lunes, 17 de agosto de 2015

JUMEX, GRUMA, HÉRDEZ Y KELLOGGS SE NIEGAN A DECIR QUE LE DAN A MEXICANOS

Babu. Cocina en el Esperanza. Foto: SinEmbargo
Babu. Cocina en el Esperanza. Foto: SinEmbargo

Golfo de California, 14 de agosto (SinEmbargo).– La cocina de Babu Pillai, un indio bonachón y aparentemente tímido, depende literalmente del comercio internacional. A las 12 del día sirve su primera comida fuerte y es una combinación de sabores, como no es difícil imaginar: hay arroz con coco rallado y nuez de la India; hay un curri de berenjena y también frijoles negros refritos, brochetas de pollo, espagueti rojo con verduras sancochadas y unas tortitas de soya con cebolla frita y toque de jengibre que dan pena morderlas, de tan buenas.

Babu coloca chiles en un plato hondo para los que lo comen, que no sólo son los mexicanos. Tim Tipsuda Atichakaro, por ejemplo, se sienta en una de las largas mesas comunes con su tarro de chile seco y molido en aceite y le pone a todo. Hasta a las ensaladas. La chica es tailandesa; trabaja en las máquinas y anda todo el día con un overol verde y enfundadas sus herramientas a la cadera, como pistolas de vaquero.

El cocinero del barco Esperanza de Greenpeace va variando sus postres. Hace pan de plátano y limón, o coloca frutas o un arroz dulce con leche que, con sus variables, es como la gelatina porque puede disfrutarse de Japón a España y todos piensan que es receta original de la abuela de su abuela.

La embarcación, que anda por el mundo en distintas campañas de la organización internacional, va recolectando productos de todos los puertos para alimentar a los marineros y a los activistas. Se compran alimentos frescos, muchos, en los mercados. Se hace un gran súper que resista semanas y semanas en mar abierto.

Pero un día, sólo por la salud de la tripulación, Babu podría dejar fuera de su cocina los alimentos que provienen de México. O de otras partes del mundo pero, por lo visto en estos días, claramente de México. En primer lugar, por la transparencia: casi la totalidad de las grandes empresas que alimentan a los mexicanos se niegan a mostrar la información sobre sus procesos de producción. Y se niegan porque, se sospecha, esconden un cochinero.

Su rechazo a la transparencia es tal que no es posible decir, a ciencia cierta, qué es lo que dan a los mexicanos; qué ponen en nuestra mesa Bachoco, Gruma, Hérdez, La Costeña, Kelloggs, Pepsi, Coca Cola, La Moderna, Jumex o Bimbo.

Un cereal de Kelloggs o un jugo de Jumex o unos chiles de La Costeña podrían verse muy apetitosos pero, ¿y si la avena, el durazno o los cuaresmeños son regados con plaguicidas e insecticidas, o son adquiridos a pequeños productores que no cumplen con normas mínimas? Y todavía más allá: ese maíz o la caña de azúcar que usan Coca, Pepsi o Gruma podrían oler muy rico pero, ¿y si, a escondidas del público, están contaminando los campos y los campos escurren tóxicos a los mares, desde donde sacamos otra parte de nuestros alimentos?

Los científicos que navegan en el Esperanza, en estos momentos, buscan huellas precisamente de eso. Y no es cosa de andarse por las ramas ni buscarle tres ojos al pescado: lo que encuentren, cualquier cosa que sea, afecta a ellos tanto como al resto de los mexicanos. Y afectará, también, la cocina de Babu y el plato de Tim.

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“Un caldo de vida”. Foto: SinEmbargo

“Un caldo de vida”. Foto: SinEmbargo

David Alberto Rivas Camargo, un oceanógrafo físico que trabaja para el Centro de Investigación Científica de Estudios Superiores de Ensenada (CICESE), da una idea de la importancia del trabajo que se está haciendo en estos momentos en el Golfo de California a partir de la iniciativa de Greenpeace. Busca ser prudente sobre los resultados y deja ver que, salga lo que salga, encuéntrese lo que se encuentre, esto deberá detonar en una investigación mayor.

“Estamos, efectivamente, en el ‘acuario del mundo’”, dice. Recuerda que fue el explorador e investigador Jacques-Yves Cousteau, de origen francés, quien lo bautizó así. “En el Mar de Cortés hay una variedad de corrientes que lo hacen un enorme laboratorio natural. Entran ondas de corrientes asociadas del sur y vientos que llamamos ‘urgencias’ cerca de la costa. Aquí, el agua con nutrientes que se lanza a la superficie genera condiciones básicamente para la vida. Es la vida”.

David lo explica como un gran caldo de vida, donde microorganismos alimentan organismos más grandes (plancton y fitoplancton) y permiten, además, las grandes pescaderías. Las condiciones de este golfo que pertenece a los mexicanos son tan especiales que esta muestra debe impulsar un proyecto mayor en el corto plazo. “Esto abre una puerta para escribir una propuesta más dirigida”, dice.

El trabajo que el equipo se investigadores realiza podría resumirse en esto: los grandes corporativos están sembrando los campos de químicos y esos químicos podrían ser arrastrados por corrientes pluviales al mar. Y si ese mar es el de Cortés, pues hay que imaginar el tamaño de la irresponsabilidad.

Una irresponsabilidad que no parece preocupar a autoridades, que más bien parecen servir ingredientes, todos los días, a ese otro caldo tan conocido por todos los mexicanos: el enorme y hediondo caldo de la impunidad.

Los mandares de Esperanza. Foto: Alonso Crespo, Greenpeace
Los manjares de Esperanza. Foto: Alonso Crespo, Greenpeace

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La importancia de los grandes corporativos en la mesa de los mexicanos es brutal. Bimbo, por ejemplo, tiene una penetración en el 99.3 por ciento de los hogares en México y forma parte de las 10 empresas de industrialización de alimentos más grandes del mundo, con ventas de 11 mil millones de dólares. Hérdez, por su parte, está en más del 50 por ciento de los hogares y se encuentra entre las 10 marcas de alimentos en México. Y juntas, Bimbo, Gruma, Bachoco, Hérdez y La Costeña, están dentro del top 10 de las empresas de alimentos más relevantes del país, de acuerdo con datos actualizados de Greenpeace.

Recientemente, la organización les solicitó transparentar sus procesos productivos para mostrar, de cara al consumidor, qué ponen en la mesa del mexicano. Básicamente les pidió abrir sus alacenas y decir cómo le hacen para llenarlas.

El resultado de las solicitudes son decepcionantes. Si usted acostumbra –como millones lo hacen– los productos de estas empresas, debe saber que podrían provenir de campos envenenados, así de sencillo, porque cualquier cosa puede pensarse de alguien que esconde su información. Vea la tabla:

Bachoco: No proporcionó información alguna.

Gruma: No proporcionó información alguna.

Hérdez: No proporcionó información alguna.

La Costeña: No proporcionó información alguna.

Kelloggs: No proporcionó información alguna.

Pepsico: No proporcionó información alguna.

Coca-Cola: No proporcionó información alguna.

