jueves, 26 de julio de 2018

SOBRE LA LUCHA LEGAL DE LA TRIBU YAQUI CONTRA EL ESTADO MEXICANO Y LA RECIENTE APROBACIÓN A SU FAVOR DE ADMISIBILIDAD ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS



El día 26 de enero del año 2006, principia un proceso legal en el entorno del derecho Internacional, presentando la tribu yaqui una petición de demanda contra el Estado Mexicano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en adelante “la CIDH”, por una sucesión constante de derechos violados y medidas discriminatorias en contra de la Tribu Yaqui.

La CIDH recibió la petición y le asignó el número 79-06. El 11 de Septiembre de 2006, la CIDH solicitó información a la tribu sobre la interposición de recursos internos desde el año 2002, MISMOS que fueron contestados por la Tribu en sus comunicaciones de 25 de Septiembre y 12 de Diciembre de 2006; La Tribu presento informacional adicional sobre la petición el 3 de Noviembre de 2006; 21 de Septiembre; 18 de Noviembre y 1 de Diciembre de 2009;EL 1 de Febrero; 31 de Mayo; 29 de Octubre y 23 de Noviembre de 2010;2 de Enero y 6 de Junio de 2011; Durante 2008 y 2009 la Tribu envió a la CIDH solicitando información sobre el estado de la petición.

ESTA SUCESION DE CUMUNICADOS Y DE INFORMACIONES ADICIONALES, SE DIO COMO RESULTADO DE LA AGENDA PERMANENTE Y ENLACE QUE SE MANTENIA CON LA CIDH.

El 29 de Junio de 2011, la CIDH transmitió al Estado Mexicano, en adelante “el Estado”, las partes pertinentes de la petición e información proporcionada por la Tribu, y le solicitó emitiera sus observaciones dentro del plazo de dos meses. El Estado solicitó una prórroga de un mes para presentar sus observaciones, la cual fue concedida por la CIDH. El Estado presentó sus observaciones el 14 de Noviembre de 2011.

La Tribu presentó información adicional el 7 de Marzo, 20 de Marzo y 26 de Abril de 2012. Todas estas comunicaciones fueron trasladadas al Estado para sus observaciones. El 30 de Mayo de 2012, la Tribu solicitó la convocatoria a una audiencia en el marco del 146 periodo ordinario de sesiones de la CIDH. El 24 de Octubre de 2012, la CIDH denegó la solicitud en virtud del elevado número de audiencias requeridas.

LA CIDH, EN SU INFORME NUMERO 48/15 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2015 SOBRE LA PETICIÓN 79-06, ACUERDA APROBAR ADMISIBILIDAD A LA PETICIÓN DE LA TRIBU YAQUI, GIRANDO OFICIO DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA TRIBU YAQUI, PARA HACERLE DE SU CONOCIMIENTO DE LA REFERIDA APROBACIÓN Y DA UN PLAZO DE 4 MESES A LAS PARTES, PARA QUE PRESENTEN OBSERVACIONES ADICIONALES AL INFORME 48/15, CONTADOS A PARTIR DEL OFICIO ANTES CITADO, PARA POSTERIORMENTE INICIAR LAS REUNIONES DE LAS PARTES (TRIBU-ESTADO), EN EL MARCO DEL PROTOCOLO Y DEL ARBITRAJE DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LA CIDH.

LA TRIBU OBTIENE EL TRIUNFO DE LUCHA POLÍTICA Y LEGAL MÁS IMPORTANTE DE LAS ÚLTIMAS SIETE DÉCADAS, ES DECIR POSTERIOR AL DECRETO DE LÁZARO CÁRDENAS, PORQUE CONSIGUE LA OPORTUNIDAD DE SOLUCIONAR LAS VIOLACIONES A SUS DERECHOS HISTORICOS.

LA CIDH SEÑALA EN EL DOCUMENTO QUE EMITE SOBRE ADMISIBILIDAD DE LA PETICION O DEMANDA, QUE EL ESTADO MEXICANO TIENE QUE RESPONDER POR LA VIOLACION DE MAS DE 20 ARTICULOS DE LOS CONVENIOS Y TRATADOS SIGNADOS POR EL ESTADO MEXICANO, SOBRE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS INDIOS, CASO ESPECIFICO EL DE LA TRIBU YAQUI.

COMO VIENE A SER:

- La ilegal expropiación y despojo de parte del territorio del decreto de Zedillo de 1997. Para el Estado solo se expropiaron 2,688 hectáreas y para la Tribu se despojaron o expropiaron más de 40,000 hectáreas.

- El despojo y falta de acceso a las aguas de la Tribu. El decreto de Cárdenas establece el 50% de derechos aguas arriba y aguas debajo de la presa La Angostura. En los años 1943, 1953 y 1964 se construyó el sistema de tres presas en el Río Yaqui, sin consultar a la Tribu y sin recibir ningún tipo de compensación, ni se aseguró su derecho al agua. Con estas obras de almacenamiento la Tribu perdió al acceso del 90% del torrente natural del agua del rio. Se le construyó a la Tribu un limitado canal principal sin posibilidad de ampliación de volúmenes de agua y se planificó premeditadamente el crecimiento de una zona agrícola no yaqui 14 veces más grande que la de la Tribu.

- El otorgamiento de concesiones para proyectos de infraestructura sin la consulta y en su caso, el consentimiento previo, libre e informado de la Tribu.(carretera federal de peaje, cables eléctricos y comunicación, parques acuícolas, acueductos, oleoductos y gasoductos sin beneficios para la población yaqui).

- La inexistencia de un marco legal adecuado para satisfacer los derechos de la Tribu. No se reconoce los derechos de la Tribu de utilizar y disfrutar de su propiedad de acuerdo con su sistema de propiedad comunal. Si bien la Constitución establece “la ley protegerá la tierra de los grupos indígenas”, no existe ninguna ley del orden jurídico mexicano un régimen especial de las tierras de los pueblos y comunidades indígenas, pues su régimen propiedad de la tierra se compone de propiedad privada, publica, ejidal y comunal únicamente.

- Medidas discriminatorias que afectan los derechos políticos de la Tribu. Se han realizado más de 243 reuniones con el Estado y se establecen medidas distintas al cumplimiento de compromisos.

- Política de desarrollo agrícola de uso masivo de agroquímicos que están provocando contaminación, mortandad y daños a la salud.

- Ausencia de agua potable, mortandad y daños a la salud por uso doméstico de agua contaminada.

- Trato discriminatorio en la aceptación de sus propias propuestas de desarrollo sectorial integral, la provisión de créditos, servicios públicos e infraestructura y la falta de planificación, mantenimiento y desarrollo de un Distrito de Riego en territorio yaqui.

- La división del territorio yaqui en cuatro municipios con población mayoritariamente no yaqui, con representantes que se empalman y rivalizan con los representantes o Autoridades yaquis en las funciones públicas, que incumplen en sus obligaciones de obras y servicios públicos y que aplican reglas distintas al sistema legal, las instituciones y formas de organización, los intereses y valores tradicionales de la Tribu.

