Luis Alonso Pérez
Sin darse cuenta, hombres y mujeres inocentes son reclutados por el crimen
organizado para traficar droga. Los contratantes se hacen pasar por empresarios
de negocios lícitos y les dan trabajo como mensajeros.
Como requisito indispensable, deben tener pasaporte, porque su trabajo
consiste en llevar documentos a supuestos socios de los comerciantes que
radican en Estados Unidos. Después de varios cruces, les empiezan a cargar los
vehículos de la empresa con droga.
Utilizan los clasificados de los periódicos y buscan un perfil específico:
Personas necesitadas de dinero en sus cuarentas o cincuentas, por lo regular
profesionales con dificultades para encontrar un empleo de base; con licencia
para conducir y visa norteamericana. De ser posible, sin ligas familiares
fuertes.
Más de cinco casos han sido documentados y denunciados con detalle ante la
Procuraduría de Justicia de Baja California desde principios de 2010, sin que
hasta el momento se hayan tenido resultados. Los denunciantes sospechan
corrupción, una total ineficacia en las investigaciones o ambas.
Por su parte, las autoridades federales de Estados Unidos no han detenido a
un solo operador intelectual de estas organizaciones del crimen trasnacional. No
dan seguimiento, tan sólo encarcelan y enjuician a los conductores de los
vehículos cargados con droga, a los cuales ya han apodado como “mulas
ciegas”.
Reclutada por el narco
“Empresa solicita personal de confianza. 45 a 55 años, con visa, cruce
línea rápida o Sentri y documentos vigentes, que maneje estándar y automático.
Cel. 664-167-86-44”.
Éste es el anuncio clasificado que le cambiaría por siempre la vida a la
mujer que llamaremos María Gutiérrez, aunque su nombre ha sido cambiado para
proteger su identidad.
Su historia es amarga y verdadera, porque de la noche a la mañana se
convirtió en una traficante de drogas sin darse cuenta y sin beneficiarse.
Meses atrás había perdido su trabajo y sobrellevado las dificultades de no
poder acomodarse en otra empresa durante los momentos más álgidos de la recesión
económica. Necesitaba encontrar un empleo y, a pesar de la ambigüedad del
anuncio, se decidió a llamar. No había nada que perder. Al menos eso
pensaba.
“Me citaron en una gasolinera bajando del aeropuerto, en la colonia Libertad,
supuestamente eran las oficinas de Gasmart” explicó.
La antigüedad y magnitud de esa cadena regional de estaciones de servicio le
generó confianza, sin embargo revisó su portal de internet para verificar si la
empresa realmente tenía sus oficinas ahí.
En efecto, en el lugar se encuentra el
departamento de recursos humanos.
Cuando María llegó, vio a una mujer bajando las escaleras de las oficinas al
área de bombas de la gasolinera. Platicaba con los empleados y parecía
totalmente familiarizada con el lugar. Se presentó como Martha Patricia
Sandoval, pero su verdadero nombre es Carmen Modesta Vázquez Valadez, una ex
empleada de la compañía que ha utilizado su conocimiento sobre los asuntos
internos y su amistad con personas que aún trabajan ahí para engañar a quienes
solicitan empleo.
La mujer explicó que no trabajaba directamente con Gasmart, sino
para una compañía externa que reclutaba personal para ese grupo gasolinero y
otras empresas del ramo, como ECO y Rendilitros.
Cuando María le cuestionó por qué no habían colocado un anuncio en el
periódico con los logotipos de la empresa, le aclaró que por motivos de
seguridad. Con confianza y tranquilidad, la mujer fue aclarando cada una de las
dudas de Gutiérrez.
Le dijo que el trabajo consistía en llevar documentos de Tijuana al área de
San Diego a los dueños de la empresa, los cuales se abstenían de cruzar hacia
México porque años atrás habían intentado secuestrarlos y no querían exponerse a
ese riesgo.
La historia del secuestro es cierta y se hizo pública en su momento.
Su pago inicial sería de mil 200 pesos a la semana, el cual subiría a 350
dólares una vez cumplidas las dos semanas de trabajo.
La hizo llenar una
solicitud de empleo y le indicó que se le iba a asignar un auto para trabajar,
el cual no tendría rótulos o distintivos corporativos por motivos de seguridad,
como los que utilizan todos los mensajeros de la empresa.
En ese momento llegó un hombre a bordo de un auto Chevy con
logotipos muy pequeños y discretos. Era Mario Mejía, un ex empleado de
Gasmart que por dos años se desempeñó como chofer. Se presentó como
Martín Mejía.
“Ahorita él va a dejar el dinero, el carro y se va a ir”, expresó la mujer.
Todo sucedió mientras explicaba cándidamente su rutina de trabajo.
“Como que sí concordaba, por eso nunca desconfié cuando me dijeron que ahí
recogería y dejaría la camioneta que me iban a dar” confesó María.
