato, peor no lo hicieron.

 CÉSAR MORENO, ACUSADO DE DESVÍOS MILLONARIOS POR OBRAS SIN TERMINAR

Por un total de 28 obras inconclusas, contempladas para realizarse entre los meses de enero y octubre de 2016 en Tecate, durante la administración del ex alcalde César Moreno, los ciudadanos María Teresa Méndez Vélez, Ana Lilia Orenday Torrero y José Roberto Vázquez,  interpusieron una denuncia que incluye también al ex tesorero  Rodrigo de Bivar Castanedo.

Los acusan de peculado impropio, coalición de servidores públicos y abuso de autoridad. La denuncia fue presentada el 16 de junio de 2017 en la Procuraduría General de Justicia del Estado Coordinación UTMC, con NUC 0203-2017-02708.



Denuncia vs. Juan Manuel Gastélum, alcalde de Tijuana.

Los denunciantes argumentan que de acuerdo a un dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la XXI Legislatura del Congreso del Estado (folio 273), aprobado el 9 de diciembre de 2015, el Poder Legislativo autorizó a la administración de Moreno “la contratación de un financiamiento hasta por la cantidad de $160, 000, 000.00 (ciento sesenta millones de pesos Moneda Nacional)”, de los cuales 71 millones 619 mil 045 debieron ser utilizados para “refinanciamiento o reestructura del crédito contratado con Financiera Local, SA de CV” y 88 millones 380 mil 955 para la ejecución de 29 obras a propósito de las cuales, “en el mismo cuerpo” del dictamen aparece “un listado” presentado “por el Presidente Municipal”.

Con estos antecedentes, la inconformidad de los suscritos radica en que, según estiman, “mediante una argucia de carácter administrativa (sic)”, César Moreno y Rodrigo de Bivar cambiaron el destino de los recursos, acerca de lo cual dicen, “fue aprobado por Cabildo el 8 de septiembre de 2016”. Presunta maniobra con que los denunciados habrían violentado “todo lo estipulado en la Ley”.

Asumieron: “Es claro que el dinero se malversó, el Gobierno Municipal no cumplió ni ejerció el presupuesto para lo que se le es otorgado”.

De las obras públicas a concretarse, mencionan que se dieron a la tarea de realizar “una inspección física y presencial” de cada una de las mismas y se percataron de que solo una había sido ejecutada, “sin que ello sea prueba plena de que se pagó con el dinero del crédito aprobado por el Congreso”, en vista de haberse tratado de “una inversión Federal por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano”, que habría ascendido a 3 millones 822 mil pesos.

Como obras no ejecutadas enlistan “la pavimentación de la calle Jesús González de la colonia Francisco Villa” y “la calle Paseo Río Tecate Norte, Colonia Rincón Tecate”, entre otras.

En entrevista con ZETA, César Moreno refirió que el crédito solicitado, originalmente, iba a ser por 460 millones de pesos y que la ejecución de las 29 obras autorizadas estaba contemplada para solventarse con el recurso. Explicó que finalmente el Congreso solo le autorizó al XXI Ayuntamiento 160 millones de pesos. “Como se redujo el monto, las obras también cambiaron”. Argumentó que la modificación se sometió al pleno del Cabildo y fue aprobada. “Cumplimos con ese paso”, y mencionó que los documentos respectivos obran en la Secretaría General del Ayuntamiento y en Sindicatura.

En referencia al refinanciamiento aseguró: “Pagamos ese crédito a un mejor tasa”, toda vez que “logramos una tasa 20 por ciento más barata que la de 80 millones de pesos que estábamos pagando”. Y aseveró: “Pasamos el crédito sin atrasarnos”.

Por lo que respecta a inversión en infraestructura vial, sostuvo que durante su trienio se pavimentó el 70% de las vialidades.

La denunciante Teresa Méndez declaró a este Semanario que durante el primer año de la pasada administración (2013), César Moreno y Rodrigo de Bivar pagaron aguinaldos con presupuesto que el antecesor de Moreno, Javier Urbalejo, había dejado para pavimentación, la cual su propio gobierno dejó inconclusa.

Moreno manifestó que esos fondos no estaban etiquetados, lo cual se reportó a Sindicatura. “Investigó el Orfis (Órgano de Fiscalización)”, y la cuenta pública de 2013 quedó autorizada.

El ex alcalde de Tecate sugirió que la denuncia obedece a que se le quiere perjudicar públicamente, al mencionarle como posible próximo dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional.


(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa/  Isabel Mercado y Eduardo Andrade Uribe / Lunes, 26 Junio, 2017 12:00 PM)

JULIO CÉSAR CHÁVEZ PIDIÓ ESCOLTAS A SSPM, ADMITE DIRECTOR DE LA POLICÍA


Foto: Daniel Rodríguez

El ex boxeador profesional y cronista deportivo, Julio César Chávez González, solicitó hace alrededor de dos meses al director de la Policía Municipal, Luis Felipe Chan Balcázar, que le fueran asignados agentes como escoltas, señaló el funcionario.

