Cuando Andrés Manuel López
Obrador dijo en su campaña presidencial que habría amnistía a quienes hubieran
participado en el narcotráfico, hubo quien vio una ventana de oportunidad. Fue
Miguel Ángel Treviño, el Z-40, el jefe de Los Zetas, preso desde julio de 2013,
quien a través de sus abogados envió un mensaje a la campaña del candidato
presidencial. Se comprometía a reducir en un 50% la violencia en Nuevo Laredo,
el tráfico de drogas, de armas, el contrabando de migrantes y el robo de combustible,
a cambio de una sola cosa: si llegaba López Obrador a la Presidencia, que no lo
extraditara a Estados Unidos. No hubo tiempo de nada, porque el 19 de julio del
año pasado, salió de México hacia una cárcel en ese país.
Los Zetas siguieron administrando
su empresa criminal, a la que entraron hace casi 15 años, cuando por falta de
droga se diversificaron hacia el robo de combustible. Fue el primer cártel que
entró en ese negocio. Los Zetas lo convirtieron en una operación trasnacional,
y vendieron cuando menos 46 millones de dólares de petróleo a refinerías en
Estados Unidos, que posteriormente enfrentaron juicios y varios de sus
directivos fueron a la cárcel. La delincuencia organizada es quien más
ganancias extrae del robo de hidrocarburos en el mundo, uno de los más grandes
fenómenos criminales de este siglo.
De acuerdo con un documento
del Centro de Energía Global del Consejo de Atlántico, una organización privada
estadounidense que nació en 1961, publicado en 2017 (Downstream Oil Theft:
Global Modalities, Trends and Remedies), el negocio criminal deja utilidades
anuales por 133 mil millones de dólares, que es superior al PIB de Kuwait, una
de las naciones petroleras. El informe cita 10 casos de estudio, incluido
México, en donde dice que extraer petróleo refinado durante sólo siete minutos,
representa a un cártel ganancias de 90 mil dólares. Un ingeniero de Pemex fue
detenido cuando se descubrió que cobraba mil 250 dólares por cada toma
clandestina que dejaba sin reportar.
El informe menciona que la
delincuencia organizada es quien más está involucrada en el robo de
hidrocarburos, pero no es la única. En orden de importancia hay funcionarios o
empleados gubernamentales, comunidades “desesperadas” porque no tienen otra
forma de obtener recursos, políticos y terroristas. En el caso mexicano, de
acuerdo con un estudio elaborado en 2017 por la consultora EnergeA para la
Comisión Reguladora de Energía, además de cárteles participaban del llamado
huachicoleo, grupos armados especializados, bandas criminales de bajo impacto,
empleados y ex empleados de Pemex, gasolineros, policías y empresarios.
Paradójicamente, aunque el robo estaba convertido en uno de los problemas más
apremiantes, López Obrador no habló sobre esto durante sus conversaciones con
el presidente Enrique Peña Nieto en la transición, ni este se lo planteó como
una prioridad.
No fue prioridad del Estado
Mexicano hasta el 27 de diciembre pasado, cuando el presidente López Obrador
anunció un plan para combatir el robo de hidrocarburos. La crisis del abasto de
combustible, resultado de incompetencia de las autoridades energéticas en la
planeación adecuada de la distribución para acompañar ese combate, ha sido
capitalizada por López Obrador para socializar didácticamente el problema
enfrente, e ir construyendo un consenso nacional, que no tuvieron anteriores
gobiernos, para ir a golpear al corazón del huachicoleo, que se encuentra en
quiénes son los principales responsables, por cuanto de beneficios obtienen,
del robo de hidrocarburos, y quienes pudieran ser figuras emblemáticas
involucradas en el delito que manden un mensaje a quien quiera seguir
delinquiendo: quien quiera seguir delinquiendo, que sepa que la pasividad y la
tolerancia se acabaron y si los atrapan, pagarán las consecuencias.
A través de declaraciones
públicas, el gobierno de López Obrador ha contabilizado cuatro personas que
investiga por este tema. Funcionarios federales dicen que han ido a declarar en
la PGR en calidad de “presentados”, lo que no significa que sean imputados en
este momento por cualquier delito. El único nombre que ha trascendido, al tener
que confirmar el presidente reportes de prensa, es el del brigadier general
Eduardo León Trauwitz, que de jefe de escoltas del gobernador Peña Nieto, pasó a
ser jefe de seguridad de Pemex en el gobierno anterior. En junio de 2017 se
retomó en este espacio una investigación publicada en ejecentral, donde el
brigadier general era la figura central en una demanda civil en Florida, por
haber incumplido con el pago de 1.7 millones de dólares de comisión -de un
total de 9.7-, por la compra de dos aeronaves para transporte de personal, cuya
información se mantiene en reserva.
Funcionarios federales
dijeron que además del militar hay otras cuatro personas, para un total de
cinco, sobre los cuales hay sospecha de haber participado en el robo de
hidrocarburos. Los nombres los mantienen en reserva, pero incluye a dos
ingenieros de Pemex en el área de logística, un empresario y un ex legislador.
En la administración anterior, cerca de 200 personas, incluidos funcionarios de
Pemex, fueron a la cárcel por ese delito, que sigue siendo no grave, donde se
utilizó información del SAT. El gobierno de Estados Unidos también ha dado a
conocer redes de gasolineras utilizadas por los cárteles de la droga, y se han
congelado sus cuentas bancarias.
Es decir, gobiernos
anteriores no fueron omisos, pero sí limitados en su alcance y débiles para
enfrentar a los criminales. López Obrador tiene la voluntad política, la fuerza
y el consenso. Adelante con todo el respaldo a cambio de algo: que llegue hasta
el fondo y mande a la cárcel a todos los responsables, sin importar apellido,
dinero, relaciones o filiación política.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO /11 DE ENERO DE 2019)
