martes, 8 de octubre de 2013

PARÁLISIS EN EU: AFECTACIONES FRONTERIZAS




Desde el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, el 1 de octubre, la incertidumbre no es exclusiva de los más de 800 mil empleados que fueron retirados de sus trabajos ni del otro millón que podrían perder también sus fuentes de ingresos. La dinámica fronteriza podría cambiar si se prolonga este período.

También referido como “apagón”, el cierre parcial de gobierno es la suspensión de todos los servicios no esenciales que dependen directamente del financiamiento federal. Por ello, los empleados considerados “no esenciales” -800 mil en todo el país-, son retirados temporalmente de sus empleos sin goce de sueldo.

La medida es el resultado del desacuerdo en el Poder Legislativo de la Unión Americana. El Senado -controlado por demócratas-, y la Cámara de Representantes -controlada por republicanos-, no aprobaron un presupuesto para el año fiscal 2014.

La razón es la diferencia de posturas respecto a la polémica reforma de salud aprobada desde 2010. La cobertura universal de salud -también llamada Obamacare-, ha sido boicoteada por los legisladores republicanos desde el Congreso mediante la aprobación de proyectos presupuestales sin los rubros desde donde se financiaría la reforma.

Cuando estas propuestas suben al Senado, son rechazadas por los demócratas, quienes en apoyo al primer mandatario emanado de su partido, consideran un chantaje la estrategia de los legisladores conservadores.


EN UN FUTURO, PODRÍA SUSPENDERSE LA EMISIÓN DE VISAS

Con el término del año fiscal 2013, la noche del 30 de septiembre, los legisladores no llegaron a un acuerdo y, por ende, prefirieron dejar sin recursos para operar algunas funciones públicas.

Desde hace 17 años no se registraba tal situación. Aquel entonces, el también demócrata, Bill Clinton, encabezó un gobierno sin presupuesto durante 21 días, en el “apagón” más largo registrado en el país.

PERJUICIOS INMEDIATOS

Consideradas como “no esenciales”, los servicios suspendidos son aquellos prestados por la agencia espacial NASA, los centros de investigación, museos, monumentos públicos, algunas áreas turísticas, así como las reservas y parques naturales.

Así, la agencia con el más severo recorte de personal es la NASA, que ahora prescinde del 97 por ciento de sus trabajadores, seguida de Desarrollo Urbano y Vivienda, Educación.

Con menos empleos removidos están los departamentos de Defensa (18 por ciento), Justicia (16 por ciento) y Seguridad Nacional (14 por ciento).

Mientras que la Reserva Federal, el Servicio Postal y el Departamento de Estado permanecieron intactos en su lista de personal por ser considerados servicios esenciales para el funcionamiento del país.

Pero eso tampoco implica un beneficio directo. Hasta que no se apruebe el presupuesto para el año fiscal ya en curso, los militares no podrán recibir sus sueldos, aunque recibirán cheques retroactivos una vez que se reanuden los pagos.

Quienes sí mantendrán sus sueldos completos son los legisladores estadounidenses, quienes obtendrán sus 170 mil dólares anuales.

Una frontera por donde pasan 35 billones de dólares y 85 millones de personas al año

La Asociación de Gobiernos de San Diego publicó en septiembre su estudio de cruces fronterizos y estadísticas de intercambio durante 2012. Con información recopilada de los departamentos de transporte, comercio y aduana de ambos países, documentó la importancia de la dinámica en la región binacional.

Para California, México representa el país a donde llegan la mayor cantidad de sus productos exportados. En 2012, nuestro país consumió más de 26 billones del estado fronterizo.

De ahí que la garita de Otay sea la principal puerta de intercambio comercial entre estos dos destinos. Precisamente en 2012, se alcanzó el nivel más alto de volúmenes en los cruces fronterizos.

Por su parte, la garita de San Ysidro procesó casi 28 millones de personas que cruzaron de Tijuana a San Diego. Un promedio de 76 mil diarias. En total, se calcula que más de 55 millones de personas atravesaron la principal de las tres garitas que comparten San Diego y Baja California.

