Aprovechándose de los ataques de Donald
Trump a los migrantes mexicanos, de amistades políticas y de la
irresponsabilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el priista Enrique
Salomón Rosas Ramírez, cónsul de México en San Bernardino, California, y amigo
del exgobernador de Chihuahua César Duarte, creó una sospechosa organización
para embolsarse 30 mil dólares que habían sido destinados a la defensa de los
connacionales en Estados Unidos.
WASHINGTON (Proceso).- Con
documentos oficiales, copias de contratos, evidencias fotográficas y
declaraciones de funcionarios mexicanos, Proceso desmadeja la estratagema de
robo del cónsul Enrique Salomón Rosas Ramírez –quien se dice amigo de César
Duarte, al cual se atribuye un desfalco superior a los 3 mil millones de pesos
al erario estatal durante su gestión como gobernador en Chihuahua– para exponer
un caso de corrupción evidente y hurto de 30 mil dólares destinados a la
defensa de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.
Oriundo de Tamaulipas y enviado
el 1 de mayo de 2016 como cónsul de México a San Bernardino por la entonces
canciller Claudia Ruiz Massieu, Rosas Ramírez aprovechó la falta de rigurosidad
para auditar el uso legal de los recursos de las dependencias diplomáticas en
Estados Unidos por parte de Luis Videgaray, titular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE), para embolsarse tranquilamente los 30 mil dólares.
En enero de 2017 y frente al
endurecimiento de la política migratoria y ataques sin fundamento a los
migrantes mexicanos provenientes del presidente Trump, el gobierno de Enrique
Peña Nieto destinó mil millones de pesos para que se repartieran entre los 50
consulados de México en territorio estadunidense.
Los recursos enviados a
través de la SRE tenían como objetivo único cubrir los costos de la
contratación de abogados migratorios y organizaciones civiles avaladas por el
gobierno de Trump para representar y asesorar a los indocumentados mexicanos
afectados por la política migratoria del mandatario republicano.
La asesoría legal de abogados
y organizaciones civiles serviría para asistir a los migrantes en caso de que
tuvieran posibilidades de resolver su situación irregular de residencia en
Estados Unidos.
Con la canalización de los
recursos la cancillería bajo las órdenes de Videgaray estableció el programa
Fortalecimiento a la Atención de Migrantes en Estados Unidos (FAMEU), como lo
define el oficio PME104 667.17 de la Dirección General de Protección a
Mexicanos en el Exterior (DGPME).
EL DOCUMENTO DE VIDEGARAY
Con fecha 27 de abril de
2017, la SRE emitió en un comunicado oficial dirigido a los 50 consulados la
Bitácora de Actividades que detalla los requisitos para la contratación de
abogados migratorios y de las organizaciones civiles.
En el numeral tres, que alude
a los “requisitos” para la suscripción de los contratos, el documento indica:
“La organización deberá contar con la debida acreditación ante el Board of
Immigration Appeals (BIA) o a partir de enero de 2017, por la Office of Legal
Acces Programa (OLAP), para todos los temas que involucren el ámbito
migratorio. Se deberá incluir una impresión de pantalla en la que aparezca el
nombre de la organización y fecha de impresión… NO/no se autorizará la
contratación de servicios si no cumplen con todos los requisitos arriba
señalados”.
Bajo el esquema formulado por
Videgaray, todas las organizaciones que se integraran al FAMEU tendrían que
impartir dos tipos de talleres de asesoramiento a la comunidad migrante. Uno,
para que conocieran sus derechos sobre las acciones constitucionales
estadunidenses; otro para elaborar diagnósticos migratorios y especificar las
vías legales a los casos de irregularidad de residencia.
El oficio de la SRE dejaba
perfectamente claro a los titulares de los 50 consulados que era requisito
indispensable que las organizaciones civiles contratadas contaran con el aval
del Departamento de Justicia de Estados Unidos por medio del BIA para que, con
ello, se garantizara la legalidad de sus acciones y evitara algún fraude
migratorio.
Cada uno de los consulados,
se suponía, exigiría a las organizaciones civiles para la impartición de los
talleres los documentos que las acreditan ante la BIA y evidencia documental de
las actividades y eventos para poder comprobar que cumplían con el
asesoramiento a los migrantes mexicanos.