Sin embargo, el ex atleta no manifestó a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) alguna amenaza que detonara en esa petición.

Chan Baltazar procedió a ofrecerle el servicio de protección de la sección comercial, pero el ex púgil no dio una respuesta positiva al ofrecimiento.

Por su parte, el titular de la SSPM, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, explicó que hasta el momento no hay denuncias ni información sobre alguna amenaza a la familia de Chávez González en la ciudad.

“Un tercero”, al que ni Chan Baltazar ni Sotomayor Amezcua quisieron identificar pero del que dijeron es “empresario”  fue el que medió en la solicitud, que incluso incluía nombres de elementos policiacos que el ex campeón mundial quería incorporar a su seguridad personal.

Ante la ejecución de su hermano en Culiacán, Sinaloa, el ex pugilista manifestó a diversos medios de comunicación que las autoridades de Tijuana “se han hecho pendejos” ante las solicitudes de protección por una presunta amenaza de secuestro, que según el gobierno estatal jamás fue denunciada.

Aunque el ex atleta y participante de reality shows dice haber recibido información del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de que hay criminales que quieren secuestrarlo a él y a su hija también.

Continuó – mientras su hermano era velado – que incluso el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, también recibió la solicitud de protección:

“Le informé al gobierno de Baja California, al señor Kiko Vega, y se hicieron pendejos, se han hecho pendejos, el director de la Policía Municipal, todos se han hecho pendejos la verdad. Están esperando que me pase algo para actuar “, exclamó.

Agregó que el supuesto secuestrador es un criminal a quien el gobierno dejó libre y” ahora anda secuestrando gente”.

Lamentó que ante la supuesta inacción de los gobiernos de Vega de Lamadrid y el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro se vio obligado a contratar seguridad por su cuenta.

El propio Chávez González aceptó que su hermano fue drogadicto “e hizo mucho daño” al igual que él mismo, pero que en tiempos recientes e estaba rehabilitado y apoyaba a personas con dependencia a sustancias a mejorar su salud.

En respuesta, Sotomayor Amezcua, dijo que cuando se acercó a la dependencia no había indicios de un riesgo inminente que acreditara medidas inmediatas, por lo que solamente se le ofreció pagar al Ayuntamiento por cuidado de la sección comercial de la Policía Municipal.


(SEMANARIO ZETA/ Destacados  /Daniel Gastélum /Martes, 27 Junio, 2017 02:15 PM)

GUARDARÉ SILENCIO, DICE ALCALDE ANTE DEMANDA CIUDADANA POR ARRENDAMIENTO DE PATRULLAS


“Yo como alcalde de la ciudad, en una acción responsable debo guardar silencio y hacer lo que tengo que hacer”, fue la respuesta con la que Juan Manuel Gastélum Buenrostro evadió abundar sobre la denuncia penal con la que su gobierno respondió a la acción legal interpuesta por un grupo de ciudadanos que demandan transparencia el arrendamiento de equipo de recolección de basura y patrullas.

Cuestionado si la razón de su demanda deriva a que siente que se conspira contra la administración municipal que encabeza, en su estilo cantinflesco el alcalde respondió: “Pues yo creo que me sometería… regresaría al contenido de la demanda, el contenido de la demanda…yo creo que el contenido, como es literal el documento eso es lo que tiene… (SIC)”.

Reticente a responder sobre el tema de la denuncia que se interpuso mientras el promovía en Montreal Canadá que a la ciudad de Tijuana se le reconociera como metrópoli, aduciendo además que “el tema lo tiene el Secretario –de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano-, justificó el no hablar sobre la denuncia.

“Como abogado debo de salvaguardar ese derecho que tienen las personas y eso implica sí que algunos que no observan la norma sí se vaya de paso. En muchas ocasiones no comento por esa razón”, dijo.

Respecto a la demanda anotó no sentirse amenazado, “A mí nadie me amenazó, la amenaza no es personal, no es contra mí, ni lo tomó yo personal… no es personal”.

Y añadió, “simple y sencillamente ya el secretario de Gobierno ha tomado cartas en el asunto y dejemos que se le siga, porque además acuérdense lo siguiente, la reglamentación del nuevo proceder del nuevo sistema de Justicia Penal, quienes participan no pueden andar opinando, porque violenta las garantías de quienes pudieran estar involucrados”.


(SEMANARIO ZETA/ Destacados  /Isabel Mercado/ Martes, 27 Junio, 2017 12:02 PM)

ACUSACIONES EN MI CONTRA: INFUNDADAS, VAGAS E IMPRECISAS, DICE JAVIER DUARTE Y ACEPTA EXTRADICIÓN


El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, compareció este martes por segunda vez ante autoridades de Guatemala -en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal- allí se allanó y aceptó la extradición solicitada por las autoridades mexicanas.

