viernes, 15 de junio de 2018

IMSS DIO 315 MDP EN CONTRATOS A EMPRESA QUE SIMULÓ COMPETENCIA PARA ATENDER CIRUGÍAS MENORES


Med Prime S.A de C.V, obtuvo contratos por más de 300 millones de pesos para atender procedimientos laparoscópicos y endoscopías subrogadas.


empresaCuartoscuro

 Med Prime S.A de C.V, perteneciente a la red de empresas que simuló competencia para la venta de equipo médico de alta especialización al IMSS y que es investigada por la PGR, obtuvo contratos del Instituto por 315 millones de pesos para atender cirugías laparoscópicas y procedimientos médicos de invasión mínima como endoscopías, de acuerdo con la revisión de los contratos hecha por Animal Político.

Fue el 30 de junio de 2014 cuando el IMSS, a través de la delegación oriente del Estado de México (Edomex), entregó el primer contrato a Med Prime por el servicio de cirugías menores y procedimientos de mínima invasión (servicios subrogados) por 27 millones de pesos.

En ese momento Javier Aparicio Anaya fungía como coordinador de Abastecimiento y Equipo de esa delegación. Dos meses después de esa adjudicación, este funcionario junto con Jorge Trujillo Hernández y David Luna Méndez, adscritos a la delegación Sur DF del IMSS, recibieron de la apoderada de Med Prime boletos de avión para un viaje a Miami.

Entre los servicios subrogados adjudicados a Med Prime se encuentran procedimientos como gastrostomía endoscópica, panendoscopía, o servicios de rayos x para vías biliares también conocido como colangiografía, pero también una amplia gama de cirugías laparoscópicas e incluso intervenciones oftálmicas para implantar lentes intraoculares, según los contratos revisados por Animal Político.

Dos semanas después, el 18 de julio de 2014, llegó el segundo contrato, esta vez por 13.3 millones de pesos, a través de un procedimiento cerrado de invitación a cuando menos tres empresas.

A finales de ese año, el 26 de diciembre, obtuvieron tres contratos más, dos en la delegación Oriente del Edomex por 56.7 millones de pesos, y el tercero en la delegación Sur del DF por 96.5 millones. Los tres contratos y los que vendrían en 2015, 2016 y 2017 se entregaron por adjudicación directa.

2014 fue el mejor año para Med Prime pues logró contratos por 194.2 millones en tan sólo seis meses.

En 2015, obtuvo tres contratos por un total de 82 millones de pesos de nuevo repartidos entre la delegación Oriente del Edomex y la Sur del DF. Al año siguiente solo facturaron 36.7 millones de pesos entre las dos delegaciones. Y para 2017 sólo lograron un contrato de 2.4 millones de pesos.

De acuerdo con la revisión de Animal Político, los 315 millones de pesos para la atención de cirugías están relacionados con 674 millones que el IMSS le otorgó a la red de seis empresas proveedoras de equipo médico, que son propiedad de una misma familia.
Incluso, estas empresas falsificaron registros sanitarios de los equipos que vendían, tal como confirmó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En el recorrido que Animal Político hizo por las direcciones fiscales de las empresas, lo que se encontró sobre la empresa Med Prime ubicada en la calle de Xalapa en la colonia San Jerónimo Aculco es que el inmueble tiene la apariencia de ser una bodega, en el lugar no había nadie para atender la puerta.

Luego de que se hiciera pública la existencia de la red familiar encabezada por María Isabel Camacho, el IMSS informó que se había presentado una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), por probables irregularidades en las licitaciones que se les adjudicaron, entre ellas las de servicios médicos subrogados.

La empresa Med Prime fue registrada en 2011 llevando como socio principal a Erick Armando Valdez, quién hasta 2016 trabajó como chofer de María Isabel Camacho, cabeza de la red, y quien fungió como prestanombres.

En el acta constitutiva de la empresa, de la que Animal Político tiene copia, se asienta que a María Isabel Camacho se le asignaron poderes legales sobre la sociedad.

El mismo documento revela que la empresa fue creada con el objeto social de vender equipo, pero no hay registro de que también estuviera dedicada a ofrecer servicios médicos terciarizados.

(ANIMAL POLITICO/ ERNESTO AROCHE (@EAROCHE)/ JUNIO 15 2018 07:08)

ENFRENTAMIENTO CON HUACHICOLEROS EN PUEBLA DEJA AL MENOS 6 POLICÍAS MUERTOS



Los hechos sucedieron en Amozoc, donde los oficiales trataron de evitar el robo de hidrocarburos

Seis policías municipales de Amozoc, Puebla, murieron después de que se enfrentarán con un grupo de presuntos huachicoleros.

La refriega se suscitó en las inmediaciones de la colonia Signoret, a unos metros de la autopista Puebla-Orizaba, zona en la que se ha incrementado el robo a hidrocarburos.

Los caídos serían cuatro hombres y una mujer; hasta el momento se desconoce si hubo más víctimas o detenidos.

En imágenes que han comenzado a circular en redes sociales se observan los cuerpos de los oficiales, en fila. Aún no hay información oficial al respecto.

Durante el 2017, el robo de combustible en México superó los 30 mil millones de pesos. En comparación, en el 2012, la cifra de lo robado alcanzaba los 7 mil 400 millones de pesos.

En el sexenio de Peña Nieto (con cifras actualizadas a 2017) el número de tomas clandestinas alcanzaba 10 mil 363.

Aunque este delito se ha combatido en los últimos años, en abril de este año el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño Medina, confirmó que la pérdida económica por el robo de combustibles asciende a 30 mil millones de pesos anuales.

(REPORTE INDIGO/ INDIGO STAFF/ JUN 15, 2018)

SE QUEDA SIN EVIDENCIAS LA DESAPARICIÓN DE NORMALISTAS



La creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia y la reposición del proceso jurídico del caso Ayotzinapa, ordenadas por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, enfrentarán múltiples limitantes, como la desaparición de evidencias.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Ya no se podrán realizar otra vez diversos peritajes dados a conocer en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), que culminó con la polémica “verdad histórica” con la que intentó detallar lo ocurrido a los 43 normalistas de Guerrero, desaparecidos en diversos hechos violentos de septiembre de 2014.

De acuerdo con peritos del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) consultados por Proceso, existe el riesgo de que muchos de los rastros del caso ya estén alterados o manipulados porque no hay certeza de que permanezcan resguardados por la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR conforme a lo establecido por el Acuerdo A/009/2015, que estipula lineamientos y criterios para el registro de la cadena de custodia de indicios.

Los peritos entrevistados, quienes a condición de no publicar su identidad revisaron la resolución de los magistrados, explicaron que las muestras del caso Ayot­zinapa están almacenadas en un salón que la PGR improvisó como bodega, la cual carece de instrumentos para el control de temperatura y humedad óptimas que eviten su descomposición.

Los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez Tánchez resolvieron que se debe reponer el proceso de Gildardo López Astudillo, El Gil; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo; Miguel Ángel Landa Bahena, El Cheque, y Salvador Reza Jacobo, presuntos miembros de Guerreros Unidos, organización delictiva que, según la PGR, es responsable de la desaparición de los estudiantes.

En el polémico e histórico fallo los magistrados determinaron que “cualquier agente del Ministerio Público de la Federación, peritos y demás personal ministerial que haya actuado dentro de las investigaciones previas relacionadas al contexto integral del caso Iguala, se encontrará impedido para seguir conociendo o participando de la indagatoria”.

A decir de los responsables de la resolución, ésta se emitió “debido a que en México, lamentablemente, no contamos con una fiscalía independiente”.

