LAS EXTRADICIONES A LOS ESTADOS UNIDOS

Ley de extradiciones a debate, afirma senador del PAN   Miguel Ángel Vega En los viejos tiempos, ser extraditado a Estados Unidos era el horror máximo para un narcotraficante, que pensaba que en manos de la justicia gringa nunca miraría la luz del sol... La realidad ahora, sin embargo, sugiere todo lo contrario. Luego del acuerdo entre Estados Unidos y Benjamín Arellano Félix, en donde gracias a que el capo cedió 100 millones de dólares a cambio de una reducción en su condena, legisladores mexicanos consideraron urgente revisar la Ley de Extradiciones entre ambos países y determinar si los extraditados reciben penas que merecen, o solo se les requiere para quitarles su dinero y a cambio dejarlos en libertad. “Estados Unidos sigue victimizando a México; no solo tienen el principal mercado de drogas allá, también nos envían armas y vienen a lavar dinero en nuestro territorio, sino que encima hacen pactos con narcos que en su momento causaron un gran daño en nuestro país”, observó Felipe González González, senador del PAN. Anteriormente, el caso de Osiel Cárdenas Guillén tuvo un desenlace similar, solo que a diferencia del juicio a Benjamín Arellano, ese proceso fue sellado y tras una serie de negociaciones bajo la mesa, el DOJ determinó sentenciar a Cárdenas Guillén a 25 años de prisión luego de que este cediera 50 millones de dólares a cambio de una sentencia reducida. Los detalles de ese acuerdo permanecen clasificados. En ambos casos, a los dos capos se les asoció con tráfico de drogas, homicidio calificado, intimidación, posesión ilegal de armas de fuego y cohecho, entre otros. La justicia estadounidense nuevamente estuvo a la orden gracias a los muchos ceros que los extraditados pusieron a la derecha. Ley de Extradiciones: cataratas en la justicia  El 4 de mayo de 1978, funcionarios federales de México y Estados Unidos firmaron un acuerdo para extraditar criminales requeridos por las autoridades de uno u otro país. Este tratado fue ratificado por el Congreso de la Unión el 23 de enero de 1979. El acuerdo compromete a ambos países a entregar personas requeridas por las autoridades competentes, siempre y cuando ya se les haya iniciado un procedimiento penal, o que hayan sido declaradas responsables de un delito. Para que la extradición se concrete, deben cumplirse ciertos requisitos. Entre esos requerimientos destaca que Estados Unidos no puede ni castigará con la pena de muerte a ningún extraditado por México. Tampoco que estos sean procesados por el mismo delito por el que se les procesó en México. Y no se extraditarán los acusados si no hay pruebas suficientes para justificar el enjuiciamiento, observa el documento. Sin embargo, el acuerdo no precisa qué tipo de acuerdos puede lograr el sistema judicial estadounidense con los extraditados de manera extraoficial, como ha ocurrido con Benjamín Arellano y Osiel Cárdenas, ni mucho menos que estos acuerdos se fundamenten en un precio al momento de emitirse una condena. “Hay acuerdos que se hacen en la oscuridad y que no siempre son justos para ninguna parte, pero una vez hechos se tienen que respetar porque ambas partes estuvieron de acuerdo para que estos se den”, opinó Bob Baker, presidente del sindicato Liga de Policías de Los Ángeles, quien siempre ha alegado que México es territorio para los fugitivos de Estados Unidos. “Seguramente es algo que deberá revisarse”, sostuvo. Un caso igual de controvertido fue el juicio contra Javier Torres el JT, cuyo expediente hasta la fecha continúa clasificado y se desconoce qué acuerdos hicieron sus abogados con los fiscales estadounidenses; solo se sabe que se encuentra encarcelado en una prisión de mediana seguridad localizada en Yazoo City, Missisipi. De acuerdo con el Departamento de Prisiones de Estados Unidos, el JT saldrá libre en marzo del 2013. Como ocurriera con Francisco Rafael Arellano Félix, libre desde marzo del 2008, una vez que el JT y el resto de los extraditados cumplan su condena en Estados Unidos, ninguna autoridad en México o Estados Unidos lo requerirá más, por lo que podrán transitar libremente por el país como cualquier otro ciudadano. Acuerdo entre Benjamín Arellano y el Tío Sam  El caso de Benjamín Arellano no solo pone en cuestión el Tratado de Extradiciones, también es singular por ser la primera vez que el Gobierno estadounidense no clasifica el acuerdo entre el DOJ y el acusado. El expediente 97CR2520-LAB establece que para lograrse el acuerdo entre ambas partes era necesario que Benjamín Arellano se declarara culpable de ser el líder del cártel de Tijuana y por tanto, responsable de asociación