En 2012, del número de personas que cruzaron por San Ysidro hacia Estados Unidos, más de 8 millones fueron peatones y el 70 por ciento restante, lo hicieron en vehículos particulares o de pasajeros.

Mientras que por la garita comercial de Otay, más de 778 mil camiones ingresaron a territorio estadounidense. Junto a la garita de Tecate, en 2012, se comercializaron bienes valorados en 35 billones de dólares.

Cada año, entre importaciones y exportaciones en ambos sentidos, México y Estados Unidos realizan intercambios comerciales estimados en 493.9 billones de dólares. De esa cantidad, el siete por ciento-los 35 billones mencionados anteriormente-, se concentran en la región San Diego-Tijuana-Tecate.

CRUCES FRONTERIZOS Y EMISIÓN DE VISAS

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) depende directamente del departamento de Seguridad Nacional. El mismo que desde el martes 1 de octubre, opera sin el 14 por ciento de sus más de 200 mil empleados.
Los sitios de Internet de agencias federales no serán actualizados


En su sitio web, la agencia anunció: “Las operaciones conducidas en las garitas, al igual que otros programas de Seguridad Fronteriza como la Patrulla Fronteriza, continuarán operando bajo un cierre de gobierno porque han sido considerados por Ley, necesarios para la seguridad y protección de vidas y propiedades”.

Sin embargo, una prolongación en el financiamiento del país podría significar un plan de cierre parcial en la CBP y con ello, la disminución de agentes fronterizos -como se presenció en enero de 2013 con el secuestro presupuestal federal-, o bien, de las horas de trabajo.

Esto, a su vez, se traduce en tiempos más largos de espera, tanto para turistas como trabajadores y estudiantes, quienes cruzan diariamente a Estados Unidos. El impacto sería resentido también por el sector industrial de la región.

También el Consulado de Estados Unidos en Tijuana utilizó internet para confirmar: “Todos los servicios consulares continúan conforme a la agenda”. Se instruye tanto a los solicitantes para visas de inmigrante y de no inmigrante, asistir a sus citas agendadas.

Mientras que para los ciudadanos estadounidenses, continúan disponibles tanto los servicios de rutina como los de emergencia. Esta oficina consular es la que ofrece mayor servicio a ciudadanos americanos.

Con más de 200 mil estadounidenses en Baja California, entre turistas, residentes y aquéllos con doble nacionalidad, la representación de la Embajada requiere de un amplio presupuesto para continuar operando con regularidad.

Sin recursos aprobados para el año fiscal 2014, el Consulado podría funcionar regularmente dos semanas más como máximo. Además, la emisión de visas no es considerada un servicio esencial por el gobierno estadounidense, por lo tanto, podría haber un retraso significativo.

Y hasta que legisladores republicanos y demócratas no pacten un acuerdo que permita la aprobación del presupuesto federal, el gobierno continuará recortando tanto empleos como servicios con afectaciones específicas en la frontera.

Incluso, la discusión podría agravarse todavía más. El Departamento de Tesoro anunció que la fecha límite para elevar el techo de la deuda es el 17 de octubre. Con 16.7 billones de dólares, si no se aprueba un incremento, el país se vería estrangulado por una severa crisis financiera.

(SEMANARIO ZETA/ Inés García Ramos /octubre 7, 2013 12:01 PM)

10 DESAPARICIONES SIN RESOLVER



La lista incluye a una niña, un ecologista, un músico y 7 presuntos narcomenudistas encabezados por Héctor Manuel Diarte Aguilar “El Cleto”. Por lo pronto, la PGJE, encontró la osamenta de quien fue identificado como Ingin Joel Bautista Hamburgo “El Hamburgo”

Con el hallazgo de la octava fosa clandestina del año, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur resolvió el 30 de septiembre el caso de la desaparición del joven Ingin Joel Bautista Hamburgo “El Hamburgo”, considerado en el último mapa delictivo elaborado por autoridades federales y militares, como parte de la estructura criminal de la banda de Héctor Manuel Diarte Aguilar “El Cleto”.

