miércoles, 23 de agosto de 2017

DRONES: LA PRÓXIMA FASE EN LA GUERRA DE LOS CARTELES CONTRA EL MURO DE TRUMP


Un agricultor chino demuestra el creciente uso de drones para rociar pesticidas en una localidad de Poyang, en la parte central de China. Foto/AFP

“Los drones son la próxima fase en la ofensiva de los carteles de la droga para burlar el Muro de Donald Trump”, asegura convencido Mike Vigil, el veterano ex jefe de las operaciones internacionales de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos DEA.

“Por eso es una estupidez su proyecto para ampliar el Muro. No servirá de nada”, insiste en una conversación con La Jornada Sin Fronteras.

Vigil, uno de los mejores conocedores de los carteles de la droga en México, recuerda que la apuesta por el uso de dones se remonta al año de 2015, cuando un drone cargado con más de 3 kilos de droga sintética conocida como “crystal”, cayó en el estacionamiento de un supermercado de la Zona Río en la ciudad de Tijuana, muy cerca de la frontera con Estados Unidos.

“Desde entonces, supimos que los carteles estaban experimentando con el uso de drones para burlar el Muro y transportar droga sin ser detectados por los radares de la patrulla fronteriza”, añadió.

“Usaban drones chinos que no son muy caros y son fáciles de transportar y manejar. Además, resultan mucho más baratos que construir túneles…”, dijo Vigil en alusión al drone chino de marca  “Spreading Wings 900” que cayó en Tijuana.

Tras la humillante derrota de su propuesta para financiar la ampliación y el reforzamiento del Muro fronterizo con México en el presupuesto para el año fiscal 2017, el presidente Donald Trump se prepara para la batalla decisiva en 2018, cuando intentará arrancar al Congreso los casi 50 mil millones de dólares que piensa utilizar para completar el blindaje del Muro y contratar a más agentes de la patrulla fronteriza y de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

El objetivo, según prometió Donald Trump a su base electoral, será impedir el paso de “bad hombres” y “terroristas”. Pero también, cortar de tajo el trasiego de drogas que hoy es causa de una epidemia de consumo en Estados Unidos, principalmente de heroína.

“El problema es que nada de eso servirá. No sólo porque los carteles de la droga han demostrado ser como un organismo muy eficaz que evoluciona y se ajusta para seguir con su negocio a través de la frontera”, añadió Vigil.

Sino porque, además, “el mejor Muro contra el crimen organizado y los carteles de la droga es la cooperación con México”.

Desafortunadamente, añade, “ni Donald Trump, ni su secretario de Seguridad Interna, John Kelly, lo han entendido. Y Trump ha cometido un gran error al insultar a un vecino como México…”

A la valoración de Vigil se suman los más recientes reportes de la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno de EU (GAO) y un informe del Consejo Americano de Inmigración donde los planes de Donald Trump para garantizar la seguridad fronteriza están marcados por el oportunismo político y la improvisación.

A manera de ejemplo, los expertos de la GAO han advertido que, en las iniciativas que impulsa la Casa Blanca, no se contemplan suficientes recursos para combatir uno de los más serios problemas para combatir el tráfico de personas, drogas y armas.

Es decir, la red de túneles que se han convertido en uno de los más socorridos recursos de los carteles de la droga para seguir trasegando su mercancía y para conseguir armamento de alto poder.

“El análisis de GAO demostró que, según cifras del Departamento de Seguridad Interna (DHS), entre los años fiscales 2011 y 2016 el número de túneles descubiertos en la frontera llego a 67, mientras que la incursión de aviones ultraligeros superó los 534 incidentes y el número de lanchas rápidas o embarcaciones recreativas detectadas superó los 309 casos”, sostiene el reporte de GAO.

“El DHS ha identificado cambios en las tácticas, técnicas y procedimientos de las organizaciones que representan desafíos nuevos para la seguridad fronteriza”, advierte el informe elaborado en mayo de este año donde también se hace una mención al uso de los submarinos para tratar de evitar la vigilancia aérea y terrestre de la Guardia Costera y la patrulla fronteriza.

Pero nada relacionado con el uso de drones que, en opinión de Mike Vigil, será la nueva fase en la lucha por garantizar la seguridad fronteriza con México.

En la continua lucha para tratar de atajar el flujo de drogas y personas de sur a norte, y de armas y dinero blanqueado hacia el sur, los carteles de la droga han recurrido a todo tipo de métodos y estrategias.

Como por ejemplo, la construcción de túneles, el uso de catapultas, aviones ultraligeros, submarinos, embarcaciones recreativas y una tupida red de complicidades entre agentes de inmigración y aduanas (ICE) y la patrulla fronteriza que se hacen de la vista gorda para seguir permitiendo el negocio de los carteles y el crimen organizado hacia ambos lados de la frontera.

Precisamente otro elemento a tomar en cuenta es la contratación “al vapor” de agentes de la patrulla fronteriza y en la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Según el especialista en seguridad, Joshua Breislatt, la apurada contratación de agentes de la patrulla fronteriza entre el 2003 y el 2016 –para elevar la cifra a más de 20 mil efectivos--, ha traído consigo efectos no deseados como un incremento en los casos de corrupción.

“Los problemas generados por el reclutamiento apresurado y el estallido en el crecimiento de la Patrulla Fronteriza entre 2006-2009 obligaron a impulsar importantes reformas, incluyendo la Ley Anticorrupción de la Corrupción de 2010”, aseguró Breislatt en un reciente reporte para el Consejo de Inmigración.

“Entre las medidas se incluyen pruebas de polígrafo obligatorias. En muchos casos, estos exámenes de polígrafo revelaron antecedentes preocupantes de los solicitantes  incluyendo 10 solicitantes que se cree que tienen vínculos con el crimen organizado que habían recibido sofisticados entrenamientos sobre cómo derrotar el examen polígrafo”, añadió.

Josiah Heyman, director del Centro de Estudios Fronterizos e Interamericanos de la Universidad de El Paso, Texas, reveló en un reciente estudio que "en los últimos 10 años, casi 200 empleados y trabajadores contratados del Departamento de Seguridad Interna han cobrado casi 15 millones de dólares en sobornos mientras se les paga para proteger las fronteras de la nación y hacer cumplir las leyes de inmigración”.

Los hallazgos de estos especialistas, sumados a las advertencias de expertos en la lucha antinarcóticos como Mike Vigil, demuestran así que la estrategia de seguridad fronteriza que intenta implementar la administración de Donald Trump no solo es improvisada, sino que sigue levantando muchas críticas y recelos hacia ambos lados de la frontera.

