Foto: Cortesía
La Procuraduría General de la República
redujo sus investigaciones de lavado de dinero en Baja California, de 58 en
2012, a 12 en 2017. De las 167 carpetas abiertas en los últimos ocho años, solo
23 fueron consignadas de acuerdo a los registros. La fiscalía federal y la
Unidad de Investigación Financiera no impactan las redes financieras de los
cárteles, que lavan más de 17 mil millones de dólares producto de actividades
del crimen organizado. Se dedican a la caza de “pequeños lavadólares” detenidos
con cientos de miles de billetes verdes en los retenes, aeropuertos y garita.
El Ejército aseguró poco más de un millón en los primeros cuatro meses de 2018
Rubén Jesús Rivera vivía en
Estados Unidos. Sus registros indican que es de oficio mecánico y tiene un hijo
con el mismo nombre que es estudiante; el padre es propietario de un vehículo
Nissan Sentra blanco, placas 6EQY504, en el cual decidió cruzar la madrugada
del jueves 31 de mayo por la aduana conocida como El Chaparral, hacia Tijuana.
Le tocó revisión y las
autoridades aduanales, acompañadas por elementos del Ejército, localizaron en
la cajuela del auto 170 mil 264 dólares cuya procedencia el hombre no pudo
justificar. El asunto se documentó y se entregó a la Subprocuraduría Especializada
en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde ejercieron facultad
de atracción y será investigado por las áreas centrales como presunto delito de
lavado de dinero.
La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) admite estimaciones de lavado de dinero de alrededor de
10 mil millones de dólares al año. Basados en la Evaluación Nacional del
Análisis de Riesgo y la incidencia de los delitos relacionados con el lavado,
especialistas hablan de 60 mil millones de dólares anuales, de estos, una
tercera parte, entre 17 mil o 18 mil millones, serían por delitos contra la
salud.
Conforme a datos
proporcionados a finales de mayo por el Sistema Institucional de Información
Estadística (SIIE), entre enero y abril de 2018 solo habían iniciado dos averiguaciones
previas por presuntos “delitos de operaciones con recursos de procedencia
ilícita”, y lo hicieron a través de las áreas centrales.
De acuerdo a las mismas
estadísticas oficiales, la delegación de la Procuraduría General de la
República (PGR) en Baja California inició 12 carpetas por el mencionado delito
en 2017 y once entre enero y abril de 2018; en 2016 abrieron apenas cuatro
averiguaciones y tres carpetas por lavado.
Pero las cifras SIIE
evidencian que la reducción de las investigaciones por los delitos del
blanqueo, se han reducido al mínimo a lo largo de todo el sexenio, como si la
actividad de los narcotraficantes no existiera. En 2012, la delegación inició
57 averiguaciones y consignó nueve; en 2013 inició 48 y consignó cinco; en 2014
inició 18 y consignó cinco; y en 2015 inició 15 y consignó tres. De ahí bajó a
cero.
Del blanqueo de dinero, los
informes del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se limitan a
enumerar los aseguramientos de personas que detienen con apenas cientos de
miles de dólares en aeropuertos, garitas y
retenes del país. Dinero que muchas veces ni siquiera se queda en manos
de las autoridades.
LOS OCHOA
El viernes 1 de junio, la
Policía Estatal Preventiva (PEP) informó que en la colonia Aeropuerto aprehendieron
a cuatros sujetos que circulaban a bordo de un Ford Taurus modelo 2007, en
revisión precautoria detectaron que estaban en posesión de tres armas cortas
calibres 380, 9 milímetros y una 45, además de un arma larga calibre 5.5, diez
cargadores, 154 cartuchos y 105 mil 718 dólares en efectivo.
Entre los detenidos estaba
Julián Vázquez, ex militar retirado registrado como escolta y el único con
permiso para portar arma, de las cuales traían cuatro. Félix López se estaba
desempeñando como chofer y los hermanos Ochoa Leal. Sergio Moisés demostró, con
un acta constitutiva, ser propietario de una empresa, así que les devolvieron
el dinero y quedaron libres de cargos.
“No es delito circular por
México con importantes cantidades de dinero y eso lo tienen que entender las
corporaciones operativas”, refirieron desde la instancia federal, en tanto que
de las armas explicaron que solo esperaban la corroboración de los permisos
para saber cómo proceder.