La defensa del ex mandatario veracruzano rechazó interponer el recurso que le permitía, dentro de un plazo de 10 a 15 días, revisar el expediente enviado por la Procuraduría General de la República (PGR).

El ex gobernador hizo uso de la palabra al finalizar la audiencia en el Tribunal guatemalteco y afirmó que las acusaciones hechas en su contra por el actual Gobierno de Veracruz son “vagas” e “imprecisas”.

Asimismo, Duarte de Ochoa denunció una campaña en su contra emprendida por la actual administración de Veracruz, que “gasta recursos del erario púbico con acusaciones irrisorias”.

El juez resolvió que su entrega a México se hará efectiva hasta que concluya el otro proceso de extradición, tramitado contra Duarte de Ochoa.

La Unidad Especializada de Asuntos Internacionales del Ministerio Público dio a conocer que son cinco los delitos por los que es requerido el exgobernador: abuso de autoridad, incumplimiento de deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.

Minutos antes, el juez guatemalteco informó al abogado mexicano Pablo Campuzano de la Mora, que no está acreditado para la defensa por lo que le impidió participar en la diligencia.

El ex gobernador llegó en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, hasta la Torre de Tribunales Centro Cívico, Zona 1 de Guatemala.

El pasado 7 de junio el Gobierno de México solicitó formalmente la extradición de Duarte de Ochoa por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Duarte de Ochoa es requerido por la orden de aprehensión librada en su contra el 14 de octubre de 2016, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Norte.

Duarte de Ochoa fue arrestado en el municipio turístico de Panajachel, después de permanecer prófugo durante varios meses. En la actualidad se encuentra recluido en la cárcel militar Matamoros de la Ciudad de Guatemala.

En caso de ser extraditado a México, Duarte podría ser sujeto a un proceso penal sin el derecho de libertad bajo caución. Además, podría pasar 15 años en presión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones de recursos de procedencia ilícita, acusaciones del ámbito federal.


(SEMANARIO ZETA/ Destacados/  Carlos Álvarez /Martes, 27 Junio, 2017 01:09 PM)

SE MANIFIESTAN TAXISTAS LIBRES CONTRA UBER


Foto: Jorge Dueñes

Diferentes gremios de taxistas libres se manifestaron la mañana de este 27 de junio contra la operación en Tijuana de la empresa de transporte vía plataforma digital UBER, llevando su inconformidad hasta la Dirección de Vialidad y Transporte.

La manifestación que reunió a cientos de taxistas comenzó a organizarse a un costado de la Clínica 1 del IMSS desde las 08:00 horas, donde los choferes permanecieron  esperando una mayor convocatoria. Al no lograrla, se dirigieron hasta las oficinas de la dependencia municipal.

Contra UBER señalan que dicha empresa ha tenido oportunidad para presentarse en la Dirección de Vialidad y Transporte y solicitar su registro, por lo que al no hacerlo se burlan de la autoridad y del transporte organizado de Tijuana, situación que los manifestantes afirmaron está rebasando los límites de la tolerancia.


Fotos: Jorge Dueñes

UBER representa una competencia desleal contra los taxistas libres, ya que no están sujetos al pago de seguros y licencias especiales, las unidades no cumplen con una revisión mecánica y los choferes de esta plataforma no están sujetos a antidoping ni a capacitación, comentó a ZETA  Miguel Ángel Jiménez, Secretario del Transporte Organizado de Tijuana.

Los quejosos comentaron que además estas empresas están cometiendo irregularidades al cobrar en efectivo y realizar sitio con motor apagado, situaciones que les quedaron prohibidas en la reforma que se hizo al Reglamento de Transporte Público, publicada el 17 de marzo de 2017.

El Director de Vialidad y Transporte, Javier Salas Espinoza, manifestó a los taxistas libres que la empresa UBER ha mantenido acercamientos con el Ayuntamiento para tratar el tema de su regularización, sin haber hecho trámite alguno al momento. Los 180 días otorgados como plazo para su regularización desde la publicación de la reforma al reglamento continúan vigentes.

Manifestó que en los operativos de la dependencia se han remolcado e infraccionado a unidades de dicha empresa y que el reglamento seguirá aplicándose al pie de la letra.


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS / HÉCTOR ORTIZ RAMÍREZ/ MARTES, 27 JUNIO, 2017 11:30 AM)

TRASLADAN A “EL BABAY” A LA SEIDO


Foto: cortesía

Después de siete días detenido, la madrugada de este martes 27 de junio fue trasladado a la Ciudad de México, Abraham Cervantes Escareaga, alias “El Babay”, el cual fue re-aprehendido por Fuerzas de la Marina a su salida del Juzgado del Poder Judicial de la Federación en La Paz.

