miércoles, 7 de noviembre de 2018

SANTA LUCÍA DEBE MORIR (I)


El debate público sobre la cancelación del aeropuerto en Texcoco no cesa por ningún lado. Tampoco se ven espacios para que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador concurse su construcción y administración y se le entregue al mejor postor sin costo para el erario. Pero asumamos que López Obrador será consecuente con su promesa de campaña presidencial y respaldará lo que le dijeron sus dos asesores, José María Riobóo y Javier Jiménez Espriú: habilitar la Base Militar de Santa Lucía como aeropuerto civil, es la solución para evitar la saturación aérea y más barata que Texcoco. ¿Será cierto?

Para efectos de argumentación, asumamos que los estudios sobre la viabilidad de operar más de cuarenta vuelos por hora de manera simultánea entre el actual aeropuerto “Benito Juárez” de la Ciudad de México y Santa Lucía es posible y los aviones no chocarán a una altura de tres mil metros sobre Atizapán. Pensemos que no va a tardar 10 años en estar listo, sino los 36 meses que asegura López Obrador. Y que tampoco habrá oposición de los ejidatarios –a los cuales ya se les sumaron los grupos radicales de Texcoco-, ni hay daños ambientales. Imaginemos entonces, el aeropuerto civil de Santa Lucía, desde el punto de vista de un empresario asiático que va a visitar sus plantas en el Bajío.

Hoy, toma un avión en Narita, el aeropuerto que da servicio a Tokio, y 12 horas y media después aterriza en la Ciudad de México. Pensando que todo es muy eficiente, el paso por Migración y Aduanas lo demora una hora más. Sale del área internacional y si no tiene que conectar con un vuelo en una de las terminales distinta a donde llegó, tiene una hora y media para documentar su vuelo al aeropuerto de El Bajío, que dura poco más de una hora. Es decir, desde que despega en Narita hasta que aterriza en Silao, ese japonés invierte hasta su destino final alrededor de 16 horas.

Si es Santa Lucía o el aeropuerto “Benito Juárez” el punto de conexión de un vuelo desde Narita –en el entendido que ni financiera ni jurídicamente podrían hacer en ambas terminales aeropuertos domésticos e internacionales-, el viaje de un pasajero demoraría tres horas más. Esto, por las 12 horas y media de vuelo y la hora ideal para pasar por Migración y Aduanas. De ahí tendría que conectar con un servicio –quizás dedicado- que una los dos aeropuertos. Para efectos de argumentación, asumamos que como en Schiphol, Heathrow o Narita, la estación de ferrocarril –hacia Amsterdam, Londres o Tokio- estará bajando escaleras eléctricas que se encuentran dentro de la misma terminal, para conducir a los pasajeros a su  conexión.

Pese a que la conexión es en la misma terminal, los pasajeros caminan entre 300 y 600 metros aproximadamente, que a paso normal son unos ocho minutos, pensando que cargan una solo equipaje y uno de mano. En el caso de Heathrow, cuya distancia al centro de Londres es de 26 kilómetros, el traslado en el ferrocarril suburbano es de una hora y media, porque tiene varias paradas. En el caso de Narita, el aeropuerto se encuentra a 73 kilómetros de Tokio, para lo que usualmente se utiliza el Narita Express, que es un tren sin paradas, que tarda una hora y media. ¿En dónde se construiría la línea exclusiva para unir los dos aeropuertos? ¿Qué velocidad alcanzaría el transporte colectivo? No se sabe, pero para seguir la argumentación, tomemos el tiempo entre Schiphol y Amsterdam, que para cubrir una distancia de 20 kilómetros -la distancia entre Santa Lucía y el “Benito Juárez” es de 18 kilómetros-, el tren suburbano tarda unos 20 minutos.

Tomando estos referentes, una vez que el pasajero sale del área restringida y se dirige al transporte exclusivo para el otro aeropuerto, podría demorar entre ocho minutos caminando –si se construye como en las terminales mencionadas, que son de lo mejor en el mundo-, más el recorrido terrestre que podría sumar, idealmente, otros o 20 minutos. Estos 28 minutos se suman a las 12 horas y media de vuelo, que totalizarían hasta este momento casi 13 horas (en ningún caso se incluyeron los 10 a 20 minutos que tarda cada tren en llegar a la estación para ser abordado).

No se sabe en qué terminal documentaría el pasajero, pero parece difícil que las aerolíneas acepten montar dos operaciones de documentación simultáneas por razones de costo, por lo que es probable que sea en la terminal donde se embarcarán a su destino final. Entonces tendrían que llegar con dos horas de antelación, como se establece en las regulaciones de las aerolíneas para vuelos nacionales, con los cual ya suman 15 horas y media de vuelo, a lo que se le añade la hora de vuelo a Silao. Es decir, si todo sale bien, sin contratiempos, el viaje sería de aproximadamente 17 horas.

Una hora es suficiente desinhibidor para muchos, a lo que se le deben agregar los factores subjetivos de quienes tienen experiencia de conexión en distintos aeropuertos, de gran tensión por el alto riesgo de perder el vuelo por las usuales  contingencias imprevistas. En este caso se habla hipotéticamente. En términos reales, un cambio de aeropuerto para conectar en otro, sugieren los operadores de viaje que la escala sea de una a dos horas adicionales para garantizarlas. Es decir, el vuelo Narita a México se elevaría a 19 horas. Esto sería la muerte de Santa Lucía y, potencialmente, la del tráfico aéreo en la Ciudad de México tal y como lo conocemos. Lo argumentaremos.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA PALACIO/7 DE NOVIEMBRE DE 2018)

SEGURITECH, EMPRESA QUE RECIBIRÁ 800 MDP DEL GOBIERNO DE BC, DICE QUE EL C5I ES “UN PROYECTO MUY LINDO”


Fernando Peña, director general de la empresa Seguritech, la cual recibió un contrato del gobierno de Baja California para la construcción e instalación del C5i, por un monto de 789 millones de pesos en el curso de 10 años, se refirió al centro de videovigilancia en el estado como “un proyecto muy lindo”.

La empresa que ha obtenido miles de millones de pesos en contratos con gobiernos de la Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán y Colima, entre otros estados, ofreció esta mañana una conferencia de prensa para hablar del contrato que entró en vigor en agosto de este año.

