martes, 20 de marzo de 2018

PERSONAJES LIGADOS A ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN, ENTRE LOS CANDIDATOS PLURINOMINALES DEL PRI



CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al último minuto legal de registro ante el Instituto Nacional Electoral, al filo de la medianoche del domingo, el PRI dio a conocer su lista de 200 candidatos a diputados y 32 senadores por la vía plurinominal en la cual destacan los integrantes de la dirigencia del partido, dirigentes de los sectores, ex secretarios de Estado, ex gobernadores e integrantes del grupo cercano al presidente Enrique Peña Nieto, muchos de ellos involucrados en escándalos de corrupción.

Ayer, una vez que cerraron con candados las puertas de la sede nacional del PRI por presuntas amenazas de tomas las instalaciones por priistas y militantes molestos con la selección de candidatos, el pleno de la cúpula del partido se desplazó a la sede en Toluca, donde palomearon a los candidatos que tendrán un lugar en las cámaras legislativas sin haber hecho campaña.

En los primeros doce lugares de lista del Senado, el PRI lanzó a sus integrantes de mayor peso político y en primer lugar está Claudia Ruiz Massieu y como suplente Mercedes del Carmen Guillen Vicente, hermana de Rafael Sebastián, identificado por el gobierno como el subcomandante Marcos.

Le siguen el líder del sector obrero Carlos Aceves del Olmo y como suplente José Calzada Rovirosa ex titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), dependencia que estuvo involucrada en el mecanismo de desvío de recursos de “La Estafa Maestra”, y recientemente nombrado dirigente del Movimiento Territorial del PRI.

En tercer lugar, Vanessa Rubio, ex subsecretaría en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y coordinadora de oficina de Meade, y como suplente a Lidia Camacho, ex directora del INBA.

El exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aparece en el cuarto lugar de la lista del Senado y como su suplente Francisco Guzmán, coordinador de asesores del presidente Enrique Peña Nieto.

En el quinto lugar esta Beatriz Paredes, ex líder del partido, ex gobernadora de Tlaxcala y una de las responsables de la estructura electoral de la campaña de José Antonio Meade. Como suplente Claudia Esqueda Llanes, dirigente de la Unión Sindical de Trabajadores de las Fábricas de Aparatos y Material Eléctrico e Instalaciones en la Ciudad de México.

En el sexto sitio, el exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, actual vicecoordinador de la campaña de Meade, y como suplente Rubén Escajeda Jiménez, exdiputado de Durango e integrante del SNTE.

En el séptimo lugar aparece Lorena Cruz Sánchez extitular del Instituto Nacional de Mujeres, que según documentos recabados a través de la plataforma Méxicoleaks, despidió a 73 funcionarios que no le resultaban cómodos, gastó dinero público sin medida para costear gastos de amigas, e incluso bloqueó una iniciativa que pudo haber salvado la vida de mujeres mexiquenses. Como suplente, Carolina Charbel Montesinos Mendoza, presidenta del PRI en el Estado de México, cercana al gobernador Alfredo del Mazo.

En el octavo lugar Jorge Estefan Charbel Chidiac, aspirante a gobernador de Puebla, amigo de José Antonio Meade a quien conoce desde que era secretario particular de su padre Dionisio Meade, experto en temas presupuestales y recientemente involucrado en el espionaje telefónico donde daba supuestamente apoyo al exgobernador panista Rafael Moreno Valle y envuelto en el escándalo de las liquidaciones escandalosas siendo director de BANSEFI. Como suplente a Javier López Ávila, aspirante al gobierno de Puebla.

En el noveno Julia Echeverría, titular de la División de Programas de Enfermería, del IMSS y como suplente a Nallely Gutiérrez Gijón, secretaria de Vinculación de la Sociedad Civil del tricolor,

Mientras que en el décimo sitio destaca la candidatura Pablo Gamboa, hijo del líder del PRI en el senado, Emilio Gamboa Patrón, quien aspira a ser gobernador de Yucatán a pesar de no tener ninguna experiencia política. Como suplente aparece Daniel Pérez Valdés, presidente de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar de la CNC.

En el onceavo, Carolina Viggiano, diputada Federal por el Estado de Hidalgo, esposa del exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, quien por su parte aparece en la lista de diputaos federales. Como suplente Alma Berenice Hernández, dirigente del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI).

En el número 12 de la lista del Senado, que son los más seguros, aparece Fernando Pacheco Martínez líder de los petroleros de Guanajuato quien estuvo involucrado en el Pemexgate, el desvío de mil millones de pesos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2000 a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa.

Por otra parte en la lista de diputados aparecen el presidente del PRI Enrique Ochoa Reza, ex gobernadores como René Juárez Cisneros y Dulce María Sauri Riancho; los dirigentes del sector popular, Arturo Zamora, y del sector campesino y el exgobernador de Durango, Ismael Hernández Deras; el ex secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, el dirigente del partido en el estado de México, Ernesto Nemer; y Ana Lilia Herrera, senadora mexiquense, ex presidenta municipal de Metepec, cercana a Peña Nieto.

Asimismo, Luis Vega Aguilar, tesorero del PRI y amigo, colaborador y beneficiario de Enrique Peña Nieto desde hace 12 años, pieza clave del grupo del mandatario para controlar las finanzas del PRI desde 2011; Manuel Cota excandidato perdedor al gobierno de Nayarit; el exgobernador de Coahuila y actual secretario de Organización el PRI, Rubén Moreira; Pedro Pablo Treviño dirigente del partido en Nuevo León e Ivonne Álvarez ex candidata al gobierno por el mismo estado; Augusto Gómez Villanueva, viejo líder de la CNC y principal propulsor de la candidatura presidencial de José Antonio Meade; y el excandidato al gobierno de Veracruz, Héctor Yunes Landa. 

(DOSSIER POLITICO/ TOMADO DE: JOSÉ GIL OLMOS /  2018-03-20)

507 AGRESIONES A PERIODISTAS EN 2017: 12 ASESINATOS Y UNA DESAPARICIÓN, REVELA ARTÍCULO 19 (DOCUMENTO)


México se refrenda como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina. La violencia pasó de estar concentrada en algunos estados con presencia del crimen organizado, a ser generalizada en todo el país.

Artículo 19 lanzó un enérgico llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto para garantizar el libre ejercicio del periodismo ya que en este sexenio “cada año ha sido más violento que el anterior” y se han registrado mil 986 agresiones a periodistas.

Al presentar su informe anual Democracia simulada, nada que aplaudir, la organización informó que el año pasado logró documentar 507 agresiones a periodistas, incluyendo 12 asesinatos y una desaparición forzada, “colocando a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina“.

El texto señala que las privaciones de libertad aumentaron 2.5 veces en este sexenio: en promedio se registraron 17 cada año durante la gestión de Felipe Calderón; con Peña Nieto son 44.