Así que cuando eligieron el mecanismo a implementar para el caso, con el fin de contrarrestar y superar los defectos de la investigación de la verdad histórica, se consideró necesario que los familiares de las propias víctimas sean quienes dirijan las pesquisas contando con el apoyo del Ministerio Público y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Según la PGR, los restos de los cuerpos de los 43 normalistas fueron arrojados en el río San Juan después de haber sido calcinados en el basurero de Cocula, lugar donde se halló una bolsa negra que contenía material del que se pudieron extraer las muestras óseas que permitieron a la Universidad de Innsbruck analizar e identificar al normalista Alexander Mora Venancio.

En la versión pública del expediente, dada a conocer el 10 de octubre de 2015, en el tomo 71 a partir de la foja 342 se encuentra el dictamen emitido por la Universidad de Innsbruck. En él se menciona que muchos de los indicios no resultaron aptos para análisis y que en otros se obtuvo una cantidad mínima de ADN nuclear que no sirvió para obtener algún perfil genético. Sólo una muestra sirvió para identificar al joven Mora; por lo tanto, ya no es posible hacer un segundo análisis para descartar o confirmar el resultado.

En la versión oficial del expediente del caso Iguala también se habla de una credencial de la normal rural Raúl Isidro Burgos a nombre de Bernardo Flores Alcaraz, encontrada dentro de un autobús.

Una parte de la mica tenía restos de sangre. Los peritos consultados por este semanario explicaron que no pudieron localizar un dictamen del perfil genético que contenía la muestra. De haber sido realizada, los indicios ya pudieron agotarse o están alterados en el almacén donde se encuentran: un sitio sin control de temperatura ni de humedad.

Los expertos explican que otras muestras irreproducibles son los restos de explosivos, sustancias acelerantes del presunto incendio del basurero de Cocula, restos biológicos y elementos dentales aislados.

En el tomo 15, foja 21, hay un dictamen de criminalística de campo; desde la foja 27 a la 35 se describen todos los indicios que se recolectaron en diversos cuadrantes en los que se dividió el basurero de Cocula, la mayoría de ellos ya inservible –según expertos–, como fragmentos de cabello y tejido óseo quemado, entre toda una serie de residuos biológicos.

MÁS INDICIOS PERDIDOS

En el Tomo 84, fojas 003 y 004, está un dictamen químico –con fecha del 23 de diciembre– realizado a cinco restos de neumáticos, a petición del Ministerio Público federal (Proceso No. 2033).

En el oficio SEIDO/UEIDMS/FE-B/7799/2014 se solicitó “determinar los cambios físicos y químicos que fueron provocados con motivo de la combustión a la que fueron sometidos los neumáticos, a partir de su estado físico original, debiendo determinar la temperatura a la cual fueron sometidos y el tiempo utilizado para llegar al estado físico al momento de su levantamiento”.

En el oficio SEIDO/UEIDMS/FE-B/7816 /2014 se pidió buscar residuos de gasolina o diesel en dichos indicios de llantas. En su primera conclusión, contenida en la foja 5 del dictamen, se notifica al Ministerio Público que “el laboratorio no cuenta con la infraestructura para realizar este tipo de análisis” y se sugiere que las muestras sean enviadas a instalaciones en el extranjero.

A la segunda petición del Ministerio Público se responde que “se identificó caucho, fierro y carbón, componentes fundamentales de las llantas”, pero “no se identificó el perfil característico de diesel ni de gasolina”.

En el dictamen, fojas 020 y 022, los peritos anexan gráficas de un perfil de referencia característico de la gasolina y otro del diesel. Esta caracterización no se encuentra en ningún otro peritaje contenido en la versión pública.

Sin embargo, en el Tomo 83 (fojas 846 a 878) aparece un documento elaborado el 15 de enero de 2015 por los peritos en incendios y explosiones de la PGR Marcos Soto Villalobos y Moisés Moreno Gallegos. Se llama “Dictámenes periciales del basurero de Cocula, APPGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015”.

En el punto III.3 Soto y Moreno afirman que, tomando en cuenta la conclusión del dictamen de química forense con número de folio 80176 elaborado por peritos de la PGR –resumido anteriormente–, “puede determinarse que los acelerantes del fuego que menciona el dictamen de química corresponden a una mezcla de hidrocarburos del tipo gasolina o diesel”.

Ambos peritos en incendios y explosiones determinaron lo anterior, aunque el laboratorio de química expuso el 23 de diciembre de 2014 (en el oficio SEIDO/UEIDMS/FE-B/7799/2014) que carecía de la infraestructura necesaria para realizar dicha prueba.

No obstante, los peritos de la PGR insistieron en concluir: “El incendio en el basurero se debió a la acumulación “deliberada” de neumáticos a los que se les vertió un acelerante del fuego correspondiente a una mezcla de hidrocarburos del tipo de gasolina y diesel”.

El problema para corroborar los resultados descritos, coinciden los entrevistados, es que esos análisis son irrepetibles.

Everardo Moreno, abogado y maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM, expone que la resolución de los magistrados “es ilegal, aberrante, fuera de todo lugar. Los señores magistrados toman facultades que no tienen”.

En caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirme el fallo
de los magistrados se tendrá que reponer el proceso judicial. Sin embargo, ¿cómo se repondrá ese proceso, si algunos peritajes ya son imposibles de realizar?, se le pregunta.

“No sé qué pueda suceder. Por eso le digo que es una resolución contraria a nuestro marco jurídico”, agregó.

Manuel Olivares, director del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón AC, asesor de los padres de los normalistas, habla sobre los peritajes que no es posible volver a realizar:

“Finalmente, hay lugares donde las evidencias ya se perdieron. La situación es completamente complicada porque vemos que esta sentencia termina con el mito de la ‘verdad histórica’, pero también nos indica que la intención del gobierno era cerrar el caso y cerrar la administración sin este lastre encima (…) eso nos indica la posibilidad de que pudiera no saberse realmente cuál fue el destino de los estudiantes.”

Agregó que les preocupa que la resolución de los magistrados le abra la puerta a los detenidos que lograron el amparo para reponer su proceso.

Este reportaje se publicó el 10 de junio de 2018 en la edición 2171 de la revista Proceso.

(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ PATRICIA DÁVILA/ 15 JUNIO, 2018)

EJECUTAN A LOS BARZONISTAS RAMÓN HERNÁNDEZ NEVÁREZ Y ANSELMO HERNÁNDEZ ANDUJO, PADRE E HIJO



CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los barzonistas Ramón Hernández Nevárez y Anselmo Hernández Andujo, padre e hijo, fueron ejecutados la noche de ayer en el municipio de Namiquipa, Chihuahua, luego de denunciar amenazas por la disputa de tierra y agua en huertas manzaneras.

Ambos viajaban por el tramo carretero que conduce del campo menonita número 101 a la comunidad de Flores Magón, cuando a la altura del kilómetro 60 fueron interceptados por sujetos armados que les dispararon.

De acuerdo con los líderes barzonistas Eraclio Rodríguez –candidato a diputado federal por el Distrito 7– y Joaquín Solorio Urrutia, las víctimas pertenecían a El Barzón y habían recibido amenazas relacionadas con la pugna por el agua y la tierra, situación que denunciaron con tiempo al fiscal general César Augusto Peniche Espejel.

Padre e hijo se dirigían a su rancho en Namiquipa al momento de ser asesinados. A ese hecho se suma una serie de amenazas contra integrantes de El Barzón de la misma región noroeste, entre ellos Martín Solís y el mismo Eraclio Rodríguez, así como campañas de odio lanzadas en redes sociales, principalmente por parte del abogado de la familia LeBarón, Raúl Aragón, refirió Solorio.


A su vez, Rodríguez responsabilizó al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, a Peniche Espejel y a la Comisión Estatal de Seguridad, de ser omisos ante las denuncias que han presentado por amenazas, incluidas las que recibieron Hernández Nevárez y Hernández Andujo.

Con el asesinato de sus compañeros, abundó Joaquín Solorio, volvieron a revivir los homicidios de su hermano Ismael Solorio Urrutia y la esposa de éste, Martha Manuela Solís Contreras, ocurridos el 22 de octubre de 2012 en la carretera a Cuauhtémoc.

