jueves, 27 de abril de 2017

EL ROBO DE COMBUSTIBLE EN MÉXICO SE INICIÓ CON CALDERÓN, SIGUIÓ CON EPN Y “HOY ES UNA EPIDEMIA”: NYT


Un reportaje del New York Times destacó que el robo de gasolina en México comenzó a empeorar a finales de los años 2000 con el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa y continúa con Enrique Peña Nieto. Los expertos consultados por el medio mencionaron que este problema se ha convertido en una epidemia que el Gobierno parece incapaz de detenerlo debido al débil Estado de derecho. Consideraron que el combustible hurtado no sólo se comercializa en el mercado negro de México, tal vez incluso en Estados Unidos y Centroamérica.

Los Zetas y el CJNG pelean por el robo de gasolinas en Puebla; la lucha deja 30 ejecutados en 2017

Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo).– El robo de combustible en México se ha convertido en una epidemia que el Gobierno parece incapaz de detenerlo debido al débil Estado de derecho. Se incrementó durante el sexenio de Presidente Felipe Calderón y sigue con Enrique Peña Nieto, aseguró el diario New York Times.

 “El rápido y abierto comercio de gasolina es una de las manifestaciones más evidentes de la epidemia nacional de robo de combustible en México. Los ladrones perforan grifos en tuberías y lo están vendiendo en el mercado negro de México y tal vez incluso en Estados Unidos y Centroamérica”, destacó el medio estadounidense.

De acuerdo con el New York Times, la crisis del combustible robado es cada vez mayor ya que más de mil millones de dólares al año se reflejan en pérdidas para Petróleos Mexicanos (Pemex), además de poner en peligro los esfuerzos de México para atraer la inversión extranjera en la industria energética.

“El problema se reduce al hecho de que el Estado de derecho es débil en México”, dijo al diario Dwight Dyer, analista del sector energético mexicano. “Esta es una parte del mercado donde se debe trabajar el Estado de derecho para que el sector privado diga: ‘realmente quiero invertir’”.

De acuerdo con el New York Times, la crisis del combustible robado es cada vez mayor ya que más de mil millones de dólares al año se reflejan en pérdidas para Pemex. Foto: Cuartoscuro.

La publicación destacó que el aumento incesante de los robos ha sido impulsado por la creciente participación y sofisticación de algunas de las organizaciones criminales del país que han utilizado el soborno y la violencia para cooptar a funcionarios de todos los niveles del gobierno, incluyendo trabajadores de Pemex .

Los grupos criminales, advirtió, también han cultivado un amplio apoyo entre los residentes locales, algunos de los cuales han encontrado empleo lucrativo con las pandillas y muchos de los cuales están dispuestos a pagar los precios mucho más bajos para el combustible del mercado negro.

El Times enfatizó que el estado de Puebla es el epicentro de la crisis. “Los ladrones son vistos como héroes de estilo Robin Hood que han cambiado la fortuna de pueblos que antes eran empobrecidos durante la noche como producto del flujo comercial hacia las economías locales”, explicó.

“Es realmente una barrera para los negocios”, dijo al NYT Carlos Murrieta Cummings, director general de transformación industrial de Pemex. “Tenemos este problema en muchos lugares diferentes, no sólo en una parte”.

Tomas clandestinas de gasolina aumentan 1,830% en seis años de Moreno Valle en Puebla: Pemex

El New York Times destacó que el robo de gasolina comenzó a empeorar a finales de los años 2000 en medio de la guerra contra el crimen organizada dirigida por el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa. “Su estrategia para desmantelar las organizaciones transnacionales de tráfico de drogas creó subgrupos más pequeños que diversificaron sus empresas criminales, ramificándose en el robo de gasolina”, señaló.

Con el aumento de los precios internacionales del gas, el robo de combustible se volvió particularmente lucrativo, dijeron las autoridades mexicanas, y a menudo mucho más fácil que el tráfico de drogas.

En 2010, al menos 27 personas murieron, resultaron heridas y numerosas casas fueron destruidas cuando un oleoducto explotó en San Martín Texmelucan de Labastida, una ciudad del estado de Puebla.

A pesar de los votos del presidente Calderón para detener a las bandas de robo de combustible, ellos continuaron creciendo.

“La verdad es que Pemex no le dio mucha importancia”, dijo al NYT Eduardo Guerrero, consultor de seguridad en la Ciudad de México. “Se consideró como pérdidas marginales”.



Con el aumento de los precios internacionales del gas, el robo de combustible se volvió particularmente lucrativo, dijeron las autoridades mexicanas, y a menudo mucho más fácil que el tráfico de drogas. Foto: Cuartoscuro.

En 2009, las autoridades descubrieron 462 tomas ilegales en los oleoductos de la nación y estimaron que se perdían menos de 126 mil galones diarios. El año pasado descubrieron 6 mil 873 grifos, un aumento de casi 15 veces, de acuerdo con reportes de Pemex.

A partir de enero de este año, proliferaron las ejecuciones en los municipios del llamado Triángulo Rojo —Acajete, Acatzingo, Ciudad Serdán, Huixcolotla, Esperanza, Tepeaca, Palmar de Bravo, San Salvador el Seco, Tlalancaleca, Tecamachalco, Tepatlaxco, Molcaxac, Los Reyes de Juárez— en donde  un total de 30 personas fueron acribilladas, torturadas y hasta quemadas por los grupos que pelean la plaza.

En enero pasado, SinEmbargo publicó cómo el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas libraban una guerra en los límites de Puebla y Veracruz por el control del robo de combustible, que arreció en agosto de 2016 cuando Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, “El Mochomito” –sobrino y heredero de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera– cerró su alianza con miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación.


 (SIN EMBARGO.MX/ REDACCIÓN / ABRIL 27, 2017, 6:30 PM)

PRI, PAN Y VERDE DEJAN LIBRES A LAS TELEVISORAS QUE PUEDAN DIFUNDIR…BÁSICAMENTE LO QUE QUIERAN


Organizaciones de la sociedad civil acusaron previamente que la Ley Federal de Telecomunicaciones que se aprobó en el pleno de la Cámara de Diputados, es un retroceso y beneficiará solamente a los intereses de los concesionarios de radio y televisión y al PRI, al PVEM y al PAN, frente a los próximos procesos electorales.

