martes, 27 de junio de 2017

EL ESPIONAJE PEÑISTA, DE LARGA HISTORIA: INCLUYE A BELTRONES, AMLO, EBRARD Y A LA PROPIA ANGÉLICA RIVERA


El espionaje como recurso usual del gobierno es algo practicado y conocido desde hace tiempo. Y el presidente Peña Nieto –se sabe al menos desde 2008, gracias a una investigación de la PGR alentada por Manlio Fabio Beltrones– presuntamente lo aprovechó desde su periodo como gobernador mexiquense, cuando se cree que indagó en las vidas de muchos personajes de la política y la farándula, incluyendo a su ahora esposa. Una confusión más de alguien que suele ignorar la línea que divide lo público de lo privado.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- –¿Qué, nadie me va a preguntar si tengo novia, o qué? ¿No hay reporteros de espectáculos aquí? –preguntó Enrique Peña Nieto la mañana del 11 de abril de 2007 a un grupo de 10 periodistas. El entonces gobernador del Estado de México sorprendió a los reporteros y también a su jefe de Comunicación, David López. Reciente aún la muerte de su esposa, Mónica Pretelini, los rumores sobre sus romances eran una constante.


Una reportera de Milenio Diario le recordó que ellos iban a reportear sus actividades públicas y su trabajo como gobernador, no su vida privada.

–¿Es que nadie me va a preguntar si es cierto que salgo con Galilea Montijo? –insistió Peña Nieto.

Finalmente le preguntaron lo que quería. El gobernador mexiquense contestó que no andaba con la conductora de Televisa, porque era “muy exuberante” para su gusto.

No fue la única vez que el mandatario estatal mezclaba lo público con lo privado, la farándula con la política. Antes de dar la “exclusiva” de su noviazgo con Angélica Rivera, en noviembre de 2008, en entrevista con Katia D’Artigues y Sabina Berman, en el programa televisivo Shalalá, se lo confió a las reporteras que cubrían sus actividades.

Y no faltaba que él les preguntara: “¿Y qué dicen por ahí de mí?”.

Una constante de su gobierno estatal, pero también de su sistema de vigilancia, fue mezclar a periodistas con políticos, a empresarios con activistas sociales, a integrantes de su propio gabinete, a adversarios políticos dentro del PRI y en otros partidos, y también a conductores, actores y actrices de Televisa.

Quería formar parte de ese mundo de la farándula. Y Televisa lo apoyó también en sus labores de espionaje, mediante los servicios de Alejandro Quintero, entonces vicepresidente de Comercialización de la televisora, quien ahora ha vuelto a trabajar para Peña Nieto pero en el entorno de Los Pinos.

A través de una red de empresas y “consultoras”, como TV Promo, Zimat y Radar Servicios Especializados, no sólo lo asesoraban en asuntos de marketing político, sino también de espionaje. Una de sus operadoras fue Yessica de Lamadrid, quien posteriormente trabajó para Eduardo Medina Mora en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Uno de los temas que más le preocupaban, confía a Proceso un reportero que cubrió las actividades de Peña Nieto como gobernador, era el de su hijo fuera del matrimonio con Maritza Díaz Hernández, quien colaboró con el gobierno de Arturo Montiel. “Era el gran secreto”, afirma.

Díaz Hernández acudió a mediados de 2009 a Proceso porque se sentía espiada y fue amenazada vía telefónica por Angélica Rivera, la actriz de Televisa contratada para la promoción de los spots del gobierno del Estado de México y que se convirtió entonces en la novia oficial del mandatario.

El 4 de marzo de 2012, en vísperas del inicio de la campaña presidencial, Díaz Hernández rompió el silencio y contraatacó. Subió un mensaje en su red social de Facebook:

“EPN se reunió con Joe Biden (vicepresidente de Estados Unidos en ese momento). Ojalá le hayas comentado el asunto de tu hijo menor que tienes pendiente en USA. Es una responsabilidad que no has asumido.”

También hubo un acoso telefónico y llamadas intimidantes contra la actriz Verónica Castro, excuñada de Angélica Rivera, a raíz de una entrevista que concedió a la revista Hola! el 8 de julio de 2009.

La conductora estelar de Televisa desmintió en esa entrevista la versión oficial de que el matrimonio entre su hermano y Angélica Rivera había sido irregular. La noticia cayó como bomba en el corporativo. Castro fue “congelada” desde entonces no sólo de la pantalla de la empresa de Azcárraga Jean, sino del cine, el teatro y otras actividades. También fue espiada por el gobierno mexiquense y por la empresa televisiva.

En la confusión más fuerte entre lo público y lo privado, la propia Angélica Rivera fue objeto del espionaje de su prometido y futuro presidente de la República, tal como se supo al conocerse la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la empresa Seguridad Privada Inteligente, de Luis Miguel Dena, ex agente del Cisen (Proceso 1738).

EL CASO DENA

El 13 de junio de 2008, el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, interpuso una denuncia ante la PGR por presunto espionaje contra él, su familia y sus colaboradores.

Adversario de Peña Nieto por la candidatura priista de 2012, a Beltrones le llegó información de que lo espiaban y decidió denunciar.

El 6 de noviembre de 2008, la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos cateó dos casas en Naucalpan, Estado de México, desde donde se efectuaba el presunto espionaje.

Se encontraron “sábanas” de información con las transcripciones de llamadas telefónicas de personajes políticos, como Beltrones; Andrés Manuel López Obrador; el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard; el senador panista Santiago Creel; el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; la líder nacional el PRI, Beatriz Paredes; el exgobernador de Zacatecas Ricardo Monreal; el exgobernador de Hidalgo Jesús Murillo Karam; y de decenas más de posibles aspirantes presidenciales, incluyendo a Humberto Moreira y Fidel Herrera. El único que no estaba en esas “sábanas” era Enrique Peña Nieto.

La información de vínculos, relaciones afectivas, información general, vulnerabilidades y “datos confidenciales” incluyeron también a Angélica Rivera, entonces novia de Peña Nieto, y Mariagna Pratts, entonces esposa de Ebrard.

La investigación de la PGR señaló a un exagente del Cisen, Luis Miguel Dena, como propietario de la empresa Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones.

Originario de Zacatecas, Dena –con estudios en neurolingüística, neuroprogramación, epistemología y semiología– ingresó al Cisen en marzo de 1994. Trabajó para Jorge Tello Peón, entonces director de ese organismo, y fue su delegado en la Ciudad de México y en el Estado de México, donde se vinculó con la red de espionaje estatal creada desde la época de Arturo Montiel.

También aparecieron en la estructura de esa empresa varios exagentes del Cisen, como Guillermo Lago Montes, quien trabajó en distintas áreas gubernamentales de inteligencia entre 1980 y 1993; Miguel Ángel Solís Hernández; Alfredo Ávila Uribe, especialista en temas de subversión; José Tagle Balderas, agente entre 1993 y 2006; Alejandro Rodríguez Rosas, empleado entonces del centro de inteligencia; y Adriana Morales Rodríguez, analista.

Uno de los socios de Dena en esta empresa fue un exmilitar israelí, Yosef Shevah Porat, Yosi, especialista en antiterrorismo, quien huyó del país cuando se descubrieron las dos casas en Naucalpan.

Dena fue sentenciado a seis años de prisión por espionaje, pero recobró la libertad antes, a raíz del fallo del juez federal Fernando Córdova Valle.