Los únicos beneficiarios de este oportunismo disfrazado de interés por la seguridad fronteriza, seguirán siendo los carteles de la droga y los traficantes de armas y personas que, como siempre, disponen de recursos ilimitados y complicidades hacia ambos lados para satisfacer la demanda del principal consumidor de drogas en todo el mundo y asegurar al mismo tiempo sus ganancias y una capacidad de fuego capaz de poner en jaque a cualquier Estado.


(LA JORNADA EN ONLINE/ J. JAIME HERNÁNDEZ/23 DE AGOSTO 2017)

EVACUAN FAMILIAS POR FUGA EN GASODUCTO EN ESTACIÓN CORRAL


La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) coordina el desalojo precautorio de 30 familias avecindadas en Estación Corral, quienes manifestaron afectación en su salud por inhalación de gas luego del daño que recibió un tramo de gasoducto en territorio yaqui.

Las familias desalojadas recibirán albergue en la Escuela Primaria Ruffo E. Vitela de la comunidad de Esperanza.

La UEPC recibió el reporte de una perforación en el gasoducto que cruza por territorio yaqui, a la altura del kilómetro 29, por lo que de inmediato se activó el protocolo de verificación y coordinación con autoridades locales y de la empresa, a fin de establecer acciones respectivas.

Como medida precautoria, se ordenó el cierre de válvula que permite la circulación de combustible, la cual se ubica en Estación Corral, a fin de detener el flujo de gas y reducir el riesgo que significa la fuga.

El contenido de gas en el ducto durará horas en disiparse luego del cierre de válvulas, por lo que se hace un llamado a la población civil a que se mantenga alejada de la válvula y de la perforación en el tramo del gasoducto.

Se mantiene comunicación constante con personal de mantenimiento de la empresa Gas Natural de Agua Prieta, a fin de dar seguimiento a las acciones de rehabilitación del gasoducto y verificar se realicen de acuerdo con los protocolos vigentes.

Se exhorta a las autoridades tradicionales de la Tribu Yaqui a que permitan la reparación inmediata, necesaria para que se elimine al 100 por ciento los riesgos que representa.

ACTIVAN PROTOCOLO DE SEGURIDAD

Gasoducto de Aguaprieta informa que el día de ayer descubrió una perforación que fue realizada intencionalmente en su ducto, en el kilómetro 94, a la altura del Municipio de Bácum, Sonora. Lo anterior provocó una fuga de gas natural.

De manera inmediata, la empresa activó el protocolo de seguridad para atender este tipo de situaciones. El personal técnico que fue enviado al lugar para realizar las reparaciones correspondientes fue detenido por miembros de la Tribu Yaqui de Loma de Bácum y llevado contra su voluntad a Loma de Bácum. Asimismo, les fueron retenidos sus vehículos y equipos.

Por lo anterior, no se han podido realizar las reparaciones correspondientes.

Gasoducto de Aguaprieta ha tomado todas las medidas pertinentes para salvaguardar la seguridad de la población, según su protocolo; esto incluye el venteo controlado en la sección afectada de gas a través de válvulas.

La empresa reprueba estos actos de sabotaje, así como el ataque al personal que labora en la operación del gasoducto. Además, reitera que el gasoducto fue construido con estándares de calidad mundial y se opera bajo las más estrictas normas de seguridad. Sin embargo, este tipo de actividades delictivas ponen en riesgo su correcta operación y la seguridad de las personas.

Por otro lado, se ha solicitado a las autoridades correspondientes su apoyo garantizar condiciones de seguridad que le permitan la reparación inmediata del ducto.

















(DIARIO DEL YAQUI /REDACCION/ 23 DE AGOSTO 2017)

URGEN ALERTA DE GÉNERO POR FEMINICIDIOS EN CAJEME, SONORA; SEGOB SE LAS NIEGA (VIDEO)


La fundadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos, consideró en Aristegui en vivo que no hay argumentos para que la Secretaría de Gobernación se niegue a emitir la alerta de género.


(ARISTEGUI NOTICIAS/ REDACCIÓN AN/ 23 DE AGOSTO 2017)

CUELGAN NARCOMANTA EN TIJUANA


Fotos: cortesía

Un mensaje amenazante bajo la firma del Cártel Tijuana Nueva Generación- Cártel Jalisco Nueva Generación, fue colgado sobre la malla ciclónica que cubría a un  tanque de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), ubicado en la colonia Flores Magón, de la delegación San Antonio de los Buenos.

El hallazgo se reportó alrededor de las 07:20 horas de este miércoles 23 de agosto, e indicaba que en un área verde localizada sobre la calle Ley Federal del Trabajo, se encontraba una narcomanta. Al lugar arribaron agentes municipales y ministeriales quienes confirmaron los hechos.

Sobre la tela blanca, estaba escrito con letras negras un mensaje que decía:

“YA EMPEZO LA LIMPIA CULEROS LES VA A CARGAR LA VERGA A TODOS LOS MALANDROS Y RATAS ATT:CTNG CJNG”.

Cabe destacar que el área en donde fue colgada la narcomanta estaba frente a una escuela primaria, por  lo que el mensaje fue visto por estudiantes y padres de familia.


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  ZETA/ MIÉRCOLES, 23 AGOSTO, 2017 11:20 AM)

FUNCIONARIO DE ENSENADA DENUNCIADO POR FRAUDE DE 1.4 MILLONES DE PESOS


Foto: Tomada de Internet



Un grupo de jubilados estadounidenses, quienes fueron desalojados de sus viviendas en San Luis Gonzaga porque los pagos de renta que entregaron a su entonces abogado, Carlos Castillo Gutiérrez, no fueron depositados a la empresa arrendataria, mantienen una denuncia por fraude contra el actual funcionario municipal

“Estoy vendiendo todo lo que tengo. Estoy en un gran lío. Me siento una mierda. No puedo dormir. No he podido pensar bien”, admite Carlos Enrique Castillo Gutiérrez frente a un grupo de estadounidenses, en un vídeo grabado en agosto de 2015, dos años antes de que ocupara un cargo en el gobierno municipal de Ensenada.

Tras haberlo contratado como su abogado en un juicio civil que evitaría un aumento en las rentas que pagaban en el poblado de San Luis Gonzaga, los norteamericanos fueron desalojados de sus hogares cuando la empresa arrendataria Punta Final, los demandó por falta de pago.

El dinero, según consta en averiguaciones previas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), fue entregado por medio de cheques y trasferencias bancarias a Castillo para que éste depositara las rentas mediante diligencias de consignación en los Juzgados, pero la empresa no lo recibió


Foto: Ramón T. Blanco Villalón.- Uno de los cheques pagados al funcionario. Arriba, Carlos Enrique Castillo acompañado del alcalde, Marco Antonio Novelo en su toma de protesta como jefe de ZOFEMAT.

