Fotos: Internet
Los Servicios Médicos Forense del país
están atiborrados de cadáveres sin identificar. En Tijuana, de enero a la fecha
se han inhumado en fosas comunes 715 cuerpos sin nombre. El tráiler que paseaba
273 cadáveres en la Zona Metropolitana de Guadalajara hizo visible el problema
que los gobiernos no han podido o no quieren atender. En el país, más de 35 mil
personas fallecidas no son reclamadas por sus familiares. Aumento de la
violencia y el Sistema de Justicia Penal, generan la acumulación de cuerpos
El indignante caso del
tractocamión con cámara frigorífica que anduvo paseando 273 cadáveres en los
municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, se convirtió en un
escándalo que puso la mira del mundo en ese México que todos los días sorprende
con un hecho cada vez más atroz.
El macabro suceso destapó un
problema que ya era conocido, pero que las propias autoridades federales y de
las entidades federativas han subestimado, sin darle solución, ante un
inminente cambio de gobierno y el abandono de las responsabilidades que les
corresponden a quienes ya se van.
Los Servicios Médicos
Forenses (Semefo) del país están rebasados. Saturados de cadáveres no
identificados y que en muchos de los casos no se les ha dado un destino, siendo
apilados en las morgues ante la prohibición de incinerarlos y la negligencia de
construir los panteones forenses que el actual sistema de justicia penal
obliga.
Apenas hace cinco meses, la
Secretaría de Gobernación (Segob)
reconoció que en México existían -a esa fecha- al menos 35 mil personas muertas
no identificadas. El dato duro lo dio el subsecretario de Derechos Humanos de
esa secretaría de Estado, Rafael Adrián Avante, quien aseguró, esos cadáveres
se hallaban en fosas comunes, cementerios ministeriales y Semefo.
El funcionario de Segob urgió
a los responsables del manejo de los cuerpos a crear fichas digitales de cada
fallecido para que en un futuro sean plenamente reconocidos por sus familiares,
como lo establecen diversas leyes, reglamentos y protocolos; como el homologado
para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de
desaparición forzada de personas.
SEMEFOS LLENOS
En Jalisco hay más de 444
cadáveres en espera de ser reclamados por sus deudos, siendo que la capacidad
de la morgue en Guadalajara es para 72 cuerpos. El mismo problema se registra en
los establecimientos de medicina legal como el de Tijuana, donde de enero a la
fecha –solo este año- han sido inhumadas en fosas comunes 715 personas
registradas como NN (No nombre) en actas y libros.
Foto: Fernando Carranza
García/Cuartoscuro.conm
Situación aún más grave viven
entidades como Guerrero, Veracruz, Sinaloa y Tamaulipas, donde además de las
agresiones armadas de cada día, se tienen graves problemas con la constante
localización de fosas clandestinas con cadáveres. O Quintana Roo, donde un
destino turístico como Cancún ha atraído grandes cuotas de violencia y ha
atiborrado de occisos su Semefo.
En el caso de Guerrero, donde
en septiembre de 2014 se reportó la desaparición de 43 estudiantes de la
Escuela Normal de Ayotzinapa, existen más de 800 personas fallecidas que no se
les ha identificado, algunas de las cuales datan de 2011. Las morgues de
Acapulco, Chilpancingo e Iguala, apenas tienen una capacidad conjunta para 270
cuerpos, por lo que hay sobrepoblación de cadáveres, aun cuando algunos
centenares ya se hallan en fosas comunes.
Además de la violencia que
arroja gran cantidad de personas asesinadas en México, el sistema de justicia
penal acusatorio obliga al resguardo de los cadáveres no identificados como
parte de los indicios a preservar de la llamada cadena de custodia de un hecho
criminal. El Ministerio Público es el responsable a cuya disposición quedan los
cuerpos, ya sea en el Semefo o en un cementerio forense.
El protocolo homologado para
la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de
desaparición forzada de personas establece que “sí no se identifica el cadáver
o restos, el Ministerio Público debe asegurar que quedo registrado el perfil
post mortem en la base de datos y determinar su inhumación”, la cual “debe
hacerse en fosas individualizadas, separando cada cuerpo en una bolsa especial
para resguardo del cadáver, el cual debería llevar al interior una placa de
metal con los datos de la averiguación previa/carpeta de investigación que
corresponda”.
Ahí la necesidad de preservar
el cuerpo, para su posterior identificación o incluso para su exhumación, en
caso que una investigación lo exija para esclarecer un hecho criminal.
CADÁVERES EN TRÁILERES
El vergonzoso caso de
Guadalajara, donde se almacenaban más de 300 cuerpos no identificados en dos
cajas refrigeradas de tráileres, dio la vuelta al mundo y desató el más
enérgico rechazo al maltrato e indigno manejo de cadáveres. Además le costó el
puesto al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Luis
Octavio Cotero Bernal, y al fiscal general, Raúl Sánchez Jiménez, por su
insensibilidad e inoperancia.