TODO LO ANTERIOR HA SIDO FUNDAMENTADO, CON LA APORTACIÓN DE PRUEBAS Y ARGUMENTACIÓN CIENTIFICA Y LEGAL CORRESPONDIENTE, DE TAL FORMA QUE LA CIDH, LE HA DADO ADMISIBILIDAD, TAL COMO SE DENOMINA EN EL MARCO INTERNACIONAL DE CONVENIOS Y TRATADOS SIGNADOS POR EL ESTADO MEXICANO Y ACTUALMENTE, LE HA ESTADO REQUIRIENDO INFORMACIÓN AL MISMO ESTADO SOBRE DIFERENTES VIOLACIONES PARA EN FECHA PRÓXIMA EN EL MARCO DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL SOSTENER REUNIONES AMISTOSAS ENTRE LAS PARTES.


SE INTEGRO RECIENTEMENTE AL EXPEDIENTE QUE SE LLEVA EN LA CORTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE LA OEA, COMO EXTENCION DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, LA RELACIÓN DE LOS DERECHOS VIOLADOS SIGNADOS Y RUBRICADOS POR MAESTROS YAQUIS, EN EL TEMA EDUCATIVO INDÍGENA DE LA TRIBU YAQUI, HAY LEYES CONSTITUCIONALES Y DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS QUE NO SE ESTÁN APLICANDO COMO ES DEBIDO Y RECIENTEMENTE SE LEGISLÓ EN MÉXICO LA LLAMADA REFORMA EDUCATIVA SIN CONSULTAR A LA TRIBU YAQUI COMO DEBIÓ DE HABER SIDO POR LEY PORQUE SE AFECTAN LOS DERECHOS DE SUS MIEMBROS, EDUCANDOS Y DOCENTES.

(FACEBOOK.COM/ TOMADO DE :DAVID BUITIMEA/ 21 DE JULIO DE 2016)

CONTRABANDISTAS, BALSEROS Y MIGRANTES: LA FRONTERA DE MÉXICO Y GUATEMALA



La porosidad de la frontera entre ambos países es particularmente evidente en los cruces por el río Suchiate, donde se hacen incontables trayectos diarios para evitar a las autoridades migratorias y aduanales. Conoce algunas de sus historias.

CIUDAD TECÚN UMÁN, Guatemala — El tránsito en el puente del río Suchiate, que une esta ciudad guatemalteca con México, usualmente es poco. Para los agentes migratorios y de aduana que están en cada orilla el ritmo es poco, casi soporífero.

Pero desde el puente se vuelve notoria la actividad más frecuente del río, donde decenas de balsas cruzan con personas y bienes de un lado al otro todos los días, a todas horas.

El puente es la ruta legal; debajo está la ilegal.

Mientras se fortifica la frontera norte de México con Estados Unidos, con barreras elaboradas y patrullajes, la zona fronteriza con Guatemala continúa siendo extremadamente porosa,  y la evidencia está precisamente aquí, en Ciudad Tecún Umán, la franja guatemalteca del Suchiate.

La mayoría de las personas, quizá miles por día, sortean el cruce oficial entre Ciudad Tecún Umán y la mexicana Ciudad Hidalgo para viajar por el río. Algunos son migrantes sin documentos que se dirigen al norte, aunque muchos otros son personas que buscan vender o comprar mercancías —comida, ropa o bienes domésticos— sin tener que pasar por la aduana y migración.

Estas son las historias de algunas de las personas que hacen ese trayecto para ganarse la vida o para rehacerla.

EL BALSERO



Marvin Garciá, al frente y al centro, con los pasajeros de su balsa antes de cruzar el Suchiate Credit Alejandro Cegarra para The New York Times

Marvin García, de 39 años, ha sido balsero en el Suchiate desde que tenía 18. Su balsa, como muchas otras en esta franja del río, está hecha de tablones de madera amarrados a las cámaras de neumáticos de tractores, y la maniobra con una larga vara cortada de un manglar.

Cuando el río asciende, los balseros guatemaltecos llegan a cobrar el cruce hasta en 1,30 dólares. Cuando los niveles del agua no son tan altos, y el trabajo es más fácil, la tarifa cae hasta la mitad. De cualquier modo, es más barato que el cruce oficial y mucho más rápido.

La carga más inusual que García recuerda haber llevado por el río fueron unos cerdos.

“El pollo es normal”, dijo.

Quienes trabajan en el río admiten que junto a la mercancía legal que cruzan ilegalmente quizá haya algo de contrabando, como drogas. Pero no es algo de lo que les guste hablar.

“No es para enriquecerse”, dijo García sobre el paso de productos legales. “Es solo para salir adelante”.

García es uno de los 42 balseros de un colectivo conocido como Paso del Palenque, que trabaja en una parte del río a varios metros al norte del puente.

Él y los demás del colectivo son parte de un complejo ecosistema que ha surgido a lo largo del Suchiate, que marca la punta sur de la frontera entre Guatemala y México.

Hay por lo menos siete grupos balseros, incluido el Paso del Palenque, que van de Ciudad Tecún Umán a Ciudad Hidalgo. También están los sindicatos de bicitaxis que trasladan a gente y bienes de la ribera del río a mercados locales y a almacenes de ambos países. También están quienes cargan y descargan las balsas.

En un día reciente había veintiuna balsas del Paso del Palenque con conductores guatemaltecos que se turnaban para trasladar pasajeros y mercancías de un lado al otro. Los balseros guatemaltecos trabajan un día sí y uno, no; se alternan con los balseros mexicanos que son parte del colectivo.

De vez en cuando hay accidentes, pero nunca nada grave, según los balseros. Algunas veces los pasajeros pierden el equilibrio y caen al río o una de las cámaras inflables se poncha.

“Es más seguro que el Titanic”, aseguró García. “Si se poncha una, tenemos la otra”.

“El Titanic se hundió completamente”, acotó.

EL MERCADER



Maleteros jóvenes esperan la llegada de camiones a los que descargar la mercancía, del lado mexicano de la frontera. Credit Alejandro Cegarra para The New York Times

Oswaldo, de 30 años, es dueño de una pequeña tienda en el departamento guatemalteco de Suchitepéquez. Unas dos veces al mes conduce su camioneta a Ciudad Tecún Umán, a tres horas de distancia, ahí se sube a una balsa, cruza hacia México, va de compras para llenar los anaqueles de su tienda y regresa a casa en una balsa repleta de mercancías.

Al reconocer que está violando las leyes aduanales, pidió que no se usara su apellido.

Una tarde reciente, Oswaldo y un equipo de ayudantes descargaron todas sus compras y las subieron a su camioneta: cajas de papel de baño, pasta dental, yogur, pasta, aceite de cocina y leche; todos son productos que puede revender con margen de ganancia en Guatemala.

A final, sus ahorros y ganancias no serán enormes, pero sí suficientes para hacer una diferencia en su vida diaria. Dice que si cruzara por el puente tendría que pagar al gobierno de Guatemala el 12 por ciento en impuestos por sus compras hechas en México.