Asimismo, se documentaron 20 casos de periodistas desplazados de manera forzada debido a las agresiones relacionadas con su actividad profesional; 11 de ellas ocurrieron en 2017.

Algo grave es que, según Artículo 19, “la violencia pasó de estar concentrada en algunos estados -principalmente los que contaban con mayor presencia del crimen organizado-, a ser generalizada en todo el país”.

Los periodistas que cubren la fuente de seguridad y justicia se encuentran en riesgo, especialmente en los estados de Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Baja California Sur y Guerrero. Pero ahora, las agresiones están dirigidas también a la fuente de corrupción y política, siendo la capital del país donde se concentra el mayor número de casos.

La organización señala que el discurso oficial “ha culpado una y otra vez” al crimen organizado por la violencia contra la prensa. No obstante, de las mil 986 agresiones ocurridas en los últimos 5 años, sólo 8 por ciento fueron responsabilidad de delincuentes y el 48 por ciento corresponde a funcionarios públicos.

“Al inicio de sexenio, Artículo 19 documentó que 75 por ciento de los asesinatos de periodistas eran cometidos presuntamente por integrantes del crimen organizado. Al cierre del sexenio puede identificarse que 21.9 por ciento de los asesinatos fueron presuntamente cometidos por integrantes del crimen organizado y 19.5 por ciento por funcionarios públicos“.

Además, las agresiones a medios digitales en 2017 superaron a las de los medios impresos con 47.8 y 20.8 por ciento de los casos.

En su informe, Artículo 19 dedica un capítulo a la publicidad oficial “como mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales y como herramienta de censura sutil hacia los medios de comunicación”.

Los recursos de la publicidad gubernamental se ejercen sin control y con cantidades hasta 200 por ciento más a lo presupuestado. “En la actual administración se sobreejerció el 71 por ciento del gasto presupuestado. De acuerdo con las cifras sobre erogaciones de Comunicación Social de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó desde enero de 2013 hasta diciembre de 2017, más de 40 mil millones de pesos en publicidad oficial“.

La organización recomendó prohibir esta práctica y crear un ente regulador de la publicidad oficial que no dependa de la Secretaría de Gobernación, sino que sea una Comisión de Vigilancia o un Consejo Nacional“.

(ARISTEGUI NOTICIAS/ ISAÍAS ROBLES/ MARZO 20, 2018 10:00 AM)

MALAYERBA ILUSTRADA: LAS FOTOS



Fotos con la niña. Fotos en la iglesia. Afuera, con los padrinos. Fotos con ellos dos. Fotos en la casa, en la reunión. Fotos con los amigos. Clic. Clic. Clic. Relampagueando con el flach.

Lo contrataron para ese evento. Fue a través de un conocido que el señor lo llamó por teléfono para que tomara fotos. Era un señor de lana: caserón con amplio jardín, varios automóviles. Y el señor con ese acento chilango.

Van a ser siete mil, siete mil por todo: así habían quedado. Me da un adelanto de mil pesos, no hay problema; yo me encargo de todo y al final, cuando entregue las fotografías que le interesen, me paga el resto: ése era el acuerdo.

Clic. Clic. Clic. La minolta esa no se rajaba. Plaf. Plaf. Brotaba la luz paralizante del flach.

Tomó unas veinte fotos; el señor le pidió más y más: cincuenta.

Al día siguiente se las llevó y él le pidió unas ampliaciones. No eran gran cosa. Le dejó parte del material y salió de ahí, de esa mansión en lo alto de la ciudad: salió para nunca más volver a entrar.

El señor le llamó por teléfono: tráeme todas las fotos, todas. Le contestó: no puedo llevarle las fotos, necesito que me pague y, además, usted me pidió un material adicional que todavía no tengo, no lo he encargado.

Ni madres, quiero las fotos, dámelas ya.

No quedamos en eso, repitió; deme el dinero y le doy las fotos, no hay problema.

Hijo de tu pinche madre: dame las fotos o te parto la madre.

A partir de ese momento fue una madeja enredada. El señor llamaba dos, tres veces por día para decirle lo mismo: que le diera las fotos o lo iba a matar. Y la madeja fue creciendo, anudándose aún más.

Llamó a la esposa. Con un tono poderoso y determinante le dijo que tenían que entregarle las fotos, que él era el que mandaba. Esas fotos son mías y su esposo las tiene: dígale que me las dé; dígale, o los mato a los dos.

Soy poderoso; no sabe con quién están tratando, tengo mucha lana, amigos, gente a mi servicio; a mí me vale madre: los mato y ya, no me cuesta nada. Mejor entréguenmelas, antes de que se los cargue la chingada.

Una cantaleta. Rosario de injurias y mentadas. Muchas muertes de palabra, muchas amenazas.

Habló a la casa, al trabajo de ambos, a los celulares; dos, tres, cuatro veces al día. Y la raya la pintó cuando les dijo que ya se estaba cansando, que iba a ir por ellos. Al cabo ya sé dónde viven, voy por ustedes, y les voy a matar al niño.

Eso ya no le gustó. Este amigo está loco, y tan calmado que se veía el amigo, tan tranquilo cuando me contrató; y lo hubieras visto en la fiesta: bien divertido el tipo, atendiendo a la gente. Eso sí, pisteando, güisquiando, de aquí para allá, y tintineando los cubos de yelo en ese vaso de cristal que nunca soltó. Pero como que está loco el amigo, como que se le va la onda. Mejor le damos las fotos.

La pareja recordó que el señor había dicho que conocía a una persona del gobierno, que era su compadre: era uno de los secretarios del gobierno estatal. Ellos también lo conocían, lo fueron a buscar.

Yo voy a hablar con él, está loco este cabrón. Hizo una llamada: cálmate, más te vale que te calmes porque esto se puede complicar.

El señor quedó como sedita.

Artículo publicado el 18 de marzo de 2018 en la edición 790 del semanario Ríodoce.

(RIODOCE/ JAVIER VALDEZ/ 20 MARZO, 2018)

INICIAN OBRAS EN LAGUNA EL CAMARÓN Y BOSQUE DE LA CIUDAD, EN MAZATLÁN



Semarnat autoriza a Fideicomiso Unión Mazatlán para que construya, opere y mantenga por 50 años el Parque Central

Sin ninguna objeción pública por parte de ambientalistas, el Fideicomiso Unión Mazatlán obtuvo el pasado 12 de marzo el resolutivo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a fin de efectuar la construcción, operación y mantenimiento del proyecto Parque Central, a lo largo de 50 años.

El proyecto de restauración de la Laguna El Camarón y rehabilitación del Bosque de la Ciudad fue autorizado con la condición de que los promoventes de la obra apliquen de manera oportuna y mediata las medidas de prevención, mitigación y compensación para minimizar las posibles afectaciones de tipo ambiental que pudiera ocasionar.