La Moderna: No proporcionó información alguna.

Jumex: No proporcionó información alguna.

Verde Valle informó que, respecto al uso de fertilizantes y agroquímicos, “tiene prohibido el uso del Bromuro de Metilo por sus efectos nocivos sobre la capa de ozono. Están siendo asesorados por investigadores de la Universidad de Guadalajara para hacer más eficiente el manejo de los fumigantes en sus bodegas y han contactado a una empresa que busca patentar un proceso para erradicar algunas plagas sin el uso de fumigantes. 

Aseguraron hacer una cuidadosa selección de las mejores cosechas, principalmente de México (frijoles) o del mundo (en el caso del arroz grano largo) y que cumplan con sus normas de inocuidad y calidad”, dice el reporte de Greenpeace.

La Huerta reportó que una parte del maíz que procesan viene de Estados Unidos y el resto de México (Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas). “Los agroquímicos que utilizan en los cultivos cumplen con las regulaciones aplicables en México por la Cofepris y por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) a través del Code of Federal Regulations (CFR)”, dijo.

Grupo La Rosa, la de los mazapanes, le compra el maíz a Almidones Mexicanos (ALMEX). No cuentan con la información sobre el uso de agroquímicos.

Bimbo dijo estar bajo el programa GAP (Good Agricultural Practices) a nivel global para implementar buenas prácticas con los proveedores del campo. “Grupo Bimbo utiliza fruta diversa: nuez, uva pasa, estevia, azúcar, harina de maíz, papa, ajonjolí, trigo, harina de trigo, pepitas de calabaza, y cacahuate, entre otros. 

Asimismo, utiliza productos que considera relacionados al campo, tales como leche de cabra, leche de vaca y huevos. Estos insumos provienen, de Sinaloa , Chihuahua, Jalisco, Coahuila, Colima, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, entre otros”, reportó Greenpeace.

“El 100 por ciento de la harina de maíz que utilizan proviene del campo mexicano y han solicitado a sus proveedores que detallen las regiones de origen. No cuentan con la información sobre los tipos y cantidad de plaguicidas, herbicidas y fertilizantes sintéticos se emplean en los cultivos de los que provienen sus ingredientes”.

Nestlé presentó su “programa de Abastecimiento Responsable que arrancaría en 2016, el cual se concentra en 12 ingredientes/alimentos clave para la empresa. Este programa incluirá al maíz, aunque este grano no está entre los 12 destacados. 

Informó que el maíz que utilizan para sus productos proviene 77 por ciento de Estados Unidos y solo el 7 por ciento es de origen mexicano obtenido a través de ALMEX y Bunge”.

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En el barco ha llegado la hora de celebrar. Los investigadores senior (Ernesto García, David Rivas y Aramís Olivos) y los más jóvenes (Anahí Bermúdez, Yaireb Sánchez, Zyanya Mora y Carlos Zenteno), junto con Erick Olivera, de logística de Greenpeace, terminaron días y días de guardias, con sol o de noche, y tienen 79 grupos de muestras que implican, cada uno, detener el Esperanza y bajar los instrumentos a las profundidades del mar.

Abren una botella de Casa Madero y, ceremoniosos, se felicitan por lo alcanzado.

Una de las chicas dice, en broma, que se esconderá en la nave antes de llegar a Mazatlán, el último destino, porque quiere seguir la ruta del Esperanza. David “Dave” Roberts, veterano en Greenpeace, le responde también en tono de broma: “Sí, está bien. Pero ahora necesitamos los resultados”.

Porque, en efecto, la labor no ha terminado. Deberán someter las muestras a los laboratorios para aterrizar lo que la hipótesis dice: que el baño de químicos de los grandes corporativos en los cultivos de Sonora y Sinaloa podrían estar afectando el gran acuario del mundo, nuestro acuario.

Los investigadores celebran por el fin de esta primera tarea pero, si la hipótesis es cierta, podrían cambiar su fiesta, muy pronto, en preocupación.

  agosto 14, 2015 - 00:05h)

NO INFORMÓ PGR SOBRE HALLAZGO DE ROPA DE LOS 43 NORMALISTAS DESAPARECIDOS: GIEI-CIDH; HAY INDICIOS DE DESTRUCCIÓN DE VIDEOS


Los expertos de la CIDH en la conferencia de prensa de junio pasado. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo.


Los expertos de la CIDH en la conferencia de prensa de junio pasado. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo.

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).– La Procuraduría General de la República (PGR) no informó a los familiares y sus abogados sobre el hallazgo de ropa de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 27 de septiembre del año pasado, informó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Claudia Paz del GIEI informó que en junio el Grupo de Expertos se percató de que el hallazgo de 19 prendas, entre objetos y ropa, no se procesó, constituyendo un hecho “grave desde el punto de vista de la investigación”.

Paz informó que del 29 al 30 de julio se tomaron muestras de laboratorio a la ropa localizada en dos autobuses donde se transportaban los normalistas esa noche en Iguala. Los miembros del GIEI se encuentran preparando actualmente a los padres de los normalistas para la identificación de las prendas, a casi un año de los hechos.

Mediante un comunicado de prensa se informó que el 29 de junio, el GIEI encontró en el expediente que en fecha 27 de septiembre de 2014 se había llevado a cabo una diligencia de recogida y resguardo de ropa de algunos de los normalistas desaparecidos.
“Dicha situación no era conocida por los familiares ni sus representantes, y tampoco existía un registro específico ni procesamiento de la misma. En opinión del Grupo, este hecho es grave, tanto desde el punto de vista de la investigación como de la importancia que tiene para los familiares. El Grupo pidió ese mismo día a la PGR que se identificara el lugar donde se encontró la ropa y fuese examinada por peritos de la PGR y del EAFF para procesarla, fotografiarla y tomar las muestras genéticas correspondientes, y resguardarla de forma adecuada. Dicha diligencia se realizó los días 29 y 30 julio, y las muestras tomadas de forma conjunta por los peritos de ambas partes serán enviadas al laboratorio de Innsbruck para su análisis genético”.
Las prendas, a las que se refieren los expertos, no contenían huellas de sangre.

Sobre la solicitud de entrevistar a los 26 miembros del 27 Batallón del Infantería del Ejército, a dos semanas de que concluya el mandato de los expertos, recibieron como respuesta que enviaran un cuestionario, propuesta que rechazaron.

Los expertos también informaron sobre la existencia de unos videos del día en el que desaparecieron los jóvenes en Iguala y que posiblemente fueron destruidos. Uno de estos videos proviene de una cámara ubicada en el Palacio de Justicia de Iguala.
“El GIEI ve con preocupación la pérdida de pruebas en el caso. Específicamente ha informado a las autoridades competentes de la PGR, la existencia en su momento de una videograbación de la escena de la intervención policial que dio lugar a la desaparición de un grupo de normalistas en el escenario de la salida de Iguala cerca del Palacio de Justicia. Según testimonios proporcionados al Grupo, dichos videos existieron y fueron enviados a la presidencia del tribunal. Sin embargo, parece que tales registros videográficos fueron destruidos. Si esto se confirma se habrían perdido para la investigación de los hechos. Esta cuestión debe ser investigada de inmediato por la PGR”, dijo el Grupo en el comunicado de prensa.
El Grupo solicitó a las autoridades que se realice una segunda autopsia al cuerpo de Julio César Mondragón, la cual deberá ser por los peritos independientes de Argentina. La razón es que no se evaluaron varias lesiones del rostro y fracturas craneales.