Por este motivo, Carlos Enrique Castillo Gutiérrez, actual jefe de la Zona Marítima Federal (Zofemat) en Ensenada, enfrenta cinco denuncias por fraude que suman 86 mil 475 dólares, esto es un millón 470 mil pesos al tipo de cambio actual.

El altercado que se muestra en el vídeo ocurrió antes de la presentación de las denuncias.

El sitio es la Cervecería Costa Azul, fundada por Castillo y ubicada en El Sauzal. Los afectados confrontan al hoy funcionario municipal, quien admite no tener el dinero que le entregaron, pero les pide tiempo para conseguirlo y pagarles.

“No tengo la cantidad exacta para reponerles… la única manera es vendiendo mis propiedades. Lo puse en venta (el terreno), te enseño los papeles donde está en venta, está en el Cañón de la Piedrera, en Tijuana”, afirma.

Caren Campbell, hija de uno de los afectados, le reclama “Me mentiste, Carlos, en el teléfono cuando nos estaban desalojando, me dijiste que no sacara mis cosas porque tenía un amparo”.

“Voy a pagarles y reponerles el dinero, no quiero lidiar con esto. Voy a depositar directamente en sus cuentas, la única manera en que puedo salir de este lío es empezar con unos y luego otros porque no tengo todo el dinero”, dice Castillo con voz lastimosa.

El vídeo, grabado por la abogada Rosa María Gómez Guzmán, quien acompaña a los estadounidenses, finaliza cuando Castillo se da cuenta de la grabación y con un “no voy a salir en el vídeo”, le exige que detenga la filmación.

“LE DIMOS TODA NUESTRA CONFIANZA”

Los afectados, todos jubilados estadounidenses y de la tercera edad, rentaban predios a la compañía Punta Final, algunos desde la década de los setenta y otros más desde los noventa. En los terrenos sobre la costa del Golfo de California, en el poblado de San Luis Gonzaga en el municipio de Ensenada, construyeron sus viviendas.

Sin embargo, en 2009, dos años después de que la propiedad fue adquirida por Kevin Choi, se les notificó un incremento del 300 por ciento en el costo de la renta. Como resultado, un grupo de vecinos contactó al abogado Carlos Enrique Castillo Gutiérrez para obtener asesoría legal.



Los recibos que Castillo entregaba a sus clientes resultaron falsos.

Según las declaraciones ministeriales de los denunciantes Douglas Hasselo, Martin Geraldine Lorraine, Steven Doman, John Gerstenberg y Donald Briggs, los testimonios que rindieron a ZETA, así como la propia declaración de Castillo, el abogado les aconsejó iniciar una asociación civil para organizar su defensa legal.

El 7 de julio de 2009, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Enrique Castillo Gutiérrez se registró como apoderado de la asociación civil Punta Final Homeowners Association, presidida por Melvin J. Snider, con Roger Martin como secretario y John Gerstenberg como tesorero.

Gerstenberg relata que, desde un principio, el abogado solicitó 2 mil dólares a cada uno como pago por sus servicios y para gastos de los juzgados.

En ese entonces, la asociación estaba conformada por casi 40 personas, pero solamente 16 aceptaron la propuesta de Castillo, quien les aseguró que, por medio de un juicio civil, lograría la reducción de la renta.

Entre las credenciales que el abogado presentó para convencer a los jubilados, estaba su acreditación como perito traductor del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

“Creímos que era alguien importante y le dimos toda nuestra confianza”, comenta Gerstenberg.

Los denunciantes, ahora representados por el abogado Juan Antonio Raygoza Medina, explican en sus declaraciones que Castillo “sugirió no pagar el aumento del arrendamiento argumentando que era ilegal”.

No obstante, entre 2010 y 2011, según las testimoniales de los cinco denunciantes, Castillo les informó que comenzaría a depositar los montos de renta de los predios mediante diligencias de consignación en el Juzgado Mixto de Paz en Ensenada, mientras se conciliaba el precio del arrendamiento.

Por medio de cheques y depósitos bancarios hechos a nombre de Castillo en cuentas estadounidenses, como una del banco Wells Fargo, o bien del tesorero -quien comprobó los subsecuentes pagos al abogado-, los estadounidenses cubrieron el pago de sus rentas bajo el entendimiento de que este dinero era depositado directamente en el Juzgado.

“Hemos ganado. No van a tener que pagar más de renta, van a pagar lo mismo”, relata Gerstenberg que Castillo les aseguró.

No era cierto. Entre agosto y octubre de 2012, fueron notificados de una demanda en su contra por parte de la empresa Punta Final por falta de pago, la cual derivó en un juicio sumario de desahucio, es decir, los estadounidenses fueron expulsados de sus viviendas.

Cuando los afectados encararon a Castillo, éste les contestó “que él se haría cargo de la situación (…) Los ofendidos le siguieron depositando diferentes cantidades de dinero”, se explica en los escritos de denuncia.

Pero la situación empeoró. El 7 de agosto de 2014, personal del Juzgado Mixto de Paz de San Quintín llegó a las viviendas para expulsar a los estadounidenses tras informarles “que no se habían pagado las rentas desde el mes de marzo de 2012”, establece la denuncia.

Algunos de los expulsados, como Roger Martin y Douglas Hasselo, tenían afectaciones en la salud que empeoraron después del desalojo.

A pesar de que Castillo no llegó en el momento del desalojo, les aseguró que se trataba de una ilegalidad. En septiembre, les pidió más dinero para promover amparos y así recuperar tanto sus casas como sus pertenencias que fueron sacadas del lugar.

Los estadounidenses continuaron pagando a Castillo. Explican que como extranjeros y ante el desconocimiento de la Ley, creyeron en lo que les decía y no buscaron otras opiniones legales.

Esto cambió en 2014, cuando contrataron a la abogada Rosa María Gómez Guzmán, quien tras hacer revisiones en el Juzgado Mixto de Paz, no encontró registros de depósitos de renta, algunos casos desde 2012, en otros de 2013 y 2014.

Las denuncias ante la procuraduría se interpusieron en 2015 y 2016. Además, afirman los denunciantes, hay otros afectados que no presentaron las demandas ante la PGJE porque no radican en California y les resulta complicado seguir un proceso legal a distancia.

AFECTADOS DICEN HABER RECIBIDO RECIBOS FALSOS DE CASTILLO

Como parte de las pruebas que los denunciantes aportaron, está una serie de recibos que presumen falsos, los cuales Castillo les entregó como prueba de que las rentas estaban siendo depositadas en los Juzgados dentro del juicio civil contra la empresa arrendataria.