El delito de la privación ilegal del joven de 26 años era investigado bajo el número de averiguación previa LPZ/804/AMP5/2012, después de que la noche del 23 de diciembre del 2012, fuera levantado de un cajero de Banorte, localizado en la oficina de Servicios Públicos Municipales al sur de la ciudad de La Paz, y desde entonces no se supo de él.

Según las primeras investigaciones de la PGJE, y con base a testimonios, la última persona con la que tuvo contacto “El Hamburgo” fue con la joven Xóchitl Isbeth Diarte Ramírez “La Cletita”, hija de “El Cleto” y de Francelia Ramírez Ramírez “La Cleta”, actual jefa de la plaza del narcomenudeo en Todos Santos.

La noche en que desapareció –de acuerdo a testigos de cargo—“tres personas de aspecto joven habrían participado en el levantón de El Hamburgo y quienes portaban una pistola y un arma larga”.

La PGJE supo de la última fosa cuando agentes de investigaciones capturaron a Sergio Espinoza González “El Coruco” o “El Tamalero”, quien después de ser sujeto a un largo interrogatorio, terminó por confesar y confirmar haber participado en el levantón, crimen e inhumación de Ingin Joel Bautista Hamburgo.

Según el expediente, los investigadores del caso ya lo tenían bajo la mira porque había testimonios y evidencias de ser uno de los responsables de la desaparición del joven.

Tras ser detenido, en su confesión el delincuente dijo que en el homicidio también participaron dos personas más: Pablo Alejandro Salas Chávez “El Guayabo” y Federico Jackes Mejía “El Soldador” o “El Contador”, quienes actualmente están presos en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de La Paz por los delitos de robo con violencia y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El criminal dijo recordar dónde habían enterrado a su víctima y llevó a los agentes investigadores hasta un terreno localizado a 50 metros de una brecha que conduce a una zona conocida como “Cañada de Palo Verde”, pasando la comunidad de Los Planes al sureste de La Paz.

Sin necesidad de presionarlo, expuso que primero lo levantaron, luego lo ejecutaron de un tiro en la cabeza con una pistola 45; posteriormente lo sepultaron, enseguida abandonaron el vehículo de la víctima y le prendieron fuego para borrar evidencias por la carretera a la comunidad de San Antonio hacia La Paz.

La tarde en que fue detenido “El Coruco” o “El Tamalero”, los agentes investigadores de la PGJE iniciaron la excavación que terminó un día después con el hallazgo de la osamenta de “El Hamburgo”.

En la escena del crimen, los agentes encontraron un agujero de 2 metros de largo por 50 de ancho y una profundidad de un metro. Dentro había restos humanos, la ropa y el orificio en la cabeza coincidieron con la versión del criminal confeso.

Por lo pronto, la PGJE preparaba la osamenta y los restos de la víctima para ser enviados a un laboratorio de genética y ser sometidos a un estudio de ADN y confirmar que efectivamente se trata de los restos de Ingin Joel Bautista Hamburgo; los resultados podrían estar entre 30 y 45 días.

Durante el interrogatorio, Sergio Espinoza González “El Coruco” dijo que los tres presuntos responsables del crimen de “El Hamburgo” operaban para la banda del ex jefe de la plaza de La Paz, Héctor Antonio Salazar Monzón “El Oaxaco”, pero después de haber sido asesinado el 15 de agosto del 2012, y tras quedarse a la deriva, empezaron a delinquir por su cuenta, cometiendo robos, asaltos y asesinatos por encargo.

El criminal confesó saber de otros narcomenudistas que estaban en la misma situación y citó el caso José de Jesús Vázquez Torres “El JJ”, hijastro de la regidora del PRI, Norma Alicia Castañeda Quintero, quien es sujeto a investigación por la desaparición de otras personas.

Al cierre de esta edición, “El Coruco” fue sujeto a un arraigo de 30 días dentro del Centro de Ejecución y Medidas Cautelares de la PGJE, donde podría surgir más información sobre fosas clandestinas.

En tanto “El Guayabo” y “El Soldador, rendían sus primeras declaraciones entorno al caso del crimen de “El Hamburgo”.