En las orillas del Suchiate hay muchas sospechas cuando un desconocido empieza a hacer preguntas. Las personas están recelosas de que haya agentes encubiertos. Una vez por semana, según los balseros, la policía de Guatemala y oficiales aduaneros llegan a exigir identificaciones, confiscar bienes y demandar el pago de impuestos, que puede que terminen en sus bolsillos en vez de en arcas públicas.

Oswaldo no calcula sus posibles ganancias sino hasta que está de regreso en Suchitepéquez. En la ruta hacia su casa pasa por unos diez puntos de revisión policial, lo que significa que a veces tiene que pagar hasta diez sobornos.

Con el pago de varios dólares cada vez se asegura de que no haya contratiempos en el trayecto.

EL MIGRANTE



El salvadoreño Quintanilla dirigiéndose a México. Credit Alejandro Cegarra para The New York Times

Casi se acababa el día cuando el migrante salvadoreño llegó a la orilla del río con una pequeña mochila sobre sus hombros.

Me preguntó si era de Estados Unidos; cuando le dije que sí pasó de hablarme en español a usar inglés. Dijo que lo habían deportado hace dos meses.

Y se soltó en llanto.

Había vivido en California durante trece años sin papeles migratorios, pero estaba casado con una ciudadana estadounidense, tenía tres hijos nacidos en Estados Unidos y un trabajo como guardia de seguridad. Siempre quiso ser policía, dijo.

Mencionó que su error fue conducir cuando había bebido alcohol. El auto era de su amigo y dijo que, apenas encendió el motor, la policía tocó la ventanilla. El vehículo aún estaba estacionado.

“Les dije: ‘Sí, estoy borracho'”, recordó. No iba a inventar excusas ni entonces ni ahora.

Fue condenado por manejar bajo la influencia del alcohol y pasó más de un año en detención migratoria antes de ser deportado a El Salvador. Era la primera vez que regresaba a ese país desde que emigró; la primera vez que vio a su madre en años.

Pero extrañaba demasiado a su esposa y a sus hijos en Los Ángeles. Así que se subió a un autobús en El Salvador antes de que amaneciera y medio día después estaba a punto de subirse a una balsa en el Suchiate.

Solo quiso dar su apellido, Quintanilla, y dijo que tenía 33 años. Su plan era dirigirse a Tijuana, donde su esposa e hijos podían llegar en auto desde Los Ángeles para visitarlo.

Mencionó que su cuñado lo esperaba del otro lado del Suchiate: conocía el área y cómo evitar a las autoridades migratorias mexicanas, cómo llegar a salvo a Estados Unidos.

“Es un nuevo viaje y una nueva posibilidad”, dijo Quintanilla mientras la balsa rebotaba con el movimiento del río. “Busco una nueva vida, un nuevo todo”.

La balsa llegó al lado mexicano del río y Quintanilla desembarcó. Le pagó al balsero y desapareció camino al mercado de Ciudad Hidalgo, donde los comerciantes empezaban a bajar las cortinillas de sus puestos. Era el cierre de otro día más en la zona del Paso del Palenque.




Pasajeros de las balsas del lado mexicano de la frontera Credit Alejandro Cegarra para The New York Times

(THE NEW YORK TIME EN ESPAÑOL/ KIRK SEMPLE/  23 DE JULIO DE 2018)

FACEBOOK SUFRE LA MAYOR PÉRDIDA EN LA HISTORIA DE LA BOLSA


(CNN) - Las acciones de Facebook cayeron un 19% este jueves después de que la compañía advirtió que el crecimiento de los ingresos se ralentizará conforme se centre más en la privacidad. Y eso es exactamente lo que Facebook debería estar haciendo después del escándalo de Cambridge Analytica.

Perdió 119.000 millones de dólares en valor de mercado, la mayor pérdida de un día para cualquier compañía pública en la historia, según Thomson Reuters.

Para el fundador Mark Zuckerberg, la pérdida fue de casi 16.000 millones de dólares, según Forbes, que monitorea la riqueza del multimillonario en tiempo real. Eso lo hizo bajar del cuarto al sexto lugar en la lista de las personas más ricas del mundo.

¿Deben los inversionistas entrar en pánico?

Los inversores de Facebook están enloqueciendo. No deberían.

Facebook también se vale de su fortaleza para invertir más en su función de Stories: el intercambio de videos y fotos, no solo en Facebook, sino también en Instagram, WhatsApp y Messenger, todas  propiedad de Facebook.

Tengamos en cuenta que las acciones de Facebook cerraron este miércoles a un máximo histórico justo antes de que la compañía sorprendiera a los inversores con su anuncio.

El analista de BTIG, Richard Greenfield, escribió en un reporte este jueves que los directivos de medios de comunicación "no deberían regocijarse, deberían tener miedo, mucho miedo".

"Facebook está eligiendo activamente hacer menos dinero, poniendo en segundo plano la monetización a corto plazo para llevar el compromiso a niveles aún más altos y capturar incluso más tiempo y atención de sus 2.500 millones de usuarios mensuales", escribió.

El valor de Facebook cae, pero los expertos aseguran que ello no debe causar alarma.

Traducción: Facebook puede permitirse realizar movimientos que lo perjudicarán ahora porque se deberían compensar en el futuro. Es una estrategia que también ha funcionado para Amazon y Google.

James Lee, analista tecnológico de Mizuho, dijo que el cambio de News Feed hacia Stories "crea un riesgo a corto plazo", pero que "no es un problema estructural".

Los inversores tampoco deberían sorprenderse por la decisión de Facebook de absorber el problema a corto plazo con la esperanza de obtener una gran ganancia a largo plazo. Lo ha hecho un par de veces antes, y las movidas han valido la pena.

En 2014, observó Lee, los inversores estaban preocupados por la capacidad de Facebook para pasar de una plataforma predominantemente de escritorio a una de dispositivos móviles. Y en 2016, los inversores cuestionaron que Facebook aumentara sus inversiones en video.

En ambas ocasiones, Facebook rió al último y rió mejor.

Pese a la gran caída de este jueves, la acción ha subido más del 400% en los últimos cinco años. Eso es mejor que Apple y Google.

El mercado más amplio también eliminó los temores de Facebook. Facebook es una de las compañías más grandes del mundo, pero los inversores parecían pensar que los desafíos a corto plazo se limitaban a ella y tal vez a otras compañías de redes sociales.

El Dow Jones subió modestamente y el S&P 500 se mantuvo plano ya que los inversores aplaudieron los desarrollos comerciales positivos del presidente Donald Trump y del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

Incluso el Nasdaq no bajó tanto, menos del 1%. Y las acciones de FANG no tuvieron mucho éxito. Amazon, que reportará las ganancias después del cierre de este jueves, y el propietario de Google, Alphabet, que registró ganancias estelares a principios de esta semana, cayeron solo un 1%.

Twitter y Snapchat, rivales de las redes sociales de Facebook, cayeron solo un 3%.

