Por más riesgos demostrados, los
proyectos mineros en México parecen imbatibles. Es un lugar común su
resurgimiento, después de haber sido detenidos por la presión de la sociedad.
Reaparecen con ligeras modificaciones, pero con el mismo impacto potencial en
los pueblos. Eso ocurrió con La Paila, de la minera Caballo Blanco, en Alto
Lucero, Veracruz. En 2017, la Semarnat resolvió no darle permiso para extraer
oro después de una evaluación de riesgo ambiental. Y se fue. Pero ahora ha
vuelto, acaso con más fuerza.
En mayo, el consultor de la minera,
filial de la canadiense Candelaria Mining Corp., reveló que los planes siguen
firmes. La compañía quiere renovar los trabajos y en unos ocho años, obtener
hasta 20 toneladas del metal. Dijo que el proyecto está avalado por nuevos
estudios que indican que los trabajos no dañarán el medio ambiente y en cambio,
harán brillar a Veracruz.
Pero en Alto Lucero no hay quien hable
bien de este tajo por construirse a cielo abierto. Señalan que es capaz de
dañar los suelos, el agua y la biodiversidad. Hay algo más. Estará ubicado
apenas a tres kilómetros de la central nucleoeléctrica Laguna Verde, lo que
hace que todos los pueblos estén a expensas de una emergencia radiológica.
DÉCIMA Y ÚLTIMA ENTREGA DE UNA SERIE
Flavia Morales y José Antonio Villagrán
Alto Lucero, Veracruz, 25 de
julio (SinEmbargo).- Era la década de los 80, del siglo pasado, cuando en Palma
Sola, comunidad costera de Veracruz, las plazas se llenaban para protestar en
contra de la construcción de la central nuclear Laguna Verde.
Aunque los habitantes
bloquearon la carretera costera 180 por más de una semana, su voz no hizo eco y
fueron desalojados por la fuerza del Ejército. En 1990, la planta entró en
operaciones.
Han pasado 28 años desde
entonces, y Mario Landa Viveros, comisario ejidal de la comunidad de Mesa de
veinticuatro en Alto Lucero, dice que nunca imaginó una nueva amenaza para su
pueblo.
A unos kilómetros de su
comunidad ubicada en lo alto de los cerros frente al mar, el proyecto minero a
cielo abierto para la explotación de oro en el cerro La Paila, interrumpe su
tranquilidad.
“No queremos el proyecto, no
queremos dinero, hemos vivido sin ninguna minera, tranquilos con nuestra vida,
si llegan todo se va a secar”, exclama.
La preocupación no es menor.
A poco más de tres kilómetros de la planta nuclear y a cuatro del reactor
principal, se planea el tajo a cielo abierto, ahora en manos de la Minera
Caballo Blanco, filial de la canadiense Candelaria Mining Corp.
Mario Landa Viveros, comisariado ejidal
en Alto Lucero, rechaza los proyectos mineros en la comunidad. Foto: Óscar
Martínez López, AVC
La presencia de los “mineros”
no es desconocida en la región, desde hace más de 20 años los han visto ir y
venir, haciendo exploraciones, pero desde 2012 su actividad se ha
intensificado. En dos ocasiones han intentado obtener el permiso para explotar
oro, plata y cobre de su territorio.
El proyecto ha estado en
manos de tres mineras canadienses desde 1995, cuando fue descubierta la veta de
oro. Se trata de Gold Group, Timmins Gold Corp y Candelaria Mining. La Paila
tiene 12 concesiones por 50 años cada una, en 19 mil hectáreas de terrenos de
Actopan y Alto Lucero.
A lo largo de estos años han
adquirido terrenos en propiedad y otros los han rentado.
En 2011, cuando obtuvieron el
permiso para los primeros seis socavones, el entonces Alcalde de Alto Lucero,
Lucio Castillo, les rentó su terreno para el paso principal y aceptó un cheque
por 300 mil pesos y la promesa de mejorar los caminos de la región.