El dictamen aprobado por la mayoría panista, priista, verde y del Panal elimina el derecho de las audiencias y la obligación de los concesionarios a diferenciar claramente entre “información” y “opinión” de los conductores de radio o televisión. Permite a los concesionarios  nombrar a su defensor de la ciudadanía, quien se regirá por el código de ética que la empresa le dé y no el uno basado en los requerimientos del IFT.

Además quita la facultad de ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones de programas noticiosos que violen las normas relacionadas con la protección del público infantil, en materia de salud, publicidad y valores estipulados en el artículo 3, el de la Educación.

EPN desconoce derechos de audiencias que promulgó hace 4 años; especialistas ven presión de Televisa




Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo).- La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el que las empresas se blindan de ser sancionadas por violar los derechos de las audiencias. Ahora está en manos del Senado si es avalada,

La reforma fue bautizada por grupos civiles opositores como la #LeyDoring-Anaya-Televisa, y fue impulsada por el Diputado Federico Döring del Partido Acción Nacional.

El dictamen, aprobado con 288 votos a favor, 114 en contra y 18 abstenciones, será turnado a la Cámara de Senadores para su análisis y eventual ratificación.

La reforma aprobada en San Lázaro elimina el derecho de las audiencias y la obligación de los concesionarios a diferenciar claramente entre “información” y “opinión” de los conductores de radio o televisión.

Sólo indica en su artículo 256, fracción IV, que “ los concesionarios se abstengan de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”.

Los defensores de las audiencias serán determinados por la misma radiodifusora, y su actuación se sujetará, exclusivamente, al código de ética del concesionario, y “únicamente rendirá cuentas a la audiencia”, de acuerdo con el artículo 259.

Además deja en manos de los propios empresarios de radio y televisión su autorregulación y elimina la obligación de que los códigos de ética se ajusten a los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El IFT ya no pueda multar a los defensores de las audiencias por no cumplir con los lineamientos del Instituto sobre sus obligaciones mínimas, de tal manera que sólo los podrá sancionar cuando no cumplan las obligaciones establecidas en la Ley, pues se elimina la fracción II del inciso C, del precepto 311.

Asimismo se reformó a la fracción LXI del artículo 15 para estipular que el IFT no tendrá la facultad de ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones de programas noticiosos que violen las normas relacionadas con la protección del público infantil, en materia de salud, publicidad y valores estipulados en el artículo 3 de la Constitución Política.

ONGS PROTESTAN

Pocas horas antes de que se se discutieran las modificaciones a la Ley, organizaciones de la sociedad civil alertaron: el dictamen es un retroceso y beneficiará solamente a los intereses de los concesionarios de radio y televisión y a los partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM)y PAN, frente a los próximos procesos electorales.

En conferencia de prensa, Aleida Calleja miembro del consejo consultivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), señaló que el dictamen, que fue aprobado “en lo oscurito” tenía graves retrocesos porque cancela lo reconocido en la ley de 2014 sobre los derechos informativos y la protección de las audiencias.

El académico Gabriel Sosa Plata explicó que se eliminarían los elementos que distinguen la publicidad de la información. Este es uno de los elementos que más preocupaban.

“Por ejemplo, cuando es una entrevista pagada, por respeto a la audiencia se le tiene que avisar que lo es y es algo frecuente en radio y televisión, son entrevistas a funcionarios y políticos y son producto de una transacción comercial. Sucede lo mismo con los productos milagro”, comentó.


Hoy el pleno de la Cámara de Diputados votará el dictamen de reforma que está integrado, principalmente, por la iniciativa del Diputado Federico Döring del Partido Acción Nacional. Foto: Daniel Barragán, SinEmbargo.

Este derecho de la audiencia se busca dejar en la autorregulación de los concesionarios y en su código de ética; serán los propios concesionarios los que creen sus medidas y por lo tanto, no habrá sanciones, explicó. Lo que finalmente ocurrió.

Sobre la afectación a las comunidades indígenas, Erick Huerta representante de Redes por la Equidad y la Diversidad, comentó que la preocupación es porque se mutila la obligación de presentar la diversidad de lenguas y costumbres.

Hay dos derechos como el de contar y crear sus propios medios de comunicación, pero otro es el de estar en medios no indígenas.

“Ese es un derecho a las audiencias a un contenido plural en un país que agrupa a más de 250 lenguas indígenas”, sostuvo.

Reforma que limita derechos de audiencias e impide a IFT sancionar a medios avanza en San Lázaro

El derecho se elimina del texto y eliminaría la obligación de los concesionarios de incorporar en su programación contenidos que tengan que ver con los derechos indígenas.

Calleja Gutiérrez hizo un llamado al “Diputado de Televisa”, es decir, Federico Döring, para que no pase la ley que omite las obligaciones de los particulares que explotan un bien de la nación.

“Es una regresión autoritaria y tiene que ver con quitarle facultades a un órgano regulador autónomo. Le quita la tutela de las audiencias para darlas al Ejecutivo. Será su facultad regular contenidos de manera discrecional y acorde a sus intereses”, comentó.

La razón por la que a la iniciativa se le llamó Ley Televisa-Anaya-Doring, es porque los líderes de los partidos son los que promueven esta ley.
 en lo oscurito, como la Ley Televisa de 2006”, dijo Calleja, quien precisó que la autorregulación no ha funcionado en este país.

“Es una falacia que el dictamen sea para defender la libertad de expresión cuando solo respeta la libertad de empresa”.


(SIN EMBARGO.MX/ DANIELA BARRAGÁN/ ABRIL 27, 2017/ 7:25 PM)

AGREDEN A POLICÍAS MILITARES EN EL ZAPOTE, SINALOA


Personal militar del 21 Batallón de Infantería que circulaba sobre la carretera libre Mazatlán-Culiacán, de sur a norte, fue agredido por un grupo de personas desconocidas que circulaban a bordo de dos camionetas.

Fuentes federales informaron que el ataque ocurrió a las 17:40 horas de este miércoles, cuando a la altura del poblado El Zapote, los hombres que iban en una camioneta Mazda y una Cherokee  les dispararon.

Al repeler la agresión, los militares hirieron a uno de sus agresores, el resto huyó del lugar.