Será presentado ante la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), presuntamente se le imputa el delito de delincuencia organizada y narcotráfico.

El pasado 19 de junio, “El Babay”, presunto líder de plaza del municipio de Los Cabos, fue detenido en compañía de una mujer.

Al mediodía de este lunes 26 de junio en medio de un dispositivo de seguridad fue presentado ante el Poder Judicial de la Federación, donde tendría una audiencia ante el juez federal Eduardo Velasco Treviño.

Los fiscales le imputaron los delitos de portación de armamento de uso exclusivo del ejército, recursos de procedencia ilícita y narcotráfico.

En la detención de “El Babay” le fue asegurado:

-Dos rifles de asalto; un pistola 9 mm; 4 cargadores abastecidos con un total de 75 cartuchos útiles.

-Una maleta con más de 19 millones 246 mil pesos.

-155 envoltorios de Clorhidrato de metanfetamina con un peso de 36.9 gramos; 123 envoltorios de Cocaína equivalentes a 37.3 gramos; 26 envoltorios de Marihuana equivalentes a 214 gramos; Una bolsa con 46.2 gramos de cocaína y Una báscula gramera.

Sin embargo, ante la mala integración del caso, el juez determinó que era improcedente el caso por narcotráfico; pero sí vinculó a proceso al detenido por uso de armamento de uso exclusivo y se abrió una carpeta de investigación por recursos de procedencia ilícita.

El Juez fincó medidas cautelares de arraigo domiciliario después de pagar una multa de 50 mil pesos, además de que tendría que firmar cada 15 días.

Las inconsistencias del caso se centraron al momento de su detención, ya que según la defensa, fue detenido en su vivienda en el Pedregal de Cabo San Lucas, en Los Cabos, y no a bordo de un vehículo; además de la comprobación de la procedencia de la droga.

Cuando se creyó que el presunto líder de plaza de Los Cabos estaría bajo arresto domiciliario, Fuerzas Especiales de la Marina hicieron efectiva una orden de aprehensión.

Después de una audiencia que duró cerca de 10 horas, fue re-aprehendido a su salida alrededor de las 11 de la noche, como uno de los 100 blancos prioritarios del gobierno federal, por lo que fue enviado esta misma madrugada a la Ciudad de México donde sería presentado ante la SEIDO.


(SEMANARIO ZETA/ Destacadas BCS  ZETA/ Martes, 27 Junio, 2017 03:37 PM)

SOMOS LOS NUEVOS ENEMIGOS DEL ESTADO’: EL ESPIONAJE A ACTIVISTAS Y PERIODISTAS EN MÉXICO


Al centro, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto durante el desfile militar del Día de la Independencia, en septiembre de 2016 Credit Mario Guzman/European Pressphoto Agency

CIUDAD DE MÉXICO — Destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano que, en teoría, solo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.

Entre los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía. Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los familiares de los activistas y periodistas, incluido un adolescente.

Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí.

El software conocido como Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto.

La empresa que fabrica el software, NSO Group, afirma que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de drogas como los que han violentado a los mexicanos desde hace mucho tiempo.

Sin embargo, según decenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno, así como a sus familiares, lo que muchos ven como un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana.

“Somos los nuevos enemigos del Estado”, señaló Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien redactó e impulsó la legislación anticorrupción apodada Ley 3de3. Su iPhone y el de su esposa fueron blanco en varias ocasiones del programa espía, según un análisis forense independiente. “La nuestra es una sociedad en la que la democracia se ha deteriorado”, afirmó Pardinas.

Los ciberataques sofisticados en contra de ciudadanos son indicativos de las luchas internas que se libran en México y despiertan cuestionamientos legales y éticos sobre un gobierno que enfrenta fuertes críticas por sus antecedentes en temas de derechos humanos.

“Por supuesto que no se puede justificar esa intervención. Pero eso es irrelevante. En México nadie pide permiso para hacerlo”.

EDUARDO GUERRERO, EXFUNCIONARIO DE LA AGENCIA DE INTELIGENCIA DEL GOBIERNO MEXICANO

Según la ley mexicana, un juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas y solo cuando los funcionarios demuestran que tienen un caso bien armado para realizar esa solicitud. Es muy poco probable que el gobierno haya recibido esa aprobación judicial para hackear los teléfonos de los activistas y periodistas, comentaron varios exfuncionarios de los servicios mexicanos de inteligencia.

“Las agencias mexicanas de seguridad no le pedirían una orden a la corte porque saben que no la obtendrían”, dijo Eduardo Guerrero, un ex miembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México, una de las agencias gubernamentales que utilizan el programa espía Pegasus. “¿Cómo sería posible que un juez autorizara vigilar a alguien que se dedica a la protección de los derechos humanos?”.

“Por supuesto que no se puede justificar esa intervención”, agregó Guerrero. “Pero eso es irrelevante. En México nadie pide permiso para hacerlo”.