Su nombre volvió a aparecer el 10 de junio de 2012, la noche del segundo debate presidencial. La candidata panista Josefina Vázquez Mota mostró un cheque emitido por el organismo policiaco Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México (Cusaem), considerado una “caja chica” de los políticos y comandantes mexiquenses.

“Enrique Peña Nieto mandó a espiar a varios personajes políticos. Con dinero público financió un centro de espionaje y aquí está la comprobación en un estado de cuenta donde su gobierno pagaba este centro de espionaje”, afirmó Vázquez Mota.

Peña Nieto no se dio por aludido. No respondió nada. Días después, el coordinador de su campaña, Luis Videgaray, rechazó que el candidato o el PRI estuvieran detrás de las acusaciones lanzadas por la panista.

Carmen Aristegui, en su programa radiofónico de MVS, entrevistó a Dena, quien negó que hubiera espionaje, pero admitió que los Cusaem compraron su software.

“Es cierto que Cusaem, que es un ente híbrido, me contrata y contrata a mi empresa, porque esa es la persona moral que de alguna forma yo constituyo; me contrata por la capacidad profesional que yo había demostrado, desarrollamos un software para la prevención del delito”, afirmó.

Dena se describió como “un hombre de inteligencia” –no como un espía– que recibió entrenamiento durante 20 años en la Escuela Nacional de Inteligencia Argentina, en la CIA y el FBI y en el Mosad israelí.

PARANOIA DESDE LOS PINOS

Antes del extenso reportaje publicado por Azam Ahmed y Nicole Perlroth en The New York Times el lunes 19, el gobierno de Peña Nieto enfrentó otros dos escándalos sobre sistemas de espionaje y adquisición de millonarios equipos de intrusión informática en las comunicaciones privadas.

En julio de 2015 los reporteros Jorge Carrasco y Mathieu Tourliere documentaron en Proceso que la paranoia de Peña Nieto lo llevó a contratar millonarios servicios de espionaje para combatir a sus críticos, no al crimen organizado.

Entre abril y julio de ese año, un ataque de hackers a la empresa Hacking Team, creada en 2003 por el italiano David Vincenzetti, reveló que habían vendido malware con nombres como Da Vinci o Galileo a más de 30 países, incluyendo a México.

La “filtración” múltiple demostró que desde 2009, cuando era gobernador, Peña Nieto autorizó la compra del Remote Control System, la principal herramienta de espionaje de Hacking Team, capaz de penetrar de manera simultánea miles de celulares y computadoras, con capacidad de infiltrarse en cuentas personales de Facebook, Google, Yahoo, Twitter, Gmail y decenas de aplicaciones.

Como presidente de la República, Peña Nieto autorizó también contratos por cerca de 26 millones 300 mil pesos para dependencias federales, como las secretarías de Defensa, Marina, Gobernación, la Policía Federal y el Cisen. En total, de 2009 a 2015 se habrían destinado más de 55 millones de euros para los servicios de Hacking Team, según el reportaje de Proceso.

En octubre de 2015 se dio a conocer el nombre de Pegasus como otro malware intrusivo comercializado por NSO Group, de origen israelí. En la revista Eje Central se documentaron 729 blancos de espionaje de este sistema entre el 31 de agosto y el 14 de septiembre de ese año: actores de Televisa Talento, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, empresas de seguridad, periodistas como Carmen Aristegui y Raymundo Riva Palacio, la empresa poblana Multisistemas Noticias Cambio, y Diario 21, de Guerrero.

Incluso se documentó el espionaje al secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, exfuncionario del Estado de México y señalado en otro momento como operador de otra red de espionaje en la época de Peña Nieto como gobernador.

Una nota interna de Los Pinos, de octubre de 2015, cuya copia tiene Proceso, señala:

“Lo que antes era un rumor, ya se ha constatado. En este sexenio arrancó un programa y un sistema para rastrear y monitorear a TODOS (sic) los blancos que pudieran ser un obstáculo para los objetivos del gobierno federal.

“Esta noticia no sería novedosa, si no se hubiera filtrado la categorización de dichos blancos: a) actores políticos; b) empresarios; c) líderes sociales; d) comunicadores; e) académicos; y f) funcionarios y militantes priistas.

“El objetivo de este monitoreo es, incluso, detectar el fuego interno que se da dentro de los grupos de interés del PRI.”

El 13 de febrero de este año, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19, Social TIC, Amnistía y Citizen Lab denunciaron que el sistema Pegasus sirvió para espiar al abogado Simón Barquera, del Instituto Nacional de Salud Pública; a Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, y a Luis Encarnación, coordinador de Contrapeso.

Cuatro días después de las nuevas revelaciones del The New York Times y después de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, negara categóricamente que se utilizara Pegasus para espiar a ciudadanos, Peña Nieto hizo una serie de declaraciones confusas y equívocas que acabaron por avivar la indignación frente al escándalo.

En Lagos de Moreno, Jalisco, Peña Nieto improvisó un discurso para emprenderla no contra quienes violan los derechos de la privacidad, sino contra quienes denunciaron ser víctimas de espionaje.

“Espero que la PGR, con celeridad, pueda deslindar responsabilidades y espero, al amparo de la ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado falsos señalamientos contra el gobierno”, afirmó.

De inmediato, el Centro Prodh, Artículo 19, Social TIC, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, el Poder del Consumidor e Imco emitieron un comunicado señalando que el presidente “carece de elementos técnicos y jurídicos para afirmar que las denuncias son falsas y, por el contrario, los informes científicos realizados hasta ahora apuntan en otra dirección.

“Que el presidente de la República descarte a la ligera una denuncia de esta gravedad pone en entredicho la posibilidad de que se conduzca una investigación seria, objetiva, transparente y efectiva” que, además, “aún no ha comenzado”, recordaron estos organismos.

El corresponsal de The New York Times, Azam Ahmed, tuiteó: “Creo que el presidente acaba de ordenar una investigación sobre la sociedad civil y el NYT para historia de espionaje”.

Poco después, Ahmed redactó otro mensaje en Twitter informando: “Me llamó presidencia para decirme que @EPN no nos estaba amenazando, ni a la sociedad civil. Dijo que no quiso decir eso”.

El propio Peña Nieto tuvo que rectificar señalando que “no lo expliqué suficientemente. Advertí que se investigue si fuera de una entidad pública están teniendo intervenciones y esta es la indicación que he dado.

“No sé por qué este empeño de llevar a ese escenario al gobierno. Todo lo contrario. Lo que estoy queriendo afirmar es que no tenemos participación en espionaje” y que su gobierno “tolera y respeta las voces críticas”.

El viernes 23, en entrevista con Aristegui Noticias, Ahmed afirmó que en su llamada telefónica, el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, le explicó que el mensaje equívoco se produjo porque “Peña Nieto improvisó, no leyó sus tarjetas”.

Este reportaje se publicó en la edición 2121 de la revista Proceso del 25 de junio de 2017.


(PROCESO/ JENARO VILLAMIL/ 27 JUNIO, 2017)

SEDENA COMPRÓ 5 MIL MDP EN EQUIPO PARA ESPIONAJE PARA EL GOBIERNO


Foto: Especial

Entre 2011 y 2012, la Sedena ejerció 5 contratos para comprar equipos de intervención de celulares y computadoras. El general García Ochoa -bloqueado por EU para llegar a Sedena, según el NYT- fue el responsable de autorizar la compra, de acuerdo a la investigación de Aristegui Noticias de julio de 2012

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) gastó en el último año alrededor de 5 mil millones de pesos en equipo especial para intervenir comunicaciones y mensajes de teléfonos celulares.