(CNN/REDACCION/  14:56 ET (18:56 GMT) 26 julio, 2018)

BANXICO DA PENSIONES ESPECIALES A ZEDILLO, CARSTENS Y 881 MEXICANOS



Desembolsa mensualmente unos 68 millones 825 mil pesos a economistas, actuarios y abogados, entre otros

Pagos de oro. Uno de esos recibe Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de la República, quien goza cada mes de una pensión especial por retiro de 102 mil 323 pesos del Banco de México (Banxico).

Zedillo Ponce, quien le explotó en sus manos la crisis económica de diciembre de 1994, es uno de los 881 mexicanos con una pensión especial del banco central.

El banco a cargo de Alejandro Díaz de León también paga a mil 734 personas una jubilación; a otras 548 mexicanas les da una pensión por viudez y a 20 personas más por viudez y orfandad. En total tiene unas tres mil 291 personas jubiladas.

Banxico desembolsa mensualmente unos 68 millones 825 mil pesos en pensiones a economistas, actuarios, abogados, administrativos y empleados que alguna vez le sirvieron trazando estrategias para contener la inflación y tasas de interés, según un documento al que tuvo acceso El Sol de México.



Ernesto Zedillo

Una de esas pensiones es para Ernesto Zedillo Ponce de León, quien trabajó de 1978 a 1987 en el Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca), que permitió que se salvaran de la quiebra cientos de empresas y se preservaron miles de empleos durante los difíciles años de la crisis financiera.

Zedillo cuando dejó de ser mandatario del país se le dio una pensión vitalicia como expresidente, pero renunció a ella y se fue a trabajar a organismos internacionales y como consejero de empresas. Banxico tenía como uno de sus secretos bajo resguardo el nombre y monto de las jubilaciones, especialmente para evitar cualquier delito en contra de sus ex empleados.

Los jubilados que más ganan cada mes son Miguel Mancera Aguayo, exgobernador y director de Banxico, con un pago de 283 mil 722 pesos; le sigue Enrique Trueba Méndez de Vigo, quien trabajó 46 años en el Banco Central, con una jubilación de 254 mil 283 pesos, así como Francisco Gerardo Rueda Rábago, quien laboró en el área de contraloría del Banxico a principios de los 90, se levanta 240 mil 636 pesos.



“Si cotizan sobre un sueldo alto es relativamente justo (esa jubilación), pero también se sale de la definición de la seguridad social pensiones de ese tamaño por eso se hacen las correcciones”, afirma Francisco Miguel Aguirre Farías, presidente Ejecutivo de Valuaciones Actuariales del Norte.

El hombre encargado de modificar el 90% de los sistemas de pensiones en el país explica que son legales las jubilaciones cobradas por los ex trabajadores del Banxico, ya que son derechos adquiridos que no se pueden quitar ni modificar.

El sistema de pensiones del Banco de México es el único fondeado, algo que le permitió mantener el equilibrio, comentó Aguirre Farías. Para lograrlo tuvo que poner topes a la edad y monto de las jubilaciones.

Te recomendamos: Pretenden despedir a ocho mil burócratas por plan de austeridad

Hay una centena de trabajadores de Banxico, de acuerdo con la base de datos consultada y analizada, que cobran cero pesos de pensión al mes, un ex empleado recibe un pago de 0.2 pesos, otro ex operario recibe sólo 7.81 pesos y uno más le dan 19.79 pesos de pensión.



Foto: Cuartoscuro

La pensión de los ex gobernadores de Banco de México como Guillermo Ortiz Martínez es de 227 mil 077 pesos; la de Agustín Carstens Carstens, quien estuvo hasta el 30 de noviembre de 2017 al frente del organismo, alcanza los 112 mil 662 pesos al mes.

Los subgobernadores de Banxico como Ariel Buira Seira obtiene una pensión mensual de 191 mil 658, Jesús Marcos Yacamán gana 184 mil 478, así como Francisco Gil Díaz, quien fue secretario de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Vicente Fox, se lleva 175 mil 776 pesos.

“Está bien que se reconozca las labores y las responsabilidades que cumplieron los funcionarios del Banco de México, pero debe haber un análisis donde haya una proporcionalidad y no se ponga en riesgo el aspecto económico”, asegura Andrés Rodríguez, socio del Área Laboral de Santamarina y Steta.

Rodríguez, quien trabajó en Ferrocarriles Nacionales, dice que no es común ver pensiones de más de 200 mil pesos en las empresas privadas, quienes cuidan mucho de no pagar esos montos.

Las compañías, entidades públicas y organismo descentralizados deben analizar la viabilidad de dar ese tipo de pensiones a sus ex empleados, agrega el abogado con más de 25 años trabajando y defendiendo temas laborales en México.

(DOSSIER POLITICO/ REDACCION/ 2018-07-26)

DETIENEN A OPERADOR DEL CÁRTEL DE SINALOA EN QUINTANA ROO



Al momento de intentar evadir un retén instalado en la avenida Álvaro Obregón de Chetumal, Quintana Roo, para escapar a Belice, Dioney Rolando MC, El Nene, señalado como operador del Cártel de Sinaloa, fue detenido junto con cuatro sujetos más.

De acuerdo con el parte policiaco, agentes de la policía municipal lograron la captura después de una persecución que terminó a la altura del puente Chactemal, a escasos metros de la frontera con Belice, publicó Apro.

Al momento de inspeccionar el vehículo, los policías encontraron armas y un envoltorio de presunta cocaína.

El Nene es originario de Belice, y presuntamente trabajaba para Zurizaday VM, también señalado como operador del Cártel de Sinaloa en la zona. El segundo, a su vez trabaja para Roberto Nájera Gutiérrez La Gallina, quien presuntamente controla la introducción de droga en la frontera sur del país para esta organización criminal.

(RIODOCE/ REDACCION/ 26 JULIO, 2018)

LA NISSAN QUE MATÓ A 13 PERSONAS EN EDOMEX ESTÁ VETADA EN EUROPA, JAPÓN, CANADÁ Y EU POR INSEGURA



Trece personas perdieron la vida el pasado viernes por el choque de una camioneta tipo Urvan de Nissan de transporte público, contra la parte trasera de un tráiler que se encontraba estacionado en el acotamiento de la Autopista México Pachuca, colonia Santa María Tulpetlac del municipio de Ecatepec, Edomex. Entre los pasajeros sobrevivientes está Gloria quien se dirigía a su trabajo y se encuentra hospitalizada y abandonada por la empresa responsable del transporte, que no ha dado la cara para apoyar a la mujer.
Sin embargo, el saldo del accidente pudo haberse evitado. Hoy la organización, El Poder del Consumidor recordó que el modelo de camioneta involucrada en accidente no sería posible venderlo en Japón (país de origen de la marca Nissan) ni en Estados Unidos, Canadá y Europa, entre otras naciones, tal como se vende en nuestro país por no contar con los sistemas mínimos de seguridad.