Divididos por la carretera
costera 180 Veracruz- Poza Rica, los pueblos de la montaña y el mar, viven del
campo, la ganadería, la pesca y pequeños comercios al pie de carretera, la idea
de una mina en su territorio los tiene atemorizados.
Alto Lucero, recursos naturales en
riesgo por las mineras canadienses. Foto: Óscar Martínez López, AVC
“ESTE CAMINO ES DE AVES”
Los cerros que rodean Alto
Lucero- Actopan a unos 70 kilómetros del Puerto de Veracruz, son únicos en el
Golfo de México, son los mejor conservados.
Si hubiera un lugar prohibido
para instalar minería, sería justamente el Cerro La Paila, por su gran
diversidad biológica, advierte Javier Laborde Dovalí, investigador del
Instituto de Ecología AC (Inecol).
La minera quiere construir en
361 mil 85 hectáreas, un tajo, la tepetatera, patio de lixiviación, piletas de
soluciones y planta ADR en 11 polígonos entre los cerros.
Pero más de 265 hectáreas son
terrenos forestales de bosque de encinos tropicales, selva baja caducifolia,
que son parte del corredor de aves migratorias más grande del mundo.
“En el camino de las aves
migratorias, este cerro es de los pocos remanentes donde pueden descansar antes
de viajar, y ahora estará durante seis días en explotación, con luces las 24
horas, con explosiones, con tráfico de camiones en tres turnos, eso es una
fuente de ruido y de disturbio”, cuestiona.
Dentro del proyecto hay 51
especies de flora y fauna en peligro de extinción, entre ellas una comunidad de
1 mil 231 cicadas, las cuales tienen una antigüedad estimada de dos a tres mil
años, son consideradas la vegetación viviente más antigua de México.
La minera Gold Group intentó
en 2012 un primer permiso de explotación que fue negado, entonces la
Manifestación de Impacto Ambiental que presentó para el cambio de uso de suelo
fue analizada por expertos de diez instituciones académicas, se obligó a ir a
la consulta pública y en febrero del 2012, el entonces Gobernador Javier Duarte
de Ochoa decidió negar permisos y vetar el proyecto.
Naturaleza, la víctima de la
ambición por el oro en Veracruz. Foto: Óscar Martínez López, AVC
Un grupo de expertos
investigadores de la Universidad Autónoma de México (UNAM), la Universidad
Veracruzana y el Instituto de Ecología AC, analizaron el documento. Dovalí, uno
de los expertos, advierte que el estudio de la minera tiene fallas importantes,
que implica amenazas significativas, e irreductibles al sistema ambiental.
La más grave es su cercanía
con la planta nuclear Laguna Verde.
–¿Cuántas minas de tajo
abierto con explosiones diarias durante seis años están a menos de cinco
kilómetros de una nucleoeléctrica? – se cuestiona.
–Parte de los polígonos de la
minera están dentro de la zona vía pluma de 15 kilómetros del Plan de
Emergencia Radiológica Externo (PERE), lo cual es muy riesgoso – responde.
Para obtener 240 kilos de oro
mensualmente, la minera plantea el uso de al menos 28 sustancias químicas,
entre ellas cianuro, además de toneladas de explosivos para socavar los cerros.
Laborde señala que la minera
en un documento de más de 2 mil 702 páginas no incluyó los impactos que tendría
en lugares cercanos como La Mancha, sitio ramsar con dos lagunas costeras y
manglares, además subestimó el riesgo de huracanes. “Promete remediaciones, que es complicado que
pueda cumplir, como la reforestación de encinares en tres años”, exclama.
Cuestiona que la minera
explica que explotará seis años el tajo (a cielo abierto) y luego destinará
tres años para remediación, lo cual es prácticamente imposible, pues se
necesitan varios años para restablecer el hábitat de encinares, y hay animales
como venados cola blanca que no podrían vivir en un bosque joven.