Sin embargo, cuando al representante de la compañía se le cuestionó sobre las irregularidades del proyecto, señaladas ampliamente por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública en el Estado, como los sobreprecios en el equipamiento, así como la falta de transparencia en el contrato y las cláusulas que favorecen a la empresa, éste contestó que su empresa se limitó a proporcionar lo que el gobierno del Estado les solicitó.

Tampoco abundó en la demanda por difamación que Seguritech entabló en contra de Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en el Estado, una de las voces más críticas respecto al proyecto.

Al respecto, Fernando Peña solo leyó de una hoja para informar “hemos iniciado, en estricto apego a derecho, una demanda en la vía judicial por las posibles difamaciones que estas declaraciones hayan tenido. Estamos muy respetuosos de la autoridad y los tiempos que la autoridad determine”.

Tampoco confirmó contra quién estaba interpuesta la demanda ni en qué tribunal o cuáles son las declaraciones que consideran difamatorias hacia la imagen de la empresa.

A pesar de que en la Cámara de Diputados se inició una investigación por seis denuncias por irregularidades en contratos de Seguritech con distintos gobiernos como fallas en el equipo, el director de la empresa refirió que no han sido denunciados por incumplimiento de contrato sin hacer mención a los otros señalamientos.

Adelantó que desde hace días, la empresa ha realizado recorridos en los cinco municipios para decidir la instalación del equipo como cámaras de videovigilancia y arcos para la lectura de placas de automóviles.

Lo anterior pese a que no se ha efectuado, por parte del gobierno del Estado, el primer pago de 19 millones de pesos, el cual estaba estipulado en el contrato para efectuarse el octubre de 2018.

Más información en la edición impresa

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS / INÉS GARCÍA RAMOS/ MARTES, 6 NOVIEMBRE, 2018 07:29 PM)

ASESINAN A RESTAURANTERO EN PLAYAS DE ROSARITO


El propietario de un restaurante identificado como Hugo Alejandro García Villanueva, de 33 años de edad, fue asesinado a tiros la noche de este martes 6 de noviembre, frente a su negocio en Playas de Rosarito.

Datos recabados en el lugar refieren que alrededor 20:30 horas se reportó que hombres armados arribaron al establecimiento  denominado Garden & Salads ubicado sobre el bulevar Popotla, y dispararon contra un hombre.

Agentes municipales arribaron a la escena del crimen y confirmaron los hechos.

Trascendió que policías ministeriales localizaron en el establecimiento al menos 10 casquillos percutidos calibre 9mm

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  ZETA/ MARTES, 6 NOVIEMBRE, 2018 10:43 PM)

VAN POR CÉLULA DE SINALOA


“Tenemos persistencia por parte del grupo sinaloense, principalmente en Los Cabos”, reconoció una fuente del Grupo de Coordinación tras las últimas ejecuciones y  tres cuerpos encontrados semienterrados en Zacatitos

“Ahora no tenemos homicidios a plena luz del día, balaceras en zonas concurridas o enfrentamientos entre grupos criminales y/o policías; ahora hay algo silencioso, una operación de desaparecidos increíble, ni la misma autoridad cuenta con los datos, pero el Colectivo sin Ellos No, cuenta con amplio registro de hasta una persona desaparecida al día. Esos datos son preocupantes hasta para las mismas instituciones”, expuso un experto en delincuencia organizada consultado por ZETA.

La reducción de ejecuciones en los primeros nueve meses de 2018 en comparación al año anterior, arroja un registro del 67 por ciento, sin embargo, son los homicidios denunciados y confirmados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

“Pareciera que se los tragó la tierra, desde el día de su desaparición nadie supo nada más de ellos, nosotros teníamos la esperanza de hallarlos con vida, hoy a más de un año y medio, lo que queremos es descansar, porque la familia no descansa, todos los días les pensamos y rogamos porque regresen a casa”, es el testimonio de un familiar de los hermanos Cázarez Medina, César y Javier, desaparecidos el 28 de marzo de 2017 en La Paz.

Daniel de la Rosa Anaya, Procurador General de Justicia del Estado, no confirmó las identidades de los últimos tres cuerpos encontrados en el predio de Zacatitos, pero dijo que todo parece indicar que estaban vinculados a la delincuencia organizada

Un total de 23 registros obran en manos y redes sociales de colectivos dedicados en la búsqueda de personas desaparecidas en Baja California Sur, y corresponden sólo a los últimos dos meses.

“Tenemos persistencia por parte del grupo sinaloense, principalmente en Los Cabos, allá permanecía la atención, pero en los últimos días hemos visto hechos que se registran en la Capital, esto da cuenta que se siguen moviendo y no están movilizando tanto a las unidades para no calentar la plaza, como dicen ellos, pero lo cierto es que las investigaciones nos llevan a pensar que el problema sigue presente”, refirió una fuente del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública en BCS.

Lo anterior queda de manifiesta tras un homicidio doloso cometido en la Capital, a plena luz del día, cuando niños salían de la escuela. Aproximadamente a las 2:30 pm se escucharon disparos de arma de fuego en las calles Del Norte y Antonio Wilson de la colonia Camino Real.

El hombre vestía playera blanca, pantalón de mezclilla azul y tenis; paramédicos del Grupo Voluntario Calafia lo encontraron con vida,  pero las lesiones lo privaron de la vida poco después.

“Según testigos se le acercaron personas, al parecer los conocía y recibió casi cuando lo encuentran, varios tiros, rápidamente cayó al suelo, donde lo remataron, ni chanza le dieron de esconderse. Sabía que venían por él, los vio y trató de huir, pero ya venían listos”, confirmó un agente de Seguridad Pública en el sitio.

La pista, de acuerdo a la fuente de investigación, es que traen el mismo modus operandi, “o son los mismos pero en otro bando, o estamos hablando de la forma de operar de (Cártel de) Sinaloa”, agregó.

Las zonas donde han sido encontrados cuerpos enterrados corresponden a puntos donde habitualmente lo hacían miembros del Cártel de Sinaloa (CDS), además de las armas utilizadas.

“Tienen un patrón de relación con otros hechos”,  se informó desde el Grupo de Coordinación.