Ciudad de México, 26 de julio (Afondoedomex/SinEmbargo).- El Poder del Consumidor denunció este día que el vehículo accidente del pasado viernes 20 de julio en la carretera México-Pachuca, donde perdieron la vida 12 personas y 5 resultaron lesionadas, se ocasionó en gran parte por el modelo Urvan de Nissan en que se transportaban, ya que los niveles de seguridad de este vehículo son mínimos.

En un comunicado, el Poder del Consumidor reveló que la venta del modelo Urvan de Nissan fue prohibida en países como Japón (país de origen de la marca Nissan) Estados Unidos, Canadá y Europa, debido a mínimos sistemas de seguridad.

Este modelo, junto con la Hiace de Toyota, son usualmente utilizados como transporte público interurbano, rural y como transporte escolar, incluso, explicó este comunicado, rebasando su capacidad máxima de 18 pasajeros.

Sin embargo, en nuestro país su distribución se da sin traba alguna, aunque “por su diseño, configuración y capacidad no son aptas estos servicios; por el contrario, ponen en peligro la vida de quienes la usan”.

Los principales responsables, señala este comunicado, son los gobiernos estatales y municipales: estos aseveran que son “transporte público seguro”, pero estos modelos “no son autorizados para ello”.

De acuerdo con este comunicado, el modelo de la camioneta Urvan que se vende en México es una versión sin frenos ABS (evitan que un auto derrape en caso de hacer un freno total inesperado). Por su parte, ninguna vehículo de la Hiace tiene este sistema.

Además, “ninguna de estas dos camionetas cuenta con cinturones de tres puntos en todas las plazas ni el Control Electrónico de Estabilidad (ESC)”, aunque, según este comunicado, deberían contra contar con ellos “por su capacidad y sus dimensiones”.

Este Control “permite mantener el control del vehículo en maniobras bruscas de emergencia y con ello evitar una colisión”, incluso, “puede salvar más vidas que el cinturón de seguridad”.

La organización recordó que, a principios de año, la entonces candidata a la presidencia de la república María de Jesús Patricio Martínez “Marichuy” y su comitiva de campaña, tuvieron un siniestro de tránsito en ese mismo modelo, con saldo de una persona muerta y varias personas lesionadas, incluida la propia ex candidata.

Hasta el día hoy “no existe una obligación a los fabricantes de autos en México que incluyan elementos básicos como los frenos ABS, o que aprueben estándares internacionales de impacto frontal o lateral, se espera que esto sea una realidad a finales de 2020 cuando la NOM-194 entre completamente en vigor”.

LAS VÍCTIMAS

Gloria de 68 años de edad, es una de las víctimas que resultó gravemente lesionada durante el accidente de transporte público en la Autopista México-Pachuca, quien sigue internada en un hospital de la Ciudad de México en espera de ser intervenida quirúrgicamente, sin que la empresa responsable dé la cara a los afectados.

Ese viernes, Gloria Marcela Morales Pavía, quien vive en la comunidad de San Pedro Xalostoc, tomó la unidad de la ruta “Transportes Ecatepec S. A de C.V”, marcada con el número económico 520, desde la Sección Jardines en Tecámac, debido a que desde un día antes se había quedado en casa de su hija.

Gloria, viuda desde hace dos años y madre de cuatro hijos, se dirigía a su trabajo a la Ciudad de México, sin saber la tragedia que iba atravesar y que la mantiene en la cama de un nosocomio, donde, denuncian, no ha recibido atención adecuada.

Aunado a esto precisó, que ninguna persona de la empresa de la ruta transportista responsable del accidente, se ha presentado a dar la cara a las víctimas y que su mamá está recibiendo atención debido a que es derechohabiente por contar con servicio médico de su trabajo, mientras los culpables se han mantenido al margen e intentan lavarse las manos.

Doña Gloria, viajaba en la unidad y fue una de las nueve personas que resultaron heridas, mientras que otras 13 fallecieron. Primero fue trasladada a la clínica 68 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde después de diagnosticarle una fractura en la cadera, fue llevada al hospital Magdalena de las Salinas.

Braulio, uno de sus hijos, explicó, que ese viernes no recibió atención médica adecuadamente y tuvo que esperar desde la una de la tarde hasta las ocho de la noche, para que les dieran cama, donde por atravesarse el fin de semana solo había médicos de guardia y solamente se le suministraron antibióticos para controlar el dolor, sin recibir un formal informe médico.

Angustiado y molesto comentó, que aún no le han realizado los estudios pertinentes para que su mamá sea valorada y saber cuándo será intervenida quirúrgicamente.

Denunció que ninguna representante de la empresa de la ruta transportista se ha presentado ha dar la cara a las víctimas y que su mamá recibe atención debido a que es derechohabiente por su trabajo.

Por estos hechos, Braulio, exige a los involucrados en el accidente asumir las consecuencias de los daños que causaron y a la Secretaria de Movilidad del Estado de México la llamó a actuar para verificar que las unidades estén en buen estado y que los conductores del volante cuenten con las condiciones necesaria para brindar el servicio.

-Con información de Afondoedomex

(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / 26 DE JULIO 2018)

PERIODISTAS MEXICANOS SON ACOSADOS EN REDES POR “MERCENARIOS” PAGADOS POR “DÉSPOTAS”: REPORTEROS SIN FRONTERAS


Las campañas de acoso a periodistas a través de las redes sociales, llevadas a cabo por individuos, grupos aislados u orquestadas por regímenes autoritarios, suponen una nueva amenaza a la libertad de prensa, sobre todo para las mujeres y los periodistas de investigación, según un informe difundido este jueves por la organización no gubernamental internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF).

“Es un fenómeno que se propaga a escala mundial y que constituye una de las peores amenazas contra la libertad de prensa”, indicó el secretario general de RSF, Christopher Deloire, quien abundó que algunos regímenes totalitarios “crean verdaderos ejércitos de acosadores para atacar y debilitar a quienes investigan honestamente los hechos”.

“Esos déspotas dejan que sus mercenarios apunten a los periodistas y les disparen fuego real en el terreno virtual como otros hacen en el terreno de la guerra”, indicó Deloire. Según RSF el sistema que utilizan los acosadores consiste, en un primer momento, en ahogar el contenido periodístico con falsas noticias y contenidos en favor del régimen.

Después, dichas noticias son “enaltecidas artificialmente mediante comentaristas a sueldo de los Estados” y, en tercer lugar, se lanzan campañas de intimidación a los periodistas adversos para acallarlos, por lo que muchos periodistas autocensuran su información para evitar estas campañas.

La organización internacional ha detectado y documentado casos de acoso en línea de periodistas en 32 países, que ponen de manifiesto campañas de odio orquestadas por regímenes autoritarios o represivos como China, Rusia, India, Turquía, Vietnam, Irán o Argelia.

En otros casos, como en México, afirmó RSF, son comunidades de individuos los responsables de esas campañas, algo que sucede también en países que gozan de buena salud en cuanto a la libertad de prensa, como Suecia o Finlandia, señaló el informe.