Los afectados, jubilados estadounidenses, perdieron su patrimonio.

A simple vista, los documentos parecen ser expedidos por un tribunal debido a la colocación del texto, los espacios, la tipografía y otros detalles como un sello con la fecha.

En uno de ellos, dirigido al “C. Juez Mixto de Paz de este partido judicial en Ensenada, Baja California”, Castillo Gutiérrez firma como apoderado legal de John Gerstenberg, uno de los ahora denunciantes, para “exhibir billete de depósito bueno por la cantidad de 15,269.14 pesos (…) por concepto de rentas correspondientes a los meses de enero a junio de 2014”.

Sin embargo, en el documento no hay sello de recibido por parte del Juzgado Mixto y, a decir de los abogados de los afectados, tampoco se localizó en el expediente de la demanda que refiere.

DESPUÉS DE LOS ESTADOUNIDENSES, LOS NEGOCIOS

En marzo de 2013, el gobierno de Baja California entregó créditos para la creación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs). Uno de éstos, por 155 mil pesos, fue para Carlos Enrique Castillo Gutiérrez y su proyecto, Cervecería Costa Azul en Ensenada.

Aunque la empresa no se encuentra registrada en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California, Castillo Gutiérrez aparece en diversas entrevistas y notas periodísticas como fundador y presidente de ésta. Incluso, llegó a presidir la Asociación de Cervecerías Artesanales de la Baja California.

Mientras que este año, apenas en febrero, se registró como propietario de la Vinícola Castillo-Iñiguez, en asociación con Marco Antonio Iñiguez Miramontes. Cada uno con una inversión de 50 mil pesos.

La empresa con domicilio en Ensenada, busca precisamente la realización de actos y negocios en la rama agrícola, ganadera, avícola, vinícola, industrial, comercial y de servicios, incluso la operación de restaurantes, cafés, hoteles y moteles, según su acta constitutiva.

“COBRÉ COMO ABOGADO CORPORATIVO EN ESTADOS UNIDOS”: CASTILLO

Acompañado de su abogada Sonia Navarro, ex procuradora de Justicia en Ensenada, así como del también ex empleado de la PGJE, Hugo Salinas, Carlos Enrique Castillo Gutiérrez ofreció su versión de los hechos a ZETA.

En principio, aceptó que fue contratado por un grupo de estadounidenses “por mis servicios profesionales para diferentes cosas, para que los organizara”.

Indicó que los representó por medio de una asociación civil porque “ellos tenían una situación complicada con el arrendador, quería abusar con el nuevo contrato de arrendamiento, subir el 300 por ciento, eso estaba en contra del Código Civil de Baja California. Entonces, mi asesoría era en relación de que ellos no pagaran más de lo que deberían de pagar”.

Si este fue el fin para que se lo contrató, Castillo Gutiérrez no lo logró, ya que las rentas no fueron modificadas. “Por todo esto, cobré como abogado corporativo en Estados Unidos”, expresó, a pesar de que el proceso legal se dio en México.

“Posteriormente, tuvieron unas diferencias con el arrendador, juicios sumarios de desahucio, yo no los representé en esos juicios. Yo los representé en la demanda de amparo al final”, añadió.

Lo que sí aceptó fue su trabajo de gestión para “pagar la renta en representación de ellos, incluso a través de poderes que se me otorgaron, pagarle al arrendador. Cuando no se pudo llevar esa relación porque a él no le convenía, al arrendador, nos vimos obligados a consignar las rentas en los juzgados competentes en México”, precisó.

Sobre las acusaciones en su contra por no haber depositado estas rentas y de los ilícitos que se le acusan, fraude y delitos de abogados defensores y litigantes, contestó: “No hay ningún delito. Me solicitaron servicios, los cumplí y me pagaron”.

Por su parte, la PGJE confirmó los testimonios de los denunciantes y, sobre las averiguaciones previas 573/163/311, 1062/16/311 y 1516/16/311, indicó que se realizaron diligencias tales como declaración de testimoniales, se giró oficio a la Dirección de Profesiones del Estado, así como orden de investigación en las diferentes actas y se recabó la declaración inicial del indiciado, quien se reservó el derecho.

AHORA, FUNCIONARIO DE NOVELO

En junio de 2017, Carlos Castillo Gutiérrez pasó de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Ensenada, a la jefatura de Zofemat, dentro del gobierno de Marco Antonio Novelo, quien le tomó protesta.

La Zofemat es la franja de 20 metros de ancho de tierra contigua a la playa, y entre las responsabilidades de Castillo Gutiérrez, está la verificación del cumplimiento de la normativa aplicada al uso de esta zona. Ensenada cuenta con más de 500 kilómetros lineales de costa.

Después de despedirlo como su abogado, algunos clientes de Castillo recuperaron sus casas tras firmar acuerdos individuales con la empresa de arrendamiento para pagar las rentas pendientes, pero hubo otros que no lo lograron.

Es el caso del padre de Caren Campbell, quien cayó enfermo desde que perdió su casa valuada en más de 50 mil dólares. La mujer encaró personalmente a Castillo en el vídeo grabado en 2015.

Hoy, dos años después, pregunta cómo un abogado acusado formalmente de defraudar a estadounidenses puede dirigir una oficina gubernamental.

Y no cualquiera dependencia, sino una que precisamente se encarga de administrar la costa de Ensenada, donde Caren guarda los recuerdos de su infancia y parte de su patrimonio quedó perdido tras contratar a Castillo como su abogado.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INÉS GARCÍA RAMOS/ LUNES, 21 AGOSTO, 2017 12:22 PM)

FALLAN PROCURADURÍAS, CRIMINALES GANAN


Las zonas o polígonos violentos están plenamente delimitados en Tijuana. En La Presa, Los Pinos y la Sánchez Taboada, se comete el mayor número de ejecuciones. Un porcentaje de los hombres y mujeres que están encabezando y ejecutando los asesinatos y la venta de droga también están identificados, por ejemplo, Edgar Herrera “El Cabo 8”, Cristian Serrano “El Veneno”, Rogelio Osuna “El Wara”, Ángel Torres “El Wero”; sin embargo, ninguno tiene orden de aprehensión por parte de la PGR por delitos contra la salud o narcotráfico, ni por la PGJE por homicidio o narcomenudeo. Contrario a lo que prometió el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de ir tras esos objetivos, en Baja California siguen los gobiernos sin cumplir y los criminales en la impunidad

Ayer jueves 17 de agosto, se cumplió un mes de la reciente visita a Baja California del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, cuando estuvo en Tijuana para encabezar la reunión del gabinete de seguridad ante el recrudecimiento de la violencia en el Estado. No trajo soluciones, y al irse sólo hizo dos promesas: que regresaría en el lapso del siguiente mes y cuando el gobernador Francisco Vega se lo pidiera; y dos, que iría tras los objetivos criminales responsables del incremento de la violencia e inseguridad en el Estado.