El matrimonio también lideraba la lucha por el agua en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura en la región noroeste, zona controlada durante más de una década por el grupo delictivo La Línea y ahora disputada por el cártel de Sinaloa.

“Los tres niveles de gobierno ya deben asumir su responsabilidad y dejar de politizar el problema de inseguridad que vivimos. Javier Corral ha utilizado la Fiscalía General del estado para la investigación de César Duarte (el exgobernador prófugo) y a las víctimas nos ha maltratado su gobierno. No hay interlocución con el fiscal general. Sigue la impunidad en todos los demás casos, sólo el de Duarte se atiende”, señaló a Apro Joaquín Solorio.

Añadió: “El estado tiene la obligación de agotar todas las líneas de investigación, porque es coincidente cómo, cuando el asesinato de Ismael y Manuelita, amenazaron de muerte a Martín Solís y a ‘Yaco’ (Eraclio Rodríguez). Luego, ahora vuelven a amenazar a Martín y a ‘Yaco’ y la agresión se da a otros compañeros que no son visibles”.

Según fuentes extraoficiales, Ramón Hernández tenía conflicto con su hermano José Evert Hernández Nevárez –capturado durante un operativo y posteriormente liberado–, presuntamente cercano al grupo delictivo que lideraba Carlos Arturo Quintana, “El 80”, detenido el mes pasado.

En un comunicado de prensa, el fiscal general informó que se trabaja de manera intensa para esclarecer el homicidio de los dos integrantes de El Barzón, cuyos cuerpos sin vida fueron localizados la noche de ayer en la comunidad de Santa Clara, municipio de Namiquipa.

“Lamentamos profundamente esta pérdida y reiteramos el compromiso de investigar, como en todos los casos, a fin de capturar al o los responsables de este hecho. En la averiguación se han integrado informes y entrevistas de miembros de la comunidad, las cuales vamos a considerar y corroborar”, puntualizó.

Peniche Espejel aseguró que la Fiscalía no tiene denuncia previa de las víctimas por el delito de amenazas, e incluso se pudo constatar que no contaban con medidas cautelares o servicio de escoltas, acotó.

El Barzón dio a conocer que las víctimas eran originarias del ejido San Gerónimo, antes Campo Santo. En el caso de Ramón Hernández –puntualizó–, era líder agrario de su comunidad; encabezó las demandas y denuncias en materia agraria, y en los últimos años se sumó a la lucha por la defensa del agua en la cuenca del Río del Carmen y contra el control de grupos armados en la región.

“Como consecuencia de las reiteradas denuncias para solicitar la intervención de la autoridad, Ramón Hernández y su familia recibieron amenazas, situación que fue informada a la autoridad en días previos y que concluyó con un operativo realizado el pasado 23 de mayo”, informó la organización campesina.

Prosiguió: “La Fiscalía General del estado dio a conocer de manera oficial que mediante una orden de cateo en la que participaron agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de la Comisión Estatal de Seguridad en la localidad de San Gerónimo, municipio de Namiquipa, se aseguró equipo táctico, armas de fuego, dos pick ups y se detuvo a una persona”.

Esa persona fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público, quien turnó el caso ante un juez federal, pero éste lo puso en libertad.

“Se desconoce si estaba o no vinculada a proceso por las armas que le fueron aseguradas. Al parecer, esta determinación del juez se realizó con base en las disposiciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales que limitan la prisión preventiva a sólo algunos casos”, indicó la organización campesina en un comunicado.

Y consideró que, con esos elementos, el asesinato de sus dos compañeros se cometió en represalia a las denuncias y por la liberación de la persona detenida.

De igual manera, sostuvo que el crimen organizado continúa operando en libertad, e incluso controla diversas zonas de la entidad, y solicitó “una investigación oportuna, exhaustiva, imparcial y con la debida diligencia para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables” del asesinato de Ramón Hernández Nevárez y Anselmo Hernández Andujo.

También demandó que se garantice la seguridad en la región y la presencia permanente de las fuerzas de seguridad pública para proteger a las personas que ahí se encuentran.

Finalmente, exigió que se investigue la actuación de jueces federales que han puesto en libertad a delincuentes.

(PROCESO/ PATRICIA MAYORGA/  14 JUNIO, 2018)

PROTESTAN FAMILIARES DE AGENTES DESAPARECIDOS EN MISA POR EL DÍA DEL POLICÍA



Familiares de los policías Yosimar García y Juan Antonio Saavedra, desparecidos el año pasado, se manifestaron en la misa del Día del Policía Municipal.

Durante la celebración religiosa las madres de los agentes fueron ignoradas por el sacerdote que ofició la misa en Catedral.

En la misa el sacerdote preguntó a los agentes y mandos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal si alguien deseaba decir unas palabras.

Las madres de Yosimar y Juan Carlos pidieron hacer uso de la voz pero el sacerdote las ignoró.

Las mujeres y los familiares que los acompañaban empezaron a gritar “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, y el sacerdote les dijo que las atendería en privado.

Los familiares de los agentes permanecieron frente al altar con mantas con las imágenes de los agentes privados de su libertad desde el año pasado.

A la celebración religiosa acudieron elementos de la SSPyTM, el titular de la corporación Óscar Guinto Marmolejo y el Alcalde, Antonio Castañeda Verduzco.

(RIODOCE/ ALEJANDRO MONJARDÍN/ 15 JUNIO, 2018)

50 AÑOS DE LA BAJA SIN REGLAMENTO



Fotos: Enrique Botello

Tanto SCORE International como Protección Civil Municipal ponen sobre la mesa la necesidad de contar con un documento que regule la organización de las carreras fuera de camino y el comportamiento de los espectadores, tras un fallido intento de Protección Civil del Estado en 2016, cuando un menor murió arrollado

Nombrada por el Cabildo como “Capital Mundial del Off Road” y con una tradición de 50 años siendo sede de las carreras fuera de camino Baja 500 y Baja 1000, Ensenada aún no cuenta con un reglamento que regule la organización de este tipo de carreras, ni el comportamiento de los aficionados.

En 2016, Protección Civil de Baja California hizo un esbozo de reglamento, luego de la muerte de un menor de ocho años de edad en la Baja 500, cuando fue embestido por el bólido número 75, al internarse al Arroyo Ensenada.

Sin embargo, no hubo seguimiento al tema, reconoció el director de la dependencia, Antonio Rosquillas. Ayuntamiento, Secretaría General y regidores, no tienen conocimiento del tema. Solo el edil independiente Cristian Vázquez ha insistido, a través de un exhorto al presidente municipal Marco Novelo, que Proturismo, Desarrollo Urbano y Tránsito estudien y presenten una propuesta de modificación del punto de arranque para las carreras fuera de camino que se celebran en el municipio.

Con motivo de la edición 50 de la Baja 500, tanto SCORE International como Protección Civil Municipal ponen sobre la mesa la necesidad de contar con un documento de este tipo.

También hay voces en contra de las carreras por las víctimas mortales, el impacto ambiental (este año el Manifiesto de Impacto Ambiental se presentó ante el Estado, al no pasar por Área Federal Protegida), cierre de vialidades en la zona turística de la cuidad y el caos generado, así como por el convenio firmado entre la empresa propiedad de Roger Norman y el gobierno municipal.

Los defensores de esta actividad ponderan la derrama económica, la promoción mundial de Ensenada como destino turístico a través de las cadenas televisivas y, por supuesto, la tradición.

BOTARON EL REGLAMENTO

Marco Arturo Durazo, administrador de SCORE International, recordó que a finales de 2016, Protección Civil de Baja California elaboró un borrador de reglamento de las carreras fuera de camino que pretendía elevar a nivel estatal, “pero se lo botaron”.



La propuesta ya existe para ser analizada, corregida y/o aumentada, “ahora lo que buscamos es que sea menos ambicioso y que el Municipio lo retome”, indicó el ex funcionario estatal.