De acuerdo con el resolutivo, en caso de que se decidan realizar modificaciones al proyecto, el Fideicomiso Unión Mazatlán deberá solicitar la autorización respectiva a la delegación, con la información suficiente y detallada que permita a la autoridad analizar si los cambios no causarán desequilibrios ecológicos, ni rebasarán los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la protección al ambiente que le sean aplicables, así como lo establecido en los términos y condicionantes del oficio de resolución.

El documento indica que cada seis meses y hasta la conclusión de la obra, el Fideicomiso Unión Mazatlán deberá entregar a la delegación de la Semarnat, un reporte de los resultados obtenidos en las actividades del programa de manejo de flora propuesto, que ponga en evidencia las acciones que para tal efecto ha llevado a cabo. Posteriormente, el promovente solicitará la participación del personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que verifique las acciones de reforestación.


Con la misma periodicidad, deberán entregar a la delegación de Semarnat, un reporte de los resultados obtenidos en las actividades del Programa de Rescate y Reubicación de Especies de Fauna Silvestre listadas y no listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, con la evidencia de las acciones que se hayan hecho, asi como la participación de la Profepa durante estas actividades.

En los próximos 60 días, posteriores a la entrega del resolutivo, el Fideicomiso deberá presentar a la delegación de Semarnat, una propuesta técnica de remediación para mejorar la calidad del agua de la laguna El Camarón, identificada como uno de los principales impactos negativos del proyecto, la cual deberá incluir acciones a realizar, calendario de actividades, participantes y compromisos en la puesta en marcha de dicha estrategia para cumplir con la NOM-001-SEMARNAT-1996.

Dicha norma establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

Otra de las condicionantes que se establecen en el resolutivo, es la de clasificar y separar los residuos sólidos generados en las diferentes etapas del proyecto, así como mantener en óptimas condiciones de higiene el sitio del proyecto.


EL PROYECTO.

Semarnat prohíbe estrictamente al promotor de la obra realizar caza, captura, transporte y retención de fauna silvestre, transporte y retención de flora silvestre y arrojar cualquier tipo de residuo sólido o líquido a la Laguna El Camarón.

En caso de que las obras y actividades autorizadas pongan en riesgo o afecten los patrones de comportamiento de recursos bióticos, daño o deterioro sobre elementos abióticos presentes en el predio del proyecto, así como su área de influencia, la Semarnat podrá exigir la suspensión de las obras y actividades autorizadas, así como la instrumentación de programas de compensación, además de medidas de seguridad.

Esta semana, la empresa ganadora de la licitación inició con la limpieza y despalme del terreno.

En el resolutivo se detalla que en primera instancia, el proyecto contempla la restauración hidrológica de la laguna, por lo que la vegetación que ha ido ganando espacio de la antigua cuenca, deberá ser removida junto con el azolve que ha modificado la capacidad de almacenaje de agua.

La laguna, ya rehabilitada, ocupará, dividida en dos secciones, mediante una pista de ciclovía, un área de 87 mil 365.64 metros cuadrados y además de funcionar como un vaso regulador de la precipitación pluvial en el área de influencia del proyecto, se aprovechará como recreación y medio de comunicación.

LA CONSULTA PÚBLICA

El 12 de marzo, Guillermo Zerecero Velo, representante legal del Fideicomiso Unión Mazatlán, informó que no hubo objeción pública del proyecto cuando se dio a conocer conforme lo marca la ley.

El delegado de la Semarnat, Jorge Abel López Sánchez, indicó que los ciudadanos tuvieron la libertad y acceso público al proyecto para consultar su contenido, toda vez que se publicó en la página web de la dependencia.

LA OBRA

Proyectado a realizarse en 10 meses, la primera etapa del proyecto iniciará con la limpieza de la zona cercana a la Laguna El Camarón, que será desazolvada.

Con una inversión de 200 millones de pesos, el gobierno del estado de Sinaloa licitó la obra por 174 millones 387 mil 948.24 pesos a la empresa Ingeniería de Negocios Sostenibles, S. A. de C. V., misma que tenía proyectado iniciar el 9 de febrero de 2018 y concluir a más tardar el 9 de octubre, tiempos que debieron recorrerse un mes, ya que la autorización de Semarnat se emitió el 12 de marzo.

De acuerdo al MIA, publicado en la página web de la Semarnat, se le dará 1 mil 033 metros de profundidad, y se estima extraer 94 mil 400 metros cúbicos de material, trabajo que se tiene programado llevar a cabo de marzo a julio de 2018.

Basado en un estudio topográfico, se estima que el área del Bosque de la Ciudad tiene una superficie de 110 mil 208.23 metros cuadrados.

LAS CONDICIONANTES DE LA SEMARNAT

Opiniones técnicas

En respuesta a la solicitud de opinión técnica enviada por la delegación al Ayuntamiento de Mazatlán, a través del oficio número SG/145/2.1.1/0215/18.-0280 con fecha 31 de enero 2018, emitió respuesta en el que indica que “la construcción del proyecto cumple expectativas de la ciudadanía, de los grupos ecologistas y del sector turístico e inmobiliario al demandar desde hace mas de 10 años el saneamiento de la laguna del Camarón, la reforestación del bosque de la ciudad, la minimización de las inundaciones periódicas que afectan a amplios sectores de la localidad, que se ofrezca una nueva opción al turismo nacional y extranjero, así como al visitante local que se utiliza este espacio recreativo de hace muchos años.

El Instituto Estatal de Protección Civil, a través del oficio IEPC/4154/2017 de fecha 19 de diciembre del 2017, estableció que, de acuerdo con los lineamientos del Sistema Nacional de Protección Civil y su normatividad, previo a la construcción se deberá llevar a cabo la realización de estudios de vulnerabilidad y riesgo del tipo geológico (sismo-geológico) así como hidro-meteorológico (inundabilidad), los cuales permitirán definir las eventuales obras de mitigación que en su caso sería necesario realizar.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa emitió respuesta el 21 de febrero del 2017: “Esta secretaría manifiesta que no existe inconveniente para llevar a cabo el proyecto en cuestión. Sin embargo, es importante reiterar que la empresa Fideicomiso Unión Mazatlán deberá apegarse a los lineamientos que determine el municipio en concordancia con sus instrumentos de planeación, por lo que deberá dar cumplimiento a lo que el municipio determine para la obtención de las licencias correspondientes”.

LOS TRABAJOS EN SUELO

No se pronostica afectación al sustrato de la Laguna El Camarón, los sedimentos de baja calidad que se retirarán con el dragado favorecerán las condiciones de calidad de la composición de los sedimentos en la restauración, favoreciendo la sanidad de la humedad y potenciando su capacidad.

No se considera pérdida de suelo. La estabilización de suelo, generado por la incorporación de vegetación (jardinería y arbolado) evitan movimientos o arrastre de suelo.

La escasa vegetación arbórea existente en áreas de construcción de obras complementarias, será motivo de rescate y reubicación en áreas del bosque con menor calidad florística.