Los intentos para realizar hackeos fueron muy personalizados: llegaron a los objetivos por medio de mensajes diseñados para inspirar pánico y conseguir un acceso rápido a los teléfonos celulares. En el caso de Carmen Aristegui, una de las periodistas más famosas de México, un operador se hizo pasar por la embajada de Estados Unidos en México y le imploró darle clic en un enlace para resolver un supuesto problema con su visa. La esposa de Pardinas, el activista anticorrupción, recibió un mensaje en el que le ofrecían pruebas de que su marido tenía un amorío.

El gobierno mexicano reconoce haber recabado información de sospechosos legítimos de un modo apegado a derecho. “Como en cualquier régimen democrático, a fin de combatir al crimen organizado y las amenazas contra la seguridad nacional, el gobierno mexicano realiza actividades de inteligencia”, señaló un funcionario. No obstante, el gobierno “rechaza categóricamente que alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción o de cualquier otra persona sin previa autorización judicial”.



La periodista mexicana Carmen Aristegui recibió mensajes de texto que contenían el código para infectar su teléfono. Credit Edgard Garrido/Reuters

Ya se sospechaba del uso de programas espías por parte del gobierno mexicano, incluidos los intentos de hackeo a opositores políticos y activistas cuyo trabajo ha afectado intereses corporativos en México.

Sin embargo, no hay pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable. El software Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó. Incluso el fabricante, NSO Group, señala que no se puede determinar exactamente quién está detrás de los intentos específicos de hackeo.

Pero los ciberexpertos pueden verificar en qué momento se ha utilizado el software en el teléfono de un objetivo, lo cual les deja pocas dudas de que el gobierno mexicano o algún grupo corrupto interno están involucrados.

“Básicamente, es lo mejor que hay”, dijo sobre el análisis Bill Marczak, el investigador sénior en Citizen Lab que confirmó que los teléfonos de activistas y periodistas mexicanos tenían rastros del software.

Además, NSO Group asegura que es muy poco probable que los cibercriminales hayan obtenido acceso a Pegasus de algún modo, porque el programa solo puede ser utilizado por las agencias gubernamentales en las que se ha instalado la tecnología.

NSO Group afirma que investiga el historial de los gobiernos en temas de derechos humanos antes de venderles el software. No obstante, una vez que otorgan la licencia e instalan el hardware dentro de las agencias de inteligencia y los cuerpos de seguridad, la empresa dice que no hay manera de saber cómo se utilizan las herramientas espías o contra quién están siendo usadas.

La compañía simplemente le cobra a sus clientes gubernamentales según el número total de objetivos a vigilar. Para espiar a diez usuarios de iPhone, por ejemplo, el fabricante cobra 650.000 dólares, además de la cuota de instalación de 500.000 dólares, según las propuestas de comercialización de NSO Group que revisó The New York Times.

“El hecho de que el gobierno esté usando vigilancia de alta tecnología en contra de defensores de derechos humanos y periodistas que exponen la corrupción, en lugar de contra los responsables de estos abusos, dice mucho de para quién trabaja el gobierno”.

LUIS FERNANDO GARCÍA, DIRECTOR DE R3D

Aunque NSO Group supiera que se está haciendo un mal uso de su software, la empresa dice que no podría hacer mucho al respecto: no puede entrar en las agencias de inteligencia, quitar el software y llevarse el hardware. Más bien, NSO Group confía en que sus clientes cooperarán con una inspección interna que realizaría la empresa, la cual entregaría los resultados a la autoridad legal competente… por lo que los gobiernos terminan siendo los responsables de vigilarse a ellos mismos.

Normalmente, el único recurso de la empresa es ir reduciendo poco a poco el acceso del gobierno a las herramientas en el transcurso de varios meses, o incluso años, al dejar de proporcionar nuevos parches o actualizaciones del software.

Sin embargo, en el caso de México, NSO Group no ha condenado ni ha reconocido que haya abuso de su software, a pesar de que se han presentado evidencias en repetidas ocasiones que demuestran que sus herramientas se han utilizado en contra de ciudadanos comunes y sus familias.



La casa de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en septiembre de 2014. Los abogados que representan a los familiares de los desaparecidos han sido blanco del programa espía. Credit Adriana Zehbrauskas para The New York Times

EL PASO DE LA ESPERANZA A LA INTIMIDACIÓN

Desde hace mucho tiempo, los periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas anticorrupción en México han enfrentado peligros enormes. Durante décadas los han seguido, acosado, amenazado e, incluso, asesinado por realizar su trabajo; riesgos laborales más comunes en Estados autoritarios que en los que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, como es el caso de México.

El presidente Enrique Peña Nieto comenzó su mandato en 2012 con la promesa de dejar atrás la historia atribulada del país y poner a México en el lugar que se merece dentro del escenario mundial por medio de reformas a la educación, a las telecomunicaciones o al sector energético.