El investigador considera que
la empresa no ha dicho claramente a las comunidades afectadas cuáles son los
proyectos completos a explorar, y en cambio intenta comprar a la comunidad a
través de apoyos, para ir ganando su confianza.
“No han dicho a la Semarnat,
ni a la gente que vive ahí, que tienen planeados otros polígonos, llevan muchos
años trabajando con ellos, hablando con el cura, el presidente municipal, han
pavimentado caminos, les han pintado la escuela, les han puesto pozos, les dan
beneficios para ganar confianza y decir que la mina es buena; es como un
gobierno aparte: llegan a un lugar pobre y aprovechan”, lamenta.
Laborde sentencia que aunque
la minera dice que el proyecto solo durará seis años podría ser mucho más
tiempo y el impacto sería más grave.
Además, existen otros
peligros. El tajo a cielo abierto está a dos kilómetros de los gasoductos de
Petróleos Mexicanos que alimentan la industria del norte del país, y cerca de
las líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad.
El PERE NO FUNCIONARÁ
El Plan de Emergencia Radiológica
Externo, insuficiente. Foto: Óscar Martínez López, AVC
Caminar por los cerros y
caminos donde se planea la instalación de la piletas de lixiviados, y la
estructura central de la minera es
toparse con los letreros del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE) de
la nucleoeléctrica Laguna Verde.
La minera alineó su plan de
emergencia al PERE, por encontrarse en el radio de influencia, sus rutas de
evacuación en caso de un accidente son las mismas, pero también son las rutas
que la empresa utilizará para la circulación de material químico.
El Plan de Emergencia de
Laguna Verde, está diseñado para enfrentar cualquier clase de emergencia
radiológica, y tiene dos radios, el primero de 16 kilómetros a la redonda
conocido como zona vía pluma por ser las comunidades de principal exposición al
material radiactivo y otra zona conocida como vía ingestión con un radio de 80
kilómetros, donde podía haber contaminación de aguas superficiales, alimentos
contaminados y por el material radiactivo depositado en el suelo.
En diversas ocasiones, los
habitantes han denunciado las malas condiciones de los caminos, apenas en
septiembre del 2017 en el Congreso Local se presentó un punto de acuerdo para
exhortar a la Secretaría de Gobernación a otorgar recursos para el mejoramiento
de las rutas de evacuación.
En un recorrido por el radio
del PERE, se observó que los caminos de salida y continuación de algunas rutas
de evacuación están destruidos, los puentes colapsados y las comunidades no
saben que harían en caso de una emergencia.
Es el caso de los caminos de
comunidades como Topiltepec, Soyacuatla, La Reforma, Pastorías, Llano de
Zárate, La Esperanza y Llano de Luna, entre Actopan y Alto Lucero.
El Diputado por el distrito
de Misantla, Ernesto Cuevas, advirtió que desde hace más de ocho años no hay
una inversión real para todos estos caminos y se necesitarían 600 millones de
pesos para una rehabilitación completa de las rutas de evacuación del PERE.
LOS PROYECTOS EN EL SILENCIO
La minera Caballo Blanco
oculta otros proyectos que no ha dado a conocer a la Semarnat ni a los
pobladores de la comunidad, se trata de Bandera sur, Las Cuevas, La Cruz y Red
Valley donde hay indicios de mineral.
La estrategia de la minera es
hablar solo de La Paila, pero a sus inversionistas en su página Internet les
revelan que la zona es de gran valía por su alta cantidad de concentración de
oro. Los planes a largo plazo son extenderse al menos 9 kilómetros más.
La investigadora del
Instituto de Ecología AC, Patricia Moreno Cassaola advierte que la empresa
debería presentar una MIA regionalizada para conocer cuál será el verdadero
impacto ambiental a esta región, y no sólo una parte del proyecto.
Si el proyecto se extiende,
entonces llegaría hasta el corredor La Mancha donde cada año más de 13 millones
de aves cruzan las montañas desde las tundras árticas hasta la Patagonia.