El Grupo de Expertos informó que su mandato concluye el 6 de septiembre, pero que solicitarán a la CIDH una ampliación de su mandato en México de seis meses más.

En junio pasado, el Grupo de Expertos denunció el retraso del Estado mexicano para facilitar las entrevistas a elementos del 27 Batallón de Iguala, Guerrero, solicitadas desde hace tres meses. Ángela Buitrago, experta del GEI, dijo que el día de ayer el Estado les informó que “aún analizaban la solicitud”.

“Más de tres meses después de haber realizado la petición a las autoridades de entrevistar directamente a los militares del 27 batallón, incluyendo aquellos cuyos testimonios no han sido tomados, el GIEI señala con preocupación el retraso en esta decisión. Hay que tener en cuenta que han pasado 9 meses desde los hechos y la urgencia que dichas acciones tienen para los familiares de las víctimas, así como el tiempo restringido de seis meses que el GIEI tiene para llevar a cabo su mandato. En opinión del Grupo esta demora limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos y las nuevas acciones y perspectivas en la búsqueda de los desaparecidos”, dijo el Grupo mediante un comunicado.

Además, los expertos de la CIDH anunciaron hoy que sobre la petición de entrevistar a 26 militares del batallón con sede en Iguala, los cuales, según familiares de las víctimas, pueden estar vinculados con lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014, el Estado señaló que la solicitud debe ser atendida en el marco del proceso penal.

El grupo interdisciplinario aceptó en un primer momento, siempre que pudieran acompañar y sugerir preguntas durante la declaración, pero el 16 de agosto recibieron una respuesta definitiva donde se les obligaba a formular las preguntas por escrito y a no participar en la comparecencia, lo que ellos rechazaron.

“No vamos a entregarles el cuestionario, no tendremos control de cómo ni qué responden”, dijo el experto chileno Francisco Cox, en una rueda de prensa en el marco de la quinta visita del grupo interdisciplinario a México por el caso Iguala.

  / agosto 17, 2015 - 10:13h)

EL "CHAPO" JURÓ MATARSE, PERO NO FUE NECESARIO


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En febrero de 2014, tras la captura de Joaquín Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, volé a El Paso, Texas, para entrevistar a dos personajes de leyenda: Larry Villalobos y Joe Bond, sí Bond como el de las películas. El primero fue jefe de inteligencia de la DEA en México y el segundo supervisor de operaciones de la misma agencia en nuestro país. Ambos son los expertos en la vida e historia criminal del Chapo.

Cuando hablé con ellos estaban impactados por la captura de Guzmán Loera. Los funcionarios de la DEA se entrevistaron con él en 1998 cuando aún estaba preso en Puente Grande. Ahí el capo, que aún estaba lejos de alcanzar las dimensiones de “más poderoso del mundo”, afirmó que primero se mataba o hacía que lo mataran antes de volver a estar en prisión.
 
“No voy a volver aquí, yo me mato o me matan antes de que me entregue al gobierno”, recordó en entrevista vívidamente,  palabra por palabra, Villalobos. Es por eso que ni él ni Bond daban crédito a que hubiese sido capturado vivo y ¿¡sin ningún disparo!? era increíble.

Un año cuatro meses después el tiempo resolvió la incógnita. El capo nunca en verdad fue prisionero del gobierno de Peña Nieto, más bien un huésped en el penal de máxima seguridad “El Altiplano” y desde un inicio parece haber estado seguro que iba a salir bastante pronto.

La clave para entender está en el propio expediente de la investigación de la PGR sobre la fuga del líder de Cártel de Sinaloa. Los peritajes, tarjetas informativas, actas y declaraciones ministeriales de presuntos responsables, empleados del penal y hasta de otros narcotraficantes presos en la misma área que Guzmán Loera, no dejan lugar a dudas de que altos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto lo dejaron salir.
Hay muchos puntos importantes: el Chapo usaba la cárcel como oficina alterna y despachaba sus asuntos familiares con la misma ligereza que los criminales, ante las cámaras que todo lo grababan en audio y video. El supuesto brazalete con GPS que tenía se lo pusieron tras una negociación con el narcotraficante y bajo sus propias condiciones, dijo el director general del penal Valentín Cárdenas, a la PGR.
“…se acordó por parte del comisionado que se le pondría un GPS para controlar sus movimientos y evitar puntos muertos,  por lo que dicho brazalete o pulsera le fue puesto en la muñeca izquierda y el señor Joaquín Guzmán Loera dijo estar de acuerdo siempre y cuando él lo cubriera con la manga de su camisa, situación que fue aceptada por ambas partes”, dijo Cárdenas a la PGR según su declaración ministerial que se encuentra de la foja 398 a la 415, del tomo III, de la averiguación previa.

Pero de todas las irregularidades antes, durante y después de la fuga, la que hoy causa mayor dolor de cabeza al gobierno de Peña Nieto, principalmente al Secretario de Gobernación Miguel  Ángel Osorio Chong, son las grabaciones de audio y video de los minutos previos, durante y después de que Guzmán Loera desapareció de la cámara de seguridad que lo vigilaba.

En dichas grabaciones se escucha como hay golpes de metal contra el concreto dentro de la celda del Chapo y el gobierno intentó ocultar para no evidenciar que literalmente lo dejaron ir. La información de la existencia del video fue revelada en una investigación mía publicada por la revista Proceso el 1 de agosto. Según el peritaje de la PGR a las grabaciones hechas por el CISEN, los golpes contra el concreto dentro de la celda del Chapo estuvieron escuchándose al menos durante los siete minutos previos a la fuga y dos agentes del CISEN encargados en ese turno que estaban monitoreando el video con audio, no hicieron nada para emitir una alerta e impedir la salida del capo.

Para simular trasparencia, el gobierno de Enrique Peña Nieto mostró el mismo video pero sin audio el 13 de julio pasado, en una conferencia de prensa encabezada por el desastroso Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, quien como si nada afirmó que no hubo información que indicaran que el Chapo iba a escapar. Mintió.

Varios medios de comunicación nacionales e internacionales como CNN, Univisión y  Telemundo le han dado seguimiento a la investigación sobre la existencia del video y otras pruebas contenidas en la averiguación previa de la PGR, difundidas por mí sobre todos los elementos que hubo para prevenir e impedir la fuga.

Al principio la reacción del gobierno de Peña Nieto fue intentar esquivar las insistentes preguntas de dichos medios, e incluso primero quisieron insinuar que los documentos en los que se basó el reportaje no eran auténticos. No cabe la menor duda que lo son, los obtuve directamente y sin intermediarios en el Consejo de la Judicatura Federal. Ante lo inevitable, la PGR reconoció a CNN que los documentos eran auténticos y que lo señalado en mis reportajes era íntegramente igual al contenido de la averiguación previa.

