sábado, 8 de julio de 2017

HISTORIA DE LA IGLESIA (CATÓLICA) EN (CASI) 10 MINUTOS

(CARKI PRODUCTIONS/ YOUTUBE/ 04 DE FEBRERO 2017)

HISTORIA DE LOS VASCOS EN 10 MINUTOS

(

CARKI PRODUCTIONS/ YOUTUBE/27 DE NOVIEMBRE 2015)

ENTENDER EL CONFLICTO DE SIRIA EN 5 MINUTOS



 (NABOU BOU/YOUTUBE/11 DE OCTUBRE 2015)

MARCHA GAY EN LONDRES










(EXCELSIOR/ 08 E JULIO 2017)

GOBERNANTES MEXICANOS CORRUPTOS Y BLINDADOS


Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro.com

Por espiar con mismo sistema Pegasus, el ex presidente panameño Ricardo Martinelli es requerido por autoridades de su país. Al menos 16 ex mandatarios latinoamericanos han sido llamados a cuentas, algunos encarcelados y 10 de ellos han sido condenados. En México será difícil que se presente ese panorama gracias a una “mala salud de hierro”, considera el investigador Jesús Pérez Caballero, doctorado en Seguridad Internacional

Desde el malogrado intento de juicio del ex presidente Luis Echeverría Álvarez por las masacres derivadas del movimiento estudiantil de 1968 y la represión registrada el 10 de junio de 1971, ni antes, ni después ha habido algún empeño por llevar ante la justicia mexicana o internacional a algún mandatario o ex mandatario federal por casos rampantes de corrupción, genocidio u otras conductas criminales.

Luego trascendió el escándalo por el presunto espionaje gubernamental a periodistas y activistas de derechos humanos, del que dio cuenta el diario estadounidense The New York Times (NYT), la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, los homicidios masivos del sexenio anterior y otra serie de sucesos nefastos posiblemente ordenados desde las altas esferas del poder; resulta inevitable echar un vistazo y comparar cómo en muchos países de América Latina nos llevan muchos años de ventaja en la democratización de la justicia, que debe incluir a los gobernantes y quienes concluyeron su mandato con actos cuestionables.

La visita de la periodista y abogada Rita Vásquez, subdirectora del diario La Prensa de Panamá a México, fue recibida con la noticia del NYT. Ella llegó a nuestro país para promover el libro que escribió en coautoría con J. Scott Bronstein, Sociedades Peligrosas, la historia detrás de los Panamá Papers, publicado por editorial Debate. La comunicadora se sintió “como en casa”.

“Esto del espionaje realmente es algo por lo que ya pasamos los panameños”, dijo quien fuera parte del equipo de investigación, que ha recibido el Premio Pulitzer 2017 por el caso de los Panamá Papers. Solo que en el caso de su país, al ex jefe de Estado, al que se acusó de auspiciar esta práctica, sí se le ha exigido cuentas con la justicia, aun encontrándose en el extranjero.

“El tema de Pegasus en Panamá es una  historia conocida. El ex Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, compró el software y el equipo para software justamente el mismo año que en México. Entre 2010 y 2011. Y también se dedicó a espiar a todos sus enemigos, por así decirlo sus adversarios políticos: periodistas, relacionistas públicos, personas defensoras de derechos humanos, sindicalistas, e inclusive se dice que hasta a su propia amante”, relató a ZETA Rita Vásquez.


Recién desempacada de una nación donde más de un ex mandatario ha sido encausado penalmente, la autora se mostró orgullosa del grado de madurez alcanzado por el sistema judicial de su patria. “Al (ex) presidente Martinelli se le abrió proceso, una vez dejado el poder (a finales de 2014), en 2015, en la Corte Suprema. Sale de Panamá a finales de enero de 2015 y no ha regresado desde entonces. Vive en Miami y el proceso ha avanzado hasta que se emite una alerta roja en Interpol y paralelamente el gobierno panameño solicita al (ex) presidente en extradición a los Estados Unidos. Curiosamente, mientras se da a conocer la noticia del NYT, a Martinelli se le inició su proceso de extradición a través de una audiencia”.

IMPUNIDAD A LA MEXICANA

Ricardo Martinelli es uno de los varios ex jerarcas latinoamericanos que son investigados por actos de corrupción en el continente. Además del espionaje con el equipo Pegasus, similar al adquirido y empleado por México en el supuesto combate al crimen organizado. A Martinelli se le procesa por pagos excesivos de 45 millones de dólares con cargo al erario panameño durante su gestión.

Pero más allá de este caso reciente, ya son por lo menos 16 los presidentes, primeros ministros y jefes de Estado latinoamericanos que en diferentes países son enjuiciados por conductas de tipo criminal. Si bien, solo en diez casos documentados ha habido sentencias condenatorias, no todas han sido con los ex funcionarios dentro de las cárceles, en estos sistemas se ha intentado la búsqueda de la verdad.

Consultado sobre el tema, Jesús Pérez Caballero, doctor en Seguridad Internacional por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (Madrid, España) e investigador independiente radicado en México, admite que juzgar a un presidente siempre tiene sus complicaciones, aunque en América existen algunos casos de máximos mandatarios procesados.  Surge entonces la pregunta: ¿Por qué se ha dado ese paso en países a los que miramos por debajo del hombro y no en México?

“Por un lado, hay ejemplos de una, por así llamarla, vía suramericana. Según ésta, el máximo mandatario de un país (digamos, un Augusto Pinochet) es procesado por la promoción de crímenes internacionales, específicamente crímenes contra la humanidad. Son contextos de dictaduras, en las que se crean políticas claras de represión desde los órganos que rigen el país. El Chile o la Argentina de finales del siglo pasado son los casos más típicos”, detalla el académico.



Fotos: Isaac Esquivel/Cuartoscuro.com.- Ricardo Anaya.

Por otro lado, pone en relieve el procesamiento del ex presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que “muestra otra vía para la fiscalización penal de los presidentes. Esa vía guatemalteca consistiría en investigar, entre otros delitos, casos generalizados de corrupción, en el que redes criminales han puesto a su servicio las instituciones del Estado para su enriquecimiento. Así se ha encauzado al presidente de ese país y a su vicepresidenta”.

El investigador detalla que esos dos caminos tienen un punto en común: la ayuda internacional. “En el caso de las dictaduras latinoamericanas, sectores de las instituciones de ese lugar y la propia población, aprovecharon el Derecho Penal Internacional (DPI) para pensar de manera distinta las situaciones de violencia y adaptar el ordenamiento jurídico a estándares internacionales que ayudasen a procesar esos crímenes masivos del pasado. Colombia está ahora haciendo lo mismo, asistida en algunas políticas por la Corte Penal Internacional. En la vía guatemalteca, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lleva años trabajando con las instituciones para depurar al propio Estado centroamericano de grupos criminales que lo han cooptado”.
En el caso mexicano, donde hay asuntos similares a los que en otras naciones ha ameritado la persecución, captura y enjuiciamiento de sus “dignatarios”, la situación no será sencilla al menos en el corto plazo, advierte el entrevistado. “Ni el gobierno del PRI del siglo pasado, ni los diferentes ejecutivos federales desde 2000, pueden considerarse unas dictaduras de la misma manera que lo era, por ejemplo, el Chile de Pinochet. Las políticas represivas o contrainsurgentes han sido mucho más ambiguas, promovidas por un Estado formalmente democrático y donde la descentralización política permite al ejecutivo federal poner orden entre otras instituciones, pero manteniendo un núcleo duro institucional, civil y militar intocable. Si a eso se añade el rol de las organizaciones de narcotraficantes, el panorama es todavía borroso”.

“Pero además, México cuenta con una fortaleza institucional suficiente como para negarse a que opere un organismo similar a la CICIG. En este caso, el tamaño de México como país, sí importa. México no es Guatemala y cuando, sorprendido por las movilizaciones y la presión tras el caso Ayotzinapa, el ejecutivo aceptó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fiscalizase ese proceso penal, posteriormente desactivó cualquier posibilidad de continuidad en su mandato o de réplica para otros eventos. Todas las instituciones trabajaron conjuntamente para finalizar cuanto antes esa ayuda internacional”.

En resumen, Jesús Pérez Caballero asegura que “México tiene una mala salud de hierro. Las víctimas están fragmentadas, se desconoce la magnitud de las violaciones de derechos humanos y no hay una apuesta institucional por los instrumentos legales y conceptuales del DPI, como se vio tras fracasar el intento de procesar al ex presidente Luis Echeverría. Así se cierra la vía suramericana. Y si las instituciones, que en ocasiones están enfrentadas, se unen para impedir medidas de fiscalización, como la CICIG o el GIEI, se cierra también la vía guatemalteca. Todo ello obliga a soluciones originales, y a crear una vía mexicana propia, pero teniendo en cuenta los ejemplos internacionales, para que los posibles acusados no se blinden o se juzguen a sí mismos”.