Por esas montañas atraviesan
también hasta cuatro millones de 22 especies de aves rapaces entre agosto y
noviembre de cada año, por eso la región está catalogada como el corredor de
aves rapaces más grande del mundo.
Una extensión de mil 414
hectáreas de La Mancha y El Llano también están considerados sitios Ramsar
(lista de humedales del mundo por la Convención sobre los Humedales),
conformados por dos lagunas costeras rodeadas de manglares y humedales de agua
dulce.
Ahí, un grupo de ejidatarios
trata de hacer conciencia de la conservación de la biodiversidad, y para ello
crearon el proyecto La Mancha en movimiento.
El ecoturismo es una de
principales actividades, junto a la pesca, por lo que ven a la minería como un
grave peligro para la conservación del medio ambiente y la vida de las personas
de las comunidades.
Adán Vez Lira, agente municipal
de La Mancha, advierte que el proyecto está a pocos kilómetros, y podrían
resultar afectados fácilmente al recibir agua de montaña arriba. “Cualquier
contaminación que se de en la parte de la explotación minera vendría hacia
nosotros y afectaría en la pesca, la ganadería, ecoturismo”.
Los habitantes de La Mancha
viven de la pesca y el ecoturismo, y si algo les queda claro es que no van a
permitir que la minería llegue.
Alto Lucero protege su salud y sus
recursos, dice NO a las mineras canadienses. Foto: Óscar Martínez López, AVC
UNA NUEVA ESTRATEGIA MINERA
Ante el segundo rechazo del
proyecto, la minera usó la misma estrategia que 2012, retiró el documento de la
Semarnat para evitar ir a consulta pública, y en un comunicado, en octubre del
2017, anunció a sus inversores que no había condiciones idóneas para el
proyecto.
Para entonces la minera había
enviado a la Semarnat, dos permisos más de exploración: Bandera Norte y Highway
North en Alto Lucero.
Siete meses después, en mayo
de 2018, Julio Portales, consultor minero, informó que después del proceso
electoral volverían a presentar el permiso de explotación.
Esta vez, su estrategia no
era simple, la acompañaron de visitas a las comunidades y escuelas, censos,
encuestas, cine móviles y reuniones entre sectores de influencia.
Para conseguir el apoyo, la
minera ha entrado a las escuelas de comunidades como Palma Sola, la más grande
dentro del radio del proyecto con más de tres mil habitantes, donde, sin la
supervisión de los padres, da pláticas a los estudiantes.
También regala pintura y
flores a las parroquias y a través del grupo Mexicominero.org ofrece cine
móvil.
La recién administración de
la minera asegura que en el pasado no hubo información suficiente del proyecto,
por eso ha distribuido folletos sobre el cianuro, los explosivos, la flora, la
fauna y los fenómenos meteorológicos, en todos promete la generación de 400
empleos.
Julio Portales, uno de los
consultores de la mina, dice que Veracruz podría ser el nuevo Dorado, y
convertirse en los siguientes 30 años, en uno de los principales estados
productores de oro del país.
No habla a tientas. En
Veracruz se han otorgado 45 concesiones mineras en 11 municipios en los últimos
años.
La minera sabe de la
situación complicada de Veracruz y afirma tener el apoyo de las comunidades.
“Nos han dicho, si vamos a hacer minería responsable, ya tráiganla, necesitamos
el trabajo”.
También promete la
rehabilitación del centro de salud de Palma Sola, la reconstrucción de
escuelas, así como 20 millones de pesos para el municipio de Alto Lucero. “ Su
presupuesto es de 78 millones de pesos. Imagínense. Podríamos darle un tercio.
¿Qué Gobernador podría hacer eso? Sería de gran impacto”, dejó en la mesa.
En una conferencia de prensa
improvisada en Xalapa, confirmó que aunque el proyecto minero, se quiere hacer
en 10 años, podría seguir por lo menos 24 años más.