Pero el engaño de la administración de Peña Nieto, cada vez más común en los temas más delicados, tomó dimensiones legales cuando en una comparecencia ante diputados de la Comisión Bicamaral llevada a cabo el 16 de julio pasado, tampoco informaron al respecto. Por algo menos grabe que ocultar las verdaderas circunstancias de la fuga de un capo en 1998, el presidente de Estados Unidos Bill Clinton estuvo a punto de ser destituido, luego de haber ocultado al Congreso que tuvo una relación sexual impropia con la ya famosa becaria Mónica Lewinksy. Se consideró que cometió perjurio y obstrucción de la justicia.

El senador independiente Alejandro Encinas, secretario de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, me ha comentado que es muy grave que el gobierno haya ocultado la existencia de las grabaciones cuando él y los legisladores Ismael Hernández y Omar Fayad, ambos  del PRI, realizaron el 13 de julio pasado  una visita a “El Altiplano”, guiada directamente por Osorio Chong y Rubido, con el fin de ser informados verazmente sobre la evasión del capo. Pero más grave aún, dijo, es  que lo hayan ocultado en una comparecencia de carácter oficial.  Hasta donde se sabe hay otros legisladores que se sienten engañados, máxime cuando todas las comparecencias se dan bajo el juramento legal de decir la verdad y no ocultar información al Congreso.

A Encinas, quien fue Secretario de Gobierno del DF y luego Jefe de Gobierno,  no le es ajeno el funcionamiento de los penales ya que por sus cargos tuvo que empaparse del tema del funcionamiento de las prisiones en la capital del país. Tras su salida del penal dio entrevistas señalando todas las irregularidades detectadas. Particularmente a mí me indicó que en “El Altiplano”, Guzmán Loera pasaba con sus abogados más tiempo del reglamentario y que recibía visitas de varias personas de manera indebida. Y desde un inicio señaló que para que ocurriera la fuga tuvo que haber una amplia red de corrupción.

Encinas envió a Miguel Ángel Osorio Chong una carta solicitando en su calidad de miembro de la Comisión Bicamaral se le entregue copia de las grabaciones de video y audio de la fuga. Sigue esperando una respuesta.

El 11 de agosto pasado se cumplió un mes del escape. De los rastros del Chapo ni sus luces y tampoco de los autores intelectuales y materiales de su evasión dentro del gobierno de Peña Nieto. Apenas tres empleados de baja jerarquía, uno de la PF y dos custodios.

Leyendo una y otra vez el expediente de la PGR de la fuga, ahí está la respuesta a la interrogante de Villalobos y Bond. Es claro que el Chapo tenía de antemano un  boleto de salida. Un boleto que pese a la gran corrupción que había en el penal no podía ser transferible a otros presos, un boleto que ni siquiera podía beneficiar a su querido hermano Miguel Ángel Guzmán Loera, quien también está preso en El Altiplano y para quien no hubo túnel o puerta abierta para salir.

El Chapo juró matarse pero no fue necesario porque sabía que iba a salir.

(RIODOCE/ Anabel Hernández/ 16 agosto, 2015) 

ERA MILITAR LA MUJER ENCONTRADA MUERTA DENTRO DE UN AUTOMÓVIL EN CULIACÁN




La mañana de este lunes fue localizado el cadáver de una mujer dentro de un automóvil Ford Fusion de color negro con placas VPS3358  se encontraba a un costado de la carretera.

La  mujer fue identificada como Nalleli Medrano Pompa de 29 años, militar oficinista adscrita a Culiacán,  era de complexión robusta y cabello rubio, vestía una blusa color negro.

El vehículo tenía impactos de bala en carrocería y cristales, en el lugar se encontraron  7 casquillos .223 milimetros.

DIARIO SALVADOREÑO "EL FARO" RECIBE AMENAZAS TRAS PUBLICACIÓN DE NOTAS SOBRE TORTURA Y EJECUCIONES DE LA POLICÍA

En las últimas cinco semanas el periódico ha registrado decenas de amenazas y ha llevado el caso ante la Fiscalía. Además, ha hecho del conocimiento de esa institución y de las autoridades de Seguridad Pública información que parece apuntar a operaciones de seguimiento a sus periodistas.

El periódico El Faro publicó  que pasado 16 de julio presentó una primera denuncia, y este martes 11 de agosto de 2015 su respectiva ampliación, por una serie de amenazas recibidas en las últimas semanas, a propósito de dos publicaciones en las que denunció abusos y posibles ejecuciones extrajudiciales cometidos por agentes de la Policía Nacional Civil.

El 16 de julio este periódico pidió a la Fiscalía General de la República que investigue y persiga a las personas que, a través de redes sociales, lanzaron amenazas contra la integridad física de algunos periodistas de El Faro, después de que el medio publicara la nota “Aquí ya no caben más: mátenlos”, que relata una brutal paliza a un detenido esposado en la Delegación centro de la PNC. 

El martes de esta semana, presentó una ampliación de esa denuncia debido a que por los mismos medios fueron comunicadas otra serie de amenazas después de que se publicó la crónica “La Policía masacró en la finca San Blas”, en la que se reconstruye un operativo policial en el que murieron ocho personas, ocurrido el 26 de marzo de este año en San José Villanueva, La Libertad. Los testimonios y documentos periciales recogidos por El Faro contradicen la versión oficial de la Policía, que afirma que las ocho víctimas eran pandilleros y que todas las muertes se produjeron durante un intercambio de disparos.

“Espero en Dios poder capturar a una maldita rata empleada de ese periódico basura”, escribió un usuario el pasado 3 de agosto, en una publicación en la página de Facebook del periódico. “Allá por La Sultana hay que ir a ametrallar”, escribió desde un perfil anónimo otra persona, en alusión a la colonia donde se ubican las oficinas de El Faro. “Ojalá hubieran acribillado a los miembros del Faro”, añadió otro. “Si estuvieran en Guatemala, ya les hubieran quemado sus instalaciones y a ustedes seguro los linchan”, comentó otra persona, en una publicación sobre el mismo tema, el 6 de agosto. El Faro ha archivado decenas de estos ejemplos, que en algunos casos también se individualizan contra sus periodistas.

“Español es esa mierda, matémoslo como lo que le pasó al otro en La Campanera por ser bocón”, comentó un usuario en Facebook en respuesta a un tuit de uno de los autores de la crónica de la masacre de San Blas. La amenaza parecía aludir al asesinato del fotoperiodista hispano-francés Christian Poveda, en 2009. “Ojalá y termines como Poveda por insultar a todos los que no somos mareros”, escribió alguien en Twitter.

El periódico también tiene información que apunta a que en las últimas tres semanas ha habido seguimiento físico a algunos de sus periodistas. Esta información, junto con un registro de las amenazas recibidas, ha sido entregada a la Fiscalía y puesta en conocimiento de la Policía Nacional Civil y del Ministerio de Seguridad Pública.