El herido fue identificado como Fernando “N” de 31 años de edad, con domicilio en la sindicatura de Villa Unión, quien recibió dos disparos, uno en la cadera y otro en el hombro, por lo que fue trasladado al Hospital General a recibir atención médica.

Se informó que el grupo de militares resultó ileso.

Las dos camionetas fueron aseguradas, en la Cherokee y Mazda se localizaron dos armas, una de ellas es un fusil AR15 calibre 23 y un AK47 conocidas como “cuernos de chivo” una pistola calibre 38 Super y dos granadas de fragmentación, así como 549 cartuchos y 23 cargadores de diferentes calibres y dos chalecos.

Las armas y vehículos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades federales de Mazatlán.


(RIODOCE/ REDACCION/ 27 DE ABRIL 2017)

PROTAGONIZAN DISCUSIÓN ROBERTO CRUZ Y HÉCTOR MELESIO CUEN EN MAZATLÁN

(RIODOCE/ 27 DE ABRIL 2017)

DETIENEN AL ‘CHITO’, RESPONSABLE DE 60% DE EJECUCIONES EN CIUDAD JUÁREZ


Miguel Ángel Amaya Loya, el Chito, presunto líder de la Línea, brazo armado del cártel de Juárez, a quien le atribuyen el 60 por ciento de las ejecuciones en diversos restaurantes y centros nocturnos, además de secuestros, extorsiones, venta, distribución y trasiego de droga, en la entidad, fue detenido por fuerzas federales.

La Procuraduría General de la República (PGR), indicó que Amaya Loya fue aprehendido junto con Saúl, otro importante integrante de la organización delictiva.

Proceso informó que sin mencionar lugares exactos, el comunicado señala que durante los cateos realizados en Ciudad Juárez, fueron asegurados los dos hombres, así como dos armas cortas, 2 kilogramos de crystal, un paquete de cocaína, un paquete de cristal, 28 dosis de crystal, 53 mil dólares, cuatro vehículos y diversos equipos de comunicación.

Las detenciones se realizaron en coordinación con la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal, a raíz de las investigaciones efectuadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), refiere el comunicado.


(RIODOCE/ REDACCION/ 27 ABRIL, 2017)

TODOS BAJO LA LUPA. CORPORACIONES DESAMPARARON A REYNOSA


Emprende Procuraduría acciones legales contra agentes estatales, ministeriales, investigadores, tránsitos y bomberos por omisiones al no actuar durante los disturbios tras la muerte del‘Comandante Toro’


"Desafortunadamente estamos investigando por qué no acudió el personal que tuvo conocimiento de los hechos que se estaban suscitando en Reynosa”. 

Irving Barrios Mojica, Procurador de Justicia del Estado


Reynosa, Tam.- La Procuraduría de Justicia de Tamaulipas interpuso una denuncia contra toda la estructura de agentes estatales , tránsitos y brigadistas de bomberos que operan en Reynosa, al emprender acciones legales por omisiones al no actuar el sábado pasado durante la oleada de disturbios e incendios que desencadenó la muerte de un líder criminal.

‘‘Desafortunadamente estamos investigando por qué no acudió el personal que tuvo conocimiento de los hechos que se estaban suscitando en Reynosa’’, manifestó el procurador Irving Barrios Mojica en entrevista exclusiva para EL MAÑANA.

La cuestionada parálisis de estas corporaciones fue evidente durante la contingencia del día 22 de abril donde fue abatido por infantes de Marina el cabecilla delincuencial Juan Manuel Loaiza Salinas, ‘‘El Comandante Toro’’, que originó una estela de 32 bloqueos de calles y avenidas, con el incendio intencional de 11 vehículos robados a particulares, 18 predios y nueve establecimientos comerciales que además fueron saqueados.

La PGJE presentó la denuncia ante el Sistema Ejecutivo de Seguridad Pública contra la Policía Estatal, Tránsito, Protección Civil y Bomberos, Policía Investigadora y Ministerial luego de que tuvieron conocimiento de los hechos pero no intervinieron para resguardar la integridad de la ciudadanía, lo que puede ser motivo de responsabilidad penal.

NO ACUDIERON

‘‘¿Qué es esto?… Pues que se dio un reporte a Bomberos, a Protección Civil y no acudieron. Se dio un reporte a la Policía Estatal y tampoco acudieron. Un reporte a Tránsito y tampoco acudieron. Entonces vamos a investigar por qué estas autoridades fueron omisas en no hacer sus funciones’’, sentenció el procurador.

Y enfatizó:

‘‘Investigamos cuáles fueron las circunstancias ya que tenemos de primera intención de que sí fueron reportadas las situaciones de riesgo y tuvieron conocimiento, por qué fueron omisas en hacer alguna acción. Eso podría ser motivo de responsabilidad penal y es lo que estamos investigando’’.

Irving Barrios Mojica precisó que en el marco de la investigación fueron concentrados en Ciudad Victoria 35 elementos de la Policía Investigadora y tres agentes de la Policía Ministerial, todos destacamentados en Reynosa.

‘‘Cuando se hace el reporte y hay bloqueo de vehículos como sucedió, les corresponde a los elementos de Tránsito y a la Policía Estatal llegar con las grúas, enviar gente para impedir este tipo de circunstancias toda vez que están afectándose vialidades, entonces estaríamos hablando de que hay una posible responsabilidad por la omisión, directamente del personal de Tránsito o el personal de la Policía Estatal’’, detalló el funcionario.

Cuestionó que durante el incendio de vehículos y establecimientos comerciales no hayan acudido elementos de Bomberos debido a que es su responsabilidad.

‘‘Hay que ver por qué no reportó, por qué no fue Bomberos si tuvo conocimiento, si por los números de emergencia tuvieron conocimiento de lo que estaba aconteciendo, entonces por qué no fueron’’, fustigó Barrios Mojica.

Respecto a las diversas corporaciones de agentes estatales , el procurador insistió en que sí tenían obligación de reportar los incidentes y hacerlo del conocimiento de sus superiores.

TODOS RESPONSABLES

‘‘Queremos saber qué es lo que pasó de las 2:30 a las 2:40, que fue la hora aproximada en que iniciaron los hechos, hasta las 5 ó 6 de la mañana, cuando todavía continuaban, por qué no los reportaron’’, reiteró.

