Fotos: Enrique Botello
De incumplir la orden judicial de
reinstalar en sus puestos a ocho ex empleados del Ayuntamiento, Marco Novelo
podría quedar deshabilitado el 30 de marzo por desacato; el jurídico de la
administración se toma muy en serio el tema, al implicar un procedimiento
penal. Tienen 500 demandas y 14 laudos en puerta
Al Ayuntamiento se le venció
el plazo y, antes del 30 de marzo, deberá
dar cumplimiento a la orden judicial de ocho ex empleados que exigen,
unos base sindical, otros el pago de horas extra o la reinstalación en el cargo
que ocuparon.
“A ellos los tenemos en la
orillita”, dijo el jurídico del Ayuntamiento, José de las Fuentes Lara, quien
agregó, existen 22 laudos en camino, cuyo costo total es de 14 millones de
pesos.
“Si los razonamientos que
hagamos los considera el juez como evasivas, puede sancionarnos con la
destitución e incluso darle vista al Ministerio Público por desacato a una
orden judicial”, detalló.
Luego del requerimiento, se
dará vista a la autoridad superior para que de inmediato se giren oficios del
auto, instruyendo a dar cumplimiento o su remoción.
Los apercibimientos son por
100 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a poco más de 80.60
pesos. Pero cuando el procedimiento llega hasta el final, al grado crítico como
son estos 30 asuntos, la sanción del juez podría alcanzar las 500 UMA.
“Pero no para ahí, sino que
viene la destitución del cargo por desacato”, indicó el jurídico con cautela.
El primero en la lista es el
presidente municipal Marco Novelo Osuna, junto con los integrantes del Cabildo,
luego la tesorera municipal Guadalupe Méndez Maldonado y la oficial mayor, Mónica
Vargas Núñez, al igual que el propio encargado del jurídico.
CONTRATOS CAROS
Un empleado de Sindicatura
Municipal durante la administración de Gilberto Hirata Chico, tiene demandado
al Ayuntamiento de Ensenada por incumplimiento de contrato. A pesar que solo
trabajó dos años, pide reinstalación, el pago de horas extra o una base
sindical.
Mes tras mes, firmaba un
contrato por ofrecer servicios profesionales y con ello Oficialía Mayor creyó
que se deslindaba de las obligaciones patronales, evitaba que el empleado
genere antigüedad; no le daban servicios médicos, vacaciones, seguro de vida, bonos
de compensación ni aguinaldo.
El problema fue que en la
oficina tenían un reloj checador que se convirtió en una prueba de que
efectivamente él y el gobierno municipal tenían una relación laboral.
“Si llegaba tarde me
descontaban las horas, si no iba a trabajar me quitaban el día, los permisos
tenían que solicitarlos con anticipación a través de un escrito, todo lo tengo
documentado y esa es mi defensa”, narró el ex trabajador, cuyo nombre se omite
por el proceso legal y se desempeña como asesor legal mientras su demanda
avanza.
EL DINERO NO LLEGA Y LAS DEMANDAS NO SE DETIENEN
Durante la última sesión de
Cabildo, Marco Antonio Novelo Osuna propuso solicitar un crédito con Bansi por
60 millones de pesos, a pagar en el lapso de un año.
Sin embargo, al gobierno
municipal se le agotaron las líneas crediticias y Tesorería tiene que realizar
una serie de trámites para acceder al préstamo bancario.
En dinero, por dar
cumplimiento a la orden de 30 asuntos, representa 14 millones de pesos,
mientras que de los 140 laudos condenatorios, son 150 millones.
Los Juzgados Séptimo, Noveno, Quinto y Octavo, tienen demandado al
Ayuntamiento por el incumplimiento de las órdenes por demanda laboral.
Del universo de 500
expedientes municipales en proceso en
los tribunales de Baja California, 203 que ya tienen laudo, más 140 que son
firmes, que ya no se van a mover de ahí, están condenando a pagar el municipio.
En el transcurso de su
gestión, Novelo Osuna ha hecho una depuración que llegó a 360 personas
despedidas con la finalidad de adelgazar la nómina y tener un ahorro, de estas,
70 se han ido por la vía de la demanda para que les retribuyan el dinero de
horas extra trabajadas, prestaciones, base sindical o reinstalación.
De ese total de laudos, seis
tienen requerimiento de pago, en esos juicios de amparo ya tienen sentencia y
se está obligado a cumplirla a otorgar la base o las prestaciones a las que se
haya condenado. Dentro de estos, hay 30
juicios en etapa de cumplimiento porque se ampararon por incumplimiento de la
autoridad con alguna prestación, a la que se le condenó entonces por el juez.