Sin embargo, el discurso
positivo de Portales dista mucho de la realidad que hay en las comunidades de
la región.
115 MDD, ¿ESO VALEN LAS CONCIENCIAS?
Guillermo Rodríguez Curiel,
de la Asamblea de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), afirma que ahora, a
diferencia de 2012, la minera da la cara, y dice que trae 115 millones de
dólares para invertir. “ Yo lo leo así, 115 millones de dólares para comprar
conciencias, para justificar la destrucción de la naturaleza”.
Para el activista, los
mineros traen dinero para sustituir al estado, para construir carreteras,
hospitales, y escuelas que son obligación de los gobiernos local y federal: “Lo
que ellos traen son despojo, destrucción y muerte, la minería no es el nuevo
Dorado , nuestro Dorado para Veracruz es la defensa del territorio, porque el
agua vale más que el oro”.
Por eso, a lo largo de la
costa comunidades se han informado y organizado para resistir al proyecto que
les promete empleo y desarrollo a cambio de la destrucción de sus tierras.
El pasado 25 de mayo, en el municipio de
Actopan y en asamblea popular, niños, jóvenes, mujeres, hombres y adultos
mayores de los pueblos Mesa de 24, Los Baños, Villa Rica, Tinajitas, Cerro
Gordo y Totolapa definieron la estrategia para resistir y defenderse de las
empresas mineras en la zona. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro
“USTEDES CONTAMINAN MÁS QUE LA MINA”
Armando Alexandri, director
de operación de la minera Candelaria, reconoce que de entrar en operación, la
mina podría alcanzar una producción diaria de hasta 20 mil toneladas de roca,
utilizaría ocho toneladas de explosivos y 2.8 toneladas de cianuro, pero
asegura en esto no es más peligroso que un potrero de ganado.
Rosario Aguilar, de la
comunidad Mesa de veinticuatro, se ofende cuando recuerda la última reunión con
los mineros. Ahí les dijeron que el cianuro no era riesgoso, que estaba en
todo, hasta en los árboles. “Nos dijeron que de qué nos espantábamos. Si
contaminábamos más con el ganado que con la mina”. Entonces la mitad del
auditorio se salió de la reunión.
Hasta la comunidad, los
mineros han llegado con folletos, promesas de empleo y mejor vida.
“Nosotros vivimos con temor,
para qué queremos agarrar su trabajo, eso no nos va a servir de nada después si
esto se acaba y contaminan todo”.
Rosario es parte vital de la
resistencia contra la minera, lo primordial para ella es la defensa del agua.
“Mesa de veinticuatro”
administra su agua, y ha dividido al pueblo en tres secciones. Se turnan la
distribución para que alcance para todos a través del bombeo, de sus dos
nacimientos de agua, sólo uno funciona al ciento por ciento. Por eso, el
proyecto es una amenaza para ellos.
La minera ha informado que
para su operación diaria necesitan 15 mil litros de agua en su laguna de
lixiviación y 2 mil 500 metros cúbicos para la operación diaria. Para obtener
este líquido se planea explotar una parte del acuífero Actopan.
Rosario Aguilar, indignación convertida
en resistencia. Foto: Óscar Martínez López, AVC
“¿QUÉ MEJOR VIDA NOS PUEDEN PROMETER?”
Villa Rica es una zona de mar
azul y playas de arena café que la hacen preferida de turistas locales.
Ahí ha vivido toda su vida
Gilberto Martínez Castellanos, junto a su familia se mantienen de un pequeño
local de comida, donde se cocina lo que los hombres pescan por la mañana.
Su actividad la combinan con
su labor para la conservación de la tortuga lora.
Ubicados a poco más de 5
kilómetros de Laguna Verde, Gilberto dice que la gente teme que su modo de vida
acabe con la llegada de la mina.
“No queremos que vengan a
contaminar, nos prometen una vida mejor, pero qué mejor vida que la que estamos
viviendo aquí, que nos pueden dar que no tengamos”, se pregunta.