Así lo revelan cinco contratos firmados por la Sedena con la empresa Security Tracking Devices, SA de CV, entre el  25 de marzo de 2011 y  el 29 de marzo de 2012, que obtuvo el sitio Aristegui Noticias.

Los equipos permiten la intervención de conversaciones de teléfonos móviles, y el acceso y extracción de mensajería instantánea (SMS), correos electrónicos, así como listas de contactos y  fotografías.

Entre los aparatos de alta tecnología también se encuentran herramientas para activar de manera remota la cámara fotográfica y el micrófono del teléfono movil.

Todos los contratos fueron tramitados sin licitación y aprobados por asignación directa a la empresa  Security Tracking Devices, SA de CV con oficinas en la ciudad de México y en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

El responsable de autorizar la compra de los equipos es el general (Diplomado de Estado Mayor ) Augusto Moisés García Ochoa, director general de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional.


Augusto Moisés García Ochoa, director general de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional. Foto: Especial

El equipo fue entregado a la  Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional,  encargada de las labores de inteligencia en la Sedena.

LOS CONTRATOS

El primer contrato data del 25 de marzo de 2011, por 249 millones, 999 mil 999 ejercidos para la adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.

Segundo contrato: 1 de abril 2011, se firmó el segundo contrato por 200 millones de pesos destinados a la compra de un sistema de designadores electromagméticos de señales satelitales de telefonía celular.

Tercer contrato: 27 de julio 2011 por un monto de 1,160 millones de pesos para la compra de un sistema procesador electromagnético.

En los detalles del contrato se destaca la adquisición de un “software capaz de realizar la extracción de mensajes de texto y multimedia, listas de contactos, registros de agenda, monitoreo de e-mail, intercepción de voz, intervención de audio ambiental,  monitoreo de sala vía activación del micrófono, captura de imágenes”, entre otras funciones.

Cuarto contrato: firmado el 8 de noviembre de 2011 por  $1,068 millones, 499 mil 499 para la adquisición de “ocho estaciones remotas móviles de radio comunicación y sistemas de inteligencia”.

Quinto contrato: firmado el 29 de marzo de 2012 por $2 mil millones de pesos.  Destinados a la compra de equipos para la segunda y tercera fase del sistema de inteligencia regional para incrementar las capacidades de las S2 (INTL) E.M.D.N.


En este contrato se adquiere un software para intervenir los teléfonos móviles I Phone.



(VANGUARDIA / REDACCION/ 27 Jun 2017)

EL SOLITARIO DEL PALACIO (II)

Quien dirige las guerras nunca está en la primera línea de fuego. Si bajo su mando se encuentra todo un Ejército y depende de su experiencia y estrategia el futuro de sus tropas y de todo lo que defiende, ¿es concebible que sea la persona que más se exponga a ser anulada de la batalla? Un Ejército sin cabeza se desarticula. Permitirlo es una tontería, pero la semana pasada eso sucedió en el Gobierno de México. El Presidente Enrique Peña Nieto se batió en el campo de batalla de la opinión pública para responder las denuncias de espionaje contra periodistas, abogados de derechos humanos y activistas, y lo acribillaron. Si ello no fuera suficientemente equívoco, el presidente se fue a la guerra solo, sin generales, capitanes, o tropas detrás de él. Abandonado por sus colaboradores en Los Pinos y su gabinete de seguridad, que debió haberlo resguardado, lo aplastaron.

¿QUIÉNES LE FALLARON?

El jefe de Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán, es el primer nombre en el colapso del respaldo a Peña Nieto. Desde que apareció la denuncia de espionaje en el diario The New York Times, Guzmán debió haber recomendado al Presidente una estrategia para hacer frente a lo que venía. Guzmán, que se distingue por su incondicional lealtad a Peña Nieto pero no por su brillantez estratégica, poco hizo.
La denuncia creció en impacto en México y en el mundo. En Los Pinos decidieron que un oscuro funcionario de tercer nivel fuera la voz del gobierno, sin entender la gravedad de lo que esa denuncia significaba. Tres aspectos concatenados pasaron sin reflexión en Los Pinos:

1. Que la denuncia establecía que el espionaje se realizó a través de un programa que sólo se vendía a gobiernos, y que en el caso del mexicano, los únicos contratos conocidos eran de la Secretaría de Gobernación, el Cisen y la PGR. Debieron pensar que la carta era suficiente porque el Presidente y el equipo al mando de Guzmán, aseguraba desde que se difundió la información, que era mentira y que tendría que ser probada. Es decir, el problema no era del gobierno, sino del Times y los acusadores.

2. El gobierno del Presidente Peña Nieto, como actor sobresaliente de la iniciativa de Gobiernos Abiertos, estaba en entredicho. Esta iniciativa es una plataforma internacional donde compromete a sus signatarios a hacer a sus gobiernos más abiertos, responsables y sensibles a los ciudadanos, con mecanismos de rendición de cuentas incluidos. Si la Presidencia negó que se espiara, sin abrir inmediatamente una investigación interna para deslindar responsabilidades sin apelar a actos de fe, lo que transmitió no es sólo la negación a la posibilidad de infractores de la ley dentro del gobierno, sino la cerrazón para poder verse hacia su interior y castigar a los eventuales violadores de la ley. La actitud siembra la posibilidad de que expulsen a México de esa plataforma.

3. Con el paso de los días surgió más información sobre el espionaje. Entre ella, la posibilidad de que uno de los centros de fusión financiados por Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, que fueron creados para que funcionarios de los dos países realizaran trabajos de inteligencia para combatir a los cárteles de la droga o a terroristas, fuera el lugar desde donde se enviaron cientos de mensajes a teléfonos celulares para infectarlos con programas para clonarlos y activar remotamente su video y audio. Si esto es confirmado por Estados Unidos, hay dos opciones: o participaron en el espionaje en México, o el espionaje fue hecho a sus espaldas, con su dinero. Un conflicto diplomático, en el caso que desconozcan lo que se hace en esos centros, tocaría la puerta.

A decir por las declaraciones hechas por el Presidente el jueves pasado sobre el espionaje, es muy probable que todas estas consideraciones fueran soslayadas por su equipo en Los Pinos, ante la determinante línea discursiva de Peña Nieto que enseñó la ausencia de escenarios planteados por su equipo. Se puede argumentar lo mismo en las áreas donde debían haber trabajado las posibilidades y probabilidades de respuesta y acción, particularmente en la Secretaría de Gobernación y la PGR. Ni hicieron nada en público que aportara información contundente para impedir que a la denuncia original se le fueran añadiendo pruebas de espionaje, ni tampoco salieron sus titulares a la defensa de Peña Nieto.

Notable por su distancia del presidente fue el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, jefe del Gabinete y responsable de la seguridad, cuya dependencia es una de las que adquirió Pegasus, programa que usaron para espiar, y que también compró el Cisen, que está bajo su mando, dirigido por un incondicional, Eugenio Imaz, que tampoco dio la cara por el presidente. Osorio Chong debió haber sido la voz del Gobierno, pero no lo hizo. Dejó que su jefe se enfrentara solo y diera la cara por él, a quien más protegió el presidente con sus afirmaciones de la semana pasada. La misma actitud tuvo el Procurador General, Raúl Cervantes, cuya dependencia tiene ese programa para combatir  criminales.