Registros públicos indican
que los Ochoa son propietarios de dos empresas, una dedicada a actividades
comerciales relacionadas con el tomate Saladette, incluida la exportación, con
dirección en el Estado de Jalisco, de donde son nativos. Y otra
comercializadora de productos lácteos, con tres ubicaciones, una con dirección
en Jalisco, otra en la colonia Guaycura de Tijuana -registrada desde 2007- y,
según algunos documentos oficiales, la tercera con dirección en San Ysidro,
California, la cual no fue ubicada.
De los cuatro detenidos, solo
el más joven, Álvaro, tiene antecedentes delictivos en Estados Unidos, fue
capturado en la Garita de San Ysidro por narcotráfico; había sido sorprendido
en posesión de 25 kilos de marihuana, sin embargo, no fue acusado ni juzgado.
Tras la detención del 1 de
junio, las autoridades realizaron una revisión superficial de bases de datos en
las que únicamente encontraron que algunos integrantes de la mencionada
familia, al tramitar documentos oficiales han proporcionado información donde
sus nombres, fechas de nacimiento y direcciones tienen pequeños cambios.
Conforme al último informe de
la Federación, en nueve meses, entre septiembre de 2016 y julio de 2017, el
gobierno mexicano aseguró 543.2 millones de pesos y 11.4 millones de dólares,
pero no existen datos de cuánto de este dinero regresó.
UN MILLÓN DE DÓLARES EN CUATRO MESES
Entre enero y mayo, el
Ejército Mexicano reportó 14 operativos con aseguramientos de dinero: cinco en
enero, tres en febrero, ninguno en el período marzo-abril y seis en mayo. Del
total, siete operativos fueron en la Garita El Chaparral en Tijuana, otro en la
Garita de Mexicali, mientras que el total de lo asegurado fue de un millón 091
mil 400 dólares y 188 mil 190 pesos.
Pero la PGR no ha informado cuántos
de estos recursos fueron regresados a quienes hayan “comprobado” la procedencia
lícita, y cuantos quedaron incautados mientras procede el juicio.
17 MIL O 18 MIL MDD LAVADOS AL AÑO POR DELITOS CONTRA
LA SALUD
En entrevista con ZETA, Jorge
Alberto Lara Rivera, presidente de la consultora Buró de Seguridad y Legalidad
Financiera, habló respecto las estimaciones económicas en lavado de dinero.
“Hay una disputa entre
especialistas en cuanto a la cifra probable de cantidades que fluyen por
recursos ilícitos, Hacienda en el mejor de los casos ha admitido hasta 10 mil
millones de dólares anuales, haciendo estimaciones de la incidencia delictiva
que precede al lavado de dinero, que son delitos contra la salud, evasión
fiscal y delitos patrimoniales, entre los que por cierto no se contemplan los
delitos de corrupción y sus efectos, los montos ascienden a 60 mil millones de
dólares. Incluso algunos analistas manejan el estándar de 50 mil millones de
dólares anuales porque la consultora StratFor -empresa privada estadounidense
especializada en servicios de inteligencia-
hace cuatro años llegó a estimar 40 mil millones de dólares anuales. Al
final las estimaciones son discrecionales, pero podemos partir de estas
cifras”, apuntó.
“De esos 60 mil millones una
tercera parte, alrededor de 17 mil o 18 mil millones, serían por delitos contra
la salud, lo cual de alguna manera también es consecuente con las cifras que se
calculan en nivel hemisférico en lo que se quedan en Estados Unidos,
aproximadamente con el 75% del recurso; hablo del recurso producto de la venta
de droga que se queda allá, luego ellos ya deciden lo que hacen, lo persiguen,
lo aseguran, lo decomisan”.
Lara Rivera consideró que las
cantidades deben ser mayores: “Esta cifra habría que revisarla porque en los
últimos dos años el tema de tráfico de fentanilo, opioides, heroína y amapola
se ha disparado mucho, entonces seguramente ni siquiera hemos llegado a los
estimados de lo que esto ha significado, porque hay que hacer los consolidados
en el reporte mundial de drogas y los reportes de Estados Unidos. La otra
tercera parte corresponde a delitos de evasión fiscal, prácticamente equivalente
a la cifra de tráfico de drogas. Y la otra por otros delitos patrimoniales, e
insisto: no se incluye corrupción”.