Apenas el lunes y el martes, fueron asesinados los periodistas Luis Pérez García -de un golpe en el cráneo por unos sujetos desconocidos que entraron en su domicilio particular en Iztapalapa, Ciudad de México-, y Rubén Pat Cahuich -quien era director del portal web Semanario Playa News, en Playa del Carmen (municipio de Solidaridad), en Quintana Roo-, respectivamente.

-Con información de EFE.


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  CARLOS ÁLVAREZ/ JUEVES, 26 JULIO, 2018 08:46 AM)

INVESTIGAR LA SISTEMÁTICA (E IMPUNE) CORRUPCIÓN DE PEMEX



Petróleos Mexicanos y la corrupción. Foto: Cuartoscuro.

La corrupción en Petróleos Mexicanos ha sido sistemática.

Desde pagos de cirugías estéticas con los dineros de la paraestatal, becas para los parientes de directivos, sospechosas y altísimas rentas de barcos, buques, plataformas; nepotismo en la asignación de contratos, moches sobre las transacciones con recursos públicos, hasta los muy recientes y graves casos de corrupción denunciados por particulares, periodistas e investigadores, pero no investigados por la autoridad.

En el sexenio del panista Vicente Fox Quesada, los hermanos Bribiesca, hijos de Martha Sahagún, fueron harto señalados de lucraron desde su privilegiada posición para que fueran adjudicados contratos a la empresa Oceanografía, lo cual lograron no sin la ayuda de los directivos de Petróleos Mexicanos. Además los contratos otorgados a la empresa familiar de quien fue Secretario de Gobernación con Felipe calderón Hinojosa, Juan Camilo Muriño. Años después la onerosa beca otorgada al hijo del hoy gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y por supuesto el notorio caso de los sobornos de Odebrecht ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, casos todos (y los desconocidos) que suman por lo menos 18 años de corrupción en Petróleos Mexicanos.

En ninguno ha habido sanciones, ni investigaciones ministeriales que procesen y lleven a sentencias judiciales a los sospechosos. En Pemex la impunidad ha imperado por todo lo alto.

Aun cuando el virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró durante la campaña que no investigaría personalmente los actos de corrupción de Enrique Peña Nieto y su séquito de colaboradores, es pertinente que las instituciones encargadas de ello durante la próxima administración, sí lo hagan. Evadir esa responsabilidad, no castigar la corrupción, sería un mal mensaje para los empresarios que han sido sobornados, los inversionistas a los que les han pedido moches, y las compañías que restan a la utilidad la comisión que han de darle al alto funcionario del gobierno federal para poder seguir operando.

Al caso de Odebrecht en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, en cual directivos de la compañía brasileña aceptaron y declararon oficialmente en tribunales de Brasil, haber pagado sobornos a Emilio Lozoya Austin para obtener contratos, y a quien conocieron incluso durante la campaña de Peña a la Presidencia y antes que Lozoya se convirtiera en director de Petróleos Mexicanos, hoy se suma otro. El caso Oro Negro.

Accionistas de la naviera Oro Negro radicados en Europa y los Estados Unidos, han denunciado públicamente que directivos de Pemex afectaron sus operaciones y relaciones de negocios con el gobierno federal, cuando se negaron a participar en actos de corrupción.

De hecho aseguran que poseen “grabaciones (que) revelan que altos funcionarios de Pemex y del gobierno mexicano a menudo recibían sobornos de otros contratistas de Pemex”.

La compañía Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, S.A.P.I. de C.V., posee y renta cinco plataformas de perforación extraterritoriales a Petróleos Mexicanos. Para darse una idea, reportes emitidos por transparencia y publicados en la Internet, indican que en dos años, de diciembre de 2012 a diciembre de 2014, justo al inicio del sexenio de Peña Nieto, PEMEX Exploración y Producción, realizó 49 adjudicaciones directas a 27 empresas (entre las que se encuentra Oro Negro) para rentar plataformas por un monto de 104 mil 84 millones 545 mil pesos, de acuerdo al portal de Contralínea y a datos del portal de transparencia de la paraestatal.

El negocio de las plataformas es pues, multimillonario. De ahí la proclividad a la corrupción con métodos que van desde solicitar porcentajes de la adjudicación, del precio del arrendamiento mensual, hasta de una parte de las utilidades de la empresa depositadas a terceros.

El 19 de julio en el periódico The New York Times, de los Estados Unidos, fue publicado un desplegado por parte de los accionistas estadounidenses y europeos de Oro Negro –retomado el martes en México por la periodista Carmen Aristegui- donde acusan haber sido denunciados, denostados, afectados en sus transacciones comerciales y puesto en aprietos económicos por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, por Pemex, lo cual sucedió cuando se negaron a participar en actos de corrupción, al negarse a pagar sobornos para que contratos les fueran adjudicados.

Aseguran sobre la investigación contra la compañía que representan: “… es una investigación infundada en represalia por las demandas que los accionistas estadounidenses de Oro Negro presentaron contra México el mes pasado, en donde alegan que México intentó sacar a Oro Negro del negocio porque la empresa se negó a participar en el patrón endémico de corrupción de México y Pemex, al negarse a pagar sobornos por los contratos de Pemex”.

El caso no es difícil de visualizar dados los antecedentes en los sexenios de Fox, Calderón y el propio Peña, por mencionar a los menos –insisto-. Sobornos, Pemex, contratos, corrupción, son palabras que suelen ir ligadas además de escucharse reales, aun cuando no en México pero sí en otros países, se realizan investigaciones ministeriales al respecto.

Los accionistas de Oro Negro también denuncian públicamente una situación que tampoco le parecerá extraña. Dicen, cuando se refieren a la presión del Estado y la corrupción en el actual gobierno: “México, a menudo, no muestra ningún respeto por el Estado de Derecho y con frecuencia utiliza todos sus órganos, incluidas las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, a su discreción y para destruir a aquellos que se niegan a participar en la corrupción”. Lamentable pero cierto, y hay casos de sobra.

Explican para quien los lea más allá de sus fronteras, que en Petróleos Mexicanos los afectaron a partir de 2015 (en 2014 sí obtuvieron contratos de acuerdo a los datos de transparencia), cuando les redujeron las tarifas en tres contratos y les cancelaron dos, hasta llegar en 2017 a la cancelación de todos los contratos, justifican que esto sucedió debido a que “Pemex buscó destruir a Oro Negro porque la empresa se rehusó a participar en su corrupción”.

Lo mejor de todo si resulta verdad, es que los accionistas redactan en el desplegado del 19 de julio, que los inversionistas de los Estados Unidos poseen grabaciones (no especifican si de audio, video, o ambas) “de altos y antiguos funcionarios de Pemex que admiten que Petróleos Mexicanos destruyó a Oro Negro porque Oro Negro se niega a pagar sobornos”. También que en las grabaciones se revela que funcionarios de Pemex y del Gobierno Federal que encabeza Enrique Peña Nieto, recibían sobornos por parte otros contratistas de la paraestatal.