Aunque en su momento, ex presidentes mexicanos como Carlos Salinas de Gortari estuvieron en el “ojo del huracán”, con un hermano preso, acusado de un magnicidio, el tiempo se encargó de disminuir la furia social que sólo derramó tinta en pliegos de papel para la opinión pública. Curiosamente varios jefes de Estado contemporáneos a Salinas, fueron procesados por hechos delictuosos: Carlos Saúl Menem, Carlos Andrés Pérez, Fernando Collor de Mello y Alberto Fujimori.

ESPIONAJE EN TIEMPOS DE ARELY GÓMEZ

El software malicioso NSO Pegasus, utilizado por el Gobierno Federal para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas, como evidenció una investigación de la Red de Defensa e Medios Digitales (R3D), SocialTIC y Artículo 19, y el CitizenLab de Canadá, y publicada en  un reportaje del diario The New York Times el 19 de junio, fue adquirido por la Procuraduría General de la República, cuando su titular era Jesús Murillo Karam y se terminó de instalar en marzo de 2015, cuando la procuradora era Arely Gómez González.

Así se desprende de una investigación del diario Milenio, que establece que el equipo y su manejo fue entregado al entonces jefe de la oficina de la procuradora, Christian Noé Ramírez Gutiérrez, según un acta administrativa firmada por la propia Arely Gómez. Los intentos de espionaje denunciados por periodistas, activistas y defensores de derechos humanos iniciaron a partir del 10 de noviembre de 2015.

El acta deja en claro que el director general de Información de Actividades Delictivas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), Rafael Avilez Avilez (administrador del contrato), entregó el malware a Noé Ramírez, después de tuvo a su disposición el equipo desde marzo hasta noviembre de 2015.

De acuerdo con el contrato del aparato tecnológico fabricado por la empresa israelí NSO Group, y vendido a través de la intermediaria compañía mexicana Grupo Tech Bull, el sistema Pegasus se empleaba “para la realización de actividades sustantivas, consistente en la intervención de dispositivos electrónicos de comunicación. Tiene capacidad para espiar a 500 personas al mismo tiempo y 25 servidores públicos fueron capacitados para su operación”.



Foto: María Jasso/Cuartoscuro.com.- Arely Góméz González.

Según el acta en poder de Milenio, la oficina de la procuradora recibió el “hardware, software y documentos sobre la implementación y capacitación, garantía de un año y papelería que acreditaba la realización de los cursos de capacitación del uso del sistema para 25 personas en grupos de ocho cada uno”.

Un informe de CitizenLab de la Universidad de Toronto refiere que la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Defensa Nacional y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, eran las dependencias del Gobierno mexicano que operaban el sistema de espionaje, adquirido presuntamente como herramienta para combatir el crimen organizado.

El contrato de la adquisición, que por su parte dio a conocer Televisa, establece que fue el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República, Tomás Zerón de Lucio, quien firmó el 29 de octubre de 2014 la compra con Grupo Tech Bull por 32 millones 16 mil dólares. El funcionario actualmente se desempeña como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.

La ex procuradora Arely Gómez González ahora es titular de la Secretaría de la Función Pública, y sería la encargada de investigar lo que implica el absurdo de que le corresponde auto investigarse, por el mal manejo del equipo para espiar a periodistas y activistas de derechos humanos, junto con la PGR. Y Christian Noé Ramírez Gutiérrez, quien fue responsable de su operación, es ahora el coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control, en la misma Secretaría de la Función Pública.

Aunque el asunto se hizo público desde el 19 de junio, fue hasta diez días después, el miércoles 29, que tras la investigación y entrevista expresa de Milenio, Arely Gómez admitió  que participó en la adquisición del malware y en el espionaje.

“Les comento que la Procuraduría General de la República y cualquier procuraduría, ya sea del Estado mexicano o cualquier parte del mundo, tienen para poder cumplir con su mandato, algunos sistemas y herramientas de inteligencia que se deben utilizar siempre en el marco jurídico. Eso nos los mandata la Ley y la Constitución. Durante mi mandato siempre fueron apegados dentro del marco jurídico, lo que la Ley nos da poder para combatir a la delincuencia organizada y al crimen”.

Con esa respuesta y su cargo, resulta evidente que la investigación que Gómez pudiera orquestar desde la Secretaria de la Función Pública estará viciada de origen.  Redacción ZETA


NO SOLO ACTIVISTAS Y PERIODISTAS, EPN TAMBIÉN ESPIÓ A POLÍTICOS

 El actual presidente del Senado, el panista Ricardo Gil Zuarth; el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya y su secretario de Comunicación en el partido, Fernando Doval, son los nuevos blancos confirmados de los intentos de espionaje del gobierno de Enrique Peña Nieto.

CitizenLab, organización canadiense dedicada al monitoreo de internet y nuevas tecnologías con un enfoque de derechos humanos, revisó los teléfonos de los panistas y encontró pruebas de que fueron atacados con el spyware Pegasus de la empresa NSO Group.

El 29 de octubre de 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) adquirió el programa por medio de Grupo Tech Bull, empresa que sirvió de intermediaria para la compra con un valor de 32 millones 16 mil dólares, que servirían para vigilar a 500 objetivos.

Pegasus, como lo dio a conocer el informe #GobiernoEspía, es un programa de uso exclusivo para gobiernos en casos de terrorismo o cuestiones de seguridad nacional.

Tras la publicación del informe, la semana pasada, que detallaba el modus operandi del malware, Ricardo Anaya ofreció una conferencia de prensa para informar que había recibido mensajes de texto casi idénticos a los que recibieron otros blancos como Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, así como Mario Patrón y Juan Pardinas, directores del Centro “Miguel Agustín Pro Juárez” y el Instituto Mexicano para la Competitividad, respectivamente.

Los teléfonos de Anaya, Doval y Gil Zuarth fueron enviados a los laboratorios de CitizenLab en Canadá para su inspección y, tras los exámenes pertinentes, la organización confirmó que se trataba de los mismos intentos de infección.



Roberto Gil Zuarth.

En los tres casos, entre junio y julio de 2016, los panistas recibieron mensajes de texto a sus teléfonos. Uno de estos textos era idéntico y refería que los políticos aparecían en un reportaje de la revista Proceso, seguido de un enlace. Este hipervínculo tenía como destino una página de internet donde automáticamente se descarga el malware.

Pegasus permite el acceso a las fotografías, mensajes, correos, contactos, aplicaciones y documentos del teléfono, así como a la cámara y micrófono, además de ser indetectable sin tecnología especializada.

El 28 de junio, las organizaciones que realizaron el informe, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), SocialTIC y Artículo 19, se presentaron ante el Senado para exigir que la denuncia que los afectados presentaron ante la PGR derive en una “investigación imparcial, autónoma y exhaustiva”.

“Dado que es la misma PGR la que está a cargo de la investigación, esta revelación corrobora y hace más relevante la necesidad de generar mecanismos adicionales y extraordinarios para asegurar garantías de independencia en la investigación”, indicaron las organizaciones un día después de la reunión.

Por ello, exigieron la intervención de un panel de expertos y expertas independientes, que incluya la participación de mecanismos internacionales de derechos humanos. Reiteraron que los nuevos casos confirmados de intentos de infección, confirman el uso extensivo y sistemático del spyware, pese a que el gobierno de Enrique Peña Nieto niegue su utilización.


(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa/  Luis Carlos Sáinz Lunes, 3 Julio, 2017 12:00 PM)

INFORME INTERNO DE FISCALÍA REVELA 34 MUERTOS Y 32 HERIDOS EN PENAL DE ACAPULCO


CHILPANCINGO. Gro. (proceso.com.mx).- Un informe interno de la Fiscalía General del estado (FGE) revela que la masacre registrada hace dos días en el penal de Acapulco, dejó un saldo de 34 muertos, seis de ellos decapitados y 32 heridos.

Incluso, no sólo se utilizó un arma .38 súper, sino también fusiles AR-15 y AK-47 porque en la escena del crimen masivo se embalaron casquillos calibre .223 y 7.62, indica el reporte consultado por Proceso.

El informe de la FGE contradice la postura del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien públicamente informó  que la cifra oficial de la matanza fue de 28 muertos y tres heridos, así como el uso de un arma calibre .38 súper.


