viernes, 21 de julio de 2017

¿QUIÉN ES EL TESTIGO CONTRA JAVIER DUARTE?

La PGR sustenta la mayor parte de la acusación por delincuencia organizada y lavado de dinero contra el ex gobernador de Veracruz, en un testigo colaborador



El exgobernador de Veracruz en su arribo a México.

México.-  Como era usual en el sexenio anterior, la Procuraduría General de la República (PGR) sustenta la mayor parte de la acusación por delincuencia organizada y lavado de dinero contra el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, en un testigo colaborador.

La figura fue utilizada de manera indiscriminada por la PGR para acusar a servidores públicos en años anteriores; sin embargo, al no tener sustento, sus casos se vinieron abajo; hoy, la PGR recurre a la práctica como parte de su estrategia contra Javier N.

El testigo colaborador en el caso del ex mandatario es Alfonso Ortega López, cercano a Duarte de Ochoa, puesto que formó parte del grupo de personas reclutadas por el ex gobernador para mover dinero del erario, según consta en la causa penal 97/2016.

Los amigos invitados por Duarte de Ochoa para hacer negocios e inversiones fueron Moisés Mansur Cysneiros, José Juan Janeiro Rodríguez, Mario Rosales Mora, Rafael Gerardo Rosas Bocardo y Alfonso Ortega López.



Javier Duarte firma los documentos del inicio de proceso en México .

Ortega López, quien colaboró con la PGR con su declaración, señaló a los antes mencionados como testaferros y prestanombres que comenzaron a operar con Duarte de Ochoa desde los primeros días de su mandato.

La PGR cuenta con dos declaraciones de Ortega López, una del 12 de octubre y otra del 12 de diciembre de 2016, mismas que se identifican como prueba 5 y 6, respectivamente.

En una de ellas, Alfonso Ortega dijo que el 31 de diciembre de 2010, el exgobernador le pidió recibir todos los fondos para después invertirlos, esa instrucción se la dio en una fiesta en el departamento del ex gobernador ubicado en Ixtapa-Zihuatanejo.

Siguiendo las instrucciones, Ortega López constituyó el 3 de febrero de 2011 la empresa Inmobiliaria Roo, de la que además era accionista Mario Rosales, quien operaba como prestanombres y además trabajaba en una notaría donde se realizaban las operaciones.Por medio de esa inmobiliaria se adquirieron, en mayo de 2011, dos inmuebles en Lomas de Chapultepec, con un valor de 47 millones de pesos que estaban destinados a ser la casa de retiro del ex mandatario.



El acusado es llevado ante los jueces.

La causa penal refiere que Ortega también constituyó en marzo de 2011 la empresa Alpargata Marine Venture Corporation, misma que fue utilizada para comprar una lancha para Duarte con valor de 790 mil dólares.

Ese mismo año, Alfonso Ortega le comentó a Javier N sobre la adquisición de parcelas en el ejido Lerma, en Campeche. A Javier le agradó la idea y ordenó comprar 21 parcelas con un costo de 20 millones de pesos. Ortega compró cuatro; José Janeiro, tres; Rafael Rosas, cinco; y Moisés Mansur, nueve.

El declarante dijo a la PGR que las cuatro parcelas que había adquirido las vendió a la empresa Terra Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios, una empresa fachada que habían constituido. Por otra parte, Moisés Mansur vendió las nueve parcelas a otra empresa fachada de nombre Consorcio Brades. También señaló que, por medio de su testaferro Moisés Mansur, Duarte de Ochoa compró un departamento en Campos Elíseos, Polanco, en la Ciudad de México.

En su declaración también mencionó que en 2015, el gobierno de Veracruz transfirió recursos de la Secretaría de Educación por una cantidad de 350 millones de pesos a las empresas Diseñadores Arquitectónicos Melvan, Diseños Arquitectónicos Alim y Medical Healthy Service HO2.

El dinero en esas empresas servía para fondear Terra Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios y Consorcio Brades, según la declaración en la cual se sustenta la acusación de la PGR.

PERFIL.

Alfonso Ortega López es un abogado que tuvo una amistad con Javier N. Se conocieron desde el año 1996 por medio de Moisés Mansur Cysneiros.

El abogado fue uno de los que formó parte del círculo cercano a el exgobernador para buscar invertir el dinero que fue desviado del erario a partir de 2010, cuando lo invitó a formar parte de su grupo.

Ortega López tenía una orden de aprehensión, misma que no fue cumplimentada por la PGR a cambio de colaborar con toda la información que tenía sobre los movimientos del dinero y personas que habrían colaborado con el ex gobernador de Veracruz.



El Juzgado en el que se llevan los casos.

Hoy es una pieza clave en la acusación que formuló la PGR contra Javier Duarte de Ochoa por operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.

Luego de dar dos declaraciones a la PGR, se desconoce el paradero de Ortega López, quien a pesar de haber formado parte de los que ayudaron al ex mandatario a realizar las operaciones, no está detenido.

Marco Antonio del Toro, abogado de Javier N, solicitó al juez la comparecencia de Ortega López para ser interrogado.


(EL DEBATE/REDACCION/ 22 DE JULIO 2017)

¿YA SE DECIDIÓ PEÑA?

El jueves pasado hubo frenesí en varias oficinas de alto nivel y redacciones de medios en la Ciudad de México. El lunes, anticipaban, se darán los cambios en el gabinete. Algunos nombres comenzaron a emerger, hasta que de un lugar que nadie tiene ubicado dónde, circuló una lista de lo que anunciaría el Presidente Enrique Peña Nieto. Miguel Ángel Osorio Chong se mudaba de Gobernación a Desarrollo Social, donde salía Luis Enrique Miranda rumbo a Siberia. A Bucareli llegaba el Secretario de Educación, Aurelio Nuño, sin identificar su remplazo... Pero el de Agustín Carstens al frente del Banco de México sería José Antonio Meade, quien entregaría Hacienda a José Antonio González Anaya, quien a su vez dejaría la dirección de Pemex en manos de Enrique Ochoa, cuya plaza como presidente del PRI sería ocupada por el Senador Emilio Gamboa. En la lista de marras desaparecía el Procurador Raúl Cervantes, cuyo despacho sería ocupado por el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales.