Ninguno prestó el cuerpo y permitieron que fuera el Presidente quien peleara en la arena pública. Si alguien tenía que quedar lastimado y dañado, ¿tenía que ser el Presidente? Por supuesto que no. Era la última instancia; la última frontera del gobierno. La realidad fue diferente. Dejaron a su jefe y líder peleando sólo en la línea de fuego. Ellos, se quedaron a buen resguardo.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
Twitter: @rivapa


(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ Raymundo Riva Palacio/ 27/06/2017 | 01:00 AM)   

LIBERAN ENTRE 6 Y 8 PERSONAS ‘LEVANTADAS’ EN RESTAURANTE MAR & SEA


Entre seis y ocho personas privadas de su libertad en el restaurante Mar & Sea, fueron puestas en libertad, informó la Fiscalía General del Estado.

La dependencia dio a conocer que tuvo conocimiento de manera extraoficial de la liberación de estas personas.

De acuerdo con la información dichas personas no han rendido su declaración ante el Agente del Ministerio Público ni presentado denuncia.

En el transcurso del día la FGE sólo ha recibido una denuncia por la privación de una de las personas que se encontraban en el restaurante.

La Fiscalía inició una carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad.

Extraoficialmente se dio a conocer que fueron ocho las personas levantadas, pero la Fiscalía asegura que no ha podido establecer el número exacto.


(RIODOCE/ ALEJANDRO MONJARDÍN/ 26 junio, 2017)

ACOSAN A EL MAÑANA CON DEMANDA POR 15 MDP

El ex funcionario, ex policía y proveedor de medicamentos del Ayuntamiento, pone la denuncia; ‘Usa el gobierno a terceros para acosarnos’, afirma directora del rotativo


FOTO ARCHIVO.

NUEVO LAREDO.-Hilario Martín Landa Herrera, proveedor del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, presentó una demanda civil por 15 millones de pesos contra El Mañana de Nuevo Laredo.

“Esta demanda infundada forma parte del acoso orquestado por el Ayuntamiento de Nuevo Laredo con el apoyo del gobierno del Estado de Tamaulipas. Comprueba que el gobierno municipal encabezado por Enrique Rivas está utilizando a terceros para querer coartar la libertad de expresión”, afirmó Ninfa Cantú Deándar, directora general de El Mañana de Nuevo Laredo.

La demanda fue presentada ante un juzgado civil de Tamaulipas y notificada ayer por la tarde. En la acusación pide 15 millones de pesos argumentando supuesto daño moral.

Landa Herrera es un proveedor del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, como lo publicó El Mañana en base a investigaciones y documentos de acceso de información. Las empresas vinculadas con Landa son algunas de las principales proveedoras de medicamentos, de acuerdo con los reportes públicos recopilados con solicitudes de información.

En investigaciones de la CNDH y cuyas copias son de acceso público, se vincula a Landa en acusaciones de presuntos secuestros. En archivos judiciales del Estado, también se le señala por la desaparición de un arma de grueso calibre.

A raíz de investigaciones como la anterior, el alcalde Enrique Rivas realizó una conferencia de prensa a finales de mayo, donde sin presentar prueba alguna acusó a El Mañana de extorsión al pedirle 2 millones y medio de pesos. Además, manifestó tener el apoyo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Debido a la desconfianza en las autoridades locales, y al clima de inseguridad que se vive en Tamaulipas, El Mañana acudió a la CNDH en la Ciudad de México y presentó una denuncia formal contra las autoridades locales y estatales.

En el oficio ante la CNDH se manifiesta que las autoridades buscan evitar los cuestionamientos del uso de los recursos públicos, y usan las amenazas para tratar de intimidar a este medio.

El hecho más reciente ocurrió este fin de semana, cuando el periódico denunció públicamente que en base a información procedente de una fuente de Estados Unidos altamente confiable, el alcalde Enrique Rivas con apoyo del gobierno estatal preparaba un ataque, el cual podría ser violento contra este matutino.

La alerta motivó una pronta respuesta de organismos nacionales e internacionales como Artículo 19, con sede en Inglaterra y oficinas en México, Reporteros sin Fronteras, WAN-INFRA y decenas de medios de comunicación y periodistas como Carmen Aristegui, Javier Sicilia y medios nacionales como Proceso, Animal Político o San Antonio Express News.

El domingo, El Mañana entró en el Mecanismo de Protección a Periodistas en el que participan el gobierno federal, la Secretaría de Gobernación y otros actores defensores de los derechos y de la libertad de expresión.


(EL MAÑANA/Redacción| 27/06/2017)

REPORTAN OTRO CIBERATAQUE MUNDIAL


Nuevo ataque cibernético afecta a grandes empresas en países como Rusia, Holanda y Ucrania, según los primeros reportes.

FOTO: ESPECIAL

ESPAÑA.- Decenas de bancos y empresas de todo el mundo han sido víctimas de un ciberataque ransomware este martes. La agencia gubernamental suiza afirma que empresas de Ucrania, Rusia, Reino Unido e India son las más afectadas. En Ucrania, han sido atacadas desde el Banco Central, al metro de Kiev, la compañía estatal de la energía o la red informática del Gobierno ucranio, según ha informado en las redes sociales el viceprimer ministro de Ucrania, Pavlo Rozenkoe. Además, el gigante petrolero estatal ruso Rosneft, también ha sido víctima de un "potente ataque cibernético", según han anunciado las autoridades y ha confirmado un portavoz de la compañía al diario Financial Times. La empresa asegura que su producción petrolífera no se ha visto afectada por el ataque.

La empresa ucrania Novaia Potchta ha asegurado que el virus es Petya.A, un ransomware similar al utilizado en el ciberataque de Wannacry. Para el rescate de los equipos informáticos solicitan un rescate económico. El secretario del Consejo de Seguridad de Ucrania ha asegurado que hay "indicios de que Rusia está detrás del ataque". El primer ministro ucranio, Volodymir Groysman, ha descrito el ciberataque como "inédito".

También la petrolera rusa Bashneft ha sufrido el ataque y su página web ha dejado de funcionar. La siderúrgica y minera rusa Evraz, propiedad del magnate Roman Abramovich —que asegura que su producción no se ha visto afectada—, y la multinacional danesa Moller-Maersk, que entre otras cosas tiene negocios de transporte en contenedores, también han sido atacadas, según han confirmado por las redes sociales. La empresa escandinava ha avisado de que el ataque puede ser a escala global. El holdingbritánico WPP —que tiene entre otras JWT, Ogilvy & Mather, Young & Rubicam and Grey— también está entre las hackeadas.

En Ucrania, el ataque ha afectado a una serie de bancos y compañías públicas y privadas, incluyendo la compañía nacional eléctrica y el banco Oschadbank, uno de los mayores del país y la compañía Antonov, que fabrica aviones. Las empresas han interrumpido sus operaciones, según ha declarado el Banco Central de Ucrania, que ha asegurado que el culpable es un "virus desconocido" y no dio más detalles de las empresas afectadas. Los medios ucranios señalan que han sido víctimas del ciberataque las empresas de venta Citrus, Foxtrot, EpicenterK. También cuentan que los paneles electrónicos del aeropuerto internacional de Boryspil en Kiev —el principal del país— han dejado de señalar las salidas y llegadas de los vuelos. El director del aeropuerto ha reconocido que la situación está fuera de control y que probablemente se retrasen o cancelen vuelos.

También el servicio postal UkrPoshta y los bancos OschadBank y Privatbank han avisado de que no tienen sus ordenadores operativos. El metro de Kiev ha alertado en las redes sociales de que también ha sido víctima del ciberataque y ha informado de que los trenes no se han parado pero sí los sistemas de compra de billetes, que han dejado de funcionar.