De esos 30, ocho están con
los apercibimientos de que se les va a imponer una sanción o en su caso la
destitución del cargo, por no cumplir o no dar las razones que justifiquen el
no acatar. Son querellas que interpusieron empleados en los años 2009, 2011 y
2012.
HAY QUE “TENERLE RESPETO” A LAS SENTENCIAS
De las Fuentes Lara alertó al
presidente municipal y demás autoridades a tener cuidado con las órdenes de un
juez, ya que están dentro del procedimiento penal y si da una instrucción, se
debe cumplir.
— Del total de las demandas
laborales en las que aún no hay sentencia, ¿hay posibilidad de que el
Ayuntamiento gane solo una?
“Sí, algunos de esos, en
materia laboral cuando el trabajador demanda despidos, reinstalación y diversas
prestaciones como salarios, vacaciones, aguinaldos, bonos o compensaciones, se
presume que son ciertas hasta que se demuestre lo contrario; si el empleado
dice que laboró horas extra, pero la empresa no tiene control para el ingreso y
salida del empleado, no habrá manera de comprobarlo”.
— El jurídico del
Ayuntamiento tiene la capacidad para defender los asuntos laborales, ¿o es cierto que cualquiera le
gana al gobierno municipal?
“No, a esta administración no
se le queda ninguna demanda sin contestar, no hay un asunto que se diga que se
encuentra sin contestar”.
— Hablando de resultados
positivos para el Ayuntamiento, ¿cuántos casos han ganado en este gobierno?
“No tengo datos precisos en
los que se absuelve, pero cuando inició la administración eran 510 o 520
asuntos y la administración implementó un programa de retiros, pero además se
ha dedicado a adelgazar la nómina sin que esto signifique que haya crecido el
número de demandas, porque hemos llegado a un arreglo. Si bien tenemos algunas
personas que nos han demandado, otros se fueron con la remoción o se llegó a
arreglo, y se acabó. Pero no hemos dejado que crezca”, expresó el jurídico.
CADA TRABAJADOR MERECE BASE
Jacinto Alcalá, secretario
del Sindicato de Burócratas en el Ayuntamiento de Ensenada, informó que en
total hay mil 107 trabajadores de base en la ciudad y las 22 delegaciones.
Según la Ley, después de un
año todo trabajador tiene derecho a
demandar base; lo que busca todo empleado de un gobierno es el derecho a una
seguridad social, además de cotizar en el fondo de pensiones para un retiro
digno.
Las plazas sindicales no se
dan al azar, sino por antigüedad, si se sacan cinco jubilaciones y se le da
prioridad a quienes tienen más años, hay personas en Ensenada que tienen entre
12 y 14 años en espera de una base.
De igual forma, el líder
sindical dijo estar en pláticas con el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y
el alcalde Marco Novelo para que todos aquellos trabajadores de paraestatales o
paramunicipales cuya contratación impide que puedan demandar una base, se les
permita, ya que hay servidores que tienen hasta 18 años laborando en los
gobiernos “con un futuro incierto”.
Aunque la situación económica
del Ayuntamiento es precaria, a decir por Alcalá, él quisiera que todos
tuvieran un trabajo seguro, con seguridad social.
“Por el lado de la gente qué
más quisiera que todos fueran sindicalizados, pero viéndolo del lado de la
autoridad está bien complicado, están batallando cada catorcena para pagar. En
este momento el futuro es incierto para aquellos que aspiran a una base”,
aceptó.
En el caso de un trabajador
al que le asiste el Derecho, como sindicato no les queda más que acogerlo y
protestar. “A lo único que nos consignan es a que recibamos al personal en la
agrupación”, precisó.
FUNCIONARIOS TIENEN RESPONSABILIDAD
El despacho de abogados
Palafox, en la opinión de muchos, uno de los más importantes de Ensenada, creó
un parteaguas en el tema de laudos laborales en el gobierno municipal, al
lograr la reinstalación de empleados basificados que fueron despedidos en el gobierno
panista de Jorge Antonio Catalán Sosa.
Uno de los principales ha
sido que el Ayuntamiento ha sufrido de malas prácticas internas por parte de
los propios funcionarios que han creado un problema con los despidos.
Para ellos es importante que
se establezca un proceso de valoración de los funcionarios antes de hacer las
contrataciones, pues se toman atribuciones que a la larga perjudican las arcas
municipales.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / LORENA LAMAS
/LUNES, 26 MARZO, 2018 12:00 PM)