Gilberto Martínez Castellanos, vecino de
Laguna Verde: “Qué nos pueden dar las mineras que no tengamos”. Foto: Óscar Martínez
López, AVC
“EL CERRO VA A DESAPARECER”
Arroyo Agrio es la comunidad
más cercana al cerro La Paila. Ahí la minera se ha instalado en un terreno de
renta donde almacena las cajas de muestra de las exploraciones, también utilizó
las instalaciones de la escuela abandonada como centro de trabajo.
Rogelio, agente municipal de
la comunidad, reconoce que la llegada de la minera los puso en un entredicho.
En 2011, la primera vez que
inició el proyecto dio empleo, pagaba hasta mil 800 pesos a la semana. Para la
comunidad de apenas un centenar de personas fue ayuda para paliar su pobre
economía.
La minera abrió la
posibilidad de que los hombres de la comunidad contactaran con otros empleos en
zonas mineras como Durango y Coahuila.
Así, algunos habitantes como
Rogelio conocen de cerca las afectaciones de la minería. “La gente tiene miedo
por el cianuro, pero la minera dice que todo estará controlado, pero tememos
por el agua que viene de los cerros”.
La mina La Paila en Veracruz abrió la
posibilidad de que los hombres de la comunidad contactaran con otros empleos en
zonas mineras como Durango y Coahuila. Foto:
Rogelio quien fue trabajador
eventual de la mina realizando pruebas de biofísica y bioquímica y luego
recorriendo los cerros para mapear la cicadas (plantas únicas, antiquísimas)
sabe que los impactos de los proyectos serán graves. “Tómale muchas fotos a ese
cerro, porque si llega la mina va a desaparecer”, le dijo el geólogo en unos de
los recorridos para recoger pruebas físicas y bioquímicas en busca de oro.
En ese entonces, la minera
iniciaba la construcción de caminos hacia el Cerro La Paila.
Cuando la mina regresó en
2016, el trabajo escaseó y los salarios se cayeron, ahora pagan 200 pesos el
día, mil 200 pesos a la semana “La gente quiere empleo, y nosotros pensamos
también en pedirle otros beneficios, como escuela, un parque, una cancha, no pedimos mucho, estamos abandonados aquí”.
Arroyo Agrio tiene sólo una
calle principal. A los lados, las casas se reparten hasta llegar otra vez al
cerro donde el camino se pierde.
Rogelio quien ahora trabaja
como contratista eventual en la central nuclear Laguna Verde reconoce que el
pueblo está en una balanza, donde los empleos que se ofrecen pueden ser a costa
de sus árboles y agua.
“DICEN QUE VA A
HABER DINERO, NUNCA DESTRUCCIÓN”
La minera ha concentrado su
fuerza de convencimiento en Palma Sola. Lo intentó en septiembre de 2017,
cuando llegó un cine móvil, y con
palomitas, refresco y una botarga del “Minerito”, quiso convencer a la población
de las bondades de la minería.
Ha pactado reuniones en
escuelas primarias, secundarias y bachillerato para hablar con estudiantes. Ha
repartido cientos de trípticos para explicar temas fundamentales como los
explosivos, el cianuro, la flora y la familia y los fenómenos meteorológicos.
Pero algunos habitantes se
quejan de que las reuniones son esporádicas, y la mayor parte con sectores de
poder como ganaderos y propietarios de terrenos.
Isabel Báez, tiene más de 30
años de vivir en Palma Sola, se queja de que la minera no da información
completa, sólo lo que a ellos les conviene. “Dicen que va a haber dinero,
trabajo, mejora, pero nunca dicen va a haber muerte, destrucción, pueblos
fantasma”.
Acusó que la minera “engaña”
a la gente y usa a las escuelas como escudo para dar informaciones falsas.
“Hace reuniones informativas
pero sólo con unos cuantos, porque al pueblo no lo convocan. Al pueblo lo
estamos informando la propia gente. Es un peligro para todos”.