(EL MAÑANA/ EL PAÍS | 27/06/2017)

FEADLE, FÁBRICA DE IMPUNIDAD, LIDIA CON SU MALA FAMA: #GOBIERNOESPÍA TEME “INVESTIGACIÓN FRACASADA”


Este día la FEADLE integró un grupo de apoyo para investigar el presunto espionaje en contra de periodistas y activistas en México, el cual estará integrado por el Buró Federal de Investigación de Estados Unidos y del IPN.

Ricardo Sánchez, titular de la FEADLE, aseguró que para la investigación se solicitó apoyo, además del FBI, a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas; la Asociación Mundial de Operadores Móviles, con sede en Londres, Reino Unido y la Escuela Superior de Ingeniería, Mecánica y Eléctrica del Instituto del Politécnico Nacional (IPN).

Hoy, Artículo 19 ha respondido con desconfianza a esa investigación, que cae en manos de un organismo que ha garantizado la impunidad en el 97.8 por ciento de los casos que toca.

El Cisen ya reservó hasta 2027 los contratos con empresas espías, y el INAI le explicó cómo hacerlo

Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).- Las organizaciones Artículo 19, Social TIC, Red Defensa de los Derechos Digital (R3D) y el Centro Prodh informaron, a través de un comunicado, el temor que tienen de que la investigación sobre los espionajes quede destinada al fracaso después de las declaraciones del Presidente Enrique Peña Nieto en las que trató a los periodistas y activistas espiados como delincuentes.

“Después de las declaraciones del Presidente Enrique Peña Nieto, existe el temor fundado de que la investigación esté destinada de antemano al fracaso, al considerar falsos los hechos que dieron origen a la misma”, manifestaron.

“Por ello, reiteramos la necesidad de contar con un panel de expertos nombrados por un mecanismo internacional que den certeza sobre el curso de la indagatoria”.
También expresaron que “como cuadyuvantes, reiteramos nuestra disposición para efectos de cooperar en la indagatoria en el entendido de que es obligación del Estado, en este caso a cargo de la PGR y por lo tanto del gobierno federal asumir de manera responsable y oficiosa la investigación de los delitos. En vía de consecuencia, expresamos disposición para que el plan de investigación sea construido con las y los afectados”.

#GobiernoEspía para proteger el interés de las grandes empresas, no el de los mexicanos: Calvillo

Las organizaciones reiteraron la necesidad de contar con un panel de expertos nombrados por un mecanismo internacional que den certeza sobre el curso de la indagatoria sobre los casos de espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos, esto tras la delaciones de este día del l de la FEADLE de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo Sánchez en el que anunció un plan para investigar el caso.

Las organizaciones señalaron que dicho plan no aclara el tipo de asistencia técnica que pretende solicitar, además que no se sabe si las personas que integrarán el “grupo de apoyo técnico” poseen el conocimiento técnico y la independencia requerida.

Sostienen que el “grupo de apoyo técnico” no atiende la solicitud del establecimiento de un panel de expertos independientes nombrado por mecanismos internacionales.

Insisten en que la FEADLE no ha hecho la entrega de información sobre los procesos de contratación ni sobre el uso del software Pegasus.

Por último, las organizaciones reiteraron su disposición para cooperar en la indagatoria para que la PGR y el Gobierno federal asuman responsablemente la investigación.

El planteamiento de Articulo 19 tiene sentido. La Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE)  ha garantizado que el 98.7 por ciento de los casos donde mete la mano, haya impunidad.

Después de una serie de ataques, hace dos años SinEmbargo aceptó que una fuerza especializada de la Policía Federal buscara los culpables. Esta fuerza federal concluyó que el político priista Adrián Rubalcava y otros asociados a él atacaron a SinEmbargo.

Pero el fiscal Ricardo Nájera decidió no actuar, y ni siquiera turnar esa investigación concluida a un juez. Rubalcava es hoy Diputado en la Ciudad de México y los ataques contra los periodistas de SinEmbargo siguen en la impunidad.

EPN se desdice en horas: ahora, que no quiso amenazar: “Se han suscitado ciertas distorsiones”




RESPUESTA ÍNTEGRA

GOBIERNO ESPÍA RESPONDE A FEADLE DE LA PGR

Luego de las declaraciones hechas por el Fiscal Especial Para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR, Ricardo Sánchez, donde anuncia su plan de investigación de las denuncias sobre el espionaje hacia periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, las organizaciones que acompañamos a las personas denunciantes señalamos lo siguiente:

1. Que la FEADLE no aclara el tipo de asistencia técnica que pretende solicitar y la razón por la cual las instituciones y personas nombradas como parte del supuesto “grupo de apoyo técnico” poseen el conocimiento técnico y la independencia requerida para aportar elementos relevantes a la investigación.

2. Que el “grupo de apoyo técnico” no atiende la solicitud del establecimiento de un panel de expertos independientes nombrado y auspiciado por mecanismos internacionales como ha sido solicitado.

3. Que la FEADLE sólo ha solicitado el resguardo y no la entrega de información sobre los procesos de contratación ni sobre el uso del software Pegasus u otros de similar naturaleza.

4. Como cuadyuvantes, reiteramos nuestra disposición para efectos de cooperar en la indagatoria en el entendido de que es obligación del Estado, en este caso a cargo de la PGR y por lo tanto del gobierno federal asumir de manera responsable y oficiosa la investigación de los delitos. En vía de consecuencia, expresamos disposición para que el plan de investigación sea construido con las y los afectados.

Finalmente, no dejamos de mencionar que después de las declaraciones del Presidente Enrique Peña Nieto, existe el temor fundado de que la investigación esté destinada de antemano al fracaso, al considerar falsos los hechos que dieron origen a la misma. Por ello, reiteramos la necesidad de contar con un panel de expertos nombrados por un mecanismo internacional que den certeza sobre el curso de la indagatoria.

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(SEMANARIO ZETA/ REDACCIÓN / JUNIO 26, 2017, 9:27 PM)

SI LOS DELINCUENTES PROSPERAN, ¿PARA QUIÉN ESPÍAN LOS GOBIERNOS? ES PARA UNA ÉLITE, DICE EL SOLECITO


Las familias de desaparecidos en Veracruz han cumplido con esfuerzos de justicia que las autoridades prometieron y jamás dieron. En medio de la vigilancia e intervención telefónica de parte de las autoridades estatales, el Colectivo Solecito inició en agosto los trabajos que terminarían por destapar un cementerio clandestino con por lo menos 250 restos humanos en el predio Santa Fe. Ocho meses después el hallazgo se erige como un monumento a la verdad y contra la ineficiencia del Estado que, sin ayudar también acosa, dice la fundadora de la organización civil Lucía de los Ángeles García Henao.

Uno de los legados del ex Gobernador priista Javier Duarte de Ochoa ha sido un velo de desconfianza propiciado por el espionaje. Sólo entre 2013 y el primer semestre del 2016, la Fiscalía Estatal de Veracruz realizó 4 mil 266 solicitudes de acceso a datos conservados por empresas de telecomunicaciones. ¿Qué opinan estas familias de que el Gobierno las espíe?


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Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo).– La búsqueda de desaparecidos en Veracruz se hace en condiciones de ser observado. Lucía de los Ángeles García Henao, fundadora y directora del Colectivo Solecito en Veracruz, lamentó que existan instituciones que espíen a defensores de derechos humanos.