Pero no ha cumplido ninguna de sus dos promesas.

Hace un mes, el titular de Gobernación declaró sobre los criminales que asesinan y trafican con drogas en esta frontera: “Estén en el Estado (de Baja California) o no estén aquí, porque algunos operan fuera del Estado, algunos están aquí y vamos a ir por cada uno de ellos, para poder resolver poco a poco el tema que tenemos”.

Justificó que en ese momento había “objetivos muy claros por los que vamos a ir”.

Sin embargo, respecto a la lista de objetivos en poder ahora de Estado y Federación, poco o nada se ha hecho con relación a hace un mes:


* Las instancias federales, particularmente la Procuraduría General de la República, siguen sin investigar. No judicializan los casos por tráfico de droga, respecto los narcotraficantes y células de cárteles que operan y controlan el trasiego de enervantes en Baja California.

* En la Procuraduría General de Justicia del Estado tampoco han iniciado expedientes a los criminales identificados u “objetivos”, como los llamó Osorio, ni por el delito de narcomenudeo, ni por homicidio.

* Policías estatales y municipales han capturado, en más de una ocasión, a algunos de los “objetivos” del Gobierno Federal y del estatal, como Juan Manuel González Vega “El Quemado” o Cristian Salvador Serrano Flores “El Veneno” o “El Poison” con armas o droga, pero éstos siguen recuperando su libertad de manera sistemática.


En ese contexto, ante las promesas incumplidas del secretario de Gobernación y la inacción por parte del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, en Baja California los muertos continúan acumulándose. En julio, cuando el funcionario federal pisó tierra bajacaliforniana, la estadística de Tijuana alcanzó 850 muertes violentas; 31 días después, las ejecuciones suman 987. Un promedio de cuatro asesinatos al día.

Aun cuando la ciudad está convertida en un campo de batalla por el control del narcomenudeo, los números evidenciaban -hasta el 16 de agosto- que la violencia continúa concentrándose en la zona de La Presa, con 178 ejecuciones, y La Presa rural con 82 asesinatos; la Sánchez Taboada con 131 homicidios; y Los Pinos con 120 muertes violentas.

Así, mientras las plataformas de información siguen sin registrar órdenes de aprehensión contra los detenidos, y las procuradurías sin judicializar los casos de los “objetivos”, las versiones recogidas en interrogatorios extraoficiales a los detenidos y posteriormente liberados, permiten a los investigadores hacerse de información de inteligencia para tener una idea de la estructura criminal e identificar a los “objetivos” de Osorio Chong.

La lista compartida entre los tres órdenes de gobierno, y mostrada a ZETA, incluye varias decenas de criminales activos, asesinos, secuestradores, cobradores de piso. Sin embargo, son los mandos medios delictivos los que interesa aprehender al Gobierno Federal y al estatal.

En la lista tienen identificados como criminales locales viviendo en otro Estado a: Alfonso y René Arzate, Los Primos Uriarte, José Antonio Soto Gastélum “El Tigre” y Juan José Pérez Vargas. Concentran sus “esfuerzos” en capturar a sus representantes delincuenciales en Baja California, identificados oficialmente como:

* Cristian Salvador Serrano Flores “El Veneno”.

* Rogelio Sebastián Osuna Leyva “El Wara”.

* Ramón Daniel Ochoa Loera y/o Herrera Ochoa “El Rastafary”.

* Luis Ángel Torres Barba “El Wero”.

* Edgar Alejandro Herrera  Pardo “Cabo 8”/“El Caimán”.



LOS URIARTE-CHAPITOS CONTRA CTNG-CJNG
LOS CABOS CONTRA “EL VENENO”

De acuerdo a las investigaciones, este pleito de sangre y plomo se recrudeció en mayo, cuando la estadística de homicidios llegó al máximo mensual de 162 muertes violentas.  Entonces aumentó la aparición de cadáveres decapitados de ambos bandos -sujetos cercanos a los mandos medios-, asesinatos de víctimas colaterales, familiares o no, de los criminales.



Según los investigadores, José Pérez y José Luis Mendoza Uriarte dan las órdenes, pero las autoridades locales están interesadas en la captura de los ejecutores.

Del Cártel de Sinaloa encabezado por los hermanos Mendoza Uriarte, el Consejo Estatal de Seguridad de Baja California tiene identificados a:

Cristian Salvador Serrano Flores “El Veneno” y Rogelio Sebastián Osuna Leyva “El Wara”, como quienes venden droga y controlan territorios. Y en calidad de socios o empleados delictivos, a Luis Montes Quezada “El Wiwi”, Lama Mondragón Flores “La Betsi”, Cristian Muñoz “El Chiapas”, además un hombre al que apodan “El Fredy”, considerado jefe de Cristian Guillén Rangel “El Dicho”, de Eduardo Ruiz Castellón “El Kora” y Alberto Aispuro “El Mazapán”. Los tres fueron detenidos el 31 de mayo en un departamento donde tenían un cadáver y un narcomensaje. Los tres fueron liberados al no ser aprehendidos en flagrancia, y declararon no ser los asesinos.


De ellos, Alberto Aispuro ya había sido blanco de atentado. Lo quisieron asesinar el 1 de mayo, y el 19 también. Esa última ocasión, sus atacantes asesinaron a la niña Ashley, quien era su hijastra.

El mismo mes, supuestos asesinos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) subieron a internet la decapitación de uno de los compinches de “El Veneno”, también amenazaron con ejecutar a otros cuatro criminales: Guadalupe Garibay “La Wacha”, Olimpia García “La Olivia”, Joel Espinoza “El Pitufo” y a un hombre identificado como “El Murrieta”. Al igual que los anteriores, todos han sido detenidos y liberados en algún momento, mientras siguen enfrentándose a delincuentes del CJNG, a quienes han ubicado como “Cabos” y ubican así: Edgar Alejandro Herrera Pardo “Cabo 8” antes “El Caimán”, Carlos Hinojosa “Cabo 96”o “El Haker”, Ricardo Álvarez “Cabo 39” o “El Bebé”, Israel Alejandro Vázquez Vázquez “Cabo 450” o “El de los Módulos”.

UN SEGUNDO FRENTE EN EL PLEITO TERRITORIAL

Aparte de esas células criminales, autoridades han identificado a otros dos grupos. Uno de Sinaloa, otro de Jalisco, que participan como en la cadena criminal, y también inmiscuidos en ejecuciones.