El artículo 154 del Código Penal dice que “el que amenazare a otro con producirle a él o a su familia, un daño que constituyere delito, en sus personas, libertad, libertad sexual, honor o en su patrimonio, será sancionado con prisión de uno a tres años”, sin embargo, esa pena de prisión puede ser reemplazada por castigos alternativos. Uno de los agravantes de este delito es si las amenazas se producen de forma anónima, en cuyo caso, la pena del delito aumenta de tres a seis años y ya no es excarcelable.

El director de El Faro, José Luis Sanz, lamentó que se esté atacando a periodistas por cumplir con su labor de investigar y denunciar. “El clima de dolor y miedo que hay en el país explica que haya reacciones viscerales hacia las pandillas y hacia la denuncia que hizo El Faro, pero es inadmisible que un periodista reciba amenazas por hacer bien su trabajo. La sociedad salvadoreña tiene que reflexionar sobre el rumbo que están tomando las cosas”, analizó Sanz. “La labor del periodista no es subirse en la ola de la opinión pública, sino impulsar a la sociedad a la reflexión sobre sí misma y exigirle mayores niveles de humanidad y respeto al Estado de Derecho. Ojalá que las autoridades sienten un precedente ante quienes amenazan a periodistas y garanticen la seguridad de quienes ejercen el periodismo no solo en El Faro, sino en el resto de medios del país”, agregó.

El precedente más inmediato de acoso a periodistas a este medio ocurrió en julio del año pasado, cuando policías de la División Antinarcóticos detuvieron en un reten a Óscar Martínez, el coordinador de la Sala Negra de El Faro, expresamente para cuestionarlo por su relación con una fuente. Aquel caso también fue puesto en conocimiento de las autoridades pero no derivó en ninguna sanción a los agentes implicados. De acuerdo con el ránking de la organización Reporteros sin Fronteras, El Salvador bajó siete posiciones en 2014 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa.

En 2013, la Asociación de Periodistas de El Salvador reportó ocho casos de agresiones a la prensa; en 2014, esa cifra subió a 28 casos

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IMPERA EL SILENCIO

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A 35 días de la fuga del Chapo Guzmán

A la tercera semana de la fuga del Chapo Guzmán se acabó la fiesta. Desde aquella madrugada del domingo 12 de julio, cuando la noticia del escape por el túnel del Altiplano se esparció globalmente, y los días que siguieron el festejo fue como un triunfo con música, alboroto y hasta declaraciones ocultas. Ahora lo que piden es bajar el perfil.

El mensaje fue llegando como una orden, no como sugerencia, a distintos niveles de la Organización Sinaloa. Podría tratarse de miembros o solo de trabajadores indirectos.

“No oiga, de ese tema ya nada. Ya nos comentaron que no. Mas delante”, dice un trabajador que brinda servicios a personajes ligados al cártel más poderoso del mundo. Otro más, encargado de la venta de drogas al menudeo, comentó que les advirtieron que “nada de desmadres” en estos días. Que se interpreta como mantener tranquilidad completa.

Si después de la fuga de Joaquín Guzmán los corridos musicales se propagaron por las redes sociales, en la apología de la hazaña del Chapo, a algunos de esos grupos norteños también les llegó la orden: el silencio. Especialmente en comentarios a la prensa.

En realidad la orden se resume en unas cuantas palabras, mensajes cortos, pero precisos. Se van pasando de boca en boca. Sin discusión. Nadie sabe quién los envía o desde qué nivel en realidad podría llegar la orden, pero se va acatando. Nadie habla.

Obtener cualquier indicio ahora sobre lo que sucede es casi imposible. Lo mismo pasa en la Sierra Madre, en las comunidades del municipio de Badiraguato.

En las dos primeras semanas posteriores a la fuga, cuando la prensa internacional se volcó a la cuna de Joaquín Guzmán Loera, llegaron a estar en Sinaloa hasta dos docenas de corresponsales extranjeros, todos ellos en posibilidades de obtener testimonios de los pobladores.

En Badiraguato y sus comunidades aledañas era posible platicar con los pobladores sobre lo ocurrido y el impacto del narcotráfico en sus economías y en su vida diaria. Incluso aquellos que se adentraron hasta La Tuna, donde aún vive Consuelo Loera, madre del capo, obtuvieron testimonios de sus habitantes.

Luego, los corresponsales rezagados en la cobertura que llegaron a ser en total hasta medio centenar de periódicos, televisoras y radios del mundo, empezaron con las dificultades para los testimonios. Hasta llegar a la negativa total de ahora.

Otras versiones indicaron que los integrantes del grupo que comanda Guzmán Loera fueron concentrados en alguna región de Sinaloa o de fuera de la entidad, por “órdenes de arriba”. Entre los que acataron esta disposición hay pistoleros, pero también operadores de mediano nivel y superiores.

La ausencia de narcotraficantes de nivel de este grupo criminal no permitió que se desarrollaran negociaciones entre altos directivos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de otras instituciones del gobierno federal que realizan operativos en esta entidad, cuando éstos buscaron acercarse y obtener dinero a cambio de evitar cateos y otros operativos.

“No se puede hablar, ahorita es peligrosísimo. Es la línea que se ha girado entre toda la gente que anda metida en esto. De hecho ha habido reuniones de carácter social, familiar, de gente metida en el negocio, y nadie pregunta ni comenta nada. Es parte de esto, de estarse cuidando”.

Cuando detuvieron a Joaquín Guzmán, en febrero de 2014, la estructura apenas se cimbró. Impactó el hecho, desordenó los mandos de la organización por unos días, se hicieron algunos ajustes, pero en esencia todo siguió igual. El Chapo, se sabría después, seguía al mando de su poderosa nómina desde el Altiplano, bajo la operación de sus hijos, “Los menores” Iván y Alfredo Guzmán Salazar, y de su hermano Aureliano.

“¿Qué va a pasar ahora que el Chapo se ha fugado?”, es la pregunta que con frecuencia hacen los periodistas que vienen de fuera. Es posible que nada, como casi nada pasó cuando lo detuvieron.


TRAS LAS HUELLAS DE RAFAEL CARO QUINTERO

rafael caro poster
Negociaciones en las altas esferas “gringas”

Luego de la liberación de Rafael Caro Quintero en agosto de 2013, el gobierno de Estados Unidos se fue con todo para recapturar al capo, ejerciendo para ello una gran presión hacia las autoridades mexicanas para que intensificaran la búsqueda en su territorio, además de instalar espectaculares en las garitas fronterizas del vecino país, que incluían fotos del narcotraficante, y una recompensa de hasta 5 millones de dólares para quien diera información que ayudara a su localización, arresto, y eventual extradición.

No obstante, algo empezó a cocinarse muy calladamente en las altas esferas de la DEA puesto que, tras la liberación de Rafael Caro, el Departamento de Justicia de ese país misteriosamente redujo la sentencia a su hermano Miguel Ángel Caro Quintero, encarcelado en Estados Unidos y originalmente sentenciado por el Juez Phillip A. Brimmer a 17 años de cárcel en 2010. Sin embargo, Miguel Ángel está programado para salir en libertad el 12 de octubre de 2019; es decir, casi ocho años menos que la sentencia original.