La iniciativa del colectivo, compuesto principalmente por madres de personas desaparecidas, ha llevado al hallazgo del mayor cementerio clandestino en México a la fecha. Al menos 250 restos han sido identificados en el predio Santa Fe, en el Puerto de Veracruz, gracias a los trabajos iniciados por este grupo civil en agosto del año pasado.

No obstante, buscar desaparecidos en Veracruz es exponerse a ser vigilado.

García Henao ha dicho que tuvieron sospechas de ser observados, más no es un obstáculo que los detendrá en su labor, ahora incluso reconocida a nivel internacional.

De acuerdo con el informe “El estado de la vigilancia fuera de control” de la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), en los años en que esa entidad fue gobernada por el priista Javier Duarte de Ochoa –ahora preso en Guatemala– la geolocalización estuvo a la orden del día.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz hizo mil 685 solicitudes de geolocalización en tiempo real entre 2013 y el primer semestre del 2016, refirió el trabajo, que fue realizado con base en reportes de las empresas de telecomunicaciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). De esta forma, sólo fue superada entre los “campeones del espionaje” por la Fiscalía General de Chihuahua, que hizo 6 mil 675 peticiones, además de la Procuraduría General de la República (PGR), que realizó 3 mil 670 en el mismo periodo.

En el caso de las solicitudes para datos telefónicos, la dependencia veracruzana también fue la segunda más activa en todo el país. Hizo 4 mil 266 solicitudes, únicamente debajo de la PGR, que formalizó 35 mil 423 peticiones de datos de uso de los usuarios.

Lucía de los Ángeles lamentó el espionaje en México en todas sus formas.

La semana pasada el diario estadounidense The New York Times informó que más de una decena de periodistas y defensores de los derechos humanos habían sufrido un intento de espionaje por medio del programa Pegasus, de la empresa isarelí NSO Group, cuya venta sólo es autorizada a gobiernos.

La situación de inseguridad persiste en Veracruz. Sólo el sábado pasado fueron asesinadas 25 personas. El Gobernador actual, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, prometió en campaña acabar con la violencia en sus primeros dos meses. No fue así.

En este contexto, Lucía de los Ángeles Henao concedió una entrevista sobre el activismo en México y los riesgos que impone en un contexto de acoso por parte de las propias autoridades.

Lucía de los Ángeles García Henao, fundadora y directora del Colectivo Solecito, lamentó el uso continuo del espionaje en México en contra de familias, activistas y periodistas. Foto: Karlo Reyes, Cuartoscuro

***
—¿Qué opinión te merece el reciente escándalo de espionaje ?

—Es la degradación total de un Gobierno cuando anda espiando a sus ciudadanos. Se suponía que era para localizar delincuentes. Espiar activistas defensores de derechos humanos, es el colmo; van contra las personas que están intentando hacer un México mejor. Es una represión muy voraz, feroz, que no es digna de una democracia moderna, antes pensábamos que teníamos un atisbo de democracia, ya nos queda claro que no.

—¿Qué riesgo podrían representar los defensores de derechos humanos al Estado?

—El riesgo son las personas que pueden traer un cambio en ciertas áreas del Gobierno que están muy anquilosadas, atrasadas, y que se quieren mantener el poder de una manera anticuada, y en contra de los intereses del pueblo. Yo estoy segura que no se usa para los delincuentes, porque los delincuentes están todos prosperando. Entonces es una interés muy grande por mantener el poder de la manera que está ahorita, que no está beneficiando al pueblo, sino sólo a cierta élite. Es una manera de protegerse que va en contra de los intereses del mismo pueblo.

—¿En algún momento han sabido o tenido suspicacias sobre ser espiados?

—Sí, porque sabemos que aquí las cosas van en sentido contrario de lo que debe de ser, ya lo comprobamos. La suspicacia siempre está. Lo que sucede es que eso no lo puede detener a uno día con día, la cotidianidad se impone. Y sí, la suspicacia vemos que estaba bien fundamentada. Sabemos que esa era una práctica común y corriente, ya cuántos audios no hemos visto que se filtran y son acciones muy sucias, muy de gobiernos represores.

—Han destapado casos grandes de fosas clandestinas y hemos visto respuestas cuando no omisiones, incluso de negación. ¿Cree que hubo una reacción similar del Gobierno ante el señalamiento de espionaje?

—Sí, porque no tiene instinto autodestructivo, sino que va por preservarse. Su interés está en la preservación, y cualquier cosa que invoque un cambio de cosas, pues no les conviene. Cualquier cosa que implique un cambio no es de su interés quiere inmediatamente destruirlo. Todo lo que vaya en contra de su preservación y ya nos dimos cuenta del tipo de Gobierno que tenemos. Ya no tenemos la ilusión óptica de antes. Un país con Estado de Derecho, un país moderno, todo era una ilusión óptica, porque por fuera así parece. Desde lo que es la imagen de lo físico da una impresión, pero cuando se escarba en los entresijos de las autoridades nos damos cuenta de que, francamente, era una ilusión.

—Desde agosto iniciaron los trabajos en el predio de Santa Fe. ¿Fue un parteaguas en la historia del colectivo? ¿Se sienten más vistos por las autoridades ahora?, ¿observadas?

—Somos una piedrita en el zapato, por supuesto, y sí por que se puso en evidencia todo. Esto desmitificó todos los argumentos, destrozó los paradigmas, esto de Santa Fe vino a ser un monumento a la verdad de lo que se vive aquí. Claro que ahora es un referente, pero es incómodo. Sabemos que lo es. Esperamos que el hecho de ser madres, de ser familias, sirva para detener un poquito que no nos vulneren.

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—Ustedes tienen que interactuar con la autoridad en los trabajos que realizan. ¿Cuál es la relación que tienen con ellos?, ¿confían en ellos?

—La palabra confianza es muy grande, no creo que se pueda aplicar aquí. Trabajamos con ellos, pero realmente nosotros hacemos el trabajo y ellos observan, y así es como funciona. A nosotros lo que nos interesa es trabajar.

—¿Tienen la misma visión de las autoridades federales, que de las estatales?

—Sí, es que son diferentes trabajos. Los federales son los de la exhumación, la estatal está como observadora nomás. Está muy acotada la participación de ellos. A nosotros no nos importa, no hay de otra, así trabajamos.

—Recién se encontró cerca de Córdoba una nueva fosa clandestina, ¿ya hay avances?

–No se ha podido explorar porque en Córdoba los servicios periciales están completamente saturado y no nos atrevimos a sacar más nada. No era posible, en términos reales no era posible. Entonces estamos a la espera y ya en cuanto a se dé luz verde iremos. En este caso todo el proyecto está.

—¿Qué respuesta han tenido de las autoridades?

—Depende de ellos no de nosotros. Hay problemas que sólo ellos pueden subsanar. Mientras no estén resueltos, no podemos hacer nada.

—¿Tienen la misma visión de las autoridades federales, que de las estatales?

—Sí, es que son diferentes trabajos. Los federales son los de la exhumación, la estatal está como observadora nomás. Está muy acotada la participación de ellos. A nosotros no nos importa, no hay de otra, así es como trabajamos.

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(SIN EMBARGO.MX/ JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ/ JUNIO 27, 2017, 12:05 AM)

#SANJOSÉDELCABO: EN EL LUGAR DONDE MATARON A DOS ENCONTRARON DROGA


La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informa que aproximadamente a las 06:52 horas de este lunes, tuvo conocimiento vía C2 que en el predio La Ballena, en San José del Cabo, se escucharon detonaciones de arma de fuego.