En cumplimiento de la orden
de la SRE, Rosas Ramírez instruyó al personal del consulado en San Bernardino a
que ponderara los posibles abogados migratorios y organizaciones civiles que
deberían contratar.
En agosto de 2017 quedó
conformada la lista de los asesores, en la que Rosas Ramírez ordenó
personalmente que se incluyera a la organización Caminemos Juntos USA-MEX,
junto con las otras siete y las cuatro firmas de abogados migratorios con las
que se signaron convenios de prestación de servicios.
Además de esa agrupación, las
demás contratadas por el consulado en San Bernardino fueron: Mision Hispana
Foundation, The Carolyn E. Wylie Center for Children Youth and Families, LULAC
of Riverside Council 3190, CONORCO de Michoacán Tata Vasco de Quiroga, San
Bernardino Community Service Center, INC., Todev Legan Center, INC. y Ponoma
Economic Opportunity Center.
Los despachos de abogados
migratorios contratados son Immigration Law Offices of Hadley Bajramovic PC,
Jesus Eduardo Arias ESQ., LLM, Elyse Kaplan Law, Beaman Law, Garcia Immigration
Law Group APLC y The Law Offices of Rosa Elena Sahagún.
Con la excepción de Caminemos
Juntos USA-MEX, todas las organizaciones civiles y los despachos legales
contratados por el consulado en San Bernardino cuentan cabalmente con los
requisitos irrevocables definidos por la SRE.
UNA ORGANIZACIÓN SIN REGISTRO
La organización integrada por
Rosas Ramírez a la lista de asesores no tiene registro del BIA; como presidente
funge su amigo Fernando Guzmán Aparicio, quien aun cuando afirma que la
agrupación tiene 10 años de experiencia en la zona de San Bernardino, ésta fue
dada de alta el 2 junio de 2017 ante el sistema tributario estadunidense
(Internal Revenue Service).
Como corroboró Proceso al
revisar los documentos legales registrados ante el gobierno de Estados Unidos,
la organización civil designada por Rosas Ramírez se creó oficialmente unos
días antes de que se erogaran los mil millones de pesos en el FAMEU, que
duraría de junio a diciembre del año pasado.
Este semanario confirmó que
otra irregularidad de Caminemos Juntos USA-MEX, además de su inexistente historial
de atención a la comunidad migrante es que la razón social en la que
supuestamente se encuentran sus oficinas “de fácil acceso” al público ubicadas
en el 26188 Mountain Ranch Road, Moreno Valley, California, código postal 9255,
es en realidad el domicilio donde vive Guzmán Aparicio.
Se trata de una casa
habitación en una zona de difícil acceso, ya que se ubica dentro de un
vecindario para uso no comercial. En la casa se observan los Mercedes-Benz
propiedad del presidente de Caminemos Juntos USA-MEX.
El 14 de julio de 2017, el
Departamento Migratorio del consulado mexicano en San Bernardino le envió una
carta a Guzmán Aparicio en la cual le solicitó el registro de su organización
ante el estado de California, sobre todo porque no contaba con el BIA, y pese a
todo recibió los 30 mil dólares que le asignó y autorizó Rosas Ramírez para la
impartición de talleres a los migrantes mexicanos.
“Nuestras oficinas, ubicadas
en la ciudad de Moreno Valley, son de fácil acceso para los usuarios, sin
embargo, aclaro que, debido al volumen de asistentes en los talleres que
desarrollamos, éstos se llevan a cabo fuera de nuestras oficinas, en salones de
eventos y aulas escolares de nuestras organizaciones aliadas”, respondió Guzmán
Ramírez al consulado.
Otra de las evidencias del
caso de corrupción en San Bernardino quedó constatada en declaraciones al
reportero hechas por personal del consulado mexicano que pidió el anonimato por
temor a represalias de la SRE.
“A partir de que Caminemos
Juntos USA-MEX firmara el contrato, corroboramos y fuimos testigos de cómo el
empleado local Mario Santiago recolectaba firmas entre las personas que acudían
al consulado para realizar cualquier trámite. Caminemos Juntos USA-MEX utilizó
esas firmas recolectadas dentro del consulado como presunta evidencia de que
impartía los talleres bajo el argumento de que quienes lo recibieron
imprimieron su firma como comprobación de haberlos recibido”, expone a Proceso
uno de los denunciantes y testigo de los hechos.