SIGUEN LA PISTA DE SINALOENSES

La colonia El Zacatal de San José del Cabo es parte del territorio que ha alcanzado la influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así lo han establecido fuentes de inteligencia militar.

El último mapa delictivo elaborado por fuerzas de inteligencia militar, muestra que las plazas de La Paz y Los Cabos están dentro de las más peleadas en la batalla por la venta y distribución de estupefacientes; tanto San José del Cabo y el sur de Cabo San Lucas, están bajo el mando de “La Plaza”, ubicada justamente con Jalisco.

En La Paz se dividió el sur para CDS y el norte para CJNG. La distribución de grupos principalmente de Sinaloa, como Los Tegoripeños, Los Nueva Generación del Mayo y/o Los Chapitos, aún está por definirse.

“Los últimos cuerpos localizados, sobre todo los enterrados en la zona de Zacatitos, están plenamente identificados con miembros del CDS por la forma y zona de operar, lo que nos pone en alerta, porque quiere decir que siguen en disputa en territorio que hasta hace una semanas se había identificado al cártel jalisciense. Recordemos que en esa zona fue visto tanto ‘El Colores’ operando junto con ‘El Tamayo’, por ello identificamos la misma zona de operación”, expuso el agente de investigación de la Policía Ministerial.

En ese lugar fueron localizados tres cuerpos: dos mujeres jóvenes y un masculino “en el Kilómetro 6 del camino al poblado de Zacatitos, los restos estaban semienterrados”.

De manera extraoficial se confirmaron las identidades: Clariela Jhoselyn González Jáuregui y Yesenia Cisneros Beltrán, desaparecidas en la colonia Zacatal de San José del Cabo el 14 de octubre; fueron subidas por hombres armados a una camioneta negra con vidrios polarizados y rines cromados.

“Ya estamos muy avanzados en las investigaciones, ese caso va a quedar totalmente esclarecido, y los responsables a aplicarse la Ley, van a quedar donde deben estar, a disposición de una autoridad judicial. Una prueba de genética tarda aproximadamente una semana, de tres a cinco días, entonces hay que esperar la formalidad, porque sería irresponsable proporcionar una información que realmente no esté corroborada científicamente”, adelantó el procurador estatal Daniel de la Rosa Anaya.

La PGJE ha filtrado información de cuerpos que aún permanecen sin identificar, entre ellos personas que fueron sepultadas por miembros del Cártel de Sinaloa en el Cementerio de Zacatitos, 21 víctimas permanecen en la Procuraduría en espera de ser reclamados

Aunque no concedió la confirmación de los restos encontrados, y que se tratase de las jóvenes de 18 y 16 años, respectivamente, dejó la moneda en el aire para decir que la familia acudió y confirmó de vista a las fallecidas.

Información recibida por ZETA indica que al mediodía del domingo 28 de octubre, familiares tanto del varón como de las jovencitas, acudieron a las instalaciones del Servicio Médico Forense en San José del Cabo para identificar los cadáveres, aunque deberán esperar al desarrollo de la investigación y la confirmación mediante ADN.

“La identificación, debido al avanzado estado de descomposición, fue a través de los tatuajes del varón y del problema en la columna, fue la esposa del joven quien lo identificó y los trámites fueron rápidos, no así con las jovencitas, las cuales serán entregadas a familiares ya que concluya el examen de ADN”, refirió la fuente.

Días antes, Pedro Israel González desapareció el 5 de octubre en la misma zona. Pese a padecer una discapacidad física, el joven tenía presuntos vínculos con la delincuencia y el  narcomenudeo.

“No podemos adelantar información, principalmente porque se encuentra en la etapa de la judicialización de los casos, queremos presentar  a los responsables ya detenidos. Estamos hablando de personas vinculadas a un grupo delictivo, inclusive el tema del joven que estaba en la silla  de ruedas, lo tuvimos relacionado con temas de narcomenudeo e incluso en una privación de la libertad en Ciudad Constitución, como partícipe”, expuso De la Rosa, quien a su vez, descartó se trate de una ola de feminicidios por las últimas mujeres que han desaparecido y posteriormente encontradas sin vida.

“Habrá que revisar cada caso en concreto para descartar una ola violenta contra las mujeres”, finalizó al respecto.

 ZACATITOS, CEMENTERIO DE VÍCTIMAS

Datos en el archivo de la PGJE denotan a un Cártel de Sinaloa con una fuerte preferencia de operación en predios localizados rumbo al poblado Zacatitos.

A mediados de 2017,  investigadores de Servicios Periciales se centraron en el predio ubicado a seis kilómetros de San José del Cabo, donde localizaron inhumaciones “vinculadas principalmente a ‘El Colores’, hay material gráfico en el expediente que datan los hechos sangrientos que lo acompañaban como jefe de sicarios y después líder de plaza”.

En el sitio fueron desenterrados 18 cuerpos dentro de doce fosas clandestinas. De igual manera, se localizaron hieleras con botellas de plástico, un casquillo percutido calibre 7.62×39 milímetros, seis casquillos calibre .223 REM, un casquillo calibre 40 y tres de arma 9 mm; así como un cuchillo y un machete.

En mayo,  en el Kilómetro 8 del mismo camino, en los mismos predios fueron localizadas cinco osamentas más -cuatro hombres y una mujer-, algunos de ellos en avanzado estado de descomposición, pero había otras en las que el delito recién se había cometido.

Una de las víctimas, visiblemente tenía días de haber sido sepultado, “quizá horas de haberse consumado el delito”, explicó la fuente.

La identificación se llevaría cabo a través de los tatuajes con que contaba la víctima, pero ha permanecido sin que lo reclamen familiares.

El último caso de fosas clandestinas en el mismo sitio, tuvo lugar el 27 de octubre, cuando efectivos de la Secretaría de Marina, apoyados de las investigaciones del área de Inteligencia militar, recibieron información de nuevas fosas clandestinas.

Se dio aviso a la PGJE para que acudiera al lugar, donde se han registrado inhumaciones en los últimos 19 meses, lapso en el que la pugna entre grupos de Sinaloa y Jalisco se ha recrudecido.

En el sitio fueron localizados tres cuerpos en dos fosas, dos jóvenes mujeres en una misma fosa y un tercer cuerpo de un hombre en otra.