(PROCESO/ EZEQUIEL FLORES CONTRERAS/ 8 JULIO, 2017)

SUPUESTO LADRÓN MUERE LINCHADO EN NICOLÁS BRAVO, PUEBLA


PUEBLA,  Pue. (proceso.com.mx).- Habitantes del municipio Nicolás Bravo lincharon la tarde del viernes a un supuesto ladrón, a quien además remataron con arma de fuego.

De acuerdo a los testimonios, los hechos se registraron luego que un grupo de cuatro sujetos asaltaron una miscelánea de la localidad de Felipe Maderas, junta auxiliar de Nicolás Bravo.

Las víctimas del robo llamaron al resto de la población para denunciar lo recién ocurrido.

Al reunirse alrededor de 100 lugareños dijeron estar hartos de la inseguridad y de la poca efectividad de las autoridades para poner un alto a los delincuentes.

Luego de que los comerciantes recién asaltados aseguraron haber visto a los ladrones rumbo a un cerro,  los vecinos se organizaron para ir tras ellos.

De acuerdo a la información, un grupo de pobladores regresó alrededor de las seis de la tarde con un sujeto que aseguraron era uno de los asaltantes.

La turba empezó a golpear al supuesto ladrón hasta que quedó inconsciente, luego de lo cual uno de los lugareños sacó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones para rematarlo.

El cuerpo sin vida quedó en medio de la explanada de la Presidencia Municipal y horas después llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo el levantamiento del cadáver.


(PROCESO/ GABRIELA HERNÁNDEZ /8 JULIO, 2017)

MICHOACÁN: CAE POLICÍA QUE SACÓ A UNA MENOR DE LOS SEPAROS, ABUSÓ DE ELLA Y LA REGRESÓ AL DÍA SIGUIENTE

ZAMORA, Mich. (proceso.com.mx).- Las autoridades judiciales cumplimentaron una orden de aprehensión contra un policía ministerial, quien al encontrarse de guardia sacó de los separos a una menor, la llevó a su casa, abusó sexualmente de ella, y luego la regresó.

El agente fue acusado del delito de violación, perpetrado el pasado 2 de julio en esta ciudad michoacana.

De acuerdo con reportes, la agraviada ingresó al área de separos de la Fiscalía Regional derivado de su relación con hechos delictuosos, donde el imputado se encontraba laborando.

Ahí, el elemento policial sacó del área de seguridad a la afectada y la trasladó a su domicilio particular, donde presuntamente la atacó de manera sexual; al día siguiente, la regresó a los separos.

Los hechos fueron denunciados ante el agente del Ministerio Público, por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes.

El imputado fue puesto a disposición del juez de control a afecto de que sea resuelta su situación jurídica por su relación en el delito de violación.


(PROCESO /LA REDACCIÓN/8 JULIO, 2017)

TRAS MASACRE EN PENAL DE ACAPULCO, HALLAN NARCOMANTA CERCA DEL OPERATIVO DE LA CONAGO


CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Esta tarde fue colocada una narcomanta en el puerto de Acapulco, Guerrero, en la que se hace referencia al motín que ayer dejó 28 muertos y tres heridos en el penal de Las Cruces, ubicado en la zona conurbada del principal destino turístico de la entidad.

Reportes oficiales indican que esta tarde fue localizada la manta sobre el puente Bicentenario de la calle Cuauhtémoc, a una cuadra de la avenida Costera Miguel Alemán, donde se encuentra el operativo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que incluye la participación de agentes de la Ciudad de México.

Los informes refieren que el mensaje de la narcomanta fue dirigido al gobierno federal. A la letra dice:

“Juan Linares puto, que no se les olvide el motín pasado que hiciste cuando estabas preso. Gobierno federal acuérdense de este lacroso cobra cuota, secuestrador que se apoyó de la gente de Los Granados”.

Los reportes indican que Juan Linares es identificado como El Juanito, miembro del Cártel Independiente de Acapulco (Cida), así como lugarteniente de Fredy Del Valle Berdel El Burro, detenido en abril de 2016 en Los Cabos, Baja California. Ambos son señalados como responsables de la ola de violencia en la zona conurbada del puerto de Acapulco.


(PROCESO/ LA REDACCIÓN/7 JULIO, 2017)    

EN POCO TIEMPO APATZINGÁN SERÁ LIBERADO: REZA NARCOMANTA DEL CJNG HALLADA EN ESE MUNICIPIO


APATZINGÁN, Mich. (proceso,.com.mx).- “Se le comunica a toda la ciudad en general que en muy poco tiempo Apatzingán será liberado”, se lee en la narcomanta firmada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que fue hallada este sábado en un puente peatonal de este municipio.

En redes sociales se dio cuenta del hallazgo, el cual ocurrió en el puente peatonal de la avenida Francisco I. Madero, a la altura de la primaria Amalia Solórzano.


(PROCESO / LA REDACCIÓN/ 8 JULIO, 2017)

HOMBRE ENTRA EN OFICINA Y MATA A MANDO DE SEGURIDAD EN ENSENADA

El ayuntamiento de Ensenada informó que, además un oficial resultó gravemente herido por este hecho de violencia ocurrido en la delegación de Camalú


 Foto: Pixabay.

ENSENADA, Baja California.- El ayuntamiento local reportó la muerte del comandante de la delegación de Camalú y como herido a un oficial, luego de que un grupo armado irrumpió en las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública en dicho poblado.

El alcalde Marco Antonio Novelo Osuna aseguró que este acto atenta contra la tranquilidad de quienes residen en el territorio ensenadense y contra las instituciones que integran el gobierno municipal.

Detalló que, aproximadamente a las 19:45 horas del viernes, un individuo descendió de un vehículo color obscuro, ingresó a las oficinas de la Delegación Camalú y disparó a los policías municipales que en ese momento se encontraban en dichas instalaciones.

Precisó que, en el lugar perdió la vida el comandante adscrito a dicha demarcación, Antonio García García, y quedó gravemente herido un oficial, quien fue trasladado y es atendido en un nosocomio del Valle de San Quintín.

Novelo Osuna destacó que se mantendrán las acciones en contra de quienes realizan actos al margen de la ley, por lo que, mantendrán el trabajo en conjunto con el estado y federación para garantizar un entorno seguro a las familias ensenadenses.

Expresó sus condolencias a la familia del comandante Antonio García García, a quienes aseguró se les brindará el apoyo necesario para sobrellevar esta lamentable pérdida, así como su respaldo a la familia del oficial herido.


(EXCELSIOR/ NOTIMEX/ 08/07/2017 19:25)

HALLAN AGUJERO NEGRO QUE EXPULSA PARTÍCULAS, NO LAS ATRAE...


Investigadores de la Universidad Complutense de Madrid consiguieron evidencias de lo que se podría llamar un 'agujero blanco', que deja escapar la luz en vez de impedir su salida



Hallan agujero negro que expulsa partículas, no las atrae...

Una investigación, en la que ha participado la Universidad Complutense de Madrid, ha conseguido evidencias de la transformación de un agujero negro en su "inverso temporal", es decir, en un agujero blanco. Este cuerpo se caracteriza por expulsar las partículas en lugar de atraerlas, como hace un agujero negro.

El trabajo explica que existen objetos astrofísicos identificados como agujeros negros que podrían ser, en realidad, estrellas de gran densidad. Su formación sería el resultado final de múltiples transformaciones de agujeros negros en su inverso temporal, que en un corto plazo de tiempo se descoloran y dejan escapar la luz en lugar de impedir su salida.

La principal conclusión del trabajo, publicado en 'Classical and Quantum Gravity', es que los agujeros negros identificados como tales no se comportan de la manera que la relatividad general explica y, por tanto, serían radicalmente distintos en esencia.

Esto no es una mera especulación teórica, ya que esta transición estaría acompañada de una explosión originada por la expulsión del material que formó en su primer lugar el agujero negro", explica uno de los responsables de este hallazgo, el investigador de la UCM Luis Garay. "Es probable que este fenómeno pueda detectarse en futuras observaciones de ondas gravitatorias", ha añadido.

Este estudio tenía como objetivo entender el efecto de las modificaciones de la relatividad general sobre los agujeros negros. "Una de las implicaciones de nuestro estudio es que la luz, y también las recientemente detectadas ondas gravitatorias, podrían de hecho escapar en determinadas circunstancias y ser detectadas en observatorios", ha apuntado.