En este sentido, aseguró que todas las corporaciones tienen que ver en el ámbito de sus facultades para realizar acciones coordinadas de seguridad para la población.

“Ayer procedimos a la denuncia ante el Sistema Ejecutivo de Seguridad Pública porque derivado de los hechos, hay un alertamiento a las diversas autoridades estatales competentes para ver el tema de avocarse a todos estos desmanes que hubo”, puntualizó.


(EL MAÑANA/ STAFF/ 27 / ABRIL / 2017)

CAPTURAN A EL CHITO, PRESUNTO LÍDER DE LA LÍNEA QUE OPERA EN CHIHUAHUA

A Miguel Ángel Amaya Loya se le vincula con el 60% de las ejecuciones en diversos restaurantes y centros nocturnos; además lo ligan al trasiego de droga, secuestros y extorsiones

Foto: Especial

Elementos de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal detuvieron a Miguel Ángel Amaya alias “El Chito” presunto líder de la organización criminal “La Línea” que opera en Chihuahua y quien es responsable del 60% de las ejecuciones en diversos restaurantes, centros nocturnos, encargado de la venta, distribución y trasiego de droga, secuestros, así como extorsiones.

También fue puesto a disposición de las autoridades Saúl “N”, considerado como uno de los principales colaboradores de “El Chito”.

Durante los cateos se aseguraron: 2 armas de fuego cortas, 2 kilogramos de cristal, 1 paquete de cocaína, 1 paquete de cristal, 28 dosis de cristal, 53 mil dólares, 4 vehículos y diversos equipos de comunicación.

“Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República ratifica el compromiso indeclinable de mantener y fortalecer los principios planteados en la política pública de seguridad y procuración de justicia que permitan recuperar la paz y la tranquilidad de todos los mexicanos”, dice el comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación, Procuraduría General de la República, Defensa Nacional y Comisión Nacional de Seguridad.


(24 HORAS/ DANIELA WACHAUF  / ABRIL 27, 2017  2:19 PM)

MATAR AL MENSAJERO


En lo que va del año cuatro periodistas han sido asesinados y más de 20 agredidos. Un informe de Reporteros sin Fronteras (RSF) concluye que México es uno de los países más peligrosos para los comunicadores

De acuerdo a la organización Reporteros sin Fronteras, este 2017 se apunta como un año violento para la prensa mexicana

Martín Méndez Pineda no contó con el respaldo de su Gobierno estatal; salió de Guerrero por sus propios medios y solicitó el asilo político en la garita de El Paso, Texas

37 Millones de pesos es el fondo remanente del Mecanismo de Protección para 2017

79 Asesinatos de periodistas registrados en México en los últimos 10 años

10% Casos han concluido en una sentencia condenatoria

119 Homicidios indica la CNDH se han registrado del 2000 a la fecha

50 Atentados a medios de comunicación documenta la CNDH del 2000 a la fecha

La libertad de expresión se observa severamente amenazada en México. En apenas cuatro meses se han registrado cuatro homicidios de periodistas, agresiones a 25, amenazas de muerte contra al menos otros 7 y el autoexilio de dos comunicadores.

De acuerdo a organizaciones internacionales, este saldo se atribuye a la corrupción y la impunidad en las esferas policiales, y a la creciente presencia del crimen organizado.

En su informe “Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2017: un Mapa del Mundo Cada vez más Sombrío”, publicado ayer por la organización Reporteros Sin Fronteras, se establece que México, es “un caso preocupante”, pues en 15 años descendió del lugar 75 hasta la posición 147, en la lista de los países en donde el ejercicio del periodismo es más seguro.

De acuerdo al informe de esta organización, la más importante en cuanto a la revisión de condiciones para la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo en el mundo, este año se apunta, otra vez, como ha sido la constante en los últimos 10 años, como un año violento para la prensa mexicana.

Los cuatro homicidios de periodistas que van a la fecha, así lo presagian.

El autoexilio anunciado por la periodista Patricia Mayorga Ordoñez, corresponsal de la revista Proceso en Chihuahua, se suma al del periodista de Guerrero, Martín Méndez Pineda, reportero del diario Novedades de Acapulco, quien también decidió salir del país, ante la serie de amenazas de muerte vertidas en su contra a causa de su trabajo periodístico.

Patricia Mayorga dejó su natal Chihuahua luego de una serie de amenazas que se presumen provienen de quien o quienes mandaron asesinar a la periodista Miroslava Breach, según confirmó una fuente del Gobierno estatal de Chihuahua, en donde se estableció que la periodista había realizado algunas investigaciones conjuntas con la periodista asesinada el pasado 23 de marzo.

Por su parte, con sus propios medios, Martín Méndez Pineda decidió salir del país el pasado 2 de febrero, luego que elementos de las fuerzas federales, concretamente de la Gendarmería, lo amenazaron de muerte tras una serie de coberturas para el diario Novedades de Acapulco, que daban cuenta de la brutal violencia que se vive en la entidad.

A estos hechos se suman las amenazas de muerte que se han vertido contra otros periodistas, dos del estado de Puebla, dos de Guerrero, uno de Veracruz, uno de Tamaulipas y otro más de Michoacán, quienes denunciaron los hechos ante el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, desde donde se les implementaron medidas de protección.

“México sigue gangrenado por la corrupción y la violencia del crimen organizado, muy presentes en ciertos estados de la república: en Veracruz, Michoacán y Tamaulipas, investigar un tema delicado puede poner en peligro a un periodista rápidamente”, concluye el informe dado a conocer por la represente de Reporteros Sin Fronteras en México, Balbina Flores.

La presentación del informe que expone los riesgos de la prensa a nivel mundial, pero que insiste en las condiciones de impunidad en nuestro país, coincide con el primer aniversario de la muerte del periodista Francisco Pacheco Beltrán, asesinado en Guerrero, en cuya investigación no hay avances, y más bien su familia fue obligada al desplazamiento a causa de amenazas con ella.

ASESINATOS SIN PISTAS

Igual que el de Francisco Pacheco Beltrán, también se encuentran sin avance en las investigaciones los homicidios de Adrián Rodríguez, en Chihuahua; Aurelio Cabrera Campos, en Puebla; Agustín Pavía, Marcos Hernández Bautista, Salvador Olmos García y Elido Ramos, en Oaxaca; Pedro Tamayo, Manuel Torres González y Anabel Flores, en Veracruz, y Moisés Lutzow, en Tabasco, todos asesinados el año pasado.