En el CJNG-CTNG, el Grupo Coordinación identifica un grupo de siete integrantes:

* Ramón Daniel Ochoa Loera y/o Herrera Ochoa “El Rastafary”.

* Oliver Amézquita.

* Esteban Esquer.

* Javier Esquer “El Raro”.

* Luis Esquer “El Cachora”.

* “El Erick”.

* “El Mike”.

Indagatorias indican que a este grupo se le relaciona con la decapitación difundida en un video en mayo de 2017, y una narcomanta colocada sobre el Puente México, donde amenazaban a los primos Uriarte y reclamaban el asesinato de familiares:

“Mira hijo de tu puta madre pinche chompa mugroso que no hablamos puto no ibas a matar a familia ni niños estás valiendo verga Ojo por ojo diente por diente te pasaste de verga con el niño que mataste en la Sánchez culero con el señor del florido por los bomberos que iba con su familia ese señor no tenía nada que ver hijo de tu puta madre nomás aguanta la verga culero es la palabra que dice tener pinche mugroso pero échale putasos pero aguanté la verga nomás estás arriesgando a tu gente y a qué te matemos a tu familia como tú lo estás haciendo Atte CTNG, José Luis Mendoza Uriarte Francisco Javier Mendoza Uriarte El Chapito José Humberto Uriarte Francisco Javier Iñiguez el perro güero chompas o güero o el Luca”.

Según los investigadores, el otro grupo criminal identificado y ligado al Cártel de Sinaloa está integrado por:

* Luis Ángel Torres Barba “El Wero”.

* Cristian Huerta Cervantes “El Keser”.

* Jesús Tovar Valdivia “El Changuito”.

* Héctor Silva Rentería “El Botis”.

* Brayan Ramírez Salazar “El Pablito”.

Con esta célula criminal, presuntamente delinquen otros siete hombres de quienes sólo conocen apellido o apodo: Hugo Ortiz, “Bolillo”, Jorge, “Faked”, “Dante Guamúchil” y “Miki”.

Pero a pesar que tanto en la Secretaría de Seguridad, como en la PGJE y la PGR conocen a estos “objetivos” y se han planteado aprehenderlos, ninguno de ellos, ni en el ámbito federal o en el estatal, tiene orden de aprehensión. Con todo y que la lista de “objetivos”, esté en la Secretaría de Gobernación.

CAPTURAS DE “OBJETIVOS” FUERA DE BC RESOLVERÍA PROBLEMA DE LA INSEGURIDAD EN EL ESTADO

Daniel de la Rosa Anaya, secretario de Seguridad Pública en el Estado, señaló que solamente en la medida que se den las capturas de los “objetivos” o líderes de los cárteles del narcotráfico, quienes se encuentran y operan fuera de la entidad, se podrá garantizar la resolución de la inseguridad tanto en Tijuana, como en Baja California en general.

Tras la reunión de Seguimiento del Acuerdo de Voluntades, Cruzada Estatal por la Seguridad, que sostuvieron todos los encargados de la seguridad en el propio Estado, manifestó que gran parte de la problemática la generan precisamente estas personas que “mandan desde afuera”, a lo que se suman los que son detenidos y que por alguna razón los jueces determinan dejarlos en libertad.



Aceptó que ahora la dimensión del problema y el reto son mayores, puesto que en el tema de los homicidios en Tijuana y en el Estado, en general los índices son mayores en comparación a años anteriores, sin embargo, resaltó que en ese sentido se ha carecido de la participación ciudadana y el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) ha abonado a ello.

Un punto importante a considerar, dijo, es el actuar que han estado tomando los jueces, ya que muchos de los detenidos están quedando en libertad, cuando es facultad de los juzgadores determinar si un detenido queda en prisión preventiva o no y los están dejando salir, muchas veces con el argumento de que no se efectuó bien el parte correspondiente.

Es necesario, urgió De la Rosa, que se tase en la Ley que si el juez no puede resolver una prisión preventiva para un detenido, la autoridad les ayude a resolverlo, ya que como se ha visto en las narcomantas, son los mismos detenidos de antes, ahora en libertad, los que generan la problemática en Baja California.

En el mismo sentido, la procuradora de Justicia en el Estado, Perla del Socorro Ibarra Leyva, manifestó que si bien el Ministerio Público debe realizar la petición de la prisión preventiva, a veces esto no sucede porque “está al arbitrio del juzgador determinar o no la prisión preventiva”.

A propósito de los “objetivos” que están fuera de BC, Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, declaró que durante la visita de Miguel Ángel Osorio Chong, le hicieron la petición de que se hiciera algo con ello, ya que muchos de éstos no tienen orden de aprehensión federal, lo cual dificulta la labor de seguridad.

ENCUENTRAN RESTOS ÓSEOS EN PREDIO CONOCIDO COMO “LA GALLERA”

Fernando Ocegueda Flores, presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de BC, manifestó a ZETA que más de 150 restos óseos pertenecientes a varios cuerpos humanos fueron encontrados esta semana en una narcofosa en las inmediaciones del predio contiguo al sitio conocido como “La Gallera”, en la colonia Maclovio Rojas de esta ciudad.

Destacó que se trata de partes como fémures, cráneos, brazos, dentaduras y demás, las cuales son todavía susceptibles a pruebas de ADN, lo cual es un buen indicio porque se podrán identificar los cuerpos.

Argumentó que una persona detenida en meses pasados por la Procuraduría General de la República (PGR) informó que en dicho predio se encontraban enterrados estos restos humanos.

El activista refirió que se trabajó en conjunto con la división científica de la PGR, la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada, la Gendarmería y el equipo de la Policía Federal.

Finalmente, compartió que ya realizó gestiones en la PGR para que les permitan más días para continuar con las labores de búsqueda en el lugar, hasta que el sitio quede completamente limpio de restos óseos.

Consultadas las fuentes de seguridad del Estado, aseguraron de manera extraoficial que la Federación les informó que no eran restos humanos. Pero en la delegación de la PGR la respuesta fue que se trató de un operativo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y, desde esa instancia, se harán públicos los resultados, cuando la SEIDO lo considere pertinente.

AMPAROS RELACIONADOS CON “EL TÍO”, NEGOCIOS DE MÁRQUEZ EN OPERACIÓN

Aseguradas por la Procuraduría General de la República, diversas empresas señaladas de lavar dinero del presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández “El Tío”, operan con regularidad, entre ellas, las del futbolista Rafael Márquez, en Guadalajara.

En el Registro Público de la Propiedad y el Comercio se anotó, por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Financieros Federales (UEIDFF), que dichos bienes no son susceptibles de compraventa o transacciones por relacionarse con pesquisas de lavado de dinero.