Según indica el científico, existen muchas maneras en las que un agujero negro puede convertirse virtualmente en un agujero blanco, y sumando sobre todas estas posibilidades puede obtenerse una medida del intervalo de tiempo en el que esto ocurrirá. Esta propuesta, según apunta Garay, permite interrelacionar la teoría cuántica y la gravitatoria, conectando así la física microscópica del espacio-tiempo con la experimental.

"Nuestro objetivo general es desarrollar esta línea de investigación hasta que podamos mejorar el conocimiento sobre la naturaleza teórica de los agujeros negros y la gravedad cuántica", concluye Garay.


(EL MAÑANA DE REYNOSA/ EXCÉLSIOR/ 08 / JULIO / 2017 - 11:26 A.M)

ENVÍAN A PENAL A LÍDER SINDICAL DE SIAMAR EN REYNOSA


Luis Díaz Martínez fue detenido al ser acusado por el delito de hostigamiento sexual.

REYNOSA.- El líder del Sindicato Industrial Autónomo de Maquiladoras de Reynosa (SIAMAR), Luis Díaz, fue detenido este día al existir una orden de comparecencia por el delito de hostigamiento sexual, la cual fue cumplimentada hoy por agentes de la Policía Investigadora.

Al término de la audiencia, al dictarle el juez de la causa prisión preventiva por un año, el dirigente obrero fue trasladado al penal, donde quedará internado para garantizar su asistencia a las próximas audiencias que emanen del procedimiento penal.

Las autoridades judiciales detuvieron al líder sindical cuando salía de su casa, y fue minutos antes de las 14:00 horas, cuando custodiado por elementos policiales, el acusado ingresó a la sala de audiencias de Ciudad Judicial, para comparecer ante el juez de control, en una sesión que por el mismo carácter del delito a tratar no será pública, ya que solamente asiste personal de la Fiscalía, la parte agraviada y el acusado y su defensor jurídico.

La parte agraviada no es miembro del sindicato, sino que es prestadora de servicios a maquiladoras.

Luego de escuchar en la audiencia oral los cargos presentados en su contra, el líder sindical se acogió al beneficio de la ampliación a 144 horas del Término Constitucional para que se determine su situación legal y sea vinculado o no a procedimiento penal.

Con base en los elementos de cargo aportados por fiscales de la Unidad General de Investigaciones número 2 (UGI-2), el Juez de Control determinó conceder la prisión preventiva justificada de un año, por lo que al concluir la audiencia privada el acusado fue trasladado al Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) a las 16:45 horas.


Envían a Penal a líder sindical de SIAMAR en Reynosa


(EL MAÑANA DE REYNOSA/  STAFF/ 08 / JULIO / 2017 - 06:31 P.M)

EL PASO, UN DOCUMENTAL QUE RETRATA LA VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS Y SU EXILIO EN EU


El director Everardo González retoma las historias de dos periodistas mexicanos que tras ser amenazados por el crimen organizado deben huir junto con sus familias a EU y buscar allá una manera de sobrevivi
El Paso, un documental que retrata la violencia contra periodistas y su exilio en EU Foto: Everardo González
Para seguir con vida, dos periodistas tuvieron que huir de sus hogares en el norte de México. Su crimen: hacer su trabajo, una labor incómoda para el narcotráfico.
Las historias de Alejandro Hernández de Televisa, y Ricardo Chávez de Radio Cañón, son relatadas en el documental El Paso, de Everardo González, (La canción del pulque y El cielo abierto).



EL PASO

Una historia sobre las familias de quienes por un tiempo fueron nuestros testigos, nuestros ojos y nuestra voz, pero al verse amenazados, tuvieron que abandonar México.
Tras ser amenazados en México y no contar con las garantías de protección que las autoridades deberían proporcionarles, ambos deciden huir junto con sus familias a Estados Unidos.
“La falta de voluntades y apatías por parte de las autoridades, es lo que tiene vulnerables a los comunicadores”, dice Everardo González sobre la realidad que viven a diario los reporteros mexicanos, en un país en el que cada 26.7 horas se registra un ataque contra la prensa.
Alejandro Hernández huyó a EU luego de ser secuestrado, junto con otros tres reporteros, por integrantes del Cártel de Sinaloa, tras cubrir una manifestación afuera del Centro de Reinserción Social (Cereso) número dos de Gómez Palacio, Durango.
Los criminales exigieron a cambio de su liberación que las empresas donde trabajaban los reporteros publicaran unos videos contra “Los Zetas” y las autoridades que presuntamente los protegían. Al siguiente día, los videos fueron transmitidos por Multimedios, pero ellos no fueron liberados de inmediato sino hasta días después.
Hernández recibió asilo de manera oficial de parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos en El Paso, Texas.
Al otro protagonista del documental, Ricardo Chávez Aldana, reportero en Radio Cañón de Ciudad Juárez, le mataron a dos sobrinos, tras haber denunciado los abusos del narco y de las autoridades.
Debido a su labor, su familia fue amenazada de muerte y tuvo que huir a EU, donde recogía platos y se encargaba de la limpieza de un restaurante para mantener a su familia.
Chávez Aldana ingresó a Estados Unidos el 9 de diciembre de 2009 y fue hasta este año que el gobierno estadounidense le otorgó la residencia.
Para Everardo González el asilo político se ha vuelto un salvavidas para los comunicadores.
“Lo relevante que tiene el documental es la contribución que tuvo para que se liberara la causa de asilo político de la familia Chávez, quien hace menos de un mes logró finalmente la residencia de Estados Unidos. Para mí esa es la satisfacción más grande, el haber ayudado de alguna manera a que una familia obtuviera el asilo político”, explica.
Alejandro y Ricardo son parte de las 14 mil personas que huyeron de México por la violencia en 2014 y solicitaron asilo en EU, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para Refugiados. La cifra es 39% mayor a la que se tuvo en 2013.
“Es terrible. El Paso es una película que comencé en 2012, y pues hoy en 2017 se vuelve relevante porque la coyuntura no ha cambiado en todos estos años; se refleja la voluntad nula para proteger a los comunicadores por parte de las autoridades”, relata el director.
Artículo 19, organización en defensa de los derechos de periodistas, documentó que entre el año 2000 y 2017 en Chihuahua se registraron 13 homicidios de periodistas, en Oaxaca, 12; en Michoacán, 4; en Durango, 3; en Tabasco, 2, y en Baja California, 1.
La impunidad es la otra cara de las agresiones. Según los datos del Comité para la Protección de periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), cuatro de cada cinco casos de periodistas que fueron asesinados mientras realizaban alguna cobertura, entre el 2000 y 2017, prevalecieron impunes.
El Paso se presenta en la Cineteca Nacional.

(ANIMAL POLITICO/ Montserrat Sánchez/ julio 8 2017 06:00)

ASEGURAN 149 MIL LITROS DE TURBOSINA Y DETIENEN A 9


El hallazgo lo realizó el CISEN en los municipios de Tlalnepantla y Cuautitlán.

Ciudad de México.- Autoridades federales decomisaron 149 mil litros de turbosina y detuvieron a nueve probables ladrones de este combustible, en Tlalnepantla, Estado de México.

Una investigación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) condujo al hallazgo del hidrocarburo, en los municipios de Tlalnepantla y Cuautitlán.

Agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y de la Policía Federal descubrieron el combustible robado en dos inmuebles, uno en cada demarcación, el cual era transportado en pipas por los huachicoleros.

Las autoridades no han revelado las identidades de los detenidos por sustraer la turbosina, empleada en aviones y helicópteros.


(TABASCO HOY/ Agencias/ 08/07/2017 16:50)

SALINAS NO GANÓ EN EL 88: BARTLETT


Ciudad de México— Manuel Bartlett afirmó ayer que Carlos Salinas de Gortari no ganó la elección presidencial de 1988.

El exsecretario de Gobernación precisó que no fue por medio de fraude cibernético, sino por la manipulación de cifras y, después, por la destrucción de las boletas tras un acuerdo con el PAN y la complicidad de dirigentes del entonces Frente Democrático Nacional, que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas.

Aseguró que la mejor prueba de que Salinas no ganó es la forma desesperada en que se entregó al PAN, para que en la Cámara de Diputados, erigida como Colegio Electoral, lo reconociera como presidente electo y, meses después, se quemaran las boletas, que eran la  prueba del fraude.

“Entonces, ¿quién ganó?, si se quemaron los paquetes, si se entregó Salinas al PAN –estaba muy preocupado, obviamente–, y si no revisaron los paquetes y no salió nada con este acuerdo y esa complicidad del PAN a la hora de hacer el dictamen: ‘Vámonos, tapen todo’. ¿Qué es eso? Es Salinas. No ganó la elección, la perdió”, afirmó quien presidiera la Comisión Federal Electoral.