Daniela Isabel cuenta que en
las reuniones, los mineros le dicen que tener celular y estar en contra de la
instalación de las minas es una contradicción.
“Pero yo les respondo que mi
celular no se compara a la contaminación de la mina. Si llegan, será
devastador. Si nos dan a elegir, preferimos el paisaje, lo verde”.
Cuenta que tiene varios
folletos de la minera, y refuta los 400 empleos que se presume, se generarán,
“eso no alcanza para Palma Sola y todas sus comunidades, plantean cosas
ilógicas, como que van mover los animales y las plantas. Uno no necesita tener
estudios para saber que eso no es posible”.
UNA CONSULTA LIBRE E INFORMADA
Ximena Ramos Pedrueza
Ceballos, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), advierte
que la consulta a los pueblos de manera libre e informada se debe dar antes de
la evaluación de impacto, y antes de que la empresa tenga permisos para explotación
o exploración.
Señala que en la región, las
comunidades campesinas y pesqueras, son equiparables con comunidades indígenas
y tiene el derecho a solicitar una consulta sobre los proyectos invasivos a su
territorio. “Dependen de su relación con el ambiente para el desarrollo de sus
actividades. Si llegan las mineras, esto va a contaminar su agua y cambiar sus
caminos, lo que vendrá en detrimento del derecho a un ambiente sano de las
comunidades”.
Asegura que estos proyectos
violentan los derechos de las comunidades que están plasmados en la
Constitución mexicana y en tratados internacionales, como el derecho a un
ambiente sano, el derecho al trabajo, a la alimentación y al agua.
Junto con varias comunidades,
y organizaciones, Cemda solicitó a la Semarnat la consulta pública, y advirtió
ahí que la minera presentó el proyecto fragmentado, pues mientras en 2011-2012
el proyecto comprendía Alto Lucero y Actopan en 55 mi hectáreas, ahora sólo lo
presentaban La Paila con 19 mil hectáreas.
A su consideración es
necesario revisar la Ley ambiental, pues aunque hay un rechazo general al
proyecto, la empresa tiene la opción de presentarlo las veces que quiera ante
la autoridad, sólo modificando parcialmente el documento, lo que significa una
amenaza permanente para las comunidades.
La activista considera que el
proyecto prende un foco de alerta porque pone en riesgo los derechos de las
comunidades y la realidad es que la autoridad ambiental como la Procuraduría
Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), está rebasada y no podría
vigilar la operación correcta de una mina.
“No entiendo por qué creen
que si el daño ya pasó en otras mineras, ¿cuáles son las circunstancias de que
aquí no pase? ¿Por qué creen que será diferente?, se pregunta Ximena.
OTRA MINERA, UN RIESGO PARA ACTOPAN
Pero al riesgo del proyecto
Caballo blanco, se suma otro: el proyecto el Cobre en Actopan donde la Minera
Gavilán y Minera Alondra, filiales de la canadiense Almaden Minerals, ha
perforado más de 100 barrenos en busca de oro, plata y cobre.
La minera tiene ocho
concesiones por 50 años en la región, el proyecto se ha vendido entre varias
empresas y comparte territorio y concesiones con Caballo Blanco.
Ximena Ramos advierte que la
conjunción de ambos proyectos generará un daño mayor a biodiversidad de la
región que ni las empresas mineras ni la autoridad ambiental han tomado en
consideración.
En el caso de Actopan, han
presentado una denuncia por la contaminación en manantiales ante Profepa.
Vedo Leal Vázquez, comisario
ejidal de El Porvenir en Actopan, asegura que antes de la llegada de la minera,
los aguajes nunca se habían secado.
Denunció que la minera
perforó barrenos a menos de 500 metros del nacimiento de agua de las
comunidades. Las exploraciones las realizó en el cerro el Timbrillo, lo que
–dijo- podría afectar el abastecimiento de agua de varias comunidades.
