La creación de la Comisión de
Investigación para la Verdad y la Justicia y la reposición del proceso jurídico
del caso Ayotzinapa, ordenadas por los magistrados del Primer Tribunal
Colegiado del Décimo Noveno Circuito, enfrentarán múltiples limitantes, como la
desaparición de evidencias.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
Ya no se podrán realizar otra vez diversos peritajes dados a conocer en la
investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), que culminó con
la polémica “verdad histórica” con la que intentó detallar lo ocurrido a los 43
normalistas de Guerrero, desaparecidos en diversos hechos violentos de
septiembre de 2014.
De acuerdo con peritos del
Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) consultados por Proceso,
existe el riesgo de que muchos de los rastros del caso ya estén alterados o
manipulados porque no hay certeza de que permanezcan resguardados por la
Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR conforme a lo
establecido por el Acuerdo A/009/2015, que estipula lineamientos y criterios para
el registro de la cadena de custodia de indicios.
Los peritos entrevistados,
quienes a condición de no publicar su identidad revisaron la resolución de los
magistrados, explicaron que las muestras del caso Ayotzinapa están almacenadas
en un salón que la PGR improvisó como bodega, la cual carece de instrumentos
para el control de temperatura y humedad óptimas que eviten su descomposición.
Los magistrados Mauricio
Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez Tánchez
resolvieron que se debe reponer el proceso de Gildardo López Astudillo, El Gil;
Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo; Miguel Ángel Landa Bahena, El Cheque, y
Salvador Reza Jacobo, presuntos miembros de Guerreros Unidos, organización
delictiva que, según la PGR, es responsable de la desaparición de los
estudiantes.
En el polémico e histórico
fallo los magistrados determinaron que “cualquier agente del Ministerio Público
de la Federación, peritos y demás personal ministerial que haya actuado dentro
de las investigaciones previas relacionadas al contexto integral del caso
Iguala, se encontrará impedido para seguir conociendo o participando de la
indagatoria”.
A decir de los responsables
de la resolución, ésta se emitió “debido a que en México, lamentablemente, no
contamos con una fiscalía independiente”.
Así que cuando eligieron el
mecanismo a implementar para el caso, con el fin de contrarrestar y superar los
defectos de la investigación de la verdad histórica, se consideró necesario que
los familiares de las propias víctimas sean quienes dirijan las pesquisas
contando con el apoyo del Ministerio Público y de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
Según la PGR, los restos de
los cuerpos de los 43 normalistas fueron arrojados en el río San Juan después
de haber sido calcinados en el basurero de Cocula, lugar donde se halló una
bolsa negra que contenía material del que se pudieron extraer las muestras
óseas que permitieron a la Universidad de Innsbruck analizar e identificar al
normalista Alexander Mora Venancio.
En la versión pública del
expediente, dada a conocer el 10 de octubre de 2015, en el tomo 71 a partir de
la foja 342 se encuentra el dictamen emitido por la Universidad de Innsbruck.
En él se menciona que muchos de los indicios no resultaron aptos para análisis
y que en otros se obtuvo una cantidad mínima de ADN nuclear que no sirvió para
obtener algún perfil genético. Sólo una muestra sirvió para identificar al
joven Mora; por lo tanto, ya no es posible hacer un segundo análisis para
descartar o confirmar el resultado.
En la versión oficial del
expediente del caso Iguala también se habla de una credencial de la normal
rural Raúl Isidro Burgos a nombre de Bernardo Flores Alcaraz, encontrada dentro
de un autobús.
Una parte de la mica tenía
restos de sangre. Los peritos consultados por este semanario explicaron que no
pudieron localizar un dictamen del perfil genético que contenía la muestra. De
haber sido realizada, los indicios ya pudieron agotarse o están alterados en el
almacén donde se encuentran: un sitio sin control de temperatura ni de humedad.
Los expertos explican que
otras muestras irreproducibles son los restos de explosivos, sustancias
acelerantes del presunto incendio del basurero de Cocula, restos biológicos y
elementos dentales aislados.
En el tomo 15, foja 21, hay
un dictamen de criminalística de campo; desde la foja 27 a la 35 se describen
todos los indicios que se recolectaron en diversos cuadrantes en los que se
dividió el basurero de Cocula, la mayoría de ellos ya inservible –según
expertos–, como fragmentos de cabello y tejido óseo quemado, entre toda una
serie de residuos biológicos.