Cifras similares a las
mencionadas por el consultado, fueron publicadas en noviembre por la empresa
Reuters en una nota periodística de “reporte clasificado” versión no pública de
la Evaluación Nacional de Riesgo, en la que el gobierno mexicano “estimó que el
narcotráfico, los delitos fiscales y otros crímenes generan al menos 1.13
billones de pesos cada año, unos 58 mil 500 millones de dólares”.
Información que, detallaron,
“la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación, la
Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la
Secretaría de Marina y el Banco de México, identificados como contribuyentes al
reporte”, se negaron a confirmar.
En la versión pública de la
Evaluación Nacional de Riesgo se habla de grandes, enormes cantidades y un alto
riesgo, pero no exhiben cifras, lo mismo en el reporte del Grupo de Acción
Financiera (GAFI)- Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Grafilat),
considera a México entre los primeros tres países con riesgo de lavado.
“ESTAMOS HACIENDO TODO MAL”
“No hay una persecución
sistemática bien coordinada y eficaz de los temas de lavado de dinero y los
procesos de recuperación de activos”, espetó el presidente del Buró de
Seguridad y Legalidad Financiera.
“En 2017 -por transparencia-
mandamos preguntar a cuánto ascendían los recursos del Cártel de Sinaloa en el
trienio 13-16 y me respondieron que eran tres millones y medio de pesos”.
— ¿Lo que le habían quitado?, cuestionó ZETA.
“No, lo que le habían
detectado. Y los importantes lavadores que se han detenido, han sido por
petición del gobierno de Estados Unidos y con información de ellos, como el
caso del ‘Rey Midas’ que lo capturaron en Mérida.
“El otro tema es que muchos
de los asuntos que se están llevando a Estados Unidos no nos están significando
como país que nos estén compartiendo los decomisos, los bienes, las cuentas;
los inmuebles se los está quedando todos Estados Unidos. El caso paradigmático
es ‘El Chapo’ Guzmán, le están reclamando entre tres cortes 18 mil millones de
dólares, y México no está pidiendo nada de eso, por ejemplo.
“Mi observación general es
que estamos haciendo todo mal porque estamos persiguiendo lavado de dinero en
minúscula escala, todos los delitos tienen una incidencia que debe medirse con
cifras oficiales, para mi este tema tiene que tomar en cuenta no el número de
casos, sino las cantidades involucradas” refirió el analista.
“Hay aseguramientos de
dinero, y eventualmente de algunos abandonos, el problema de los aseguramientos
no necesariamente significa que el Estado se quede con el recurso. Además, no
hay estadísticas de decomisos, de extinciones de dominio o son muy pobres. El
problema es ese: si vemos los compilados de los informes de gobierno, presumen
los aseguramientos que además son muy bajos, estamos hablando en el mejor de
los casos de alrededor de 25 millones de dólares en un año. Son más o menos
semejante 2015-2016, todavía no entregan 2017”, complementó.
USO POLÍTICO DE MECANISMO CONTRA LAVADO
“La Unidad de Investigación
Financiera creada para combatir el lavado de dinero solo adquiere notoriedad
cuando se trata de asuntos políticos”, enfatizó Lara Rivera.
“Los mega casos
desafortunadamente no son de crimen organizado, son los de Elba Esther
Gordillo, el caso Duarte, que a regañadientes la PGR tuvo que judicializar,
Padrés, a quien ya absolvieron en un caso de 8 millones y queda pendiente otro
más.
“O cuando acusaron a Ricardo
Anaya, bueno, ni acusando, sugirieron lavado y lo tambalearon políticamente.
También lo hicieron con Josefina Vázquez Mota, ¿para qué? para que al final le
dijeran ‘tú no estás investigada’, pero la descarrilaron de la elección México,
con información de la Unidad de Investigación Financiera.