La fracción de áreas verdes es de 72 mil 298.79 metros cuadrados del área que ocupará el Parque Central; será rehabilitado de jardinería y vegetación arbórea de la región.

Empresarios integrantes del Fideicomiso Unión Mazatlán

– Arturo Mercado Vizcarra
– Alfonso Pelayo Osuna
– Guillermo Zerecero Velo
– Javier Lizárraga Mercado
– Juan Carranza Beltrán
– Juan José Arellano Hernández
– Óscar Sánchez Osuna
– Perla Félix Millán
– Rodolfo Madero Rodríguez
– Sergio Coppel Salcido
– Yudith Estrada Osuna
– Sergio Pelayo Osuna
– Adrián Bastidas Bernal
– Ernesto Coppel Kelly
– Federico Domínguez Kelly
– Rafael Domínguez Kelly

Artículo publicado el 18 de marzo de 2018 en la edición 790 del semanario Ríodoce.

(RIODOCE/ NELDA ORTEGA/MAZATLÁN EN 20 MARZO, 2018)

ENTRE FOX, CALDERÓN Y PEÑA, EL DESMANTELAMIENTO DE PEMEX



CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En 1992 Pemex se fraccionó y se crearon sus subsidiarias.

Ernesto Zedillo autorizó inyectar nitrógeno a Cantarell y aunque eso aceleró la extracción de crudo al principio, ahora el yacimiento produce poco.

Fox cedió gran parte de la flota recurriendo a la renta, con la empresa Oceanografía. También vendió los vehículos de Pemex.

Calderón, además, vendió auto tanques buques de carga, casas, llantas, válvulas, tornillos.

Peña Nieto no tuvo límites: licitó tramos de construcción de ductos o vendió cientos de kilómetros de éstos; ofreció al mejor postor la planta petroquímica de Escolín; logró vender grandes secciones de la de San Martín Texmelucan; se deshizo de terrenos, casas y hasta rieles; y vendió la plataforma Chemul a precio de ganga: de 22 millones de dólares (su valor real) la malbarató en 6 millones de pesos.

Además, en 2016 se realizó un recorte de 100 mil millones de pesos (mmdp) en el presupuesto de Pemex para buscar el superávit en 2017. No lo logró. En su informe a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reportó una pérdida de 352 mmdp. Su pasivo laboral sumó 184 mmdp.

Y entregó a empresas de 17 países el derecho a explorar y explotar el petróleo, todo gracias a una reforma energética que no bajó el precio de las gasolinas ni el de la energía eléctrica. Al contrario.

(PROCESO/ JESUSA CERVANTES/ 19 MARZO, 2018)

ANDRÉS EL CRISTIANO


Andrés Manuel López Obrador ha sido descrito innumerables ocasiones como un “mesías”, en la definición de una persona en quien se confía ciegamente y en la que se finca el deseo de la liberación. A sus seguidores les revuelve el estómago que sea caracterizado como quien se comporta como el hijo de Dios, un perfil religioso que consideran peyorativo. Sin embargo, la discusión sobre las creencias del poderoso candidato presidencial es más importante que sobre cualquier otro de sus adversarios, porque podría convertirse en el primer Presidente cristiano en la historia de México, un país profundamente católico, en la coyuntura particular de la crisis de la Iglesia católica en el mundo, que está tratando de revertir el Papa Francisco ante el crecimiento desafiante de las sectas protestantes.

La fortaleza de López Obrador en las preferencias electorales desafía la historia política de México. Desde 1929 no se había tenido un aspirante a la Presidencia protestante, cuando el General Aarón Sáenz desafío a Pascual Ortiz Rubio -el delfín de Plutarco Elías Calles, quien ordenó la Guerra Cristera-, pero fue relegado por el propio Partido Nacional Revolucionario, precursor del PRI, por su inclinación religiosa. Durante gran parte de la vida pública posrevolucionaria, los presidentes fueron ateos o masones, aunque en los últimos 30 años, se ha señalado -sin confirmarse-, que algunos se convirtieron al cristianismo durante o después de su gestión.

Sistemáticamente, López Obrador ha escondido sus creencias. Incluso, en la campaña presidencial de 2006, declaró que era católico. Políticamente, ha separado sus creencias cristianas de su vida pública, pero no necesariamente por una división ética entre su actuar privado y el público, sino para ocultar dónde está parado en temas controvertidos, como la despenalización del aborto y matrimonios del mismo sexo. En estos temas sociales, quienes lo conocen ven en él una persona conservadora que es duro en exceso con colaboradoras que son madres solteras, por mencionar uno de sus comportamientos ajenos al conocimiento público.

López Obrador pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que nació del fervor religioso en Estados Unidos durante el primer tercio del Siglo 19, con la creencia de que estaba en camino el segundo advenimiento de Jesucristo. Su religiosidad lo mete en contradicción con sus inclinaciones políticas. Por ejemplo, su admiración a Benito Juárez, quien promulgó las Leyes de Reforma, o su vertical forma de conducir procesos, que lo asemejan a Tomás Garrido Canabal, quien gobernó Tabasco con un fuerte anticatolicismo, a quien evoca sin mencionar por su inclinación hacia la socialización de la vida pública. Pero la mayor de estas contradicciones está en el nombre de su hijo menor, Jesús Ernesto, llamado así por Jesucristo y Ernesto “Che” Guevara.

La religión acompaña todo el tiempo López Obrador, quien reconoce como vital en su formación al poeta-político Carlos Pellicer, a quien acreditan la descripción del “socialismo guadalupano” de los políticos mexicanos. Sin embargo, no es igual a todos. En el bolsillo izquierdo de su pantalón lleva un pequeño escapulario, y su discurso es profundamente teológico. Siempre es blanco y negro, sin grises. Todo gira en torno a lo bueno y lo malo, los ricos y los pobres, los honestos y los corruptos. Se es fiel o se es infiel. Es la lucha eterna del bien contra el mal. Él es todo lo que se necesita para acabar con el todo del pasado. No hay matices; es bipolar. La narrativa de lo que es México, dicha por López Obrador de manera religiosa, tiene un gran impacto en una sociedad altamente religiosa cuyos referentes culturales están anclados en ese mundo sin claroscuros. Sus adversarios suelen ser arrasados por su discurso, porque nunca los frasean o estructuran sobre fundamentos religiosos. Por ejemplo, cuando en la campaña presidencial de 2006 el PAN difundió el spot donde decían que era “un peligro para México”, una de las respuestas que dio López Obrador fue criticarlos por haber violado el mandamiento relativo a la mentira.

A diferencia de las campañas anteriores, en esta López Obrador sí ha refrendado públicamente sus convicciones religiosas y reconocido ser “un cristiano en el sentido amplio del concepto”. No obstante, estos señalamientos claros no han tenido ningún impacto en la opinión pública, pese a que el 84 por ciento de la población, casi 93 millones de mexicanos, según la Arquidiócesis de México, son católicos. El catolicismo está siendo amenazado por el cristianismo, que creció más de 70 por ciento en dos décadas, hasta alcanzar casi 11 millones. El declive del catolicismo en México y el mundo ha sido motivo de una renovada tarea de Benedicto 16 y Francisco para revertir el trasiego de católicos a las sectas. “El cristianismo no es una doctrina filosófica -dijo el papa Francisco en 2014-, no es un programa de vida para sobrevivir, para ser educados, para hacer las paces”.