En el lugar se constituyeron agentes de investigación y peritos adscritos a la Dirección de Servicios Periciales, corroboraron lo anterior, localizaron en el interior de un domicilio que se ubica en la calle sin nombre del predio en mención, los cuerpos sin vida de dos personas del sexo masculino, por lo que se hicieron cargo del lugar de intervención, ordenaron el levantamiento y traslado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de Ley.

Procedieron al aseguramiento, embalaje y registro en cadena de custodia de casquillos percutidos, una bolsa de plástico con sustancia granulada y cristalina, con las características de la droga conocida como cristal, dos bolsas de plástico con vegetal verde y seco con las características de la marihuana, así como dos cigarros forjados de vegetal similar, para trasladarlos al laboratorio de la institución, para el análisis correspondiente.

Los hoy occisos están en calidad de desconocidos.

Por lo anterior, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delito de Homicidio Doloso y su Judicialización inició la Carpeta correspondiente para realizar los peritajes necesarios con todos y cada uno de los datos de prueba y evidencias que se encontraron en el lugar de los hechos para su esclarecimiento.

Exhortamos a la ciudadanía a denunciar las conductas que considere pueden ser constitutivas de éste u otros delitos, a través de los números telefónicos gratuitos desde cualquier población de la entidad 01 800 7 10 72 93 y el 911 de emergencias.


(COLECTIVO PERICU/ REDACCION/ JUNIO 26, 2017)

¡DETERMINA JUEZ FEDERAL LA LIBERTAD DE ABRAHAM CERVANTES “EL BABAY”!


La Paz (California).- En un fallo que no se esperaba, el juez Eduardo Velasco Treviño determinó que no se vinculara a proceso penal al individuo señalado como jefe de plaza de Los Cabos y generador de violencia en Baja California Sur de nombre Abraham Cervantes (a) “El Babay”.

Esto ocurrió cerca de las diez de la noche de hoy, luego de una larga audiencia con un receso de hora y media que inició al mediodía de este lunes, justo una semana después de la detención del acusado. Su vinculación a proceso únicamente fue por delitos no graves.

Se señalaron deficiencias y contradicciones en su captura, además de que la droga decomisada no fue cuantificada correctamente.

Se le dio el beneficio de la libertad bajo fianza, misma que se hará efectiva cuando se haga un pago de 50 mil pesos, para después presentarse a firmar cada 15 días, dado a que se seguirá el proceso por la portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, además de que se abre la investigación por recursos de procedencia ilícita, ya que le encontraron poco más de 19 millones de pesos en efectivo.

Elementos de la Armada de México no daban crédito a lo que ocurrió esta noche en los juzgados federales.

Las contradicciones fueron básicamente que no hubo coincidencias en los tiempos de la detención, ya que el gobierno mencionó oficialmente que fue detenido cuando conducía un vehículo de color blanco, pero testigos señalaron que la detención se hizo en su domicilio del exclusivo fraccionamiento Pedregal de Cabo San Lucas entre una y media y dos de la madrugada del lunes anterior.

La defensa del BABAY fue rebatiendo uno a uno los argumentos que presentó en contra de Abraham Cervantes la PGR, hasta que finalmente el juez llegó a la conclusión de que no había elementos suficientes para su vinculación a proceso.

NO HA SIDO LIBERADO AÚN

De última hora se da aviso que elementos de la Armada de México que trasladaron al acusado a los juzgados federales, se lo llevaron de nueva cuenta luego de que le fue leído un documento por parte de un funcionario no identificado en la zona de estacionamiento. Se desconoce el rumbo que tomó el convoy, aunque se menciona que puede ser que se le haya dictado otra orden de aprehensión de parte de SEIDO.


(COLECTIVO PERICU/ REDACCION/ JUNIO 26, 2017)

SIGUE PLEITO ENTRE ROSARITO Y ENSENADA


Fotos: Enrique Botello

Después de seis legislaturas, lejos de resolverse el conflicto con los límites territoriales, partirá de cero. La SCJN suspendió el proceso a inicios de 2017, por lo que el tema volverá al Congreso del Estado

Han pasado seis legislaturas, veinte años, alcalde tras alcalde, plebiscitos, millones de pesos gastados por las últimas administraciones, y hasta el principal defensor por parte de Ensenada ya murió, mientras el conflicto de los límites territoriales entre Rosarito y Ensenada sigue sin resolverse. Todo apunta que el pleito empezará de cero.

Faltando 48 horas para que concluyera la XXI Legislatura, cuya Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales encabezaba el diputado perredista Roberto Dávalos, el Congreso del Estado de Baja California resolvió a favor del municipio de Playas de Rosarito, el cual determinó que los 168 kilómetros -casi 17 mil hectáreas- son territorio rosaritense.

Aunque con el fallo a favor nada cambió para los residentes de la delegación La Misión y poblados que la conforman, como Santa Anita, La Fonda, San José de la Zorra, entre otros. La certidumbre territorial largamente esperada, y sobre todo la atención a sus necesidades que no satisfacen ni uno ni otro Ayuntamiento, continúan en espera.

El Decreto 684 que el Congreso de Baja California dictaminara el 7 de octubre de 2016, favoreciendo a Playas de Rosarito, fue impugnado tras controversia por parte del municipio de Ensenada, que recurrió como última instancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde presentó un recurso de amparo en contra de la decisión de la XXI Legislatura.

Como respuesta, en enero de 2017,  la SCJN dejó sin validez el decreto, y declaró “suspendido” el proceso: “Dijo que no había nada para nadie”, refieren los defensores de los límites territoriales de Ensenada. Pero la última instancia advirtió que nada más determinaría si el Congreso local actuó conforme a legalidad y llevó los procedimientos, que no correspondería a la SCJN decidir a favor de Rosarito o Ensenada.

Le recordó al Congreso local el Artículo 27 de la Constitución, que establece facultades tales como “fijar la división territorial, política, administrativa y judicial del Estado, así como crear o suprimir municipios; fijar, determinar y modificar la extensión de sus territorios; autorizar mediante decreto los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren los municipios…”.

Es decir, el tema regresará al Congreso de Baja California, y éste deberá determinar, otra vez, si se inicia una nueva confrontación con más desahogo de pruebas y demás recursos que el proceso implica, o decidir, sin más, por Rosarito o Ensenada.


A medio año de haber recibido el amparo la SCJN, recién envió a un perito topógrafo, Adalberto Díaz Vera, quien presuntamente actuará como la figura jurídica llamada amicus curiae (amigo de la Corte), auxiliar que se conduce como tercero en discordia y ofrece más argumentos que respalden la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De entrada, una primera audiencia que se tenía programada para el 30 de marzo de 2017, fue pospuesta de forma indefinida, dado a nuevos peritajes presentados por Ensenada, y más objeciones por parte de Rosarito. Lo cierto es que los diputados de la actual Legislatura tendrá que resolver en definitiva, “pero nomás no quieren sacar el tema”, advierte Emmanuel González Cota, coordinador del Frente Ciudadano en Defensa del Territorio de Ensenada.

Dicha agrupación se dirigió a la actual Legislatura apenas conformada, solicitándole “dejar sin efecto y revertir todos los daños causados a los ensenadenses, frente al despojo que ha sufrido el municipio de Ensenada”, y acusaron a los anteriores diputados de no haber tomado en cuenta documentales históricos y técnicos.