En entrevista, 29 años después, Bartlett explica cómo fue organizada la elección y como terminó el proceso. Recuerda que hubo, por primera vez, un registro de votos a la vista de los ciudadanos, porque las actas distritales estaban afuera de los paquetes electorales y en las juntas distritales hubo un conteo público de resultados.

Mientras llegaban los resultados a las juntas, detalla, él, como secretario de Gobernación, recibía cifras a través de llamadas telefónicas.

Agrega que, como presidente de la Comisión Federal Electoral, ofreció a los partidos compartir la información, pero, justificó, se saturaron las líneas telefónicas al iniciar el reporte de resultados.

Ahí es cuando el panista Diego Fernández de Cevallos, relata el extitular de la SEP, denunció la caída del sistema.

El también exgobernador de Puebla afirma que lo que generó el escándalo fue que el entonces dirigente del PRI, Jorge de la Vega, declaró triunfador a Salinas sin tener cifras.

Esto, asegura, fue lo que desató las acusaciones de fraude y no la supuesta caída del sistema, “slogan”, dijo, que se usa en su contra para descalificarlo y no destapar la verdad del acuerdo de Salinas con el PAN.      


(EL DIARIO DE JUAREZ/ Agencia Reforma | Sábado 08 Julio 2017 | 00:01:00 hrs)

REVELAN MÁS IDENTIDADES DE CUERPOS ENCONTRADOS EN LAS VARAS


Cuauhtémoc– La Fiscalía General del Estado Zona Occidente, logró establecer la identidad de 9 de las 15 personas fallecidas durante un enfrentamiento ocurrido la madrugada del pasado miércoles en la comunidad de Las Varas, municipio de Madera.

A través de las investigaciones ministeriales, el resultado de las pruebas periciales y las entrevistas a familiares que acudieron a reconocer los cuerpos se obtuvieron las siguientes identidades:

1.- Rafael C. R., de 25 años, originario de Ciudad Juárez y con domicilio en el Ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura.

2.- Luis Leonel C. C., de 18 años, vivía en la ciudad de Cuauhtémoc, Chih.

3.- Hugo P. M., de 25 años, originario de Oaxaca y con domicilio en Gómez Farías.

4.- Astolfo C. C., de 47 años, con domicilio en Nuevo Casas Grandes.

5.- Alvaro T. O., de 36 años, originario del estado de Durango y con domicilio en Delicias, Chihuahua.

6.- Heriberto D. A., de 39 años, con domicilio en Santa Julia, municipio de Misantla, Veracruz.

7.- José C. C., de 34 años, originario de Coatzacoalcos, Veracruz.

8.- Jorge Alberto S. A.,  de 23 años, originario de Chihuahua, Chihuahua.

9.- Sergio Rogelio G. L, de 23 años, originario y con domicilio en Madera, Chih.

Asimismo se localizan en dos cuerpos credenciales a nombre de:

10.- Antonio L. R., de 27 años, originario  de Perote, Veracruz

11.- Julián B. L., con domicilio en Coba de Oro, Minatitlán, Veracruz.


(EL DIARIO DE CUAUHTÉMOC | SÁBADO 08 JULIO 2017 | 15:23 HRS)

SIGUE MATANZA DE CIVILES EN EL FUERTE; ALCALDESA ENTREGA PATRULLAS PRESTADAS


Los Mochis, Sinaloa.- En tanto que civiles son asesinados en las sindicaturas del pueblo mágico de El Fuerte, y las filas de la Policía Municipal se rebelan en contra de sus mandos, la alcaldesa, Nubia Ramos Carbajal entregó cinco patrullas de modelo reciente que le fueron prestadas por el gobernador, Quirino Ordaz Coppel.

En la víspera de la entrega de las patrullas, particulares reportaron la ejecución de un civil a ocho kilómetros del poblado Chinobampo, sierra arriba.

Este fue asesinado en los alrededores del basurón.

De acuerdo con reportes de los poblados, el ejecutado podría ser un civil conocido como Virgilio “N” de 32 años de edad y quien el día anterior (jueves) fue privado de la libertad.

Mientras el cadáver era analizado por peritos forenses, la alcaldesa encabezaba la entrega de patrullas a los elementos de la Policía Municipal, sin referirse a la ola de asesinatos por la que atraviesa su municipio.

Pidió a los elementos cohesionarse con oficiales de vialidad para incrementar la seguridad en las ocho sindicaturas. “Reforzar la vigilancia, la seguridad, de nuestro9s habitantes y de su familia”, pidió.

Dijo que hará esfuerzos para dotar de mejores herramientas de trabajo y para elevar la cantidad e policías, pues en la actualidad hay un déficit.

En el acto, la alcaldesa entregó herramientas a los voluntarios de Protección Civil.


(RIODOCE/ LUIS FERNANDO NÁJERA/ 7 julio, 2017)

DETIENEN A MUJER, COMO TERCERA IMPLICADA EN CRIMEN DE RUAY ALBERTO DÍAZ MEZA


La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Unidad Especializada en Aprehensiones, logró la detención de una mujer, como la tercera posible implicada en el homicidio del empresario sinaloense, Ruay Alberto Díaz Meza, registrado el 11 de junio pasado.

Derivado de las investigaciones realizadas por la Unidad Modelo de Investigación Policial, se integraron a la carpeta de investigación los elementos de prueba suficientes para solicitar las órdenes de aprehensión a un juez de control y enjuiciamiento, que incluyeron las dos anteriores que fueron ejecutadas contra dos personas de sexo masculino y que ya fueron vinculadas a proceso, con prisión preventiva como medida cautelar.

En audiencia inicial, celebrada a las 14:30 horas de ayer, por la causa penal 248/2017, se reveló ante el juez que esta persona de sexo femenino, podría ser la responsable de planear un robo contra la víctima, pero al final se derivó en un homicidio doloso.

A partir de las 12:00 horas de hoy se realiza la audiencia inicial ante el Juez de control y enjuiciamiento penal, donde esta fiscalía realiza la formulación de imputación.


(RIODOCE/ REDACCION/ 7 JULIO, 2017)

ADVIERTE SENADOR DE 'MONARQUÍA ABSOLUTA' EN SINALOA


Legislador califica de absurda la intención de los diputados de modificar el texto constitucional en materia de cuentas públicas



Advierte Senador de 'monarquía absoluta' en SinaloaFoto: Noroeste

Al renunciar el Congreso del Estado a su obligación constitucional de fiscalizar los recursos públicos, el Senador Manuel Cárdenas Fonseca advierte para Sinaloa una "monarquía absoluta" o "dictadura plena" por parte del Ejecutivo.

El legislador calificó de absurda la intención de los diputados de modificar el texto constitucional en materia de cuentas públicas y de hacerlo, se puede echar abajo lo aprobado con una acción de inconstitucionalidad.

Explicó que la facultad de aprobar el Presupuesto de Egresos y revisar la Cuenta Pública es un elemento fundamental de la división de poderes y del establecimiento de frenos y controles que eviten el mal uso de los recursos, la opacidad, corrupción y las malas organizaciones de los órganos de Gobierno.

El pasado 26 de junio José Menchaca López, Ana Cecilia Moreno Romero, Tomás Roberto Amador Carrasco y María Eugenia Medina Miyasaki, del PRI; así como el panalista Crecenciano Espericueta Rodríguez y el pasista Víctor Antonio Corrales Burgueño, integrantes de la Comisión de la Fiscalización, firmaron iniciativa de reforma constitucional para sacar del pleno el análisis, discusión, rechazo, o aprobación de las cuentas públicas.

Cárdenas Fonseca enfatizó que si revisan los perfiles de la Comisión de Fiscalización los diputados no tienen ni la más remota idea de lo que es la división de poderes y la actuación primigenia del Congreso del Estado.

"O se los ordenaron y son muy obedientes, o no tienen ni la más remota idea de lo que es ser Diputado local y de lo que son las funciones fundamentales del Congreso del Estado, que es legislar y fiscalizar el gasto a partir de la aprobación que hagan del mismo, o en los dos escenarios, estamos de la patada", manifestó.

Reiteró la improcedencia de lo que los diputados pretenden hacer.

Preocupa, continuó, que existiendo un abogado en la Secretaría General de Gobierno, el Gobernador declare que la acción que pretenden hacer los diputados locales así está en el orden federal, lo cual no es así.

Cuestionó que siendo un asunto interno del Legislativo, el Ejecutivo esté opinando, por lo tanto se está frente a una presión fáctica política.