¿Qué pudo motivar al USDOJ a tomar esa reducción en la pena?, es un misterio que nadie en el USDOJ pudo o quiso responder.

Más extraño es que mientras el Sistema Penitenciario de Estados Unidos (BOP) asegura que Miguel Ángel Caro Quintero se encuentra recluido en una cárcel de mediana seguridad en Victorville California, fuentes extraoficiales aseguran que éste vive en una casa de seguridad en Arizona, gracias a una serie de acuerdos hechos con fiscales estadunidenses, lo cual vendría a confirmar la teoría de que un gran número de capos sinaloenses se han unido al programa de testigos protegidos en su afán por reducir sus sentencias.

En este caso, Miguel Ángel parece ser el principal señuelo para atrapar a uno de los principales objetivos de la DEA: Rafael Caro Quintero.

El silencio           
                                           
Cada vez que se cuestiona a funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ) sobre el paradero de Miguel Ángel Caro Quintero, extraditado a ese país el 25 de febrero de 2009, no hay respuesta, sólo silencio.

“Sin comentarios”, coinciden lacónicamente voceros del USDOJ en Arizona y Colorado, los dos Distritos que hicieron la solicitud de extradición a México.

Chris Burke, vocero del BOP, asegura que su oficina lo tiene, y para ello hace referencia a la ficha número 02921-748, que confirma el encarcelamiento de Caro Quintero en la prisión de Víctorville, en California Estados Unidos.

Eso sería, en teoría, todo lo que hay: una ficha. Nadie en el USDOJ puede precisar si el capo realmente está en prisión, aunque de no encontrarse encarcelado la pregunta obligada es ¿dónde está?

Según una investigación realizada por Ríodoce, ese caso no es aislado, ya que los nombres de narcotraficantes como Serafín Zambada Ortiz y Rodrigo Aréchiga Gamboa también aparecían hasta hace algunos meses en el sistema de prisiones de Estados Unidos, pero poco después de anunciarse que habían aceptado su culpabilidad, sus nombres fueron eliminados y según fuentes del BOP, ambos capos fueron removidos de sus celdas por agentes del US Marshals.

Se cree que fueron llevados a casas de seguridad donde cumplen sus condenas, gracias a que aceptaron someterse al programa de testigos protegidos.

Ríodoce solicitó al gobierno de Estados Unidos, mediante el acceso “FOIA” (Freedom of Information Act)-, detalles sobre los acuerdos que habrían hecho capos como Caro Quintero, Aréchiga Gamboa y Zambada Ortiz, pero el acceso fue negado argumentando que “violaba los acuerdos de privacidad de cada uno de esos individuos”.

Jenia Turner, profesora de leyes de la Universidad de Dedman, en Texas, dijo que ello obedecía a acuerdos muy secretos que hacía el gobierno de Estados Unidos, aunque había ocasiones en los que el acusado lograba muchos beneficios a cambio de información que habría de dar para que el gobierno llegara a otros capos, incluso, por datos como esos el acusado podía obtener inmunidad total.

“Lo cierto es que cada vez son más frecuentes los acuerdos entre narcotraficantes y el gobierno de Estados Unidos, y básicamente lo que ocurre es que el acusado se declara culpable y accede a testificar contra otros de la misma organización, o bien decide cooperar para que lleguen a otros capos más poderosos”, dijo la profesora Turner.

Actualmente, según ha reiterado la DEA, son dos sus principales objetivos: uno es Rafael Caro Quintero, a quien se acusa de haber ordenado matar al ex agente de la DEA, Enrique Camarena, y el otro es Joaquín el Chapo Guzmán, que en Chicago es considerado “enemigo Público Número 1”. Por cada uno el gobierno de ese país ofrece 5 millones de dólares.

Acuerdos secretos

Según los archivos judiciales número 90CR00130-PAB-01 y 09-CR-00367, a los cuales Ríodoce tuvo acceso, se explica sobre un acuerdo secreto entre la defensa de Miguel Ángel Caro Quintero y la fiscalía estadunidenses, el cual destaca que todo acuerdo puede ser alterado en cualquier momento, según sean los intereses de Estados Unidos.

También explica el acuerdo que, de ofrecer el acusado nuevos elementos de interés para la fiscalía estadunidense, la sentencia misma puede cambiarse, siempre y cuando su aportación sea más sólida y ello contribuya a la localización de otros delincuentes.

“En ese caso, la sentencia impuesta puede modificarse, pero de igual forma, si el acusado decide cambiar de parecer y se declara no culpable, el gobierno no estaría obligado a cumplir ningún acuerdo hecho anteriormente”, se lee en el documento.

Miguel Ángel Caro Quintero, quien fuera líder del Cártel de Sonora luego del arresto de su hermano Rafael, en Costa Rica, se había declarado culpable en octubre de 2009 de cargos por conspiración para distribuir mariguana en Arizona, y asociación delictuosa en Colorado.

Todo había sido parte del acuerdo que los abogados Walter Nash, Stephen Ralls y John Richilano, habrían logrado con los fiscales, quienes les habrían prometido una sentencia no tan severa, y para ello solicitaron al juez Brimmer que le impusiera una la pena mínima de 10 años, “por estar arrepentido por los daños que había causado en las comunidades de ese país”, sin embargo el juez, lo sentenció a 17 años, tres menos que la pena máxima, considerándole esos tres años por el tiempo que cumplió en una prisión mexicana por un cargo no relacionado con posesión de armas.

Al final, como posteriormente ocurriera con capos como Eduardo y Benjamín Arellano Félix, Héctor el Güero Palma Salazar, Osiel Cárdenas Guillén, entre otros, la compasión gringa nunca llegó.

Badiraguato: el ojo de la DEA

Y mientras el gobierno de Estados Unidos hace todo tipo de acuerdos para tarde o temprano atrapar a Rafael Caro Quintero, un alto funcionario de la DEA dijo recientemente que era el Chapo Guzmán quien podría encontrarse en Sinaloa, aunque según fuentes del USDOJ, es también posible que Caro Quintero se encuentre en ese estado.

A diferencia de la ciudad de México, en donde pueden verse patrullas con la foto del Chapo Guzmán y la leyenda de “se busca”, en la sierra de Badiraguato nadie parece buscarlo, aunque la misma fuente del USDOJ dijo que la búsqueda estaba ocurriendo vía satelital y con “drones” de alta tecnología, que sobrevolaban la sierra de Sinaloa.

Mario Valenzuela López, presidente municipal de Badiraguato, dijo a Ríodoce que esa búsqueda satelital era mejor a que el gobierno mexicano, acompañado de los gringos, entraran a la sierra a cometer todo tipo de abusos.

“Una cosa estoy seguro, no creo que ninguno de ellos (Caro Quintero y el Chapo Guzmán) estén aquí en la sierra, pero sobretodo, no quiero que por un comentario del director de la DEA, se deje venir el ejército a Badiraguato y ocurra otra operación Cóndor”, dijo el edil, en referencia a los abusos y violación a los derechos humanos que el Ejército mexicano cometió a finales de los 70 en esa zona.