No hay forma de saber cuál será el impacto del voto evangélico en la elección presidencial, pero sí se puede adelantar, a partir del porcentaje de los católicos, que de llegar López Obrador a la Presidencia, será con su apoyo en las urnas, con lo que los católicos le estarían entregando el poder al representante de quienes los están acabando. No parece muy racional, pero plantea la duda si el tema de la religión de López Obrador no ha permeado aún en la opinión pública, o si la molestia contra todo lo establecido es mayor, para suicidarse religiosamente a cambio de la esperanza material prometida.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
@rivapa

(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 20/03/2018 | 04:00 AM)

COFECE MULTA A EMPRESAS DE CONDONES POR COLUDIRSE EN LICITACIONES DEL IMSS, ISSSTE, SSA Y PEMEX



La Cofece sancionó a proveedores de condones y sondas látex por coludirse para obtener licitaciones públicas en el IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, Sedena, Semar y Petróleos Mexicanos. La multa asciende a 112 millones 850 mil 638 pesos, los cuales se aplican considerando la capacidad económica de los sancionados.

Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).– La Comisión Federal e Competencia Económica (Cofece) sancionó a proveedores de condones y sondas látex, así como a siete personas físicas por coludirse en licitaciones públicas del sector salud.

El organismo antimonopolios precisó que la mayor demanda de condones y sondas látex proviene del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Salud (SSA), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de la Marina (Semar) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las prácticas anticompetitivas en que incurrieron las empresas señaladas se tradujeron en sobreprecios que impactaron en la capacidad del Estado para atender otras necesidades de la población, informó la Cofece en un comunicado.

Las empresas sancionadas por cometer prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de condones y sondas de látex, son: Dentilab, Productos Galeno, Holiday de México, Trenkes y Productos Adex, así como siete personas físicas que actuaron en representación de algunas de estas.

¿CÓMO OPERABAN?

La Cofece acreditó en el expediente DE-024-2013 las siguientes conductas ilegales:

-Convenios, contratos, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí que tuvieron por objeto y efecto fijar, concertar, elevar o manipular, a través de las investigaciones de mercado, los precios aceptables o máximos de referencia que estableció el IMSS para la adquisición de sondas de látex (sondas Foley y sondas Nelaton) en diversas licitaciones centralizadas.

-Arreglos con el objeto y efecto de establecer, concertar y coordinar la presentación o abstención de posturas en diversas licitaciones públicas a las que convocó el IMSS para la adquisición de condones y sondas de látex.

Con respecto a la manipulación de los precios aceptables o máximos en sondas Foley y Nelaton2, a través de las investigaciones de mercado que realizaron las autoridades convocantes del sector salud para las licitaciones centralizadas de los años 2011, 2012 y 2013, Productos Adex y Productos Galeno lograron que los bienes requeridos se cotizaran por arriba de lo que habrían resultado en condiciones de competencia.

En tanto, el arreglo entre Grupo Holy (conformado por Productos Galeno, Holiday de México y Trenkes) y Dentilab para concertar y coordinar la presentación o abstención de posturas de múltiples licitaciones públicas a las que convocó el sector salud para las adquisiciones de sondas Foley y condones, sucedió entre los años 2009, 2011 y 2012.

De acuerdo con la Cofece, a partir de esta distribución del mercado, dichas empresas presentaron posturas para ganar o perder las licitaciones, o se abstuvieron de participar en ellas. De esta forma obtuvieron los porcentajes de mercado pactados.

“Las conductas señaladas, además de afectar el proceso de competencia y libre concurrencia, atentan contra el erario ya que se tradujeron en el pago de  sobreprecios en estos productos, ocasionando un daño estimado de 177 millones 67 mil 392 pesos”, detalló el organismo antimonopolio.

El Pleno de la Cofece multó a Dentilab, Productos Galeno, Holiday de México, Trenkes y Productos Adex, y a las siete personas físicas con montos que en conjunto ascienden a 112 millones 850 mil 638 pesos, los cuales se aplican considerando la capacidad económica de los sancionados.

También se ordenó entregar la versión pública de la resolución  a la Secretaría de la Función Pública para los efectos legales.

(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / 20 DE MARZO 2018)

CIUDADANOS CAPTURAN, GOLPEAN Y LANZAN DESDE UNA AZOTEA A PRESUNTOS LADRONES EN ECATEPEC



Los delincuentes fueron perseguidos por pasajeros del transporte público al que habían asaltado momentos antes a la altura de la avenida Primero de Mayo.

Ciudad de México, 19 marzo (SinEmbargo).- Tres asaltantes estuvieron a punto de ser linchados en Ecatepec cerca de las 21 horas del domingo.

Habitantes de la Colonia Jardines de Morelos dieron a conocer que los delincuentes fueron perseguidos por pasajeros del transporte público al que habían asaltado momentos antes a la altura de la avenida Primero de Mayo.

El grupo de personas arrastró y lanzó a los asaltantes al piso desde el techo de una casa. Elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar tras recibir el reporte de “intento de linchamiento”.

Los ladrones fueron trasladados a la Fiscalía de San Cristóbal, donde los afectados se presentaron a denunciar el crimen.

(SIN EMBARGO/ REDACCION/ MARZO 19, 2018, 8:09PM)

EMPRESARIOS Y GOBIERNO: LA RUPTURA




Fotos: Archivo.- Juan Manuel Hernández Niebla-Faizal Díaz-Marco Coronado

Tras la publicación de un desplegado y posicionamiento reclamando el trabajo de ambos mandatarios, jueces y magistrados, los poderes Ejecutivo y Judicial reaccionaron concertando citas el próximo miércoles para atender las solicitudes de la iniciativa privada en Ensenada y Baja California

Pese a las actividades empresariales del alcalde de Ensenada, Marco Antonio Novelo Osuna y el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, la relación entre ambos mandatarios y los organismos que agrupan a los hombres de negocios en Ensenada cayó a uno de sus niveles más bajos. Un rompimiento de las relaciones, en términos prácticos.

En el caso del malestar con Novelo, la postura del organismo no sorprendió porque la relación se ha venido deteriorando hace meses; pero sí extrañó la cargada contra el Ejecutivo estatal, ya que varios de los organismos agremiados al Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE) están integrados por panistas o simpatizantes de la ideología del partido blanquiazul.

El punto de inflexión se dio el viernes 9 de febrero, cuando durante un evento de pavimentación, el primer edil dijo al presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Capítulo Ensenada, Alejandro Jara Soria, que la iniciativa privada tenía que buscar otro terreno susceptible de donación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la construcción de una nueva clínica con capacidad para 144 camas.