Vaya sacudida la que anticipaba la lista anónima. De un jalón, nueve posiciones de gabinete ajustadas por el Presidente, antes de su quinto y penúltimo informe de Gobierno. En vísperas de su tercer informe, Peña Nieto realizó 10 ajustes en su equipo, pero sólo seis de ellos tocaban posiciones dentro del gabinete. Esta lista rompe nervios cambiaba por completo la marcha de la sucesión presidencial. Leído bajo el horizonte de 2018, se podría interpretar que Nuño, como nuevo jefe de la política interna y de la policía, quedaría desplazado de la contienda, mientras que Osorio Chong, a quien cada semana le explota el barril con dinamita en donde está sentado y le añade puntos negativos a sus resultados en términos de seguridad y gobernabilidad, estaría enfilado a la unión tricolor. Por lo mismo, Ochoa, cabeza de playa de Nuño en el PRI, sería una pieza desechable, sustituida por Gamboa, confidente del Presidente y cercano a Osorio Chong.

El equipo más próximo al Presidente hoy en día, el de los tecnócratas, pierde la batalla, según la lista anónima. Adiós Meade a cualquier posibilidad de una alianza para la elección presidencial, con lo que sería irrelevante la mesa de Estatutos en la próxima asamblea nacional del PRI, donde el tema controvertido es que la modificación del candado sobre su militancia, que le impide ser abanderado de ese partido, pero ajustaría con sus más cercanos, como premio de consolación, el gabinete económico. Sales, a quien no quiere nadie en Gobernación, de quien depende, rompería ese ostracismo y falta de apoyo, y pasaría a ser par de quien lo oprime, Osorio Chong, en el gabinete, mientras que Cervantes, muy estimado en Los Pinos, pasaría a la reserva de desempleados como su sobrino, el ex consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos.

Menudo ajuste haría el Presidente. Además de Osorio Chonng, quien, en la ruta copiada a la unción de Luis Donaldo Colosio en 1993, lo harían el contendiente más fuerte del peñismo para la candidatura, la lista deja a salvo, por omisión, al Secretario de Salud, José Narro. Parecería tan clara la decisión presidencial del 2018 entre ellos dos, sin problemas de candados ni amenaza de fracturas en el PRI, como con otros aspirantes, que sería irrelevante mantener a Ochoa al frente del partido, a escasas tres semanas y media de su Asamblea Nacional. ¿Por qué haría todos esos ajustes tan cerca de la asamblea y de su penúltimo informe? La lista de marras no parece estar asida a la realidad, y aunque en este Gobierno no dejan de asombrar a sus gobernados por la enorme e inagotable capacidad para hacer cosas extrañas y meterse cotidianamente en problemas innecesarios, no tiene mucho sentido.

Cualquiera que se precie de conocer a Peña Nieto, sabe perfectamente que las decisiones de tipo electoral, que es el contexto con el que se darán todos los ajustes en su equipo, no las consulta ni comenta con nadie. Alfredo del Mazo lo experimentó hace seis años, cuando sólo un par de días antes de que se decidiera la candidatura al Gobierno del estado de México, el Gobernador Peña Nieto le dijo que él no sería, como en la víspera se lo había comunicado a Luis Videgaray. Meade se enteró que lo iba a nombrar Secretario de Desarrollo Social cuando se encontraba en su acuerdo de medianoche en Los Pinos como Secretario de Relaciones Exteriores. Su llegada a Hacienda le fue notificada casi a punto de ser citado para ver al Presidente, no para que le informaran, sino para analizar el control de daños que tendrían que hacer como consecuencia del relevo.

Se puede argumentar que esa lista no fue autorizada por el Presidente, aunque cumplió el propósito, deliberada o inopinadamente, de calentar las fuertemente cargadas mentes sucesorias y ejercer presiones a definiciones prontas. Peña Nieto ha demostrado que no se le acorrala de esa forma, y mantiene sus tiempos electorales de manera firme. Hace unos días, por ejemplo, cuando el Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, le pidió autorización para incrementar su exposición pública, pensando en la candidatura presidencial, recibió como única recomendación que lo hiciera dentro de la disciplina impuesta al gabinete en este tema y dentro de los tiempos establecidos por el PRI. Efectivamente, Peña Nieto genera mucha certidumbre y es predecible. De esta manera, se puede decir que el lunes podrán pasar muchas cosas, pero muy probablemente, ajustes en el gabinete de esa magnitud al menos, no habrá.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa


(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 21/07/2017 | 04:08 AM)   

‘NO SON RUMORES, ES UNA REALIDAD’: DESPLAZADOS

Vecinos de los pueblos de la sierra le responden al Subsecretario de Seguridad Pública estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo



Familias son desplazadas por la violencia en Concordia.

CONCORDIA.- El desplazamiento forzado de personas de la sierra de Concordia es una realidad, y miente quien diga que se salieron por rumores, expresaron víctimas de la incursión de hombres armados a Chirimoyos y La Petaca.

“No son rumores, es realidad, quien diga que es mentira, miente él, ¿usted cree que nosotros vamos a dejar nuestra casa, nuestra estabilidad, todo por sufrir a otro lado? No señor, es 100 por ciento realidad (que los amenazaron para que abandonaran sus hogares)”, dijeron los afectados en respuesta a las declaraciones hechas el miércoles por el Subsecretario de Seguridad Pública estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo.


De acuerdo con los desplazados, la tarde del domingo hombres armados a bordo de cuatro camionetas irrumpieron en ambas comunidades y amenazaron con asesinarlos, si no abandonaban sus casas.

Con lo que pudieron y traían puesto, juntaron a sus hijos y huyeron por temor, refugiándose en Concordia, Villa Unión o Mazatlán.

“Salimos con miedo porque ellos dijeron que nos iban a matar; pasaron por la calle gritando, eran cuatro camionetas, era la una de la tarde del domingo, algunos salieron desde un día antes porque ya decían mucho que se salieran, y aparte la violencia que se había suscitado en esos días en esa zona, habían matado como a seis personas en una semana”, añadió otro desplazado.

Y a los cerca de 500 desplazados de Chirimoyos y La Petaca, ayer se sumaron tres familias de La Mesa del Carrizal.

Esperanza Hernández Lugo, líder del grupo Desplazados de Sinaloa, refutó los dichos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, pues asegura que las personas no se desplazan por rumores sino por miedo.

El miércoles el Subsecretario de Seguridad Pública estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, dijo que los últimos desplazamientos podían corresponder a rumores sobre brotes de violencia en Concordia, porque de ello no se tenía una denuncia formal.

“No es rumor, es temor, o es falta de conocimiento, pero la mayoría por miedo porque para el Gobierno es muy fácil decir que pongan una denuncia, pero ellos no han vivido una situación de violencia, el horror que hemos vividos los desplazados antes de venirnos y abandonar nuestras comunidades”, dijo.