Para darle certeza de que la empresa respondería por el vehículo de trabajo,
le expidieron un documento con los logotipos de PEMEX y Gasmart, en el
que la empresa la liberaba de responsabilidad mecánica y legal de la unidad,
firmada por Clara Madrid Sandoval, supuesta representante legal de la
compañía.
Madrid fue empleada del área de recursos humanos de la empresa por más de
cinco años. Se cree que se unió a la banda de Mejía y Vázquez por su facilidad
para obtener papelería oficial, sellos y otros distintivos de la compañía para
la falsificación de sus documentos e identificaciones, y por su conocimiento en
las cuestiones administrativas.
María fue enterada de que en las primeras dos semanas, podría usar el
vehículo que se le asignó para atender actividades personales, con la condición
de que cruzara la frontera por lo menos en dos ocasiones e indicar a los agentes
migratorios estadounidenses que era un auto recién comprado, para que éste
quedara registrado en las bases de datos oficiales y le realizaran las
inspecciones de rutina.
Sin embargo, después le pidieron cruzar la frontera a bordo de otro vehículo
para ir a presentarse con la supervisora en el estacionamiento de un
supermercado que se localiza en Chula Vista, California.
Cuando María llegó al punto de reunión, la supuesta supervisora no llegó, y
en su lugar se presentó otra mujer que se identificó como Esperanza, pero
realmente era Clara Madrid. Ahí les dio a conocer que tenían que llevar el
vehículo al taller, se quedó con él y la llevó a la frontera.
“Ahorita suponemos que ese carro traía droga”, dijo María.
Narcotraficantes sin saberlo
Después de haber cruzado la frontera en dos ocasiones, como se le había
instruido, María cumplió de nuevo con su trabajo. Pero en esta ocasión presentía
que algo estaba mal, ya que no le habían dado documento alguno para entregar a
sus empleadores en San Diego.
Además, un día antes del cruce habían llevado el auto al taller y, cuando se
lo entregaron, olía mucho a gasolina, aroma que fue detectado por el agente
migratorio que revisó sus documentos en la caseta de inspección primaria,
ordenándole que pasara al área de inspección secundaria.
A través de un mensaje de texto, de inmediato reportó a su empleadora que
llegaría tarde a la cita porque su vehículo iba a ser revisado. Fue la última
vez que supo de ella.
“Todo fue muy rápido, pasaron el carro por los rayos X, se acercaron los
perros y entonces me detuvieron”, declaró María.
De acuerdo con la acusación formal interpuesta en su contra por la Corte del
Distrito Sur de California, 18 paquetes de marihuana con un peso total de 35.68
kilogramos, fueron encontrados en el tanque de gasolina y en uno de los paneles
laterales del vehículo.
Durante su detención en la frontera, María conoció cuatro personas, dos
mexicanos y dos norteamericanos, aprehendidas por narcotráfico. Algunos de ellos
le dijeron que llevaban hasta seis días en esas instalaciones, sin ser
transferidos a una penitenciaría. En cuestión de horas, ella fue trasladada al
Centro Correccional Metropolitano en San Diego.
“En esos momentos lo único en que podía pensar era en mi familia”, externó
afligida.
Transcurrieron cuatro días para que se le permitiera notificar a su familia
vía correo electrónico que había sido aprehendida.
Durante ese tiempo su esposo
la había buscado en hospitales, estaciones de Policía y en la agencia de
personas desaparecidas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE),
pero no pudo interponer su denuncia hasta las 72 horas de la desaparición.
Fue hasta que acudió a las oficinas de Gasmart y denunció que su
empleada estaba desaparecida, que pudo comprender lo que estaba sucediendo.
María había sido engañada y utilizada para traficar drogas. Ahí le explicaron
que otros cinco casos similares habían sido documentados por el departamento
jurídico de la empresa en un periodo de dos años.
¿Ineficacia, corrupción o ambas?
El primer caso denunciado ante Gasmart fue documentado en enero de
2010. Los abogados interpusieron una denuncia ante la Agencia de Delitos
Patrimoniales de la PGJE por el delito de falsificación de documentos y lo que
resulte, cometidos por Mario Mejía, Carmen Modesta Vázquez y Clara Madrid
Sandoval, abriéndose la averiguación previa 353/2011.
En marzo de 2010 tuvieron conocimiento de otro caso similar, cuando una
persona mostró los documentos falsificados con los que había sido contratada.
Para su fortuna, pudo detectar a tiempo que se trataba de un fraude, e incluso
guió a agentes de la Policía Ministerial a una casa en el Bulevar Casablanca,
donde sospechaba que operaban los defraudadores, pero no dieron con ellos. Un
vecino les reportó que se acababan de ir en un taxi.
“Después asignaron a otros agentes al caso, pero nunca rindieron el informe
solicitado por el agente del Ministerio Público”, confió un integrante del
departamento jurídico de Gasmart a ZETA.