“La zona ha sido vinculada directamente con el Cártel de Sinaloa, el trabajo de identificación de perfiles criminales, de entrada colocan a ‘El Colores’ como iniciador del cementerio clandestino, para continuar su sucesor y aprendiz ‘El Tamayo’; sin embargo, sabemos que esta persona está fuera del Estado, ya trabajamos en ese nuevo perfil que pudo retomar la operación de la zona”, comentó la fuente de la Policía Ministerial.

En marzo de 2017, cuatro matones, entre ellos presumiblemente “El Colores”, interrogaban al narcomenudista Israel Ramírez Bastidas, quien dijo operar para “La Plaza” del CJNG para perfiles como “La Morena”, “El Barbas”, “El Pecheras” y “El Pájaro”.

“El lugar pudo ser establecido como la misma zona, la gente de su confianza, el equipo y la forma de ejecutar a las víctimas confirmaron que se trata de un cementerio clandestino para las células delictivas de Sinaloa, incluso se han hecho búsquedas en el lugar por agentes y colectivos de búsqueda, que son los mismos familiares”, indicó la fuente de la Policía Ministerial.

Alrededor de 26 personas han sido encontradas en los mismos predios del camino a la comunidad de Zacatitos en San José del Cabo en Los Cabos, ahora es conocido como El Cementerio del Cártel de Sinaloa

Parte de la evidencia con que cuenta la PGJE, apunta a Gildardo Lucero Romero “El Nuevo Sepulturero”, detenido el 12 de mayo del presente año por agentes de la Marina, mientras circulaba por calles de la colonia San Bernabé en San José del Cabo.

A mediados de mayo fueron encontradas las primeras fosas clandestinas. Gildardo Lucero aportó datos suficientes para llevar a cabo la localización de inhumaciones clandestinas.

El soporte legal estuvo a cargo de miembros de Inteligencia, “quienes ‘pincharon’ y examinaron el teléfono celular del detenido, donde encontraron varios videos y fotografías en las que grababan a sus víctimas antes de ejecutarlas, además se encontraron diversos perfiles adonde eran dirigidos los videos para confirmar la muerte de ciertos narcomenudistas”, externaron fuentes militares.

Precisamente como en Los Cabos y La Paz, aunque hay registros de fosas clandestinas en Ciudad Constitución en Comondú, así como Vizcaíno en Mulegé, autoridades se abocaron en brindar capacitaciones de las que  los elementos carecían en cuanto a búsqueda de restos humanos e inhumaciones.

El procurador Daniel de la Rosa Anaya expresó que se cuenta con el equipo y personal profesional en el área para tal fin, “particularmente con la tecnología, hemos estado realizando algunas acciones con la asociación civil de Colectivo, sobre todo en la Zona Norte y Ciudad Constitución, también en San José del Cabo. Con la instalación de la Comisión Estatal de Búsqueda, ya estamos con la Secretaría General de Gobierno para que quede totalmente integrada y con participación de los ciudadanos”,  declaró el funcionario estatal.

Muchas dudas se han generado respecto a que existe gran cantidad de cuerpos sin identificar, actualmente bajo resguardo en el Servicio Médico Forense; incluso a través de redes sociales, miembros de grupos criminales han asegurado que hay tantos cuerpos que la procuraduría no se da abasto.

Sin embargo, la PGJE aclaró que sólo se trata de información que busca desestabilizar el sistema y generar intrigas a la institución, “no tenemos los cadáveres sin identificar, la mayoría de los que tenemos han sido identificados, en este caso que pudiera corresponder, en alguna de las no identificación y sobre todo a los del año pasado, traemos alrededor de un 30 treinta por ciento de los que a veces no se identifica porque son personas que vienen de otras entidades federativas, dentro de los tres meses que tenemos siempre de plazo para que se pueden identificar, algunos son identificados posteriormente. Inclusive a través de la página de la PGJE, hay un apartado para identificar a algún familiar en la misma página, hay ciertos datos que estamos subiendo constantemente todos los días”, compartió el procurador.

DÉFICIT DE POLICÍAS

“Ha quedado registrado en diversas declaraciones de narcomenudistas, sicarios y líderes de plaza, especialmente de Sinaloa, sobre ciertos ‘empleos’ que brindan a cuerpos policiacos, comandantes y cabezas de grupo tanto en las calles como en los Cereso (Centros de Readaptación Social), de ahí los esfuerzos a que la corrupción termine y los rigores en la selección de elementos”, confió a ZETA un miembro del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública en Baja California Sur.

La vinculación entre células criminales y agentes de seguridad de los tres niveles de gobierno es más que evidente, por ello han endurecido los procedimientos para seleccionar elementos que ocupen puestos clave, ya no se digan comandancias o cabezas de grupo, sino sitios estratégicos como entradas al Estado y control de información.

“En meses anteriores se inauguró la Academia de Policía Estatal y a partir de ese proceso, hemos ido captando más elementos dentro de la propia Academia, tenemos un aproximado entre 120 a 130 cursantes o cadetes, que están desarrollando el curso de formación inicial”, celebró Germán Wong López, secretario de Seguridad Pública en BCS.

La deficiencia de elementos en la entidad, ha llevado a la llegada de alrededor de dos mil elementos de seguridad, con lo que se ha reforzado la seguridad, sosteniendo parte de la tranquilidad en La Paz y los Cabos.

“Ese personal va a cubrir los espacios a nivel municipal y estatal, en las áreas de Policía Municipal y Policía Estatal Preventiva o Policía Ministerial. Nos hacen falta elementos, estimamos tener un ingreso de unos 80, depende de la corporación, a 100 elementos cada año”, agregó Wong López.

Aun así,  la delincuencia organizada gana más terreno, tanto así que en la actualidad existen 985 elementos de seguridad reprobados en Control y Confianza, mayormente policías municipales que no han sido dados de baja, “hay elementos que de tanto que han reprobado Control y Confianza ya pasaron, ya tienen experiencia en la realización de los diversos exámenes”, explicó la fuente policial.

Los más reprobados son los agentes de las policías de los cinco municipios, con 625 le sigue la Policía Ministerial con 191; 88 del personal de custodia y 81 agentes estatales.