(NOROESTE/REDACCIÓN/ 21/07/2017 | 04:00 AM)

AÑOS TRABAJANDO EN LA TORRE B DE PEMEX. EXPLOTÓ, Y MURIERON. A SUS FAMILIAS NO LAS HAN INDEMNIZADO


ENERGÍA: NEGOCIOS Y OPACIDAD

NdeR:

El siguiente reportaje fue elaborado con el apoyo financiero de Natural Resource Governance Institute. La  responsabilidad del contenido es de SinEmbargo MX.

El 31 de enero de 2013, cuando el Presidente Enrique Peña Nieto tenía un mes en el Gobierno, una explosión en la Torre Ejecutiva B2 de Petróleos Mexicanos (Pemex) mató a 37 personas. De ellas, 30 eran empleados de Pemex y seis estaban subcontratados. Murió además un menor. Otras 126 personas resultaron heridas.

Un peritaje del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México concluyó que el estallido se habría originado por una acumulación de gas metano, solventes y sedimentos de hidrocarburos.

Han pasado más de cuatro años y las familias de tres de los trabajadores subcontratados no han encontrado ni alivio ni indemnización.

QUINTA PARTE DE UNA SERIE

El Pemex “moderno” de EPN tiene obreros de segunda: 163 llevan 3 años sin paga. Son “outsourcing”

Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).– Desde el día de la tragedia, la vida se convirtió en un túnel que parece no tener salida. Primero fue buscar los cuerpos de sus familiares. La explosión en la Torre Ejecutiva B2 de Petróleos Mexicanos (Pemex) los sepultó entre escombros y ellos, trabajadores de la empresa Conservación Pilotes de Control (Copicosa) no estaban en la lista de trabajadores de la ex paraestatal. Es decir, eran empleados de una contratista, casi invisibles para la petrolera. Eran Luis Ojeda Olguín, Gregorio Vite Valderrama y Enrique Bartolomé Hernández Martínez.

Aquellos funestos días pasaron. Los deudos pudieron sepultar a sus seres queridos arrancados por el desastre. Ahora falta que llegue su indemnización.

Gregorio Vite Valderrama, quien murió a los 51 años de edad, trabajó 22 años para Pemex, a través de la empresa Copicosa. Su hijo Oswaldo dejó de laborar casi dos años para atender el caso. Sus ahorros se esfumaron. Y su madre, viuda de Gregorio, quedó desamparada.

Luis Ojeda Olguín falleció un día antes de cumplir 57 años. Nunca probó el pastel que le habían preparado. Tres de sus hermanas, María Luisa, Estela y María de la Luz, no podían pagar la renta a pesar de contar con sus pensiones. La explosión les arrebató a Luis, de quien dependían para pagar las cuentas.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa falló en noviembre de 2014 para que Pemex no les pagara ni un centavo a los dolientes de estos tres trabajadores dado que ya había solventado los gastos funerarios. Se alegó que la ex paraestatal no tenía responsabilidad porque se trataba de empleados terciarios. Pero los familiares presentaron otra demanda en la Procuraduría General de la República (PGR), respaldada por la Organización Nacional para la Responsabilidad del Estado (ONRE), en contra de Pemex. Al final, sostienen que sus familiares eran trabajadores de la ahora empresa productiva del Estado.

Los familiares de Ojeda Olguín exigen un pago de seis millones 476 mil pesos; los de Vite Valderrama cinco millones 180 mil pesos; y los de Hernández Martínez tres millones 885 mil pesos. Los montos fueron calculados con base en la Ley Patrimonial del Estado, respecto de daños morales, por muerte y compensatorios del salario que dejó de percibir el trabajador finado, además de la petición de una disculpa pública. Hasta hoy, Jesús Alberto Guerrero Rojas, director general de ONRE, los deudos sólo han recibido 70 mil pesos para gastos funerarios.

“Los subcontratistas no tendrán acción o derecho alguno que hacer valer” en contra de Pemex o de sus filiales. El “contratista se obliga a sacar en paz y a salvo” a la paraestatal y sus dependencias “de cualquier demanda o reclamación de cualquier tipo, incluyendo las de carácter laboral, que pudieran presentar los subcontratistas por la ejecución de los trabajos relacionados con el contrato”, señala el oficio PPS-SIPDN-GSTAC-240-2017, contenido en una respuesta a este medio digital cuando preguntó por el estado de los trabajadores subcontratados.

Alberto Guerrero Rojas, abogado defensor de los deudos, refiere dos problemas en el caso: Pemex hizo que los deudos firmaran la renuncia a la indemnización civil, un derecho inalienable; y los tribunales que han llevado el caso de demanda entorpecieron el caso con criterios “arbitrarios”. Así han pasado más de cuatro años. En conjunto, las familias Vite, Ojeda y Hernández le reclaman al Estado 15.5 millones de pesos en indemnizaciones. Pero lo que más exigen, es que las autoridades den la cara por su pérdida.

Pemex, un nido de corrupción por años, teje maraña para no decir a quién contrata y para qué




(SINEMBARGO.MX/ EFRÉN FLORES/ JULIO 21, 2017, 12:05 AM)

POR SEGUNDO MES CONSECUTIVO, EN JUNIO SE IMPONE UN NUEVO RÉCORD HISTÓRICO DE ASESINATOS EN MÉXICO


El Secretariado Ejecutivo actualizó este día sus cifras sobre la incidencia delictiva cometida a lo largo de la República Mexicana y en éstas destaca que el número de homicidios dolosos registrados en el mes de junio alcanzó los 2 mil 234.

Estos 2 mil 234 asesinatos en México posicionan a junio como el mes más sangriento de los últimas dos décadas en el país, superando así el récord impuesto apenas en mayo pasado.

La violencia vence a EPN y México paga: en mayo 2017, más homicidios que con Calderón en mayo 2011

Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).- Junio se convirtió en el mes más violento de la administración de Enrique Peña Nieto con 2 mil 234 homicidios dolosos registrados ante el Ministerio Público, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El sexto mes de 2017 también se posicionó como el más sangriento de los últimos 20 años, lapso en que el Secretariado comenzó a realizar estadísticas de la incidencia delictiva registrada en los estados de la República Mexicana.

Con una cifra de 2 mil 234 homicidios dolosos, junio desplaza al mes de mayo que cerró con 2 mil 191, y que a su vez había impuesto el primer récord histórico.

De acuerdo con las cifras, los asesinatos perpetuados a mitad de este 2017 en México sumaron un promedio de 74 personas diariamente.