No obstante, para 2014 se habían desvanecido gran parte de esas promesas tempranas por escándalos y crisis, entre ellos la desaparición de 43 estudiantes normalistas después de un enfrentamiento con la policía y las acusaciones de que el mandatario y su esposa adquirieron una casa lujosa de un constructor que después recibió varios contratos públicos.

Son escándalos que han derrumbado la imagen perfectamente cuidada que Peña Nieto tuvo como candidato –un político enérgico dispuesto a trabajar en conjunto con otros partidos para modernizar y mover a México– y lo han pintado como un funcionario corrupto que desconoce la realidad que viven los mexicanos. Ese cambio es el resultado, en buena medida, del trabajo de los periodistas mexicanos que develaron los casos y de los activistas y defensores que no han permitido que sean olvidados.

“Este era un gobierno que pasó de establecer la agenda a ser reactivo”, dijo Carlos Loret de Mola, un popular conductor de televisión que recibió ocho mensajes de texto que contenían código para infectar su teléfono con el programa Pegasus. “Entonces vieron a los periodistas y pensaron: ‘Estos están sacando estas cosas y nos hacen quedar mal, mejor los espiamos'”.



El funeral del periodista mexicano Javier Valdez, el quinto reportero asesinado en lo que va de 2017, el 16 de mayo Credit Rashide Frias/Associated Press

México todavía está muy lejos de ser como Turquía, la nación que encarcela a más periodistas en todo el mundo. No es como China, un Estado autoritario en donde se silencian las críticas y el gobierno considera que la prensa libre es un peligro político. Pero, de igual manera, México vive una crisis con respecto a esos temas.

El año pasado, fueron asesinados más periodistas que durante cualquier otro año de este siglo; el 2017 ya va encaminado a romper ese récord.

“El hecho de que el gobierno esté usando vigilancia de alta tecnología en contra de defensores de derechos humanos y periodistas que exponen la corrupción, en lugar de contra los responsables de estos abusos, dice mucho de para quién trabaja el gobierno”, dijo Luis Fernando García, director de R3D, un grupo de derechos digitales en México que ha ayudado a identificar varios casos de abuso del programa Pegasus. “Definitivamente no es a favor del pueblo”.

UN CASO CERCANO AL PRESIDENTE

Quizá ningún otro periodista en México ha dañado más la reputación del presidente Peña Nieto que Carmen Aristegui. Y pocos han pagado tan caro por haberlo hecho.

Ella y su equipo sacaron a la luz en 2014 el escándalo de la “Casa blanca”, una historia de intrigas de bienes raíces que involucraba un arreglo especial para la primera dama por parte de un contratista del gobierno que tiene una relación de vieja data con el mandatario.



El despido de la periodista Carmen Aristegui de MVS generó protestas a su favor en 2015. Credit Edgard Garrido/Reuters

La historia alcanzó una audiencia mundial y obligó a la esposa del presidente a entregar la casa, lo cual representó una especie de dilema ético para el gobierno mexicano; en otro país quizá habría resultado en el nombramiento de un fiscal independiente o en una pesquisa legislativa. Al final el presidente fue exculpado por la Secretaría de la Función Pública, mientras que Aristegui perdió su trabajo. Su despido marcó el inicio de una campaña prolongada de acoso y difamación en su contra: demandas, allanamientos de sus oficinas, amenazas a su seguridad personal y el monitoreo de todos sus movimientos.

“Se trata de un acto de venganza por el reportaje”, dijo Aristegui en una entrevista reciente. “No se puede ver de otra manera”.

Así que le pareció sospechoso cuando en 2015 empezó a recibir mensajes de texto de números desconocidos, en los cuales le urgían a que diera clic a un enlace. Uno contenía un llamado de ayuda para encontrar a un menor desaparecido; otro tenía una alerta por supuestos cargos desconocidos a su tarjeta de crédito, y otro tenía la presunta nota de la embajada estadounidense sobre su visa.

Cuando estos mensajes no fueron suficiente para que le diera clic al hipervínculo y descargara el software de manera inadvertida, los siguientes fueron más estridentes; incluso recibió uno que decía que la iban a arrestar. Varios de los mensajes llegaron del mismo número telefónico, dando muestra de los descuidos del operador.



El caso de la Casa Blanca provocó un escándalo debido a posibles conflictos de interés en la adquisición del inmueble por parte de la primera dama mexicana. Credit Hector Guerrero/Agence France-Presse — Getty Images

Y siguieron intentándolo. En marzo, los mensajes de texto también comenzaron a llegar al teléfono del hijo de 16 años de Aristegui, Emilio. “La única razón por la que irían tras mi hijo es para intentar encontrar algo en contra de mí, para causarme daño”, dijo Aristegui.