delictuosa. Arellano también está obligado a “ceder” al Gobierno estadounidense el equivalente a 100 millones de dólares, ya sea en efectivo, bienes, propiedades, instrumentos financieros o productos diversos hasta completarse la cantidad acordada. Y por último, Benjamín Arellano acordó colaborar de manera incondicional con las autoridades de Estados Unidos para identificar, acusar, investigar o incriminar a otros miembros de ese cártel que sean detenidos y procesados en el futuro. A cambio de esa cesión de dinero y futura colaboración, el Gobierno de Estados Unidos le retiró cargos por tráfico de droga, lavado de dinero, posesión ilegal de armas de fuego, muerte y tortura contra agentes policiacos y miembros de cárteles rivales, extorsión, intimidación, corrupción, documentación falsa, asociación delictuosa y secuestro. El único cargo por el que Benjamín Arellano será juzgado es de asociación delictuosa y por ende la pena máxima que puede lograr es de 25 años de cárcel, según el Código Penal Estadounidense. Ahí estaba la justicia estadounidense. Ahí estaba México esperando justicia. Y atrás, en el pasado, quedaban todos los delitos por los que esos acusados fueron extraditados. Revisión al Tratado de Extradiciones inminente  El senador Felipe González, secretario de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Senado de la República, criticó fuertemente a Estados Unidos por la facilidad con que logran acuerdos con narcotraficantes mexicanos, a quienes además les exprimen el dinero que ilícitamente hicieron. “Esto nos lleva a una realidad: el Tratado de Extradiciones entre México y Estados Unidos debe revisarse porque no es justo que una persona que envenena gente, asesina personas y extorsiona se le dén condenas tan sencillas”, sostuvo el legislador. Agregó: “Ese tratado existe para que se haga justicia y porque nosotros creíamos que al extraditar a criminales se podían lograr intercambios de información que nos beneficien, pero vemos que no ha ocurrido así, todo lo contrario, no nos dan información y en cambio se llevan a los criminales, les quitan su dinero y encima los dejan libres”. “Eso es preocupante porque una cosa es lo que nos dicen, que les quitan tal o cual cantidad, pero desconocemos si hay otros arreglos que hagan detrás de lo que dan a conocer, al menos a nosotros (como país) no nos dicen nada”, sostuvo González. El senador criticó cómo Estados Unidos ha iniciado programas que han afectado a México en todos los sentidos, desde lavado dinero, tráfico de armas y el que origina todo, que es el consumo de drogas, que el Gobierno de ese país ha sido incapaz de controlar. “Es como lucrar con ellos ya que les cobran la libertad y ello genera impunidad, y eso es injusto, porque un bracero que intenta cruzar la frontera, bien puede ser recluido en la cárcel hasta por cinco años y en cambio una persona que mata, envenena y extorsiona, hace su trabajo, ahorra y si es capturado no le importa, porque sabe que tiene su dinero ahorrado y que saldrá libre. Esa no es justicia”, acusó González. Ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), ni la DEA dijeron que opinarían sobre el resultado del acuerdo, no obstante un agente federal de ese país dijo sentirse defraudado con el resultado del acuerdo. “Nosotros (como agentes) hacemos nuestro trabajo y al hacerlo ponemos nuestra vida en la línea de fuego, y para que no se aplique la ley como debe, no es forma de motivarnos y eso nos frustra”, dijo un agente federal quien solicitó no se revelara su nombre. Por lo pronto, en México se construye otro capítulo relacionado con las extradiciones, luego de que un juez federal de Distrito negara a Estados Unidos la extradición de Sandra Ávila Beltrán. De acuerdo con un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal explicó que la negación se derivó de uno de los acuerdos existentes, en donde se especifica que Ávila Beltrán ni ningún otro extraditado puede ser juzgado en ambos países por el mismo delito. “Ante ello, queda imposibilitada su extradición”, observa el documento. El Gobierno norteamericano reclama a Ávila Beltrán para juzgarla por asociación delictuosa (conspiración) para poseer 100 kilogramos de cocaína en ese país, con intención de distribuirlos; así como, por importar diversos cargamentos de esa sustancia a territorio estadounidense. Ambos cargos ocasionaron que se le abriera un proceso en la Corte Federal para el Distrito Sur de Florida. No obstante, el número de extradiciones sigue en aumento. De no extraditarse a ningún mexicano antes de 1995, las cifras llegaron a seis en el 2006, 83 en el 2007, 95 en el 2008, 107 en el 2009.