Entre las sociedades intervenidas por Márquez está la Clínica Prosport & Health, donde, tanto el gimnasio como áreas de consulta y terapia, continúan laborando. En el Colegio Once México, donde están asociados los ex futbolistas Alberto Coyote, Juan Carlos Chávez y José Montes de Oca, se hallan en iguales condiciones; lo mismo con el Grupo Terapéutico HorMarAl.


Foto: Cortesía

Donde hubo cierre parcial fue en la Fundación Rafael Márquez Fútbol y Corazón A.C., el cual dejó de recibir al público, desde el 11 de agosto; cuando antes se atendían a 200 niños, quienes recibían comida completa por cinco pesos y utilizaban instalaciones, programas deportivos y educativos.

El abogado de Márquez, José Luis Nassar, confirmó que las empresas, sus cuentas bancarias y las cuentas de Márquez están aseguradas; sobre la fundación, dijo que al no poder recibir donativos e ingresos económicos, su cierre definitivo es inminente.

Por ahora, el equipo jurídico recaba información patrimonial y financiera de los últimos 20 años de Rafael, para aportarla como prueba y acreditar la procedencia legítima de sus bienes, de modo que se proceda con el levantamiento de la medida decretada en México, por señalamientos del gobierno estadounidense.

MIEDO A EXTRADICIÓN

En el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, en Jalisco; el 10 de agosto, Óscar Armando Jiménez Hernández pidió la protección de la justicia contra actos del procurador general de la República y otras autoridades, en “la orden de detención provisional con fines de extradición y su ejecución; así como el aseguramiento de dos cuentas bancarias”.

También, Irma Lizet Damián Ramírez y Saúl Flores Tinajero presentaron escritos similares en el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de Zapopan. Jorge Arturo Santos Murillo -abogado de Jerónimo Vera Ayala, en su momento y ahora de “El Tío”- fue autorizado para ello.

En el mismo Tribunal se tramita, desde el 27 de julio, un juicio de amparo para Raúl Flores Castro, hijo de “El Tío”, del cual obtuvo una suspensión del acto para no ser extraditado. Ante el Juez Segundo de Distrito en Guadalajara, solicitaron amparos Hugo Iván Carranza Zepeda y José Antonio Cordero Cárdenas, presuntos prestanombres de Flores.

Los jueces concedieron, en todos los casos, la suspensión del acto reclamado de orden de aprehensión o de detención provisional, con fines de extradición, pero negaron la suspensión del aseguramiento de cuentas bancarias. La audiencia constitucional de la mayoría se programó para finales de agosto o inicios de septiembre.

“EL TÍO” EN EL ALTIPLANO

Francisco Samuel Martínez Bojórquez, defensor del narcotraficante Héctor Beltrán Leyva “El H”, promovió un juicio de amparo a favor de Flores, en el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales, en el Estado de México, y contra el director del Cefereso, Almoloya de Juárez, entre otras autoridades.

Según el escrito, “El Tío” sufre incomunicación, segregación, tortura, malos tratos y aislamiento. No recibe visitas familiares por locutorios ni realiza llamada telefónica. El juez de amparo concedió la “suspensión de plano” para que, en caso de que existan los actos que reclama, cesen de inmediato.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA  /INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 21 AGOSTO, 2017 12:00 PM)


MAESTROS DEL CECYTE EN LA INCERTIDUMBRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL


Foto: Manuel Ayala.- Convenio de inclusión a la seguridad social entre CECyTE e Issstecali, en donde se estipula que no se reconocerá la antigüedad de los trabajadores.

Ni Issstecali,  Issste o Seguro Social, reconocen la antigüedad laboral de maestros de un Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos en Tijuana, toda vez que al ser un órgano descentralizado, no los consideran federalizados o estatales, a pesar que la SCJN resolvió en 2003 que a dichos trabajadores se les aplicaría el Apartado A del Artículo 123, que señala, “gozarán de los servicios y prestaciones que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social”

Un grupo de más de 70 profesores adscritos al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE), que laboran en el plantel Pacífico ubicado en la avenida República de Colombia, Fraccionamiento Panamericano, viven en la incertidumbre de no saber qué va a suceder con su seguridad social y su derecho a la pensión y jubilación, derivado de los constantes cambios registrados en el decreto de creación de dicho colegio.

Sobre todo porque argumentan que en el nuevo convenio que esta institución firmó con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipales del Estado de Baja California (Issstecali), no se reconoce su derecho a la antigüedad, y al contrario, los ubica como nuevas generaciones que empiezan a cotizar a partir del 1 de enero de 2016, cuando varios tienen diez años o más trabajando en el plantel.

La situación les parece injusta por el tiempo que han dedicado a su trabajo, además de un acto de corrupción por parte del Sindicato Poder Obrero de Trabajadores (Sinpot) de Baja California CROM, al cual ellos pertenecen y que, acusan, solapa y contribuye a esta incertidumbre por la falta de información y documentos oficiales que corroboren que su situación se va a estabilizar, y que les van a garantizar su derecho a la jubilación y pensión conforme a la antigüedad que ya tienen a cuestas.

CONSTANTES CAMBIOS EN LOS DECRETOS

El profesor Próspero Guadalupe Fierro Verdugo, quien además es delegado sindical en el plantel, refirió a ZETA que la inconformidad del grupo de maestros deriva de las constantes modificaciones que se han hecho a los decretos, puesto que el referente a la creación del CECyTE, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 14 de agosto de 1998, se estipula que todos los trabajadores desde entonces ya deberían tener una seguridad social garantizada.

Esto porque en el Artículo 29 se menciona claramente que “gozarán de los servicios y prestaciones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipales del Estado de Baja California”, situación que no se dio así, puesto que desde un principio simplemente tenían un convenio con Issstecali, que solamente otorgaba la prestación de los servicios médicos y no del derecho a la jubilación y la pensión, además, eran convenios que se renovaban cada mes, situación que se mantuvo hasta 2016.

Derivado de esta situación, se presentó una problemática en aquel entonces sobre a qué régimen o apartado pertenecía el CECyTE por el hecho de ser un organismo descentralizado, el caso se fue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), institución que argumentó que los organismos descentralizados deberían pertenecer al Apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por lo tanto, debían contar con afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



Periódico Oficial del Estado, en el que se manifiesta que los trabajadores del CECyTE pertenecen al apartado A del Artículo 123 de la Constitución y que gozarán de las presentaciones del IMSS

Por lo tanto, el CECyTE no tuvo más remedio que incluir en el decreto todo lo que se mencionó y, en el Periódico Oficial del Estado, publicado el 24 de marzo de 2003, se corrigió el Artículo 29 para estipular explícitamente que “se regirán por lo dispuesto en el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” y se “gozarán de los servicios y prestaciones que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”.