Abelardo Grijalva, representante legal de la empresa, sostuvo que al ocurrir un accidente en la pista de la carrera, Tránsito Municipal levanta un dictamen basado en el reglamento en la materia, sin embargo, no toma en cuenta que se trata de una competencia fuera de camino, que los vehículos obviamente circulan a una velocidad no controlada y no hay carriles como en la ciudad, “pues si no fue en la (avenida) Juárez”.

La visión del comandante de Tránsito, José Luis Gutiérrez Bojórquez, no coincidió con la de los representantes de SCORE International: al ocurrir un accidente entre un competidor y un aficionado, no se puede dejar de lado que hay un vehículo y un peatón en el territorio de Ensenada, por lo que deben estar sujetos al Reglamento de Tránsito.

Aunque sea una competencia, el Reglamento de Tránsito es muy claro: el peatón no debe transitar sobre las calles que son exclusivas para los vehículos.

Gutiérrez reconoció haber escuchado hablar sobre el reglamento para las carreras fuera de camino en las reuniones de seguridad celebradas en Proturismo y supuso que Tránsito Municipal será tomado en cuenta para elaborarlo.

ZETA cuestionó a Jaime Nieto de María y Campos, director de Protección Civil Municipal, qué se puede mejorar en cuanto a las carreras fuera de camino y coincidió con los organizadores: lo que sigue es elaborar un reglamento para off road.

“Si en Ensenada nos presumimos como la ‘Capital Mundial del Off Road’, deberíamos tener un reglamento no dedicado a un promotor en específico, porque no solamente son las Bajas, hay muchos otros organizadores y carreras, tanto la competencia como el comportamiento de los ciudadanos”, razonó.

En el caso de Protección Civil Municipal, “nos hacemos cargo de las Bajas porque si bien existe la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos que marca que los eventos con 10 mil asistentes o más serán regulados por Protección Civil estatal, en este caso no se trata de un espacio cerrado, sino dispersos a lo largo de la revisión mecánica y la pista”.

De unos años a la fecha se ha avanzado en la organización de las carreras fuera de camino, ya que ahora los organizadores deben presentar un plan especial de contingencia que precise lo que harán en caso de accidente o incidente.

SALDO BLANCO

Según el convenio firmado el 6 de marzo de 2018, en las cláusulas Quinta y Sexta, es obligación del Ayuntamiento atender y/o coordinar la seguridad en la ruta durante el desarrollo de las carreras, mientras que SCORE International se obliga a colocar (300) bandereros en los cruces carreteros, de ingreso y egreso a las zonas urbanas.

El comandante de Tránsito, José Luis Gutiérrez Bojórquez, informó el despliegue de 180 elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, personal de las policías Estatal, Ministerial, Federal Preventiva -divisiones Caminos y Gendarmería-, así como activos de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional.

Como en años recientes, la orden fue que aquel aficionado que invadiera la pista sería sancionado conforme al Bando de Policía y Buen Gobierno, y presentado ante el juez calificador; también serían detenidas las personas que ingieran bebidas embriagantes en automóviles.

Según el director de Seguridad Pública Municipal, Jorge Íñiguez Díaz, durante los días en que se desarrolló el evento -revisión mecánica, salida y llegada de los vehículos participantes-, únicamente se aseguraron 12 personas por faltas administrativas al Bando de Policía y Buen Gobierno, tales como deambular bajo el influjo de bebidas alcohólicas, incitar a riña y realizar necesidades fisiológicas en la vía pública, por mencionar algunas.

Al respecto, Jaime Nieto reportó que durante la carrera no se presentaron inconvenientes graves o situaciones que lamentar, a pesar de los miles de espectadores reunidos a lo largo de la pista. En los llamados puntos críticos –Santo Domingo, Camalú, La Encantada y Arroyo Ensenada-, todo se desarrolló de manera tranquila, pero fue claro al reconocer: “Si me preguntaras si puedo garantizar la seguridad de los ciudadanos en 540 millas, sería una mentira si dijera que sí”, toda vez que el espectador debe entender que es un evento de alto riesgo y por lo tanto, debe aprender a comportarse.

“Las medidas de seguridad son para los espectadores, ellos son los que han muerto”, remató el funcionario municipal.
DETENIDOS LIMPIAN ARROYO Y RETIRAN TONELADAS DE BASURA

En la cláusula tercera del convenio se especifica que Proturismo se encargará de limpiar su área de contingencia, sobre Costero y Alvarado, en tanto que el Ayuntamiento limpiará las zonas aledañas y se coordinará con Score International y Proturismo para ejecutar la estrategia general de limpieza y de disposición de basura.

Desde el martes 5 de junio, la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Subdirección de Servicios Públicos llevaron a cabo una jornada de limpieza en las inmediaciones del Arroyo El Gallo, en la cual participaron 40 personas detenidas por faltas administrativas, quienes de manera voluntaria realizaron labor social para cumplir en menor tiempo las horas de arresto impuestas por el juez calificador.

“Durante cinco días se limpiaron cerca de mil metros lineales del cauce del arroyo -a partir del puente de Avenida México hasta el puente de la calle Topacio-, donde se deshierbó y se retiraron aproximadamente 14 toneladas de todo tipo de desechos”, expresó Jorge Íñiguez.

HOTELES LLENOS Y DIFUSIÓN MUNDIAL, VENTAJAS DE LAS BAJAS: PROTURISMO Y SCORE

De acuerdo con Proturismo, se habla de una derrama económica de entre 3 y 4 millones de dólares, aparejada de la promoción turística a nivel mundial y por lo menos dos noches de ocupación hotelera al 100 por ciento. De hecho la ocupación el jueves 31 mayo fue del 83.98%, el viernes 1 de junio de 97.52% y sábado 2 con 98.7%.

De entre los cien eventos anuales en Ensenada, las Bajas son de los tres más importantes en el destino, junto con Fiestas de la Vendimia. “Sin este tipo de eventos nos costaría millones de dólares promocionar el destino en tantos países y tantas cadenas de televisión”, consideró el director de Proturismo.

A decir de Marco Durazo, hace falta reforzar una campaña de concientización, explicarle más a la gente los beneficios de la carrera porque hay quienes siguen pensando que “los gringos vienen y se llevan el dinero”.

Pero la realidad, reviró, es que la ganancia de SCORE International está en la venta del evento con los patrocinadores: “Si a nosotros nos dicen que la carrera no arranque aquí, lo hacemos, pero la derrama económica se pierde si arrancamos desde Ojos Negros”.

La empresa apoya que la salida sea frente al Hotel Riviera porque esa parte de Ensenada se difunde a nivel mundial, a diferencia de las carreras en el desierto, donde las tomas son solamente de eso, de desierto, recalcó.

A raíz de las carreras ha surgido una industria en la localidad, donde se fabrican carros de carreras, desde el primer hasta el último tornillo. Sin embargo, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Ensenada,  Jorge Menchaca, declaró a la prensa local que por lo menos diez  comercios de la zona tuvieron que cerrar sus puertas durante los días de la Baja 500, aunado a que el cierre de vialidades principales durante cinco días sigue generando molestia entre los habitantes.

EL CONVENIO

“En realidad si ponemos en una balanza, el convenio no está a favor de SCORE, para nada”, consideró Abelardo Grijalva, secundado por Durazo al señalar que lo único que les ofrece el Municipio es la seguridad.

Mientras que para el Carnaval cerraron el Bulevar Costero por una semana, las Bajas lo ocupan entre tres y cuatro días. “¿Cuánto le dejó de ganancia el Carnaval a la ciudad?”, cuestionó.

En la cláusula octava del convenio se especifica que Proturismo gestionará y obtendrá, sin cargo para SCORE International, 35 habitaciones dobles para las noches del 30 de mayo al 3 de junio; esto representa entre 180 mil y 250 mil pesos, según cálculos de Proturismo.