El informe del Secretariado, que contempla ya la mitad del año, registró  que los estados más violentos del país por el número de3 homicidios son Guerrero con mil 161 homicidios, seguido de Estado de México con mil 026 y en tercer lugar se sitúa Baja California con 922.

Respecto a la tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes, las entidades que se colocan en los primero lugares son: Colima con 42.12; Guerrero con 32.19 y Baja California con 25.72.

Balaceras, cuerpos con huellas de tortura: violencia en Edomex deja 21 muertos en sólo 24 horas

Comparado con las cifras del año pasado, la violencia tuvo un incremento de cerca del 27 por ciento respecto a junio.

El secuestro es otro de los delitos de los cuales el SESNSP realiza un conteo y en el sexto mes se registraron 108 carpetas de investigación (averiguaciones previas).

AMENAZAN CON MÁS MUERTES

Los asesinatos en todo el país no tienen  tregua a causa de la violencia. Tan sólo el día de ayer Felipe de Jesús Pérez Luna, y otros siete civiles fueron abatidos por elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Federal en la delegación Tláhuac, en la Ciudad de México.


A “El Ojos” se le identifica como el líder del Cártel de Tláhuac, que presuntamente controlaba la venta de droga en el oriente del Valle de México.

En el Estado de México, a mitad de este mes que correo se vivió una de las jornadas más violentas registradas en los últimos años que dejó como saldo 21 muertos.


(SIN EMBARGO.MX/ REDACCIÓN / JULIO 21, 2017, 10:21 AM)

DETIENEN A TRES DEL CJNG, PRESUNTAMENTE RESPONSABLES DE CRÍMENES EN LA ST


Los detenidos fueron asegurados en la colonia Sánchez Taboada

Sujetos identificados como Víctor Alonso “N”, Jesús Abraham “N”, y Christopher Alberto “N”, de 22 años quienes fueron detenidos con armas el martes 18 de julio de 2017, presuntamente son responsables de homicidios en la delegación Sánchez Taboada  y al parecer pertenecen a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación.


Vehículo en el trasladaban las armas.

De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública, las armas aseguradas a los hombres las cuales trasladaban en un vehículo Chevrolet Malibú, color dorado, y detenido en la colonia Sánchez Taboada, coinciden con el calibre utilizado en hechos delictivos cometidos en la zona.

El decomiso se trata de dos armas de fuego; una calibre .40 y otra arma calibre .38 especial. Así mismo, fueron incautados 13 envoltorios que contenían la droga conocida como “cristal”.

Los detenidos y las armas fueron puestos a disposición de la autoridad competente.


(SEMANARIO ZETA/ Destacados  ZETA /Jueves, 20 Julio, 2017 04:10 PM)

FRUSTRADO OPERATIVO PARA DESALOJAR A MANIFESTANTES QUE BLOQUEAN CERVECERA


Fotos: Cristian Torres

Decenas de elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Policía Estatal Preventiva realizaron un operativo para desalojar a los manifestantes que se encuentran bloqueando los tanques de agua de la empresa Constellation Brands, en Mexicali.

El operativo inicio a las 04:30 de la mañana de este viernes, cuando unos 50 elementos con equipos antimotines avanzaron hacia el plantón donde se encuentra el grupo de Mexicali Resiste sin embargo, de manera inesperada detuvo la marcha y regresaron a las unidades.


En el operativo se encontraba un representante de los transportistas, quien pedía a los manifestantes liberar los tanques ya que el tenerlos detenidos le costaba dinero. Tras un breve un diálogo no se llegó a ningún acuerdo.

También estuvieron representantes de la empresa Constellation Brands, quienes fueron increpados por los manifestantes, pero estos no se bajaron del vehículo por lo que elementos de la PEP apoyaron para que se pudieran retirar.

Hasta las 6 de la mañana continuaban los agentes policiacos, pero no se habían acercado al plantón nuevamente.


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS / CRISTIAN TORRES/ VIERNES, 21 JULIO, 2017 07:59 AM)

VINCULAN A PROCESO A PRESUNTO HOMICIDA DE LA DOCTORA CIANI


Foto: cortesía/ David Ortega Ramos

Los testimonios de Baruk Garza Ciani y de Francisco Javier Vieira Velázquez, así como las diligencias de reconocimiento fotográfico practicadas, fueron clave para que esta noche se dictara auto de vinculación a proceso contra David Ortega Ramos, como presunto responsable del homicidio de la Dra. Alma Angélica Ciani González.

Ortega se habría presentado el pasado 3 de julio al consultorio de Ciani en la colonia Libertad, haciéndose pasar como paciente y esperando su turno para ser atendido por la médico. Baruk, de 15 años, acompañaba a su madre, mientras que Vieira, diseñador gráfico, platicaba con Ciani sobre cotizaciones para tarjetas de presentación y lonas publicitarias para el local.

Una vez que Ortega ingresó a consulta, disparó  en al menos 3 ocasiones contra el cuerpo de Ciani, para después exigir a Baruk lo dejara salir del consultorio. Para su mala fortuna, dejó su teléfono celular marca LG.

La intervención para extracción de información al dispositivo fue autorizada por un juzgador federal competente, encontrándose dentro del mismo fotos del indiciado, de armas de fuego y de una solicitud de empleo donde constaba el nombre completo de Ortega.

Una vez obtenida dicha información, la Estancia Municipal de Infractores proporcionó una fotografía del imputado, misma que fue utilizada en las diligencias de reconocimiento fotográfico, en que Baruk y Vieira lo identificaron plenamente y sin temor a equivocación.

Siendo vinculado a proceso, se otorgó al Ministerio Público un plazo de 6 meses para concluir la investigación complementaria. La medida cautelar de prisión preventiva se mantiene vigente de manera oficiosa por la gravedad del ilícito.


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS / HÉCTOR ORTIZ RAMÍREZ/ JUEVES, 20 JULIO, 2017 09:09 PM)

MATAN A MUJER EMBARAZADA, BEBÉ ESTÁ ESTABLE


Una mujer, con ocho meses de embarazo, fue asesinada la noche de este jueves 20 de julio cuando se encontraba en las inmediaciones de la colonia Camino Verde. El bebé se encuentra estable.

Tras el ataque armado, la víctima fue trasladada al Hospital General en donde murió minutos más tarde, sin embargo los especialistas pudieron salvar la vida del menor.

Datos obtenidos por ZETA, refieren que el novio de la mujer y padre del menor tiene un amplio historial por delitos contra la salud, armas y explosivos. Al parecer la agresión iba dirigida para él.