Casi dos años después, el 4 de octubre de 2011, interpusieron otra denuncia
ante el Ministerio Público del Fuero Común por los mismos delitos y contra los
mismos delincuentes.
De nuevo se abrió una averiguación previa, la 8661/11 que,
según reportes del departamento de Comunicación Social de la PGJE, aún se
encuentra en proceso de investigación.
Hasta el momento sólo se han girado órdenes de investigación en contra de los
presuntos responsables y por el delito de falsificación de documentos, siendo
que su forma de operar y los delitos cometidos por sus víctimas, indican que se
trata de una banda organizada que se dedica al tráfico de drogas. Las
investigaciones siguen su proceso en el área de Delitos Patrimoniales.
Una denuncia presentada ante la PGJE en 2011, de la cual
ZETA obtuvo una copia, relata con lujo de detalle cómo una de
las víctimas fue reclutada con engaños y detenida por cruzar marihuana a Estados
Unidos. Aun así, ningún arresto ha sido efectuado a la fecha.
Los jurídicos de la empresa sospechan que “detrás de todo esto hay alguien
importante”, ya que en repetidas ocasiones les han mostrado las fotos y les han
proporcionado datos; sin embargo, no hay arrestos.
“Sabemos que los Ministeriales dieron con estas personas, pero como dicen,
comúnmente los ‘feriaron’ y no los detuvieron”, denunció el
abogado.
Francisco Alonso Rodríguez Pacheco y Rafael Ramírez Estrada fueron los
agentes asignados al caso, reportó el departamento jurídico de Gasmart.
Ambos fueron detenidos en julio de 2010, junto con otros 60 policías acusados de
corrupción y trasladados en avión a la Ciudad de México.
Víctimas de la impunidad
Ante la impunidad con la que operan las bandas de reclutadores del
narcotráfico, como Mejía, Vázquez y Madrid, personas inocentes como María y
muchos otros han sido encarcelados, perdiendo también la oportunidad de acceder
de nueva cuenta a una visa estadounidense.
Para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE,
por sus siglas en inglés), “los conductores son los responsables de lo que viene
en el vehículo”, según explicó la vocera de la oficina de San Diego, Lauren
Mack, quien en sus años de trabajo dentro de la corporación, ha escuchado todo
tipo de argumentos de traficantes de droga.
“Siempre dicen que son inocentes, eso es normal en todos los detenidos por
narcotráfico, cuando los detienen, todos dicen que no sabían que traían droga en
el auto”.
Jacqueline Wasiluk, portavoz del Buró de Aduanas y Protección Fronteriza
(CBP, por sus siglas en inglés) en San Diego, hizo énfasis en la importancia de
que las personas que cruzan la frontera hacia Estados Unidos revisen los
vehículos en los que viajan, para asegurarse de que no portan drogas o artículos
prohibidos.
“Cuando un individuo es sorprendido traficando narcóticos o intentando
contrabandear a una persona, se efectúan investigaciones exhaustivas. Cada caso
es manejado de manera individual, y los procedimientos de investigación son
realizados como parte de este procedimiento. Algunos casos son procesados y
presentados ante las autoridades para su acción judicial”, expuso Wasiluk.
Sin embargo, hasta el momento ninguna organización con este modo de operar ha
sido enjuiciada, a pesar de que los autores materiales del delito, en ocasiones
no saben que están traficando narcóticos y no se escapan de la justicia.
“La Oficina de la Fiscalía de los Estados Unidos no ofrece dispensas para
evitar la acción judicial contra las llamadas mulas ciegas”, advirtió Lauren
Mack.
Quienes pagan las consecuencias de esta situación, son las personas como
María, que pasó un mes y medio en prisión. Durante su estancia conoció a otros
individuos engañados de manera similar.
Recuerda haber platicado con una persona que cumplía una sentencia de siete
meses por haber sido sorprendida cruzando la frontera con un auto cargado de
droga que le había sido proporcionado por personas que la habían contratado para
comprar mandado en Estados Unidos.
Podría considerarse que María fue muy afortunada, ya que se le asignó una
defensora de oficio bilingüe y conocedora del tema, que con el apoyo de un
investigador privado e información recabada en México por amigos y familiares de
la víctima, logró convencer a las autoridades judiciales de que retiraran los
cargos en su contra.
Lo que no pudo evitar, fue que se le retirara su visa norteamericana de
turista, y por los datos que le proporcionaron los agentes migratorios que la
devolvieron a México, no podrá solicitarla de nuevo.
María recomendó a todas las personas que leen anuncios clasificados como el
que ella atendió, verificar bien a quienes los contratan, para cerciorarse de
que son empresarios legítimos.
Después de la amarga experiencia que vivió, no
desea que nadie más caiga en las garras de estos defraudadores y
narcotraficantes.