El argumento esgrimido por el político priísta fue que los vecinos del predio La Constancia, donado en 2015 por la administración de Gilberto Hirata, le habían mandado una carta rechazando la posible edificación de una clínica del IMSS en esa zona, al final de Villa Colonial.

Antes de eso, los integrantes del CCEE habían insistido a Novelo reactivar la mesa de eficiencia, en la que mes con mes, se abordan temas considerados “prioritarios” por los empresarios. En febrero la cita se canceló dos veces por parte del alcalde.

Todavía el 21 de febrero, Marco Novelo asistió a la sesión mensual de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y prometió reactivar la mesa de eficiencia; oyó la solicitud del presidente del CCEE, de trabajar de la mano en los temas importantes para el puerto.



Kurt Honold -. Salvador Juan Ortiz Morales

Pero de nueva cuenta las peticiones no hicieron eco. La tarde del martes 13 de marzo, los organismos adscritos al CCEE enviaron a los medios un posicionamiento dirigido al gobernador Francisco Vega de Lamadrid y al presidente municipal, Marco Antonio Novelo Osuna, pronunciándose “sumamente preocupados” por la falta de interés hacia los proyectos de Ensenada gestionados durante años en beneficio y mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos.

Reclamaron haber dedicado más de 12 años a proponer y gestionar proyectos que ayuden a potenciar el desarrollo económico de la ciudad, pero que quedan inconclusos, con avances parciales y lentos, “de ahí nuestro cansancio por la falta de resultados ante las inquietudes de la ciudadanía y del sector empresarial”.

Ante el caso omiso de sumar esfuerzos, “hacemos de su conocimiento que nos retiramos formalmente de todas las actividades y mesas de trabajo relacionadas con el Gobierno Municipal de Ensenada y el Gobierno del Estado de Baja California, hasta que nos sea otorgada una reunión con ustedes dos para lograr compromisos sólidos y acordar seguimientos puntuales hasta la conclusión de los proyectos de Ensenada”.

ES MOMENTO DE RESPUESTAS CONCRETAS

El CCEE consideró que es tiempo de atender las peticiones del sector y obtener respuestas concretas de los siguientes proyectos estancados por falta de voluntad política: unidad médica del IMSS; terminación del Libramiento Ensenada hasta Maneadero; ruta alterna de la Carretera Escénica-Tijuana; tramo Chapultepec-Maneadero; tramo Camalú-Lázaro Cárdenas; terminación de las plantas desalinizadoras en Ensenada y San Quintín; seguridad pública; finanzas municipales sanas y servicios públicos eficientes; Programa Sectorial de Desarrollo Urbano y Turístico de los Valles Vitivinícolas.

“Se requiere ya de su liderazgo, compromiso y acciones concretas como representantes de los ensenadenses y bajacalifornianos. Quedamos atentos de fecha propuesta de reunión conjunta, finalizan el posicionamiento”, demandaron.

El alcalde no respondió a las llamadas, en tanto que su directora de Comunicación Social dijo que por lo pronto no habría un posicionamiento.

En el caso de gobierno estatal, Raúl Reynoso Nuño, director de Comunicación Social, no respondió su teléfono; lo mismo ocurrió con el secretario general, Francisco Rueda.

ACUERDAN REUNIÓN PARA PRÓXIMO MIÉRCOLES

Tras la difusión del posicionamiento en la edición en línea de ZETA, Marco Antonio Coronado Valenzuela, presidente del CCEE, anunció una reunión programada para el miércoles 21 de marzo a las 2:00 pm, en lugar por definir.

Adelantó que tanto el gobernador del Estado como el presidente municipal confirmaron su asistencia.

“En esa cita vamos a definir acciones, que el gobernador y el alcalde nos digan cómo avanzamos y nosotros revisamos. Estamos dispuestos a reunirnos cuando digan, pero que traigan avances de los temas y, si tenemos que ir a la Ciudad de México en acompañamiento de las gestiones, vamos, porque siempre que acudimos a una dependencia en la Capital de la República nos dicen que tiene que venir el gobernador”, afirmó el empresario de la construcción.

ADVIERTEN QUE SEÑALARÁN A JUECES

Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Baja California, reveló que el martes 13 de marzo se informó al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Salvador Ortiz, que no se seguirán aceptando jueces “demasiado garantistas” y, de persistir tal situación, los van a señalar directa y personalmente.

El amago se hizo durante una junta de emergencia en la que también estuvieron el mandatario estatal, el presidente del Congreso, el del Tribunal Superior de Justicia, de la Procuraduría General de Justicia del Estado; además de secretarios y directores de Seguridad Pública Municipal, el alcalde de Ensenada y sus homólogas en Rosarito y Tecate.

Ese mismo día los presidentes de los consejos coordinadores en los cinco municipios, el propio presidente del Consejo Ciudadano y los dirigentes de los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública, firmaron un desplegado de prensa advirtiendo a los jueces que no permitirán el regreso de la impunidad en secuestros, además de llamarlos a realizar mejor su trabajo.

“Queremos que los jueces ajusten sus criterios a la realidad que se vive en Baja California, en materia de inseguridad, porque hay algunos jueces rigoristas y otros demasiados laxos que dejan salir a muchos delincuentes, inclusive cuando los delincuentes son detenidos en flagrancia”, insistió Hernández.


Marco Antonio Novelo – Francisco Vega de la Madrid

Por su parte, Faisal Díaz, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Ensenada, declaró a este Semanario que los jueces se están excusando en el Nuevo Sistema de Justicia Penal para liberar a los detenidos, “los jueces están visiblemente cargados para liberarlos, si bien en algunos casos puede haber detalles técnicos en las carpetas o informes, ponen algún pretexto para liberar delincuentes”, sostuvo.

PACTAN REUNIÓN CON MAGISTRADO PRESIDENTE

Tanto Hernández Niebla como Kurt Honold Morales, coordinador del Comité Técnico Estatal de los consejos coordinadores empresariales de Baja California, anunciaron una reunión con el presidente del Tribunal el próximo miércoles 21 a las tres de la tarde, con el fin de sensibilizar y solicitar a los jueces el compromiso de homologar criterios más rigurosos, aunque sin garantía de que ahora sí haya resultados.

Honold aceptó vía telefónica desde la Ciudad de México que cada juez tiene su criterio, sin embargo, algunos jueces han tomado decisiones que “no las vemos bien, no se vale que dejen salir a los delincuentes en casos obvios”.

Agregó: “Exhortamos a los jueces que sean parte de la solución, confío en la autoridad, no quiero decir que se trata de un problema de corrupción, pero sí lo tenemos que solucionar entre todos, de manera propositiva”.