Hasta el momento no hay personas detenidas por el hecho.


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  ZETA /JUEVES, 20 JULIO, 2017 09:02 PM)

“EL OJOS” FUE ABATIDO JUNTO A 7 PERSONAS MÁS; SU FALLECIMIENTO GENERA NARCOBLOQUEOS EN CDMX


Fotos: Tomadas de Internet

La Secretaría de Marina Armada de México (Semar), informó que durante un operativo conjunto, Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales repelieron una agresión, durante la cual falleció Felipe de Jesús Pérez Luna, alias “El Ojos”, y siete presuntos delincuentes más.

La Semar señaló a través de un comunicado, que durante un patrullaje en inmediaciones de la Delegación Tláhuac, de la Ciudad de México, se tuvo conocimiento de la ubicación de presuntos integrantes de grupos de narcomenudistas, quienes operaban y supuestamente se dedicaban a la extorsión, secuestros y homicidios, en inmediaciones de Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco e Iztapalapa, y es calificada como una organización “extremadamente violenta”.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), Policía Federal (PF) y la Secretaria de Seguridad Publica (SSP) de la Ciudad de México, en un domicilio ubicado entre las calles Simón Álvarez y Adolfo Unga, en la colonia Conchita Zapotitlán, en la delegación Tláhuac, de la capital de la República.

La vivienda supuestamente era utilizada como casa de seguridad por el grupo criminal, y en el lugar se encontraba “El Ojos” y otras personas, quienes abrieron fuego -aproximadamente a las 11:00 horas- contra los elementos castrenses, quienes repelieron la agresión, desatando un tiroteo con armas largas que duró varios minutos.

Según diversos medios locales y periodistas, el fallecimiento de “El Ojos” -presunto líder del Cártel de Tláhuac-, provocó que se dieran narcobloqueos en diversos puntos del oriente del Valle de México.

El pasado 7 de julio, el principal enemigo de “El Ojos”, Ramón García Santoyo, alias “El Negro Aguas”, otro líder de narcomenudistas que le disputaba el control del mercado de narcóticos y estupefacientes, fue detenido por agentes de la Policía de Investigación de la CDMX.

Además, las autoridades tenían conocimiento que “El Ojos” controlaba la actividad delincuencial en Tláhuac, Xohimilco, Milpa Alta, Coyoacán y parte de Tlalpan, así como de una gran parte de Valle de Chalco.

En mayo pasado, su hijo, Miguel Ángel N., de 25 de años de edad, fue detenido en Acapulco, Guerrero, por el asesinato del ex comandante de la Fiscalía mexiquense, Felipe Carmona Dávila, ocurrido el 24 de febrero de 2016, en Iztapalapa.

-Información en desarrollo…


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  ZETA JUEVES, 20 JULIO, 2017 01:37 PM)

LLEGAN NUEVOS ADMINISTRADORES DE ADUANAS A TIJUANA, MEXICALI, TECATE Y LA PAZ


Al centro de la fotografía: Enrique Orantes González, nuevo administrador de la aduana de Tijuana.

Ayer jueves, la Administración General de la Aduana (AGA) del Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció el cambio de titulares de las principales Aduanas de la Frontera Norte, por lo que el nuevo administrador de la aduana de Tijuana será Enrique Orantes González, en sustitución de Jorge Boy Espinosa.

Orantes González viene de administrar la aduana de Mexicali, a la cual llegó como nuevo titular Jaime Nova Palma, quien a su vez fungió como el titular de la de Reynosa, Tamaulipas, y antes estuvo en Ojinaga, Chihuahua.

A la aduana de Tecate llegó Yakelin Mandujano Quezada, que antes estuvo en Nogales, Sonora, y sustituyó a Ricardo López Gutiérrez. En total fueron 19 los movimientos de administradores de aduanas en todo el País, entre otros, el de La Paz, Baja California Sur, donde ahora Thelma Yazmin Dominguez Maravillasde será la titular.


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS / CARLOS ÁLVAREZ/ VIERNES, 21 JULIO, 2017 08:43 AM)

HALLAN PREDIO DONDE 'LOS ZETAS' INCINERABAN RESTOS EN TAMAULIPAS

En el operativo, realizado entre el lunes y miércoles de esta semana, participaron agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR, del Grupo Antisecuestros de Tamaulipas, antropólogos y peritos forenses de la fiscalía y tres organizaciones civiles.


Foto: Ilustración

Familiares de desaparecidos y peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) localizaron un predio en Tamaulipas (noreste) que fue usado por el cártel de Los Zetas para incinerar los cuerpos de las personas que asesinaban, informó este viernes la organización  "Voz y Dignidad por los Nuestros".

"Hicimos una ubicación de puntos donde encontramos muchos restos calcinados", declaró Edith Pérez, representante del organismo que agrupa a unas 60 familias de desaparecidos del estado de San Luis Potosí.

En el operativo, realizado entre el lunes y miércoles de esta semana, participaron agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR, del Grupo Antisecuestros de Tamaulipas, antropólogos y peritos forenses de la fiscalía y tres organizaciones civiles.

Pérez precisó que es un punto del que la Fiscalía tenía conocimiento porque Enrique Santillán, capo de la región detenido en una prisión de máxima seguridad, confesó que su organización había matado a más de 500 personas, cuyos restos fueron incinerados en sitios que los traficantes llaman "narcococinas" en el municipio de Gómez Farías.

"En esta ocasión los peritos recolectaron 25 restos, únicamente los más grandes, y regresarán a trabajar en la zona en las próximas semanas", indicó Pérez, quien busca a cinco de sus familiares que desaparecieron en una carretera de Tamaulipas en 2012.

Hace más de un año la Fiscalía estuvo trabajando en otros terrenos de esa zona, donde se recogieron restos óseos correspondientes a 29 cuerpos.

Efe solicitó a la Fiscalía información sobre el total de restos humanos localizados en esos terrenos, pero la dependencia respondió que "la información solicitada se encuentra estrictamente reservada" de acuerdo con el artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.


(MVS-NOTICIAS/ EFE/  21 Jul 2017)

ASESINAN EN ACAPULCO A PILOTO DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA


CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El piloto de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) Luis Alberto “N” fue ejecutado esta madrugada en la zona turística del puerto de Acapulco donde la violencia no cesa.

Un reporte oficial indica que el hallazgo se registró en el mirador conocido como Sinfonía del Mar, donde el militar estaba vestido de civil y presentaba varios impactos de bala calibre .9 milímetros.