Predio de Zacatitos, ahora también conocido como el cementerio del Cártel de Sinaloa o Zacatitos, sitio donde han sido localizado múltiples víctimas de la guerra entre células delictivas de Los Cabos

Nadie quiere ser policía porque las cosas no están bien tras el asesinato de varios agentes, el riesgo es continuo y los sueldos están por los suelos.

“Tenemos realmente un déficit en el aspecto que hay pocas personas que desean ser policías, ya sea municipales estatales o ministeriales. A los futuros policías se les va a formar, se van a homologar, van a tener a la larga una meta en la cual van a poder ir ascendiendo y ocupando grados en cada corporación”, estimó el titular de Seguridad Pública.

Actualmente hay puntos rojos como el robo en sus diferentes modalidades, narcomenudeo, homicidios dolosos y,  aunque se tiene una disminución importante, los hechos siguen en aumento (149 hasta septiembre).

Sin embargo, la misma falta de personal deja libre el paso a células delictivas, “principalmente de Sinaloa, que eran los que mantenían firma la pelea por la plaza”, lo que sigue siendo una preocupación, pues aunque personal federal cubre espacios, no conocen el terreno, menos aún a las células locales y su forma de operar.

“La Secretaría de Seguridad Pública y la PGJE, estamos emprendiendo acciones para precisamente evitar que aumenten los delitos de alto impacto, hemos podido dar respuesta no como quisiéramos, no tenemos hasta este momento la tecnología ni el personal suficiente para poder, primero, dar respuesta de forma inmediata a un delito de alto impacto; lo hacemos con base a la investigación, al proceso de identificación de los autores de esos delitos y, posterior a eso, se hace el aseguramiento de las personas”, justificó Germán Wong López.

Desde mediados de 2016, en el interior del Cereso de La Paz se detectó actividad delictiva por parte de miembros del Cártel de Sinaloa, entre ellos Simón Guillermo Hernández Peña “El Simón” y/o “El Sepulturero”, quien controlaba una célula delictiva encabezada por Luis Fernando Villalobos Graciano “El Güero Ruffles”.

Al asegurar la celda del peligroso reo se le encontraron casi 150 mil pesos en efectivo y una cantidad considerable en dólares, tres equipos y chips de teléfono celular, marihuana y cristal, además de una báscula gramera.

Por ello se invirtieron 2 millones de pesos en la primera etapa de remodelación del Centro Penitenciario de La Paz, que contempla la remodelación de la aduana de ingreso al penal para evitar el ingreso de sustancias y objetos prohibidos.

“Vamos a implementarlas en los cuatro penales en el Estado, nos van a permitir que poco a poco vaya disminuyendo el acceso de objetos prohibidos dentro del penal, no se hacían las revisiones dentro del penal, precisamente empezamos a detectar ciertos objetos que pueden vulnerar la vida de los internos, así como evitar los equipos de comunicación para inhibir llamadas desde el interior”, refirió el secretario de Seguridad Pública.

La remodelación comprende cubículos de revisión, escáner, área de espera, registro, baños, comandancia y área de trabajo social.

“Se ha logrado el aseguramiento de puntas, de teléfonos y drogas dentro del penal. No hay ya una actividad que haga eco hacia afuera del penal de La Paz, en el de Los Cabos empezamos a implementar también operaciones para que podamos inhibir”, finalizó el funcionario de seguridad.

En los recientes operativos se ha asegurado droga, armas hechizas y teléfonos celulares, por ello se pretende endurecer medidas principalmente en el penal de San José del cabo, donde una célula no ha podido ser desarticulada.

En el último operativo, donde participaron elementos de la Secretaría de Marina, de la Defensa Nacional así como policías Municipal, Estatal y Ministerial, se incautaron 97 puntas hechizas, once celulares y ocho cargadores para celular; dos básculas grameras, doce  pipas, una lata y once envoltorios -cuatro de forma cilíndrica- con marihuana en su interior.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES ZETA /MARTES, 6 NOVIEMBRE, 2018 01:00 PM)

ARROJAN DE VEHÍCULO MALETA CON CUERPO HUMANO


De un automóvil en movimiento, fue arrojado el cadáver de un hombre al interior de una maleta y bolsa de plástico, en la colonia 20 de noviembre, en Tijuana.

Datos obtenidos por ZETA, refieren que al alrededor de las 15:55 horas de este martes, se reportó a la central de emergencias que sobre la calle Prolongación Paseo de los Héroes esquina con avenida Pacífico se localizaba una maleta color azul   y una bolsa de plástico blanca, con al parecer restos humanos.

Elementos de la policial municipal confirmaron el macabro  hallazgo. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

Testigos de los hechos denunciaron que el cuerpo fue arrojado desde un vehículo color gris.

No hay personas detenidas tras los hechos.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  ZETA /MARTES, 6 NOVIEMBRE, 2018 06:18 PM)

FERROCARRILEROS JUBILADOS SE MANIFIESTAN CONTRA LÍDER SINDICAL VÍCTOR FLORES MORALES


Integrantes del Frente de Unidad Nacional e Internacional refirieron que el 7 de noviembre, fecha en que se celebra el Día nacional del ferrocarrilero, exigirán la renuncia del dirigente sindical Víctor Flores Morales, quien lleva representando al gremio desde hace alrededor de 23 años.

Enrique García Cárdenas, coordinador de la estructura de derechos humanos y laborales, acusó que el líder del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, quien se reeligió en agosto por un periodo de 6 años, ha perpetrado en contra de sus representados “un despojo general de contrato de trabajo, violaciones a derechos humanos y una serie de situaciones que han violentado el estado de derecho”.

García Cárdenas, quien fue presidente municipal de Benjamín Hill, Sonora (1994-1997), así como asesor del sindicato nacional de ferrocarrileros, mencionó que en ese sector nunca se ha sentido “un apoyo por parte de Víctor Flores Morales”. Acusó al dirigente de tener controladas las juntas federales del trabajo, donde obran numerosos recursos interpuestos en vista de que el STFRM “nunca respetó una prestación” en materia de jubilaciones, de manera que muchas personas que se desempeñaron en el ámbito ferroviario no pudieron jubilarse siendo que cumplieron con un periodo de servicio que los respaldaba.