Los asesinatos de periodistas registrados en lo que va de este año, mucho menos tienen avances; el caso de Cecilio Pineda, en Guerrero, todavía no apunta ni a las razones por las que fue ejecutado. El homicidio de Ricardo Monlui Cabrera, en Veracruz, cuenta con cinco hipótesis que van desde la riña personal hasta la ejecución del narco.

En el caso del homicidio de Miroslava Breach, se ha intentado esclarecer el asesinato por parte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en base a un ejecutado que se insiste en señalar como el autor material, partiendo de un mensaje encontrado a un costado del cuerpo de quien en vida era Gabriel Ochoa Cárdenas.

El otro caso empantanado es el del periodista de nota policiaca, Maximino Rodríguez Palacios, del colectivo Pericú, de La Paz, Baja California Sur, en donde las autoridades ministeriales ni siquiera han establecido los posibles móviles del asesinato, el que se registró apenas el pasado 14 de abril, en donde se pretende desvincular el homicidio con su actividad periodística.

SIN DINERO, PARA PROTEGER A PERIODISTAS

De acuerdo a datos que obran en el Mecanismo de Protección a Periodistas, de los 25 comunicadores que -en lo que va de este año- han sido objeto de agresiones físicas, y de los siete que cuentan con amenazas de muerte, a solamente cinco de ellos se les ha podido dotar de seguridad personal, el resto cuenta sólo con un “botón de pánico”.

El Mecanismo de Protección a Periodistas, que a la fecha otorga protección a 509 personas, entre periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, no cuenta con fondos suficientes para atender la demanda de los que son agraviados por el ejercicio de sus funciones, reconoce el diputado de Morena, Virgilio Caballero Pedraza, integrante de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación.

La razón por la que el mecanismo no cuenta con fondos para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, es porque en el Proyecto de Egresos de la Federación 2017, no se destinaron fondos a esa partida, que es dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Cabe señalar que el Mecanismo de Protección opera con los fondos aportados al fideicomiso que con este fin fue puesto en operación desde el 2012, cuando se aportaron 40.8 millones de pesos. Al inicio de la actual administración el fondo se robusteció hasta llegar a 127. 5 millones de pesos, pero luego se dejó de invertir en la seguridad de los comunicadores.

En el 2014, este mismo fondo bajó a 118 millones de pesos. Para el 2015 se dispuso de solo 102 millones de pesos, monto que descendió en el 2016 a 88.9 millones de pesos. En el 2017 no se destinó recurso alguno a este fideicomiso, por lo que el Mecanismo de Protección ha tenido que trabajar con los fondos remanentes del periodo anterior, los que a la fecha se ubican en menos de 37 millones de pesos.

Ese es el monto total con que hoy cuenta el Mecanismo de Protección para atender las solicitudes de protección y seguridad de los comunicadores y personas defensoras de derechos humanos, mismas que van al alza en lo que va de ese año, con relación al mismo periodo del año pasado, por lo que se estima que los recursos podrían verse totalmente agotados entre septiembre y octubre próximo.

AUTOCENSURA, EL MEJOR CAMINO

Otra estadística que revela el estado de la libertad de expresión en México es el que refiere que, de los siete periodistas amenazados de muerte, todos han optado por seguir en el ejercicio periodístico, pero ahora sin tocar temas de corrupción, violencia y narcotráfico, atribuidos como principal causa para el origen de sus amenazas.

Por eso, la organización civil chilena Corporación Latinobarómetro, que se dedica al análisis de estudios de opinión de impacto social, colocó a México, al cierre del primer trimestre del 2017, como el cuarto país en América Latina con mayor autocensura, solo después de Ecuador, el Salvador y Guatemala.

A nivel mundial, de acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, las condiciones de violencia para los periodistas mexicanos ubican a nuestro país por debajo de naciones como Siria y Afganistán, dos estados que oficialmente se encuentran en guerra civil. Resaltando que, en México, los periodistas “realizan su labor informativa con valor y grandes esfuerzos”, esto a causa del “deterioro constante de la seguridad”.

Y es a causa de la inseguridad que muchos periódicos en todo el país han optado por la autocensura, como ocurre en el estado de Tamaulipas, donde el crimen organizado ha obligado a muchos medios a no publicar la situación real que sucede en las regiones, según lo explicó el periodista Enrique Juárez, del periódico El Mañana de Ciudad Victoria.

Los estados que mayor autocensura registran en sus medios locales de información son Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Veracruz y Oaxaca, en donde decenas de medios han optado por no publicar información relacionada con la presencia del crimen organizado, ni hechos de violencia, a fin de no exponer a sus reporteros a los riesgos de agresiones anónimas.

IMPUNIDAD, LA CONSTANTE

En los últimos 10 años, en todo el país se han registrado un total de 79 asesinatos de periodistas, de los que 47 corresponden al periodo de gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y 31 a lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, siendo el año más violento el 2016, cuando se documentaron 11 homicidios de comunicadores, casi uno por mes.

El 2017 ya se asoma como uno de los años que podría superar cualquier cifra anterior, pues en menos de cuatro meses ya se han registrado cuatro asesinatos de periodistas, de los que oficialmente no se han esclarecido las causas, mucho menos se ha dado con la detención de los homicidas, tanto materiales como intelectuales.

“La impunidad en que permanecen los crímenes cometidos contra la prensa alimenta un círculo vicioso que se perpetúa”, reconoce la organización Reporteros Sin Fronteras, en donde se toma por ejemplo los últimos cuatro homicidios de este año, en donde no existen avances sustanciales en la investigación para el esclarecimiento de los hechos.

El problema de la impunidad en los crímenes contra los periodistas mexicanos es reconocido de la misma forma por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en donde se señala que, de todos los crímenes cometidos contra comunicadores, del 2000 al 2017, menos del 10 por ciento de los casos ventilados ante tribunales han podido concluir con una sentencia condenatoria que sancione a los responsables.

Los datos de la CNDH indican que, del año 2000 a la fecha, se han registrado 119 homicidios de periodistas, en donde 12 eran mujeres. También se tienen documentados los casos de desaparición de otros 20 comunicadores, de los que 20 son mujeres. Y se han registrado 50 atentados contra instalaciones de medios de comunicación.