El informe refiere que la víctima, de 35 años, fue identificada como piloto de la FAM, adscrito a la base 7 de Pie de la Cuesta, ubicada al oriente del principal destino turístico de la entidad.

El cuerpo del oficial estaba tirado a un costado de un Jetta azul con placas HCK504 y se desconoce el motivo del crimen.


(PROCESO/ EZEQUIEL FLORES CONTRERAS/ 13 JULIO, 2017)

APARECE DECAPITADA JOVEN UNIVERSITARIA “LEVANTADA” EN EL SUR DE VERACRUZ


GUANAJUATO, Gto., (apro).- Ni el sacerdote católico Pedro Gutiérrez Farías ni el personal que atendía el albergue Ciudad del Niño de Salamanca están siendo investigados por las autoridades guanajuatenses ante las denuncias ventiladas por menores de la institución, quienes acusaron haber sido víctimas de abusos sexuales, maltrato, encierros y mala alimentación.

Esto fue reconocido en una reunión efectuada este jueves 20 en la PGR, donde la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) solicitó formalmente a esa dependencia que atraiga la investigación y también que el gobierno federal asuma la responsabilidad del albergue y los niños, niñas y adolescentes que en él se encuentran, al señalar la incompetencia de las instancias del estado de Guanajuato para ello.

El miércoles 19, la CNDH anunció que dada la situación de los menores y jóvenes del albergue, atraería el expediente de queja iniciado en Guanajuato, y más aún: pidió la coadyuvancia a instancia estatal.

La situación de este albergue y otros operados por Ciudad del Niño de Salamanca, asociación que preside el sacerdote Gutiérrez Farías, fue conocida al divulgarse una sentencia de amparo emitida por la juez del noveno distrito de Irapuato, Karla María Macías Lovera, en la que ésta se allegó de informes oficiales del sistema DIF y la Procuraduría local que confirmaron reportes, denuncias y quejas por diversos abusos cometidos por el padre Pedro y sus colaboradores.

Además de los ya referidos, el padre Pedro y una monja que lo auxiliaba en los albergues registraron a más de 130 menores como si fueran sus hijos, con los apellidos de ambos, lo que el Registro Civil de Guanajuato admitió.

Peor aún, el sacerdote no presentó algún permiso, aval o certificación que acreditara el reconocimiento como centro de asistencia social.

La reunión de este día fue encabezada por la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Sara Irene Herrerías, quien indicó que la petición de las organizaciones defensoras de los derechos de la niñez será revisada por el procurador Raúl Cervantes.

En el encuentro también participaron funcionarios del gobierno de Guanajuato: el director del Sistema DIF del estado, Alfonso Borja Pimentel; el titular de la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, Rolando Gaytán Vera, así como dos funcionarios más de la Coordinación Jurídica del DIF y de la Procuraduría de Justicia local.

Además de la subprocuradora y el director de Redim, acudió personal de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres, así como Jaime Rochín, titular de la Comisión de Atención a Víctimas, y Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA), todos los cuales analizaron la situación conocida por la sentencia de la jueza Macías Lovera y la intervención que posterior a ella tuvo el DIF guanajuatense.

En entrevista telefónica, Juan Martín Pérez García –director ejecutivo de la Redim– dijo a Apro que resulta insostenible la postura de las autoridades guanajuatenses que, ante la existencia de no una, sino varias denuncias, y del conocimiento que se tenía de anomalías al interior de la Ciudad del Niño, ni el sacerdote Pedro Gutiérrez ni sus colaboradores hayan sido siquiera llamados a declarar.

“Preguntamos por la situación jurídica y nos informaron que no son indiciados, ni testigos ni nada, pese a que incluso tengan confirmado y en investigación el caso de la niña a la que una monja le quemó las manos”.

Según la explicación de los funcionarios del gobierno de Guanajuato, las denuncias que se originaron desde el 2009 ya habían prescrito, por lo que jurídicamente no se podía proceder.

“El Sistema DIF y la Procuraduría de Protección asumieron el control de dos albergues de Salamanca; acudieron al de Moroleón y trasladaron a ocho menores de allí a Salamanca, donde están 65. Es decir, tienen a 71. Nos dicen que es algo muy complejo, que ha sido algo impactante para ellos. Es evidente que no tienen ninguna experiencia, no tienen capacidad, además de que el DIF no cuenta con ningún albergue”, detalló el director de la Red por los Derechos de la Infancia.

Aunque se afirmó que no todos los 71 menores y adolescentes albergados fueron víctimas de algún delito, el DIF continúa con el levantamiento de datos.

Es por ello, dijo Juan Martín Pérez, que se planteó formalmente a la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR que este caso debe ser atraído urgentemente por la instancia federal, lo que también fue aceptado por el titular de la CEAV, Jaime Rochín.

“Se debe proceder a una restitución caso por caso; no puede hacerse lo que en el caso de ‘Mamá Rosa’, en que se abrieron las puertas… debe investigarse a los parientes, buscar otra institución o dejarlos en el mismo centro, pero bajo otras condiciones”, dijo.

Para el representante de Redim “ha sido muy evidente que las procuradurías de Protección y de Justicia, como el DIF, no tienen el personal, la experiencia ni la capacidad para llevar este caso; no hay condiciones de infraestructura, capacidad instalada, visión. Y deben fortalecerlas, porque así como está este caso, seguramente hay otros que no han salido a la luz”.

Además de ello, se deben investigar delitos federales como el registro en actas de nacimiento con los apellidos del padre Gutiérrez y la monja Hortensia Jiménez, sin que ello exima o elimine la responsabilidad y las indagatorias que las autoridades estatales deben realizar, señaló Juan Martín Pérez.

“Las denuncias por abusos y embarazos de jóvenes podrían configurar trata, así como la presencia de albergues en otros estados y la injerencia de la Iglesia católica”, remarcó.

Por lo pronto, se acordó establecer una mesa de trabajo para revisar los casos y colaborar en la restauración de los derechos de las víctimas, a la que se convocará a las autoridades de Michoacán, donde también hay un albergue de la asociación Ciudad del Niño de Salamanca.

“Insistimos en que es necesaria una investigación y lucha contra la impunidad, porque es insostenible pensar que, con todas las denuncias, el sacerdote no haya sido presentado ante las autoridades para rendir cuentas. Tiene derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia, pero no se puede descartar de antemano sea investigado”, pidió.