El Ayuntamiento también negocia con los propietarios de las tierras para el pago de la ruta, que asciende a 750 mil pesos, pero se hace con recursos de SCORE que salen de los 105 dólares que destina la empresa a Proturismo por cada equipo.

Otro asunto que debe hacer el Ayuntamiento es el raspado de los caminos por donde pasan los corredores, entre 300 y 350 kilómetros de camino.

También se obliga al Ayuntamiento a rentar los salones del Riviera y pagar la colocación de 60 sanitarios portátiles.

Para organizar la carrera son necesarios 1.2 millones de pesos que salen del Comité de Mercadotecnia y de Promoción Turística, con una aportación de 500 mil pesos del Impuesto sobre Servicios de Hospedaje, del 3%.

SCORE International entrega al Ayuntamiento 105 dólares por equipo. Cabe precisar que esa empresa cobra entre 2 mil 700 y 3 mil 200 dólares a cada equipo.

De igual manera, se obtiene otra cantidad por espacios comerciales en la zona de contingencia.

ROB MAC CACHREN, GANADOR ABSOLUTO

En esta quincuagésima edición participaron 321 equipos provenientes de 32 estados de la Unión Americana, así como de 14 países como Andorra, Alemania, Argentina, Austria, Canadá, España, Finlandia, Francia, Italia, Japón, México, Nueva Zelanda y Perú, con una pista de 542 millas y 22 horas para completar el recorrido.

La primera motocicleta en salir fue la tripulada por Justin Morgan, a las 3:30 am del sábado 2 de junio, mientras que el primer trophy truck en arrancar fue el de Rob MacCachren, a las 8:00 am. De todos los que arrancaron, tanto en carros como motos, 153 terminaron la competencia.

MacCachren se llevó el overall con un tiempo de 11 horas 21 minutos y 15 segundos, a bordo de su trophy truck Ford número 11. La diferencia entre el primer y el segundo fue de 3 minutos con 32 segundos.

Le siguieron los trophy de Luke McMillin, Ryan Arciero, Dan McMillin, Andy McMillin y el tecatense Carlos Apdaly López; la primera motocicleta en llegar fue la 7x de Justin Morgan, con un tiempo de 11 horas 54 minutos y 58 segundos.

El primer Clase 1 en arribar a la meta fue el 185, con Justin Davis a bordo.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / MARCO A. FLORES /LUNES, 11 JUNIO, 2018 01:00 PM)

PGR NO INVESTIGA LAVADO



Foto: Cortesía

La Procuraduría General de la República redujo sus investigaciones de lavado de dinero en Baja California, de 58 en 2012, a 12 en 2017. De las 167 carpetas abiertas en los últimos ocho años, solo 23 fueron consignadas de acuerdo a los registros. La fiscalía federal y la Unidad de Investigación Financiera no impactan las redes financieras de los cárteles, que lavan más de 17 mil millones de dólares producto de actividades del crimen organizado. Se dedican a la caza de “pequeños lavadólares” detenidos con cientos de miles de billetes verdes en los retenes, aeropuertos y garita. El Ejército aseguró poco más de un millón en los primeros cuatro meses de 2018

Rubén Jesús Rivera vivía en Estados Unidos. Sus registros indican que es de oficio mecánico y tiene un hijo con el mismo nombre que es estudiante; el padre es propietario de un vehículo Nissan Sentra blanco, placas 6EQY504, en el cual decidió cruzar la madrugada del jueves 31 de mayo por la aduana conocida como El Chaparral, hacia Tijuana.

Le tocó revisión y las autoridades aduanales, acompañadas por elementos del Ejército, localizaron en la cajuela del auto 170 mil 264 dólares cuya procedencia el hombre no pudo justificar. El asunto se documentó y se entregó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde ejercieron facultad de atracción y será investigado por las áreas centrales como presunto delito de lavado de dinero.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) admite estimaciones de lavado de dinero de alrededor de 10 mil millones de dólares al año. Basados en la Evaluación Nacional del Análisis de Riesgo y la incidencia de los delitos relacionados con el lavado, especialistas hablan de 60 mil millones de dólares anuales, de estos, una tercera parte, entre 17 mil o 18 mil millones, serían por delitos contra la salud.

Conforme a datos proporcionados a finales de mayo por el Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE), entre enero y abril de 2018 solo habían iniciado dos averiguaciones previas por presuntos “delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, y lo hicieron a través de las áreas centrales.

De acuerdo a las mismas estadísticas oficiales, la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Baja California inició 12 carpetas por el mencionado delito en 2017 y once entre enero y abril de 2018; en 2016 abrieron apenas cuatro averiguaciones y tres carpetas por lavado.



Pero las cifras SIIE evidencian que la reducción de las investigaciones por los delitos del blanqueo, se han reducido al mínimo a lo largo de todo el sexenio, como si la actividad de los narcotraficantes no existiera. En 2012, la delegación inició 57 averiguaciones y consignó nueve; en 2013 inició 48 y consignó cinco; en 2014 inició 18 y consignó cinco; y en 2015 inició 15 y consignó tres. De ahí bajó a cero.

Del blanqueo de dinero, los informes del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se limitan a enumerar los aseguramientos de personas que detienen con apenas cientos de miles de dólares en aeropuertos, garitas y  retenes del país. Dinero que muchas veces ni siquiera se queda en manos de las autoridades.

LOS OCHOA

El viernes 1 de junio, la Policía Estatal Preventiva (PEP) informó que en la colonia Aeropuerto aprehendieron a cuatros sujetos que circulaban a bordo de un Ford Taurus modelo 2007, en revisión precautoria detectaron que estaban en posesión de tres armas cortas calibres 380, 9 milímetros y una 45, además de un arma larga calibre 5.5, diez cargadores, 154 cartuchos y 105 mil 718 dólares en efectivo.

Entre los detenidos estaba Julián Vázquez, ex militar retirado registrado como escolta y el único con permiso para portar arma, de las cuales traían cuatro. Félix López se estaba desempeñando como chofer y los hermanos Ochoa Leal. Sergio Moisés demostró, con un acta constitutiva, ser propietario de una empresa, así que les devolvieron el dinero y quedaron libres de cargos.

“No es delito circular por México con importantes cantidades de dinero y eso lo tienen que entender las corporaciones operativas”, refirieron desde la instancia federal, en tanto que de las armas explicaron que solo esperaban la corroboración de los permisos para saber cómo proceder.

Registros públicos indican que los Ochoa son propietarios de dos empresas, una dedicada a actividades comerciales relacionadas con el tomate Saladette, incluida la exportación, con dirección en el Estado de Jalisco, de donde son nativos. Y otra comercializadora de productos lácteos, con tres ubicaciones, una con dirección en Jalisco, otra en la colonia Guaycura de Tijuana -registrada desde 2007- y, según algunos documentos oficiales, la tercera con dirección en San Ysidro, California, la cual no fue ubicada.

De los cuatro detenidos, solo el más joven, Álvaro, tiene antecedentes delictivos en Estados Unidos, fue capturado en la Garita de San Ysidro por narcotráfico; había sido sorprendido en posesión de 25 kilos de marihuana, sin embargo, no fue acusado ni juzgado.

Tras la detención del 1 de junio, las autoridades realizaron una revisión superficial de bases de datos en las que únicamente encontraron que algunos integrantes de la mencionada familia, al tramitar documentos oficiales han proporcionado información donde sus nombres, fechas de nacimiento y direcciones tienen pequeños cambios.

Conforme al último informe de la Federación, en nueve meses, entre septiembre de 2016 y julio de 2017, el gobierno mexicano aseguró 543.2 millones de pesos y 11.4 millones de dólares, pero no existen datos de cuánto de este dinero regresó.