 LOS CASOS PENDIENTES

Independientemente de Ingin Joel Bautista Hamburgo, la PGJE todavía tiene 10 casos de desapariciones sin resolver donde destaca una niña, un ecologista, un músico y 7 presuntos narcomenudistas. Son los siguientes:

1.- Juan Carlos Pérez Cano “El Cacachi” o “El Muñeco”, desaparecido el 13 de abril del 2010.

2.- Lisset Soto Salinas, desaparecida el 14 de octubre de 2010.

3.- Roberto Romero Espinoza, desaparecido el 22 de noviembre de 2010.

4.- David Sosa, desaparecido el 23 de octubre de 2011.

5.- Víctor Hugo Soto Ortiz, desaparecido el 10 de julio de 2012.

6.- Héctor Manuel Diarte Aguilar “El Cleto”, desaparecido el 10 de septiembre de 2012.

7.- Félix Beltrán Beltrán, desaparecido el 15 de octubre de 2012.

8.- Omar Cabrera Valencia “El Chino”, desaparecido el 11 de enero de 2013.

9.- Luis Eduardo Higuera Peralta “El Gordo”, desaparecido el 5 de febrero de 2013.

10.- José Isidro Castrejón Navarro “El Chilo”, desaparecido el 8 de marzo de 2013.

En suma, 3 desapariciones en 2010, 1 en 2011, 3 en 2012 e igual cantidad en 2013, las cuales a 4 años de distancia no se han podido resolver, a pesar de que como en el caso del narcomenudista Juan Carlos Pérez Cano “El Cacachi” o “El Muñeco”, existen testimonio que apuntan hacia el ex secretario estatal de Seguridad Pública, Lennin Rodríguez Aguilar y al agente de la Policía Estatal Preventiva, Antonio Sánchez Hirales.

La propia esposa de la víctima, Irasema Aguilar Aguilar, expuso en su declaración que “el día en que su pareja desapareció recibió más de 10 llamadas del policía y le comunicó que el funcionario quería verlo, porque pretendían que regresara a vender droga, después de haber desertado para terminar su carrera en derecho”.

La mujer relató que vio cuando su esposo se reunió Sánchez y Lennin, a quien se llevaron en una patrulla de la Policía Estatal Preventiva la noche del 13 de abril de 2010; desde entonces, no saben de él.

Pero junto a historias como la de “El Cacachi” existen otras, donde los familiares y amigos aportaron datos y ofrecieron nombres y apellidos de los presuntos responsables. Sin embargo, de acuerdo con el Subprocurador de Investigaciones Especiales de la PGJE, Isaí Arias Famanía, “los casos siguen bajo investigación, sobre todo por la privación ilegal de todas estas personas, trabajando sobre las líneas de investigación y poder dar en su momento con el paradero de los desaparecidos”.
 Los criminales

Un integrante del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública puso en tela de juicio las indagatorias y el avance en las investigaciones de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE), en torno al caso de las desapariciones.

Y es que -de acuerdo al miembro de este grupo interinstitucional-, la desaparición de Ingin Joel Bautista Hamburgo “El Hamburgo”, pudo haber quedado resuelto desde enero de 2013, cuando dos de los tres presuntos responsables del crimen fueron detenidos como autores materiales del delito de robo con violencia en agravio de dos gasolineras de La Paz.

Los detenidos Pablo Alejandro Salas Chávez “El Guayabo” y Francisco Jackes Mejía “El Soldador” o “El Contador” tenían todavía en su poder la pistola escuadra calibre 45 con la que se presume fue ejecutado “El Hamburgo”.

Según el integrante del Grupo de Coordinación, el arma no fue sometida a una prueba de balística para ver si “había sido utilizada en otro delito”, la cual pudo haber sido la prueba clave para saber y confirmar que ambos detenidos -desde entonces-, estaban implicados en el crimen del joven de 26 años.

El arma es “una pistola corta tipo escuadra, color cromada, marca Ruguers, matrícula 6066 y calibre 45”, la cual traía consigo “un cargar vacío y otro abastecido con 5 tiros”.

Los dos presuntos responsables del crimen -la vez del asalto-, también fueron detenidos en posesión de 2 rifles AK-47, calibre 7.62 milímetros x 39, color negro y dos cartuchos abastecidos, con el número de serie D10283 y DT7479F, cuyo armamento fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República (PGR).