Ante las opiniones del Ejecutivo pareciera ser que él, fue quien hizo esa iniciativa, dijo.

"Yo no entiendo de dónde el Poder Ejecutivo se mete en la vida interna del Poder Legislativo, ya lo ha hecho y lo ha estado haciendo con la Fiscalía que es autónoma, bueno entonces que nos diga si quieren una monarquía absoluta, o una dictadura plena para ya no estar en los hechos simulando", mencionó.

Si el Congreso aprueba el dictamen, señaló, se puede echar abajo por inconstitucional, sin embargo, el punto será quién se animará a promover esta acción porque parece ser que todos quisieran ser lacayos del Poder Ejecutivo.

Aprobar esta acción absurda, manifestó, refleja que los diputados no tienen idea del trabajo que les confirió el pueblo y la razón del Poder Legislativo en el equilibrio de poderes.

De quienes promueven esta reforma constitucional en ningún momento hay ignorancia alguna y menos de la Auditora Superior del Estado, quien en cuanto llega al órgano es inmediatamente designada.

"Decir que las cuentas públicas se politizan, pues es política señores, el gasto público es política, el gasto público es el reflejo de las políticas públicas que orienta el Poder Ejecutivo, entonces su discusión y su análisis es técnico legal, contable, administrativo, debe de advertirse y debe de darse el debate político", expresó.


(NOROESTE/ CLAUDIA BELTRÁN/ 08/07/2017 | 01:24 PM)

CRÓNICA DE LA PRIMERA CONDENA POR DESAPARICIÓN FORZADA EN MÉXICO

El 13 de octubre de 2015, tres ganaderos fueron encontrados muertos, luego de haber sido detenidos por policías del Estado en la ‘curva del diablo’, un foco rojo de la delincuencia organizada. Dos agentes fueron juzgados, pero la 'desaparición forzada' no existe en el Código Penal de Coahuila


Ilustración: Vanguardia/Federico Jordán

Por: Francisco Rodríguez
Edición: Nazul Aramayo
Ilustraciones: Federico Jordán
Diseño en edición Impresa: Édgar de la Garza

En febrero de 2017, el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio Oral del Distrito Judicial de Monclova, con residencia en Frontera, dictó sentencia por el delito de desaparición forzada contra dos policías del Estado: Juan Carlos Fabela Mares, de 37 años, oriundo de Nueva Rosita y licenciado en Ciencias Políticas, y Lauro Arturo Lerma Orozco, de 34 años, originario de San Buenaventura y con grado de estudios hasta preparatoria.

La sentencia –causa penal 98/2015-JO–, en teoría, debería ser la primera de su tipo en todo el país bajo el nuevo sistema y una de las pocas sentencias por desaparición contra agentes del Estado. 

A través de una solicitud de información, la Procuraduría General de Justicia de Coahuila entregó la versión pública de la sentencia de 75 fojas, donde se narran los testimonios que inculparon a los policías de Coahuila por la desaparición de tres vaqueros de Fresnillo, Zacatecas. Sin embargo, aunque durante toda la sentencia se menciona el delito de “desaparición forzada de personas” y se hace referencia al Artículo 212 BIS del Código Penal de Coahuila, éste no hace mención del término forzado, lo que pondría en peligro la absolución de los acusados y la complejidad para futuros juicios.

Ésta es la historia de los agentes del Estado que detuvieron a José Antonio Trejo Calzada, Luis Alfonso Correa Aguirre y Francisco Javier Chairez Félix, antes de aparecer muertos.

CRONOLOGÍA DE UNA DESAPARICIÓN

11 octubre 2015
José Antonio Trejo, Luis Alfonso Correa y Francisco Javier Chairez fueron detenidos por un operativo en el kilómetro cero de la carretera estatal 50.

13 OCTUBRE 2015

Los tres vaqueros de Fresnillo que transportaban ganado a Coahuila fueron encontrados muertos frente a la antigua zona de tolerancia de Monclova.

FEBRERO 2017

Un Juzgado dictó sentencia por el delito de desaparición forzada a los policías Juan Carlos Fabela y Lauro Arturo Lerma. No encontró pruebas de homicidio.


Ilustración: Vanguardia/Federico Jordán

 Pides informes sobre desaparición forzada y no lo tienen. Vas al libro de registro y se registran por el tipo base. No va a haber desapariciones forzadas. La intención del Estado es ocultar la realidad de violencia que vivimos por desaparición forzada. La desaparición forzada no existe como tipo base en el Código de Coahuila y eso debe preocupar. Trae un error”.

ARIANA GARCÍA BOSQUE, ABOGADA, ASESORA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN FAMILIAS UNIDAS EN LA BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN COAHUILA.


ACÉRQUENSE AL GRADO CERO

José Antonio Trejo Calzada, Luis Alfonso Correa Aguirre y Francisco Javier Cháirez Félix, tres vaqueros de Fresnillo, Zacatecas que transportaban ganado en Coahuila, fueron hallados muertos el 13 de octubre de 2015 frente a la antigua zona de tolerancia de Monclova. José Antonio y Luis Alfonso fallecieron por un tiro en la cabeza. Francisco Javier Cháirez Félix por un disparo en el abdomen.

Los dos primeros estaban al frente de la camioneta. Uno fue encontrado sentado, vestido con pantalón de mezclilla, camisa a cuadros, chaqueta color café y botas. Otro, a lado del conductor, vestía pantalón de mezclilla, playera a cuadros y chanclas; recostado ligeramente sobre un sombrero color claro y con su mano izquierda extendida hacia lado del conductor. Ambos estaban esposados entre sí. El tercer cuerpo estaba en la parte trasera de la cabina, recostado en boca arriba, en bóxer y maniatado con un cinturón color negro.

Pero su final se empezó a tejer la noche del 11 de octubre, cerca de las 23 horas, cuando Juan Carlos Fabela Mares, Responsable de Turno de la Policía Operativa de Coahuila, llamó al celular de uno de sus oficiales a cargo: “Acérquense al grado cero”, ordenó en referencia al kilómetro cero de la carretera estatal 50 en la región Centro de Coahuila, a un lado de una gasolinera.

Los oficiales obedecieron y llegaron al lugar a bordo de la patrulla 3313. Juan Carlos Fabela, a bordo de la unidad 3316, sacó uno de tres celulares que manejaba y mostró unas fotografías que llevaba. Las imágenes eran de una camioneta RAM color blanco y otra de un tracto camión.

–Traen clavo (droga) –les aseguró. –Van a entrar por el lado sur de Castaños, hay que detenerlos, inspeccionarlos y ponerlos a disposición del MP –les ordenó.

Quien narró los hechos es un suboficial de la actual policía Fuerza Coahuila, que tenía en su momento tres años de antigüedad. Otro suboficial testificó que desde que inició el turno ese día, Fabela le comentó que el plan de trabajo del día sería detener a un tráiler que traía clavo y que había que estar pendientes, y que si se encontraba algo, ponerlos a disposición. “Era la tarea del día”, le informó Fabela.

Entre la una y dos de la mañana, los oficiales se fueron a un negocio llamado Forrajera Granero y ahí esperaron. Entre las 3:30 y 4 de la mañana vieron pasar al tracto camión con una caja de ganado. Dejaron que ingresaran al Libramiento Carlos Salinas de Gortari, prendieron las sirenas y les marcaron el alto con los altoparlantes. Se pararon en el punto cero, donde previamente Fabela los había reunido y donde ya se encontraba cuando detuvieron a los ganaderos.

Luis Alfonso Correa Aguirre conducía la camioneta y lo acompañaba José Antonio Trejo Calzada. Francisco Javier Cháirez Félix conducía el tracto camión. Se dirigían a Piedras Negras.

Los esposaron, los subieron a las patrullas y empezaron a revisar los vehículos.

La intención del estado es ocultar la realidad

EL CAMBIO

Antes sí existía el delito de 'Desaparición forzada' en el Estado, pero la nomenclatura fue cambiada hace unos años.
La denuncia

La intención es ocultar las denuncias de la violencia que se vive, asegura una abogada y representante de una fundación que busca desaparecidos.

EL PARTEAGUAS

El enjuiciamiento de los policías estatales es un parteaguas en la lucha de las familias que buscan a sus desaparecidos, señala la abogada.


Ilustración: Vanguardia/Federico Jordán

Fabela se entrevistó con el conductor.

El jefe de la Policía ordenó inspeccionar el tracto camión donde iban 100 cabezas de ganado. Un testigo de la policía relató que después llegó la patrulla 3319.