Además, la minera ha dividido
al pueblo, incluso a su familia, pues una parte ha dado permisos de servidumbre
en caminos a los mineros y otros se han organizado para taparle el paso en 200
hectáreas.
EL PUEBLO ESTÁ DIVIDIDO, COMO SUELE OCURRIR
Antes de que la minera
llegara, Ascensión Sánchez y su familia cuidaban de la pequeña estancia con
aguas termales que es su patrimonio en Los Baños municipio de Actopan.
Pero hace dos años, la minera
Gavilán instaló un barreno apenas a unos metros de su vivienda y una decena más
en terrenos aledaños.
Organizados los ejidatarios,
iniciaron la lucha para defender su territorio, así han logrado la firma de 28
actas de asamblea para decir no a la minera.
“Son empresas que llegan con
palabras de prosperidad y beneficio, de desarrollo económico, pero en la
realidad tienen más de 20 años haciendo trabajos y no hay los empleos
prometidos”, refuta Ascensión.
La minera se ha valido de
mentiras para entrar a los terrenos, y convencer la gente, advierte Ascensión
quien ahora tiene una agenda repleta de reuniones, asambleas y cabildeo para
fortalecer la lucha.
“Nosotros no necesitamos que
vengan a romper la tranquilidad y la riqueza que la región tiene. Llegaron como
sorpresa y maldición, traen muchos conflictos y división”, dice.
Alto Lucero formaliza su oposición a la
minería. Foto: Óscar Martínez López, AVC
En la comunidad de Tinajitas,
la minera rentó el salón social como sede de sus instalaciones, una marcha de
habitantes y la clausura simbólica de las oficinas. Ha sido una de las acciones
más fuertes en contra de la empresa.
Luego, los habitantes
consiguieron que el alcalde José Paulino Domínguez prometiera que no daría
permisos de construcción ni cambio de uso de suelo a la minera, y que pediría a
Semarnat información de los proyectos y buscaría la consulta pública al pueblo.
Ubicados a unos cinco
kilómetros en colindancia con Alto Lucero y el proyecto Caballo Blanco,
Ascensión advierte que se organizan para encabezar juntos la lucha.
Apenas el 25 de mayo,
realizaron una megamanifestación conjunta para presionar al cabildo de Actopan.
“Varias comunidades no
quieren a la minería. La minería sólo trae muerte, despojo, saqueo y males, por
eso nos organizamos para defendernos porque la minería no trae beneficio a
nuestros pueblos”, señala.
HE AQUÍ EL ROSTRO OPACO DE LAS CONCESIONES
Ante el entreguismo de las autoridades,
la resistencia de los ciudadanos. Foto: Óscar Martínez López, AVC
Durante ocho años la Asamblea
de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) ha informado y organizado a las
comunidades para evitar la llegada de la minera.
Emilio Rodríguez Almazán dice
que cuando iniciaron la lucha, la minera ya tenía más de 100 barrenos perforados, y lo primero que hallaron en las comunidades
fue un temor al proyecto, pero también un sentimiento de cariño y arraigo a su
tierra.
Aunque la lucha ha tenido
logros como el posicionamiento en contra del proyecto del Congreso Local, de
expertos científicos, del gobierno estatal actual, y recientemente del cabildo
de Alto Lucero que se declaró libre de minería tóxica, los mineros no se dan
por vencidos.
“Es preocupante que la
empresa siga ahí pese al nivel de contundencia que hay de la opinión pública.
También es grave que los pobladores vivan en una incertidumbre porque saben que
de un día para otro se puede autorizar el proyecto”, advierte.
Emilio afirma que la
autorización de concesiones mineras es una arbitrariedad del Estado mexicano
que violenta el derecho de las personas y se buscarán los instrumentos
jurídicos para evitar que las mineras lleguen a la región.
(SIN EMBARGO/ INVESTIGACIONES/ FLAVIA MORALES Y JOSÉ
ANTONIO VILLAGRÁN/26 DE JULIO 2018)
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