MÁS INDICIOS PERDIDOS
En el Tomo 84, fojas 003 y
004, está un dictamen químico –con fecha del 23 de diciembre– realizado a cinco
restos de neumáticos, a petición del Ministerio Público federal (Proceso No.
2033).
En el oficio
SEIDO/UEIDMS/FE-B/7799/2014 se solicitó “determinar los cambios físicos y
químicos que fueron provocados con motivo de la combustión a la que fueron
sometidos los neumáticos, a partir de su estado físico original, debiendo
determinar la temperatura a la cual fueron sometidos y el tiempo utilizado para
llegar al estado físico al momento de su levantamiento”.
En el oficio
SEIDO/UEIDMS/FE-B/7816 /2014 se pidió buscar residuos de gasolina o diesel en
dichos indicios de llantas. En su primera conclusión, contenida en la foja 5
del dictamen, se notifica al Ministerio Público que “el laboratorio no cuenta
con la infraestructura para realizar este tipo de análisis” y se sugiere que
las muestras sean enviadas a instalaciones en el extranjero.
A la segunda petición del
Ministerio Público se responde que “se identificó caucho, fierro y carbón,
componentes fundamentales de las llantas”, pero “no se identificó el perfil
característico de diesel ni de gasolina”.
En el dictamen, fojas 020 y
022, los peritos anexan gráficas de un perfil de referencia característico de
la gasolina y otro del diesel. Esta caracterización no se encuentra en ningún
otro peritaje contenido en la versión pública.
Sin embargo, en el Tomo 83
(fojas 846 a 878) aparece un documento elaborado el 15 de enero de 2015 por los
peritos en incendios y explosiones de la PGR Marcos Soto Villalobos y Moisés
Moreno Gallegos. Se llama “Dictámenes periciales del basurero de Cocula,
APPGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015”.
En el punto III.3 Soto y
Moreno afirman que, tomando en cuenta la conclusión del dictamen de química
forense con número de folio 80176 elaborado por peritos de la PGR –resumido
anteriormente–, “puede determinarse que los acelerantes del fuego que menciona
el dictamen de química corresponden a una mezcla de hidrocarburos del tipo
gasolina o diesel”.
Ambos peritos en incendios y
explosiones determinaron lo anterior, aunque el laboratorio de química expuso
el 23 de diciembre de 2014 (en el oficio SEIDO/UEIDMS/FE-B/7799/2014) que
carecía de la infraestructura necesaria para realizar dicha prueba.
No obstante, los peritos de
la PGR insistieron en concluir: “El incendio en el basurero se debió a la
acumulación “deliberada” de neumáticos a los que se les vertió un acelerante
del fuego correspondiente a una mezcla de hidrocarburos del tipo de gasolina y
diesel”.
El problema para corroborar
los resultados descritos, coinciden los entrevistados, es que esos análisis son
irrepetibles.
Everardo Moreno, abogado y
maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM, expone que la resolución de los
magistrados “es ilegal, aberrante, fuera de todo lugar. Los señores magistrados
toman facultades que no tienen”.
En caso de que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación confirme el fallo
de los magistrados se tendrá
que reponer el proceso judicial. Sin embargo, ¿cómo se repondrá ese proceso, si
algunos peritajes ya son imposibles de realizar?, se le pregunta.
“No sé qué pueda suceder. Por
eso le digo que es una resolución contraria a nuestro marco jurídico”, agregó.
Manuel Olivares, director del
Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón AC,
asesor de los padres de los normalistas, habla sobre los peritajes que no es
posible volver a realizar:
“Finalmente, hay lugares
donde las evidencias ya se perdieron. La situación es completamente complicada
porque vemos que esta sentencia termina con el mito de la ‘verdad histórica’,
pero también nos indica que la intención del gobierno era cerrar el caso y
cerrar la administración sin este lastre encima (…) eso nos indica la
posibilidad de que pudiera no saberse realmente cuál fue el destino de los
estudiantes.”
Agregó que les preocupa que
la resolución de los magistrados le abra la puerta a los detenidos que lograron
el amparo para reponer su proceso.
Este reportaje se publicó el 10 de junio de 2018 en la
edición 2171 de la revista Proceso.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ PATRICIA DÁVILA/ 15
JUNIO, 2018)
No hay comentarios:
Publicar un comentario