Un suboficial a bordo de las patrulla 3319 –quien también testificó– contó que estaba de guardia en las oficinas de la Policía Operativa, cuando a las 0:40 horas recibió una llamada telefónica del Responsable de Turno. “Toma la 3319 y ve a grado cero”, le ordenó Fabela. El suboficial no dijo nada a la compañera que estaba con él. Cuando llegó al sitio, Fabela también mostró las fotografías del celular.

Le explicó lo mismo: que el tráiler traía clavo, que había que interceptarlos y luego inspeccionarlos. “El dato me lo pasó un amigo que trabaja en la Federal”, le aseguró Fabela al suboficial.

El suboficial se fue a un Oxxo cerca del grado cero. Luego Fabela cambió de planes: “sabes qué, llévate a (otro policía) a la base para que pase las novedades del turno”. Obedecieron. Luego cuando regresaron ya tenían detenidas a las personas y los vehículos.

Inmediatamente apoyaron en la revisión de la camioneta y el tracto camión.

GANCHA A LOS VAQUEROS

En medio de la carretera, los policías se subían a las jaulas a buscar mariguana entre los animales.

–Hay droga, revisen bien –les aseguraba Fabela a sus subordinados.

Los oficiales buscaban y buscaban. No encontraban nada.

–Todo en orden –dijo uno de los policías.

–Sigan buscando. Revisen bien, algo traen –ordenó molesto Fabela.

–Todo está bien –respondió minutos después el suboficial que estaba de guardia y que había sido llamado.

–Bueno, entonces retírate. Me esperan en la base (de la policía operativa) –le mandó.

–Toma la unidad 3319 y vete el C4. Allá revisamos la camioneta y el tracto camión. Allá los alcanzamos –ordenó el responsable a un suboficial que quedaba en la inspección.


Ilustración: Vanguardia/Federico Jordán

Obedecieron y llegaron hasta C4 para ver lo del informe policial por si se ponía a disposición a los vaqueros y los vehículos. Pero nunca se pusieron a disposición y ya no vieron a sus compañeros el resto de la madrugada.

Durante casi una hora y media, la policía del Estado revisó los automóviles de los vaqueros sin encontrar nada. Ni drogas ni armas. Sólo 100 vacas adormiladas y cansadas, que serían llevadas hasta Piedras Negras para exportarlas.

Fabela Mares, contaron los suboficiales en su testimonio, entrevistaba al conductor.

Después les quitaron las esposas y los zacatecanos se subieron a sus vehículos. Los policías escoltaban la camioneta y el tracto camión rumbo al C4. Al frente iba la patrulla 3316, donde iba a bordo Juan Carlos Fabela, al final la 3313. “Coartaron la libertad de tránsito”, dijo en el juicio uno de los abogados.

Un kilómetro y medio más adelante –testificó un suboficial– a la altura de una fábrica que tenía una barda de tubulares ubicada sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, entronque con carretera federal 57 en la ciudad de Castaños, Fabela Mares sacó la mano y pidió a los vaqueros que se orillaran nuevamente.

La patrulla donde iba a bordo Fabela Mares metió reversa y se emparejaron con la otra unidad. El jefe ordenó: “gancha a los vaqueros”. Ganchar significa esposar.

Se bajaron y Fabela Mares preguntó si los había ganchado. El suboficial respondió que sí.

–No encuentro mi arma –le dijo un suboficial al Responsable de Turno. Era un revólver.

El suboficial se regresó al grado cero y allí la recuperó.

–Retírense a la base de la policía –ordenó Fabela cuando volvieron. Sólo quedaron Fabela Mares y Lerma Orozco.

Dos de los vaqueros se quedaron esposados, no los pusieron a disposición de alguna autoridad ni solicitaron apoyo de alguna corporación ni dieron aviso a la base acerca de la revisión.

Estaban parados en un lugar conocido como la “curva del diablo”, llamado así porque era un lugar habitual para cometer ilícitos por parte del narco.

Ningún testigo miró qué pasó después. Fabela Mares y Lerma Orozco se quedaron con los ganaderos.

Días después uno de los suboficiales miró que las personas que insistía su superior que revisaran, aparecieron muertas.



Ilustración: Vanguardia/Federico Jordán

LA DEFENSA

En su declaración, Juan Carlos Fabela aseguró que recibió tres llamadas anónimas que le advertían de una camioneta y un tracto camión que transportaba droga.

Los testigos afirmaron que nunca escucharon hablar a Juan Carlos. Además, tampoco hubo reporte a la Central de radio de las presuntas llamadas anónimas, como establece el protocolo de acción.

En su declaración, Juan Carlos aseguró que dejaron ir a los vaqueros y que el 13 de octubre sus superiores lo torturaron para que aceptara que les había hecho algo e incriminarlo. Dijo que lo llevaron a unas celdas y lo encerraron con dos secuestradores de los Zetas y un homicida. Relató que tuvo miedo.

Pero en el juicio consideraron su declaración incierta, sin pruebas y llena de irregularidades, como nunca haberse comunicado a la base. Además, dio las órdenes por celular y no por radio, como debía hacerlo. “Lo que muestra a este Tribunal la falta de voluntad para ser escuchado por personas distintas a las que él eligió para que lo apoyaran, como podría ser la encargada  del radio”, se lee en la sentencia.

Otros oficiales aseguraron que nunca escucharon que fuera requerido algún apoyo.

–¿En las supuestas llamadas le dijeron de dónde provenían las personas? –preguntó el agente del Ministerio Público a Fabela Mares en el juicio.

–De Zacatecas

–¿Cómo sabía por dónde iban a entrar?

–Criterio propio, la vía más rápida es Saltillo-Castaños-Monclova.

–¿Reportó a la base la llamada anónima?

–No, porque la noté incierta porque se cortó la llamada. Luego hablaron otra vez y no se identificaba el número del que llamaban, se identificaba como número privado.
–¿Por qué no pidió más apoyo?

–Me sentí seguro con los compañeros a los que les compartí la información.

–En sus 15 años como policía, ¿sabía que el tramo del kilómetro cero al kilómetro 400 del libramiento era considerado como foco rojo de la delincuencia organizada para hacer sus fechorías?

–Sí

–¿Quién pudo tener su número?

–Muchas personas, además de ser policía soy militante de un partido político y he brindado mi número a infinidad de personas.

Juan Carlos Fabela, concluyó el Tribunal, encontró ilógicas las declaraciones: “decidió atender un reporte de llamadas anónimas ‘inciertas’ y pese a eso, concentró a 4 de los 6 elementos que esa noche brindaban seguridad pública a la ciudadanía, esperando por más de cuatro horas el posible paso de los vehículos que le describieron y de los cuales no tenía una descripción precisa. (…) Es ilógico que si no le dio importancia a reportar la denuncia anónima a su base, tampoco hubiera dispuesto toda una serie de actos e instrucciones a los elementos a su cargo para detener a los vehículos que presuntamente traían droga”.


Ilustración: Vanguardia/Federico Jordán

¿QUÉ PASÓ?

El 13 de otubre de 2015 entre las 10:30 y las 11 de la mañana, se reportó por radio a todas las corporaciones de la región, que en el Libramiento Eliseo Mendoza Berrueo, frente a la antigua zona de tolerancia de Monclova, se había encontrado la camioneta RAM color blanco y tres cuerpos a bordo sin vida, con signos de violencia en el rostro y cuerpo. Vestían pantalón de mezclilla y botas.

Ni la policía de Frontera ni de la de Monclova ni la de Castaños ni las estaciones de la policía estatal y ni de la Federal tuvieron registros de las detenciones de los vaqueros de Zacatecas.

Un despachador de gasolina que declaró como testigo narró que vio a una patrulla cerca de la estación antes de tirarse a dormir en la madrugada. A las 3 de la mañana se despertó y la patrulla seguía en su lugar, atrás de las oficinas de la gasolinera. El despachador agarró una cobija y se sentó en una silla. Después vio que pasaron la camioneta y el tracto camión.

Observó patrullas que se fueron rumbo a Frontera.

Veinte minutos después de las 7 de la mañana, casi a su salida del turno, volvió a ver a dos patrullas pasar con rumbo a Monclova y de rato pasó la camioneta blanca que habían parado. Llevaba los vidrios arriba. Ésta iba rumbo a Castaños. “Mira, ya la libraron”, le dijo a su compañero. Pero el tracto camión con el ganado, ya no lo vio pasar.