De todos estos casos, solo 5 de los 50 atentados a instalaciones a medios cuentan con un procesado en prisión, en 10 casos existen procesados por igual número de homicidios, pero en el caso de los desaparecidos no existe ningún avance de las investigaciones que pueda ubicar el paradero de alguno de los comunicadores.

Pero las cifras de la CNDH se quedan cortas frente a las emitidas por la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), pues aquí se indica que, de julio del 2010 a diciembre del 2016, de las 798 denuncias que se recibieron en esa instancia, por agresiones a periodistas, solo se tiene registro de dos sentencias condenatorias, es decir el 99.7 por ciento de las agresiones continúan en la impunidad.

De acuerdo a los datos aportados por la FEADLE, a través de una respuesta emitida por la Oficina de Transparencia y Apertura Gubernamental, mediante el oficio PGR/UTAG/00882/2017, los casos de agresiones a periodistas que han sido atraídos por esa dependencia, van al alza; entre los años 2013 al 2016 se atrajeron 48 casos de delitos contra periodistas, en donde los abusos de autoridad fueron los más insistentes.

En el periodo del 2013 al 2015 fueron 14 asuntos de abuso de autoridad, 13 de amenazas, tres de daño a propiedad ajena, ocho por homicidio, tres por lesiones, uno por privación ilegal de la libertad, cuatro por robo, uno por tentativa de robo y otro más por tentativa de homicidio, los que se registraron en Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.
PONEN TIERRA DE POR MEDIO

Las condiciones de inseguridad para el ejercicio periodístico en México, no pueden ser mejor evidenciadas que con el autoexilio que se han impuesto ya dos comunicadores: apenas hace dos días, la periodista de Proceso, Patricia Mayorga Ordoñez, decidió radicarse en Estados Unidos para conservar su vida.

En esta decisión la periodista fue auxiliada por el Gobierno estatal de Chihuahua, que ayudó en los trámites de solicitud de exilio al gobierno de Estados Unidos, así como en el operativo para trasladarla de la capital del estado a un sitio en la frontera norte, donde el gobierno norteamericano dio entrada a los trámites de solicitud de exilio.

Patricia Mayorga tomó la decisión del autoexilio, luego de recibir amenazas de muerte de quien o quienes se estima se encuentran detrás del asesinato de la también comunicadora Miroslava Breach. Y es que las dos reporteras realizaron trabajos conjuntos de investigación sobre la presencia de células del narcotráfico entorno a algunos proyectos mineros y de desplazamiento poblacional en la sierra Tarahumara.

El que no corrió con la suerte de contar con el respaldo de su Gobierno estatal fue el periodista Martín Méndez Pineda, quien por sus propios medios salió de Guerrero el pasado 2 de febrero para poner a salvo su vida. Esta decisión la tomó luego de recibir amenazas de muerte por parte de elementos de la Gendarmería destinados a la entidad para el combate a las células del crimen organizado.

Martín Méndez Pineda hizo solo el trayecto desde Guerrero hasta Ciudad Juárez, luego que desde hacía semanas había venido recibiendo amenazas de muerte por parte de ocho elementos de la Gendarmería, a los que señaló de violentar garantías constitucionales de unos detenidos, tras un incidente automovilístico registrado en las inmediaciones de Acapulco.

El periodista de solo 23 años de edad, movido por el instinto de la conservación, se presentó sin mayor compañía en la garita fronteriza de El Paso, Texas, en donde ante funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas solicitó el asilo político bajo el argumento del riesgo que corre su vida en suelo mexicano.

Este caso es acompañado por Reporteros Sin Fronteras, donde se ha dado a conocer que el periodista guerrerense sigue internado, en el centro de detención de El Paso, en donde ya cumple 82 días sin que se resuelva su caso. Martín Méndez Pineda es representado por el abogado Carlos Spector, quien confía en una solución favorable para el comunicador.


 (REPORTE INDIGO/ J. JESÚS LEMUS / JUEVES 27 DE ABRIL DE 2017)

¿HASTA CUÁNDO AGUANTAREMOS A TRUMP?

Por razones estratégicas, la relación con el Presidente Donald Trump se procura mantener con la mayor cordialidad y con la muy firme intención de que no haya nada que pueda molestarlo. Esta lógica de subordinación política no tiene como principal razón de ser que Estados Unidos sea el principal socio comercial de México, y que cualquier diferencia de fondo que haya entre los dos países, afecta directamente a la economía mexicana, como ha vuelto a suceder en los últimos días donde el renacimiento del discurso incendiario de Trump hacia este país evaporó la recuperación del peso contra el dólar y volvió a poner muy nerviosos a los mercados. La razón de la estrategia aprobada por el Presidente Enrique Peña Nieto es otra. Sus principales asesores lo convencieron de que si llevaba la fiesta en paz con Trump, una vez que dejara la Presidencia garantizaría que el gobierno de Estados Unidos no buscaría perseguirlo por delitos que le quieran imputar. Es decir, su postura frente a Trump busca un blindaje jurídico cuando deje Los Pinos.

El Presidente no entiende muy bien cómo opera el sistema en Estados Unidos, ni el político, ni el jurídico. Ubicar a la Casa Blanca en el contexto de Los Pinos, desde donde se pueden entrometer en los poderes Legislativo y Judicial para alinearlos a sus objetivos, es un error. Los poderes en aquella nación sí funcionan como contrapesos uno de otro, autónomos, independientes y de una constante fricción que produce un mejor gobierno, mejores leyes y mejor justicia. En la mente del Presidente y sus asesores está la amenaza de que la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en 2014, sea el pretexto para llevarlo al Tribunal Internacional de La Haya y juzgarlo por esos crímenes, como se ha venido ventilando desde entonces.

Por esa razón contrató a dos respetados abogados que analizaron el caso, concluyeron que no habría forma de enjuiciarlo. Los abogados, grandes penalistas sin experiencia internacional, le dieron tranquilidad. El reforzamiento existencial del Presidente, según la estrategia que avaló, fue aguantar los embates de Trump para no agraviarlo y que buscara venganza al terminar el sexenio. El Presidente, sin embargo, omite dos cosas: quienes están armando el caso de genocidio no trabajan en el gobierno, sino en organizaciones no gubernamentales refractarias a las presiones de Washington, y que Trump lo que piense, sienta y afecte a Peña Nieto, le da exactamente lo mismo.