De igual manera que está documentado cómo en las mismas condiciones de infraestructura y propuesta, otras compañías fueron beneficiadas por Pemex al tiempo que Oro Negro estaba siendo afectada. Las denuncias presentadas por la compañía buscan resarcir el daño que el hostigamiento por parte de funcionarios de Pemex al no aceptar pagarles sobornos, ha causado a la compañía, lo cual sumando cuentas, tasan en unos mil millones de dólares.

Desde Petróleos Mexicanos han lanzado una respuesta al desplegado, pero no lo hicieron el 19 de julio cuando se publicó en el diario neoyorkino, sino el 23 de julio cuando dicho documento fue leído por la periodista Aristegui, hasta entonces reaccionaron sobre una acusación que ya tenía cinco días denunciada públicamente. Retaron los gobiernistas a los accionistas a presentar las grabaciones incriminatorias que dicen tener, para “evaluar su autenticidad y relevancia”.

Además, que “a diferencia de todos los demás proveedores, Oro Negro tomó la decisión unilateral de rechazar los términos de Pemex y decidió iniciar el proceso para declararse en bancarrota”.

Ante la poca credibilidad que tienen los actuales funcionarios de Pemex, la corrupción que de manera sistemática se ha originado en esa paraestatal en los últimos 18 años, los sobornos y los actos de corrupción denunciados ahora no están fuera de la lógica del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el cual se ha caracterizado por eso, además de por utilizar a las instituciones para presionar, y proveer impunidad a los funcionarios señalados en actos deshonestos.

Por eso es necesario, preponderante y urgente, que al tomar posesión en la próxima administración federal, se investigue la corrupción de todo el sexenio peñanietista, particularmente los sobornos en Pemex. Lo cual podría dar certeza para que otros sobornados que no se animan a hacer lo que los accionistas de Oro Negro, se decidan a dejar de pagar sobornos, a denunciar la corrupción, y a evidenciar la podredumbre en el actual sexenio.

Dejar de lado estos casos de corrupción, no investigarlos, significará la continuidad de un sistema que está fundado en la corrupción. Y eso no es lo que prometió el próximo presidente.

(SIN EMBARGO/ ADELA NAVARRO BELLO/ 25 DE JULIO 2018)

EL CÓNSUL DE SAN BERNARDINO SE APROPIA DE FONDOS DE LOS MIGRANTES


Aprovechándose de los ataques de Donald Trump a los migrantes mexicanos, de amistades políticas y de la irresponsabilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el priista Enrique Salomón Rosas Ramírez, cónsul de México en San Bernardino, California, y amigo del exgobernador de Chihuahua César Duarte, creó una sospechosa organización para embolsarse 30 mil dólares que habían sido destinados a la defensa de los connacionales en Estados Unidos.

WASHINGTON (Proceso).- Con documentos oficiales, copias de contratos, evidencias fotográficas y declaraciones de funcionarios mexicanos, Proceso desmadeja la estratagema de robo del cónsul Enrique Salomón Rosas Ramírez –quien se dice amigo de César Duarte, al cual se atribuye un desfalco superior a los 3 mil millones de pesos al erario estatal durante su gestión como gobernador en Chihuahua– para exponer un caso de corrupción evidente y hurto de 30 mil dólares destinados a la defensa de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.

Oriundo de Tamaulipas y enviado el 1 de mayo de 2016 como cónsul de México a San Bernardino por la entonces canciller Claudia Ruiz Massieu, Rosas Ramírez aprovechó la falta de rigurosidad para auditar el uso legal de los recursos de las dependencias diplomáticas en Estados Unidos por parte de Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para embolsarse tranquilamente los 30 mil dólares.

En enero de 2017 y frente al endurecimiento de la política migratoria y ataques sin fundamento a los migrantes mexicanos provenientes del presidente Trump, el gobierno de Enrique Peña Nieto destinó mil millones de pesos para que se repartieran entre los 50 consulados de México en territorio estadunidense.

Los recursos enviados a través de la SRE tenían como objetivo único cubrir los costos de la contratación de abogados migratorios y organizaciones civiles avaladas por el gobierno de Trump para representar y asesorar a los indocumentados mexicanos afectados por la política migratoria del mandatario republicano.

La asesoría legal de abogados y organizaciones civiles serviría para asistir a los migrantes en caso de que tuvieran posibilidades de resolver su situación irregular de residencia en Estados Unidos.

Con la canalización de los recursos la cancillería bajo las órdenes de Videgaray estableció el programa Fortalecimiento a la Atención de Migrantes en Estados Unidos (FAMEU), como lo define el oficio PME104 667.17 de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior (DGPME).

EL DOCUMENTO DE VIDEGARAY

Con fecha 27 de abril de 2017, la SRE emitió en un comunicado oficial dirigido a los 50 consulados la Bitácora de Actividades que detalla los requisitos para la contratación de abogados migratorios y de las organizaciones civiles.

En el numeral tres, que alude a los “requisitos” para la suscripción de los contratos, el documento indica: “La organización deberá contar con la debida acreditación ante el Board of Immigration Appeals (BIA) o a partir de enero de 2017, por la Office of Legal Acces Programa (OLAP), para todos los temas que involucren el ámbito migratorio. Se deberá incluir una impresión de pantalla en la que aparezca el nombre de la organización y fecha de impresión… NO/no se autorizará la contratación de servicios si no cumplen con todos los requisitos arriba señalados”.

Bajo el esquema formulado por Videgaray, todas las organizaciones que se integraran al FAMEU tendrían que impartir dos tipos de talleres de asesoramiento a la comunidad migrante. Uno, para que conocieran sus derechos sobre las acciones constitucionales estadunidenses; otro para elaborar diagnósticos migratorios y especificar las vías legales a los casos de irregularidad de residencia.

El oficio de la SRE dejaba perfectamente claro a los titulares de los 50 consulados que era requisito indispensable que las organizaciones civiles contratadas contaran con el aval del Departamento de Justicia de Estados Unidos por medio del BIA para que, con ello, se garantizara la legalidad de sus acciones y evitara algún fraude migratorio.

Cada uno de los consulados, se suponía, exigiría a las organizaciones civiles para la impartición de los talleres los documentos que las acreditan ante la BIA y evidencia documental de las actividades y eventos para poder comprobar que cumplían con el asesoramiento a los migrantes mexicanos.

En cumplimiento de la orden de la SRE, Rosas Ramírez instruyó al personal del consulado en San Bernardino a que ponderara los posibles abogados migratorios y organizaciones civiles que deberían contratar.

En agosto de 2017 quedó conformada la lista de los asesores, en la que Rosas Ramírez ordenó personalmente que se incluyera a la organización Caminemos Juntos USA-MEX, junto con las otras siete y las cuatro firmas de abogados migratorios con las que se signaron convenios de prestación de servicios.

Además de esa agrupación, las demás contratadas por el consulado en San Bernardino fueron: Mision Hispana Foundation, The Carolyn E. Wylie Center for Children Youth and Families, LULAC of Riverside Council 3190, CONORCO de Michoacán Tata Vasco de Quiroga, San Bernardino Community Service Center, INC., Todev Legan Center, INC. y Ponoma Economic Opportunity Center.