Los delincuentes, junto con un menor de nombre Kevin Daniel, atracaron dos gasolineras obteniendo un botín de 7 mil 400 pesos, los cuales fueron capturados tras haber sido perseguidos y sitiados en las calles de Unión y Bandera Nacional de la colonia Diana Laura de La Paz.
Dejan ir a “El Gordo Vega”

Ciudad Constitución, Baja California Sur.- El narcomenudista Miguel Ángel Vega Ramírez “El Gordo Vega” solo duró nueve días tras las rejas.

Cuando fue detenido el 18 de septiembre por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el encargado de operaciones de la zona norte de Comondú de la banda de Noé Fregoso Sosa “El Hitler”, anticipó a sus captores que rápidamente “saldría libre”, porque pagaba protección y la organización criminal tenía una larga cadena de complicidades en todos los niveles de gobierno.

Y efectivamente, el 27 de septiembre, el reincidente recuperó su libertad, en medio del más absoluto silencio oficial.

El Juez Segundo de Distrito de Baja California Sur, Francisco Javier Silva Anda, ordenó la liberación de una de las principales células del Cártel Arellano Félix, mismo que abandonó el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Ciudad Constitución.

El criminal obtuvo su libertad porque -según el juzgador-, “no se comprobó en autos el delito contra la salud en su modalidad de posesión de narcóticos, portación de armas de fuego y posesión de cartuchos reservados para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas”.

En el razonamiento del dictamen, el representante del Poder Judicial de la Federación, prácticamente expuso que ni la PGJE ni la PGR demostraron fehacientemente que “El Gordo Vega” y su cómplice Tania Briseida Acosta Fierro “La Tania” eran los propietarios de la droga y armas que llevaban en su vehículo cuando fueron capturados, quienes llevaban consigo lo siguiente.

1.- Una báscula gramera de color beige con negro marca Tanita modelo 1476N.

2.- Una bolsa de plástico transparente conteniendo 22 cartuchos útiles calibre 7.62 milímetros.

3.- Un sobre color amarillo con 9 gramos de cristal.

4.- Un rifle de asalto AK-47 con cachas de color café, matrícula 1168, marca Woodland Hill S.CA y cargador abastecido con balas calibre 7.62 milímetros.

El juzgador federal basó su resolución en la tesis del principio de presunción de inocencia, que en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de pruebas al acusador.

Caso contrario sucedió con el otro cómplice de “El Gordo Vega”: Elmer Said Velarde Tapia “El Elmer”, quien -según el dictamen-, fue el único responsable de la portación de drogas y armas, mismo que recibió el auto de formal prisión y enfrentará el proceso desde prisión.

Dejan ir a “El Gordo Vega”

Ciudad Constitución, Baja California Sur.- El narcomenudista Miguel Ángel Vega Ramírez “El Gordo Vega” solo duró nueve días tras las rejas.

Cuando fue detenido el 18 de septiembre por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el encargado de operaciones de la zona norte de Comondú de la banda de Noé Fregoso Sosa “El Hitler”, anticipó a sus captores que rápidamente “saldría libre”, porque pagaba protección y la organización criminal tenía una larga cadena de complicidades en todos los niveles de gobierno.

Y efectivamente, el 27 de septiembre, el reincidente recuperó su libertad, en medio del más absoluto silencio oficial.

El Juez Segundo de Distrito de Baja California Sur, Francisco Javier Silva Anda, ordenó la liberación de una de las principales células del Cártel Arellano Félix, mismo que abandonó el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Ciudad Constitución.

El criminal obtuvo su libertad porque -según el juzgador-, “no se comprobó en autos el delito contra la salud en su modalidad de posesión de narcóticos, portación de armas de fuego y posesión de cartuchos reservados para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas”.

En el razonamiento del dictamen, el representante del Poder Judicial de la Federación, prácticamente expuso que ni la PGJE ni la PGR demostraron fehacientemente que “El Gordo Vega” y su cómplice Tania Briseida Acosta Fierro “La Tania” eran los propietarios de la droga y armas que llevaban en su vehículo cuando fueron capturados, quienes llevaban consigo lo siguiente.