“Pero casos importantes que
le peguen a algún banco, alguna institución financiera que involucren actos
ejecutivos y miembros del crimen organizado, la verdad no se han
judicializado”, dijo.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA NO RINDE CUENTAS
El tipo penal de delitos de
operaciones con recursos de procedencia ilícita está considerado en el Artículo
400 bis del Código Penal Federal, y explica que cuando el lavado de dinero se
dé a través de instituciones financieras, la SHCP vigila mediante la Unidad de
Investigación Financiera (UIF) y forzosamente tendrá que hacer la denuncia para
que PGR pueda investigar; si la unidad no denuncia, la fiscalía no investiga.
La UIF inició operaciones en
2004: “Tienen mucha facilidad para detectar posibles casos de lavado, posibles
porque se requiere contar con información, pero el Talón de Aquiles de todo
esto es que esta facultad la han entendido y aplicado de manera discrecional”.
La excusa dada a los
analistas ha sido: “Si se denuncia un caso de lavado de dinero a través de un
banco y esto le genera al banco tener que cerrar, pérdidas y sanciones
administrativas, quienes pagarían los costos serían los ahorradores, entonces
esta medida se hace para proteger al sistema financiero y tiene razonabilidad;
el problema es que se abusa de ella” argumentó Lara Rivera.
El problema es que la
principal vía para el de lavado de dinero es el sistema financiero, seguidos de
las Casas de Bolsa y bancos regionales, y los dos instrumentos clásicos para
esta actividad ilícita: las empresas fantasma y los prestanombres, en un
segundo piso, la compraventa de vehículos, joyas e inmuebles.
El abogado especialista en
lavado de dinero aseguró que una parte importante del problema es que se la ha
permitido a la UIF navegar bajo el radar, nadie le pide cuentas, ni diputados,
ni senadores. Durante mucho tiempo el titular fue Alberto Bazbaz, una persona
muy allegada al Presidente Enrique Peña Nieto, que no mostró voluntad de cumplir
con su tarea -317 denuncias contra lavado de dinero en cuatro años- y “desde
enero de 2018 que renunció el amigo del Presidente, no se sabe quién está a
cargo y nadie ha preguntado”.
En este esquema, el Buró de
Seguridad y Legalidad Financiera presentó a los legisladores en el Congreso de
la Unión varias propuestas:
*Rendición de cuentas a la UIF,
agregados estadísticos, cuántos probables casos de lavado de dinero se han
detectado y revisarlos contra las estadísticas de delitos financieros de
narcotráfico, y cuántos está denunciando
* Que el titular de la UIF no sea nombrado por el Presidente, que sea un
empleado superior de Hacienda para que sea designado en el Congreso
* Que la facultad de denunciar de la UIF
no sea discrecional
* Inclusión la Policía Federal en la
investigación y combate al blanqueo de dinero para que se investigue en
conjunto el tráfico y el blanqueo
* Una reforma constitucional para hacer
homogénea la Ley Nacional Anti Lavado
* La inclusión del delito de
lavado-operación de recursos de procedencia ilícita en los códigos penales de
los estados, “porque en México hemos tenido una política de no seguir los casos
a nivel estatal”.
“La diferencia, la razón de
que en México la violencia esté exacerbada, la diferencia de México con Italia,
Chicago, Nueva York, Florida, incluso Colombia, es que en esos lugares están
combatiendo el lavado de dinero, están impactando las capacidades económicas de
los grupos de la delincuencia organizada. En México, ¿dónde está la vertiente
de lavado de dinero?”, concluyó Lara.
EVALUACIÓN GAFI
En su reciente evaluación del
trabajo que hace México respecto a este delito,
Grupo de Acción Financiera, que dicta los estándares globales anti
lavado, presentó un extenso informe en el que básicamente anota:
* El lavado de dinero no es investigado
ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de manera
reactiva
* No se persigue el decomiso del
producto y de los instrumentos del delito en forma sistemática como un objetivo
de las políticas
* Las autoridades no están utilizando
las medidas cautelares a su disposición en forma apropiada y oportuna, excepto
por el uso de la lista de personas bloqueadas
* No se decomisa en forma adecuada el efectivo
sospechoso y falsamente declarado
* Hay importantes mecanismos para
detección de riesgos, sin embargo, habitualmente la inteligencia financiera no
conduce al inicio de investigaciones.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / ROSARIO MOSSO
CASTRO LUNES, 11 JUNIO, 2018 01:00 PM)
No hay comentarios:
Publicar un comentario