El magistrado Salvador Ortiz no contestó las llamadas a su teléfono para conocer su postura sobre el desplegado del martes 13. En tanto, personal de Comunicación del Poder Judicial comentó que canalizaría la solicitud de entrevista con el secretario particular del presidente del Tribunal.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/  MARCO A. FLORES /LUNES, 19 MARZO, 2018 12:00 PM)

CAOS EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA



Foto: Cristian Torres

Un verdadero desorden prevalece en el seno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde ausencias de magistrados han mermado el desempeño ideal de las salas y en el mismo órgano colegiado, cuyas soluciones solo han empeorado el panorama. La elección del magistrado Gustavo Medina Contreras por el Congreso del Estado, deja entrever una estrategia definida para pasar por encima de los amparos interpuestos por aspirantes, quienes ya presentaron los primeros recursos de inconformidad

Presiones políticas provenientes del exterior, además de ajustes y reajustes desde el seno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mantienen un complicado panorama en el órgano colegiado más importante del Estado, donde existe una sala desintegrada, amparos contra designaciones, licencias cuestionables y la falta de magistrados numerarios y supernumerarios.

Funcionarios reconocen la urgencia de solucionar la incertidumbre jurídica, pero en cada movimiento existe un evidente choque de poder que provoca más problemas, o bien, soluciones a cuentagotas.

El último conflicto fue la designación del magistrado Gustavo Medina Contreras, quien suplió al licenciado Raúl González Arias -retirado al cumplir los 70 años-, ya que, previo a su elección, se ostentaba como magistrado supernumerario en la Cuarta Sala en materia penal y al moverlo a la Segunda, prácticamente “fue cubrir un hoyo destapando otro hoyo”. Además dejó al Tribunal Superior con solo dos suplentes.

Ante esto, la jueza Lourdes Molina interpuso un recurso para revisar el actuar del Congreso del Estado en la designación -que a su juicio es ilegal-, puesto que hicieron caso omiso al mandato judicial que les impedía elegir un nuevo magistrado en tanto no se resolvieran las dos suspensiones.

El diputado Luis Moreno, quien se abstuvo de votar por considerar que existía una violación a la suspensión definitiva, culpó al Poder Ejecutivo de generar inestabilidad con su intervención de la toma de decisiones del Congreso del Estado y el Poder Judicial, al cabildear y forzar la votación para elegir magistrados afines.

DESIGNACIÓN ILEGAL, MOLINA; CONGRESO JUSTIFICA

La semana de la elección en la que resultó ganador Gustavo Medina Contreras, fue visto más en los edificios del Poder Ejecutivo y Legislativo que en el propio. La premisa coincide con el hecho de que fue la mayoría panista del Congreso la que lo eligió para cubrir la vacante de González Arias, quien se desempeñaba en la Segunda Sala del Poder Judicial. Medina ya era magistrado, era supernumerario y cubría la ausencia de Perla Ibarra, a quien le concedieron una licencia para desempeñarse como procuradora.

La justificación de pasar encima de dos suspensiones sobre el proceso de selección de magistrado, con el hecho que los tres suplentes estaban ocupados y se requería de nombrar a un magistrado para tener uno disponible, se fue al suelo. Ahora también hace falta un magistrado suplente.

En entrevista telefónica, la jueza Lourdes Molina, quien obtuvo dos suspensiones definitivas para impedir la designación de magistrados por parte del Legislativo, consideró que la elección de Medina es injustificada, ya que la falta de integrantes en el Pleno permanece igual.



Foto: Cortesía.- Toma de protesta del magistrado Gustavo Medina Contreras

Molesta por el movimiento, el cual consideró meramente político, señaló que la elección de cualquier otro aspirante habría solucionado las ausencias e incluso justificarlo, pero con el respaldo a Medina Contreras, el problema prevalecerá en el Juzgado Federal.

Explicó: “¿Cómo van a justificar que Medina ahora despachará en la ponencia de Raúl González Arias? y entonces, ¿quién va a despachar la ponencia de Perla del Socorro Ibarra?, pues sabemos que le otorgaron una segunda licencia por tres años; entonces ella tiene ese permiso, esa licencia, que se le vence hasta que termine la administración del actual gobernador”.

Por ello, la juzgadora interpuso un recurso de violación a la suspensión definitiva con el Juzgado Quinto de Distrito, donde señala que el Juez Federal no emitió una modificación o sentencia al juicio que se lleva a cabo.

Afirmó que una situación así debe notificarse a las partes y al no hacerlo es evidente que no se consultó en ningún momento al Juez Federal para modificar los alcances del recurso legal.

Reconoció que el Juez podría modificar la suspensión, pero justificó su recurso argumentando que en “su texto no se advierte que el legislador hubiera conferido tales facultades a la responsable; de ahí que al no haber informado la autoridad judicial al órgano de control constitucional sobre el levantamiento del embargo, para que éste determinara lo conducente y en su caso, le dejara a salvo o no su facultad para ejecutarlo, al no agotar dicho procedimiento y proceder motu proprio a hacer entrega de la constancia de depósito, sin haberse revocado, modificado o negado la medida, con tal proceder incurrió en desacato a la misma”.

La inconformidad del amparo 600/2017 va dirigido a los diputados José Félix Arango, Victoria Bentley Duarte, Raúl Castañeda Pomposo, Andrés de la Rosa, Ignacio García Dworak; Mónica Hernández, Miguel Antonio Osuna Millán, Alfa Peñaloza, Sergio Tolento; Carlos Torres Torres, María Trinidad Vaca, Eva María Vásquez, Iraís Vázquez Aguiar; Claudia Agatón, Job Montoya, Víctor Manuel Morán y Roció López Gorosave, quienes votaron a favor de dicha decisión.

Por su parte, el director de Consultoría Jurídica del Congreso del Estado, Anwar Ramos, aseveró que la decisión de iniciar con el proceso legislativo se derivó ante una sentencia emitida por el mismo Juzgado Federal, quien notificó que podrían continuar con la selección.

Esto fue confirmado por el magistrado Salvador Juan Ortiz, quien agregó que a raíz de dicha resolución fue que solicitaron al Congreso concluir con el proceso de selección.

Ambos indicaron que el argumento fue poner el bien común por encima del particular, pues la falta de selección de magistrado impedía la integración de una sala, repercutiendo así en la impartición de justicia.

Consideró que en condiciones normales, los magistrados supernumerarios ocuparían estos puestos, pero debido a que los tres se encontraban en funciones, la ponencia quedaba vacante.

Ramos Gaona dijo que los que se consideran afectados están en su derecho de inconformarse, pero que la resolución vendrá -a su juicio- en las mismas condiciones.

Sobre la cantidad de trabajo y la urgencia de poner a operar dichas salas, dijo que la situación era crítica, lo que motivó a la decisión. Sin embargo, la jueza Lourdes Molina negó que exista una sobrecarga de trabajo en esa Sala y señaló que el nombramiento saturará una Sala Penal, que es más delicada y con mayor carga de trabajo.