UN MILLÓN DE DÓLARES EN CUATRO MESES

Entre enero y mayo, el Ejército Mexicano reportó 14 operativos con aseguramientos de dinero: cinco en enero, tres en febrero, ninguno en el período marzo-abril y seis en mayo. Del total, siete operativos fueron en la Garita El Chaparral en Tijuana, otro en la Garita de Mexicali, mientras que el total de lo asegurado fue de un millón 091 mil 400 dólares y 188 mil 190 pesos.

Pero la PGR no ha informado cuántos de estos recursos fueron regresados a quienes hayan “comprobado” la procedencia lícita, y cuantos quedaron incautados mientras procede el juicio.

17 MIL O 18 MIL MDD LAVADOS AL AÑO POR DELITOS CONTRA LA SALUD

En entrevista con ZETA, Jorge Alberto Lara Rivera, presidente de la consultora Buró de Seguridad y Legalidad Financiera, habló respecto las estimaciones económicas en lavado de dinero.

“Hay una disputa entre especialistas en cuanto a la cifra probable de cantidades que fluyen por recursos ilícitos, Hacienda en el mejor de los casos ha admitido hasta 10 mil millones de dólares anuales, haciendo estimaciones de la incidencia delictiva que precede al lavado de dinero, que son delitos contra la salud, evasión fiscal y delitos patrimoniales, entre los que por cierto no se contemplan los delitos de corrupción y sus efectos, los montos ascienden a 60 mil millones de dólares. Incluso algunos analistas manejan el estándar de 50 mil millones de dólares anuales porque la consultora StratFor -empresa privada estadounidense especializada en servicios de inteligencia-  hace cuatro años llegó a estimar 40 mil millones de dólares anuales. Al final las estimaciones son discrecionales, pero podemos partir de estas cifras”, apuntó.

“De esos 60 mil millones una tercera parte, alrededor de 17 mil o 18 mil millones, serían por delitos contra la salud, lo cual de alguna manera también es consecuente con las cifras que se calculan en nivel hemisférico en lo que se quedan en Estados Unidos, aproximadamente con el 75% del recurso; hablo del recurso producto de la venta de droga que se queda allá, luego ellos ya deciden lo que hacen, lo persiguen, lo aseguran, lo decomisan”.

Lara Rivera consideró que las cantidades deben ser mayores: “Esta cifra habría que revisarla porque en los últimos dos años el tema de tráfico de fentanilo, opioides, heroína y amapola se ha disparado mucho, entonces seguramente ni siquiera hemos llegado a los estimados de lo que esto ha significado, porque hay que hacer los consolidados en el reporte mundial de drogas y los reportes de Estados Unidos. La otra tercera parte corresponde a delitos de evasión fiscal, prácticamente equivalente a la cifra de tráfico de drogas. Y la otra por otros delitos patrimoniales, e insisto: no se incluye corrupción”.

Cifras similares a las mencionadas por el consultado, fueron publicadas en noviembre por la empresa Reuters en una nota periodística de “reporte clasificado” versión no pública de la Evaluación Nacional de Riesgo, en la que el gobierno mexicano “estimó que el narcotráfico, los delitos fiscales y otros crímenes generan al menos 1.13 billones de pesos cada año, unos 58 mil 500 millones de dólares”.

Información que, detallaron, “la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el Banco de México, identificados como contribuyentes al reporte”, se negaron a confirmar.

En la versión pública de la Evaluación Nacional de Riesgo se habla de grandes, enormes cantidades y un alto riesgo, pero no exhiben cifras, lo mismo en el reporte del Grupo de Acción Financiera (GAFI)- Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Grafilat), considera a México entre los primeros tres países con riesgo de lavado.

“ESTAMOS HACIENDO TODO MAL”

“No hay una persecución sistemática bien coordinada y eficaz de los temas de lavado de dinero y los procesos de recuperación de activos”, espetó el presidente del Buró de Seguridad y Legalidad Financiera.

“En 2017 -por transparencia- mandamos preguntar a cuánto ascendían los recursos del Cártel de Sinaloa en el trienio 13-16 y me respondieron que eran tres millones y medio de pesos”.

— ¿Lo que le habían quitado?, cuestionó ZETA.

“No, lo que le habían detectado. Y los importantes lavadores que se han detenido, han sido por petición del gobierno de Estados Unidos y con información de ellos, como el caso del ‘Rey Midas’ que lo capturaron en Mérida.

“El otro tema es que muchos de los asuntos que se están llevando a Estados Unidos no nos están significando como país que nos estén compartiendo los decomisos, los bienes, las cuentas; los inmuebles se los está quedando todos Estados Unidos. El caso paradigmático es ‘El Chapo’ Guzmán, le están reclamando entre tres cortes 18 mil millones de dólares, y México no está pidiendo nada de eso, por ejemplo.

“Mi observación general es que estamos haciendo todo mal porque estamos persiguiendo lavado de dinero en minúscula escala, todos los delitos tienen una incidencia que debe medirse con cifras oficiales, para mi este tema tiene que tomar en cuenta no el número de casos, sino las cantidades involucradas” refirió el analista.

“Hay aseguramientos de dinero, y eventualmente de algunos abandonos, el problema de los aseguramientos no necesariamente significa que el Estado se quede con el recurso. Además, no hay estadísticas de decomisos, de extinciones de dominio o son muy pobres. El problema es ese: si vemos los compilados de los informes de gobierno, presumen los aseguramientos que además son muy bajos, estamos hablando en el mejor de los casos de alrededor de 25 millones de dólares en un año. Son más o menos semejante 2015-2016, todavía no entregan 2017”, complementó.

USO POLÍTICO DE MECANISMO CONTRA LAVADO

“La Unidad de Investigación Financiera creada para combatir el lavado de dinero solo adquiere notoriedad cuando se trata de asuntos políticos”, enfatizó Lara Rivera.

“Los mega casos desafortunadamente no son de crimen organizado, son los de Elba Esther Gordillo, el caso Duarte, que a regañadientes la PGR tuvo que judicializar, Padrés, a quien ya absolvieron en un caso de 8 millones y queda pendiente otro más.

“O cuando acusaron a Ricardo Anaya, bueno, ni acusando, sugirieron lavado y lo tambalearon políticamente. También lo hicieron con Josefina Vázquez Mota, ¿para qué? para que al final le dijeran ‘tú no estás investigada’, pero la descarrilaron de la elección México, con información de la Unidad de Investigación Financiera.

“Pero casos importantes que le peguen a algún banco, alguna institución financiera que involucren actos ejecutivos y miembros del crimen organizado, la verdad no se han judicializado”, dijo.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA NO RINDE CUENTAS

El tipo penal de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita está considerado en el Artículo 400 bis del Código Penal Federal, y explica que cuando el lavado de dinero se dé a través de instituciones financieras, la SHCP vigila mediante la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y forzosamente tendrá que hacer la denuncia para que PGR pueda investigar; si la unidad no denuncia, la fiscalía no investiga.

La UIF inició operaciones en 2004: “Tienen mucha facilidad para detectar posibles casos de lavado, posibles porque se requiere contar con información, pero el Talón de Aquiles de todo esto es que esta facultad la han entendido y aplicado de manera discrecional”.

La excusa dada a los analistas ha sido: “Si se denuncia un caso de lavado de dinero a través de un banco y esto le genera al banco tener que cerrar, pérdidas y sanciones administrativas, quienes pagarían los costos serían los ahorradores, entonces esta medida se hace para proteger al sistema financiero y tiene razonabilidad; el problema es que se abusa de ella” argumentó Lara Rivera.

El problema es que la principal vía para el de lavado de dinero es el sistema financiero, seguidos de las Casas de Bolsa y bancos regionales, y los dos instrumentos clásicos para esta actividad ilícita: las empresas fantasma y los prestanombres, en un segundo piso, la compraventa de vehículos, joyas e inmuebles.