Es inexplicable por qué razón
la cancillería a cargo de Videgaray obvió el incumplimiento de condiciones por
parte de Caminemos Juntos USA-MEX, pese a haber recibido los documentos
oficiales que lo comprueban al momento de que el consulado a cargo de Rosas
Ramírez le entregó la lista y documentación de las ocho organizaciones civiles
y seis despachos migratorios que contrató.
LOS CONTRATOS
Este semanario tiene copia de
los dos contratos asignados a Caminemos Juntos USA-MEX y de toda comunicación
oficial entre el consulado en San Bernardino con Guzmán Aparicio, así como los
oficios de la SRE.
Respecto a las otras siete
organizaciones civiles contratadas por el consulado a cargo del priista
tamaulipeco, todas presentaron sus registros como tales ante el estado de
California, su acreditación con el BIA y su historial como impartidoras de
servicios comunitarios en esa región Este de Estados Unidos.
Desde que llegó como titular
del consulado de San Bernardino, Rosas Ramírez se ha caracterizado por su
prepotencia, abuso de poder y uso de recursos públicos y del personal
diplomático para su beneficio.
Los funcionarios que hablaron
con Proceso rememoran que en julio de 2016, a sólo tres meses de asumir como
cónsul, el amigo del exgobernador César Duarte –quien se encuentra prófugo–
organizó un singular convivio con motivo de su cumpleaños, amenizado por un
grupo de mariachis.
La fiesta se efectuó en horas
de oficina, según las fotografías entregadas al reportero, y utilizó a personal
del consulado para amenizar el evento, lo que provocó malestar entre
funcionarios de la sede diplomática.
En una de las fotos se
observa a una funcionaria del Departamento de Poderes Notariales del consulado
bailando con Hugo René Oliva Romero, el cónsul adscrito.
Los excesos del festejado no
tuvieron límite. Puso a cantar a Martín Barbosa, encargado del Departamento del
Registro Civil, tras enterarse de que su subalterno canta por las noches en un
restaurante mexicano de la zona de la circunscripción del consulado.
Silvia Elena Segovia Trujillo
y Rocío Carolina Valdez Galaviz, dos empleadas, fueron habilitadas por Rosas Ramírez
como meseras y les tocó repartir el pastel que, al igual que las bebidas y el
pago al grupo de mariachis, salieron del Departamento de Administración del
consulado mexicano en San Bernardino.
El político priista
tamaulipeco transformado por el gobierno de Peña Nieto en diplomático ante el
gobierno de Estados Unidos cobra 7 mil dólares al mes. Además, el gobierno
federal le paga su vivienda y tiene asignado un vehículo oficial por el que no
paga ni el combustible que consume.
El presidente de Caminemos
Juntos USA-MEX presume de su amistad con Rosas Ramírez y de llevar una vida
envidiable en Estados Unidos como presidente de una organización civil creada
apenas hace un año y supuestamente dedicada a asistir a la comunidad migrante.
El miércoles 18, Proceso se
comunicó con la oficina del cónsul de México en San Bernardino para escuchar su
versión sobre los hechos y el contenido de los documentos que aquí se
describen.
En un primer intento, su
asistente personal tomó nota de la solicitud del reportero, y explicó: “El
cónsul no se encuentra en este momento en sus oficinas”.
Horas después, la asistente
personal de Rosas Ramírez se comunicó con el corresponsal para informarle que
el cónsul estaría “ausente dos semanas por vacaciones”. Y cuando se le pidió
notificarle sobre la intención de Proceso de publicar un reportaje sobre
Caminemos Juntos USA-MEX y solicitarle su versión, la asistente se comprometió
a pasarle el recado.
Hasta el cierre de esta
edición, Rosas Ramírez no devolvió la llamada.
Este reportaje se publicó el 22 de julio
de 2018 en la edición 2177 de la revista Proceso.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ J. JESÚS ESQUIVEL/ 26
JULIO, 2018)
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