Después de su despido, por supuestos desacuerdos dentro de la radiodifusora MVS Noticias, mantuvo su carrera publicando noticias en su sitio web. Pero la situación le ha cobrado factura, en especial las demandas. En una querella presentada por el presidente de MVS, un juez dijo que Aristegui “excedió su libertad de expresión y de información” por la publicación de un libro de su equipo de reporteros sobre el caso de la Casa Blanca.

En varias ocasiones han hackeado su sitio web y en noviembre irrumpieron en sus oficinas. Los agresores fueron tan descarados que ni siquiera se molestaron en usar máscaras y no han sido detenidos. Ella ha decidido canalizar las amenazas, el acoso e incluso el espionaje en su trabajo.

“He optado por creer que mi trabajo público es lo que me protegerá”, dijo Aristegui. “El gran reto para los periodistas y los ciudadanos es que el miedo nos sirva y no nos conquiste”.

AMENAZAS VÍA MENSAJES DE TEXTO

Era el 21 de diciembre de 2015 y Pardinas estaba en la playa con su familia, pero su teléfono no dejaba de sonar: al principio eran llamadas de abogados con los que coordinaba la redacción de una propuesta legislativa… y después un extraño mensaje de texto.

Habían pasado largos meses de una campaña para que se aprobara una ley sin precedentes que obligaría a los servidores públicos de México a divulgar sus declaraciones patrimoniales por posibles conflictos de intereses financieros.

En noviembre, Pardinas también había presentado un estudio sobre los costos políticos y económicos de la corrupción en México, que confirmaba con hechos y cifras lo que casi todos los mexicanos saben: que la corrupción está incapacitando al país. Después le dio seguimiento con entrevistas en medios en los que llegó a burlarse de que el gobierno gastaba más en comprar café que en el presupuesto de la oficina para combatir la corrupción.

El estudio, las entrevistas y un sinnúmero de reuniones con políticos abrieron el camino para la llamada Ley 3de3, que Pardinas —director general del Instituto Mexicano para la Competitividad— ayudó a redactar.

Entonces, en sus vacaciones navideñas, recibió el mensaje: “En la madrugada falleció mi padre, estamos devastados, te envío los datos del velatorio, espero puedas venir”. Venía con un enlace adjunto. Pardinas pensó que era raro que quien le envió un mensaje tan personal no estuviera entre los contactos de su teléfono. Se lo mostró a su esposa y decidió hacer caso omiso.



Juan Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad, y su esposa recibieron varios mensajes con una liga que habría infectado su celular con el programa Pegasus. Credit Iván Stephens/GDA, vía Associated Press

Hacia mayo de 2016, el proyecto de 3de3 había conseguido más de 630.000 firmas ciudadanas a favor, con lo que el congreso tuvo que discutirla. Y entonces llegó otro mensaje. Este parecía venir del medio informativo Uno TV, el cual envía boletines diarios a los usuarios de teléfono celular de todo el país. Pero lo que le llamó la atención fue el titular: “La historia de corrupción dentro del Instituto Mexicano para la Competitividad”. Se alarmó porque era su organización, pero decidió no darle clic porque sospechó que era un acto delictivo. Al día siguiente le llegaron más mensajes.

Lo que sucedió fue que, después de no tener éxito con él, los responsables lo intentaron con su esposa. El mensaje, que también parecía ser de Uno TV, decía que se habían filtrado videos que mostraban a Pardinas mientras tenía relaciones sexuales con una colega. Pardinas llamó a su esposa y le explicó que era un intento de acoso. “Esta gente otra vez”, respondió ella.

Al final la propuesta de ley fue aprobada, relativamente intacta, por el congreso mexicano, excepto que el senado agregó una provisión para que no solo los funcionarios sino ciudadanos que trabajaran en empresas con contratos públicos –en total se verían afectados alrededor de 30 millones de mexicanos– tuvieran que divulgar sus declaraciones patrimoniales. El presidente Peña Nieto vetó la 3de3 con el argumento de que necesitaba ser discutida con mayor profundidad.

Pardinas siguió con sus denuncias en las entrevistas, donde nombraba a los legisladores que obstruían la ley y las empresas bien conectadas que se beneficiaban con el dinero del gobierno. La iniciativa estaba atorada, pero aun así llegó otro mensaje el 1 de agosto. Este tenía una amenaza: “Oiga afuera de tu casa anda una camioneta con dos vatos armados, let tome fotos vealos y cuídese (sic)”.

Pardinas, quien estaba en su oficina cuando llegó el mensaje, se negó a caer una vez más. Pero llamó a su esposa para pedirle que se asomara por la ventana para ver si afuera había una camioneta estacionada. No había nada.

“Al final, mi esposa ya tenía un entrenamiento casi olímpico en este asunto del hackeo”, bromeó Pardinas.