El abogado especialista en lavado de dinero aseguró que una parte importante del problema es que se la ha permitido a la UIF navegar bajo el radar, nadie le pide cuentas, ni diputados, ni senadores. Durante mucho tiempo el titular fue Alberto Bazbaz, una persona muy allegada al Presidente Enrique Peña Nieto, que no mostró voluntad de cumplir con su tarea -317 denuncias contra lavado de dinero en cuatro años- y “desde enero de 2018 que renunció el amigo del Presidente, no se sabe quién está a cargo y nadie ha preguntado”.

En este esquema, el Buró de Seguridad y Legalidad Financiera presentó a los legisladores en el Congreso de la Unión varias propuestas:

*Rendición de cuentas a la UIF, agregados estadísticos, cuántos probables casos de lavado de dinero se han detectado y revisarlos contra las estadísticas de delitos financieros de narcotráfico, y cuántos está denunciando

* Que el titular de la UIF  no sea nombrado por el Presidente, que sea un empleado superior de Hacienda para que sea designado en el Congreso

* Que la facultad de denunciar de la UIF no sea discrecional

* Inclusión la Policía Federal en la investigación y combate al blanqueo de dinero para que se investigue en conjunto el tráfico y el blanqueo

* Una reforma constitucional para hacer homogénea la Ley Nacional Anti Lavado

* La inclusión del delito de lavado-operación de recursos de procedencia ilícita en los códigos penales de los estados, “porque en México hemos tenido una política de no seguir los casos a nivel estatal”.

“La diferencia, la razón de que en México la violencia esté exacerbada, la diferencia de México con Italia, Chicago, Nueva York, Florida, incluso Colombia, es que en esos lugares están combatiendo el lavado de dinero, están impactando las capacidades económicas de los grupos de la delincuencia organizada. En México, ¿dónde está la vertiente de lavado de dinero?”, concluyó Lara.

EVALUACIÓN GAFI

En su reciente evaluación del trabajo que hace México respecto a este delito,  Grupo de Acción Financiera, que dicta los estándares globales anti lavado, presentó un extenso informe en el que básicamente anota:

* El lavado de dinero no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de manera reactiva

* No se persigue el decomiso del producto y de los instrumentos del delito en forma sistemática como un objetivo de las políticas

* Las autoridades no están utilizando las medidas cautelares a su disposición en forma apropiada y oportuna, excepto por el uso de la lista de personas bloqueadas

* No se decomisa en forma adecuada el efectivo sospechoso y falsamente declarado

* Hay importantes mecanismos para detección de riesgos, sin embargo, habitualmente la inteligencia financiera no conduce al inicio de investigaciones.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / ROSARIO MOSSO CASTRO LUNES, 11 JUNIO, 2018 01:00 PM)

EN BC, (TIJUANA ES LA) CIUDAD MÁS VIOLENTA



Foto: Cortesía

Lantia Consultores cataloga a Tijuana como la ciudad más peligrosa del país en lo que va de 2018. Semáforo Delictivo refiere que hay una guerra contra el Estado de Derecho en México, mientras que Observatorio Ciudadano de Seguridad indica que en Baja California algo se dejó de hacer en materia de seguridad. El 85 por ciento de los crímenes en el municipio fronterizo se atribuyen al narcomenudeo, según la PGJE. Por primera vez en la historia, se superan las mil ejecuciones en cinco meses y cuatro días

El 82 por ciento de los homicidios dolosos registrados en Baja California, se ejecutan en Tijuana. Más claro: de los mil 264 crímenes en la entidad en lo que va del año, mil 022 han ocurrido en este municipio fronterizo.

En esa dinámica de inseguridad, en las cifras nacionales de violencia, la ciudad no queda mejor parada. Eduardo Guerrero, analista en seguridad por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y socio de Lantia Consultores, refiere que de enero a abril de 2018, Tijuana ha sido considerado el municipio más peligroso del país.

En la historia de Tijuana es la primera vez que supera las mil ejecuciones en solo 155 días transcurridos del presente año.  Ni en los años más críticos de enfrentamiento entre los cárteles de Sinaloa y Arellano Félix (2008-2010), o inclusive en 2016, considerado el más violento, se había superado esta estadística mortal.

A junio de 2017, en los primeros seis meses del año, en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)  se registraron 771 homicidios dolosos en Tijuana, mientras que en el mismo periodo, pero de 2018 (junio 7), contabilizaba mil 022.

Jorge Álvarez Mendoza, subprocurador de Justicia en el Estado, señaló que del total de los asesinatos registrados en Tijuana, el 85% pertenecen al narcomenudeo, delito que desde 2009, es ámbito de investigación del fuero común y en la esfera de la PGJE.

Del 85% de los homicidios producto del narcomenudeo, Álvarez refiere que un 30% de personas no están identificadas. La mayoría acaban en la fosa común de un panteón municipal.

Eduardo Guerrero, analista que ubica a Tijuana como la ciudad más violenta del país, explica: “Lantia Consultores es una empresa fundada en 2008 y se especializa en el análisis de políticas públicas con experiencia en gestión de gobiernos estatales y locales, y políticas de seguridad. Nosotros monitoreamos fuentes abiertas, así como medios de comunicación, y dentro de nuestro análisis particular el aumento de la violencia en Tijuana, se relaciona al enfrentamiento entre el Cártel Arellano Félix, Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación, por el control del mercado local y de las rutas de trasiego hacia Estados Unidos de fentanilo, heroína y metanfetamina”.

Por su parte, Marco Antonio Sotomayor, secretario de Seguridad Pública Municipal, manifestó: “Desafortunadamente Tijuana, al ser frontera, históricamente nos ha traído el problema de que los grupos del crimen organizado quieren tener el control de la ciudad y el trasiego de drogas. A eso se le agrega una problemática que antes no lo teníamos que es el narcomenudeo derivado del mayor consumo de drogas localmente”.

TIJUANA, UN MUNICIPIO QUE ESTÁ MUY EN ROJO: SEMÁFORO DELICTIVO

Santiago Roel, fundador de Semáforo Delictivo, señala que Tijuana es víctima de la guerra contra las drogas, que parece no tener fin. “Así pongas a Jesucristo como jefe de la Policía no pueden contra eso, ni siquiera el Ejército. Es un tema social, la venta de drogas ha generado una economía informal muy corruptora que recluta a jóvenes, que primero son víctimas de la vida y luego de la política de la droga”.


El 851 de los homicidios producto del narcomenudeo.

Añadió: “Es triste lo que está pasando en Tijuana, se observa cómo desde marzo y abril del año pasado los homicidios han incrementado. Hasta abril de este año era del 59%, está muy por arriba de la media histórica. Es un municipio que está muy en rojo”.

Puntualizó que la guerra en México ya no necesariamente es por el control del territorio para exportar droga, “ahora es el narcomenudeo, esos ataques en colonias pobres y barrios marginales, entre el 90 y 95% de las ejecuciones son del crimen organizado, es la estúpida guerra que traemos contra el mercado de la droga lo que nos lleva a esto. En la disputa se van atomizando las mafias, los grupos; traemos una guerra contra el Estado de Derecho en México. `Se están matando entre ellos’ es una frase trillada de la autoridad, pero yo me pregunto ¿quiénes son ellos? ¡Son los pobres!, es una guerra contra pobres, jodidos; porque si fuera una guerra en donde se estuvieran muriendo jóvenes de la clase media o alta mexicana ya hubiéramos regulado todas las drogas, sin debate de por medio”.

FISCALÍA Y  SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA HAN FALLADO: OBSERVATORIO NACIONAL CIUDADANO

“Creo que la fiscalía en lugar de fortalecerse se ha debilitado, es mi impresión porque no tengo los elementos para afirmarlo, pero me da la impresión que algo se dejó de hacer desde la fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública, por eso el cambio tan radical en los niveles de violencia que se están viendo ahorita”, reflexionó Francisco Rivas, director de Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

Mencionó que en BC no hay una estrategia para combatir la inseguridad, desde el ámbito federal como en el local, “los problemas de la frontera siempre serán un reto en materia de seguridad, porque Estados Unidos es demasiado grande para lo que quieras, no solo para el tema de drogas, sino también de personas, de lo que quieras. Partiendo de ese supuesto debes generar estrategias que van desde lo local hasta lo nacional; ahí es donde no veo estrategias, ideas, no veo cambio de ruta; nada”.