1.- Una báscula gramera de color beige con negro marca Tanita modelo 1476N.

2.- Una bolsa de plástico transparente conteniendo 22 cartuchos útiles calibre 7.62 milímetros.

3.- Un sobre color amarillo con 9 gramos de cristal.

4.- Un rifle de asalto AK-47 con cachas de color café, matrícula 1168, marca Woodland Hill S.CA y cargador abastecido con balas calibre 7.62 milímetros.

El juzgador federal basó su resolución en la tesis del principio de presunción de inocencia, que en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de pruebas al acusador.

Caso contrario sucedió con el otro cómplice de “El Gordo Vega”: Élmer Said Velarde Tapia “El Élmer”, quien -según el dictamen-, fue el único responsable de la portación de drogas y armas, mismo que recibió el auto de formal prisión y enfrentará el proceso desde prisión.

(SEMANARIO ZETA/ ZETA  Investigaciones / 07 de Octubre 2013)

FRENAN EXTRADICIÓN DEL"P1" A ESTADOS UNIDOS




Conceden amparo a Gustavo Rivera Martínez “El P1”, jefe de una de las células del Cártel Arellano Félix. Juez de garantías detectó incongruencias en solicitud norteamericana que habían avalado Juez y Canciller de México. Niegan amparos a Juan Francisco Sillas “El Ruedas” y Salvador Alcalá “El Chava”, quienes podrían ser extraditados este mismo año

 
La batalla jurídica contra la extradición a los Estados Unidos por parte del narcotraficante Carlos Herrera Ávalos, mejor conocido como Gustavo Rivera Martínez “El P1”, jefe de pistoleros al servicio del Cártel Arellano Félix (CAF) le rindió frutos. Un fallo en juicio de amparo detuvo la inminente entrega del hombre reclamado por introducir al vecino país grandes cantidades de marihuana y cocaína.

El juez segundo de distrito en materia de amparo en el Estado de México resolvió proteger al sicario en el juicio de garantías 1339/2012 al considerar que existen incongruencias en el dictamen por medio del cual, la Secretaría de Relaciones Exteriores, declara procedente la extradición del quejoso.

Carlos Herrera Ávalos, quien utiliza el falso nombre de Gustavo Rivera, se encuentra preso desde el 12 de marzo de 2008, cuando fue aprehendido en Los Cabos, Baja California Sur junto a otros de sus cómplices pertenecientes al CAF. De inmediato se cumplimentó en su contra una orden de detención con fines de extradición internacional.

Cinco años de volteretas

“El P1” es reclamado por el gobierno de los Estados Unidos acusado de dos cargos: Asociación delictuosa e introducción y tráfico de drogas (marihuana y cocaína) en esa nación. Sin embargo su caso ha dado varias volteretas y desde hace más de cinco años no se le ha conseguido expatriar.

El 5 de junio de 2009, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Distrito Federal, emitió su opinión jurídica y declaró procedente la extradición solicitada por la Embajada de los Estados Unidos. Un mes y un día después, la Secretaría de Relaciones Exteriores concede la extradición.

Es ahí donde la infinidad de juicios de amparo promovidos por “El P1” han prosperado y logró evitar su entrega a los estadounidenses. Se ordenó la reposición del procedimiento y de nueva cuenta, en resolución de 13 de noviembre de 2012, emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, “el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos concede al Gobierno de los Estados Unidos de América, la extradición internacional del señor Carlos Herrera Ávalos, y su ejecución”.

Datos de dos procesos

Debido a esta última declaración de procedencia de extradición, los abogados de Carlos Herrera Ávalos promovieron un nuevo amparo, el antes citado ante el Juzgado Segundo de Distrito en la materia. La protección de la justicia federal se otorga al quejoso al comprobarse que los norteamericanos aportaron pruebas diferentes durante el procedimiento y las autoridades mexicanas las convalidaron ilegalmente.