GAJES DEL OFICIO



Mario Patrón, al centro, es el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Este defendió a tres mujeres otomíes encarceladas injustificadamente y que en febrero recibieron una disculpa pública. Credit Rebecca Blackwell/Associated Press

A fines de abril de 2016, Mario Patrón estaba inquieto. La mesa de la conferencia estaba llena de compañeros defensores de derechos humanos, entre ellos el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Todos fueron a discutir la bomba que estaba por caer el día siguiente: un panel internacional que fue a México para investigar la desaparición de los 43 estudiantes normalistas divulgaría su informe final. Patrón sabía que los hallazgos iban a ser brutales para las autoridades.

Se acusaría al gobierno de negligencia e incompetencia, incluso de actividades ilícitas en el manejo del caso. Como el resto de las personas en el lugar, Patrón, cuya organización representa a los padres de los estudiantes desaparecidos, se preguntaba cómo respondería el gobierno.

Sonó su teléfono y vio la pantalla. La noticia que había estado esperando: “EL GOBIERNO DE MÉXICO SALE AL FRENTE DEL GIEI”, decía el texto, con el acrónimo del grupo interdisciplinario que publicaría el informe. Parecía ser la noticia que estaba esperando.

Le mostró el mensaje a su colega y dio clic al enlace. Pero en vez de un artículo o un comunicado de prensa, el vínculo simplemente lo redirigió a una página en blanco. Confundido, dejó la reunión y se fue de prisa a su oficina para hacer llamadas e informarse de lo que estaba planeando el gobierno. Y eso bastó para que cayera en la trampa.

“Tener evidencia de que somos víctimas de verdadera vigilancia confirma que nos están amenazando y que el gobierno está dispuesto a utilizar medidas ilegales para intentar detenernos”.

MARIO PATRÓN, DIRECTOR DEL CENTRO PRODH

Patrón es el director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, o Centro Prodh, posiblemente el grupo de defensa de derechos humanos más respetado en todo México. Está involucrado en varios de los casos más graves de abusos a los derechos humanos del país y ha sido un gran crítico del gobierno.

Además de Patrón, otros dos abogados del grupo fueron atacados con el software: Santiago Aguirre, el abogado principal de las familias de los estudiantes desaparecidos, y Stephanie Brewer, una abogada estadounidense que ha trabajado con el grupo desde 2007.

“Siempre hemos sospechado que nos espían y nos escuchan”, dijo Patrón, quien se percató de que la situación había empeorado considerablemente desde que desaparecieron los normalistas. “Pero tener evidencia de que somos víctimas de verdadera vigilancia confirma que nos están amenazando y que el gobierno está dispuesto a utilizar medidas ilegales para intentar detenernos”.



Una bodega en Tlatlaya, estado de México, donde fueron hallados los cuerpos de 22 personas que se cree que fueron ejecutadas por el ejército en 2014. El Centro Prodh representa a una de las sobrevivientes. Credit Rebecca Blackwell/Associated Press

Además de los estudiantes desaparecidos, el Centro Prodh representa a una de las sobrevivientes de un ataque militar en el municipio de Tlatlaya en 2014, donde el ejército arrasó con un supuesto escondite de un cartel y asesinó a 22 personas; el Centro Prodh ha encontrado evidencias de que los sucesos de aquella noche no se desarrollaron como una balacera, como argumenta el Ejército, sino que fueron ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados.

Entre los clientes de la organización también se encuentran las mujeres de Atenco, un grupo de once estudiantes universitarias, activistas y vendedoras de mercado que la policía arrestó hace casi diez años, durante las protestas sucedidas en el pueblo de San Salvador Atenco, y que fueron sometidas a brutales abusos sexuales mientras las trasladaban a la cárcel.

Además del grave abuso de poder y la violación de las mujeres, el caso es especialmente sensible porque el gobernador que ordenó la represión en contra de los manifestantes fue Enrique Peña Nieto, el actual presidente.

Brewer y otros abogados llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esperaron casi siete años. La comisión falló a favor de las mujeres, ordenó al gobierno que les diera reparaciones y que investigara con la debida diligencia las responsabilidades de las autoridades hasta lo más alto de la cadena de mando, una directriz que podía incluir a Peña Nieto. El caso después fue enviado ante la Corte Interamericana.

Fue entonces, poco después del décimo aniversario de los ataques contra las mujeres, que Brewer recibió un mensaje de texto sospechoso que cuestionaba por qué el Centro Prodh no defendía también a los soldados y policías víctimas de abusos. La abogada, intrigada, abrió el enlace y este la dirigió a una página web corrupta, un indicio del software Pegasus.

“Es parte de defender los derechos humanos en México”, aseguró Brewer. “Son los gajes del oficio”.


Azam Ahmed reportó desde Ciudad de México y Nicole Perlroth desde Boulder, Colorado. Paulina Villegas colaboró con el reportaje en Ciudad de México.