“Ellos (los líderes o cabecillas sindicales) violaron todo eso, no se respetó el contrato, quedaron en la calle 60 mil compañeros sin jubilarse”. El entrevistado, quien para cuando se consumó ese presunto quebranto, ya se había jubilado, agregó que los trabajadores jubilados no lograron ese estatus en forma íntegra.

“Tendrían que habernos pagado una jubilación con todos los conceptos a los que teníamos derecho, fuimos jubilados inicialmente con mil 500 pesos mensuales, la mayoría de nosotros”.

Sostuvo que a raíz de la privatización ferroviaria consumada en la segunda mitad de los noventa, “muchos compañeros” llevan alrededor de 20 años acudiendo infructuosamente a las juntas federales en aras de regularizar su situación, con todo y que se trata de juicios ordinarios, los cuales “no deben durar más de un año”.

Enrique García Cárdenas señaló que cuando fungía como delegado de la sindical, el dirigente Flores Morales, le propuso a él y a 12 delegados más que firmaran a favor de la privatización de los ferrocarriles, “y al checar yo los convenios y todo lo que se avecinaba me abstuve de firmar”, expresó; abstención que tuvo como consecuencia que lo expulsaran de la Convención. Tras ello fue que “los compañeros ferrocarrileros” lo propusieran para ser candidato a la alcaldía de Benjamín Hill por el Partido del Trabajo.

También puso de manifiesto que Flores Morales en su oportunidad pretendió desaparecer el contrato de trabajo de la extinta empresa ferroviaria Sonora Baja California, sin haberlo logrado en vista de un amparo ganado en la Suprema Corte (6264/65) “que protege los contratos y las prestaciones de los trabajadores”. Lamentó que Flores Morales no haya querido reconocer ese contrato, en detrimento de muchas familias ferrocarrileras.

“Esa es una de las razones porque estamos impugnando el procedimiento electoral” que favoreció al líder del sindicato.

Aunado a que de acuerdo con el sonorense el STFRM no respeta los derechos quienes pertenecen al gremio ferrocarrilero, Flores Morales les cobra cuota, “pero los estatutos no nos dan la libertad sindical que nosotros queremos”. En ese sentido, no tienen “derecho a votar ni ser votados”. García Cárdenas aludió que él fue trató de registrarse “en este proceso electoral en donde él sacó la convocatoria”, sin que le permitieran el registro.

“Yo pienso que los que tenemos la responsabilidad moral de sacar adelante esto somos los jubilados ferrocarrileros, que nosotros pagamos cuotas sindicales”, adujo.

Sobre la Jornada Nacional de Protestas por los Ferrocarrileros, la también coordinadora de la estructura de derechos humanos y laborales, María Elena Jáquez Flores, confirmó que concluiría el 7 de noviembre, fecha para la cual se programó una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados (San Lázaro), enfocada a hacer del conocimiento público cómo los ferrocarrileros fueron víctimas del proceso de privatización, lo cual derivó en principalmente derivó en un despojo de prestaciones contractuales, acusaron ambos coordinadores.

En su lucha por despojar a Flores Morales de la dirigencia sindical, acompañan a García Cárdenas y Jáquez Flores, el representante en Tecate del gremio ferrocarrilero Evodio Bonales Ramírez, Naro Matamoros (simpatizante) y Sugey Cano Salazar (nieta del ferrocarrilero Ezequiel Cano González), quien mencionó que en nombre de su abuelo pelea por que se nivele la pensión, toda vez que “a la mayoría los liquidaron con el sueldo mínimo”.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS /EDUARDO ANDRADE URIBE/ MARTES, 6 NOVIEMBRE, 2018 08:10 PM)

ANÁLISIS | ¿QUÉ PASÓ EN EU? QUE SE PARTIÓ EN DOS, POR RAZA, POR CLASE SOCIAL, POR GEOGRAFÍA Y POR IDEOLOGÍA



Tras las elecciones legislativas en Estados Unidos, los republicanos incrementaron su mayoría en Senado, con el respaldo de la misma coalición de votantes que llevó a Trump a la Casa Blanca hace dos años: blancos sin formación universitaria, especialmente hombres, en estados más conservadores y rurales. Los candidatos del Partido Republicano derrotaron a senadores demócratas en Dakota del Norte, Indiana y Missouri.
Mientras tanto, en la Cámara de Representantes consiguieron arrebatar el control al partido del Presidente; tendrán mayoría, al arrebatar distritos suburbanos con un mayor nivel educativo y económico. Los votantes de los suburbios optaron por los demócratas con un margen de casi 10 puntos porcentuales, según AP VoteCast, una encuesta nacional al electorado.

Washington, 7 de noviembre (AP).— Estados Unidos, una nación polarizada, tiene ahora divisiones más profundas.

En los comicios legislativos del martes, los demócratas tomaron el control de la Cámara de Representantes. Los republicanos, por su parte, mantuvieron su poder en el Senado. Y la brecha que divide a los estadounidenses -a urbanos de rurales, blancos de negros, conservadores de liberales – se acentuó aún más.

Los resultados de los comicios de mitad de legislatura resaltaron el orden político del país, que se ha acelerado durante la presidencia de Donald Trump. La raza, la clase social y la geografía separan a los dos bandos tanto como la ideología, con el presidente como línea divisoria.

Los demócratas consiguieron su nueva mayoría en la cámara baja tras arrebatar escaños a sus rivales en distritos suburbanos con un mayor nivel educativo y económico. Los votantes de los suburbios optaron por los demócratas con un margen de casi 10 puntos porcentuales, según AP VoteCast, una encuesta nacional al electorado.



En Florida podría haber un recuento de los votos. Foto: AP.

Las mujeres con educación universitaria, en particular, ayudaron a los candidatos demócratas, motivadas en parte por una profunda oposición a la agenda nacionalista de Trump y a su retórica con motivaciones raciales.

“Esta brecha de género se ha ido incrementado ciclo tras ciclo”, apuntó Stephanie Schriock, presidenta de Emily’s List, un grupo que apoya a candidatas demócratas. “Especialmente durante este gobierno de Trump, y seguirá avanzando”.

Pero las victorias demócratas se limitaron a la Cámara. El panorama en el Senado contó una historia diferente, la de una parte del país totalmente distinta.