A pesar de esta modificación, el profesor detalló que “no se respetó nada”, porque ellos continuaron con el convenio por servicios médicos con el Issstecali, sin la opción de tener la posibilidad de la pensión y la jubilación, situación que no les garantizaba la estabilidad para el docente ni para el magisterio, por falta de representación de sus líderes sindicales.

Fue hasta 2011 que se hizo nuevamente una modificación al decreto de creación, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 25 de marzo del mismo año, en la que el Artículo 29 sigue señalando que “se regirán por lo dispuesto en el apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, pero en la modificación final se señala que se “gozarán de los servicios y prestaciones que otorgue la Institución de Seguridad Social correspondiente”, es decir, que se eliminó al IMSS como se había manifestado antes y ya tampoco se señala al Issstecali, sino al “correspondiente”.

Por lo tanto no entienden por qué se omitió esa situación, puesto que si pertenecen al Apartado A, por qué continuaron con el régimen del Issstecali, que es del Apartado B, cuestionamiento que ZETA le realizó a Tadeo Hernández Perales, coordinador sindical del Sinpot, quien dijo desconocer a qué se debieron todos esos cambios.

Sin embargo, detalló que en el afán de resolver el problema de la seguridad social, se habló incluso con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en 2012, solicitándole la incorporación completa de sus trabajadores representados, pero uno de los departamentos de la dirección general del Issste no estuvo de acuerdo, con el argumento que ellos solamente “le dan la seguridad social a los trabajadores federalizados”, por ende, reciben una cuota por parte del Gobierno Federal por cada trabajador afiliado al mismo; entonces el Issste quería que se garantizara esa cuota, pero como el CECyTE no es un organismo federal, sino descentralizado, no se podían “arriesgar a tener en garantía ese recurso”.

Agregó que tampoco se pudo recurrir al IMSS porque esa institución no permite un reconocimiento de antigüedad, es decir, solamente empiezan a cotizar desde el momento en que genera el acuerdo y no se respeta lo que ya venía atrás, uno de los motivos por los cuales el colegio optó por el reconocimiento de los años que ya se tenían laborados, y en ese entendido se buscó al Issstecali, con quienes el 30 de diciembre de 2015, se pudo lograr la seguridad social completa.

ISSSTECALI TAMPOCO RECONOCE ANTIGÜEDAD

El convenio se firmó el 30 de diciembre de 2015 entre la dirigencia de los CECyTE en el Estado y el Issstecali, pero a los maestros les generó una desconfianza porque se pactó el no respetar la antigüedad de los mismos, ya que textualmente, en la segunda cláusula del convenio se menciona que “el CECyTE BC reconoce que la incorporación al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, es a partir de enero del 2016, y será aplicable como nuevas generaciones por lo que el presente convenio no incluye reconocimiento de antigüedad alguna de sus trabajadores”.

Situación que no ven conveniente, porque hay trabajadores que tienen más de 10 años, algunos incluso 17 años trabajando ahí, y no es posible que no se les vaya a respetar “su esmero y su trabajo”, pero contrario a lo que el profesor manifiesta, el director general de CECyTE en el Estado, José Luis Kato, afirma que tras 16 años de problemática con la cuestión de la seguridad social de sus trabajadores, para ellos fue “un logro” haber podido pactar este convenio.

Sobre todo porque se da ese paso de lograr la certeza de la pensión y la jubilación para los profesores, y ahora el reto pendiente será el hecho de garantizar el reconocimiento de la antigüedad de cada uno de ellos, para lo cual requieren de un estudio actuarial en el que ya se está trabajando para presentarlo al Gobierno del Estado y al propio Issstecali.

Pendiente en el que, de acuerdo al coordinador sindical del Sinpot, Hernández Perales, se están contemplando dos vías para resolverlo, pero a la que le están apostando todos es que se dé el reconocimiento de la antigüedad de una forma escalonada, para que al trabajador tampoco se le haga tan pesado, ya que para esto se tiene que dar la aportación tanto del trabajador como del propio CECyTE.

ZETA contactó a Joan René Jattar Colio, subdirector general de Prestaciones Económicas y Sociales del Issstecali, quien confirmó que efectivamente existe la posibilidad que se pueda llevar a cabo el reconocimiento de la antigüedad de los trabajadores, bajo el acuerdo mutuo de los mismos con su patrón, en este caso el CECyTE; sin embargo, confirmó que hasta el momento no han tenido plática alguna ni acercamiento con la institución educativa para comentar sobre ese tema en particular, por lo tanto, no se ha establecido nada en cuanto al tema, acrecentando la incertidumbre de los profesores, puesto que nada es oficial ni un documento firmado les garantiza que esa opción se vaya a concretar en beneficio de su trabajo; por lo tanto, siguen optando porque tanto el sindicato como la propia institución para la cual trabajan, les brinden certezas de lo que está sucediendo y lo que vaya suceder, ya que no son los únicos que se sienten vulnerados. También profesores de planteles como Playas de Tijuana y Santa Fe, quienes apoyan a los del Plantel Pacífico.

Sin embargo, la gran mayoría “tienen miedo a las represalias, a perder el trabajo o a lo que pueda suceder”, indicó el profesor Próspero Guadalupe, miedo que él ya perdió después de “tantos años que nos han tenido arrodillados”, puesto que lo único que exigen es que les respeten lo que marca la Ley y que se les gratifique bien por toda su labor que realizan, con la contribución de la formación de buenos ciudadanos.

ACUSAN A SINDICATO DE DEJARLOS DESPROTEGIDOS

El propio profesor acusó tanto a Tadeo Perales Hernández, coordinador sindical del Sinpot, como a Norberto Gutiérrez Duarte, secretario general del mismo, de hacerse “de la vista gorda” ante esta circunstancia porque les siguen quitando los descuentos de la bolsa de ahorro y “no han hecho nada”; además, los acusó de haberlo desconocido como delegado sindical de su plantel, precisamente por haber “levantado la voz y defender nuestros derechos”.

Por ello, piensa en unirse al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) o al Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE), o en su caso, aprovechar las leyes y derechos de que disponen y formar un sindicato independiente.

Por su parte, Perales Hernández destacó que como en toda institución siempre hay gente a favor y en contra, y es muy complicado tener satisfechos y contentos a todos, y aunque cree que los maestros inconformes “están en todo su derecho de llevar a cabo las acciones que requieran”, gran parte del problema se debe al desconocimiento de todo lo que se tiene y que lo del Plantel Pacífico es muy particular, no un asunto generalizado en todo el colegio.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/  MANUEL AYALA /LUNES, 21 AGOSTO, 2017 12:00 PM)