45 Años de prisión para Juan Fabela Mares, que ordenó la detención, y 40 años para Arturo Lerma Orozco, que obedeció a su superior y esposó a los ganaderos



Ilustración: Vanguardia/Federico Jordán

MEJOR VER PELÍCULAS

A partir de las 2 de la mañana ya no hubo reportes en la Central de radio de la base regional que cubría la zona. El protocolo de la policía establece que si los agentes no reportan novedades, el o la encargada de la base de radio tiene que comunicarse y preguntar por la ubicación de los oficiales cada hora. Aquella noche, una oficial que tenía pocos meses en la zona no cumplió con esa obligación.

Por el contrario, aceptó que llenó la bitácora con datos falsos al no cumplir con su deber.

Esa madrugada, la única unidad que reportó sus actividades fue la 0165. Pero hasta las 01:55. Después de las 2:01 ya nadie se reportó y ella no cumplió con su obligación de llamarles y pedirles su ubicación a las cuatro patrullas que estaban activas.

–Hubo alguna detención después de las 2:00 –preguntaron en el juicio a la encargada de la estación de radio.

–No –respondió ella.

Continuó su testimonio la encargada de la base de radio:

–El Responsable de Turno (Fabela Mares) reportó entre 9 ó 10 de la noche que estaba en un operativo, pero después ya no se reportó.

–¿Qué hizo desde las dos de la mañana que dejó de recibir reportes?

–Estaba con mi celular, como a las 3 de la mañana me dormí un rato. A las 4 estaba en el área de IPH viendo una película que duró aproximadamente dos horas.

–¿Esas actividades no le impedían escuchar el radio?

–No porque traía un radio portátil matra y siempre estuve pendiente de él.

El último reporte es de los oficiales a bordo de la unidad 3313, a las 0:48 horas, cuando avisaron que irían a prestar apoyo a la unidad 3316 a cargo del acusado, pero no se establece un motivo y en el apartado de resultados de la bitácora se observa un espacio en blanco.

El Tribual valoró que no se encontraron pruebas de que las omisiones de la oficial a cargo de la base de radio fueran agravantes; es decir, que haya realizado alguna acción tendiente a alterar la salud.

SIN PRUEBAS DE HOMICIDIO

El Juez no tuvo pruebas para imputar a los policías también por desaparición con agravante, es decir, que la desaparición provocara el fallecimiento. El resolutivo de la sentencia fue: son culpables de la comisión del delito de desaparición forzada de personas.

Juan Fabela Mares ordenó la detención. Arturo Lerma Orozco obedeció a su superior y los esposó. El primero fue condenado a 45 años de prisión, el segundo a 40 años. Ambos fueron inhabilitados de por vida para un cargo público.

Ambos, decidió el Tribunal, ocultaron a las víctimas, tuvieron oportunidad de avisar de la detención y no lo hicieron.

Fabela ordenó a cuatro elementos que se acercaran a la detención. Dispuso de ellos por casi cuatro horas. Era el superior.

Donde cometieron el delito era un lugar común para la delincuencia organizada, era un sitio llamado la “curva del diablo”, reconocido por la misma policía Estatal como “foco rojo”. En la “curva del diablo” era menos probable que los vaqueros recibieran auxilio. “Los dejaron a la buena de dios”, dijo una agente investigadora. Estaban esposados, en un lugar solitario y obscuro. No se sabe qué pasó después, sólo que el 13 de octubre los zacatecanos aparecieron muertos.


Declaraciones ilógicas

Juan Carlos Fabela aseguró que dejó ir a los ganaderos y que el 13 de octubre sus superiores lo torturaron para que aceptara que les había hecho algo. El Tribunal calificó de ilógicas sus declaraciones.​

¿EXISTE REALMENTE LA DESAPARICIÓN FORZADA EN COAHUILA?

De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, se entiende por desaparición forzada “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

Durante toda la sentencia de los policías estatales, se habla del DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS (así con mayúsculas) prevista en el artículo 212 BIS del Código Penal Vigente en el Estado. Sin embargo, ese artículo nunca menciona la palabra forzada y el delito base se llama DESAPARICIÓN DE PERSONA, que a la letra dice:

ARTÍCULO 212 BIS.- SANCIONES Y FIGURA TÍPICA DE DESAPARICIÓN DE PERSONA: “Se aplicará una pena de veinte a sesenta años de prisión, además de la destitución e inhabilitación de forma vitalicia para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que detenga, arreste, aprehenda o prive de la libertad, cualquiera que fuere su forma a una o varias personas, o bien autorice, ordene, apoye o consienta que otros lo hagan, seguida del ocultamiento del paradero de la persona o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad, sustrayéndola con ello de la protección de la ley”.

La única ocasión en que aparece la palabra “forzada” en todo el Código Penal es más adelante, en el Artículo 212 BIS 1, CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES DEL DELITO DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS.

“A quien cometa el delito de desaparición de personas, se le incrementará la pena de prisión en una mitad de la que le corresponda, cuando:

“I.- La víctima del delito de desaparición forzada de personas fallezca durante o después del tiempo en que se encuentre privada de la libertad, debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de la privación de la misma, o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito”.

Es hasta el agravante que se menciona la palabra “forzada”, pero la misma no aparece en el delito base. “La desaparición forzada no existe como tipo base en el Código de Coahuila y eso debe preocupar. Trae un error”, dice la abogada Ariana García Bosque, asesora y representante legal de la asociación Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en Coahuila.

De hecho, al inicio del documento de sentencia, en la cédula de notificación el delito de causa penal es: desaparición de persona agravada. Pero en el resto del documento el delito que se menciona es desaparición forzada de persona, incluido el resolutivo.

Para García Bosque, el Código marca un delito y la obligación es perseguir el delito y enjuiciar por el delito. Exigió ser cuidadosos con el inicio de la denuncia y con la continuación de la investigación. “La anterior averiguación previa y ahora carpeta de investigación, son la base para poder procesar y enjuiciar a una persona”, explica.

Para la especialista es un contenido “medianamente completo” el del Código Penal de Coahuila, pues no existe una real tipificación del delito de desaparición forzada. “Está como desaparición de personas con contenido similar al de la desaparición”, insiste.

Menciona que es una circunstancia que preocupa porque como abogado penalista se analiza el tipo penal base y ahí no existe la desaparición forzada.

La organización Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en Coahuila suma más de 85 casos por desaparición forzada, la mayoría por elementos del ahora extinto Grupo de Armas Tácticas y Especiales (GATE).

–¿A qué se enfrentan ustedes con tantas denuncias?

–Existe la denuncia mas no se inicia una carpeta de investigación. No hay dentro de las investigaciones, averiguaciones o carpetas, no existe un informe de los superiores jerárquicos de las corporaciones, en donde refieran quién o quiénes estaban en servicio al momento de la perpetración del delito. Más allá de culpar a alguien en particular, no existe ni el interés de deslindar la responsabilidad de los elementos, simplemente no hay informe. No hay registro de quién o quiénes participaron de un operativo en donde se presume la detención de una persona.

La abogada no descarta que el enjuiciamiento de los policías estatales sea un parteaguas de la lucha de las familias, pues dice que genera la posibilidad de enmarcar que la desaparición forzada sucede en Coahuila, que no es un hecho ajeno de lo que se vive en el Estado.

“Le dan la posibilidad a todas las familias a que continúen con las investigaciones y el enjuiciamiento de los principales responsables”, menciona.

Según Ariana García, antes sí estaba tipificado el delito de desaparición forzada, pero se cambió la nomenclatura hace unos años.

–¿Cuál cree que fue la razón?

–La intención de ocultar el número de casos o denuncias. Pides informes sobre desaparición forzada y no lo tienen. Vas al libro de registro y se registran por el tipo base. No va a haber desapariciones forzadas. La intención del Estado es ocultar la realidad de violencia que vivimos por desaparición forzada.

IRREGULARIDADES EN EL CÓDIGO PENAL

 “El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

“Se aplicará una pena de veinte a sesenta años de prisión, además de la destitución e inhabilitación de forma vitalicia para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que detenga, arreste, aprehenda o prive de la libertad, cualquiera que fuere su forma a una o varias personas , o bien autorice, ordene, apoye o consienta que otros lo hagan, seguida del ocultamiento del paradero de la persona o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad, sustrayéndola con ello de la protección de la ley”.

ARTÍCULO 212 BIS DEL CÓDIGO PENAL DE COAHUILA.

“La víctima del delito de desaparición forzada de personas fallezca durante o después del tiempo en que se encuentre privada de la libertad, debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de la privación de la misma, o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito”.

ARTÍCULO 212 BIS 1, DEL CÓDIGO PENAL DE COAHUILA.


(VANGUARDIA/ MONCLOVA SÁBADO, JULIO 1, 2017 - 23:01)