Los republicanos incrementaron su mayoría en la cámara alta con el respaldo de la misma coalición de votantes que llevó a Trump a la Casa Blanca hace dos años: blancos sin formación universitaria, especialmente hombres, en estados más conservadores y rurales. Los candidatos del Partido Republicano derrotaron a senadores demócratas en Dakota del Norte, Indiana y Missouri.

Los éxitos republicanos parecían reforzar la política que se esconde tras el mensaje de cierre de campaña de Trump, una mezcla de sombrías e inexactas advertencias sobre una “invasión” de migrantes a través de la frontera con México. Este miedo, al parecer, motiva a los republicanos. Y pocos pueden reunir esa ansiedad mejor que Trump.

“Él es absolutamente el único republicano que pudo generar ese tipo de entusiasmo en la base, que era necesario para competir en unas elecciones de mitad de periodo realmente complicadas”, apuntó Josh Holmes, un veterano asesor político del líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell.

Con cada uno de los partidos al frente de una de las cámaras del Congreso y una nueva elección presidencial cada vez más cerca, esta divisiones serán una característica definitoria de la política estadounidense hasta 2020. Cada formación tiene ahora una plantilla para el éxito en la época de Trump, y pasarán los dos próximos años intentando replicarla.

Los resultados de las legislativas son una promesa a largo plazo para los demócratas, una formación que quedó desterrada al ostracismo político en 2016.



Analistas ven un EU más polarizado tras elecciones. Foto: AP.

Algunos estados de tendencia demócrata que se rindieron ante Trump hace dos años _ Michigan, Wisconsin y Pennsylvania _ volvieron a dar un giro a la izquierda el martes, eligiendo a demócratas como gobernadores y para escaños clave en el Senado. Esto sugiere que las victorias del presidente en el Medio Oeste podrían haber sido una anomalía, no una tendencia permanente.

El mandatario puede consolarse sin embargo con los triunfos republicanos en Ohio y Florida, dos de los campos de batalla más importantes del país. En Florida, el acólito de Trump Ron DeSantis se impuso al demócrata Andrew Gillum, el joven alcalde afroestadounidense de Tallahassee que parecía encaminado a convertirse en una estrella del partido a nivel nacional.

La demografía sigue siendo un problema para los republicanos en un país cada vez más diverso. A menos que la formación pueda hacer crecer su interés entre las minorías y los jóvenes, el partido podría quedarse sin electores que lleven a sus candidatos a la victoria.

Pero lo que es bueno para el partido en el largo plano no es necesariamente del interés de Trump.

Durante este año electoral, el presidente pasó poco tiempo intentando convencer a sus críticos o atrayendo a los votantes con alto nivel de educativo de vuelta a la órbita republicana. Por el contrario, se centró en los asuntos que le ayudaron a ganar en 2016, mostrándose especialmente duro en cuestiones de política migratoria.

Pero esas mismas maniobras políticas le costaron la Cámara a los republicanos, ya que la batalla por su control se libró en distritos suburbanos moderados en los que Trump perdió hace dos años. Tanto la fortaleza de la economía como el plan fiscal pro empresarial que los republicanos creyeron que calarían entre los electores adinerados y con más formación de esas zonas quedaron eclipsados por el dirigente.

Trump enfrenta ahora a una encrucijada mientras se adentra en su propia campaña de reelección. Puede moderar sus políticas y tácticas para intentar ganarse a los votantes que se alejaron de los republicanos este año. O podría concluir que la misma coalición de votantes que lo llevó a la Casa Blanca hace dos años volverá a respaldarlo en masa cuando vea su nombre en la boleta.



Uno de los saldos de las elecciones será la presencia de más mujeres en el Congreso, entre ellas, la representa más joven en la historia de EU . Foto: EFE

(SIN EMBARGO/ AP/ 07 DE NOVIEMBRE 2018)

SON 24 CONTRATOS DE 44 EMPRESAS POR MÁS DE 129 MIL MILLONES PARA QUE AMLO DÉ PUNTO FINAL AL NAIM



A 10 días que el equipo de Andrés Manuel López Obrador anunciara que el resultado de la consulta fue a favor de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, los contratistas de la obra que se han reunido con el Presidente electo mostraron calma frente a la noticia.
López Obrador ha insistido en diferentes ocasiones en que los contratos se trasladarán a Santa Lucía como forma de salvar los contratos y las inversiones ya hechas, pero poco se ha hablado de los procesos legales que se tendrán que enfrentar y que representarán una suma importante de dinero para el erario en México, debido al gran número de contratos y sus costos.
De acuerdo con la Barra Mexicana de Abogados, en este proceso el nuevo Gobierno tiene que actuar con la máxima transparencia porque se recurrirá a tribunales para que éstos dictaminen las indemnizaciones posibles; también deberá informar de las negociaciones y quiénes estarán a cargo de éstas, así como las cifras acordadas.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).– Justo en el día en que Andrés Manuel López Obrador anunció el fin de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, estaban en activo 129 mil 082 millones 510 mil 963 pesos de 24 contratos en los que estaban inmiscuidos 44 empresas nacionales y extranjeras.

La mayoría de esos contratos que tienen una fecha de conclusión en diciembre de 2018, en 2019 o hasta 2021, son de obra pública; el resto es de bienes y servicios y otros relacionados con la obra, de acuerdo con los contratos disponibles en el portal del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).

Desde aquel lunes 29 de noviembre, fecha en que el Presidente electo respaldó el resultado de la consulta, los empresarios del NAIM han mostrado calma frente a la decisión del gobierno que está por entrar en funciones. Se ha dicho que trabajarán ahora en el aeropuerto de Santa Lucía y que hay voluntad de ambas partes para terminar el proyecto. Otros han descartado la vía de la demanda.

Esa fue la declaración de Hipólito Gerard, de la constructora GIA, que tiene uno de los contratos más costosos, de 84 mil 828 millones 377 mil 320 pesos, y que aún está vigente.

“Nos explicaron que conforme a la ley se finiquitará el proyecto del NAIM, por lo que ambas partes mostraron voluntad de avanzar en la terminación de este proyecto”, refirió.