“Si las autoridades dicen que abrieron una investigación en marzo del año pasado, ¿cómo se permitió la inauguración de otro albergue en Salamanca por el expresidente Vicente Fox? –cuestionó el director de Redim–. Según la ley estatal podría haber una responsabilidad del propio gobernador; no veo condición alguna para que el gobierno de Guanajuato haga una investigación sólida que garantice justicia”.


(PROCESO/ VERÓNICA ESPINOSA/20 JULIO, 2017)

SACERDOTE Y SU PERSONAL LIBRAN INVESTIGACIÓN POR ABUSOS EN CIUDAD DEL NIÑO


GUANAJUATO, Gto., (apro).- Ni el sacerdote católico Pedro Gutiérrez Farías ni el personal que atendía el albergue Ciudad del Niño de Salamanca están siendo investigados por las autoridades guanajuatenses ante las denuncias ventiladas por menores de la institución, quienes acusaron haber sido víctimas de abusos sexuales, maltrato, encierros y mala alimentación.

Esto fue reconocido en una reunión efectuada este jueves 20 en la PGR, donde la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) solicitó formalmente a esa dependencia que atraiga la investigación y también que el gobierno federal asuma la responsabilidad del albergue y los niños, niñas y adolescentes que en él se encuentran, al señalar la incompetencia de las instancias del estado de Guanajuato para ello.

El miércoles 19, la CNDH anunció que dada la situación de los menores y jóvenes del albergue, atraería el expediente de queja iniciado en Guanajuato, y más aún: pidió la coadyuvancia a instancia estatal.

La situación de este albergue y otros operados por Ciudad del Niño de Salamanca, asociación que preside el sacerdote Gutiérrez Farías, fue conocida al divulgarse una sentencia de amparo emitida por la juez del noveno distrito de Irapuato, Karla María Macías Lovera, en la que ésta se allegó de informes oficiales del sistema DIF y la Procuraduría local que confirmaron reportes, denuncias y quejas por diversos abusos cometidos por el padre Pedro y sus colaboradores.

Además de los ya referidos, el padre Pedro y una monja que lo auxiliaba en los albergues registraron a más de 130 menores como si fueran sus hijos, con los apellidos de ambos, lo que el Registro Civil de Guanajuato admitió.

Peor aún, el sacerdote no presentó algún permiso, aval o certificación que acreditara el reconocimiento como centro de asistencia social.

La reunión de este día fue encabezada por la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Sara Irene Herrerías, quien indicó que la petición de las organizaciones defensoras de los derechos de la niñez será revisada por el procurador Raúl Cervantes.

En el encuentro también participaron funcionarios del gobierno de Guanajuato: el director del Sistema DIF del estado, Alfonso Borja Pimentel; el titular de la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, Rolando Gaytán Vera, así como dos funcionarios más de la Coordinación Jurídica del DIF y de la Procuraduría de Justicia local.

Además de la subprocuradora y el director de Redim, acudió personal de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres, así como Jaime Rochín, titular de la Comisión de Atención a Víctimas, y Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA), todos los cuales analizaron la situación conocida por la sentencia de la jueza Macías Lovera y la intervención que posterior a ella tuvo el DIF guanajuatense.

En entrevista telefónica, Juan Martín Pérez García –director ejecutivo de la Redim– dijo a Apro que resulta insostenible la postura de las autoridades guanajuatenses que, ante la existencia de no una, sino varias denuncias, y del conocimiento que se tenía de anomalías al interior de la Ciudad del Niño, ni el sacerdote Pedro Gutiérrez ni sus colaboradores hayan sido siquiera llamados a declarar.

“Preguntamos por la situación jurídica y nos informaron que no son indiciados, ni testigos ni nada, pese a que incluso tengan confirmado y en investigación el caso de la niña a la que una monja le quemó las manos”.

Según la explicación de los funcionarios del gobierno de Guanajuato, las denuncias que se originaron desde el 2009 ya habían prescrito, por lo que jurídicamente no se podía proceder.

“El Sistema DIF y la Procuraduría de Protección asumieron el control de dos albergues de Salamanca; acudieron al de Moroleón y trasladaron a ocho menores de allí a Salamanca, donde están 65. Es decir, tienen a 71. Nos dicen que es algo muy complejo, que ha sido algo impactante para ellos. Es evidente que no tienen ninguna experiencia, no tienen capacidad, además de que el DIF no cuenta con ningún albergue”, detalló el director de la Red por los Derechos de la Infancia.

Aunque se afirmó que no todos los 71 menores y adolescentes albergados fueron víctimas de algún delito, el DIF continúa con el levantamiento de datos.

Es por ello, dijo Juan Martín Pérez, que se planteó formalmente a la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR que este caso debe ser atraído urgentemente por la instancia federal, lo que también fue aceptado por el titular de la CEAV, Jaime Rochín.

“Se debe proceder a una restitución caso por caso; no puede hacerse lo que en el caso de ‘Mamá Rosa’, en que se abrieron las puertas… debe investigarse a los parientes, buscar otra institución o dejarlos en el mismo centro, pero bajo otras condiciones”, dijo.

Para el representante de Redim “ha sido muy evidente que las procuradurías de Protección y de Justicia, como el DIF, no tienen el personal, la experiencia ni la capacidad para llevar este caso; no hay condiciones de infraestructura, capacidad instalada, visión. Y deben fortalecerlas, porque así como está este caso, seguramente hay otros que no han salido a la luz”.

Además de ello, se deben investigar delitos federales como el registro en actas de nacimiento con los apellidos del padre Gutiérrez y la monja Hortensia Jiménez, sin que ello exima o elimine la responsabilidad y las indagatorias que las autoridades estatales deben realizar, señaló Juan Martín Pérez.

“Las denuncias por abusos y embarazos de jóvenes podrían configurar trata, así como la presencia de albergues en otros estados y la injerencia de la Iglesia católica”, remarcó.

Por lo pronto, se acordó establecer una mesa de trabajo para revisar los casos y colaborar en la restauración de los derechos de las víctimas, a la que se convocará a las autoridades de Michoacán, donde también hay un albergue de la asociación Ciudad del Niño de Salamanca.

“Insistimos en que es necesaria una investigación y lucha contra la impunidad, porque es insostenible pensar que, con todas las denuncias, el sacerdote no haya sido presentado ante las autoridades para rendir cuentas. Tiene derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia, pero no se puede descartar de antemano sea investigado”, pidió.

“Si las autoridades dicen que abrieron una investigación en marzo del año pasado, ¿cómo se permitió la inauguración de otro albergue en Salamanca por el expresidente Vicente Fox? –cuestionó el director de Redim–. Según la ley estatal podría haber una responsabilidad del propio gobernador; no veo condición alguna para que el gobierno de Guanajuato haga una investigación sólida que garantice justicia”.