La última señal se dio el miércoles, cuando el portal Político reveló que Trump está considerando firmar una orden ejecutiva para salirse del Tratado de Comercio de América del Norte. La orden fue elaborada por Peter Navarro, el director del Consejo Nacional de Comercio de la Casa Blanca, con la colaboración de Stephen Bannon, el estratega en jefe de Trump. Navarro es uno de los funcionarios con quien mejor relación tiene el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y con quien revisaba los términos de la renegociación del acuerdo. Bannon fue quien insultó a la primera delegación mexicana que visitó la Casa Blanca de Trump a principio de año, encabezada por Videgaray, quien estuvo a punto de levantarse de la mesa ante los agravios. Bannon era el propietario del portal Breitbart News, que al día siguiente de la elección de 2012, publicó que los mexicanos habían electo a un Presidente financiado por los cárteles de la droga.

El mensaje de Trump al pedir la redacción de la orden ejecutiva, vuelve a sacar la parte más negativa del presidente estadounidense con respecto a México. Político señaló que la intención es forzar a México y Canadá a renegociar el acuerdo en los términos que desea la Casa Blanca. La semana pasada, recordó Político, Trump afirmó: “El TLCAN ha sido muy, muy malo, para nuestro país. Ha sido muy, muy malo para nuestras compañías y para nuestros trabajadores, y le vamos a hacer algunos grandes cambios o nos saldremos del TLCAN de una vez por todas”. Esos cambios incluyen imponer tarifas y barreras arancelarias, que reiteradamente ha rechazado el Gobierno mexicano. La última vez el martes, en el Congreso, donde Videgaray le dijo a los diputados que si esa fuera la imposición, México estaría listo para dejar el acuerdo comercial.

Si Trump firma o no la orden en los próximos días, como se anticipa, no modifica en absoluto la actitud del Presidente estadounidense hacia México. Pensar que ser modosos con Trump es el mejor camino para la paz interna de Peña Nieto, es una equivocación. Si a Peña Nieto le fincan una acusación internacional por genocidio, no será porque se llevó bien o mal con Trump. Es irrelevante. Ese caso correría por diferentes correas. Lo que no es nimio es que se siga manteniendo una actitud pasiva frente al jefe de la Casa Blanca.

El fin del TLCAN afectaría a los tres países, muy probablemente más a México en el corto plazo. Pero no será el fin del mundo. La réplica económica para Estados Unidos, coinciden los expertos, sería devastadora para muchos sectores económicos e industriales en aquella nación. México no puede seguir a la deriva por la bipolaridad política de Trump. Tampoco prolongar la incertidumbre por actitudes pusilánimes originadas en razones personales. Si Trump quiere usar una pelota dura con México, que empiece el juego. Incluso, Peña Nieto podría ganar mucho del capital político interno que ha perdido al enfrentar con dignidad la embestida del presidente estadounidense. La apuesta, en las condiciones actuales, vale la pena.


(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ Raymundo Riva Palacio/ 27/04/2017 | 01:00 AM)

GOBIERNO DE SINALOA ADVIERTE SANCIONES CONTRA UBER

El transporte Uber ahorita es algo que no está contemplado en la legislación nuestra, dice Secretario General de Gobierno


Gobierno de Sinaloa advierte sanciones contra Uber
Foto: Noroeste

Fuerte conflicto se ha desatado en Maztlán por el servicio de Uber.

El Gobierno de Sinaloa advirtió que la empresa de transporte privado Uber podría atraer sanciones, luego de que no esté regulado en el Estado.

"El transporte Uber ahorita es algo que no está contemplado en la legislación nuestra", dijo el Secretario General de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores.

--¿Por lo tanto es ilegal, Secretario?
--Esa es una calificación que la podrían catalogar en su momento si hay una acción legal, la tiene que calificar la autoridad.

Las sanciones que podrían atraer los transportistas privados como Uber podrían ser administrativas así como penales si las conductas de estos son en favor de hechos delictivos.

El servicio de Uber ha sido rechazado por sindicatos y organizaciones de transportistas, principalmente en Mazatlán, donde los días lunes y martes se tuvo confrontaciones de taxistas contra choferes de Uber.

Gómez Flores dijo que ayer se desarrolló una reunión entre el director de Vialidad y Transportes en Mazatlán, con el fin de lograr un acuerdo entre choferes de Uber y transportistas con concesiones públicas.

Señaló también que como parte de las negociaciones se buscará plantear que el servicio de Uber sea regulado, a través de una iniciativa de Ley que sería enviada al Congreso local.

"Tendrá que haber un proceso que por un lado hay que proteger a nuestros concesionarios del servicio público de taxis, para que presten sus servicios en condiciones adecuadas y con la apertura total de que ellos también puedan modernizar su servicio", dijo.

"Pero por otro lado también el Gobierno tendrá que analizar que la modernidad tiene que ser también revisada y en su caso, en su momento llegar a puntos de consenso en donde también se regularice la actividad de cualquier prestador de servicio".

Con esa iniciativa, dijo, se analizará también la modernización del transporte de manera integral y no sólo de taxi, a partir de otras leyes que se han promovido en otros estados y otras regiones del mundo donde operan servicios de transporte privado.


(NOROESTE/ Marcos Vizcarra/ 27/04/2017 | 04:00 AM)

NIEGAN QUE PLANTA DE AMONIACO ESTÉ EN SITIO RAMSAR

Titular de la Profepa negó que la planta de amoniaco se encuentre dentro de la superficie del noveno humedal de mayor prioridad del País



 Niegan que planta de amoniaco esté en sitio RamsarFoto: Luis Brito

Guillermo Haro Bélchez, Procurador Federal de Protección al Ambiente, negó que la planta de amoniaco que se construye en Topolobampo, Ahome, se encuentre dentro de la superficie del noveno humedal de mayor prioridad del País.

-El que esté (la planta) en un sitio Ramsar, Procurador.

--"No es un sitio Ramsar", interrumpió.

--Pero hay una declaratoria también, hay documentación pública.