Estas son otras empresas con contratos en activo: Coconal, que tiene un contrato por 7 mil 926 millones 299 mil 964 pesos; La Peninsular Compañía Constructora, propiedad del mexiquense Carlos Hank Rhon, con un contrato por 7 mil 359 millones 204 mil 570 pesos junto con Prodemex y Operadora Cicsa; Astaldi SPA y PROC Mina, con un contrato por 6 mil 498 millones 409 mil 900 pesos, e ICA Flour e Industria del Hierro, con dos contratos, uno por 4 mil 267 millones 339 mil 854 pesos y otro por 3 mil 656 millones 005 mil 433 pesos.

Y las empresas del socavón: Sacyr Epccor, que tiene un contrato por mil 399 millones 983 mil 017 pesos y Construcciones Aldesem y Aldesa Construcciones y un contrato por mil 242 millones 171 mil 349 pesos.


El pasado lunes, luego de una reunión con empresarios del NAIM, López Obrador dijo que se finiquitarán contratos y que los empresarios dijeron estar dispuestos a trabajar con su Gobierno.

“La reunión estuvo muy bien, estuvieron todos los empresarios, los que tienen que ver con el 92 por ciento de las obras del NAIM en Texcoco. Están en la mejor disposición de llegar a un acuerdo. Fue una reunión muy provechosa, se llegó a un acuerdo general […] Se portaron muy bien, de manera muy comprensiva, responsable”, comentó.

Insistió en que se comenzarían a revisar las alternativas para que el volumen de obras que tienen contratado en Texcoco se haga en Santa Lucía y que la reunión se hizo “en los mejores términos”.

UN PROCESO LEGAL INMINENTE

A pesar de la buena voluntad mostrada, una realidad son los documentos firmados y los litigios que se tendrán que enfrentar.

En entrevista con SinEmbargo, José Mario de la Garza Marroquín, Presidente de la Barra Mexicana de Abogados (BMA), explicó que por tratarse de contratos de obra pública, celebrados por el gobierno o derivados de licitaciones, estos quedaron enmarcados una legislación por lo que no se podrán eludir los procesos de indemnización.

Y a esto, se le sumará que en ese marco, una consulta no está contemplada como una causal de cancelación, por lo que no se podrá argumentar frente a los contratistas que por esa razón se canceló la obra y su contrato.

“No es un sustento jurídico para cancelar un contrato. No hay una ley mexicana que diga que por hacer una consulta tengas una facultad legal para cancelar un contrato. Habría que esperar a que tomara protesta el nuevo gobierno y el gabinete, para ver los efectos y que desde ahí den por terminados los contrato”, agregó.

Lo que puede ocurrir, dijo, es que muchas de las empresas tomen acciones legales en contra porque los contratos están debidamente firmados, acordes al sistema jurídico mexicano y que por lo tanto, si se quiere dar por terminado de manera unilateral y sin tener una causa, pueden demandar los daños y perjuicios que le ocasionen y se tendrá que evaluar la afectación económica y la parte de las utilidades y los ingresos que estas empresas iban a tener por el proyecto.

El legista también descartó que los contratos se puedan trasladar de un proyecto a otro, porque primero hay que cancelarlos y la cancelación implica la explicar la razón de la cancelación. De ahí se puede derivar que los contratistas no estén de acuerdo, que demanden y se les tenga que pagar.

“Esto podría ser un tema de tribunales y demandas internacionales y sí puede enviar la señal de inseguridad jurídica […] Si a los contratistas del NAIM, les hubieran dicho en la firma del contrato que se podían cancelar por una encuesta, seguramente ninguno hubiera firmado o pocos hubieran aceptado esas condiciones porque implican inseguridad para la inversión. El tema es cómo se les cambian las reglas del juego para que participen en el país, con un sistema que operará de manera segura, en el que no habrá cambios no previstos”, sostuvo.

Entonces, el panorama es negativo para México en esos procesos. De la Garza Marroquín señaló que las empresas van a argumentar que la encuesta no es una causal de cancelación y que se tendrán que pagar daños y perjuicios, utilidades previstas.

Si se opta por el camino de la negociación, entonces el reto será la transparencia en todos los contratos que se firmaron. Según el portal del GACM, son 455.

“Tienen que informar de los criterios de la cancelación, a quiénes se les va a pagar, cómo, cuánto y por qué, cómo se les va a indemnizar. Si eso se maneja en un esquema de poca rendición de cuentas se presta a pensar que unos recibirán una mejor indemnización que otros, que algunos reciban un mejor trato que otros. Se tiene que informar de los montos de la cancelación y cómo se van a fijar y a cuantificar. No es un tema fácil. Si lo que dicen es que no se acabará en juicio, tienen que explicar el método de pago y los funcionarios públicos que determinarán eso. Tienen que ser transparentes porque si no se van a prestar a lo que el nuevo gobierno ha criticado de corrupción y preferencias”, añadió.

De acuerdo con la agencia Bloomberg, los contratistas del NAIM dijeron que la vía de la denuncia contra el nuevo gobierno estaba descartada.

“Nadie quiere una batalla legal […] Me reuniré con las contratistas nuevamente esta semana para analizar los detalles”, afirmó Gerardo Ferrando Bravo, quien encabezará el GACM a partir del próximo 1 de diciembre.

(SIN EMBARGO/ DANIELA BARRAGÁN/ 07 DE NOVIEMBRE 2018)

¿CUÁL ES EL NUEVO ROSTRO DEL CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS? ARMANDO GUZMÁN RESPONDE (#ENTÉRATE)


El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conservará la mayoría republicana en el Senado con 51 curules frente a 45 de los demócratas, aunque aún faltan 4 estados por contabilizar, detalló en #AristeguiEnVivo el corresponsal de Grupo Radio Centro en Washington, Armando Guzmán. En la Cámara de Representantes, los demócratas obtuvieron 222 espacios cuando se requerían 218 para alcanzar la mayoría.

(ARISTEGUI NOTICIAS/ REDACCIÓN AN / SA /07 DE NOVIEMBRE 2018)

#ARISTEGUIENVIVO 07/11/18: RESULTADOS ELECTORALES EN EU; MÉXICO A EXAMEN ANTE LA ONU; PRESOS POLÍTICOS Y MÁS…


Asimismo, hablamos del conflicto entre productores de aguacate y le revelamos cuánto pagaron Televisa y Azteca por las prórrogas de sus concesiones.

(ARISTEGUI NOTICIAS/ REDACCIÓN AN / IR /07 DE NOVIEMBRE 2018)