Los cargos imputados inicialmente al jefe de sicarios y que generaron la orden de detención provisional con fines de extradición internacional se apoyaron en la solicitud del gobierno extranjero bajo el proceso 03CR01843-K (asociación delictuosa y contra la salud), pero al realizarse la petición formal de extradición, se presentaron las constancias del proceso superviniente 03CR01843-L (delincuencia organizada y contra la salud).

La diferencia, además de la sustitución del cargo de asociación delictuosa por el delincuencia organizada, es la penalidad aplicable para cada ilícito, pues mientras que, para el primer tipo penal la sentencia no sería menor de un año y no mayor a los 10 años de prisión, en el segundo caso combinado con los delitos contra la salud la pena sería por “un término no menor de diez años de prisión y no mayor a cadena perpetua y no trae aparejada pena de muerte”.

De acuerdo al razonamiento del juez de amparo, la resolución reclamada transgrede el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no se señaló cuál es el fundamento legal que permite una acusación de reemplazo o las circunstancias especiales del caso que permitan tal circunstancia.

Además de lo anterior, el juez protector de las garantías del “P1” detectó que los dictámenes que en materia de identificación fisonómica obran en el expediente son insuficientes para elaborar un estudio comparativo entre la media filiación referida en la nota diplomática 261 y la confrontación que se hace de una fotografía del reclamado, lo que “evidencia la falta de motivación (señalamiento de las circunstancias especiales) en la resolución reclamada” y de lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores no dijo nada.

Así, el juez ampara y protege al quejoso para efectos de que la Cancillería mexicana “deje insubsistente la resolución reclamada y con plenitud de jurisdicción emita una nueva, pero en el que se subsanen las irregularidades apuntadas”.

Aún faltará conocer si las autoridades responsables interponen el medio de impugnación contra este fallo, que es el recurso de revisión.

Confirman negativa a “El Chava”
  
Aunque a la fecha no ha sido detenido, Salvador Alcalá González “El Chava”, uno de los fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos de América, recibió un nuevo revés en su intento por escapar de la justicia.

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Distrito Federal confirmó la sentencia dictada en junio pasado por el Juez Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal, en la que niega a “El Chava” la protección Constitucional en contra de la orden de detención provisional con fines de extradición dictada en su persona.

Los magistrados del Tribunal Colegiado consideraron que la orden de captura solicitada por el país del norte y concedida por el Juez Decimoctavo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, cumple con todos los requisitos de legalidad previstos en el artículo 11 del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América.

El prófugo Salvador Alcalá González es reclamado por el gobierno de la unión americana para enfrentar cargos por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina en el distrito sur de California. Por el mismo asunto, en el mes marzo fue extraditado César Alfredo Meza García “El Tachuelas”, jefe de la célula del Cártel Arellano Félix.

Además de “El Chava” forman parte del mismo grupo y son buscados en México y Estados Unidos Miguel Ángel Bravo Peña y José Luis Casillas.

Dan “palo” a Juan Sillas
  
Otro criminal al que le fue negado el amparo interpuesto en contra de la entrega en extradición a los Estados Unidos de América es Juan Francisco Sillas Rocha “El Ruedas”, jefe de una de las células más violentas que se recuerden del Cártel Arellano Félix.

Hace unos días, el Juez Segundo de Amparo en Materia Penal del Estado de Jalisco resolvió negar la protección de la justicia de la unión a “El Ruedas”, quien se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 2, en Puente Grande, después de que fue capturado el 4 de noviembre de 2011 en Tijuana.

Sillas Rocha es reclamado por la Corte Federal de Distrito de Dakota del Norte, Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico dentro de un proceso superviniente. La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió el 18 de diciembre de 2012 el acuerdo de procedencia por el cual autoriza su extradición a la nación vecina.

El fallo del amparo no es definitivo, pues aún falta conocer si se impugnará por parte de la defensa del quejoso. En caso de que no se interponga el recurso de revisión o impugnado el caso se confirme por un Tribunal Colegiado en Materia Penal, “El Ruedas” podría ser extraditado este mismo año.

PGR se contradice

Otra vez se les “hizo bolas el engrudo” en materia de comunicación social a las instancias del Gobierno Federal. Prueba de ello es el Primer Informe de Labores rendido hace escaso un mes por la Procuraduría General de la República y subido recientemente al portal web de la institución: www.pgr.gob.mx.