El asunto era de sobra
conocido. Los tractocamiones eran rentados desde hace varios meses. La Fiscalía
tomó la iniciativa, con costo para el Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses (órgano autónomo con personalidad jurídica propia), que a su vez
cuenta con el Servicio Médico Forense. Se sabía que las gavetas del anfiteatro
estaban rebasadas, pues sólo tienen capacidad para 72 cuerpos y había más de
400.
En una de las cajas de
tráiler se almacenaban 273 cadáveres, aunque inicialmente se dijo que eran 157.
En un segundo remolque refrigerado había apenas unas decenas. Ambas unidades fueron
rentadas a razón de 3 mil pesos cada una, más combustible. Se informó a los
medios de comunicación que se construye una segunda etapa de un panteón forense
en Tonalá y por ello se resguardaban los cuerpos en los transportes. En una
primera etapa ya había unas 200 personas no reclamadas inhumadas en dicho
cementerio.
La situación parecía
normalizada, con los habituales reclamos del titular del IJCF, Octavio Cotero,
de que hacían falta espacios, personal y presupuesto para solventar la
contingencia. Mínimo se practican de diez a doce necropsias diarias y con los
cuerpos localizados en fosas clandestinas recientemente el trabajo se tuvo que
hacer meticulosamente. Se hizo una lista de espera para la práctica de
necropsias y el compás de espera para la entrega de cuerpos se prolongó hasta
72 horas para los afligidos familiares.
Foto: Fernando Carranza García/
Cuartoscuro.conm
Todo hubiese seguido así
hasta el fin de la presente administración gubernamental, de no haber sido
porque a algún funcionario se le ocurrió sacar de las instalaciones del forense
el primero de los contenedores con personas fallecidas para rentar una bodega
en una colonia del municipio de Tlaquepaque y ahí mantenerlos desde principios
de septiembre. Los vecinos del lugar se quejaron con inspectores del
Ayuntamiento y de esa forma se descubrió la anomalía.
La alcaldesa de Tlaquepaque,
María Elena Limón, rechazó la permanencia del tráiler rentado por el Semefo en
la bodega y dio un ultimátum para que fuese retirado en 24 horas. Entonces se
ordenó que el pesado vehículo fuese trasladado a la Fiscalía del Estado en la
Zona Industrial de Guadalajara, pero en lo que se acondicionaba el lugar, la
unidad fue llevada a un área de Tlajomulco, donde se atascó en el lodo y la
caja fue abandonada durante doce horas.
El hecho consternó a los
habitantes de una zona poblada y fue donde se conoció. El escándalo vino
enseguida al caer en contradicciones autoridades del IJCF y la Fiscalía, e irse
conociendo episodios de la historia cada vez más escalofriantes, como la
denuncia de que algunos cadáveres que no cabían en la morgue estaban en
banquetas o el piso de las instalaciones del Instituto, a la intemperie durante
semanas.
INVESTIGACIONES
Ante la preocupación que
muestran organismos internacionales como la Organización de las Naciones
Unidas, independientemente de las pesquisas ordenadas por el gobernador de
Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) formó un frente con la Comisión Estatal (CEDHJ) para investigar
el indigno manejo de los cadáveres en el Semefo de Tlaquepaque.
Por lo menos veinte personas
de ambas instituciones conforman un equipo que ya se apersonó en el Semefo. El
grupo está integrado por médicos forenses, psicólogos, otros peritos y
visitadores del ombudsman, algunos de ellos con amplia experiencia al haber
participado en indagatorias en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y
los hechos de Nochixtlán, Oaxaca.
Las investigaciones también
se enfocarán en las declaraciones vertidas por el ex director del IJCF, Luis
Octavio Cotero Bernal, a diversos medios de comunicación, en el sentido de que
su despido fue una venganza del gobernador Aristóteles Sandoval y el secretario
general de Gobierno, Roberto López Lara, por no haber respaldado el supuesto
esclarecimiento de la desaparición de tres estudiantes de cine, a los que
criminales habrían disuelto en ácido. Por el contrario, Cotero calificó como
farsa la versión oficial.
Dichas declaraciones, sobre
una posible simulación en las pesquisas, motivó que el caso sea retomado e
investigado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, aseguró su
titular, Alfonso Hernández Barrón. “Estamos en esta situación de emergencia
atendiendo el llamado de las víctimas y, respecto a otro tipo de asuntos, pues
sin duda se tendrán que abrir las investigaciones y deslindar las
responsabilidades que insistimos, hasta sus últimas consecuencias”, citó.
Por cierto, la propia CEDHJ
brindó medidas cautelares al ex director del organismo forense, Octavio Cotero,
quien hace responsables públicamente, de cualquier daño que puedan sufrir él o
su familia, al gobernador Sandoval Díaz o al secretario general López Lara.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / LUIS CARLOS SÁINZ
/LUNES, 24 SEPTIEMBRE, 2018 01:00 PM)