Una vez que la SCJN notificó al Congreso sobre los nuevos peritajes presentados por Ensenada, los defensores del territorio intensificaron sus gestiones ante los nuevos diputados, pero debido a la respuesta obtenida a la fecha, presienten que la historia se repetirá, “le siguen dando largas”.

HISTORIA SIN FIN

Como coordinador del Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio de Ensenada (GIT), el empresario Andrés Armenta González fue uno de los defensores más férreos y beligerantes de los límites del municipio. En innumerables ocasiones señaló los intereses en juego para beneficiar al final de cuentas al hotelero rosaritense Hugo Torres Chabert, y a los compromisos de éste con el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y el Congreso, en especial con la diputada Laura Torres, hija de Hugo.

Las últimas denuncias públicas que hizo Armenta fue revelar que el Congreso había “desaparecido”, o le habían robado,  el expediente de pruebas y peritajes aportados por Ensenada, documentos contenidos nada menos que en ocho cajas, hecho que el jurídico de la anterior Legislatura y el diputado Dávalos negaron una y otra vez.

“Hubo alguien que tuvo interés en que se perdieran esos archivos, y hubo quien permitió la salida de los mismos, ahora nos salen con que a Chuchita la bolsearon y nadie establece una responsabilidad, nomás nos dicen ‘los perdí’… ¡qué a toda madre!”, arremetió Armenta.

Desde 2009, el coordinador del GIT encabezó la defensa del territorio por parte de Ensenada, y murió en el intento. El empresario falleció el 8 de febrero del presente año. El escenario de la defensa territorial ahora lo conforman nuevos personajes. El GIT, coordinado por Alfonso García Quiñones, surgió un nuevo grupo en torno al tema,  el Frente Ciudadano en Defensa del Territorio de Ensenada (FCDTE), además del alcalde Marco Antonio Novelo, los nuevos diputados, así como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Todos, se supone, con el mismo fin, pero divergentes en los modos, “un desorden”, resume uno de los actores.

Los empresarios del CCE avalaron al GIT y solicitaron al alcalde Novelo para que tal grupo  siga defendiendo los límites como lo han venido haciendo por casi nueve años, argumentando que nadie como ellos tiene conocimiento del tema a partir de los estudios, peritajes y documentación que han acumulado, además, han trabajado de manera honoraria con tres administraciones municipales, lo que debe considerar el Ayuntamiento, sobre todo después de anunciar que gastarán 6 millones de pesos más, aparte de los que gastó el ex alcalde Gilberto Hirata en la defensa legal del territorio.

García Quiñones declaró que con Novelo se cortó la comunicación, y que lo mejor será trabajar sin él. Les molesta que el presidente municipal contrate a un tercer despacho de abogados para defender lo que otros dos despachos no lograron: “Proponemos que dejen de estar contratando despachos que no tienen pruebas ni argumentos que ofrecer, y le dejen el trabajo a la ciudadanía ensenadense, como el GIT, más si se está en una etapa de austeridad”.

“La defensa jurídica del territorio de Ensenada corresponde al Ayuntamiento”, respondió enfático el primer edil. “Serán abogados de la Dirección Jurídica quienes se hagan cargo de darle seguimiento al caso”, anunció.

“Desde mi período como diputado he defendido el territorio de Ensenada como si fuera mi casa”, expresó Novelo, a la vez que aceptó estar analizando el pagar 6 millones de pesos a un tercer despacho de abogados en Ciudad de México, aparte de los 12 millones que ya había gastado Gilberto Hirata Chico con dos bufetes diferentes, pero de los que el actual Ayuntamiento no tiene reportes ni términos del contrato, registro del contrato. ¡Vaya!, ni comprobantes de los pagos.

En ese contexto, y previendo el regreso del expediente al Congreso local, el grupo FCDTE solicitó al presidente municipal les informara en qué paso van sus gestiones, cómo van a defender y pagar la defensa, así como qué pasó con los 12 millones de pesos gastados por la anterior administración. La actitud por parte de Novelo ha sido fría e indiferente.

“Estamos defendiendo con toda diligencia y con todos sus instrumentos a su alcance el conflicto de límites territoriales vía la Controversia Constitucional bajo el expediente 158/2016 ante la SCJN (…) Con toda transparencia les comunico que se está demandando impugnar Decreto 137 (…) El procedimiento prácticamente está concluido”, les respondió el edil mediante oficio.


“Nos comenta que todo está bien, que está avanzando, pero lo que queremos es que nos diga si realmente va a defender los límites territoriales”, manifiesta Emmanuel González, coordinador del grupo.  “Lo único que nos contesta es ‘no te preocupes’, pero ese ‘no se preocupen’ es el que nos preocupa, nos dan evasivas, pero ellos piensan que nos quedamos de brazos cruzados”, acota.

Incluso consideran que la tranquilidad de Novelo contrasta con la de su antecesor Hirata, “quien viajaba y nos decía ‘va así y así’, pero ya en su recta final no pudo hacer nada, mientras que al nuevo alcalde como que no le interesa”.

Dice que como diputado Novelo nomás les dio largas, luego se fue a la candidatura y su suplente, Juan Antonio Sánchez Zertuche, no hizo nada. Armando Reyes Ledesma, también diputado por Ensenada en la anterior Legislatura, “andaba en otro rollo, ‘sí, sí, vengan’, pero nunca lo hallábamos”, acusan.

Ahora las parejas tanto de Zertuche como de Reyes, convertidas en diputadas por el Distrito XIV, Rocío López Gorosave (PRD) y Claudia Agatón (PT), encuentran una actitud muy diferente, aunque sin acciones concretas, dicen mostrar interés en continuar con la defensa, al igual que la diputada federal Eloísa Talavera. Del diputado por el Distrito XV, Alejandro Arregui (PRI), señalan: “Hasta ahora no hemos podido hablar con él, porque siempre anda ocupado”.

Sobre todo, lo que le urgen al presidente municipal, es que aclare lo de los 12 millones de pesos pagados a abogados externos durante la administración pasada, información que por cierto se solicitó a la Unidad de Transparencia y ésta no respondió. Igualmente andan  bailando otros 3 millones de pesos que declaró la síndico procuradora Laura Karina Castrejón -quien obedece a los intereses de Reyes Ledesma dentro del Ayuntamiento- entregó al GIT, y que éstos niegan, pues siempre han solventado con sus propios recursos las diligencias del pleito territorial.

Por ello reiteran su exigencia a Novelo: “Que se clarifique y se den a conocer a la ciudadanía, pero con datos concretos, nombres y apellidos, fechas, que lo hagan público, transparente; que no lo hagan en grupitos cerrados”.

La franja en disputa representa 168 kilómetros, donde se asientan 6 mil personas, entre ellas 2 mil 500 norteamericanos pensionados. Tiene una alta plusvalía, anualmente representa un ingreso de 100 millones de pesos para el Ayuntamiento correspondiente a Impuesto Predial y otros derechos. El municipio que pierda también verá reducidas sus partidas federales en más del 30 por ciento, “la rebanada del pastel que se quieren comer es grande”, ilustra José Luis Flores, miembro del frente.

Los defensores ya se la sentenciaron a la actual Legislatura: “Estamos listos para emprender todo tipo de acción de resistencia civil pacífica para evitar que el Congreso del Estado, en contubernio con el Gobierno del Estado, lleve a cabo este despojo a Ensenada. Somos más de 15 mil ciudadanos que estamos listos para entrar en acción”.


(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa/  Juan Carlos Domínguez /Lunes, 26 Junio, 2017 12:00 PM)