Y agregó Valenzuela López: “Ni la Tuna ni ningún otro pueblo de Badiraguato tienen la culpa que se les haya escapado el Chapo o que hayan soltado al otro, y no sería justo que nuestra gente pague abusos por esa omisión, ahora bien, si tienen vigilancia satelital, como nosotros también hemos oído, que la utilicen; es mejor eso a que vengan con sus operativos violentos”.

Aunque tal vez nunca lleguen los grandes comandos militares que mantienen preparados a los residentes de la sierra, que a la primera señal alertaría a medio mundo de inmediato, sí se mantiene una vigilancia constante por parte de sus residentes, según pudo constatarse en una reciente visita que se hizo hasta la región conocida como “el triángulo dorado”.

Por ello es que cada vez que a las comunidades de la sierra se mira llegar a un extranjero o incluso, a cualquier extraño, se prenden los focos rojos en la gente que vigila esas zonas, y es cuando el resto de la población se mantiene arisca.

—¿Y porqué tanta desconfianza? —se le pregunta a un residente de San José del Llano, cuando se intentó entablar plática con él.

—Porque aunque ustedes dicen que son periodistas, bien pueden ser otra cosa —respondió.

—¿Qué otra cosa podemos ser que tanto les preocupe?

—Agentes de la DEA.


SE QUEJAN POBLADORES DE OPERATIVO DE LA MARINA EN "RUTA DE CARO QUINTERO"

Marinos Catean Casas en Guanajuato, Badiraguato

Elementos de la Marina Armada de México, arribaron a los poblados de Guanajuato, Babunica y Las Juntas, llamado por algunos como la “ruta de Caro Quintero”, por ser poblados cercanos a la Noria, Badiraguato.

En los tres pueblos catearon casas en supuesta búsqueda de armamento, y destruyeron techos con el bajo vuelo de los helicópteros, hasta el momento no se sabe el motivo del operativo, pero los pobladores creen que van en busca de Rafael Caro Quintero.

Eran alrededor de las 8:30 de la mañana del viernes pasado, cuando los pobladores de Guanajuato,  vieron tres helicópteros sobrevolando la zona. Ahí el operativo duró hasta las once de la mañana y catearon cinco de las casas.

Marinos Catean Casas en Guanajuato, BadiraguatoUna de las afectadas informó que ella se encontraba barriendo el patio de su casa cuando se dio cuenta de los helicópteros que sobrevolaban;   le comentó a uno de sus hijos que radica en Culiacán pero recién había llegado, acompañado por un asesor de seguros, para verificar el domicilio.

El joven y el asesor de seguros subieron a su automóvil  porque ya venían de  regreso a la ciudad, cuando uno de los helicópteros empezó a seguirlos, hasta que  se detuvieron.

Elementos que ya se encontraban en tierra, los bajaron, exigiendoles que pusieran los brazos en alto, y los regresaron a la casa de donde habían salido.

La madre del joven al percatarse salió al patio donde estaban los otros dos helicópteros y alrededor de doce marinos, que empezaron a catear la casa, y abrir los automóviles  estacionados para revisarlos en una supuesta búsqueda de armas, en ese domicilio duraron alrededor de dos horas.

“Me dijeron ¿tiene armas?, se hicieron que entraban y buscaban armas, pero les dije que no, que revisaran, luego  me preguntaron cómo se llama mi esposo y fue todo lo que me dijeron, pero el helicóptero fue el que me hizo todo el desastre”, narro la mujer.

La señora informó que ninguno de los elementos le mostró una orden para entrar a su vivienda, y tampoco le dijeron si iban en busca de alguien, sin embargo se percató que uno de los agentes de la SEMAR, quito una foto de un portarretrato que estaba en la sala, donde aparecía ella al lado de su esposo.

Marinos Catean Casas en Guanajuato, BadiraguatoTambién le pidieron que les mostrara su credencial a la que le tomaron fotos, cuando la mujer le cuestionó el motivo, uno de los marinos le respondió que era “para pagarle los daños” que le habían ocasionado. Otro de los pobladores donde también entraron reportan el mismo hecho de fotografiar su identificación.

Este es el tercer operativo por elementos de la Secretaría de Marina, reportado por pobladores cercanos a la Noria Badiraguato, después de que fue liberado  Rafael Caro Quintero.

“Muchos aquí nos apellidamos Caro, otros  Quintero o Elenes, pero no por eso quiere decir que seamos delincuentes, o que conozcamos a ese señor (refiriéndose a Rafael Caro Quintero), este es un pueblo muy tranquilo, no somos maleantes”, mencionó otro de los afectados por la marina.

Hasta el momento la Secretaria de Marina  no ha emitido ningún informe al respecto.

 (RIODOCE/ Cristian Díaz / Fotos: Fernando Brito/ 17 agosto, 2015)

UN MAR DE CORRUPCIÓN EN EL FIDEICOMISO DEL RIO SONORA

"Vemos como ciudadanos que por más que se ha luchado, por más que se ha pedido y solicitado a las autoridades el apoyo tanto para esas personas –afectadas por enfermedades- como para quienes fuimos afectados por la contaminación y por todo lo que ha venido pasando, los recursos se han negado y han ido a parar a manos de autoridades federales y estatales y a personajes ligados a partidos políticos", reclaman los afectados Ramón Ángel Pacheco y Nadia María Vega López, de Baviacora y Ures, respectivamente.
 
A más de un año del derrame de 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos que despidió la mina Buena Vista del Cobre a lo largo de 126 kilómetros en agosto del año pasado, que afectó a miles de habitantes de siete municipios ubicados en las márgenes del Río Sonora, ha creado un conflicto social de proporciones inconcebibles derivado de la inconformidad de miles de damnificados que no han visto satisfechas sus legítimas demandas.


Se trata de un conflicto que poco a poco ha ido escalando en esa región sonorense y que puede desembocar en movimientos sociales más complejos que a su vez pueden resultar imparables, debido, precisamente, a la forma en que se ha enfrentado el desastre ecológico por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno y del propio Grupo México -responsable del derrame cuya noticia le dio la vuelta al mundo-.


Sobre todo en lo que tiene que ver con la repartición de recursos económicos a los más afectados por parte del Fideicomiso Río Sonora, a través de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y las respectivas delegaciones federales nombradas para coadyuvar en el gigantesco problema ambiental.


Líderes sociales de Ures y Baviácora acusan a autoridades federales de actuar en contubernio con unos cuantos personajes de extracción priista para favorecer a unos cuantos allegados en cada uno de los municipios afectados.


Y señalan al ex subsecretario de gobierno en el sexenio de Eduardo Bours y ex diputado local, Jorge Gastélum como uno de los más beneficiados, así como los ex legisladores priistas Ricardo Rivera Galindo, Fermín Trujillo y Víctor Martínez Olivarría, quienes poseen negocios en la otrora capital de Sonora.