(PROCESO/ VERÓNICA ESPINOSA/20 JULIO, 2017)

EJECUTIVO DEBE ACLARAR ESPIONAJE


Luego de negativas sobre la existencia y utilización de un software de espionaje por parte del Gobierno de Jalisco desde 2015, los diputados locales exhortaron a que el Ejecutivo estatal responda a los cuestionamientos

La falta de información respecto a la adquisición del equipo de espionaje ocasionó que el Municipio de Guadalajara saliera del Secretariado local de Gobierno Abierto

“Renuncio (al Secretariado) porque no se puede formar parte de un espacio de simulación (...) Esto rompe con cualquier posibilidad de diálogo y confianza entre la partes”

Enrique Alfaro
Alcalde de Guadalajara, en redes sociales

“Nos obliga a exigir el conocer los términos, la frecuencia y las condiciones con que el Ejecutivo del Estado de Jalisco hace uso de este tipo de tecnologías”

Iniciativa de exhorto
Presentada por el diputado Alejandro Hermosillo González, de Movimiento Ciudadano

Dos años han transcurrido desde que medios locales dieron a conocer que el Gobierno del Estado de Jalisco se encontraba en una lista de clientes de la empresa  Hacking Team tras adquirir un software de seguridad utilizado para el espionaje, y los diputados por fin deliberaron pedirle cuentas al Ejecutivo estatal para que aclare el tema.

Los medios locales dieron cuenta que el gobierno de Aristóteles Sandoval era cliente de tal empresa al adquirir un sistema por cerca de 748 mil euros, alrededor de 16 millones de pesos mexicanos, utilizado por los gobiernos en materia de seguridad para la vigilancia.

Esto tras un informe elaborado por R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales, donde se documentó que el software sólo había sido utilizado en dos ocasiones bajo ordenes legales, sin un conocimiento real de su utilización en el seguimiento de otras acciones, hecho deducido por la R3D debido a las tareas que había realizado el gobierno con el mismo.

“Galileo es un sistema ofensivo que, a través de él, se infectan computadoras y dispositivos móviles para extraer información; puedes monitorear el uso de redes sociales, llamadas de Skype, llamadas por el celular, en general, tomar el control absoluto del dispositivo para intervenirlo”, detalló Luis Fernando García, director de R3D, en entrevista con Reporte Indigo el pasado 10 de julio de 2015.

La polémica volvió a la escena pública luego de que el New York Times diera a conocer la existencia de espionaje por parte del Gobierno federal a algunas figuras públicas relevantes como periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones de la sociedad civil.

El de Jalisco es uno de los 12 gobiernos estatales que adquirieron el software y por el cual no se han dado explicaciones claras sobre su uso y adquisición. Tras la publicación del diario estadunidense, el pasado 19 de junio, figuras de la oposición revivieron el tema a nivel local.

TRANSPARENTAR SU USO

Eduardo Almaguer Ramírez, titular de la Fiscalía General del Estado, reconoció la existencia de dicho equipo, bajo el argumento de que es utilizado para combatir delitos concernientes a la desaparición de personas, extorsión y secuestros, sin dar cifras claras sobre su uso.

“Aquí en Jalisco todos los instrumentos de investigación que se tienen del área de inteligencia son utilizados siempre bajo los protocolos que marca la ley y también bajo la autorización en este caso de un juez de control, o en el sistema anterior bajo el sistema de un juez de cualquier juzgado”, dijo Almaguer a medios locales.

Esto llevó a que el diputado local por Movimiento Ciudadano, Alejandro Hermosillo González, presentara la iniciativa de exhorto que este miércoles aprobó el Pleno del Congreso del Estado para que el Ejecutivo aclare el tema.

“Gírese respetuoso oficio al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que a través de los titulares de las Secretarías y Dependencias del Ejecutivo del Estado que están involucradas en la adquisición y operación del equipo y servicios contratados en materia de espionaje y vigilancia, rindan a esta Legislatura un informe detallado”, se lee en el acuerdo único del exhorto.

El mismo informe deberá rendir cuentas sobre el proceso de adquisición del material de espionaje, su costo, el monitoreo que ha rendido, operación, criterios y marcos normativos bajo el que se emplea el equipo de Hacking Team.

“Resulta fundamental aclarar y transparentar el uso de este tipo de sistemas no sólo por lo que representa en términos de derechos humanos, derechos digitales y libertad de expresión, sino porque también es indispensable para que existan las condiciones de confianza en el grupo de trabajo durante la implementación de los compromisos del Plan de Acción de Gobierno Abierto de Jalisco”, se lee en la exposición de motivos del exhorto.

UN ESPACIO DE SIMULACIÓN

Esta iniciativa se da luego de confrontaciones políticas entre el Gobierno estatal y el Ayuntamiento de Guadalajara, ya que la falta de información respecto a la adquisición del equipo de espionaje ocasionó que el Municipio saliera del Secretariado local de Gobierno Abierto.

Planteó como una incongruencia que la administración de Aristóteles Sandoval impulse una agenda de transparencia gubernamental, y por otra afecte la seguridad ciudadana con dispositivos de coerción social como el espionaje.

“Renuncio porque no se puede formar parte de un espacio de simulación (...) Esto rompe con cualquier posibilidad de diálogo y confianza entre la partes anulando las oportunidades de concretar un ejercicio auténtico de gobierno abierto”, detalló Alfaro a través de un comunicado en redes sociales.

Por eso en la fundamentación del exhorto señala que debe aclararse a detalle la problemática.

“El uso de sistemas de espionaje debe limitarse a la investigación de delitos siempre y cuando la autoridad judicial así lo considere oportuno, razón que nos obliga a exigir el conocer los términos, la frecuencia y las condiciones con que el Ejecutivo del Estado de Jalisco hace uso de este tipo de tecnologías”, se lee en el documento legislativo.

La discusión sobre el espionaje causó tal revuelo, que hasta el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, se posicionó al respecto y defendió el derecho a la privacidad e intimidad de las personas.

“No puedo asegurar que somos objetos de espionaje, pero tampoco me extrañaría que alguien estuviera interesado o al pendiente de lo que uno piensa, expresa, sobre todo en determinadas circunstancias”, declaró Robles Ortega.


(REPORTE INDIGO/ JONATHAN ÁVILA/ VIERNES 21 DE JULIO DE 2017)