--"Aclaramos perfectamente que no forma parte de los sitios Ramsar del Estado de Sinaloa, no está en un sitio Ramsar", dijo.

Noroeste documentó en junio del 2016 a través de la investigación "Ohuira: una reserva amenazada por el influyentismo" que la planta de amoniaco se construye en una superficie del humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, aun cuando está protegida por normas nacionales e internacionales por su importancia para la conservación del ecosistema.

El Proyecto se desarrolló por Francisco Labastida Ochoa, ex Secretario de Gobernación, ex Gobernador de Sinaloa y ex Presidente de la Comisión de Energía en el Senado.

Labastida Ochoa promovió el proyecto con la empresa alemana ProMan, considerada como una de las cinco empresas más importantes para la producción de amoniaco en el mundo, para que ésta encabezara la construcción de la planta en Topolobampo.

Desde el Gobierno de Sinaloa, Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo de Labastida Ochoa, operó la inversión millonaria, con la promoción de permisos estatales y federales.

El 2 de febrero de 2009, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas declaró al humedal como Sitio Ramsar y lo eligió en la Lista de Humedales de Importancia Internacional.

La planta, de acuerdo a las coordenadas y precisiones de la Conanp, se encuentra dentro de la zona marcada como Sitio Ramsar.

Por la ubicación de la planta se promovió un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito, que, de acuerdo con el ex Diputado federal Gerardo Peña Avilés, se detuvo la construcción.

Sin embargo, el Procurador Federal de Protección al Ambiente aseguró que la planta fue revisada para dar un informe al Juzgado, sin que se encontrara incumplimientos ambientales.
"La planta tiene manifiesto de impacto ambiental, ha sido revisada puntualmente en términos y condicionantes por la Profepa. Hasta hoy no hay ni un solo incumplimiento ambiental", dijo.

"Hemos dado cumplimiento también a los requerimientos del Juez de Distrito, se ha dado por cumplida el resolutivo de hacer la suspensión y de informar sus resultados. Hasta hoy no hay ningún incumplimiento ambiental".

El Procurador Haro Bélchez aseguró que la planta no está detenida y que, en cambio, se está concluyendo su construcción, la cual se mantendrá en revisión.

...Y SÍ LO ES

A pesar de que Guillermo Haro Bélchez, Procurador Federal de Protección al Ambiente, niega que la planta de amoniaco será construida dentro de un sitio Ramsar, protegido por una convención internacional por su relevancia ambiental, el mapa oficial dice lo contrario.

De acuerdo con el perímetro que resguarda la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, las lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira están dentro del área declarada como Sitio Ramsar. En un punto de su superficie se edificará la fábrica de fertilizantes.


(NOROESTE/ MARCOS VIZCARRA/ 27/04/2017 | 03:00 AM)

FEROZ BALACERA DEJA SEIS MUERTOS EN BAR DE VERACRUZ

Los hechos ocurrieron al interior del bar La Botana cuando un comando integrado por más de 10 personas abrieron fuego de manera directa contra un grupo de personas; tres más resultaron heridas



Un cuerpo en el lugar de los hechos. Foto: El Universal

Orizaba, Veracruz.- Un ataque armado a un bar ocurrido en la zona montañosa de Veracruz, dejó un saldo de seis personas muertas y tres más heridas de gravedad.

Seis muertos y otros seis heridos fue el saldo de una balacera ocurrida este martes en el bar La Botana de la ciudad de Orizaba, Veracruz.



El lugar de los hechos Foto: Imagen Golfo

ATAQUE

Los hechos ocurrieron en el interior del bar La Botana de la colonia Francisco Ferrer Guardia del municipio de Orizaba.
De acuerdo con informes policiales y testigos del ataque, un comando integrado por más de 10 personas con armas ingresaron al bar y se dirigieron a un grupo de personas en especial.



Los cuerpos en el lugar de los hechos. Foto: Twitter

Los sicarios abrieron fuego de manera directa y mataron en el lugar a cinco hombres y una mujer, cuyas identidades aún se desconocen.

Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a tres personas más, las cuales fueron trasladas bajo un operativo de seguridad hacia un hospital de la ciudad.

Momentos después, elementos de la Fuerza Civil, Policía municipal y del Ejército mexicano realizaron un operativo en las afueras y alrededores del inmueble.

La Botana. Foto: Twitter

El hecho causó alarma entre la población; elementos de seguridad acordonaron la zona.

Aunque en Veracruz ya hay presencia de Policía Militar, Gendarmería Nacional, Ejercitó Mexicano, Policía Naval y Policía Estatal, la violencia continúa en diversas regiones de la entidad.

Desde el inicio del actual gobierno a cargo de Miguel Ángel Yunes Linares, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha reportado 190 homicidios dolosos por mes, de los cuales el 70% son ejecuciones entre integrantes del crimen organizado.


Con información de El Universal, Proceso e Imagen Golfo


(EL DEBATE/ REDACCION/ 26 DE ABRIL 2017)

CONFIRMA PGR QUE HAY DOS DETENIDOS POR ENFRENTAMIENTO EN EL CAMPO EL DIEZ


La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que durante el enfrentamiento con un grupo armado en el campo El Diez, el pasado 7 de abril, donde dos policías federales resultaron heridos, fueron detenidas dos personas.

A través de un comunicado, la dependencia federal informó que a los dos hombres detenidos se les aseguraron dos armas de fuego tipo fusil con sus respectivos cargadores abastecidos, dos chalecos tácticos, ocho cargadores para arma de fuego tipo fusil, cuatro de ellos abastecidos y dos cartuchos para arma de fuego, al parecer calibre .50 mm.

“Por tal motivo el Juez de Control los vinculó a proceso por los delitos de homicidio doloso en grado de tentativa y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, otorgando en la misma audiencia, medida cautelar consistente prisión preventiva oficiosa”.

En el enfrentamiento, los agentes heridos fueron identificados como Eusebio Leones, de 30 años y Plutarco García Vázquez, de 40, quienes fueron trasladados a un hospital para su atención médica.

El día del ataque se implementó un operativo de búsqueda terrestre y aéreo por parte de elementos de la Policía Federal para dar con los responsables, pero no se dio a conocer si hubo detenidos.


(RIODOCE/REDACCION/ 26 ABRIL, 2017)