A pesar de que en las horas inmediatas al informe de gobierno, el primero del Presidente Enrique Peña Nieto, el vocero del Gabinete de Seguridad Eduardo Sánchez Hernández, dijo que dejaría de informarse sobre los nombres que los delincuentes dan a sus organizaciones, dicho reporte está lleno de ellos.

En materia de narcotráfico toman como victorias a favor de la PGR las sentencias condenatorias dictadas en contra de presuntos narcotraficantes detenidos en los dos sexenios anteriores.

También publican las acciones y nombres de traficantes de drogas, secuestradores y algunos otros criminales detenidos durante el primer año de gobierno peñista, aunque no todos, pues no citan a José Ángel Carrasco Coronel “El Changel” atrapado por el Ejército tras una balacera en Sinaloa a mediados de enero de 2013.

En archivo pdf con 218 páginas, el Primer Informe de Labores de la Procuraduría General de la República sigue la misma estructura y orden creados desde la administración de Vicente Fox en 2001. Inicia con las actividades de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales; continúa con los resultados de control de averiguaciones previas y procesos; y el combate al crimen organizado, a través de la SEIDO.

Es en el apartado de los resultados de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada que nombran como siempre a las organizaciones criminales como cárteles. Empiezan con las sentencias a miembros de organizaciones delictivas y siguen en el orden con el Cártel del Golfo, del Pacífico, Los Zetas, La Familia, Beltrán Leyva, Cártel de los Arellano Félix y de los Carrillo Fuentes.

En los resultados relevantes contra el lavado de dinero destacan la detención de Elba Esther Gordillo Morales y sus coacusados. En materia de secuestros se señala el desmembramiento de grupos como el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), el del Golfo en Puebla, Los Zetas en Tlaxcala, Los Chenchos, Los Pollos y Los Chacales o Banda del Hoyo, por mencionar algunos.

La PGR también cita detenciones relacionadas con tráfico de personas, terrorismo y acopio y tráfico de armas de fuego, asalto y robo de vehículos, así como narcotráfico. En este último rubro se destacan detenciones y consignaciones como la de Marcelino Ticante Castro, colaborador de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en enero, en Sinaloa y la de Melvin Gutiérrez Quiroz, del Cártel Arellano Félix, en marzo, en Tijuana.

En marzo también fueron capturados miembros del grupo “Los Dannys” que luchan por el control de la plaza de La Laguna en Torreón y en abril, otro grupo de la misma banda delictiva. Enseguida se menciona el arresto de Inés Coronel Barrera, presunto suegro del “Chapo” Guzmán, acusado de siembra y tráfico de marihuana.

En mayo, se presume la detención de Guadalupe Rafael Díaz Martínez, líder de la organización criminal Los Aztecas, brazo armado del Cártel La Línea en Chihuahua y en Colima cayó en manos de las autoridades José Bernabé Brizuela Meraz, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El informe de labores de la PGR solo abarca desde el primer día de septiembre de 2012, cuando inició la administración del procurador Jesús Murillo Karam, hasta el 30 de junio de 2013. Es por ello que no se incluye la detención de Miguel Ángel Treviño Morales “El Z-40”, entre otros capos que a cuenta gotas se conoció de su aprehensión en el segundo semestre de este año.

En el informe tampoco se identifica a los 122 narcotraficantes considerados como “objetivos relevantes” en la lista elaborada por el Gobierno Federal, y de los cuales, supuestamente el día del primer informe de Enrique Peña Nieto, ya sumaban 65 los capturados.



Así pues, más allá de resultados, siempre redactados a favor, sin que se mencionen libertades como las de la francesa Florence Cassez y las de los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez, así como las de otros personajes como Rafael Caro Quintero, el área de Comunicación Social de la Procuraduría contradijo a la sentencia del vocero del Gabinete de Seguridad de no dar más a conocer nombres de capos ni de organizaciones.

(SEMANARIO ZETA/ Luis Carlos Sainz Martínez / 07 de Octubre 2013)