Los despachos de abogados migratorios contratados son Immigration Law Offices of Hadley Bajramovic PC, Jesus Eduardo Arias ESQ., LLM, Elyse Kaplan Law, Beaman Law, Garcia Immigration Law Group APLC y The Law Offices of Rosa Elena Sahagún.

Con la excepción de Caminemos Juntos USA-MEX, todas las organizaciones civiles y los despachos legales contratados por el consulado en San Bernardino cuentan cabalmente con los requisitos irrevocables definidos por la SRE.

UNA ORGANIZACIÓN SIN REGISTRO

La organización integrada por Rosas Ramírez a la lista de asesores no tiene registro del BIA; como presidente funge su amigo Fernando Guzmán Aparicio, quien aun cuando afirma que la agrupación tiene 10 años de experiencia en la zona de San Bernardino, ésta fue dada de alta el 2 junio de 2017 ante el sistema tributario estadunidense (Internal Revenue Service).

Como corroboró Proceso al revisar los documentos legales registrados ante el gobierno de Estados Unidos, la organización civil designada por Rosas Ramírez se creó oficialmente unos días antes de que se erogaran los mil millones de pesos en el FAMEU, que duraría de junio a diciembre del año pasado.

Este semanario confirmó que otra irregularidad de Caminemos Juntos USA-MEX, además de su inexistente historial de atención a la comunidad migrante es que la razón social en la que supuestamente se encuentran sus oficinas “de fácil acceso” al público ubicadas en el 26188 Mountain Ranch Road, Moreno Valley, California, código postal 9255, es en realidad el domicilio donde vive Guzmán Aparicio.

Se trata de una casa habitación en una zona de difícil acceso, ya que se ubica dentro de un vecindario para uso no comercial. En la casa se observan los Mercedes-Benz propiedad del presidente de Caminemos Juntos USA-MEX.

El 14 de julio de 2017, el Departamento Migratorio del consulado mexicano en San Bernardino le envió una carta a Guzmán Aparicio en la cual le solicitó el registro de su organización ante el estado de California, sobre todo porque no contaba con el BIA, y pese a todo recibió los 30 mil dólares que le asignó y autorizó Rosas Ramírez para la impartición de talleres a los migrantes mexicanos.

“Nuestras oficinas, ubicadas en la ciudad de Moreno Valley, son de fácil acceso para los usuarios, sin embargo, aclaro que, debido al volumen de asistentes en los talleres que desarrollamos, éstos se llevan a cabo fuera de nuestras oficinas, en salones de eventos y aulas escolares de nuestras organizaciones aliadas”, respondió Guzmán Ramírez al consulado.

Otra de las evidencias del caso de corrupción en San Bernardino quedó constatada en declaraciones al reportero hechas por personal del consulado mexicano que pidió el anonimato por temor a represalias de la SRE.

“A partir de que Caminemos Juntos USA-MEX firmara el contrato, corroboramos y fuimos testigos de cómo el empleado local Mario Santiago recolectaba firmas entre las personas que acudían al consulado para realizar cualquier trámite. Caminemos Juntos USA-MEX utilizó esas firmas recolectadas dentro del consulado como presunta evidencia de que impartía los talleres bajo el argumento de que quienes lo recibieron imprimieron su firma como comprobación de haberlos recibido”, expone a Proceso uno de los denunciantes y testigo de los hechos.

Es inexplicable por qué razón la cancillería a cargo de Videgaray obvió el incumplimiento de condiciones por parte de Caminemos Juntos USA-MEX, pese a haber recibido los documentos oficiales que lo comprueban al momento de que el consulado a cargo de Rosas Ramírez le entregó la lista y documentación de las ocho organizaciones civiles y seis despachos migratorios que contrató.

LOS CONTRATOS

Este semanario tiene copia de los dos contratos asignados a Caminemos Juntos USA-MEX y de toda comunicación oficial entre el consulado en San Bernardino con Guzmán Aparicio, así como los oficios de la SRE.

Respecto a las otras siete organizaciones civiles contratadas por el consulado a cargo del priista tamaulipeco, todas presentaron sus registros como tales ante el estado de California, su acreditación con el BIA y su historial como impartidoras de servicios comunitarios en esa región Este de Estados Unidos.

Desde que llegó como titular del consulado de San Bernardino, Rosas Ramírez se ha caracterizado por su prepotencia, abuso de poder y uso de recursos públicos y del personal diplomático para su beneficio.

Los funcionarios que hablaron con Proceso rememoran que en julio de 2016, a sólo tres meses de asumir como cónsul, el amigo del exgobernador César Duarte –quien se encuentra prófugo– organizó un singular convivio con motivo de su cumpleaños, amenizado por un grupo de mariachis.

La fiesta se efectuó en horas de oficina, según las fotografías entregadas al reportero, y utilizó a personal del consulado para amenizar el evento, lo que provocó malestar entre funcionarios de la sede diplomática.

En una de las fotos se observa a una funcionaria del Departamento de Poderes Notariales del consulado bailando con Hugo René Oliva Romero, el cónsul adscrito.

Los excesos del festejado no tuvieron límite. Puso a cantar a Martín Barbosa, encargado del Departamento del Registro Civil, tras enterarse de que su subalterno canta por las noches en un restaurante mexicano de la zona de la circunscripción del consulado.

Silvia Elena Segovia Trujillo y Rocío Carolina Valdez Galaviz, dos empleadas, fueron habilitadas por Rosas Ramírez como meseras y les tocó repartir el pastel que, al igual que las bebidas y el pago al grupo de mariachis, salieron del Departamento de Administración del consulado mexicano en San Bernardino.

El político priista tamaulipeco transformado por el gobierno de Peña Nieto en diplomático ante el gobierno de Estados Unidos cobra 7 mil dólares al mes. Además, el gobierno federal le paga su vivienda y tiene asignado un vehículo oficial por el que no paga ni el combustible que consume.

El presidente de Caminemos Juntos USA-MEX presume de su amistad con Rosas Ramírez y de llevar una vida envidiable en Estados Unidos como presidente de una organización civil creada apenas hace un año y supuestamente dedicada a asistir a la comunidad migrante.

El miércoles 18, Proceso se comunicó con la oficina del cónsul de México en San Bernardino para escuchar su versión sobre los hechos y el contenido de los documentos que aquí se describen.

En un primer intento, su asistente personal tomó nota de la solicitud del reportero, y explicó: “El cónsul no se encuentra en este momento en sus oficinas”.

Horas después, la asistente personal de Rosas Ramírez se comunicó con el corresponsal para informarle que el cónsul estaría “ausente dos semanas por vacaciones”. Y cuando se le pidió notificarle sobre la intención de Proceso de publicar un reportaje sobre Caminemos Juntos USA-MEX y solicitarle su versión, la asistente se comprometió a pasarle el recado.

Hasta el cierre de esta edición, Rosas Ramírez no devolvió la llamada.

Este reportaje se publicó el 22 de julio de 2018 en la edición 2177 de la revista Proceso.

(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ J. JESÚS ESQUIVEL/ 26 JULIO, 2018)