“Lo que ellos nomás han querido siempre en todos los comités ciudadanos es beneficio propio nada más para ellos y sacar recursos para sus familias y eso es lo que se ha venido haciendo”, señala sin rubor Nadia María Vega López de Ures, quien también resultó afectada por el derrame, “el gobierno lo que ha estado haciendo es estarle dando (dinero) a esos comités y se ve muy claro que en el momento de hacer los pagos estos son selectivos en el monto y cantidad”.


Nadia María asegura que a muchos negocios formalmente establecidos después del derrame apenas les pagaron 5 mil pesos de indemnización para paliar los efectos negativos de la tragedia ambiental, pero a los comités ciudadanos les han entregado cantidades estratosféricas para beneficiar a unos cuantos.


“Entonces, como te digo, el asunto de todo esto es que nosotros vemos como ciudadanos que por más que se ha luchado, por más que se ha pedido y solicitado a las autoridades el apoyo tanto para esas personas –afectadas por enfermedades- como para quienes fuimos afectados por la contaminación y por todo lo que se ha venido cometiendo por años, pues esto no es de ahorita ni del año pasado, es de por años que está esta contaminación, pero desgraciadamente se les salió de las manos a Grupo Mexico”, abunda la lideresa.


Ramon Ángel Pacheco León, líder de Baviacora la secunda y establece que se benefician ellos y sus familias –los personajes del PRI- nada más, pues hacen los comités ciudadanos para recabar dinero, pero jamás se vuelven a parar en una reunión.


Y se cuestiona: ¿Dónde están esas potabilizadoras de agua, que son 360 millones de pesos que se dieron para construirlas, a un año del derrame no ha habido solución en el agua”.


Nadia María Vega acusa que tanto los receptores de los apoyos grandes como los delegados federales evaden completamente todo por el hecho de que el Fideicomiso está en México y quien tenga alguna inquietud se tiene que ir a la capital del país si se quiere hacer alguna petición.


“Nosotros estuvimos en contacto con el delegado de Gobernación, Adolfo García Morales, y él nos dice, muy fácil, váyanse con Rodolfo Lacy Tamayo, esa es la tontería con que nos salió”, agrega, ¿quien es él?, es el presidente del Fideicomiso Río Sonora, o sea el subsecretario de la Semarnat en México. Ve las tonterías con las que nos sale el delegado, sino tenemos dinero ni siquiera para venir a curarnos a Hermosillo, mucho menos para ir hasta la ciudad de México”.


Ramón Ángel Pacheco León coincide con Nadia María Vega López: “un aspecto que a mí me enrabia, es que en el caso de Baviacora de donde yo soy, no hemos recibido algún tipo de beneficio por parte del Fideicomiso, sin embargo, en poblaciones que pertenecen al municipio, que no fueron afectadas, sus habitantes han recibido cheques de cientos de miles de pesos.


A saber: Mesa del Seri, Pueblo de Álamos, Rancho Viejo, el Seguro de Ures, Rayon y Opodepe, que no tienen nada que ver con el caudal del Rio Sonora.


Critica que las autoridades federales están haciendo una repartición inequitativa, que se decide con criterios unilaterales del Fideicomiso Rio Sonora y el comité ciudadano que tiene cada municipio, que es compuesto por personas “representativas” y por cada alcalde, respectivamente.


Nadia María Vega López externa que ellos dos y mucha más gente afectada tienen pruebas suficientes de sus dichos... 

“Te lo digo porque nosotros encontramos unas cajas de beneficiarios legítimos, y estuvimos horas y horas haciendo fila para entregar esos expedientes, pero sabes qué hicieron con ellos, fueron y los tiraron al basurero”, relata mientras en su voz y rostro se dibuja el rictus del malestar


“¿Qué hicieron?... este sí porque es mi pariente, este no por esto otro, este no porque me cae mal y este no porque es hijo de la maestra, este no porque es panista o perredista, con esos criterios hicieron la selección de beneficiarios”, sostiene.


Vega López establece que es muy importante recalcar lo político, porque incluso en una manifestación realizada para cerrar la carretera en Ures, hubo una persona que agarró el micrófono y señaló a un representante político y ex diputado del PRI de nombre Víctor Martínez Olivarría, de que cuando recién inició lo del derrame, por medio del radio solicitó a toda la gente de Ures que fueran y entregaran una copia de la credencial de elector y que con dicha acción iban a dar 10 mil pesos mensuales a cada uno de los que entregaran dicha identificación. 


Y vuelve de nuevo a la carga, al señalar que con esas credenciales que la gente entregó en Ures, Ricardo Rivera Galindo, Víctor Martínez Olivarría, Fermín Trujillo y Jorge Gastélum, los llamados "Cuatro Fantásticos" de Ures, fueron a Mexico y formaron una asociación civil  y ellos ante el Fideicomiso Río Sonora se autonombraron representantes de todos los afectados del Río Sonora sin tomar en cuenta el parecer de la gente.


Ramón Ángel Pacheco León, dice que una vez que ellos se beneficiaron guardaron silencio y que a cada uno de ellos el Fideicomiso dio arriba de 1 millón de pesos de “indemnización”.


Nadia María revela que en una sola emisión Víctor Martínez Olivarría recibió más de un millón de pesos debido a que alegó que se vio afectado con su central camionera tras el derrame tóxico.


“Ya ni chinga Víctor ¿cuándo dejaron de funcionar los camiones?  ¡Nunca!  al contrario, fue cuando hubo más derrama porque la gente empezó a ir más al Río Sonora después del derrame y hasta le rentaban camiones y los hoteles de Ricardo Rivera y Jorge Gastélum tuvieron más clientela ... ¡Los cuatro Fantásticos y los funcionarios federales y locales son unos léperos, abusivos y traidores, porque le han robado al pueblo!”, se queja Vega López. 


Ramón Angel Pacheco León, por su parte, expresa que el problema se agrava debido a la superficialidad con que las autoridades responsables hacen uso de los recursos en forma por demás discrecional.


“El que no está haciendo bien su trabajo es el dirigente del fideicomiso Roberto Lazy Tamayo, que es el que autoriza los pagos, entonces esos pagos llegan a los municipios una semana antes”, refiere, el otro problema que hay es que los presidentes municipales tienen, aparentemente, la facultad de modificar los pagos que a ellos les mandan, es decir, a quienes se les va pagar”.


Acusa de hacer mal su trabajo a Raul Acosta Tapia, delegado de la Procuraduría Agraria, quien es el encargado de los pagos en Ures; también a Luis Núñez delegado de Economía y Adolfo García Morales de Gobernación.


Pero además señala a los alcaldes de falta de transparencia en los pagos a los afectados al igual que a los comités ciudadanos formados para decidir quién entra y quién no en la repartición.


 “Si tu ibas y entregabas el expediente, estaban decidiendo ellos quién sí y quién no entraba, entonces al momento de que llegan los pagos te das cuenta que esos nomás llegan a los familiares más cercanos de esas personas, que fueron los que lideran las mesas directivas de los comités ciudadanos, allegados a eso personajes del PRI que te hemos mencionado, quienes a su vez son amigos de los funcionarios federales responsables y así pues no se puede”.

(DOSSIER POLITICO/ Claudio Tiznado/ 2015-08-16)