En la opinión de Rivas, pareciera que la PGJE se ha replegado ante el incierto panorama y, en materia de homicidios, ha reflejado un crecimiento constante desde el año pasado “que no se ve ni para cuándo termine”.

“EL MUNICIPIO MÁS PELIGROSO”: LANTIA CONSULTORES

Eduardo Guerrero, analista en seguridad por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y socio de Lantia Consultores, refiere que de enero a abril de 2018, Tijuana ha sido considerado el municipio más peligroso del país: “La violencia en Baja California se relaciona con los conflictos entre el Cártel Arellano Félix, Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación por el control del mercado local, y así lo demuestran las cifras de ejecuciones por mes”.

EN ENERO DE 2018:

Tijuana ocupó el primer sitio, con 157 crímenes
Viesca, Coahuila, con 101
Acapulco, Guerrero, 84
Chihuahua, Chihuahua, 62
Culiacán, Sinaloa, 50
Juárez, Chihuahua, 41
Benito Juárez, Quintana Roo ,40
Xalisco, Nayarit, 33
Irapuato, Guanajuato, 31
Reynosa, Tamaulipas, 31

“Tijuana fue el municipio con más ejecuciones observadas en enero, registra un aumento del 67% respecto a diciembre. Viesca ocupa el segundo lugar en enero, y tiene un aumento de cero a 101 homicidios relacionados con el crimen organizado de un mes a otro. Acapulco se coloca en el tercer lugar, disminuye 2.3% su nivel de violencia; Chihuahua se posiciona en el cuarto lugar, observa un aumento del 13%; en el quinto lugar se encuentra Culiacán, con un crecimiento del 52%.

En febrero, Tijuana registró 183 homicidios; Acapulco, Guerrero, 68; Ciudad Juárez, Chihuahua, 31; Chihuahua, Chihuahua, 27; Benito Juárez, Quintana Roo, 27; Celaya, Guanajuato 25; Tlaquepaque, Jalisco, 24; Culiacán, Sinaloa, 23;  y Apaseo el Grande, Guanajuato, 21.

“Dentro de nuestro análisis particular el aumento de la violencia en Tijuana se relaciona al enfrentamiento entre el Cártel Arellano Félix, Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación y células de Los Zetas por el control del mercado de drogas y de rutas de trasiego hacia Estados Unidos”, indicó Guerrero.

En marzo, de manera consecutiva  Tijuana encabezó la lista con 161; Acapulco, Guerrero, 72; Guadalajara, Jalisco, 45; Tepic, Nayarit, 40; Ciudad Juárez, Chihuahua, 38; Culiacán, Sinaloa, 38; Benito Juárez, Quintana Roo, 31; Salamanca, Guanajuato, 28; Zamora, Michoacán, 25; y León, Guanajuato, 24.

“Tijuana fue el municipio con más ejecuciones observadas en marzo, registra un decremento del 12% respecto a febrero. También se observó que la violencia en Guanajuato es resultado de los conflictos entre Cártel de Jalisco Nueva Generación y un nuevo grupo criminal denominado Cártel Santa”.

Lantia Consultores menciona que en abril Tijuana nuevamente dirige la estadística de crímenes relacionados con el narcotráfico, con  159;  Acapulco, Guerrero, 80; Benito Juárez, Quintana Roo, 61; Culiacán, Sinaloa, 50; Ciudad Juárez, Chihuahua, 37; León, Guanajuato, 36;  Reynosa, Tamaulipas, 33;  Irapuato, Guanajuato, 30;  Zapopan, Jalisco, 26;  Ensenada, Baja California, 25.

“En lo que va del año es la primera vez que Baja California muestra dos municipios entre los más inseguros, Tijuana y Ensenada. Tijuana, nuevamente fue el municipio con más ejecuciones observadas en abril; registra un ligero aumento del 1.2% respecto a marzo”, se anota.

VIOLENCIA EN OTROS ESTADOS

Según el analista en seguridad, el aumento de la violencia en Coahuila se debe al hallazgo de fosas clandestinas con los restos de por lo menos una centena de víctimas en el municipio de Viesca.

Mientras la violencia en Guanajuato es resultado de los conflictos entre CJNG y organizaciones criminales locales (como Cártel de la Unión de León) por el control del mercado de drogas y del robo de hidrocarburos.

Y el incremento de ejecuciones en Nayarit se relaciona con enfrentamientos entre Los Beltrán Leyva y CJNG por el control de plazas.

En lo que ocupa a Quintana Roo, la violencia es el resultado de enfrentamientos por el control del mercado local de drogas entre distintos grupos criminales: Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo (Los Pelones), CJNG, Los Zetas (Los Sureños y Fuerzas Especiales Zetas) y Cártel Independiente de Cancún.

La violencia observada en Jalisco se relaciona con el conflicto entre Sinaloa y CJNG, ya que este último ha experimentado reacomodos internos, lo que también ha propiciado el aumento de ejecuciones por el control del Estado.

En Veracruz, el conflicto son enfrentamientos entre la célula 35-Z (escindida de Los Zetas) y de criminales de Jalisco, y de Los Zetas por el control de plazas para el mercado de drogas, secuestro, robo y extorsión.

NARCOMENUDEO Y ARMAS DE FUEGO,  BASE DE LA PROBLEMÁTICA EN TIJUANA: SSPM

“El narcomenudeo es la base de toda la problemática, unos se matan contra otros por vender droga a los ciudadanos de una zona; es tal el mercado, tan atractivo económicamente, que para ganar a la competencia se eliminan entre ellos. Y si le sumas que por ser frontera, hay una disponibilidad de arma de fuego”, opinó el secretario de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Sotomayor.

Aunque reconoce que los homicidios van a la alza, justifica que en otros delitos hay una reducción notable: “Si lo compramos abril del año pasado y 2018, hay una reducción del 9%, y de enero a abril de este año, se han registrado menos delitos en Tijuana que en los últimos diez años; la baja ha sido ha sido en un 30%”.

De acuerdo con el mando, la mayor respuesta que necesita Tijuana, es que las personas que sean capturadas con arma de fuego, queden en prisión, “hemos detenido a más de mil 280 en el último año contra 2016, se han asegurado 61% más armas, pero desafortunadamente la portación de armas no trae una consecuencia grave para quien la porte y el sujeto sabe que puede salir en libertad. Entonces la respuesta que busca Tijuana es que tengamos una reforma y que todos los detenidos por arma de fuego quedaran en prisión”.

Para concluir, Sotomayor expuso:

“El Poder Legislativo federal está sin actuar, la buena noticia es que para ciertos delitos a nivel local se aumentaron las penas, pero se tiene que complementar con el tema de las armas. La ventaja es que en la medida que los detengamos dos o tres veces, se van creando antecedentes y eso es tomado en cuenta por el Juzgado y la posibilidad de que se queden  detenidos”.

ESTADÍSTICAS

HOMICIDIOS DOLOSOS TIJUANA 2017 (SSPE)

Enero                          103
Febrero                       108
Marzo                          122
Abril                            120
Mayo                           166
Junio                           152
Total                            771
Año                           1,780

HOMICIDIOS DOLOSOS 2018 (SSPE)

Enero                          191
Febrero                      177
Marzo                         183
Abril                            208
Mayo                          215
Junio                             53
Año                        1, 264

Homicidios dolosos de enero a abril 2018 (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad)

Guanajuato                       1,349
Baja California                    944
Guerrero                              940
Edo. México                         940
Jalisco                                   871
Michoacán                            737
Veracruz                               723
CDMX                                  623


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / PATRICIA TAMAYO /LUNES, 11 JUNIO, 2018 01:00 PM)