El diputado Luis Moreno, quien se abstuvo de votar, que a su juicio existen suficientes elementos para que la Justicia Federal de marcha atrás a la decisión del Poder Legislativo, pues consideró que se ignoraba una suspensión definitiva.

Aunque dijo desconocer si hubo una sentencia o resolución en favor del Congreso, comentó que tiene conocimiento de la vigencia de la suspensión y del amparo, y que su omisión podría tener repercusiones legales severas para los diputados.

“Estoy casi seguro que la justicia le va a dar la razón a la juez que se está inconformando”.

NUEVO JALONEO EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA

El día miércoles, el nuevo magistrado numerario Gustavo Medina Contreras y probablemente el que permanecería más de 15 años en el cargo -sumándose su periodo de supernumerario de cuatro años y medio y su periodo regular-, llegó al Pleno del Tribunal Superior para recibir adscripción a la Sala correspondiente.

Era el único punto en la sesión extraordinaria que fue sometida a votación y aprobada por unanimidad. No parecía haber motivos para iniciar un intenso debate, pero ocurrió. El magistrado Salvador Juan Ortiz solicitó el cambio de Sala de Víctor Manuel Fernández Ruiz de Chávez, ante la sorpresa de la mayoría de los integrantes.

La intención era moverlo de la Quinta a la Cuarta Sala en materia penal, lo que provocó dudas por parte de varios magistrados quienes tenían conocimiento de una suspensión definitiva en favor de su compañero que ocupa el cargo vacante de Carlos Cataño.

Ruiz de Chávez argumentó que la suspensión lo ubicaba supliendo a Cataño, y no la de Perla del Socorro Ibarra, quien se ausenta del cargo desde el inicio del Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid. Cabe mencionar que su regreso al cargo solucionaría todos los problemas.

Los magistrados Marco Antonio Jiménez Carrillo y Emilio Castellanos reclamaron que cuentan con la facultad de mover a cualquier magistrado a la Sala que la mayoría crea conveniente, pero Ruiz de Chávez comentó que la suspensión era vinculante y lo protegía no solo del Consejo de la Judicatura y del Congreso del Estado, sino también del Pleno. Ahí se desató el debate.


Armando Vásquez sugirió que no empeorará el panorama y se dejará a Ruiz de Chávez en su Sala y que a Medina lo mantuvieran en la Cuarta, pero esto provocó molestia en Medina Contreras, quien -pese a que según su currículum tiene experiencia sobrada en casos penales- exigía ocupar la Segunda Sala Civil.

Magistrados levantaron la voz argumentando que, tanto movimiento retrasaría aún más el trabajo en el Tribunal de Justicia. La situación llegó al grado que el magistrado Jiménez Carrillo invitó a Ruiz de Chávez a desistirse de su amparo por ética profesional.

Fue José Luis Cebreros quien interrumpió para reclamar que el problema es crítico y que no se había dimensionado, pues no solo se ve afectado el trabajo de una Sala, sino queda incompleto un Pleno, lo que impide a la sociedad recibir justicia pronta y expedita.

Comentó que era necesario reconocer los errores que se había cometido y sugirió que la única solución era el regreso temporal de Raúl González Arias en lo que se decide cómo solucionar este problema.

Aseveró que existe jurisprudencia que permite extender el periodo en tanto no exista una elección o que un magistrado numerario pueda ocupar la responsabilidad, y aprovechó para acusar al Consejo de la Judicatura de provocar este problema, lo que fue tomado como ofensa por la compañera Miriam Niebla que defendió la decisión tomada en su momento.

En el mismo sentido, Cebreros reclamó que una sala penal desintegrada era más grave que una civil, pues en esta última atiende temas alimenticios y de paternidad, o bien, negocios, pero en la primera decides la libertad de una persona.

“Pregúntenle a un interno cómo es pasar, no dos meses, un día en prisión”, expuso Cebreros, quien además desestimó la intención de algunos magistrados de pedirle una opinión al Juez Federal sobre los alcances del amparo, ya que no son instituciones de consulta, además de estar imposibilitado por el principio de imparcialidad, pues si emitiera una opinión, anunciaría una posible sentencia.

Esta solicitud fue impulsada por María Esther Rentería y por los magistrados de la Cuarta Sala, pero los argumentos de José Luis Cebreros, de Jorge Armando Vásquez y Víctor Vázquez, los hicieron comprender que el mover a Fernández Ruiz de Chávez representaba una violación a la suspensión; por lo que optaron por pedir informes al jurídico y pedir una copia del amparo para revisarlo a detalle. Mientras tanto, el cambio quedó en el aire.

Esto quedó sustentado en la lectura de la suspensión definitiva, donde específicamente dice que Fernández Ruiz de Chávez cubriría la vacante de Carlos Cataño en la Quinta Sala, siendo beneficiado por ser quien ocupa la suplencia.

Para Lourdes Molina, la intención era clara, mover a Fernández Ruiz de Chávez a cubrir la vacante de Perla del Socorro Ibarra y dejar libre el espacio de Carlos Cataño, para así solicitar la designación de un magistrado en dicha ponencia, argumentando afectaciones al bien común, por encima de los particulares. Pretendían aplicar la misma dosis que con González Arias, lo cual fue sugerido también por Ramos Gaona.

LO POLÍTICO POR ENCIMA DE LA JUSTICIA

Tanto para la jueza Lourdes Molina como para el diputado Luis Moreno, no hay otra forma de comprender estos ajustes más que por cuestiones políticas, la primera considerando que un grupo de magistrados pretende apoderarse del Tribunal de Justicia; mientras que el segundo asegura que el Poder Ejecutivo busca extender su hegemonía hasta el Judicial.

Gustavo Medina Contreras, quien fue secretario de la Cuarta Sala cuando Perla del Socorro Ibarra se ostentaba como magistrada, es una persona cercana a personajes del Poder Ejecutivo y el “mayoriteo” panista para designarlo confirma las sospechas.

Expresó que con estos nombramientos se genera un total descrédito en el ejercicio de la democracia y se siguen manchando las instituciones, sobre todo, el Poder Judicial.

Por su parte, Molina dijo que la nueva administración del Poder Judicial ha demostrado que no importa la institución, sino el interés de grupo, sin importar por encima de quién pasen. De igual manera denunció que, así como ocurre en la designación de magistrados, ocurre con los jueces.

El magistrado presidente, Salvador Ortiz, comentó que el motivo de la designación de carácter urgente era la necesidad de cubrir la vacante en la Segunda Sala que, según comentó, lleva entre 10 y 15 casos semanales. Sin embargo, en las salas penales se llevan mucho más, por lo que para Molina, la justificación y el movimiento que realizaron no atrae ningún beneficio para la ciudadanía.

Será esta semana cuando se emita la convocatoria para ocupar el espacio vacante de supernumerario y el del magistrado Félix Herrera, quien el mes de agosto cumplirá los 70 años.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA  /EDUARDO VILLA LUGO/ LUNES, 19 MARZO, 2018 12:00 PM)